Antonio Castellanos Navarrete^[2]

Introducción

Atrás, Santiago Tuxtla, un pueblo indeciso entre ser costa o sierra. Atrás, el río Tepango, o los jóvenes ejercitándose en el arcén del camino. Frente a mí, los taxis colectivos rumbo al cerro El Vigía o los tortos vacíos camino a Playa Vicente, prontos a cargar caña de azúcar. Quizás, el paisaje fue una vez de selva. Así lo atestiguan las imágenes de una expedición de arqueólogos norteamericanos a la zona de la década de 1930 que adornan las paredes de un museo cercano, pero hoy solo quedan árboles arrimados al lindero de los potreros. El signo de la transformación está en los animales que habitan la zona: chuchos, vacas y zanates.

Me dirigía a Tres Zapotes en busca de una plantación inexistente. Según los documentos de archivo, la plantación de palma africana que buscaba se ubicó en terrenos de la vieja hacienda Hueyapan de Mimendi, en el municipio de Santiago Tuxtla. Tras obtener algo de información en el ejido Tres Zapotes, mejor conocido por el hallazgo de una gran cabeza olmeca, proseguí mi camino hasta Salto de los Islaba Dos, una ranchería rodeada de cañaverales a punto de la zafra. Mis preguntas generaron un pequeño coro de curiosos. Una señora recordaba haber preguntado a su papá, con quien pasaba en bicicleta por la zona siendo niña, sobre unas palmas extrañas que producían un fruto lleno de aceite. Pero el coro no se puso de acuerdo. Nadie recordaba si existió la plantación y hubo quien dijo en Tres Zapotes que ese plantío nunca estuvo ahí.

El hecho es, sin embargo, que en aquel momento me encontraba en el que era uno de los linderos de la plantación, no lejos de las oficinas de madera que llegó a tener la Comisión del Papaloapan en el lugar, a pocos kilómetros de algunas palmas africanas que aún sobreviven, posiblemente descendencia de aquellas sembradas a principios de la década de 1950, y a cientos de metros de la pequeña cascada que dio nombre a la propiedad en la que se estableció la plantación. La finca se llamaba El Salto. Pero no solo los lugareños olvidaron la existencia de la plantación, también lo hizo el propio gobierno, quizás porque El Salto es la historia de un fracaso. El recuento oficial del cultivo indica que este comenzó en la costa de Chiapas en 1952 fruto de los esfuerzos del migrante alemán Johann Bernstorff, pero algunas fuentes indican que este obtuvo las semillas del gobierno mexicano, el cual, a su vez, las recibió de la United Fruit Company para su siembra en la cuenca del Papaloapan (Castellanos Navarrete, 2024). A pesar del olvido, los paralelismos con los proyectos de palma posteriores son evidentes.

En México, la palma fue promovida por el Estado mexicano como una especie idónea para modernizar a un campesinado tildado de atrasado e irracional, incapaz de aprovechar la riqueza en recursos naturales de las regiones que habitaba (Castellanos Navarrete, 2021). En este sentido, podría decirse que la finca El Salto constituyó un “laboratorio de modernidad”, expresión que Ann Laura Stoler (1995, p. xxvi) empleó para referirse a las plantaciones de palma del sureste asiático. Es decir, espacios donde la racionalidad técnica orientada a la transformación de los campos y de sus habitantes en pos de la modernidad logran su mayor expresión. En el caso de El Salto, se trató de un experimento relativamente modesto, aunque históricamente significativo.

La Comisión del Papaloapan, el organismo creado en 1946 para el “desarrollo integral” de la cuenca del Papaloapan (ubicada en el sur de Veracruz) y a cargo del establecimiento de la finca El Salto en la década de 1950, apenas pudo establecer 240 hectáreas (ha) de las 2.500 planeadas, y nunca logró contar con la participación de los campesinos del lugar, cuya población se congregaba en el ejido Tres Zapotes, localidad que –según el Archivo Histórico de Localidades del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI)– contaba en ese período con 1.322 habitantes. El caso refleja, además, un tipo de modernidad muy particular: en México, se pretendió desde el inicio involucrar a los pequeños productores en la siembra de este cultivo, quienes debían sumar su producción a la obtenida por la propia Comisión en la finca El Salto y así contribuir a la industrialización del país, tal y como regían los paradigmas desarrollistas del momento (Castellanos Navarrete, 2023). Esta modernidad adquirió tintes inconfundibles dada su puesta en práctica por el régimen político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual se caracterizó por su apoyo a las clases campesinas, los arranques autoritarios y unos extraordinarios niveles de corrupción.

Estas afirmaciones requerirán sustento. Por ello se basan en el trabajo de archivo y campo que he llevado a cabo en torno al caso desde 2022. En concreto, se basan en 349 documentos provenientes del Archivo General de la Nación (AGN), del Archivo Histórico del Agua (AHA), de la Hemeroteca Nacional Digital de México (HNDM), además de otros acervos menores y bibliotecas. Información que completé con dos salidas a campo al lugar donde un día se ubicó la plantación de palma. Y aquí caben algunas anotaciones.

Empleo el término palma africana en lugar de palma aceitera para referirme a la especie Elaeis guineensis, siguiendo de este modo la forma en que los propios documentos nombran al cultivo. Además, me aproximé tanto al campo como al archivo desde una perspectiva etnográfica, con la mira puesta no solo en recoger ciertos datos sino también para arrojar luz sobre las interpretaciones y lógicas que los funcionarios esgrimieron para incentivar la siembra de este monocultivo en la zona. No siempre fue una labor agradable. Adentrarse en la prosa gubernamental supuso leer decenas de documentos que pintaban al Estado bajo la mejor luz posible, por no hablar de los elogios que funcionarios e investigadores dedicaban al presidente Miguel Alemán (1946-1952), el gran promotor de la intervención. Pero, al tiempo que ensalzan su propia labor o la de sus allegados, los documentos revelan también las lógicas que impulsaron los gobernantes y funcionarios a la hora de transformar esta frontera tropical. Si bien el archivo es, como escribiera Carolina Crespo (2023), una tecnología que tiende a legitimar la propia acción estatal, acaba también por revelar sus propias suturas, más allá incluso de sus propias conveniencias.

Lo que sigue entonces es el recuento del devenir de la finca El Salto, con el objetivo no solo de contar una historia hasta ahora desconocida, sino también de dar cuenta del tipo de modernidad que se pretendió desarrollar en la cuenca del Papaloapan mediante la siembra de palma. Para desmitificar la propia linealidad del progreso implícita en los documentos que analizo sigo la temporalidad del trabajo de archivo y campo, con los equívocos y dificultades que dicho proceso involucró.

Comienzo la historia con los primeros planes de siembra y las comunicaciones que se realizaron con un trabajador mexicano dela United Fruit Company, quien a la postre sería contratado para el establecimiento de la plantación de palma en la cuenca del Papaloapan. Prosigo con los primeros hallazgos documentales en torno a la finca, insuficientes para conocer si realmente se estableció una plantación en el lugar. Y concluyo con el encuentro con dos ex peones de la finca y el descubrimiento de los documentos que retratan el fin de la plantación en El Salto, resultado del desvío de recursos por parte de los funcionarios involucrados.

Una plantación de cocos

El lunes 5 de mayo de 1952, una nota del periódico El Dictamen, titulada “Incrementarán la siembra de palma de coco”, refería los planes de la Comisión del Papaloapan para impulsar este tipo de palma en la cuenca del Papaloapan. La nota compartía la portada con otras que hablaban de las advertencias norteamericanas sobre el poderío del ejército ruso o la muerte de diez personas por la mordedura de vampiros hidrofóbicos. Se hablaba de la existencia de un grupo de inversionistas que, en colaboración con la Comisión, habían adquirido “vastísimas extensiones de tierras” dentro de la Cuenca, tierras que, según el periódico, o su fuente, no habían tenido “ninguna utilidad” y que habrían de sembrarse con palma africana, cuyo fruto sería industrializado en la propia región. Se pretendía sembrar 8.000 ha con este cultivo, dado el alto contenido en aceite de su fruto y el “más halagador de los éxitos” que habían tenido los experimentos con esta planta en los viveros experimentales que la Comisión tenía en La Granja, resultado de las similitudes climáticas con África.

La nota estaba llena de imprecisiones: se confundía la palma africana con la palma de coco, nunca se adquirieron 8.000 ha, y no había inversionista alguno involucrado. A pesar de ello, el artículo contenía algunos elementos de verdad. Los documentos de la época indican que la Comisión del Papaloapan planeaba establecer una plantación de palma de grandes dimensiones. Que se consideraba que este cultivo serviría para aprovechar tierra de otra forma inútil y generar desarrollo en una región malsana, insalubre y aislada. Y que este cultivo serviría de vehículo para modernizar a los campesinos de la zona, además de contribuir a la industrialización de la Cuenca.

El primer documento que propone la siembra de palma en la cuenca del Papaloapan está firmado por el General de División Benecio López Padilla, quien fuera gobernador de dos estados del norte del país. El memorándum data del 30 de enero de 1948.^[3] Este militar proponía que se estableciera una plantación de 5.000 ha en el sur de Veracruz. En concreto, proponía sembrar palma en terrenos nacionales cubiertos de “monte alto y tropical” pertenecientes a la que fuera la vieja hacienda de El Gavilán, ubicada en Coatzacoalcos, y que contaba con una extensión de 20.000 ha. ¿Las razones para la siembra? El déficit de grasas que afectaba al país y que se había agudizado con el brote de fiebre aftosa que había llevado al sacrificio de un sinnúmero de reses. ¿La justificación del proyecto? A decir del general, la plantación no solo serviría para contribuir a la colonización de la Cuenca, sino también a su industrialización a partir del establecimiento de una extractora. Para facilitar las cosas, escribió, se podría sembrar maíz y frijol entre la palma durante los primeros años. Se indicaba, además, que quizás pudiera establecerse una unidad agrícola-industrial. Es decir, hacer un solo proyecto de siembra y extracción de aceite que contara con la participación de colonos organizados.

No fue el primer documento que recomendara la siembra de palma. El propio general refería un plan similar enviado al gobernador de Tabasco en 1947. La ficha de registro y el oficio de presentación de la propuesta aún se encuentran en el Archivo General de la Nación. Sabemos que el plan fue elaborado por el diplomático y escritor de corridos Rodolfo Lozada y el ingeniero químico de origen checoslovaco Theo Scharwz, mejor conocido en otros ámbitos por su activismo antifascista. Pero nada más. La carpeta donde debía encontrarse la propuesta de siembra contiene solo el oficio de presentación.

La propuesta de Benecio López Padilla explica, muy posiblemente, por qué la Comisión del Papaloapan se abocó a la búsqueda de semillas de palma. En diciembre de 1950, la embajada de México en Tegucigalpa enviaría un informe sobre la producción de palma africana por parte de la United Fruit Company en la costa norte de Honduras.^[4] Como otros documentos de la época, buena parte del texto se dedica a discutir los rendimientos de la palma en comparación con otras oleaginosas, además de ilustrar con cierto detalle el proceso de prensado y extracción del aceite de los frutos de este cultivo. Se mencionan, además, dos lugares clave para la historia de la palma africana en América Latina: Lancetilla y San Alejo.

Ambos sitios se encontraban en el mismo valle del norte de Honduras, Lancetilla en el interior y San Alejo cerca del puerto de Tela. El primero era una estación experimental que debía su nombre a una palma local y en la que la United Fruit Company comenzó a experimentar con la siembra de palma desde 1926 (Richardson, 1995). El segundo era una plantación comercial establecida por la misma empresa en 1945 y que contaba con 1.595 ha de este cultivo, además de una extractora importada desde el Reino Unido (Crawford, 1950). En el documento se menciona al ingeniero Luis G. Mercado, caporal de los plantíos de San Alejo, de nacionalidad mexicana, con quien el gobierno mexicano habría de estar en comunicación.

El intercambio de cartas entre Luis G. Mercado y el secretario del presidente, Rogerio de la Selva, revela varios hechos interesantes. A pesar de que la propia United Fruit Company argumentara que no disponía de semilla de palma, el ingeniero mexicano hizo dos envíos de semillas a México. El primero se produjo en mayo de 1949,^[5] aun antes del informe de la embajada mexicana en Honduras sobre este cultivo. Este envío tuvo lugar después de la gira que hizo Luis G. Mercado por Veracruz acompañado de Salvador Sánchez Colín, entonces Director General de Agricultura. En este caso remitió un lote de semillas destinado a la Finca Sayula, propiedad del presidente Miguel Alemán en Puente Jula, a unos 20 km del puerto de Veracruz. El segundo se produjo en julio de 1951, cuando Luis G. Mercado lograra, “contra viento y marea”, enviar 20 sacos de “palma de Java” al país.^[6]

El ingeniero mexicano sería finalmente el elegido para establecer una plantación de palma en la cuenca del Papaloapan. Para entonces ya había ascendido en la jerarquía laboral de la United: había dejado de ser un simple caporal en San Alejo para convertirse en el encargado de nuevos cultivos. Prefirió, sin embargo, regresar a México, tal y como indica en una carta fechada el 29 de marzo de 1952. En el documento indica que su esposa, de nacionalidad hondureña, viajaría por avión vía Tegucigalpa. Él optó por viajar en uno de los barcos de la United que transitaban entre Honduras y Nueva Orleans, con parada en Tampico.

El contrato

En el Archivo Histórico del Agua aún se encuentran varios documentos que reflejan la labor que debía desempeñar el ingeniero Luis G. Mercado en Papaloapan. En un borrador de contrato fechado en junio de 1952,^[7] se indica que el ingeniero Mercado debía establecer una plantación de palma africana en la finca El Salto. El lugar estaba ubicado al poniente de la sierra de Los Tuxtlas, entre el río San Agustín y el ejido Tres Zapotes, en una localidad que debía su nombre a la vieja hacienda de Hueyapan de Mimendi, hoy parte del municipio de Santiago Tuxtla.

El contrato de Luis G. Mercado viene acompañado de varios documentos. Por ejemplo, se incluye un acuerdo de septiembre de 1952, también sin firmar, en el que se indica que debían sembrarse 2.500 ha con palma africana, superficie que la Comisión del Papaloapan consideraba como mínima para la industrialización del fruto. Para ello, el ingeniero Luis G. Mercado debía establecer una plantación en la finca El Salto, además de convencer a ejidatarios y agricultores de la zona para que sembraran palma africana en sus tierras. El documento ofrecía un listado, con nombres y apellidos, de posibles ejidatarios y propietarios a involucrar. Preveía, además, un contrato colectivo con los ejidatarios y otro con los propietarios. En el caso de los primeros se indicaba que estos recibirían las “plantaciones ya formadas” y pagarían los costos de establecimiento con la entrega del fruto a la Comisión.

Estos documentos venían acompañados de un borrador de decreto que declaraba de utilidad pública el fomento al cultivo de palma. Según quienes lo redactaron, este cultivo mejoraría la alimentación popular, además de ofrecer un posible aumento de divisas en beneficio de la economía nacional a través de la exportación de excedentes. La responsabilidad recaería en la Comisión del Papaloapan, institución que quedaba encargada de la “investigación, fomento, desarrollo y organización del cultivo e industrialización en gran escala (…)”.^[8] Una de las cláusulas del decreto es especialmente llamativa. Otorgaba a la Comisión la posibilidad de expropiar cualquier terreno del Papaloapan que fuera considerado óptimo para la producción de palma africana.

El decreto nunca fue publicado, pero ilustra bien el interés de la Comisión por fomentar la siembra de este cultivo, estrategia que incluso involucraba el empleo de amenazas. En una carta del 15 de octubre,^[9] un abogado de la Comisión del Papaloapan escribe sobre la imposibilidad legal de expropiar a los ejidatarios renuentes a sembrar palma africana en sus terrenos. Sin embargo, el mismo abogado considera como acertada la idea de “forzar en cierta forma” la siembra de palma por parte de ejidatarios y propietarios “remisos” mediante la amenaza de expropiación.

Quince días después, el 30 de octubre de 1952, la Comisión del Papaloapan formalizaría la compra de El Salto, cuyo dueño era el Mayor Celso Vázquez Ramírez, futuro político de renombre quien había nacido en Hueyapan y trabajaba entonces en el Estado Mayor Presidencial (Camp, 2011, p. 985). Quizás para entonces ya se había sembrado palma en la finca La Lima, propiedad del migrante alemán Juan Bernstorff, quien posiblemente recibiera parte de las semillas que envió Luis G. Mercado a México del Subsecretario de Agricultura y Ganadería, el ingeniero Jesús Patiño Navarrete. Pero a juzgar por un informe archivado en la Fundación Miguel Alemán en Ciudad de México, ni La Lima ni el Salto fueron la primera plantación con palma de México.

El informe data del 20 de noviembre de 1951.^[10] En este se indica que la siembra de palma africana en la finca Sayula tuvo lugar en 1949, haciendo de esta, muy posiblemente, la primera plantación de dicho cultivo en México en condiciones no experimentales. Aún hoy se puede observar parte de estas palmas en uno de los linderos de la finca. En el documento se menciona, además, la existencia de una plantación de palma en Chiapas, pero se trata de una siembra experimental que, según el mismo documento, data aproximadamente de 1948 y cuya existencia explica, quizás, el envío en 1950 de semillas de palma por parte de la United Fruit Company a la ciudad de Tapachula (Richardson, 1995). El documento archivado en la Fundación Miguel Alemán resulta, además, interesante por especificar el proyecto de palma que se pretendía llevar a cabo en la cuenca del Papaloapan.

Como es habitual en los informes de la época, el ingeniero Ricardo Acosta, a cargo de la redacción del documento, subrayó las ventajas que ofrecía la palma en comparación con otras oleaginosas como la copra, dado su mayor rendimiento en porcentaje de aceite por kilogramo de fruta, y su posible papel para aliviar la deficiencia nacional en aceites y grasas. Consideraba que el aprovechamiento de las zonas agrícolas tropicales era clave para incrementar la producción de aceite vegetal, e incluso permitiría generar divisas extranjeras a partir de su exportación. En el proyecto se afirmaba que la parte media de la Cuenca era un espacio óptimo para la producción de este cultivo, dada las similitudes climáticas con Sumatra, y proponía el establecimiento de una extractora en Ciudad Alemán.

Como en documentos posteriores, el proyecto consideraba la participación de ejidatarios y pequeños propietarios. Según el ingeniero que redactó el documento, la palma contribuiría a la “conquista” de las tierras tropicales, además de ofrecer prosperidad económica para los productores involucrados y salarios decorosos para los trabajadores. “Como usted”, –escribió al presidente Miguel Alemán este ingeniero adscrito a la Comisión Nacional del Maíz y subordinado del ingeniero Jesús Patiño Navarrete en la carta de presentación de su informe– “yo me sumo a los enamorados de la palma de aceite y deseo que el cultivo en gran escala de esta planta, rehabilite nuestras zonas tropicales”. El plan de sembrar palma africana en la cuenca del Papaloapan sería puesto en práctica, pero curiosamente al norte de las áreas identificadas como óptimas por el ingeniero Ricardo Acosta.

Finca El Salto

Hoy se llega a los terrenos que una vez constituyeron la finca El Salto por carretera, desde Santiago Tuxtla. La vegetación del lugar se concentra aún en las faldas del cerro El Vigía, tras el cual se alcanza una suerte de meseta en la que la imagen más recurrente es la de los taxis colectivos rojos de marca Tsuru que van y vienen. Se desciende gradualmente, y los potreros donde pastan, aquí y allá, las vacas cebús, dan lugar a siembras de maíz chaparro y caña. Permanecen, sin embargo, los linderos de palo encuerado y las camionetas de trabajo estacionadas a la vera del camino. Pero el trayecto que debió seguir Luis G. Mercado para llegar al lugar fue muy diferente.

Sin carreteras disponibles, el ingeniero Mercado debió viajar por barco desde Tlacotalpan, aguas arriba, hasta la Boca de San Miguel. El transporte de personas y mercancías era entonces fluvial y, de hecho, la plantación llegó a contar con su propia embarcación: La Rancherita. Desde la Boca de San Miguel, donde había un puñado de casas, imagino que el trayecto debió ser a carretón y caballo, en caminos anegados de lodo en época de lluvias o duros y polvorientos en secas. A juzgar por imágenes de la zona de la década de 1930, el lugar estaba cubierto por selvas medianas y altas, y la humedad debió ser notable.

A pesar de su importancia histórica, son pocos los datos que tenemos sobre la plantación, al menos en su fase inicial. A juzgar por un informe de labores del gobierno federal (SRH, 1952), la siembra de palma en El Salto comenzó antes del 31 de agosto de 1952, fecha que antecede a la compra de la finca. No se indica, sin embargo, dato alguno sobre la superficie. Sabemos también que, primero, hubo plantas de palma en un vivero experimental, posiblemente en La Isleta,^[11] ubicado en las estribaciones de la Sierra Madre. La escritura pública de la finca El Salto inscrita en el Registro Público de la Propiedad en San Andrés Tuxtla indica, además, que el predio tenía una superficie de 1.000 ha, con lo que este era insuficiente para lograr la meta de 2.500 ha de superficie con palma. Un informe de labores posterior da cuenta del reparto de plantas de palma a agricultores de la zona (SRH, 1954), pero no hay ninguna otra referencia a dicha siembra. Existen especímenes de palma africana sembrados aquí y allá, pero ningún recuerdo del reparto de plantas a productores de la zona. Un viejo jornalero de la plantación me indicó que la planta de palma que tiene en uno de sus terrenos la tomó de la propia finca. Sé también que se hicieron fotografías de la plantación, pero no encontré ninguna en los acervos consultados.

Se conoce mucho más de las lógicas que impulsaron el establecimiento de una plantación de palma como la de El Salto. En varios de sus documentos, la Comisión del Papaloapan distinguía entre campesinos y agricultores. Los primeros eran considerados productores de subsistencia que debían dedicarse a la producción de materias primas para la industria y cultivos de mercado, además de modernizar sus formas de producción agrícola. Los segundos eran propietarios que tenían, o recibirían, entre 20 y 100 ha de terreno y que, por su mentalidad moderna, eran considerados un posible modelo para los campesinos.

Pero la distinción más común en los documentos era entre aborígenes y mestizos. De los primeros, ubicados en la Sierra, se decía que vivían en condiciones deplorables por su aislamiento y estadio evolutivo. En cuanto al aislamiento, la Comisión del Papaloapan consideraba que este se debía a la falta de unidad lingüística y al desconocimiento del español, además de a la falta de carreteras en la parte alta de la Cuenca. Pero más allá de estos hechos –a decir incluso de los antropólogos del Instituto Nacional Indigenista involucrados en el proyecto del Papaloapan–, el problema de las poblaciones nativas era también de carácter cultural. Se habla de poblaciones “primitivas” que viven “aferradas” a sus costumbres y apegadas a su “mundo tribal”, que “vegetan” en las rugosidades de la sierra, ignorantes de la “técnica moderna”, problemas, además acentuados, por su carácter “pasivo” y “desconfiado” ante los foráneos, por no hablar de una mentalidad llena de “superstición, temor y magia”. Se las ubica explícitamente en el escalafón más bajo de la escala evolutiva, algo que la Comisión llega, incluso, a atribuir a la falta de influencia de los “colonos hispanos” que supuso que estas poblaciones quedaran al margen de la “ruta civilizadora” (Comisión del Papaloapan, 1949).

En contraste con los nativos, de los mestizos se escribe poco, pero cuando se hace siempre es en términos positivos. Se habla de “gentes de vida moderna”, con una “marcada influencia hispana”, que habitan en “ciudades progresistas”, llenas de comercio, carreteras y hoteles de lujo, y cuyos “intereses y preocupaciones están íntimamente vinculados con los de la Nación” (Villa Rojas, 1955, p. 13). En el libro El Papaloapan, obra del presidente Miguel Alemán se observa, incluso, cómo en las “clases superiores” de las llanuras “se conservan todavía rasgos bien marcados de sangre española” (Comisión del Papaloapan, 1949). A decir de quienes integraron la Comisión, o trabajaron bajo su cobijo presupuestal, se debía “mexicanizar” a la población indígena, siendo los mestizos el molde a seguir, lo que llevaría a su “mejoramiento” y “superación cultural”, además de su integración a la vida nacional, tanto para verse beneficiados de la modernidad mexicana como porque debían trabajar en bien de la patria.

Pero, ¿qué proponía la Comisión? Buena parte de su proyecto consideraba el traslado de estas poblaciones a la parte baja de la Cuenca donde debían dedicarse, junto con los mestizos de la zona, a producir cultivos comerciales, además de materias primas para la industria. El proyecto de palma africana calzaba perfectamente con la noción de modernidad que la Comisión pretendía para la Cuenca. Este proyecto permitiría, además, explotar los enormes recursos naturales “sin aprovechar” de la zona baja, tanto por la falta de población como por el carácter “malsano” de la zona derivado del clima tropical y las inundaciones. Buena parte de la intervención de la Comisión se centró en construir infraestructura que evitara las inundaciones, además de “sanear” la Cuenca a partir de fumigaciones masivas del insecticida dicloro difenil triclorotano o DDT (hoy conocido por sus efectos nocivos para la salud) lo que, a decir de aquellos involucrados, permitiría que las “inmensas llanuras” del Bajo Papaloapan dejarán de ser un “lugar inhóspito” para tornarse una “tierra de promisión” y en un “emporio” para la patria. El devenir de la finca El Salto muestra, sin embargo, cómo la prosa, por no hablar de la poética gubernamental, poco tenía que ver con sus prácticas cotidianas.

Modernidad priísta

En 2023, encontré a dos ancianos en el ejido Tres Zapotes que habían trabajado como jornaleros en la finca El Salto, ambos en torno a su novena década de vida. Este hallazgo fue importante en su momento pues ambos me confirmaron la existencia de la plantación de palma en la finca El Salto, cuando aún no tenía certeza documental de su existencia. Me indicaron, además, que jamás hubo cosecha de fruta en la finca. En las entrevistas que les hice, intenté dilucidar las razones que explicaban el fin de la plantación. Uno de los jornaleros, en uno de sus raros momentos de lucidez, dijo: “El mal siempre triunfa”.

A decir de ambos jornaleros, El Salto supuso una oportunidad de trabajo donde no había ninguna, con sueldos, además, muy considerables. No hubo interés en sembrar palma, sino en conseguir trabajo en la propia plantación, donde las posibilidades de ganancia no se limitaban al sueldo diario. La plantación contaba con todo tipo de material y la oportunidad de apropiárselo. Según aquel jornalero que dijera que el mal siempre triunfa, el ingeniero Luis G. Mercado, recibió, incluso, amenazas de muerte por no permitir el robo y el desvío de los abundantes recursos de la plantación. Para este jornalero, el mal habitaba en el propio ejido, lo que explicaba el fracaso de El Salto. Este hecho encuentra sostén, por ejemplo, en un documento de principios de 1956 en donde se advierte del robo de alambre de la finca por parte de habitantes locales. Dos expedientes almacenados en el Archivo Histórico del Agua contradicen, sin embargo, esta lectura.

El primer expediente comienza en octubre de 1956,^[12] tras una auditoría a la plantación. Para entonces, el ingeniero Mercado –recordado en la zona por su apodo (“chicas patas”), en alusión irónica a su gran estatura–, ya había renunciado a la dirección de la finca hacía poco más de dos años. La auditoría reveló que faltaba parte del material inventariado en el almacén de El Salto. Se pone, por ejemplo, el caso de 205 costales de yute empleados para la cosecha de maíz, de los que se encontraron en el almacén solamente 25. Se reportan también discrepancias entre los recibos de pago verificados mediante las listas de raya y el personal contratado, siendo los primeros superiores a los segundos. Es decir, los pagos desembolsados superaban los trabajos realizados por los peones contratados en la plantación. Se indica, además, que el administrador de la finca obtuvo ganancias no declaradas por la venta de arroz palay propiedad de la Comisión del Papaloapan.

Los documentos pintan, además, una plantación en estado de abandono. El auditor indica que encontró el archivo de la plantación “muy húmedo y falto de protección”. No solo faltaba documentación, sino que parte de la misma había sido roída por las ratas o destruida por el agua. De la plantación de palma, se dice que “se encuentra en su mayor parte cubierta de monte”. Se indica, incluso, que era habitual que el administrador de la plantación permitiera que el ganado de los vecinos pastara bajo la palma a cambio del pago de un monto en metálico. En sus observaciones consigna también la presencia de numerosos hoyos, realizados por terceros a quienes, a cambio de una cantidad en efectivo, se les permitía extraer barbasco de los terrenos de El Salto. En ningún caso reportaba el administrador las ganancias a la Comisión. Además de ello, el auditor deja escrito que la bomba de la plantación se encontraba descompuesta, por lo que se carecía de agua en la misma. Y aunque no se hizo hincapié en el dato, al momento de la revisión, el auditor encontró solo seis personas en El Salto: el administrador, un jefe de sección, un comandante de la policía federal hidráulica y tres peones. Es decir, la finca no contaba con personal suficiente para llevar a cabo las tareas encomendadas.

Un expediente de 1985 ofrece aún más datos sobre la plantación.^[13] Este fue abierto a raíz de una solicitud de información de la Secretaría de la Reforma Agraria sobre los terrenos que la Comisión tuviera en Hueyapan. Los documentos indican que la siembra de palma africana comenzó en la finca El Salto, propiedad del mayor Celso Vázquez Ramírez, antes de su venta a la Comisión en octubre de 1952. La plantación llegó a tener 240 ha de superficie, 200 de las cuales fueron establecidas por el ingeniero Luis G. Mercado en terrenos desmontados, muy por debajo de las necesidades establecidas por la propia Comisión al inicio del proyecto. Se indica, además, que para 1958, solo quedaban 60 ha de palma en pie. La explicación del fracaso que ofreció el ingeniero Isaías Martínez Juárez fue la siguiente: “La plantación citada no prosperó porque la zona es inadecuada para ese tipo de cultivo y la calidad del suelo también lo es”.^[14] La última referencia a la existencia de la plantación data de 1962, cuando se da el visto bueno a la venta de lo que quedaba de plantación al propio Celso Vázquez a un precio inferior al de mercado, quizás tomando por bueno el argumento de este de que el terreno carecía de mejoras en infraestructura.

El informe de 1958 del ingeniero Isaías Martínez es especialmente llamativo. Este indica que la Comisión compró el predio El Salto por un valor de 200.000 pesos al mayor Celso Vázquez Ramírez, quien era entonces jefe de servicios del Estado Mayor presidencial. La escritura del predio indica que el entonces mayor del ejército adquirió un terreno de 1.204 ha del Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero por 13.249 pesos, del que se desprenderían las 1.000 ha de El Salto. El técnico encargado del informe recalcó cómo este funcionario vendió la propiedad al Estado muy por encima del precio por el que lo había adquirido apenas 4 años antes. Documentos posteriores indican que, además, el predio tenía una superficie de 1.796 ha, y que al momento de la venta pendía un gravamen sobre el mismo a favor del Gobierno del Estado de Veracruz por un monto de 100.000 pesos, que acabó cubriendo la Comisión.

No fue la única ganancia que se generó con el establecimiento de la plantación. A decir del mismo informe de 1958, la Comisión compró también las plantas de palma en pie, además de varios almácigos de teca, cercas de alambre con púas y casas construidas con materiales de la región por 122.549 pesos a un tal Pedro Franco Mayoral. A esto hay que sumar el costo del establecimiento, nunca llevado a cabo, de una pista de aterrizaje para avionetas con un valor de 20.000 pesos, o los más de 75.000 pesos que pagara la Comisión por la adquisición y flete de las semillas a México, sin que quedara registro de pago alguno a la United Fruit Company en la correspondencia con Luis G. Mercado, o en los propios documentos que esta empresa dejara abandonados en Lancetilla.

En su informe de 1958, el ingeniero Isaías Martínez Juárez ofreció su diagnóstico del por qué del fracaso de la plantación, su opinión sobre la inversión realizada, además de identificar a los responsables. Atribuyó el fracaso de la plantación de palma a su mala localización –“en suelos mal drenados, inundables en temporada de lluvias y afectados por fuertes vientos fríos”– y al mal manejo de la plantación, citando desde el empleo de semilla de baja calidad a la falta de limpieza de malezas en las parcelas. Tras calificar inversiones como las de El Salto de “actividades ruinosas” para la Comisión, cuyo desempeño revelaba “datos perfectamente negativos”, agregó lo siguiente:

Los señores Ingenieros Salvador Sánchez Colín y Pedro Franco Mayoral, teniendo al frente como técnico al C. Luis Mercado, iniciaron bajo los auspicios del C. Lic. Miguel Alemán, las plantaciones de palma africana en Hueyapan de Mimendi en el año de 1951-52.

Este último párrafo es más que notable. Identificaba como responsables del fracaso de la finca El Salto al que fuera presidente de la República y a dos ingenieros que, casualmente, habían trabajado en la finca Sayula: Pedro Franco Mayoral y Salvador Sánchez Colín. Este último había sido funcionario del Banco Nacional de Crédito Agrícola (institución que vendiera El Salto al Mayor Celso Vázquez Ramírez), había acompañado al ingeniero Luis G. Mercado en su gira por el Estado de Veracruz en 1949 y llegó, incluso, a ser gobernador del Estado de México para el período 1951-1958.

Las acciones legales que emprendería la Comisión por los posibles desvíos de recursos nos dicen tanto, o más, quizás, sobre los discursos modernizadores del régimen priísta. Emprendieron acciones legales contra quien fuera el administrador de El Salto en 1956 por el delito de peculado, por el cual sería condenado a 11 meses y 25 días de prisión en Ciudad Alemán. En 1966, llegaron incluso a acusar al ingeniero que redactara el informe de 1958 por el extravío de una máquina de escribir. Pero no indagarían sobre los pagos del administrador de El Salto a Arcadio Vásquez, trabajador del presidente Miguel Alemán en la finca Sayula, ubicada a más de 100 km del lugar, o a favor del hermano del mayor Celso Vázquez, y mucho menos se investigó a este último, a Salvador Sánchez Colín o al propio presidente. El problema quedaba así reducido a un asunto local y, de manera más que conveniente, esta plantación desaparecería de la historia oficial de este cultivo. Esto sucedió aun cuando el siguiente impulso al cultivo de palma se produjera de nueva cuenta en la década de 1970 en la costa de Chiapas de mano del propio ingeniero Salvador Sánchez Colín, entonces al frente de la Comisión Nacional de Fruticultura.

Reflexiones finales

La historia de la plantación de palma africana en El Salto, ubicada en la Cuenca del Papaloapan, refleja bien los esfuerzos del Estado mexicano por integrar las zonas tropicales al proyecto de modernización rural, hechos que han sido bien documentos en la bibliografía existente (Tudela, 1989; Macías Zapata, 2004). Sin embargo, este capítulo resalta un aspecto poco explorado del estudio de las fronteras agrícolas: el papel que jugó un monocultivo como la palma en la consecución de estos fines. En este sentido, la palma aceitera no puede ser simplemente entendida como una estrategia para afrontar el déficit de aceites y grasas, o impulsar la producción agrícola, ha sido también parte de una política estatal orientada a transformar regiones de frontera concebidas como atrasadas e improductivas. La plantación de El Salto, establecida en terrenos adquiridos por la Comisión del Papaloapan, representaba esta visión de modernidad: un proyecto que esperaba convertir tierras “sin ninguna utilidad” en fuente de riqueza, a la vez que pretendía “civilizar” a las poblaciones locales a partir de su inserción en formas de producción “modernas” y eficientes. Así, podría decirse que la plantación de El Salto constituye una manifestación tangible del sueño modernizador del Estado mexicano en su fase posrevolucionaria.

Lejos de ser un caso de modernización fallida, el devenir de El Salto refleja las dinámicas que han caracterizado los proyectos de desarrollo en el México priísta, donde la corrupción no fue accidental, sino un componente estructural de la modernidad. Tal y como han indicado otros autores (Warman, 1972; Grammont y Mackinlay, 2006; Hewitt de Alcántara, 2007), las prácticas clientelares y los actos de corrupción formaban parte del entramado que sostenía las políticas de desarrollo rural en el país. La plantación de El Salto encarna las tensiones propias de un modelo de modernización en el que las ambiciones desarrollistas del Estado, una cierta noción de modernidad rural y la corrupción coexistían como elementos esenciales. Más que un simple fracaso, El Salto refleja la forma en que el Estado mexicano pretendió transformar las fronteras tropicales del país, con las tensiones y contradicciones que ello implicaba.

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