Iván Francisco Porraz Gómez^[1] y Matthew Furlong^[2]

Desplazados

Yo me quedé aquí a pesar de que todos me aconsejaron que me marchara. Me quedé para atestiguar la ausencia de quienes se fueron. Ya iban derrotados cargaban una señal en la frente de que ya habían tenido un encuentro con la muerte. Yo me quedé aquí para contar una historia diferente que no tenga que ver con migrantes ni indocumentados. Me quedé porque huir no resuelve nada, no remedia mi muerte ni me devolverá la vida.

   

Chary Gumeta (2020, p. 30)

Introducción

“Vivimos en tiempos de guerra contra la inmigración. Las metáforas bélicas, como oleada, invasión, avalancha, asalto a nuestras costas y ataque sin precedentes, son comúnmente utilizadas para hacer referencia a la situación actual de las migraciones internacionales” (Avallone, Montesino, Padilla, Moraes y Romero, 2019, p. 5). La violencia que envuelve a las/os jóvenes centroamericanas/os solicitantes de la condición de refugiada/o se construye, tanto en su lugar de origen, como en su tránsito por México, y su espera en la frontera sur de Estados Unidos. El interés de este trabajo radica en comparar las experiencias de jóvenes migrantes en el marco de las políticas fronterizas de Tapachula, Chiapas, sur de México, y Tijuana, Baja California, norte de México y frontera sur de Estados Unidos; ambas zonas de frontera son espacios conocidos por las personas migrantes pues se constituyen como sitios de tránsito de población proveniente de Centroamérica, el Caribe y diversas zonas extracontinentales (África, Asia, entre otros).

Esas poblaciones son heterogéneas no solo geográficamente, sino también en sus esperanzas, intenciones y estatus legal de tránsito: sobre todo se trata de poblaciones heterogéneamente compuestas por refugiados/as y/o buscadores/as de asilo. Un/a refugiado/a es una persona que ha huido de su país por temor a ser perseguido/a y tiene derecho a la protección internacional, mientras que un solicitante de asilo está a la espera de ser reconocido/a oficialmente como refugiado/a tras haber huido de amenazas similares. Como resultado, un/a refugiado/a puede o no ser un solicitante de asilo, ya que puede haber huido a otro país por seguridad sin haberlo solicitado. De manera similar, los/as solicitantes de asilo pueden o no ser ya refugiados/as, ya que muchos/as solicitan asilo tras huir de peligros, pero existe una tendencia creciente en algunas regiones (como en la UE y EE.UU.) a exigir que las solicitudes de asilo se inicien antes de ingresar al país de destino. Esto puede implicar comenzar el proceso de asilo desde el país de origen o desde un “tercer país seguro” donde se esté residiendo temporalmente, como es el caso de los/as migrantes en México que buscan asilo en los EE.UU. hoy en día.^[3]

Con la externalización creciente del proceso de asilo de Estados Unidos en un desarrollo diplomático unilateral –aunque aparezca en términos burocráticos como bilateral–, entre Estados Unidos y México, una ciudad de frontera, como lo es Tijuana, se transforma. Como resultado de esta externalización de la frontera política, la frontera norte se ve desplazada; en términos geopolíticos, en el siglo XXI, Tijuana se “acerca” a Tapachula y la frontera sur, como parte de una frontera vertical hemisférica, definida como tal por activistas en México desde hace más de una década para describir la proliferación del control migratorio en el interior de México, particularmente en respuesta a la implementación del Programa Frontera Sur de México en 2014 (Vogt, 2017). Las distancias políticas de los límites norte y sur se reducen a medida que una frontera vertical se vuelve más coherente internamente en México, en la intersección de espacios estadounidenses, mexicanos, centroamericanos y hemisféricos. Por lo tanto, este capítulo tiene como objetivo una comparación entre las condiciones de búsqueda de asilo que enfrentan los/as jóvenes centroamericanos/as en los dos extremos geográficos de México, así como también realizar descripciones etnográficas más nítidas de esta frontera vertical hemisférica emergente y, al parecer, cada vez más centrada en México (Kovic y Kelly, 2017). Como un proceso eminentemente legal, además de coercitivo y disuasorio, el asilo en Estados Unidos está incrustado en el edificio más grande de la criminalización de los/as inmigrantes latinoamericanos/as en Estados Unidos, de acuerdo con un amplio espectro de estudios académicos (Márquez, 2015). En todo caso, en el presente trabajo se hará más hincapié en profundizar y analizar la criminalización de la juventud centroamericana y/o su precarización per se; sin embargo, valga resaltar la importancia de un tema menos considerado: la economización y obrerización (Murphy, 2017) de la juventud centroamericana, en contextos de externalización hemisférica, vigilancia fronteriza y asilo en Estados Unidos. Siguiendo a la antropóloga Michelle Murphy, quien teoriza la economización de la población como un proceso distinto de la mera mercantilización del trabajo, al considerar cómo se gobierna la población no solo dentro de los lugares de trabajo, sino también fuera de ellos, se analiza la “economización” de los/as jóvenes migrantes no solo en términos de cómo se integran a las economías urbanas mexicanas a través de permisos de trabajo gubernamentales y mercados laborales informales por igual, sino también a través de su estatus legal y socialmente desprotegido como “usuarios/as” y “consumidores/as” particularmente precarios/as en los mercados urbanos mexicanos de propiedades de alquiler.

En esta vía, Rosenberg, al analizar la figura del/de la niño/a en otros contextos de juventud criminalizada, las favelas brasileñas, señala:

El niño o joven es un símbolo del estado universal de vulnerabilidad, universalmente disponible como sujeto privilegiado tanto de la interpelación estatal como de la protección de los derechos humanos, mientras que también icónico para el mercado como sitio del consumo naturalizado como necesidad y sin responsabilidad (2016, p. 8).

Pese a esto, en este presente neoetnonacionalista, neomalthusiano y desglobalizador (aún más después de la pandemia ocasionada por el covid-19), cabe preguntarse: ¿es posible que incluso este símbolo universal del/de la joven como sujeto/a moral interpolable se esté fragmentando en los imaginarios liberales hegemónicos? En lo que sigue, se explora esta pregunta mediante evidencias y consideraciones económicas, geográficas y etnográficas basadas en el trabajo de campo realizado en Tijuana y Tapachula, dos ciudades que tienen cada vez mayor importancia en los estudios comparativos referentes al fenómeno migratorio a partir del concepto de las fronteras verticales (Campos Delgado y Odgers Ortiz, 2012; Fernández Casanueva y Juárez Paulín, 2019).

Así pues, se reflexiona sobre las tendencias territoriales y urbanas que enfrentan los/as jóvenes centroamericanos/as desplazados/as en dos extremos de la frontera vertical de México. También, se analiza cómo, de diferentes maneras, estos/as jóvenes co-construyen o resisten las condiciones sociales. Como demuestran Grinberg y Lynch en los últimos años, se puede hablar no solo de su invisibilización burocrática, sino también, de su hipervisibilización; por ejemplo, en ciertas campañas políticas progresistas estadounidenses se realizó una condena pública al uso de las baby jails. Estas campañas, cuyo pico viral en la era Trump se centró notablemente en grabaciones secretas realizadas en un centro de detención de inmigrantes de Texas, con niños/as que lloran por sus padres (Grinberg y Lynch, 2018), son aspectos cruciales de los mundos de migrantes jóvenes centroamericanos/as en Tapachula y Tijuana, así como en Texas.

Con una lógica similar a la utilizada por Grinberg y Lynch, se argumenta en este trabajo que, además de hablar de la invisibilización burocrática de los/as jóvenes migrantes, resulta urgente y necesario prestar atención a su dispersión geográfica dentro de los capilares espaciales de la frontera vertical (Vogt, 2017), esto es, los espacios fuera de las fronteras internacionales como tales donde las prácticas fronterizas también se manifiestan entre agentes del Estado y migrantes. Es decir, se deben analizar las periferias urbanas, no solo los centros.

Llegar y habitar en Tapachula: jóvenes centroamericanos/as solicitantes de la condición de refugiado/a temporal y/o asilado/a permanente

Aunque no se cuenta con cifras exactas, según los registros de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y de la Unidad de Política Migratoria (hoy UPMRP), el número de personas solicitantes de la condición de refugiado en México creció en un 5.348% en un lapso de seis años (de 1.296 en 2013 a 70.609 en 2019) (Hernández y Cruz, 2020).

En todos los casos, un factor de suma importancia para las/os migrantes es el acceso a los documentos, tanto para acreditar su estancia regular en México, como para recibir el reconocimiento de la condición de refugiado/a y, con ello, poder acceder a una serie de derechos que tienen como objetivo garantizar protección a estas poblaciones en riesgo. Desde esa perspectiva, la inserción en la ciudad está mediada en gran parte por el despliegue de las capacidades del Estado, en su sentido más amplio y del enfoque y visión con que se responde a fenómenos de alta movilidad como los que acontecen en la frontera sur de México.

En la región del Soconusco^[4] hay una gran diversidad histórica de migrantes. Entre ellos/as, están los/as migrantes guatemaltecos/as, quienes con su mano de obra han potenciado este lugar desde el siglo XIX. Con ellos/as se comparten historias sobre la división fronteriza del Estado-nación,^[5] el refugio derivado de la guerra civil en los años 1980, así como los linajes familiares que son de larga data. La mayoría son jornaleros/as (hombres, mujeres y niños/as) que llegan por temporadas para el corte de café. Esta migración transfronteriza es histórica en algunas fincas de dueños/as alemanes/as y mexicanos/as que se asentaron durante la época del porfiriato. Ejemplo de ello son las fincas Argovia, Hamburgo, Irlanda y Santa Rita, entre otras, las cuales están en la memoria de varios/as trabajadores/as y pobladores/as de esta región. Algunos jornaleros/as se quedaron a vivir en este espacio, tienen doble nacionalidad (mexicana-guatemalteca) y mantienen los lazos de amistad, compadrazgo, familiaridad con sus lugares de origen que se encuentran más allá de la frontera sur de México. En la actualidad, el trabajo transfronterizo se mantiene, aunque en algunas zonas la violencia criminal de los últimos años ha impactado. En Tapachula y otros municipios aledaños, las mujeres guatemaltecas trabajan en casas de habitantes locales como empleadas domésticas y algunas cruzan a diario la frontera para llegar a sus lugares de trabajo (Wiesner, 2007; Fernández, 2017).

En Tapachula, los espacios habitacionales también se han diversificado, sobre todo desde hace algunas décadas. Algunos/as migrantes provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala comenzaron a rentar casas en las colonias Buenos Aires, Cafetales y Raymundo Enríquez, entre otras que se encuentran en la periferia sur de la ciudad, conocidas por la población local como los pequeños espacios donde están los/as migrantes o centroamericanos/as. Entre 2018 y 2021, familias haitianas se asentaron de manera temporal cerca de la Estación Migratoria siglo XXI; se apostaron en colonias que son consideradas marginadas o irregulares por el gobierno municipal, mientras que otros grupos familiares encontraron espacios más baratos, cómodos pero retirados, por ejemplo, en Viva México o en la localidad de Xochimilco a unos 20 minutos de Tapachula. Otros se fueron a las vecindades del centro de la ciudad a vivir en cuartos húmedos y con poca ventilación, cuyo alquiler oscila entre los 30 y 40 dólares al mes. Cabe destacar que el mismo informe señala:

Estas ciudades [Tapachula, Palenque y Tuxtla Gutiérrez] presentan mayores niveles de pobreza en general y por ello mismo, la población de refugiados y solicitantes de la condición de refugiado se ven en la necesidad de residir en colonias con niveles altos de pobreza. (Hernández y Cruz, 2020, p. 194)

En la actualidad la oferta es diversa. Hoteles y hostales en Tapachula, Chiapas, para albergar a algunas personas migrantes de nacionalidad asiática, cubana y de Europa del Este, personas migrantes que pueden pagar estos servicios. Recientemente, ha crecido el alquiler de habitaciones o departamentos por plataformas como el Airbnb.

Llegar y habitar Tijuana: un panorama de la situación actual de jóvenes centroamericanos/as solicitantes de las condiciones de refugio temporal y/o asilo permanente

El periodista tijuanense Arturo Salinas escribió sobre los/as recién llegados/as centroamericanos/as que “rentan viviendas en la zona centro de Tijuana, cerca de los albergues que les dieron cobijo los primeros meses de su llegada en esta frontera” (Salinas, 2022). Esta generalización, expresada por muchos medios de Tijuana, simplifica excesivamente la situación geográfica y económica de los/as refugiados/as en la ciudad, si se tiene en cuenta que los albergues cubren hoy en día casi toda la extensión de Tijuana, y que los/as centroamericanos/as se quedan en el centro para estar cerca de los albergues.

El centro de Tijuana, donde se encuentran los espacios infraestructurales más variados y densos de la ciudad (juzgados, bancos, condominios de lujo y edificios más altos), no está necesariamente en el centro. Más bien, todas estas infraestructuras sociales giran alrededor de él, igual que en torno de la frontera internacional. Aunque históricamente la mayoría de los albergues para migrantes se concentraba en el centro de Tijuana (entre 1980 y 2020), este perfil está cambiando. Los albergues, manejados principalmente por ONG y/o iglesias, antes atendían principalmente a una población repatriada/deportada y a conacionales en espera de cruzar; sin embargo, en la última década, este escenario ha cambiado. La dispersión de sitios donde se asientan los/as migrantes en busca de asilo en Tijuana entre 2017 y 2021, subrayado en la Figura 1, es uno de los cambios de escenario más notables a nivel espacial por esta esquina de la frontera en las últimas décadas. Entre la externalización de la frontera política de asilo hacia el sur de la frontera con EE.UU., por un lado, y las violencias sociopolíticas que padecen y navegan actualmente grandes grupos de la población de Centroamérica, se observa una topografía de asentamientos migratorios a escala urbana y escala humana que hoy en día está experimentando cambios muy notables. En la zona fronteriza presentada en la Figura 1, por su periodización, resulta una tendencia notable a la creciente dispersión de asentamientos de los nuevos grupos migrantes en la ciudad, conformados por centroamericanos/as y haitianos/as, sobre todo.

Figura 1. Localización de lugares de atención de población migrante en Tijuana

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados en trabajo de campo.

El mapa refiere, en primer lugar, a la Unidad Deportiva Benito Juárez, el primer campamento organizado por la Municipalidad en 2018 para canalizar migrantes de la primera caravana de ese año. Para poner en contexto histórico y en relación con los otros lugares señalados, es clave entender que la Unidad Deportiva se constituyó más como un campamento que como un asentamiento migratorio, el cual sirvió como punto de transferencia de la población migrante hacia otros lugares; pocas semanas después de abrir sus puertas, El Deportivo sobrepasó su capacidad en términos espaciales, administrativos y en relación con la sociedad civil; debido a esto, muchos/as de los migrantes que estaban en El Deportivo fueron trasladados/as una distancia de 20 km al campamento de El Barretal, un espacio que anteriormente había sido un night club. La observación permitió constatar la existencia de brechas geográficas, además de burocráticas aunque, en todo caso, la dispersión geográfica de asentamientos no fue una tendencia monolítica de este período.

El surgimiento en 2021 de un nuevo campamento en el centro de la ciudad y la frontera internacional –sin aprobación gubernamental– llamado Campamento El Chaparral, dejó ver la insatisfacción por parte de grupos migratorios con respecto de la visibilidad y centralidad urbana. De otro lado, el surgimiento de campamentos en terrenos de propiedad privada ocupados legalmente por comunidades étnicas de migrantes, evidencia una estrategia emergente complementaria y, a la vez, divergente de la primera. Al respecto, cabe mencionar dos ejemplos especialmente notables: la emergencia de la colonia El Pequeño Haití, autoconstruida alrededor de un albergue ubicado fuera del centro de Tijuana, en dirección al oeste, en la zona Cañón de los Alacranes en 2017, y la apertura de Casa Hogar El Puente, en 2019, como el primer albergue de la ciudad fundado y manejado en su totalidad por centroamericanos/as asentados/as en Tijuana. Estos ejemplos muestran una diversificación de los centros poblacionales que se desplazan del centro de Tijuana hacia otros puntos de la ciudad. En términos más teóricos, se puede hablar de una dispersión espacial de migrantes transnacionales gestionada por la gobernanza (a nivel municipal-urbano) de los/as centroamericanos/as y personas de otras nacionalidades en busca de asilo en Tijuana, lo que a su vez se relaciona con el factor económico de estas nuevas poblaciones migrantes. Pues, por un lado, los valores del suelo y del alquiler de viviendas en la periferia urbana son menores, y por otro lado, los parques industriales, una fuente de trabajo importante para la población de menos ingresos (incluyendo la mayoría de los/as migrantes recién llegados/as a Tijuana), se encuentran dispersos en esas mismas periferias de la ciudad.

Para comprender en detalle la razón detrás de esta realidad geográfica de las movilidades centroamericanas, es importante considerar el contexto relevante, el cual va más allá de la imaginación y expectativas de muchos/as tijuanenses, como por ejemplo, que los albergues y campamentos no cumplen únicamente con la función de concentrar a poblaciones bajo vigilancia estatal mexicana, sino también, con una función creciente de dispersar a la población migrante. Esa dispersión geográfica surge en ocasiones debido a las agencias autónomas de los grupos en busca de refugio y/o asilo en México y/o los EE.UU. pero, a su vez, es también evidentemente multifactorial ya que coincide con factores distintos que van desde aspectos económicos –precio diferenciado de las rentas respecto de los sectores habitacionales, por ejemplo– hasta aspectos burocráticos y/o legales relacionados con acuerdos de subrenta, acceso a departamentos de interés social o autoconstruidos en las periferias urbanas. Tal tendencia de dispersión geográfica dentro de las ciudades de las personas en busca de asilo se replica a escalas territoriales nacionales, por ejemplo, como efecto de los programas de reubicación urbana de ACNUR, introducidos desde 2016 en Tapachula y, eventualmente, en muchas de las principales ciudades mexicanas, y que involucran servicios temporales residenciales, legales y laborales a subpoblaciones de residentes temporales para adelantar una inserción en uno u otro territorio urbano específico.

En 2018, con la llegada de la caravana de migrantes centroamericanos/as a Tijuana, miles de personas fueron llevadas a la Unidad Deportiva Benito Juárez; allí fueron inicialmente confinadas en un campamento, y pocos meses después, desalojadas por las mismas autoridades que dirigían el campamento. Como señalan París y Montes, después del cierre de este campamento temporal, “se estimó también que se desconocía el desfile de alrededor de 1.300 caravaneros, quienes podrían haber alquilado algún tipo de vivienda, ya sea en las cuarterías aledañas al Benito Juárez o en otros lugares, como en Playas de Tijuana” (2020, p. 23). Según estas dos investigadoras, la dispersión de los/as caravaneros/as a través de la considerable amplitud geográfica de Tijuana, comenzó casi de inmediato a su llegada; pese a esto, la idea de que las poblaciones centroamericanas están aisladas en albergues del centro sigue siendo una creencia para muchos/as lugareños/as, e incluso, entre expertos/as. En un reportaje sobre el tema en 2020, investigadores/as del COLEF afirmaron que “la gran mayoría tiene pocos o nulos ingresos, por lo que les resulta imposible acceder a una vivienda de renta” (Coubès, Velasco y Contreras, 2020, p. 3), no obstante, estas conclusiones no prestan suficiente atención a tendencias contrarias de dispersión geográfica y al papel emergente de los/as jóvenes y discursos sobre ellos/as en la producción de territorios urbanos migratorios hoy en día.

Por ejemplo, en 2022, en el noticiero en español de San Diego, Estados Unidos, San Diego Red, se informó sobre la apertura de un nuevo albergue en una casa hogar en la colonia Valle de las Palmas, con capacidad para recibir a 150 personas. Valle de las Palmas hace referencia a un megaproyecto de urbanización de departamentos y casas en una de las periferias más distantes del centro de la ciudad, y con un transporte público muy deficiente, el cual no fue terminado y dejado en obra negra (es decir, un proyecto abandonado a medio terminar). La ciudad de San Diego se había resistido a abrir más albergues ese año –explicaba la noticia– pero debido a la saturación de los albergues y a la presencia de familias completas instalándose en las banquetas aledañas, la ciudad se vio forzada a tomar esta decisión (Pineda, 2022). En este mismo sentido, el primer albergue de Tijuana organizado por centroamericanos/as, llamado El Puente, también se ubicó fuera del centro de la ciudad, luego de que a varios de sus fundadores/as les fueran robados sus ahorros por medio de una estafa inmobiliaria (Zavala, 2019).

Otro ejemplo icónico de la participación estatal en la dispersión habitacional de los/as migrantes en el espacio urbano tijuanense de los últimos años tiene como epicentro una extinta discoteca en la periferia este de la ciudad llamada El Barretal; cuando el gobierno municipal cerró el campamento de la Unidad Deportiva Benito Juárez debido a inundaciones y sobrepoblación en dicho complejo deportivo, en 2018, cientos de migrantes que no lograron rentar espacios tras el desalojo fueron llevados a El Barretal. Sin embargo, tan solo a un mes de haberse establecido el campamento ocurrió de nuevo un desalojo que afectó a unas cuatro mil personas que residían allí. Algunos/as industrialistas anónimos/as tijuanenses citados/as sobre el tema en el diario La Jornada, señalaron que la fragmentación de la colectividad de poblaciones migrantes recién llegadas a través de la continua reubicación tiene como finalidad entregarlas al libre mercado (Heras y Gómez, 2019).

Eduardo, migrante entrevistado en 2016 en el albergue Padre Chava, explicó que para muchas personas migrantes con pocos ingresos –debido a la fragilidad económica neoliberal–, les resulta complicado rentar cuartos y/o viviendas, no solo por la falta de dinero, sino también, por su vulnerabilidad, pues al no tener documentos, son susceptibles de ser víctimas de estafas por parte de los propietarios de los espacios; Eduardo agregó que, las empresas de subcontratación pueden correr –despedir– fácilmente a los/as trabajadores/as sin que los ampare ningún tipo de derecho laboral (Eduardo, 19 años, procedente de Tegucigalpa, Honduras, marzo de 2016).

Mientras que los/as industrialistas argumentan que los/as centroamericanos/as no están preparados/as para ingresar al mercado de alquiler de Tijuana, otras realidades urbanas de Tijuana contradicen esa noción. Dos años después del cierre del campamento municipal El Barretal, por ejemplo, se materializó un nuevo campamento masivo de migrantes compuesto principalmente por centroamericanos/as en busca de asilo en Estados Unidos; esta vez, el campamento fue organizado de manera autogestiva por los/as migrantes, no estando autorizado por las autoridades estatales. La consolidación del campamento El Chaparral, en 2021, llamado así por su ubicación al pie del cruce fronterizo con el mismo nombre, muestra que los intentos gubernamentales de economizar la crisis de asilo a través de la dispersión geográfica e inserción natural, a mercados de alquiler local, no serían aceptados sin resistencia, incluso por parte de los/as jóvenes, quienes constituían aproximadamente un tercio –800 personas–, de la población total del campamento antes de su cierre (Del Monte, 2021).

Pero aún, con estas expresiones que reclaman el derecho a la ciudad, el panorama transnacional de la economización de los cuerpos de los/as jóvenes migrantes es cada vez más grave; por ejemplo, el número de menores empleados/as, en franca violación a las leyes de trabajo infantil en los EE.UU., aumentó un 37% en 2022, además, al menos diez estados introdujeron y/o aprobaron leyes que revierten las protecciones contra el trabajo infantil en los últimos dos años. Los intentos de debilitar los estándares de trabajo infantil a nivel estatal son parte de una campaña coordinada y respaldada por grupos de la industria que intentan, eventualmente, diluir los estándares federales que cubren todo el país. Un informe del Departamento de Trabajo de EE.UU. de 2022 destacó varios motivos involucrados en este aumento, como el hecho de que varias fábricas que componen la cadena de suministro automotriz de Hyundai-Kia en Alabama, están bajo investigación del DOL por emplear a niños/as guatemaltecos/as de hasta 14 años (DOL, 2022).

La economización tradicional del/de la migrante centroamericano/a en Tapachula

Poco a poco, algunos/as solicitantes de refugio en Tapachula han encontrado diversas formas de sobrevivir en esta ciudad, algunos/as vendiendo comida en las calles, otros/as improvisando pequeños negocios donde ofrecen comida tradicional de sus lugares de origen, como las pupusas salvadoreñas, las baleadas de Honduras, incorporándose de manera reciente al menú gastronómico tapachulteco el ragú de carne a la jardinera que ofrecen algunos/as haitianos/as, y el congrí cubano. Otras personas consiguieron empleo en las peluquerías o barberías ubicadas en el primer cuadro del parque central Miguel Hidalgo, siendo negocios en su mayoría de propiedad de hondureños/as que han vivido en Estados Unidos, y que ofrecen los últimos cortes y peinados a la moda. A partir de la llegada de migrantes de Haití y África al municipio a mediados de 2019, se difundió otra moda de la que también se hizo un empleo temporal para sobrevivir: las trenzas negras o de colores; por los andadores del parque Miguel Hidalgo y apostadas en sillas de plástico, mujeres afrodescendientes se peinan y reivindican sus corporalidades, mientras los hombres, que hablan poco español, ofrecen a los/as transeúntes los peinados a través de una carta con fotos y diseños, y así lograron que los/as visitantes y personas locales se convirtieran en clientes. Poco a poco, esta actividad fue prohibida en el espacio público de la ciudad, primero por la remodelación del parque central y segundo por el constante asedio del personal del municipio. De acuerdo con el informe sobre los/as refugiados/as en México, se señala que “un número importante de individuos labora en el autoempleo o por cuenta propia, con un mínimo de 12,5% en Saltillo y un máximo de 23,2% en Tapachula” (Hernández y Cruz, 2020, p. 78).

Las cantinas, los botaneros y los bares son parte de la cotidianidad de este municipio fronterizo, que cuenta con un clima cálido y húmedo todo el año. Muchas mujeres de Centroamérica y de Cuba solicitantes de refugio o asentadas en la región, trabajan como ficheras,^[6] esto es, acompañan a los clientes a beber cerveza y a escuchar música como reguetón, rancheras y cumbias (Porraz, 2020). Por su parte, algunos salvadoreños y hondureños, trabajan como guardias de seguridad en estos mismos espacios, algunos haitianos recientemente se han empleado en trabajos de construcción en la ciudad o en el empleo temporal, programa que ofrece el gobierno federal; por su parte, la mayoría de los/as cubanos trabajan en el sector de servicios, laborando como meseros/as en restaurantes, como guardias de seguridad, en tareas de limpieza o de recepcionistas en algunos hoteles del centro de la ciudad. En este sentido, las ciudades del sur de México siguen siendo las que proporcionan menos ingresos para los/as trabajadores/as solicitantes y refugiados/as; así el mismo informe señala: “de manera contraria, los menores ingresos se presentan en Palenque (3.134,2 pesos), Tuxtla Gutiérrez (3.937,4 pesos) y Tapachula (4.343,7 pesos)” (Hernández y Cruz, 2020, p. 67). Por su parte, las iglesias evangélicas son concebidas como espacios espirituales^[7] y comunitarios, sobre todo por solicitantes y refugiados/as centroamericanos/as, salvadoreños/as y hondureños/as en su mayoría, ya que en dichos espacios han logrado hacer y contar con amplias redes tejidas desde sus espacios de origen. La iglesia católica, por su parte, tiene más presencia por medio de albergues como El Belén, espacio en el cual los/as solicitantes refieren que les brindan alimentación y la posibilidad de estar ahí cuando no cuentan con capital económico para rentar un cuarto, aunque sea por algunos días mientras comienzan sus trámites ante COMAR. Sobre ello comentaron:

Yo asisto a una iglesia evangélica en Tapachula, se llama Ministerios Ebenezer, ahí van muchas personas de Honduras y El Salvador, es importante porque siento que ahí encontramos un espacio espiritual mientras estamos acá, pero también encontramos más personas que pueden apoyarnos acá. (Alberto, 21 años, procedente de San Pedro Sula, Honduras, octubre 2022)

Otro joven comentaba:

Yo voy a la iglesia, desde que estaba en mi país, está bien porque a veces conocemos más personas de ahí, de hecho, hay varios que se conocen en la iglesia y se casan con personas de acá de Tapachula, o también de Guatemala o El Salvador, me entendés, pero es bueno para no caer en problemas acá en la ciudad. (Juan, 23 años, procedente de Santa Ana, El Salvador, octubre 2022)

Las narrativas de estos jóvenes centroamericanos muestran la importancia de las iglesias tanto en el espacio público como en la vida privada, en que las iglesias juegan un papel fundamental en la construcción de subjetividades acerca del buen ciudadano, a la vez que, durante la estadía en la ciudad fronteriza, otros más aseguran que son espacios que pueden brindar seguridad y sociabilidad con otros/as personas de su misma edad. Para algunos/as jóvenes y adultos/as, las iglesias sirven hasta para encontrar una inserción temporal en la economía local en Tapachula, un dato que se vuelve más significativo como punto de comparación entre la economización del migrante joven centroamericano/a en Tijuana y Tapachula.

El papel del albergue tijuanense en la economización del/de la joven centroamericano/a

Durante una investigación desarrollada en el norte de México sobre el sistema de vivienda pública,^[8] se evidencia que las viviendas públicas se subarriendan con frecuencia a solicitantes de asilo centroamericanos/as en Tijuana. Además, se observa que, en muchos casos, las/os migrantes que se encuentran en los albergues trabajan para ganarse la pensión y comida en estos. A veces, trabajan en lugares que tienen acuerdos con los albergues, como en las maquilas, en equipos de seguridad privada, o como parte del equipo de mudanzas de una empresa local de desalojos, de forma que estos empleadores no pagan los salarios a las/os trabajadores/as migrantes, sino que pagan los salarios directamente a los líderes de los albergues; también, muchos albergues tienen conexiones cercanas con las iglesias locales, o por lo menos, una postura espiritual.

Durante la investigación, se observaron varios equipos de desalojo que son empleados por los principales bancos que otorgan hipotecas en Tijuana. La gran mayoría de los jornaleros que forman tales equipos fueron reclutados de tres o cuatro albergues ubicados alrededor del centro de la ciudad, con fácil acceso a los juzgados civiles en que se autorizan los avisos de desalojo cada mañana, de lunes a viernes.

En 2017, Manuel, un jefe de equipo de desalojo, explicó: “Contratamos a los albergues porque proveen a jornaleros. Es fácil y barato”. Y es trabajo sin contrato. “Mi primo empezó después de estar deportado de California”, Alejandro, un jornalero salvadoreño de 20 años que integraba el equipo, “tenía solo 16 años, y es trabajo muy pesado”, anotó. De esta manera, el centroamericano o mexicano repatriado se convierte en co-constructor de la externalización de fronteras políticas espaciales a nivel urbano. La politización del trabajo, que se reivindica como derecho, sirve para desplazar la cuestión más amplia, más allá incluso de cuadros humanitarios, del derecho colectivo de los/as centroamericanos/as a la ciudad, a la región fronteriza.

El fenómeno de la economización del migrante no es unidimensional en las zonas fronterizas, tanto del norte como del sur de México, pues existen múltiples facetas y dinámicas que analizar y configurar desde la teoría social. Sin embargo, quizás el artefacto legal que hace más evidente esta creciente tendencia de economización del migrante que busca asilo, en el México actual, sea la CURP. La CURP es una identificación laboral temporal que se ha convertido para la juventud centroamericana en un sustituto de la ficha en la construcción de una frontera externalizada tanto en Tijuana como en otras ciudades del norte.^[9] Si bien las citas de asilo mes tras mes no se materializan, las visas de trabajo temporales sí llegan, representando una formalidad de más fácil acceso, una especie de formalidad placebo.

La retórica política que acompaña estas tácticas no es sutil. En 2019, por ejemplo, el entonces Secretario de Trabajo del estado de Coahuila, Alberto Cepeda, respondió a preguntas sobre la participación estatal en los programas federales conectando a solicitantes de asilo centroamericanos/as con el trabajo en las maquiladoras. Dijo que los migrantes que llegan a la frontera de Coahuila no tienen interés en trabajar, ya que tienen otras intenciones (Contreras y Gallego, 2019). Discursos similares se pueden encontrar a lo largo de la frontera en los últimos años, justo al lado de invitaciones formales al trabajo. Estos discursos contradictorios sobre el/la centroamericano/a como mano de obra, permiten un pretexto para criminalizar a los migrantes sin tocar directamente la ley de asilo –en EE.UU. o México–. Incluso la retórica etnonacional –que se hace evidente en los comentarios de Cepeda con estereotipos del/de la centroamericano/a como flojo/a y desconfiado/a– se mantiene en los discursos económicos relativamente camuflados.

Entre el registro, la burocracia y la violencia en Tapachula

La recuperación analítica de la vida cotidiana de y desde las/os jóvenes está sustentada en la noción de precariedad extrema como modo de vida. Sintéticamente, la noción de precariedad y su sentido de inseguridad, pensada para la sociedad desarrollada de Occidente como nueva forma de regulación y no como condición episódica (Butler, 2006; Lorey, 2016), se puede pensar como precariedad extrema, la cual, en la analítica de Goldberg (2012), se refiere a una condición de inseguridad ordinaria que trastoca, tanto los límites funcionales adscritos al Estado, al conjunto de la sociedad y las personas, que atraviesa el campo de las subjetividades e imaginarios que la hacen posible.

Esto se ha registrado con jóvenes centroamericanos/as que transitan en Tapachula una experiencia de vida que conjuga la paradoja de la expropiación y apropiación de las dimensiones vitales de sus vidas cotidianas, lo cual devela una experiencia de producción de subjetivación y de sustracción que posibilita enfrentar los desafíos de una violencia con muchos rostros y la tarea imparable de negociar el derecho a la vida en los diversos espacios, el origen, el tránsito y el posible destino. En sus intersticios, entraña la construcción de una política menor (Agamben, 2006; Goldberg, 2012; León, 2012).

Las subjetividades, sintetizadas en la opinión y los intereses, están vinculadas con una interpretación y percepción sustentadas en la experiencia de lo vivido. De ahí, la necesidad de colocarlas en el lugar central de la analítica de la violencia y sus laceraciones recurrentes. Son las/os jóvenes de los tres países del norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) los/as protagonistas de estas experiencias.

Los espacios como derecho de vida no siempre están garantizados, se van negociando desde el lugar de origen, tránsito y destino. El espacio íntimo, el cuerpo, la casa, la calle, la colonia y la escuela se negocian día a día, en el contar de los/as jóvenes, la paradoja de la enajenación de lo propio, mi casa, mi colonia, que no es mi casa, que no es mi colonia, con esto que parece se sale de los lugares de origen, pero también se repite en Tapachula mientras esperan hacer los trámites de la solicitud de la condición de refugio. Sobre ello nos comenta Kevin:

En Tapachula se inicia con los trámites para la solicitud de la condición de refugio, pero es cansado, siempre hay trámites por hacer y se apuesta mucho a que uno se desespere, así lo siento, por ejemplo, para ir a hacer la fila, ya hay gente que tiene una lista de espera, y luego salen otros con otra lista, que son las de los haitianos, pero los de migración apuestan a que uno se desgaste. (Procedente de Copán, Honduras, 23 años)

Norman también señala:

Los trámites son cansados aquí, a veces lo hacen que uno se desespera, veo que la gente se comienza a pelear por un lugar en la fila, las filas son todos los días pues porque viene mucha gente acá, ahí nos tienen en pleno sol. La respuesta de los de migración es lenta y a veces uno piensa mejor salir en caravana, pero pues así nos toca estar… (Procedente de Santa Bárbara, Honduras, 26 años)

Las corporalidades de muchos/as centroamericanos/as en Tapachula llevan a conocer las manifestaciones de sus travesías, de sus emociones, de sus vivencias, pero también, de la frontera externalizada,^[10] apostando al desgaste y desesperación de las/os solicitantes de la condición de refugio. Pareciera que se vuelve a recordar la experiencia de esa expulsión silenciosa de los lugares de origen, que también se refleja en frases como: ¡ya estamos acostumbrados! O ¡hay que aguantar porque somos centroamericanos!

Solicitar la CURP parece solo una estrategia más para avanzar al norte, porque aunque se cuente con este documento, es difícil que las/os migrantes encuentren un empleo formal en las ciudades de tránsito, o que dicho documento acredite su estancia regular. Sobre ello comenta Javier:

Eso de la CURP es un trámite más, mucha burocracia, yo tardé en sacarla acá en Tapachula. He intentado pedir trabajo con ese documento, mostrando que estoy de manera legal acá y nada, no hay trabajo, y donde hay no lo piden, pero el trabajo es mal pagado y explotan mucho. Yo conocí que algunos hondureños a pesar de que mostraron ese documento a las autoridades, los deportaron, así como si nada, no sirve de mucho, pero bueno hay que hacerlo… (Procedente de Santa Bárbara, Honduras, 24 años)

Aunado a la burocracia en los trámites de las/os solicitantes de la condición de refugio, se muestran algunos conflictos desde los espacios laborales, los trámites migratorios, hasta las propias nacionalidades. Por ocupar un espacio en esta ciudad fronteriza, se comienza a mostrar qué es ser catracho/a –gentilicio del hondureño–, chapín/a –gentilicio del guatemalteco, qué es ser guanaco/a –gentilicio del salvadoreño–, o también qué es ser caribeño/a, haitiano/a, africano/a o asiático/a.

Reflexiones finales

En estos tiempos de guerra contra la migración, la externalización del asilo surge como nueva táctica y arma en la construcción de una frontera vertical hemisférica. Los/as jóvenes centroamericanos/as que buscan asilo en México también están situados/as como agentes políticos/as. Se verifican nuevos reclamos hacia la autonomía del migrante, es decir, su resistencia a las reglas del juego como las definen los Estados y las elites. Desde su participación en caravanas migrantes autoorganizando sus movimientos en masa, en colectivo, hasta la construcción de microterritorios urbanos en campamentos, autónomos como en la toma de decisiones para subarrendar y/o trabajar en las periferias urbanas. Esas acciones, sin embargo, también provocan o surgen junto con nuevas estrategias y políticas por parte del Estado para marginar, economizar y/o reinvisibilizar a estas poblaciones.

Hay algunas estrategias clave de esta contratendencia, en especial, la fragmentación y la marginalización geográfica de grupos centroamericanos dentro de las ciudades fronterizas y el reemplazo de trámites burocráticos –e imaginarios sociales– del asilo humanitario, cada vez más por trámites e imaginarios economizados y, por lo tanto, despolitizados e invisibilizados.

Dentro de estas nuevas matrices de la guerra antimigrante, los/as jóvenes centroamericanos/as quizás son quienes reciben y sienten estos impactos con más severidad. Hasta tiempos muy recientes, formaron la población migrante más privilegiada tanto de la interpelación estatal como de la protección de los derechos humanos. Mientras que los discursos de derechos humanos pierden fuerza en las nuevas constelaciones hemisféricas de migración y su gobernanza, tiene sentido que el rostro de la juventud como rostro principal de las políticas humanitarias de asilo en México como en los EE. UU. también pierda fuerza. Ahora, con el surgimiento de programas generalizados como el de la CURP, que posibilita tener permisos formales de trabajo a los/as migrantes –aunque muchas veces insuficientes–, a la vez que las leyes de trabajo infantil están bajo pleno ataque en muchas partes de EE.UU., han surgido nuevas intensidades de tácticas de economización de los/as jóvenes centroamericanos/as como una tendencia importante para los que estudian la migración. Y, como agregado, por la congelación de una frontera política de asilo cada vez más externalizada por parte de los EE.UU., las dos regiones fronterizas mexicanas parecen cada vez más cercanas, tanto en los imaginarios migratorios como en cuanto a sus tendencias urbanas y burocráticas de gobernanza migratoria.

Enfrentados con esta creciente economización, también se ve que los/as jóvenes centroamericanos/as y sus familias no son simplemente víctimas pasivas. Hasta ciertos límites, tácticas, morales y prácticas, también aceptan estas nuevas tendencias, negociando con su precariedad extrema para mantener vivas la esperanza, la movilidad y la autoestima, al igual que la aceptabilidad de sus identidades desde perspectivas hegemónicas mexicanas.

Este análisis comparativo de estas nuevas tendencias, tácticas, condiciones y estrategias migratorias estatales en Tapachula y Tijuana, respectivamente, revela cómo estas negociaciones co-construyen territorios, entre escalas transnacionales y metropolitanas. Al contrastar la marginación económica y espacial de los/as migrantes, y especialmente de los/as jóvenes migrantes, en el espacio urbano de Tijuana y Tapachula, se espera haber ayudado a elaborar y llamar la atención disciplinaria a importantes preguntas de investigación hoy en día, con respecto a los espacios generados y habitados por los/as jóvenes centroamericanos/as que buscan asilo.

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