Circuitos de ropa usada
provenientes de la frontera
La Quiaca (Argentina)/Villazón (Bolivia)

Andrea Noelia López^[1]

Introducción

La venta, distribución y comercialización de ropa usada es una de las actividades más importantes del comercio transfronterizo. Dicha actividad articula un complejo de prácticas económicas, sociales y políticas que suceden al mismo tiempo y en muchos lugares. El traslado de estas mercancías involucra cruces de fronteras geopolíticas, diferentes medios de transporte y una articulación entre vendedores, transportistas y compradores, insertos en una dinámica económica que mueve una amplia región mundial y donde el comercio llamado informal se torna cada vez más intenso.

Para llegar a ciudades de países como Chile, Bolivia, Brasil y la Argentina los fardos de ropa usada involucran un régimen particular de movilidad en el que se articulan lugares y personas ubicados en distintos territorios y situaciones. En la frontera La Quiaca/Villazón, al igual que en la zona conocida como “vieja terminal” de la capital jujeña, pueden verse a diario personas que descargan y acomodan fardos de ropa usada. En ese marco, cabe preguntarse ¿cómo llega hasta la frontera La Quiaca/Villazón la ropa usada? ¿Qué reglamentación nacional existe sobre las importaciones de dicha mercadería? ¿Qué dinámicas fronterizas se activan para su cruce? ¿Qué estrategias populares se crean y utilizan en el camino? ¿Qué redes de trabajo se articulan para su traslado? ¿Qué papel juega este trabajo en la economía popular provincial? Para responder esas preguntas, el objetivo de este trabajo es reconstruir y trazar los circuitos de distribución y comercialización que tiene la ropa usada hasta llegar a las ciudades de La Quiaca y San Salvador de Jujuy (Jujuy, Argentina) a fin de indagar en las normativas que regulan su importación, las dinámicas fronterizas de cruce que se activan y la importancia de los movimientos económicos que dicha actividad genera para el desarrollo local.

Para este trabajo resulta fundamental entender los espacios fronterizos en tanto performación, como producción y producto en constante proceso, definido y creado por sus actores en una multiplicidad de complicidades y por lo tanto inseparables de la experiencia de los sujetos de esos ámbitos, “espacios que se habitan desde una relación particular con el lugar, el ambiente, la cultura, el territorio y los paisajes sociales” (López, 2016, p. 27). Esa manera de entender los espacios fronterizos allana el camino para pensar la tensión entre lo legal e ilegal como parte constitutiva de la vida cotidiana fronteriza. Así, algunas actividades económicas que son consideradas como contrabando por los Estados y sus agentes, para las poblaciones son una actividad económica que permite la subsistencia. Se trata de Ilegalismos populares que dan cuenta de cierto ingenio de supervivencia e intervención, escenas creativas en las que la imaginación se presenta como posibilidad para generar circulación y transporte de mercadería en una provincia donde la precariedad generalizada de empleo ha sido una constante en los últimos años.

Dado el foco investigativo, el diseño metodológico se centró en una estrategia cualitativa. El abordaje eminentemente inductivo que lleva a desarrollar esta metodología importa un diseño de investigación flexible y abierto. Para la elaboración de los datos, las técnicas metodológicas empleadas combinaron: registros etnográficos durante los meses de enero y junio en la frontera estudiada y en la zona conocida como la vieja terminal de la ciudad de San Salvador de Jujuy. A ellos se les suman los trabajos etnográficos realizados en las mismas zonas en años anteriores. Además, entrevistas flexibles durante la segunda estancia del trabajo de campo realizadas a Coco y Ramiro,^[2] ambos vendedores de ropa usada: Coco en el mercado de Tilcara, y Ramiro en una feria de la ciudad capital. Como se cree que el sentido de la vida social se expresa particularmente a través del discurso que emerge en la vida diaria de manera informal, bajo la forma de comentarios, anécdotas, términos de trato y conversación, durante los trabajos de campo también se mantuvieron diálogos por fuera de las entrevistas con compradores y trabajadores presentes en estos espacios que no fueron registrados como entrevistas, pero que nos ayudaron a comprender mejor las distintas dinámicas de esta frontera. Finalmente, para enriquecer las reflexiones se sumaron relevamientos de datos sociodemográficos provinciales sobre las condiciones de trabajo formal y no formal y resoluciones ministeriales de entidades públicas sobre importación de bienes usados.

El artículo presenta cinco secciones. La primera reconstruye los circuitos de transporte que realiza la ropa usada desde las ciudades estadounidenses hasta la frontera argentino-boliviana. La segunda describe y analiza las normativas y reglamentaciones de dicha mercadería en el país. La tercera presenta algunas características de la frontera La Quiaca/Villazón y las dinámicas fronterizas de cruce propias de este espacio. La cuarta describe los cruces y caminos desde la frontera argentino-boliviana hasta la ciudad de San Salvador de Jujuy y analiza las ingenierías populares que permiten sortear los controles de Gendarmería. Finalmente, la quinta sección reflexiona en torno a la economía informal provincial y las paradojas del control estatal como fundamento que permite y tolera dicha actividad económica.

Fronteras y ropa usada. Escritos sobre la circulación en América Latina

La venta, distribución y comercialización de ropa puede pensarse como un complejo de prácticas económicas, sociales y políticas que suceden en muchos lugares y al mismo tiempo, a partir de mercancías consideradas por el capitalismo como excedentes, sobrantes y desechos (Sandoval, 2018). Estos son derivados del exceso de la producción global de mercancías que se distribuyen y revenden a través de cadenas, redes o circuitos comerciales internacionales y locales que se sostienen en instituciones sociales tanto externas como propias de la lógica de la acumulación.

A través de diferentes dispositivos se comercializan mercancías que son de desecho en un territorio, pero reutilizables en otro; o mercancías legales en un territorio, pero ilegales en otro. Estos productos son susceptibles de ser transportados y se les cambia el valor para ponerlos a disposición de las sociedades más dependientes y de menores recursos económicos. Entonces, la venta, distribución y comercialización están integradas por actores en diferentes posiciones jurídicas y sociales: estatales y no estatales, que actúan con legitimidad y otros ilegítimos, legales e ilegales (Sandoval, 2018).

Existen enormes dispositivos de comercialización de ropa usada dispersos por todo el mundo que dan cuenta de una compleja organización social, cultural, económica y política de cadenas o circuitos de distribución que facilitan que la ropa usada arribe, sea distribuida, vendida y se consuma en muchas localidades. El flujo de mercancías a través de circuitos internacionales permite su comercialización en mercados populares y calles de ciudades en distintas partes del mundo. A nivel mundial, la ropa usada es un comercio multimillonario cuya distribución genera el desarrollo de diversos negocios relacionados a la compra, venta, empaque, distribución, circulación, transporte, inventario y administración.

En América Latina en los últimos años, la ropa usada adquirió una importancia significativa. Su traslado hasta los lugares de destino involucra cruces de fronteras geopolíticas, diferentes medios de transporte y una articulación entre vendedores, transportistas y compradores. Estas cadenas de trabajadores están insertas en una dinámica económica que mueve una amplia región mundial y donde el comercio llamado informal se torna cada vez más intenso.

Para llegar a países como Chile, Bolivia, Brasil y la Argentina, los fardos de ropa usada involucran un régimen particular de movilidad en el que se articulan lugares y personas ubicadas en distintos territorios y situaciones. Según varios autores, como la antropóloga Ana Pérez (2013), la ropa que se distribuye en gran parte de América Latina proviene de ciudades como Mc Allen (Texas), Houston o Nueva York, todas localizadas en Estados Unidos. El origen de esta ropa se remonta a los donativos que los consumidores norteamericanos hacen a asociaciones, instituciones o grupos que tiene fines de diversos tipos. Existen, al menos, dos modelos de recolección de mercancía, uno llamado Goodwill (“buena voluntad”) y el otro Credenza. El primero de los modelos implica la participación de instituciones reconocidas en Estados Unidos –e incluso fuera de este país– que basan parte de su financiamiento en la recolección de donativos que venden luego de procesarlos. El modelo Credenza, por su parte, implica la participación de instituciones y asociaciones no conocidos de manera local que recolectan los donativos de ropa usada en asociaciones directas con los brokers^[3] (Sandoval, 2018).

Los modelos de recolección denominados Goodwill y Credenza se mezclan en las ciudades de Houston o el Valle de Texas de tal manera que, por ejemplo, en los países latinoamericanos no existe dicha diferenciación. Allí, los comerciantes, al igual que los clientes,^[4] llaman a esta mercadería ropa de paca o ropa usada y las categorías hacen referencia a la calidad: premium 1, premium 2, premium 3, primera calidad, segunda calidad, tercera calidad, entre otras. Cada categoría se subdivide de acuerdo con las personas usuarias, así se crean fardos de mujeres, varones y niños (que incluye ropa de niñas). Además de las distinciones por género y edad, la ropa recolectada se divide también por temporada, por ejemplo, ropa de invierno y de verano (Sandoval, 2018). Así, la ropa para ser comercializada pasa por diversas revisiones y clasificaciones. Una vez clasificada, los comerciantes cuentan con una cartera de circuitos y transporte que las distribuye. Desde estos centros de acopio, sobre todo de las ciudades estadounidenses, se distribuye la mercadería a países como Honduras, Guatemala y Chile, uno de los mayores importadores de ropa usada en América Latina.

Al país trasandino las mercancías entran por los puertos de Arica e Iquique. Según el informe de la BBC “El inmenso ‘basurero del mundo’ de ropa usada en el desierto de Atacama” (2022), por el puerto de Iquique entran cada año aproximadamente 59 mil toneladas de ropa usada, una gran parte de la cual llega a la zona conocida como Zofri. Allí operan más de cincuenta importadores de prendas de segunda mano que intercambian sus mercancías libres de impuesto. En este espacio, se produce una nueva selección en la cual se sacan fardos de primera, de segunda y de tercera categoría. En la primera categoría se encuentran las mejores prendas, sin detalles y sin manchas. En los fardos de segunda se pueden encontrar prendas sucias, descosidas y en los de tercera se encuentran productos deteriorados. Son estos fardos, los de tercera categoría, los que normalmente terminan desechados.^[5]

En la localidad de Iquique, la ropa usada toma una multiplicidad de circuitos para llegar a ciudades de Perú, Bolivia, Brasil y la Argentina. El corredor Tacna (Perú)-Arica (Chile) ha sido estudiado por diversos investigadores y desde diferentes perspectivas. Ricardo Giménez Palacios (2019) trabajó sobre los circuitos que recorren dichos fardos que entran por los puertos de Chile y son trasladados hasta la ciudad de Tacna (Perú) para ser vendidos posteriormente en las ferias al aire libre de esa ciudad. En su trabajo subraya sobre todo la importancia de los movimientos económicos que dicha actividad genera para el desarrollo a nivel local. Allí también expone el carácter informal que reviste toda la actividad, lo que pone en juego una serie de dispositivos de poder manifiestos en prácticas de abuso de autoridad desde diversas instituciones de gobierno, así como de actores civiles y medios de comunicación. Situaciones de vulnerabilidad son experimentadas y relatadas sobre todo en las experiencias de las mujeres comerciantes.

El consumo de prendas usadas también tiene una larga data en la historia económica de Bolivia. Según el informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (2005), gran parte de la mercancía que se comercializa en este país proviene de los almacenes norteamericanos conocidos como Goodwill. Para 2005, el volumen estimado de ropa usada sobrepasó las 8.000 toneladas anuales y solo el 7% de ese volumen fue ingresado legalmente. El restante 93% fueron importaciones no registradas que utilizan espacios geográficos fronterizos con la república de Chile. En Bolivia, las ciudades de Oruro y Santa Cruz funcionan como grandes centros de distribución. En la ciudad de Oruro existen dos lugares de expendio: la feria Kuntuta y las tiendas sobre la avenida Brasil. Esta ciudad contaba, para ese año, con 4.160 puestos de venta de ropa usada, de los cuales aproximadamente 3.700 se encuentran en la feria Kuntuta, 275 puestos en la avenida Brasil y 155 ubicados en otras zonas, especialmente en la parte central de la ciudad. Estas ferias no solo sirven de abastecimiento para las ciudades bolivianas, sino también para ciudades argentinas.

El circuito global de ropa usada también ha sido trabajado en la frontera de Brasil y Bolivia. Según Hernández y Ferreira (2017), los fardos llegan a las ferias libres de la ciudad fronteriza de Corumbá, tras pasar por los puertos chilenos y ciudades bolivianas como La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y Puerto Quijarro. Posteriormente, son introducidas de manera “ilegal” en fardos de 45 kilos en el lado brasileño de la frontera, realizando un recorrido terrestre y/o ferroviario de poco más de 2.000 km. En estos espacios, la ropa usada cumple al menos dos propósitos, por un lado, dinamizar el comercio local de una región de frontera y, por el otro, generar posibilidades de vestimenta para diferentes compradores y usuarios que encuentran en estos espacios marcas y estilos de moda diversos.

Parte de los fardos de ropa usada que son redistribuidos y reordenados en la ciudad de Oruro también son trasladados por vía terrestre y/o férrea hasta la frontera argentino-boliviana, en el límite Villazón/La Quiaca donde comienza otro circuito que introduce dicha mercadería hasta las ciudades argentinas, circuitos sobre los que se profundizará más adelante.

Regulaciones en torno a los bienes usados

Las investigaciones y los datos citados en el apartado anterior, explicitan la importancia de la ropa usada para el comercio transfronterizo. Antes de describir los circuitos que dicha mercadería recorre desde la ciudad de Villazón hasta la ciudad de La Quiaca y desde allí hasta San Salvador de Jujuy, explicitaremos las regulaciones presentes en nuestro país, ya que ello define y condiciona sus caminos.

La normativa para la ropa usada comenzó regularmente en este país a principios de los años noventa, cuando el entonces Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos publicó la Resolución Nº 1646/91. En la misma se establece que:

A partir de la profundización de la apertura económica establecida por el Gobierno Nacional, con la derogación de los derechos de importación específicos se ha observado un profuso ingreso de bienes comprendidos en la posición arancelaria 63.01.00.00.00 que se refiere a mercaderías usadas.

Que lo precedentemente expuesto obliga a la autoridad de control a un ingente esfuerzo tanto en el aspecto sanitario como en el estado de uso de los bienes en cuestión, para detectar desvíos no siempre de fácil cuantificación debido a los factores inherentes a formas de presentación de la mercadería y variaciones en los gustos de la moda.

Que la relación costo-beneficio que podría esperarse de este incremento del comercio no ha sido la deseada, sino más bien, ha operado negativamente sobre la producción local y en el aspecto fiscal.

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

RESUELVE:

Artículo 1º — Prohíbase por el término de CIENTO OCHENTA (180) días la importación para consumo de bienes usados comprendidos en la posición 63.01.00.00.00 de la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Importación.

En relación al motivo de dicha prohibición, la Resolución aclara que responde a la necesidad del Estado de velar por el resguardo de la salud, seguridad pública y medio ambiente en general. Para el caso de las operaciones de importaciones existen acuerdos de control sanitario, de higiene y de seguridad de los productos que entran al país. Dado que dicha mercadería se presenta en condiciones de usada y a granel o en bolsas, supone un riesgo para la salud, la seguridad pública y el medio ambiente en general porque imposibilita llevar adelante un efectivo control sobre la importación y comercialización de dichos productos usados.

Desde entonces y hasta la actualidad, la prohibición tuvo varias renovaciones y algunas modificaciones. Durante los primeros años, las renovaciones fueron por 180 días y a partir de 2000 por un lapso de 5 años consecutivos. En cuanto a las modificaciones, el 18 de agosto de 1993 se sancionó una modificación relacionada con la excepcionalidad a la prohibición de importación. La Resolución Nº 892/93 explicita que diversas instituciones religiosas, así como también Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales han realizado presentaciones solicitando la excepción a la prohibición de importación cuando se trate de bienes donados. Por tanto, el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos resuelve en su primer artículo exceptuar de lo establecido:

(…) a las donaciones de ropa usada hechas a favor del Estado Nacional, Provincial o Municipal o, en su caso, a sus respectivas reparticiones y entes centralizados o descentralizados y a la Iglesia Católica Apostólica Romana, así como también a las Instituciones Religiosas de las distintas confesiones que se profesan en el país inscriptas en el Registro Nacional de Cultos con una antigüedad no menor a DOS (2) años.

En esta Resolución se establece además que la propiedad, posesión, tenencia o uso de las mercaderías beneficiadas por la excepción establecida en el artículo 1º no podrán ser objeto de transferencia por un lapso no menor de 5 años a contar desde el 1 de enero siguiente.

En los años posteriores, y hasta 1999, se renovaron las prohibiciones mediante dos decretos anuales. La Resolución de 2000 presenta algunas modificaciones. La primera es que es el Ministerio de Economía el que la realiza y la segunda es que se prorroga por un período no menor a 5 años consecutivos. En la misma se establece que, dado que aún persisten las circunstancias causales que motivaron las medidas citadas, se hace necesario proceder a prorrogar por otro período la prohibición de importación de bienes usados. Así, se prorroga hasta el 30 de junio de 2005 la negativa de importación para consumo de los productos usados.

En 2005 y 2010 volvió a prorrogarse la imposibilidad manteniéndose la excepcionalidad establecida por la Resolución Nº 892/93. Si bien dicha prohibición se establecía por 5 años, fue recién en 2017, es decir siete años más tarde, que se renovó a partir del Decreto Nº 333/2017, lo que dejó dos años de “vacío legal”. La Resolución de 2017 dispuso en el artículo 3 que las personas jurídicas privadas interesadas en acceder a los beneficios de la excepción constituida deberían inscribirse en un registro especial que sería creado por la Autoridad de aplicación, a fin de acreditar la existencia de la entidad, una antigüedad no inferior a dos años y justificar el destino de cada una de las donaciones que recibieran. Por su parte, el artículo 4 aclaró que la propiedad, posesión, tenencia o uso de las mercaderías beneficiadas por la excepción no podría ser objeto de transferencia a título oneroso.

Es la Resolución de 2017 la que sigue vigente hasta el momento de redacción de este artículo. Por tanto, en la Argentina la importación de bienes usadas para consumo está prohibida, con las excepcionalidades ya nombradas, dado que las condiciones de dicha mercadería no permiten cumplir con el control sanitario, de higiene y de seguridad establecido en el país.

La Quiaca/Villazón. Características y dinámicas fronterizas de cruce

A partir de todos los trabajos mencionados hasta aquí y tal como lo muestra la Figura 1, se puede establecer que para el caso de la Argentina la ropa usada entra por el puerto de Iquique (Chile), luego es trasladada por diferentes medios de transporte hasta las ferias ubicadas en las ciudades de Oruro y Santa Cruz, Bolivia. Allí, es reordenada, clasificada en fardos y transportada por vía terrestre o férrea hasta las fronteras argentino-bolivianas. En el límite de Villazón, los fardos son introducidos hasta la ciudad de La Quiaca y, desde allí, a la ciudad de San Salvador de Jujuy por circuitos “clandestinos” que activan dinámicas de traslados fronterizas características de estos lugares. Circuitos que se “habilitan” como resultado de las regulaciones nombradas en el apartado anterior.

Figura 1. Circuitos de ropa usada que se analizan en el texto

Fuente: elaboración propia sobre la base de bibliografía consultada y trabajos de campo.

El paso internacional La Quiaca/Villazón pone en contacto a la provincia de Jujuy (Argentina) y el departamento de Potosí (Bolivia). Las historias de estas ciudades están mancomunadas. La ciudad de La Quiaca se fundó en 1907, cuando finalizó el tendido de las vías del Ferrocarril Central Norte Argentino. Tres años después se fundó el pueblo boliviano que se convirtió en ciudad cabecera del Ferrocarril Boliviano a Tupiza. En ese entonces, el presidente boliviano Villazón firmó la adjudicación de lotes en la nueva población que se llamaría, en un primer momento, La Quiaca boliviana (Chambi Cáceres, 2013) y, en 1913, cambiaría el nombre a Villazón en honor al entonces presidente.

Como ya se explicó en otros trabajos (López, 2016; López y Zubia, 2022), las respectivas fundaciones y desarrollos de La Quiaca y Villazón están asociados a la actividad ferroviaria y a la circulación de bienes y mercaderías en intercambio. La presencia del ferrocarril Central Norte Argentino significó un claro progreso económico para ambas ciudades, ya que la mayoría de los comerciantes del norte argentino se trasladaron al pueblo boliviano llevando hasta la zona mercadería, en general para su venta.

La dinámica fronteriza durante mucho tiempo tuvo un carácter aduanero, ya que la presencia del Estado no implicó hasta mediados del siglo XX un proceso de construcción propiamente política (González, López y Bergesio, 2000). La vida social local no estaba segregada hasta entonces por la pertenencia a una u otra comunidad, y parientes y amistades residían en ambos lados del límite tal como lo establece Karasik (2005). Esa situación continuó hasta finales de 1945, momento en el cual se instaló la Gendarmería Nacional con la finalidad de custodiar la soberanía (Diaz, 2012).

Este desarrollo fue sostenido hasta las últimas décadas del siglo XX, cuando las reformas de 1980 y 1990 en la Argentina y en la región dieron lugar a una reestructuración productiva de la economía con un fuerte impacto sobre el mercado de trabajo. La privatización y posterior cierre del ferrocarril afectó a grandes grupos de trabajadores de la ciudad de La Quiaca, los que hasta ese momento habían gozado de estabilidad laboral y favorables condiciones de empleo (Bergesio et al., 2009).

Desde entonces, las actividades económicas de La Quiaca estuvieron basadas principalmente en el comercio fronterizo. Parte importante de ello deriva de las posibilidades comerciales que inauguran las diferencias de cambio y la oferta diferencial de productos para los pobladores de uno u otro país ya que, salvo algunas experiencias específicas, no hay producción industrial significativa en estas ciudades. Comercios minoristas para el viajero y mayoristas para la exportación, negocios de comida y hotelería son algunas de las actividades que dinamizan y generan empleos en este espacio fronterizo, además de la administración pública en general (Karasik, 2000).

Tal como se estableció en trabajos anteriores (López, 2016; González, López y Bergesio, 2020), atender a la paridad cambiaria nacional confluyente en el espacio fronterizo es clave para comprender las dinámicas de circulación de bienes y personas y también, de las actividades laborales generadas a su alrededor. En la década de 1990 y asociada a la apertura de la comercialización transfronteriza, la Argentina sostuvo una política monetaria ligada al dólar –$1 equivalía a 1 USD–. En función de esta política, a la población de la región fronteriza le era “favorable” el cambio con el peso boliviano y esto propició un circuito de compras hacia Bolivia. Esta paridad cambiaria se sostuvo entre 1990 y la primera década de 2000, con una leve baja diferencial luego del ocaso socioeconómico de 2001 de la Argentina. Posterior a ello, la devaluación del peso argentino fue constante y cambiante, lo que hizo que las direcciones de circulación de mercadería fluctuaran a lo largo de los años siguientes. A pesar de la constante devaluación del peso argentino con respecto al dólar y, consecuentemente, en relación al peso boliviano, en las ciudades fronterizas todavía se pueden encontrar productos textiles y electrónicos a un costo menor. De este modo, el abastecimiento en Villazón todavía se sostiene.

En ese marco, a esta zona fronteriza llegan compradores argentinos motivados por una paridad cambiaria “favorable”. Estos configuran un circuito de comercialización regional: los comerciantes viajan a la zona de frontera a comprar mercaderías –generalmente bienes textiles nuevos o usados (prendas individuales, ropa de cama, de baño), plásticos (juguetes, utensilios de cocina) y pequeños electrodomésticos (teléfonos)– que luego revenden en ferias abiertas de otras ciudades.^[6] Del lado argentino, la circulación e ingreso de personas y mercaderías están controlados por la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección General de Aduanas (DGA) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Gendarmería Nacional (los tres bajo jurisdicción nacional). La Dirección Nacional de Migraciones y la Gendarmería controlan la circulación de personas y la seguridad general en la zona, mientras que la DGA se ocupa del ingreso de bienes y mercaderías, haciendo cumplir políticas aduaneras orientadas a la protección de la economía nacional. En este sentido, los organismos, en forma coordinada, regulan el ingreso de mercaderías, las cuales tienen un límite por unidad y/o por valor.

Para sortear esa regulación, y en el marco de la economía “informal”, surgieron oficios dedicados al traslado y cruce de mercaderías. En la zona se distinguen tres figuras: “paseros”, “carreros” y “bagayeros”, cada una con características propias. Se conoce localmente como “paseras” y “paseros” a las personas que, siendo oriundas del lugar, trabajan informalmente asistiendo a los compradores individuales a “pasar” mercadería de un lado a otro (Karasik, 2005; López, 2016). El objetivo de esta tarea es sortear el control que Aduana establece para las compras y circulación de mercancías en forma individual.

Los “paseros” reciben la mercadería de un lado, cruzan por el paso internacional, y la devuelven a los comerciantes del otro lado, recibiendo un honorario por la tarea de cruce. Por su parte, los “carreros” realizan el traslado de grandes cantidades de mercaderías entre una ciudad y otra, generalmente alimentos (por ejemplo, harina y azúcar). Este cruce se produce, generalmente, desde la Argentina hacia Bolivia. El circuito es el siguiente: un camión cargado de mercadería se aproxima al límite internacional y las personas la cruzan caminando hacia el otro lado. Esto permite evadir el pago del canon correspondiente al derecho de importación a los grandes comerciantes (López, 2016). Es importante destacar que estas dos primeras formas de circulación de mercancías se realizan por los caminos habilitados para el tránsito, es decir sobre el Puente Internacional y bajo la observancia del personal de los entes de regulación del tráfico: Gendarmería y Aduana.

Existe una tercera forma de trabajo que pone en circulación las mercancías en la frontera, el llamado “bagayeo”. Esta práctica es realizada por hombres y “mujeres de la zona que se dedican a ‘cruzar’ las mercaderías a través de circuitos que evitan el control aduanero y de Gendarmería ya que los volúmenes que transportan son mayores que los permitidos” (López, 2016, p. 43).^[7] Esta forma de circulación se realiza por circuitos ubicados aproximadamente a unos 300 m del Puente Internacional, límite oficial del país con Bolivia. Esta forma de cruce es la que se “habilita” y utiliza para trasladar la ropa usada dado que, como ya se indicó, su importación está prohibida.

Tal como lo referido en trabajos anteriores (López, 2016; González, López y Bergesio, 2020), estas tres formas de cruces nombradas solo pueden ser entendidas en el marco de una espacialidad con características propias. Para ello debe comprenderse que las fronteras y sus ciudades fronterizas son creaciones de los Estados-Nación en pos de la soberanía territorial que esgrimen el límite material de la ficción espacial de las naciones concebidas como puerta de entrada o salida al territorio nacional, márgenes de la ciudadanía en su articulación espacial. Las fronteras son los bordes que delimitan el alcance espacial del sistema de derechos, deberes y garantías de un Estado para sí, pero además son la escritura que crea esa misma espacialidad.

El borde fronterizo no es solo físico sino también textual: es a través de esta última modalidad que se crea la cartografía oficial en la semiosis del Estado. Vigente cada vez que intenta pensarse la frontera no como espacio de diálogo, de interacción, sino como lugar inmóvil, límite de la nación y su territorio (Benedetti y Salizzi, 2011). No obstante, “esta ficción protocolizada en cuerpo de la ley que configura la espacialidad hegemónica, las fronteras son también el karma de la pulsión dinámica: el tránsito, el movimiento, el pasaje, la circulación” (López, 2019a, p. 3). Espacios no agotados por la cartografía oficial y por tanto lugar de germinación de irreverencias de la ciudadanía y la reinvención constante de sus límites materiales. Y consecuentemente i-legítimas según el cuerpo-ley.

Ingenierías populares para cruzar y llegar a Jujuy

Una vez que los fardos de ropa usada llegan al límite de Villazón son reorganizados e introducidos por circuitos “clandestinos” hasta la ciudad jujeña de La Quiaca por hombres y mujeres trabajadores de frontera que cruzan mercaderías por circuitos que evitan los controles aduaneros y de Gendarmería. Ya en la ciudad de La Quiaca, los bolsones nuevamente son trasladados unos 280 km hasta la terminal de ómnibus de la capital jujeña. Estos cruces y traslados activan un conjunto de dinámicas fronterizas propias de estos espacios. A continuación, se describirán ambos circuitos con sus respectivas dinámicas: desde Villazón hasta La Quiaca y desde La Quiaca hasta San Salvador de Jujuy.

El trabajo de bagayeo en esta frontera implica un recorrido cuyo inicio se produce en la ciudad boliviana de Villazón a través de un pacto informal entre un revendedor y un bagayero y el final de su recorrido se produce en la ciudad argentina, cuando se devuelven los bienes consignados. Los bagayeros esperan a sus clientes cerca de las intersecciones de Santa Cruz y Eliodoro Villazón o Santa Cruz y Topater, calles donde se encuentran los comercios que venden ropa usada, o cerca de la avenida República Argentina. Cuando se recolectan los bienes se trasladan hasta el borde del río. El trayecto del cruce alternativo se realiza por algunos de los tramos del río La Quiaca que, como ya se dijo, no superan una distancia mayor a 300 m del paso oficial. El mismo posee poco caudal de agua durante la mayor parte del año, pero encuentra su complicación en las bajas temperaturas que mantiene. Allí a sus espaldas o en carros, los bagayeros transportan los diferentes artículos (López, 2016).

Si bien este recorrido es realizado para sortear el control de Aduana, ubicado sobre el Puente Internacional Dr. Horacio Guzmán, este trayecto alternativo también es sometido, circunstancialmente, a controles arbitrarios en la zona del recorrido. La visibilidad y el carácter rutinario de las actividades no impiden que el Estado reprima a las personas (López, 2019b). Así, esta posibilidad otra de cruce, tránsito y supervivencia es llevada adelante casi siempre bajo una vigilancia.

Una vez que se cruza el río, ya en la ciudad argentina, se camina hasta la Terminal de la ciudad, lugar donde finaliza este recorrido y su trabajo y se realiza el pago del servicio de traslado.^[8] La entrega de la mercadería consignada marca el fin del este recorrido y, por lo tanto, el final del trabajo de los bagayeros. En ese momento comienza un nuevo circuito que terminará en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Un trabajo que por lo general es realizado por los propios comerciantes, dueños de los fardos y productos.

La capital jujeña queda a 289 km de dicha frontera por la Ruta Nacional N° 9. El traslado hasta allí se puede realizar por micros interjurisdiccionales, remises compartidos y/o autos particulares. El recorrido implica pasar por varias ciudades entre las que resaltan Abra Pampa, Tres Cruces, Humahuaca, Tilcara, Maimará, Volcán, entre otras. Este camino encuentra su mayor dificultad en los controles de Gendarmería que se establecen sobre la ruta nacional. El primer control es permanente, se ubica a unos 107 km de la ciudad fronteriza, a la altura de Tres Cruces, y todo su personal depende del Escuadrón 21 “La Quiaca” de la Gendarmería Nacional. El segundo control se ubica sobre la misma ruta, pero a la altura de la ciudad de Purmamarca, es decir a unos 224 km de la frontera y unos 63 km de la capital jujeña. Si bien dicho control no es permanente se lo puede observar gran parte de la semana.

Para evitar los controles, los compradores usan circuitos alternativos de tránsito y cruce. El primero de ellos implica, antes de llegar a la ciudad de Abra Pampa, desviar por la Ruta Provincial Nº 11 para salir a la ciudad de Purmamarca. Este desvío cruza por caminos cercanos a localidades como Casabindo y Rinconadillas. Se trata de una ruta con muy poca circulación dadas sus condiciones estructurales: una ruta de piedra, en mal estado, en medio de la puna jujeña. El segundo de los desvíos también comienza en la ciudad de Abra Pampa y sale a lo que localmente se conoce como la zona de cerro Negro,^[9] ubicada antes de la ciudad de Tilcara. Este camino no cruza por localidades, sino que resulta un trazado propio de la zona que implica transitar varios kilómetros por el costado del río Grande. Si bien este camino tiene peores condiciones, implica menos horas de circulación, razón por lo cual es muy concurrido por quienes quieren evitar los controles de Gendarmería Nacional.

La elección del camino a tomar desde La Quiaca hasta San Salvador de Jujuy no es azarosa. Como en muchas de las actividades que implican sortear controles de Gendarmería, existen recursos que los pobladores y comerciantes crean y utilizan para mantenerse informados, por ejemplos grupos de WhatsApp^[10] en donde se puede consultar el estado de la ruta y la permeabilidad de los controles. Por su parte, el destino de los fardos también condiciona el camino, ya que no toda la ropa usada que sale de la ciudad de La Quiaca termina en la capital jujeña. En las ciudades de Humahuaca y Tilcara pueden observarse puestos de ropa usada, lo que tampoco es azaroso si se tiene en cuenta que son dos de las ciudades con mayor flujo de turismo. Ambas ciudades se ubican sobre la Ruta Nº 9 antes de la ciudad de Purmamarca.

Los fardos de ropa usada que llegan a San Salvador de Jujuy se distribuyen en ferias comerciales urbanas y galerías comerciales. Si bien las ferias urbanas parecen haber acompañado el crecimiento de la ciudad capitalina, ellas se han multiplicado y diversificado a partir de la década de 1990. Como ya se hizo mención en apartados anteriores, en esta época el país estuvo caracterizado por un contexto económico con desempleo creciente, precarización laboral y empobrecimiento también en aumento, que se reflejó en la provincia de Jujuy, aunque con sus particularidades. En estrecha vinculación con estos procesos sociales, se instalaron en la ciudad ferias comerciales urbanas que crecieron, se multiplicaron y cobraron dimensiones y frecuencias antes no igualadas (Bergesio et al., 2009). Muchas de estas ferias priorizan la comercialización de productos industrializados, ya sea nuevos o usados, entre los que se destaca la venta de calzado y prendas de vestir.

Las formas de comercialización de la ropa usada que proviene de la frontera argentino-boliviana son numerosas. Existen en la ciudad de San Salvador de Jujuy locales en distintas ferias urbanas y galerías comerciales, a los que se les suman los circuitos de venta en redes sociales. La cantidad de fardos de ropa usada que entra y circula por la provincia resulta significativa; para tomar una dimensión se calcula que un comprador puede ir hasta la frontera tres veces a la semana y en cada uno de esos viajes traer entre cuatro y cinco fardos variados.^[11] Esto implica que la circulación de personas por la frontera y el tránsito de vehículos por lugares que evitan los controles de Gendarmería son numerosas y constantes, lo que hace pensar que al igual que las poblaciones de los lugares, los agentes del Estado no son ajenos a esta situación.

De la misma manera que cuando se cruza el río, en estos circuitos alternativos los compradores también pueden encontrar gendarmes predispuestos a decomisar la mercadería. Si lo que se transporta es ropa, por lo general comienza una “negociación” entre los gendarmes y los compradores. Allí convergen dos actitudes: la pericia de los bagayeros o compradores para establecer acuerdos y la predisposición del gendarme para aceptarlos o viceversa, lo que define el destino total o parcial de la mercadería. Esta interrupción marca un receso temporal en el traslado o la búsqueda de otros caminos para continuar con el tránsito.

En las sociedades modernas se crearon protocolos de normalización que determinaron modos conductuales de proceder, actuar y entender determinadas prácticas estrechamente vinculadas a los intereses de los sectores históricamente pertenecientes a las elites. En esta secuencia, la eficacia de dichos protocolos se alcanza por la gran fidelidad a los mismos, es decir, por la “exactitud” entre los objetivos propuestos y sus efectos. Sin embargo, existen prácticas que dan cuenta del agotamiento de las convenciones, que tienen la capacidad de lograr efectos contrarios, los de su ineficacia. Zonas blandas como lugares de la intelección en donde los efectos pierden su fuerza dando lugar a formas otras.

Interesa pensar en el cruce de fardos de ropa usada por circuitos que evitan los controles como ejemplo de estrategias populares que sortean normas y producen maneras otras e ingeniosas de compra, transporte y circulación de mercadería en las ciudades fronterizas. Ciudades que quedan casi exclusivamente para vendedores y compradores, grandes pesos en mercadería que se transportan en el cuerpo, en carros o en autos que, por ese tiempo, se convierten en remises, crecidas de ríos que sortean, marcas de caminos que se convierten en desvíos para evitar los controles, grupos de WhatsApp que se crean para mantenerse informados, hojas de coca que ayudan a soportar las condiciones climáticas y, lo más común, estrategias de espera, escape, corridas y/o negociación en cada encuentro con los oficiales de la Gendarmería, son algunas de las prácticas que interpelan la fidelidad de la norma y hacen a la inconsecuencia de los efectos.

Son múltiples las formas posibles de denominar esa pérdida de efecto, así también se la comprende como ilegalismo popular, es decir cierto ingenio de supervivencia, de intervención, que refiere a escenas creativas en las que la imaginación se presenta como posibilidad subversiva. Es en las prácticas como experiencias resolutivas de las coyunturas en las que se ubican donde se da cuenta, en definitiva, de la finitud de las convenciones, pero también de los modos creativos y precarios de reapropiación, rearticulación, reubicación que tienen las experiencias otras. Se habla entonces del agotamiento de las convenciones y su capacidad de lograr efectos y allí mismo, en su ineficacia, modos pragmáticos de resolución casual que dan cuenta de formas ingeniosas de la supervivencia. Son estas últimas, experiencias resolutivas de las coyunturas. Estas estrategias, potentes aunque frágiles, son espontáneas, precarias, pero lo suficientemente contraeficaces para poder llevar adelante su cometido: cruzar la mercadería por la frontera y sortear los controles de Gendarmería evitando la incautación, el decomiso.

Ropa usada y economía popular regional

Si bien el Estado es el que tiene la potestad de ejercer la regulación que permite dar continuidad y aval a los intercambios comerciales entre las personas descriptas en este artículo, cuando no lo puede hacer efectivamente, por los motivos que sea, deviene en permisivo, ya sea por acción u omisión, y deja que se produzcan actividades comerciales que van en contra de la propia norma generada por dicha autoridad. Esto le permite negociar en distintas instancias de conflictos sociales (el uso del espacio público, la falta de oportunidades laborales, etc.), aunque con contradicciones. Aquí resulta pertinente introducir el planteo de Portes y Haller (2004) “la paradoja del control del Estado”, ya que cuando el Estado (ya sea nacional, provincial o municipal) no cumple ningún papel regulador o está muy disminuido significa que se encuentra a merced de las fuerzas del mercado y, por lo tanto, la economía formal es la que tiende a no existir.

En este punto, es relevante señalar la común identificación de todos los oficios, actividades y trabajos que implica la compra, circulación, distribución y venta de ropa usada con el llamado sector informal. Según Portes y Haller (2004), las actividades informales se definen por el hecho de que escapan o no hacen caso a ciertas regulaciones del Estado. Para los autores se deduce que cuanto mayor sea la amplitud y el alcance de las medidas de regulación, tanto más variadas serán las posibilidades de evitarlas. Estas ambigüedades se ven ejemplificadas en todas las actividades que implican la venta, circulación y distribución de ropa usada desde la frontera argentino-boliviana hasta la ciudad de San Salvador de Jujuy. Esta situación no es ajena al Estado sino que se enmarca en una economía regional que presenta características propias, donde el llamado comercio informal tiene una fuerte presencia.

En la provincia de Jujuy durante 2023 el número de ocupados fue de 321.270 personas sobre una población total de 699.388 habitantes, lo cual implica una tasa de empleo del 45,9%. De esta masa total de ocupados, se observa en la figura 2 que, 179.241 se encuentran en la informalidad y 142.029 están formalizados, lo cual implica tasas del 55,8% y 44,2%, respectivamente, según lo muestra la Figura 3.^[12]

Si se desglosan las distintas categorías de ocupados se verifica que su agrupación más representativa son los asalariados (66,9%) y en la misma se observa una tasa de informalidad del 39,5%. Para la categoría de cuentapropista, este porcentaje aumenta al 90,3% y para los patrones la tasa es del 81,1%, resaltando que estas dos últimas agrupaciones representan el 32,5% de los ocupados. Los trabajadores sin remuneración ascienden a una cantidad ínfima menor al 1% de los ocupados.

Cuadro 1. Número de ocupados formales e informales según categoría ocupacional, provincia de Jujuy (año 2023)

Categoría ocupacional	Total	Formal	Informal
Asalariado	215.019	130.020	84.999
Cuentapropista	83.822	8.137	75.685
Patrón	20.457	3.872	16.585
Trabajador familiar sin remuneración	1.972	0	1.972
Total	321.270	142.029	179.241

Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC, EPH Total Urbano.

Gráfico 1. Porcentaje de población ocupada formal e informal según categoría ocupacional, provincia de Jujuy (año 2023)

Fuente: elaboración propia sobre la base de INDEC. EPH Total Urbano.

Tal como lo establecen Portes y Haller (2004), la informalidad que se da en estos espacios, en diversas versiones y grados, cumple al menos tres funciones: a) emplea y proporciona un ingreso a un segmento importante de la población que de otra manera se vería privado de cualquier medio de subsistencia; b) provee de bienes y servicios que reducen los costos de consumo de los trabajadores insertos en una economía formal como así también los costos de producción y distribución de las empresas formales; y c) puede constituir un entorno protector para las formas empresariales incipientes pero innovadoras, ya que les evita la carga de regulaciones caras y complejas que pueden hacerlos fracasar prematuramente o poner en riesgo su crecimiento y luego, a medida que las empresas maduran, ingresan a la economía formal contribuyendo a su crecimiento. Estas diversas funciones de la economía informal pueden contribuir a explicar por qué los gobiernos muchas veces adoptan una actitud ambigua hacia estas actividades, tolerando su existencia, al menos temporalmente.

Para los autores arriba nombrados, un mayor nivel de regulación oficial de la actividad económica no contribuye necesariamente a reducir la economía informal, sino que la puede ampliar, pues genera oportunidades para que surjan lo que se ha denominado ingenierías populares que permiten sortear las normas en forma redituable. Sin embargo, el grado en que se aprovechan esas oportunidades varía con el alcance de los controles que se intenta imponer, la eficacia del aparato del Estado y el poder de respuesta de la sociedad para sortear las normas oficiales. Un corolario de esta conclusión es que los esfuerzos de los Estados fuertes por aplastar todo rastro de actividad económica no regulada pocas veces logran su objetivo, ya que activan sistemáticamente las fuentes latentes de solidaridad de la población, produciendo resultados opuestos a los buscados (Portes y Haller, 2004).

En este punto resulta necesario pensar al conjunto de oficios, trabajos y actividades implicados en la comercialización de ropa usada en el marco de la economía popular (Coraggio, 1994). Según Gago et al. (2018), se trata de una noción que surgió en América Latina como apuesta teórica, analítica y política para mostrar ciertas prácticas heterogéneas en los modos productivos de sectores populares, plurales y diversos. Los agentes que se enmarcan en esta noción consideran su trabajo un acto económico legítimo, generalmente asociado a la necesidad de reproducción de la vida de sus miembros y su cultura, que puede o no coincidir con las reglamentaciones jurídicas de la vida social. Una economía que supera los dualismos simplificadores y visibiliza una gama de opciones intermedias y fronterizas entre lo formal, lo informal, lo legal y lo ilegal. Una visión que se ubica en un espacio intermedio, ambivalente, superando esa dualidad al mostrar su incapacidad explicativa (Coraggio, 1994).

Reflexiones finales

En este artículo se ha demostrado la existencia de enormes dispositivos de comercialización de ropa usada dispersos por todo el mundo que dan cuenta de esta compleja organización social, cultural, económica y política de cadenas y circuitos de distribución que facilitan que la ropa usada arribe, sea distribuida, vendida y consumida en muchas localidades.

En la frontera argentino-boliviana, en el límite La Quiaca/Villazón, la regulación que prohíbe la importación de esta mercadería en favor de velar por el resguardo de la salud, seguridad pública y medio ambiente, habilita una serie de oficios y trabajos. Oficios que tienen larga data en estos lugares y que configuran una espacialidad que solo puede ser entendida cuando se piensa a la frontera desde una relación particular con el lugar. Hablamos fundamentalmente de los bagayeros y los compradores de fardos, hombres y mujeres que se dedican a cruzar mercaderías por circuitos que evitan los controles aduaneros desde Villazón a La Quiaca y desde allí hasta San Salvador de Jujuy.

Estas experiencias de trabajo tienen en común sortear normas y hacer visible la ineficacia de algunos dispositivos de control pero, fundamentalmente, exponen ingenierías populares espontáneas y precarias, modos pragmáticos de resolución casual que dan cuenta de formas ingeniosas de supervivencia, de intervención, que refieren a escenas creativas en las que la imaginación se presenta como posibilidad subversiva. Trabajos que permiten pensar en formas distintas de relacionarse con las normas sociales y desde la experiencia generar un saber legítimo para considerar otras formas posibles de circulación. Las ingenierías populares, muchas veces catalogadas como ilegalismos por los organismos del Estado presentes en los espacios fronterizos, dan cuenta de acervos de tradiciones que las personas incorporan rápidamente pero que, ante nuevos retos, resignifican con propuestas de nuevas soluciones. Resulta fundamental resaltar que esa posibilidad otra de supervivencia es llevada adelante bajo una vigilancia casi siempre violenta por parte de la Gendarmería Nacional.

En relación a la situación de Jujuy, los estudios locales señalan la inestabilidad laboral y la precariedad generalizada del empleo. En ese marco, la informalidad y los ilegalismos populares que se dan en estos espacios, en diversas versiones y grados, emplean y proporcionan un ingreso a un segmento importante de la población que, de otra manera, se vería privado de cualquier medio de subsistencia. Así, esta economía es una alternativa ejercida localmente por muchos individuos que se ubican en medio de dos situaciones que son parte del mismo proceso, la sobreproducción/consumo capitalista organizado a escala global, y una economía regional de escasez que no provee las oportunidades, los recursos económicos y los derechos para solucionar los problemas de la vida cotidiana. Se trata, en suma, de oficios y trabajos entramados en un complejo sistema de economía informal del cual dependen familias enteras, que generan sus ingresos y aseguran sus subsistencias a partir de la compra, circulación, transporte y venta de ropa usada.

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