María del Rosio Barajas Escamilla^[2]

Introducción

Entre México y los Estados Unidos se ha establecido una relación de interdependencia asimétrica a favor del segundo (Barajas Escamilla, 2013; Gerber, 2024). También se puede hablar de la existencia de una interdependencia asimétrica entre México y Guatemala pero, en este caso, a favor del primero. Lo anterior se explica, en parte, por la pertenencia de México a la región de América del Norte a través de su inclusión desde 1994 en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, pero también por las disputas que ambos países han experimentado, particularmente durante el siglo XX, vinculadas al acceso a recursos naturales como el agua en la región fronteriza compartida. Por su parte, México mantiene con Guatemala raíces históricas y étnicas comunes, ya que en ellos habitan múltiples pueblos originarios que han atravesado procesos de colonialismo, marginación social y abandono de sus gobiernos centrales, así como permanentes disputas por las cuencas hidrológicas y cuerpos de agua que se ubican a lo largo de esta frontera.

Como parte del proceso de globalización, y particularmente a partir de las últimas décadas del siglo XX, se han impulsado diversos procesos de integración regional en Centroamérica y América Latina, con el objeto de promover un modelo de crecimiento económico basado en el intercambio comercial regional, como palanca del desarrollo social para los países más pobres. Sin embargo, las evidencias empíricas, particularmente en las fronteras norte y sur de México, demuestran que estos procesos integracionistas por sí solos son incapaces de generar desarrollo, ya que siguen existiendo disputas no resueltas relativas a la tenencia y usufructo del territorio, el conflicto por el uso del agua, la destrucción del ambiente e incluso la persistencia del extractivismo, con impactos negativos sobre las poblaciones fronterizas y sus relaciones socioeconómicas.

Adicionalmente, en los últimos años, tanto México como Guatemala han recibido una fuerte presión por parte de los Estados Unidos para fungir como barrera ante el importante crecimiento de la migración no documentada. Sin embargo, la movilidad de personas, desde mediados del siglo XX, ha estado determinada por los problemas antes planteados, obligando a los países de la región a modificar la relación que mantienen con sus vecinos, con quienes comparten lengua, cultura e historia.

Este trabajo se centra en el análisis de las condiciones bajo las cuales surgen los territorios de frontera en el norte y sur de México, y en cómo ello ha condicionado los efectos económicos y sociales resultantes de la incursión de México en sendos procesos de integración regional. Asimismo, hace referencia a una serie de eventos sucedidos entre mediados y finales del siglo XIX que fueron críticos para entender el posterior desarrollo de ambas fronteras, así como su desempeño frente a los procesos de integración. La principal pregunta que guía este capítulo es: ¿cuáles son los factores que explican la diferencia en las asimetrías que confronta cada espacio de frontera? Se parte de la constatación de que la frontera norte de México, a pesar de contar con un crecimiento económico sostenido, presenta condiciones de desarrollo social y urbano que siguen siendo altamente precarizadas. También se constata que en la frontera sur de México, el proceso de integración regional con Centroamérica no permitió detonar su crecimiento económico y su desarrollo social. Interesa analizar cuál es el papel que ha jugado la cooperación transfronteriza en ambos casos para paliar la asimetría económica y la desigualdad social que se han producido en los territorios de frontera.

En términos metodológicos, el trabajo recurre a una perspectiva mixta y de análisis comparado. Por un lado, recupera el enfoque cualitativo a través de un análisis hemerográfico y de los distintos acuerdos y leyes que definieron el derrotero de las regiones fronterizas, desde la delimitación de estos territorios. Asimismo, en 2018 y 2023, se hicieron sendos recorridos por los principales puertos de entrada a lo largo de la frontera de México y Guatemala, y se realizaron entrevistas a funcionarios de gobierno y actores de los ámbitos privado y civil para conocer sus opiniones sobre las razones que explican las desigualdades en los territorios analizados, así como sus capacidades y retos para generar mayor desarrollo. En el caso de la frontera norte, esta última actividad se ha realizado de manera particular entre 2010-2012 y 2021-2024. El trabajo también se nutre con un análisis cuantitativo, a través de la revisión de estadísticas sobre el desempeño económico del intercambio comercial de México con Estados Unidos y con Guatemala, para evaluar su relación con los acuerdos comerciales e identificar el papel que las fronteras juegan en ese comercio. Wiseman y Popov (2015) sostienen que el contexto es fundamental para entender el derrotero de los procesos que se producen en los estudios comparados. Por ello, en este trabajo se tendrá especial consideración a los contextos de las fronteras norte y sur de México, para ubicar continuidades y diferencias entre ambas.

El capítulo se divide en cuatro apartados. El primero ofrece una reflexión teórico-conceptual acerca de los efectos de las asimetrías y la desigualdad en el territorio, que explica el sendero de crecimiento económico y desarrollo social que han experimentado las fronteras de México con los Estados Unidos y con Guatemala. En el segundo apartado, se realiza un breve análisis de las principales características socioeconómicas y culturales que priman en las regiones fronterizas del norte y del sur de México, desde la delimitación del territorio a finales del siglo XIX. En el tercer apartado, se discute el papel que han jugado los entramados institucionales que permitieron los intercambios comerciales entre habitantes de las fronteras y los acuerdos de integración y cooperación regional en la dinámica económica de ambas fronteras, referenciando los éxitos y fracasos. En el cuarto apartado, se ofrece una reflexión sobre los principales obstáculos que han impedido que la frontera sur de México tome ventaja de su ubicación a las puertas de Centroamérica para generar un mayor crecimiento económico y desarrollo social.

Asimetrías, desigualdades sociales e integración regional en las fronteras de México

Guatemala ha experimentado una condición de interdependencia asimétrica con respecto a México, en el ámbito económico, similar a la que mantiene México con los Estados Unidos (Barajas Escamilla, 2013). Si bien en el ámbito del comercio internacional, México experimenta un superávit comercial con Guatemala, dicha relación económica es todavía muy pequeña y se basa en el intercambio de productos primarios por parte de Guatemala y de productos secundarios por parte de México. La dinámica económica de intercambio entre los pobladores de la región fronteriza es más relevante en el ámbito del comercio informal que en el del formal, lo cual se explica en buena parte por las grandes desigualdades regionales entre estos países y el carácter de sus espacios de frontera.

Al mismo tiempo, la historia de la región fronteriza entre México y Guatemala se ha construido sobre una importante relación económica, social y ambiental, pero también sobre constantes conflictos territoriales, principalmente por disputas relacionadas con los recursos hídricos, lo que ha generado tensiones, controversias legales y conflictos entre países. En ambos lados de esta frontera se localiza un importante número de pueblos originarios, muchos de ellos descendientes de la civilización maya, cuya influencia se extendió por toda Mesoamérica. Sin embargo, por su condición indígena, esta población ha sufrido abusos y discriminación, así como extractivismo y despojo de sus tierras. Ello ha producido impactos negativos sobre la biodiversidad, particularmente de la región fronteriza, manteniendo a esta población en condiciones de pobreza extrema, resultado en gran medida del largo proceso de colonialismo que padeció.

Para discernir estas múltiples desigualdades (que se producen tanto en el ámbito nacional como en el de frontera), resulta útil recuperar la argumentación de Braig, Costa y Gobel (2015) sobre América Latina. Apoyándose en una perspectiva relacional, consideran que dicha desigualdad interdependiente es resultado de diversos procesos globales y transregionales, en una región con regímenes de gobierno que prefieren utilizar el término pobreza que puede ser mitigado a través del apoyo internacional, como ha sucedido en los países de Centroamérica, incluyendo a Guatemala.

Si bien esta premisa tiene un sustento empírico importante, no debe olvidarse que, históricamente, las fronteras han jugado un papel de periferias, en las que la desigualdad, particularmente social y económica, tiende a duplicarse. Los gobiernos centrales de los diversos países suelen abandonar a su suerte a estos territorios, como ha sido la experiencia de la mayoría de los países de América Latina. En estas fronteras es común que, por medio del intercambio informal y algunos esquemas de cooperación transfronteriza, se encuentren formas de resarcir su condición de desigualdad y abandono, poniendo en práctica, por ejemplo, modalidades de intercambio económico como el trueque o el pequeño comercio.

En esta línea discursiva, Burchardt (2012) plantea que una perspectiva útil para analizar la desigualdad entre las naciones de América Latina consiste en entender los fenómenos sociales, económicos y ambientales a través de la propuesta de Norbert Elias, quien advierte la existencia de un importante nivel de interdependencia entre diferentes procesos sociales y no solo económicos. Esta perspectiva ayuda a comprender las complejidades de los fenómenos que se entrecruzan y que, al final, perpetúan las condiciones de desigualdad entre personas y regiones. Esto es evidente en países como México y Guatemala, que comparten un territorio de frontera que, además de ser periférico, es altamente desigual. Se trata de una zona habitada por un alto porcentaje de población indígena que, en muchos casos, no posee sus propias tierras y, como señala Burchardt (2012), carece de acceso a bienes públicos como seguridad, infraestructura, servicios educativos y de salud.

Esta perspectiva se amplía con el análisis de Brambilla (2008), quien sostiene que, para comprender la complejidad que se suscita en las regiones periféricas y desiguales de frontera, un concepto de gran utilidad es el de espacio relacional complejo. En este contexto, los procesos que se desarrollan involucran actores con diversos roles y ubicaciones a distintos niveles, lo cual es fundamental para entender la complejidad de las problemáticas que surgen en dichos territorios. De forma tal que la diversidad de los problemas requiere de un proporcional involucramiento de todos los actores que, de una forma u otra, se ven afectados por las múltiples problemáticas transfronterizas.

En este mismo sentido, Fábregas Puig y González-Ponciano (2014) analizan la complejidad de las relaciones entre los diferentes actores de la frontera México-Guatemala en áreas tan sensibles como el agua, la organización social, el comercio y las relaciones de poder, donde el Estado ha contribuido a perpetuar una alta desigualdad social y económica. En esta misma línea, Torras Conangla (2016) y Gutiérrez (2017) destacan la importancia identitaria de la frontera sur de México con América Central, al mantener la supervivencia del idioma y la cultura en las comunidades fronterizas (grupos originarios). También destaca la movilidad regional que se produce dentro del espacio transfronterizo, especialmente con trabajadores guatemaltecos, aspecto abordado en profundidad por Barajas Escamilla, Ortiz-Gómez y Kosygina (2020). Por su parte, Torras Conangla (2016) añade un elemento interesante y relevante para los procesos culturales fronterizos al señalar que, a partir de la intensa movilidad humana a través de las fronteras, sus habitantes han logrado construir un sentido de pertenencia con el territorio.

Lo anterior lleva a la pregunta sobre cómo y de qué forma es posible superar las desigualdades en dos o más territorios que no solo comparten los mismos recursos naturales, sino que también sobreviven gracias a ellos, como es el caso de las regiones fronterizas. En este sentido, es interesante el planteamiento de Hernández (2023), quien analiza el caso de la territorialidad en las costas de América Central (de las que forma parte Guatemala) y las desigualdades existentes. El autor propone que los conflictos sociales y ambientales derivados de estas desigualdades se aborden bajo un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario que permita identificar impactos sistémicos que amenazan las distintas realidades que componen una región. Solo de esta forma es factible el diseño de políticas públicas que aborden de manera efectiva dichas desigualdades.

En los últimos treinta años, bajo el neoliberalismo, las políticas regionales (incluyendo las de frontera) prácticamente desaparecieron, y estos territorios desarrollaron múltiples distorsiones y desigualdades que, en muchos casos, se han vuelto estructurales (Burchardt, 2012). Lo anterior se refuerza con el análisis de Kauffer (2011), quien sostiene que en la frontera de México con Guatemala una parte importante de las disputas territoriales está relacionada con el acceso y control sobre las cuencas hidrológicas.

La desigualdad regional, así como la social, son en gran medida resultado de un amplio y prolongado proceso de globalización, exacerbado en los territorios de frontera. Como señala Alcañiz (2008), ante la debilidad del desempeño macroeconómico de un país, las políticas de desarrollo local se convierten en instrumento fundamental para que las regiones menos favorecidas consigan sobrevivir. Esto es particularmente relevante en las fronteras, que deben recurrir tanto al desarrollo local como a la cooperación transfronteriza, muchas veces en un contexto de informalidad, para mejorar las condiciones de desarrollo y para reducir las desigualdades que presentan, no solo respecto de su propio país, sino también a cada lado del límite internacional (Boisier, 2005; Barajas Escamilla, 2016). La cooperación entre territorios transfronterizos debiera tener como premisa la disminución de sus asimetrías y la gestión adecuada de los conflictos. Sin embargo, para lograrlo es necesario construir diversos mecanismos institucionales a través de la conjunción de esfuerzos y voluntades entre actores de distintos niveles y sectores, con el propósito de enfrentar las múltiples problemáticas de la región.

En los territorios de frontera, dichas problemáticas se relacionan con el intercambio de mercancías, la movilidad de las personas en el espacio transfronterizo, así como con las trabas al trabajo transfronterizo, las disputas relativas al derecho y usufructo de los recursos naturales y, más recientemente, con los flujos migratorios que se dirigen hacia el norte, provenientes de la región, Latinoamérica y otros países del mundo. Para los países desarrollados, el fenómeno de la migración se vincula con la seguridad de las fronteras nacionales. Este es el caso del gobierno de los Estados Unidos de América, que ha extendido la narrativa del papel disruptor de estos migrantes no documentados, obligando a los países de tránsito a ejercer tareas de vigilancia y contención de dichas poblaciones.

Es importante señalar que la cooperación transfronteriza se ha convertido en una condición necesaria para el desarrollo local en las regiones fronterizas, dado el alto nivel de interdependencia que se produce a partir de las dinámicas socioeconómicas y ambientales en dichos territorios (Jessop, 2004; Boisier, 2005; Barajas Escamilla, 2016; Barajas Escamilla, Ortiz-Gómez y Kosygina, 2020). En espacios complejos y de altos niveles de pobreza, como es el caso de la frontera de México con Guatemala, la cooperación transfronteriza puede ser un elemento central para la resolución de conflictos. Ello permite que, a pesar de las diferencias, sus habitantes desarrollen la capacidad de establecer acuerdos para aprovechar sus condiciones de frontera, ya sea a través de la búsqueda de entendimientos entre autoridades o entre otros actores que interactúan en el espacio transfronterizo. Esto les permitirá reducir desigualdades socioeconómicas que no son atendidas desde los gobiernos centrales.

Bajo el proceso de la globalización, los países desarrollados impulsaron el regionalismo abierto, es decir la conformación de bloques regionales con países en desarrollo. Su principal objetivo, como lo explicó Karl Polanyi (1989) en su crítica al liberalismo económico, era la expansión del capital a través de la búsqueda y conquista de nuevos mercados. En ese sentido, es interesante lo planteado por Grabendorff (1982) en su trabajo sobre los conflictos en América Latina y su nuevo rol en la geopolítica, al sostener que el impulso de las políticas de integración regional en Latinoamérica puede ser considerado como una política de compensación, debido a la función de seguridad que los Estados nacionales pertenecientes al modelo integracionista prestan a través de sus fronteras (que funcionan como fronteras externas). En concordancia con dicho autor, lo anterior puede observarse con claridad en las primeras décadas del siglo XXI, en particular en el ámbito de los migrantes nacionales e internacionales que cruzan las fronteras de México para llegar hasta los Estados Unidos, y para lo cual utilizan la presión y la amenaza, particularmente a los países de Centroamérica y México, para detener la migración, so pena de interrumpir el proceso de integración regional económica en curso.

Finalmente, y en favor del papel de la cooperación como instrumento para la resolución de conflictos, pero también para potenciar el desarrollo de las regiones transfronterizas, es importante reafirmar su valor y su incidencia en la reducción de las asimetrías y desigualdades, no solo regionales, sino también al interior de los distintos esquemas de integración regional en el mundo.

Contexto de las diferencias en el crecimiento de la región fronteriza entre México y Estados Unidos y entre México y Guatemala

Para entender las asimetrías y desigualdades en términos de crecimiento económico y desarrollo social de las fronteras norte y sur de México, se hace necesario hacer un breve recuento de las condiciones sobre las cuales se produce el establecimiento de estas fronteras, su vinculación a poblaciones originarias e inmigración interna, formas de interacción económica y social con otras fronteras y políticas diseñadas desde los gobiernos centrales y locales (de poblamiento, de infraestructura, economía y educación, entre otras). Como se mencionó en la introducción, estudiar el contexto es un ejercicio fundamental para entender el derrotero de los procesos que se producen en los casos comparados. A continuación, se presenta el análisis contextual, dando deliberadamente mayor énfasis explicativo al contexto de la frontera sur, dadas las características de pobreza de su población.

Poblamiento, crecimiento y desarrollo de la frontera de México con los Estados Unidos de Norteamérica

La frontera de México con los Estados Unidos tiene una extensión territorial de 3.142 km en sentido este-oeste. Se compone de seis estados fronterizos en el norte de México^[3] y cuatro en el sur de los Estados Unidos,^[4] concentrando en conjunto una población de un poco más de noventa millones de personas en 2020 (INEGI, 2020; United States Census Bureau, 2020). Actualmente, 39 municipios mexicanos son considerados fronterizos, es decir se encuentran adyacentes a la línea divisoria de los dos países (15 considerados como áreas metropolitanas), al igual que 23 condados del lado estadounidense. En ambos casos, su población es cercana a los 8 millones de personas, con datos de 2021 para México y de 2022 para los Estados Unidos (Gerber, 2024).

El establecimiento del límite político-administrativo entre estos dos países es resultado de la firma del Acuerdo de Guadalupe Hidalgo en 1848, modificada en 1853 con la firma del Tratado de la Mesilla, cuando México vende a los Estados Unidos más de cien mil kilómetros por una ridícula cantidad de dinero, bajo el argumento de que los Estados Unidos construirían allí un ferrocarril transcontinental (Almaraz y Barajas Escamilla, 2011; Gobierno de México, 2021).

Al momento de la delimitación de la nueva frontera, la región del norte estaba habitada por grupos originarios, los apaches, los comanches abigeos (conocidos así por su relación con el robo de ganado) y vecinos norteños (Sánchez-Moreno, 2016), que quedaron a ambos lados de la frontera. De todos modos, esta se mantuvo escasamente poblada hacia ambos lados hasta finales del siglo XIX y principios del XX. El mayor crecimiento poblacional de la frontera norte de México se dio a partir de la llamada Ley Seca en los Estados Unidos durante la década de 1920, que atrajo a población de altos ingresos hacia los establecimientos de entretenimiento y venta de alcohol, lo cual dio lugar al surgimiento de múltiples negocios vinculados al turismo y al comercio en la frontera de México con los Estados Unidos (Barajas Escamilla y Almaraz, 2011).

Por su parte, la población de estados como Baja California se conformó a partir de migración interna (procedente, principalmente, de los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California Sur), atraída por la pujante economía de California y Texas. El estado de Sonora también recibió población originaria de Sinaloa y Baja California Sur, aunque el poblamiento de los pueblos originarios mayos y yaquis también ha sido importante. En el caso de Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, su población fue mucho más estable por su cercanía con la frontera sur de los Estados Unidos.

Debido a la lejanía de la frontera norte con los centros de producción y consumo del país, en 1933 y bajo el gobierno del presidente Abelardo L. Rodríguez, se reglamentó la existencia de los perímetros libres y las franjas y las zonas libres fronterizas, lo cual permitió el ingreso de múltiples bienes con el beneficio de la libre importación. En 1939, bajo el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, se establecieron las zonas libres en el estado de Sonora y los territorios de Baja California (Barajas Escamilla y Almaraz, 2011), lo que representó el derecho a la obtención de bienes de importación sin pago de aranceles, pero también mantuvo activos los procesos de cooperación entre múltiples actores de la región.

Es importante señalar que la frontera norte cuenta con dos ríos internacionales: el río Colorado que abastece a los estados de Baja California y Sonora (México), California y Arizona (Estados Unidos), y el río Bravo o río Grande que cruza los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas (México), Texas y Nuevo México (Estados Unidos). Al igual que la frontera sur, la gestión y distribución de estas aguas internacionales generan constantes disputas y conflictos entre México y Estados Unidos, lo que explica la relevancia y activismo de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA, 2024).

Entre 1942 y 1964, México y Estados Unidos establecieron el Programa Bracero, con el objeto de contar con mano de obra barata para concluir la construcción del ferrocarril que buscaba unir de este a oeste el sur de los Estados Unidos. Al término de este programa laboral, una parte importante de esa población se quedó a vivir con sus familias a lo largo de la frontera norte mexicana, lo cual activó la economía de esos estados fronterizos. Este régimen mantuvo su vigencia hasta 2006, de acuerdo con lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (Barajas Escamilla y Almaraz, 2011).

Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a lo largo de la frontera norte de México existen 56 puertos de entrada: 20 son cruces terrestres y 36 son puentes fluviales (dos de ellos no están en funcionamiento). Entre los primeros destaca el nivel de conurbación de los condados y municipios fronterizos, lo que ha permitido la construcción de regiones transfronterizas, como es el caso de Tijuana-San Diego, Ciudad Juárez-El Paso, Nogales-Nogales, Nuevo Laredo-Laredo, Matamoros-Brownsville. Son reguladas por el Grupo Intersecretarial de Cruces y Puentes, que tiene como objetivo negociar y concertar acuerdos en materia de infraestructura fronteriza entre México y Estados Unidos (Gobierno de México, 2015).

Poblamiento, crecimiento y desarrollo de la frontera sur de México con Guatemala

La frontera de México con Guatemala cuenta con una extensión territorial de 956 km, siendo su configuración muy distinta a la que caracteriza a la de México-Estados Unidos. Este límite internacional fue definido a finales del siglo XIX, con la firma del Tratado de México con Guatemala (1882) y de México con Belice (1893). La delimitación consideró límites naturales y artificiales, debido a conflictos territoriales preexistentes (Tamayo-Pérez, 2015). Previo a dicha delimitación, Chiapas fue una fuente de disputa entre los gobiernos de México y Guatemala, quedando al final del lado mexicano.

Esta frontera se extiende de norte a sur y se caracteriza por ser sinuosa. Por el lado de México, cruza los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche. En particular, Chiapas es el estado que mayor número de regiones fronterizas concentra, tales como el Soconusco, Selva Lacandona, Maya, Sierra Mariscal y Meseta Comiteca-Tojolabal. En tanto, por el lado de Guatemala, la frontera cruza los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quiché y El Petén (Barajas Escamilla, Ortiz-Gómez y Kosygina, 2020).

Incluso después de la independencia y la Revolución Mexicana, la región fronteriza del sur de México ha estado dominada por un fuerte proceso de colonialismo y racismo. Ello es producto de la apropiación de grandes extensiones de tierra por parte de grandes hacendados, quienes mantuvieron hasta hace relativamente poco tiempo una explotación y sometimiento de la población local, principalmente indígena, propiciando una condición de fuerte desigualdad, que se puede apreciar en los niveles de pobreza que allí subsisten. El estudio desarrollado por Burchardt (2012) sostiene que, para un adecuado entendimiento de lo que él llama la paradoja de la desigualdad, se requiere abordar su dimensión emocional y la interdependencia entre diferentes procesos sociales.

A diferencia del norte de México, donde los pueblos originarios estaban dispersos a lo largo de la frontera con los Estados Unidos, en el caso del estado de Chiapas, los pueblos originarios han sido los principales pobladores de la frontera sur, reconocidos como parte de las culturas maya y zoque y los grupos tseltal, tsotsil, chol, tojolabal, mame, kakchiquel, lacandón, mocho, jacalteco, chuj y kanobal.^[5] Históricamente, estos habitantes han sufrido violencia y discriminación por su condición de indígenas, lo cual se ha perpetuado por décadas (Basail, 2005; Fábregas Puig y González-Ponciano, 2014; Braig, Costa y Gobel, 2015).

Al igual que en el caso de la frontera norte, México también enfrentó diversas disputas con Guatemala por el territorio. Sin embargo, aun con la firma de los Tratados se mantuvieron conflictos y diferencias, particularmente entre comunidades chuj, ya que surgieron desacuerdos en torno al acceso a bienes y servicios públicos, creando tensiones y desigualdades (Mejía, 2020). En la frontera de Guatemala, 9 de los 21 pueblos originarios son de origen maya y se encuentran ubicados principalmente en el departamento de Huehuetenango, donde residen grupos akateko, jakalteco (poptí), q’anjob’al, chuj, awakateko, mam, tekiteko, kiche y q’eeqchi.^[6]

Al igual que en la frontera norte, esta colindancia ha permitido que también al sur se experimente una movilidad transfronteriza considerable. Su dinámica se caracteriza por el trabajo de población guatemalteca, principalmente en el sector agrícola, pero también por amplias relaciones sociales y culturales entre pobladores de las regiones de frontera de ambos países. En los últimos años se ha observado el surgimiento de grupos delictivos que ejercen control sobre el territorio, el cual no solo es utilizado como ruta de cruce de drogas de sur a norte, sino también por los enganchadores que se encuentran al acecho de población migrante que cruza por estas zonas, situación tolerada por las autoridades migratorias establecidas en la región.^[7]

En la región fronteriza entre Guatemala y México, la movilidad humana ha sido intensa, particularmente porque existen múltiples pasos informales que históricamente han facilitado el tránsito de personas, tanto de población guatemalteca en condición migrante que cruza hacia México, como de trabajadores transfronterizos que buscan empleo en los campos agrícolas ubicados en Tapachula, alrededor de Ciudad Hidalgo o en la región del Talismán.^[8]

Este proceso migratorio, que se hizo visible en la frontera sur de México con Guatemala durante la década de 1980, fue producto de un flujo continuo de otras poblaciones centroamericanas provenientes de Nicaragua y El Salvador (envueltas en ese período en sendos movimientos revolucionarios) y que, hacia principios del siglo XXI, incorporó a población hondureña.^[9] Ello forma parte del flujo migratorio transnacional más reciente, por ejemplo el de población haitiana, cuyo fenómeno se ha vinculado a los efectos del cambio climático y a grandes desastres naturales.^[10] Actualmente, a esta migración se han incorporado la venezolana y la extracontinental.

A partir de 2014, los flujos migratorios a través de la frontera sur se incrementaron de manera importante y dieron lugar a la creación del programa Frontera Sur, que pretendió ser una respuesta gubernamental al incremento de la migración de menores no acompañados que buscaban llegar a los Estados Unidos y que en gran medida huían de la violencia de los grupos criminales en países como Honduras y El Salvador. Como lo señalan Leutert (2019) y Angulo-Pasel (2022), esta política que supuestamente buscaba proteger a los migrantes y darles seguridad, rápidamente se tradujo en un mayor número de detenciones y deportaciones. Al mismo tiempo, aumentaron las denuncias de múltiples crímenes en contra de las personas migrantes, incluyendo extorsiones, secuestros y abusos que, en algunos casos, los llevaban a cabo las propias autoridades locales (entrevistas en campo, 2023).

En este sentido, autores como Isacson, Meyer y Morales (2014) consideran que en la frontera sur se configuraba una crisis humanitaria, por lo que era necesario promover reformas profundas del sistema judicial y del Instituto Nacional de Migración, para proteger los derechos de los migrantes, particularmente de niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, estos autores señalaban ya la necesidad de abordar las causas de la migración, reconociendo la pobreza y la falta de oportunidades en los países expulsores de migrantes. Desde entonces se planteaba la necesidad de una mayor cooperación entre México y Guatemala, pero con la intervención de los Estados Unidos. Este último ejerce, desde la primera década del siglo XXI, una presión importante sobre México y otros países de Centroamérica, exigiéndoles un papel más activo en la seguridad de la región, aunque ello implicara una violación a los derechos humanos de las personas en tránsito, lo cual involucraba, muchas veces, a familias enteras.

Actualmente, a lo largo de la frontera existe un conjunto de municipios mexicanos y departamentos guatemaltecos que están divididos por una línea fronteriza, pero esta no siempre es acompañada por un paso formal de cruce habilitado. Sin embargo, ello no impide la interacción y el desarrollo de relaciones diversas entre pobladores de dichas fronteras, sino que más bien los explica. Como señalan Barajas Escamilla, Ortiz-Gómez y Kosygina (2020), son ocho las principales localidades que colindan en el ámbito fronterizo entre México y Guatemala, siendo los puertos de entrada más importantes, Ciudad Hidalgo-Tecún Umán (con dos pasos fronterizos) y Talismán-El Carmen, Ciudad Cuauhtémoc-La Mesilla y Carmen Xhan-Gracias a Dios; y las autoras coinciden con Arriola-Vega (2020), sobre la heterogeneidad que prima en estas fronteras y en estos puertos de entrada.

En el pasado, como lo ha documentado ampliamente Bertaccini (2019), la relación entre México y Guatemala no ha sido fácil y ha estado plagada de conflictos territoriales. La inestabilidad de la región en el siglo XIX y principios del XX ha hecho que dichas disputas tengan que ver en gran medida con el deslinde de las fronteras y, como se señaló anteriormente, esto se encuentra vinculado al acceso a los recursos hídricos (Kauffer, 2011). En referencia a las disputas territoriales por el agua, Kauffer (2017) sostiene que México comparte con Guatemala y Belice seis cuencas transfronterizas, además de un conjunto de cuerpos de agua que se utilizan colectivamente. Si bien han existido momentos de cooperación entre gobiernos para discernir y resolver algunas de las disputas, lo cierto es que los conflictos han sido álgidos y latentes. Por su parte, Mejía (2020) analiza la situación de conflicto que se produjo entre dos comunidades chuj en la frontera que quedaron de un lado y de otro del río, por el acceso al agua potable, el lugar del comercio y el turismo. Aun así, la autora refiere la importancia de los vínculos sociales y familiares que han sido fundamentales para que estos grupos mantuvieran su cohesión social.

Según Kauffer (2008), las disputas deben abordarse desde la hidropolítica, en referencia a la relación entre la hidráulica, la política del agua y los resultados de dichas interacciones. Por su parte, también Kauffer coincide con Fábregas Puig y González-Ponciano (2014) en que la historia del colonialismo, las disputas entre los grupos étnicos, el movimiento de la agricultura y la hidropolítica se encuentran en la génesis de las relaciones sociales de estas poblaciones, perpetuando la desigualdad y exacerbando las asimetrías, así como las relaciones de poder que se confrontan. Por ello, la importancia de recurrir a la cooperación como un medio para resolver el conflicto.

Del comercio transfronterizo al modelo de integración regional en la frontera México-Estados Unidos y México-Guatemala

La frontera México-Estados Unidos

La lejanía de los pequeños centros poblacionales en la frontera norte de México del resto del país dio origen al desarrollo de nuevos centros de mayor relevancia para el intercambio comercial. La instauración de las zonas francas y las zonas de libre comercio incentivó de manera importante el comercio entre habitantes y empresas de las fronteras norte de México y sur de los Estados Unidos. Lo anterior marcó una separación del norte del país, produciéndose lo que Barajas Escamilla (1986) señaló como una economía dual, vinculada con el sur de los Estados Unidos y con restricción al comercio con el resto del país. Esto se debió a que los pocos bienes del sector secundario producidos en esta frontera debían pagar los impuestos al valor agregado de los insumos externos si querían ser introducidos al resto de México, en tanto la falta de infraestructura vial y férrea impedía la llegada de productos mexicanos a las zonas fronterizas del norte de México.

Antes de la firma del Tratado de Libre Comercio en la década de 1990, el intercambio comercial a gran escala entre México y Guatemala era escaso y se centraba en la exportación de maderas preciosas. Dada la porosidad en los cruces fronterizos locales, se había establecido un intercambio de mercancías de pequeña escala, bajo una especie de zona de libre comercio no formalizado por autoridades centrales, pero ampliamente permitido.

En 1965, el gobierno mexicano puso en marcha el llamado Régimen de la Industria Maquiladora, que tenía el propósito de tomar ventaja del proceso de relocalización industrial que llevaban a cabo diversas industrias de los Estados Unidos (inicialmente fue la industria textil y luego la metal-mecánica, las de componentes electrónicos, plásticos, entre otras). Estas industrias se caracterizaban por el desarrollo del ensamble simple, ocupando trabajadores de baja calificación, con el pago de bajos salarios y un subsidio por parte del gobierno mexicano para la dotación de infraestructura en los parques industriales, en la conectividad requerida, en los puertos de entrada y con baja responsabilidad en la dotación de vivienda digna a los trabajadores de esta industria, conocida como maquila.

En la década de 1970, el gobierno federal mexicano, en un intento por reordenar el crecimiento de la región fronteriza e incentivar una mayor relocalización de empresas internacionales y multinacionales en la frontera de México con Estados Unidos, puso en marcha amplios programas de creación de infraestructura urbana e industrial, que incluyeron la construcción de presas y carreteras, canalización de ríos y mejoramiento de puertos de entrada para el comercio. Estados como Nuevo León y Coahuila se especializaron en las industrias de la metal-mecánica como consecuencia de la existencia en la región de amplias zonas mineras de cobre y aluminio, así como en la industria del transporte. Sonora y Tamaulipas se concentraron en el sector agrícola y ganadero de exportación, pero también lograron desarrollar una industria ligera, vinculada a medianas y grandes empresas transnacionales.

En este contexto, bajo la globalización y el neoliberalismo, entre 1980 y 1990 se produjo el proceso de liberalización del resto de la economía mexicana. En 1994-1995 se concretó la firma y puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (luego T-MEC) (Gobierno de México, 2024a), lo cual vino a detonar con mayor fuerza el proceso de relocalización industrial en la frontera norte de México, estimulando el crecimiento de la industria maquiladora. Esta industria de exportación rápidamente generó una cantidad importante de empleos, pero también atrajo aún más migración interna a las zonas fronterizas, lo cual se mantuvo por décadas a pesar de los bajos salarios. En este período, el gobierno hizo caso omiso de diseñar un modelo industrial robusto, donde el énfasis se diese en un mayor apoyo a la educación en todos sus niveles, pero especialmente en el superior, y en la formación de técnicos e ingenieros, con el objetivo de mejorar la formación profesional de los trabajadores y sus ingresos.

Actualmente, entre los seis estados fronterizos de México se produce el 25% del PIB nacional (CILA, 2024). Analizando una serie de datos sobre el empleo industrial manufacturero del INEGI (2022), entre 2013 y 2020 estos seis estados tuvieron un alto nivel de ocupación laboral. En 2013, se ocuparon en esta industria, 1.389.000 trabajadores, mientras que en 2020, fueron 1.824.000 trabajadores, lo que refiere la importancia del sector en el crecimiento económico de la región. Los sectores que más empleo y valor agregado generan son la fabricación de: a) equipos de transporte; b) equipos de computación, comunicación, medición y otros componentes y accesorios electrónicos; c) accesorios, aparatos eléctricos y equipos de generación de energía eléctrica; d) maquinaria y equipo; e) insumos para industrias metálicas básicas y e) productos metálicos.

Como producto de un proceso evolutivo, la industria del ensamble experimentó una paulatina transformación hacia la manufactura de nivel medio, lo que generó el crecimiento de una industria mixta, destacando el de la automotriz. En la frontera norte, centros industriales de mayor tradición como Nuevo León y Coahuila se han distinguido, desde antes de la apertura comercial de México, por recibir un mayor apoyo hacia el sector educativo, bajo el argumento de que concentraban el mayor desarrollo industrial nacional. En cambio, estados como Baja California, Sonora y Tamaulipas, donde ha predominado el ensamble simple y con bajo nivel de integración regional, han recibido poco apoyo en inversión para lograr una mejor formación de técnicos, ingenieros y personal especializado, particularmente en posgrados en el área de ingeniería, lo cual refuerza el carácter dependiente de la industria y con poca participación en las cadenas de valor. Lo anterior refiere la existencia de importantes desigualdades incluso en las regiones de mayor crecimiento industrial, lo que de alguna forma incide en el debilitamiento del modelo industrial que se ha generado a partir de la firma del TLCAN, primero, y luego del T-MEC.

En relación con el desempeño de indicadores que muestran cuáles son las condiciones de competitividad en la frontera norte de México por estado, los datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2024) permiten observar el tipo de competitividad y las diferencias que se dan con la frontera sur. El Cuadro 1 se elaboró con base en el Índice de Competitividad Regional (IMCO, 2024), el cual ofrece información interesante a nivel estatal para conocer el desempeño de un conjunto de indicadores que evalúan aspectos tales como la innovación y la economía, el mercado de trabajo, los derechos de los habitantes de los estados, la sociedad y el medio ambiente, y el sistema político y el gobierno.

En el Cuadro 1 es posible apreciar la disparidad en la competitividad entre los estados de la frontera norte, siendo los mejor colocados Coahuila (posición 3 de los 32 estados de México) y Nuevo León (puesto 4), mientras que Baja California, uno de los estados de mayor crecimiento económico y de casi pleno empleo, ocupa el lugar 14. Sin embargo, en cuanto al Indicador de Innovación y Economía, Chihuahua ocupa el número 1, mientras que Nuevo León y Coahuila el 2 y el 3, respectivamente.

En cuanto al mercado de trabajo, se puede apreciar que tres de los seis estados fronterizos del norte se encuentran entre los primeros cinco lugares en cuanto a la concentración de empleo (Chihuahua, Nuevo León y Coahuila, con fuerte tradición industrial), en tanto que Baja California ocupa el séptimo lugar, Sonora el octavo y Tamaulipas, el doceavo. En el caso del Indicador de Derecho, que se relaciona con temas de seguridad, es posible apreciar una gran disparidad, ya que Chihuahua está entre los últimos lugares, y Sonora en el puesto 18. Sin embargo, llama la atención que Coahuila esté en el lugar 1, y Nuevo León y Tamaulipas, de la misma región, se ubiquen en los lugares 14 y 13, respectivamente.

Cuadro 1. Índice de Competitividad Regional en el norte de México, 2024

Indicador	Baja California	Sonora	Chihua-hua	Nuevo León	Coahuila	Tamaulipas
General	14	7	9	4	3	12
Innovación y Economía	4	7	1	2	3	8
Mercado de Trabajo	7	8	5	2	4	12
Derecho	12	18	27	14	1	13
Sociedad y Medio Ambiente (1)	18	3	7	27	4	10
Infra­estructura	7	9	14	3	15	16
Sistema Político y Gobierno	32	26	27	14	31	13

Fuente: elaboración propia con base en el Índice de Competitividad Regional (IMCO, 2024). (1) Mide educación, salud y medio ambiente.

El Indicador de Sociedad y Medio Ambiente, que se refiere el acceso a la educación, salud y respeto al medio ambiente, es también bastante dispar a lo largo de los seis estados fronterizos. Destacan Sonora y Coahuila, ocupando el 3º y 4º lugar, mientras que Nuevo León, uno de los estados más ricos de México, ocupa el lugar 27; este último estado, sin embargo, ocupa el 2º lugar del Indicador de Innovación y Economía, lo cual muestra las inequidades, desigualdades sociales y asimetrías de los distintos estados fronterizos del norte de México.

Otro de los indicadores relevantes para valorar la inequidad en el territorio es el de la infraestructura disponible. Curiosamente, el estado de Nuevo León ocupa la tercera posición, lo cual es bastante aceptable, siendo de nivel medio los casos de Baja California y Sonora (7 y 9), en tanto que Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, secuencialmente ocupan los lugares 13, 14 y 15. Ello no se corresponde con el nivel de industrialización de toda la región fronteriza, siendo esta una manifestación clara de que el crecimiento no se traduce de manera automática en desarrollo, tal como lo argumentó en su trabajo Boisier (2005).

El último indicador seleccionado para mostrar el grado de competitividad de la región fronteriza del norte de México es el relativo al sistema político y gobierno, que incluye calidad de los servicios de gobierno, combate a la corrupción, mejora regulatoria, capacidad de generar ingresos propios y manejo eficiente de presupuestos públicos. Paradójicamente, uno de los estados del norte con mayor pujanza económica es el que presenta la peor calificación, Baja California, seguido de Coahuila, al que le corresponde el número 31 de 32, y no muy lejos se encuentran Sonora y Chihuahua con los números 26 y 27. Sin embargo, llama la atención que los estados de Tamaulipas y Nuevo León no presenten posiciones tan desfavorables, ocupando los lugares 13 y 14. Lo anterior resulta ser una contradicción con las altas tasas de crecimiento económico de estos estados, pero con marcadas distorsiones en sus modelos de crecimiento, que han centrado su atención en las necesidades del sector productivo y han dejado de lado las necesidades del resto de la población.

No se encuentra un patrón de comportamiento correspondiente entre los indicadores de crecimiento económico y desarrollo, lo cual indica que desde los gobiernos estatales se han priorizado los indicadores que garantizan solo el crecimiento económico. Ello refuerza las inequidades, las desigualdades sociales y las asimetrías con los estados fronterizos del sur de los Estados Unidos, ya que es con estos indicadores que se participa en procesos de integración regional. Desafortunadamente, este es el contexto en el que se despliegan los esfuerzos de integración regional, arrastrando disparidades y concentrando las acciones en la atracción de la inversión extranjera directa.

A propósito del nuevo proceso de relocalización industrial (nearshoring, como también se lo conoce en esta nueva etapa de la globalización), es importante mencionar el descuido que gobiernos anteriores han tenido en temas centrales para cualquier sociedad: satisfacción de condiciones de vida adecuadas y saludables, educación, salud, seguridad y eficiencia por parte de sus gobiernos, entre otros temas. Bajo el nuevo gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum, hay indicios de que el tema educativo recibirá una mayor atención, lo cual es fundamental para generar no solo crecimiento, sino también desarrollo.

Hasta el momento, el gobierno central ha signado múltiples acuerdos de integración regional y comercial con diversos grupos de países, lo cual se esperaría beneficiara al norte del país, tales como el Acuerdo Transpacífico en 2012,^[11] o la negociación del Acuerdo Comercial entre México y la Unión Europea entre 1998 y 1999 (actualmente en revisión). Sin embargo, la participación de la frontera norte es consustancial a las inversiones europea y asiática, que buscan acercarse a través de México al gran mercado de los Estados Unidos; es decir, para el gran capital, la principal atracción de la frontera norte es su cercanía con grandes centros de producción, distribución y consumo en los Estados Unidos de América; México es uno de los países que mayor número de acuerdos de integración regional ha firmado con otros países. Sin embargo, su dependencia del comercio con los Estados Unidos apenas si se ha modificado, constituyendo su principal socio comercial y, aunque se reconoce la existencia de una interdependencia, esta es asimétrica y mantiene altos grados de desigualdad entre las ganancias de un lado y de otro de la frontera.

Durante las últimas cuatro décadas, se impulsó el crecimiento económico y la generación de empleos con base en una política de bajos salarios, como una de las principales ventajas comparativas para atraer inversión extranjera directa al país, descuidando el fortalecimiento de las cadenas productivas y de la formación profesional, tanto en las áreas de humanidades para promover el bienestar social de la población, como en las ingenierías. La ruptura con dichas políticas restrictivas hubiese sido muy importante en décadas anteriores para apoyar en la frontera norte un desarrollo industrial de mayor contenido tecnológico.

El proceso de integración regional entre México y Centroamérica

Sin duda, han sido diversos los esfuerzos que las regiones de Centroamérica y Mesoamérica han realizado para mejorar el intercambio comercial con México y el resto de países de América Latina, lo cual documentamos de manera breve en el Cuadro 2. De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional del Proyecto Mesoamericano (2024), los esfuerzos de colaboración entre los países de México y Centroamérica (a la cual llaman Mesoamérica) datan de 1991. Ello se dio en el marco de la institucionalización de las Cumbres de Tuxtla, creadas como un foro político para impulsar la discusión y resolución de temas políticos y económicos, así como de cooperación entre los gobiernos de México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Lo anterior dio lugar a que en 1996 se acordara el establecimiento del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla y Adhesión de nuevos países, entre los países mencionados. Dicho mecanismo se va a mantener como un foro importante de concertación de los países de Mesoamérica, para establecer objetivos y acciones tendientes a disminuir las desigualdades y la pobreza.

Cuadro 2. Evolución de los mecanismos de cooperación en Mesoamérica (1991-2024)

Año	Mecanismo / acción
1991	Cumbres de Tuxtla
1996	Diálogo y concertación de Tuxtla
2001	Plan Puebla-Panamá (PPP)
2004	Mecanismo del Plan Puebla-Panamá
2007	Cumbre para el fortalecimiento del Plan Puebla-Panamá
2008	X Cumbre de Tuxtla y Evolución del PPP a Proyecto Mesoamericano (PM)
2020	Evolución Externa de Proyecto Mesoamericano
2020	Se instala Grupo de Trabajo seguimiento del PM
2023	Reingeniería del Proyecto Mesoamericano
2024	Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2028

Fuente: elaboración propia con base en Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (Proyecto Mesoamérica s./f.).

En 2000 se firmó el primer Tratado de Libre Comercio entre México y el llamado Triángulo del Norte (compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras), el cual entró en vigor en 2001. Estos países se distinguen por una marcada pobreza y bajo desarrollo socioeconómico lo cual ha alentado un creciente y continuo flujo migratorio hacia los Estados Unidos, como parte del proceso de globalización y sus efectos devastadores. Este acuerdo comercial tuvo como objetivo estimular la expansión y diversificación del comercio de bienes y servicios, así como promover condiciones de libre competencia dentro de la zona, eliminando barreras al comercio y a los capitales y protegiendo los derechos de propiedad intelectual.

Es importante mencionar que no es fácil encontrar información entre los estados, municipios y departamentos fronterizos de México y Guatemala que nos permita comparar el grado de crecimiento y desarrollo que experimentan estas regiones fronterizas. En el caso de Guatemala, su disparidad económica con México dificultó que dicho tratado le diese mayores ventajas para expandir su comercio, que ya desde principios de los años 2000 presentaba una balanza comercial deficitaria. Mientras que México exporta a Guatemala y al resto de Centroamérica maquinaria y equipos, así como productos alimenticios procesados, Guatemala exporta a México principalmente productos primarios. Lo anterior configura una condición de interdependencia asimétrica entre México y Guatemala, la misma condición que México presenta frente a los Estados Unidos.

Paralelamente, y bajo el Proyecto Mesoamericano, en 2001 se estableció el Plan Puebla-Panamá (PPP), con el objetivo de promover el desarrollo y la integración regional, pero también para fomentar una mayor cooperación internacional entre México y los países de Centroamérica. En los años siguientes se avanzó en una mayor institucionalización de este plan y, en el contexto de la X Cumbre de Tuxtla de 2008, los países miembro decidieron dar un salto a lo que nombrarían Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (Proyecto Mesoamericano). Este planteaba tres cambios fundamentales con respecto al PPP: 1) libertad para que cualquier país miembro pudiese impulsar libremente proyectos de alto impacto regional; 2) fortalecimiento del eje social y ambiental, incluyendo temas actuales como cambio climático, gestión integral del riesgo, agua y saneamiento, bioenergía, transporte multimodal y vivienda; y, lo más importante, 3) definición de los temas prioritarios que diesen como resultado la generación de bienes públicos regionales.^[12]

En 2009, se procedió a la firma del Acta que institucionalizó el Proyecto Mesoamericano en la XI Cumbre de Tuxtla, estableciendo el mecanismo de gobernanza, así como el papel y composición de los órganos políticos y técnicos que servirían de apoyo a la implementación de acciones y procesos de cooperación en el ámbito transfronterizo. A pesar de promover mayores y mejores relaciones transfronterizas y proyectos de infraestructura conjuntos entre los países de Centroamérica, este mecanismo no tuvo una base social de actores que lo impulsara fuera del gobierno, lo que llevó a que el mismo fuese un acuerdo de papel más que de acción. Sin embargo, con el crecimiento del comercio de México con Centroamérica, entre 2016 y 2017 se dio un paso importante para el Proyecto Mesoamericano: el Plan Estratégico 2018-2022. Este definió cuatro pilares: 1) fortalecimiento institucional; 2) implementación de la Agenda Mesoamericana de Cooperación; 3) definición de Alianzas Estratégicas para el desarrollo inclusivo y la integración; y 4) surgimiento con un posicionamiento y una difusión del proyecto.

Es interesante que, después de casi 17 años de existencia y permanencia de dicho mecanismo de las Cumbres de Tuxtla, recién bajo el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), en 2020 se realizó una evaluación externa del Proyecto Mesoamericano. De ella derivan varias recomendaciones, destacando la necesidad de promover un mayor número de reuniones de la Comisión Ejecutiva, pero de carácter sustantivo, es decir que de ellas emanaran acuerdos reales para su implementación y no solo discursivos. Siguiendo esta recomendación, en 2021 se conformó el Grupo de Trabajo que daría seguimiento a dichos acuerdos, estableciendo el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2028.

Con relación a los datos comerciales, de acuerdo con la Secretaría de Economía de México, ya desde 1998 el comercio entre México y Guatemala había empezado a crecer de forma sostenida. En 2008, las exportaciones del primer trimestre prácticamente se duplicaron (cerca de 400 millones de dólares), lo mismo que las importaciones, que rebasaron los 100 millones de dólares. Sin embargo, para el primer trimestre de 2010, las importaciones desde Guatemala crecieron en términos relativos más que las exportaciones desde México, pero conservando un dato ascendente. En el primer trimestre de 2012, las exportaciones de Guatemala alcanzaron casi los 500 millones de dólares, y las importaciones cayeron a menos de 200 millones de dólares. A partir de 2013, empieza un período de altibajos en este comercio bilateral.

Sin embargo, en 2016, el comercio exterior de México con Guatemala comienza a ser significativo, y se da sobre las bases de una relación bilateral. Un dato interesante es que de acuerdo con esta misma fuente, en 2016 el 21% del comercio de México con los países de América Latina y el Caribe corresponde a los países de Centroamérica, destacando Guatemala por ser limítrofe. Entre estos dos países se produce un mayor intercambio comercial que, en conjunto con las otras naciones centroamericanas, puede ser considerado como parte del proceso de regionalismo abierto, impulsado desde la globalización económica.

Este mismo nivel de comercio bilateral se mantuvo hasta 2020, experimentando un crecimiento considerable hasta el primer trimestre de 2022, con casi 700 millones de dólares, pero experimentando una fuerte caída en las exportaciones del primer trimestre de 2024, de casi 200 millones de dólares, sucediendo lo mismo con las importaciones. Es difícil tener una explicación fehaciente al respecto, pero es probable que la apreciación del peso mexicano hubiese influido en esta caída así como el encarecimiento de los productos que van regularmente al mercado de Guatemala (aunque uno de los principales productos que se exportaba a dicho país era la energía eléctrica).

En los Cuadros 3 y 4^[13] sobre el intercambio comercial entre México y Guatemala, se puede apreciar que, pese a los diversos acuerdos de integración regional, el comercio bilateral y transfronterizo sigue siendo pequeño. Ello sucede a pesar de que una parte importante de los productos mexicanos de exportación presentó un avance positivo entre 2011 y 2022 (Cuadro 3). Contrariamente, entre 2022 y 2023, México dejó de exportar medicamentos en proceso, así como el ingrediente activo que los integra. La venta de energía eléctrica, que casi se duplica de 2011 a 2022, apenas se incrementa en 5 millones de dólares en 2023. En el caso de la venta de manufacturas (monitores y proyectores), prácticamente se duplica de 2011 a 2022, pero presenta una caída considerable de 2022 a 2023. Finalmente, los alambres y cables eléctricos, un componente de exportación importante a Guatemala, prácticamente no crece entre 2022 y 2023. Esto último evidencia la poca fortaleza industrial de Guatemala y la limitada existencia de cadenas productivas, pero también representa una caída de las exportaciones mexicanas hacia dicho país.

Cuadro 3. Exportaciones desde México hacia Guatemala

Producto	Valor Neto (millones de dólares)
	2011	2022	2023
Medicamentos que consisten en productos mixtos o sin mezclar	64,9	–	–
Tensioactivos, lavado (incluido el lavado auxiliar) y preparaciones	57,3	–	–
Energía eléctrica (partida discrecional)	55,5	125	130
Monitores y proyectores que no incorporan aparatos de recepción	49,6	102	67
Alambres y cables eléctricos	–	76.6	73

Fuente: elaboración propia con base en Gobierno de México (2024b).

Como se dijo anteriormente, las exportaciones de Guatemala a México siguen basándose en productos primarios, al menos los que tienen mayor volumen (Cuadro 4). Entre ellos, el aceite de palma presentó una caída de 2011 a 2022 y un ligero incremento en 2023; el caucho natural y sus derivados van a la baja en los 3 años que se comparan; y la caña de azúcar se duplica respecto de 2011, pero no deja de ser una cantidad pequeña.

Cuadro 4. Exportaciones desde Guatemala hacia México

Producto	Valor Neto (millones USD)
	2011	2022	2023
Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente	111	68,9	79,5
Caucho natural; balata; gutapercha; guayule; chicle y gomas naturales análogas	103	76,4	60,2
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura	19,3	–	47,8
Camisetas de punto	20,5	38,6
Artículos de confitería sin cacao. Chocolate blanco			27,8

Fuente: elaboración propia con base en Gobierno de México (2024b).

Sin embargo, la información en el Cuadro 5 da una idea de las condiciones generales del crecimiento económico y el desarrollo, al menos en el caso del estado de Chiapas (como principal estado fronterizo) y una pequeña parte que corresponde a Tabasco.

En forma global, se encuentra que Chiapas y Tabasco ocupan los lugares 30 y 20 de los 32 estados de México, respectivamente, lo cual muestra un marcado rezago de estos estados con respecto a la frontera norte, siendo los indicadores que menos los favorecen la innovación y la economía (lugares 31 y 32), así como los mercados de trabajo (ocupando los lugares 28 y 21). Ya puede advertirse la disparidad con la frontera norte, donde la economía está, en general, bastante bien posicionada en el índice de competitividad regional, junto con la innovación, vinculada en particular al sector industrial.

Sin embargo, hay dos indicadores que sobresalen por su posición hacia el alza: derecho y sistemas políticos (ocupando Chiapas el lugar 10 y Tabasco el 9); y sistema político y gobierno (ocupan los lugares 19 y 6, respectivamente). Sin duda, el indicador más preocupante y que muestra el abandono, la desigualdad y la asimetría con el norte de México es el relativo a la infraestructura (acceso a bienes públicos como conectividad, movilidad, desarrollo urbano, entre otros), ya que Chiapas ocupa el último lugar, el número 32. Sin embargo, Tabasco está a una diferencia de 10 lugares de Chiapas, lo que no deja de ser también evidencia de las asimetrías internas que se experimentan en el país y las desigualdades por frontera.

Esta información demuestra el alto grado de desigualdad que existe en la frontera sur, tanto en su economía como en la generación de empleo, y refiere la existencia de una economía frágil con pocas oportunidades de trabajo digno para la población local, y una limitada vinculación con la economía guatemalteca, con un bajo nivel de colaboración transfronteriza, como para impulsar proyectos conjuntos vinculados al turismo, la educación y el medio ambiente.

Cuadro 5. Índice de Competitividad Regional en Chiapas y Tabasco, 2024

Indicador	Chiapas	Tabasco
General	30	20
Innovación y Economía	31	28
Mercado de Trabajo	32	21
Derecho	10	19
Sociedad y Medio Ambiente (1)	26	8
Infraestructura	32	22
Sistema Político y Gobierno	9	6

Fuente: elaboración propia con base en el Índice de Competitividad Estatal (IMCO, 2024). (1) Mide educación, salud y medio ambiente.

El principal significado de lo anterior radica en que Chiapas y Tabasco son estados con un fuerte rezago en sus economías y, en el caso del primero, en el indicador de sociedad y medio ambiente (acceso a la educación, salud y protección al medio ambiente), ya que se ubica en el lugar 26, lo cual muestra un gran atraso en indicadores clave para el desarrollo, en tanto Tabasco –que ocupa el número 8– parece despegarse de los últimos lugares. En contraste, se advierte un avance en el sistema de derecho y el sistema político y gobierno, lo cual habla de la gobernabilidad de la región, que es imprescindible para cualquier proceso de desarrollo.

Por su naturaleza y a partir de su interacción, las ciudades y localidades que comparten una frontera se benefician de las diferencias en los precios de los factores. Hasta 2019, el fortalecimiento del quetzal (moneda guatemalteca) lo hizo más competitivo en México, lo que atrajo un crecimiento importante del comercio transfronterizo. Ello no se limitó necesariamente al menudeo, sino que los grandes almacenes en las ciudades fronterizas de México expedían importantes cantidades de mercancía a compradores guatemaltecos, que podían cruzar productos en grandes cantidades a través del río, sin el pago correspondiente de impuestos o derechos.

En el último período se han producido múltiples esfuerzos para impulsar el crecimiento económico de la región de México y Centroamérica y para atraer la inversión extranjera directa. Sin embargo, en la medida en que dichos esfuerzos no sean acompañados de políticas y recursos para mejorar la calidad de vida de la población en estos territorios, será muy difícil tener éxito en este objetivo. A continuación, se exponen brevemente los esfuerzos que, a través de diversos instrumentos, los países de la región han intentado desarrollar para sumarse a la ola de la integración regional, no solo en el ámbito económico, sino también social y ambiental. En todos ellos, México participa como líder y Guatemala como uno de los integrantes de dichos mecanismos.

Es interesante observar que, mientras otras iniciativas de menor importancia han sido de corta vida, el Proyecto Mesoamericano sigue vigente, recibiendo un nuevo impulso bajo el gobierno del ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, preparando el Plan Estratégico Institucional 2024-2030, que ahora deberá ser impulsado por el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Se plantea como principal objetivo avanzar en la reingeniería institucional del mecanismo de colaboración (Proyecto Mesoamericano), así como en su transformación y en el establecimiento de prioridades, a través de los tres pilares que han fijado los participantes: 1) fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales; 2) promoción de alianzas y posicionamientos internacionales; y 3) gestión de financiamiento y cooperación internacional. Si bien los esfuerzos de los países de la región no han decaído en cuanto a impulsar una amplia alianza de integración regional, los resultados concretos siguen sin poder visualizarse. Aún cuando en el último período, el presidente de México promovió el Programa Sembrando Vida y este se ha extendido hacia otros países de la región, las diferencias socioeconómicas son abismales.

En la última parte de este trabajo es importante analizar la otra cara del comercio transfronterizo, ya que si bien los datos agregados son útiles para tener un panorama de la relación económica entre países, existe otra dimensión que es propia de las regiones de frontera y que tiene que ver con la dinámica de intercambio entre comunidades y poblaciones fronterizas. Nos centramos en el análisis de sus dinámicas y alianzas en el ámbito transfronterizo, lo cual se abordará utilizando una perspectiva más cualitativa que cuantitativa por las dificultades que encierra evaluar el peso económico de dichos intercambios.

Integración socioeconómica y cooperación transfronteriza más allá de los acuerdos supranacionales

A partir de la discusión que se ha establecido en los tres apartados anteriores, es factible señalar que el avance en el proceso de integración regional en el norte de México y sur de los Estados Unidos obedece a factores estructurales y coyunturales, los cuales fueron apuntalados por estrategias del gobierno central, y también alimentados por la propia dinámica de la interdependencia que se fue gestando en esta frontera, producto del conjunto de factores antes expuestos. Por su parte, la falta de un mayor avance en el proceso de integración económica regional entre México y Centroamérica no impidió que en el ámbito de la región fronteriza entre México y Guatemala existiera una mayor interacción e integración entre sus poblaciones, no solo en lo económico, sino también en lo social y cultural.

De hecho, una parte importante de la movilidad de personas en la región de la frontera sur corresponde a trabajadores transfronterizos que cruzan desde el lado guatemalteco al mexicano para realizar actividades productivas, principalmente en los campos agrícolas de las zonas contiguas (Arriola-Vega, 2020). Cabe mencionar que la mayoría de las personas trabajadoras obtiene con relativa facilidad una tarjeta de trabajador transfronterizo, lo cual le permite cruzar por los puertos de entrada formales, aunque por la facilidad del cruce en muchas ocasiones lo hacen por los pasos informales (Barajas Escamilla, Ortiz-Gómez y Kosygina, 2020).

En la frontera sur se castigó el desarrollo de la agro-industria, la participación de la pequeña empresa y las comunidades originarias, desperdiciando la posibilidad de recuperar conocimientos ancestrales de las comunidades originarias asentadas en la región, gracias a los cuales se utilizara la tecnología en apoyo a la producción local. Los nuevos gobiernos de la República Mexicana deben necesariamente apoyar este sector de tipo local-regional, y no solo la agro-industria de exportación, que además ha generado impactos ambientales negativos en la frontera sur de México.

Prueba de lo anterior es el amplio comercio transfronterizo que se produce en la mayoría de los espacios de frontera que comparten México y Guatemala y que reconocen una larga historia. Dicho comercio se ha desarrollado a partir de la cercanía y la necesidad de intercambio mutuo de estas poblaciones para satisfacer sus necesidades básicas, de alimento, vestido y cobijo, entre otras. Un ejemplo de esto lo constituye la relación social y comercial que se establece entre poblaciones que habitan los municipios de Tecún Umán y Ciudad Hidalgo (con dos pasos fronterizos) y entre El Carmen y Talismán, que son reconocidas como las zonas de mayor intercambio comercial en el ámbito fronterizo, en parte dada su cercanía con Tapachula. Lo mismo sucede en los municipios fronterizos de La Mesilla y La Trinitaria, Frontera de Comalapa y Gracias a Dios, donde no solo hay un comercio transfronterizo muy fluido, sino una verdadera configuración transfronteriza: a estos municipios no los divide una caseta de control, sino una calle; los habitantes de ambas comunidades fronterizas son parientes entre sí, tienen el mismo origen, las mismas raíces étnicas y hasta podría afirmarse que su economía es una sola.^[14]

Clot y Martínez (2015) señalan que a través de los pasos formales e informales de la frontera sur se producen distintas movilidades, desde trabajadores transfronterizos temporales, comerciantes y vendedores ambulantes hasta población migrante en tránsito, particularmente guatemalteca, hondureña y salvadoreña. Al respecto, estos autores estiman que antes de 2015 se producían alrededor de 400.000 cruces anuales en promedio, aunque después de 2018, estas cantidades se dispararon.

En entrevistas realizadas en 2022 en la frontera de Ciudad Hidalgo-Tecún Umán, diversos actores de la sociedad refirieron la importancia económica de la llegada de las caravanas de migrantes a partir de 2020 ya que –al contrario de lo que se conoce por la prensa– muchos de estos migrantes utilizaban sus pocos recursos para la compra de víveres, comida en pequeñas fondas y/o renta de habitaciones. Ello contribuyó a que la economía local no colapsara, aunque los habitantes de zonas de altos ingresos tuvieron una actitud de rechazo frente a las personas migrantes. De hecho, rápidamente los comerciantes se adaptaron a las necesidades de estos nuevos habitantes, que no siempre pueden ser resueltas por la sociedad civil organizada a través de albergues o los pocos servicios que brindan los organismos públicos.

Si se analizan los grandes conflictos que han surgido por el acceso al agua y a la tierra en la frontera sur, se observa que estos tienen su razón de ser en la falta de mecanismos de solución de conflictos para los pobladores de las regiones fronterizas y transfronterizas, especialmente de mecanismos al alcance de autoridades comunales o locales. Algo similar ocurrió en un pasado no tan lejano en la región fronteriza entre México y los Estados Unidos, donde se experimentaron conflictos y ataques esporádicos de quienes se sentían despojados de sus tierras (pueblos originarios ubicados en esta frontera), y cuyos problemas no fueron resueltos debidamente por la falta de esos mecanismos. En este sentido, debe destacarse el abandono y olvido en el que tanto gobiernos locales como centrales han tenido a las poblaciones indígenas del sur del país, que son los principales grupos de población, que experimentan conflictos por la tierra y que han sido altamente contestatarios frente el abuso de los terratenientes y dueños de los ranchos con mayor acceso a bienes públicos, como es la infraestructura de conectividad para sus negocios y hacia la frontera.

Bajo la globalización, los Estados-nación consideran que el desarrollo social se logra a través del comercio internacional. Sin embargo, existen pruebas fehacientes de que lo anterior en realidad no tiene sustento. Hay que analizar con detenimiento y sentido crítico lo que sucede en la frontera norte de México, donde el crecimiento económico que ha producido su inserción en el comercio internacional no ha significado desarrollo social para sus poblaciones. No al menos en el nivel requerido, ya que grandes polos de crecimiento económico, como Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales y hasta Matamoros, experimentan serios problemas urbanos, que se traducen en falta de servicios, dotación de agua, viviendas dignas o suficientes espacios escolares para la población de bajos ingresos, es decir la clase trabajadora. Independientemente del crecimiento del comercio internacional, regiones periféricas como son los espacios de frontera, requieren de un verdadero apoyo por parte de sus gobiernos centrales, en este caso México y Guatemala. Pero también necesitan de sus gobiernos locales para generar mayor inversión en infraestructura carretera, conectividad y desarrollo urbano, así como apoyo a la educación, ya que solo de esta forma se podrá reducir la desigualdad social, terminar con la pobreza y disminuir las asimetrías entre regiones y países.

En esta tesitura, una verdadera cooperación transfronteriza puede jugar un papel activo para el desarrollo de las comunidades fronterizas y transfronterizas. Ramírez et al. (2022) plantean la necesidad de revisar la experiencia de cooperación europea, a través de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE), como medio para lograr una mayor cohesión social de las comunidades de frontera. Ello implicaría fortalecer la cooperación entre autoridades locales y regionales, destinar financiamientos plurianuales para el desarrollo de proyectos transfronterizos, promover estructuras de cooperación sostenibles y la participación de actores locales en dichas estructuras.

Reflexiones finales

Como se menciona al inicio de este capítulo, el principal objetivo del mismo es mostrar la participación de un país como México en dos modelos de integración regional (uno con Estados Unidos y Canadá y otro con Guatemala y los otros países de Centroamérica). Dichos esquemas presentan distintos resultados en cuanto al crecimiento económico, pero escasos impactos de dicho crecimiento en el desarrollo social.

Si bien hay diferencias importantes entre el norte y el sur de México, el primero altamente industrializado y el segundo ampliamente explotado en sus recursos naturales, ninguno de estos modelos de integración regional contempla estrategias de desarrollo social para sus poblaciones. Probablemente se deba a que sigue predominando la concepción de que el desarrollo es consecuencia del crecimiento, aunque las evidencias muestran que no es así, según se ha planteado sobre la frontera norte.

Desde 2018, el gobierno de México ha decidido modificar su paradigma económico, lo cual ha significado priorizar la atención a las causas de la pobreza en el país, distanciarse del modelo neoliberal producido bajo el proceso de globalización y fortalecer al Estado, devolviéndole las funciones de bienestar, invirtiendo en obras estratégicas, elevando de manera paulatina el salario mínimo para recuperar su valor, otorgando apoyos económicos directos a la población (adultos mayores, estudiantes, madres solteras) e impulsando el proyecto Sembrando Vida, entre otros. Al mismo tiempo, a partir de un mejor manejo de las finanzas públicas, ha logrado mantener el control sobre las variables macroeconómicas clave, en la búsqueda de atraer mayor inversión extranjera y de que los países de la región de Centroamérica sigan su ejemplo.

Este capítulo centró el análisis en la comparación de la dinámica económica y social que deriva de acuerdos de integración regional suscritos entre México, Estados Unidos y Canadá (aunque solo nos hemos concentrado en la relación de los dos primeros países) y entre México y Centroamérica (Mesoamérica), destacando particularmente el caso de Guatemala. Se analizó cómo ello ha impactado en la desigualdad de la región y ha afectado al desarrollo de las relaciones transfronterizas en ambos territorios.

La firma de los tratados de delimitación de la frontera norte y la frontera sur de México trajo como consecuencia un período de estabilización, que permitió a las zonas fronterizas y periféricas de México una expansión poblacional y, a la vez, un cierto crecimiento económico. Sin embargo, no podría dejar de reconocerse que los procesos económicos y sociales experimentados en el norte y en el sur han tenido efectos diferenciados, aun y cuando en ambos territorios se manifiesta la pobreza y la desigualdad, producto de dos modelos de crecimiento poco sustentables: en el norte un crecimiento industrial basado en los bajos salarios y mano de obra de baja calificación, y en el sur un crecimiento basado en el extractivismo y depredación de sus recursos naturales.

En el caso de la frontera norte, su estratégica posición geográfica con respecto a los Estados Unidos, más una situación coyuntural permitieron el florecimiento del turismo y la migración interna, que rápidamente pobló la región. En tanto, a lo largo de la frontera entre México y Guatemala se desarrollaba una relación intensa entre las poblaciones fronterizas, donde los vínculos se multiplicaban por el comercio formal e informal, así como por las relaciones entre familias y la utilización de servicios en ambos lados de la frontera. Si bien es difícil calcular su peso cuantitativo por su carácter informal, el comercio transfronterizo tiene gran relevancia en esta región, que incluso se vio estimulado como producto de las caravanas migrantes desde 2018.

Lo anterior reclama una gestión adecuada de los conflictos, la emergencia de procesos de gobernanza como una forma de coordinación multiactoral y multinivel para resolver y gestionar colectivamente las problemáticas de las fronteras.

Los esfuerzos de diversos mecanismos para promover mayor intercambio comercial con Centroamérica no parecen haber logrado impulsar una mayor integración comercial ni estimular la cooperación internacional. Esto se debe a que los mecanismos de cooperación en las regiones de frontera se han limitado fundamentalmente a las mesas transfronterizas, donde actores locales discuten y entablan comunicación con sus pares, sin ser parte de los mecanismos que se plantearon como la última etapa de la gobernanza transfronteriza entre México y Guatemala.

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