Ana Laura Avila, María José Navarrete
y María Marta Bernabeu

Introducción

Desde fines del siglo pasado, en las áreas centrales de un gran número de ciudades latinoamericanas, se produjo una pérdida de dinamismo y población a raíz de los procesos de crecimiento urbano de extensión periférica. Por esto, los gobiernos de estas ciudades comenzaron a realizar proyectos de renovación o revitalización para dichas áreas. Uno de los objetivos de estos proyectos era constituirlas en importantes oportunidades de negocios para el mercado inmobiliario. En este contexto, inversiones de capitales públicos y privados retornaron a las áreas centrales o pericentrales de las ciudades, así como también los discursos públicos volvieron a ocuparse de ellas. Esto ha dado lugar a un fenómeno denominado como “regreso a la ciudad construida” (Díaz Parra, 2014, 2015).

Entendemos que, en el marco de estos procesos, se han incrementado las fronteras urbanas. Definimos las fronteras como una diversidad de entidades socialmente construidas, las cuales se encuentran espacial y temporalmente localizadas (Ghilardi y Benedetti, 2019). Según los autores, estas estructuran la ciudad como una unidad, pero también la fragmentan hacia su interior, inciden en la dinámica urbana a largo plazo y en la cotidianeidad de sus habitantes. Desde esta perspectiva, es posible diferenciar dos tipos de fronteras: por un lado, las fronteras tradicionales, relativas a la división centro-periferia, y, por otro, las fronteras emergentes, que pueden ser tanto materiales como simbólicas y se expresan en el desarrollo de torres countries, muros, dispositivos de seguridad, y normativas urbanas (Dalla Torre y Ghilardi, 2019).

En el proceso de extensión periférica, las fronteras tradicionales –la diferencia entre centro y periferias– se hicieron notorias. En esta forma de crecimiento, se realizaron nuevas inversiones en los alrededores de las ciudades (barrios privados, autopistas, centros comerciales, etc.), lo cual contribuyó a la conformación de periferias difusas, de baja densidad, fragmentadas y con fuertes indicios de segregación socioespacial. Mientras tanto, como mencionamos, las áreas centrales perdían actividades, población y dinamismo. Así, en buena parte de la literatura urbana, se asoció el incremento de fronteras con el crecimiento hacia las periferias. Sin embargo, entendemos que, cuando los capitales vuelven a invertir en las áreas centrales, esto se refuerza con la aparición de más fronteras emergentes.

Entonces, la hipótesis que ha guiado nuestro trabajo es que, en el Área Metropolitana de Mendoza (AMM), el proceso de regreso a la ciudad construida se caracteriza por una proliferación de fronteras emergentes que se sobreimprimen a las fronteras tradicionales de centro-periferia. En el desarrollo del trabajo, procedimos a identificar y caracterizar las fronteras emergentes que surgen en el regreso a la ciudad construida en el AMM. Nos centramos en el departamento de Capital durante las dos primeras décadas del siglo xxi y analizamos tres casos: las torres country, los edificios de lujo o alta gama y el Código de Convivencia Ciudadana (CCC). La metodología implementada ha consistido en observaciones en terreno, análisis de bibliografía especializada y distintas fuentes secundarias –noticias periodísticas, datos censales y normativa urbana–.

El regreso a la ciudad construida

En la literatura urbana, se señala los fines de la década de 1970 como un periodo en el cual se modificaron sustancialmente las pautas de intervención del Estado y de los capitales en las dinámicas urbanas. En términos sintéticos, podemos decir que se produce lo que David Harvey (2007a) denomina el “giro de la gestión hacia el empresarialismo urbano”, esto es, el Estado promociona y participa activamente en la rentabilidad y ganancia empresarial. Esta nueva orientación de las políticas urbanas se caracteriza por lo siguiente: una mayor importancia de las escalas locales frente a los Estados nacionales centralizados, el tránsito hacia la ciudad emprendedora, una primacía de los mercados en la orientación del desarrollo urbano y, por último, nuevos modos de gobernar y gestionar las ciudades, signados, fundamentalmente, por el abandono de las formas de planificación previas (Harvey, 2007a; Díaz Parra, 2016).

En este marco general, como mencionamos anteriormente, en Latinoamérica comienza a desarrollarse un proceso denominado por diversos autores como “regreso a la ciudad construida” (Carrión, 2001; Díaz Parra, 2014, 2015). Como su nombre lo indica, el proceso tiene lugar en las áreas centrales o consolidadas y consiste, básicamente, en el retorno de inversiones de capitales públicos y privados a dichas áreas de las ciudades. Esto se da en conjunto con un renovado interés por estas zonas, por lo cual se elaboran diversos discursos sobre sus problemáticas y se proponen iniciativas para resolverlas, entre las cuales podemos mencionar: la recuperación del patrimonio para el caso de algunos centros históricos de ciudades latinoamericanas, el mejoramiento de los espacios públicos, la estigmatización de los residentes de bajos recursos, iniciativas turísticas, entre otras. Este proceso cobra fuerza, en parte, porque el urbanismo fundado en la periferización y expansión urbana entró en crisis (Carrión, 2001). Este regreso se combina con nuevas tendencias en las políticas urbanas propias del urbanismo en la fase neoliberal, como el urbanismo por proyectos para áreas específicas, en contraposición con la planificación general más característica del periodo anterior. Así como también en algunos casos fue importante la instrumentalización de alianzas público-privadas para el desarrollo de intervenciones en áreas centrales abandonadas o deterioradas (Puerto Madero para el caso de Argentina, por ejemplo) (Díaz Parra, 2014).

En los estudios urbanos, se utiliza el concepto de “gentrificación” para hacer referencia al proceso de valorización de las áreas centrales y al recambio en las clases sociales por quienes las habitan durante este proceso, es decir, un desplazamiento de habitantes de bajos recursos por clases de mayor poder adquisitivo. Por lo cual la gentrificación se asocia con el incremento de fronteras materiales y simbólicas en la ciudad. En este trabajo en particular, nos interesa basarnos en el concepto de “regreso a la ciudad construida”, porque esta noción nos permite, por un lado, analizar la particularidad de estos procesos en las ciudades latinoamericanas y, por otro, relacionar este fenómeno con los cambios en el urbanismo y la planificación urbana a partir del último cuarto del siglo pasado.

En el sistema capitalista imperante, el espacio urbano es fundamental en cuanto posibilita la reproducción del capital, las relaciones de producción y la realización de las estrategias del Estado. Neil Smith (2012) señala que la revitalización a través de la gentrificación o de la renovación urbana constituye una forma de transferir capital desde la industria a la producción de nuevos espacios. Díaz Parra (2014) explica que los cambios son muy lentos y que hay una gran variedad de situaciones, pero, como tendencia general, se puede señalar una reinversión en los espacios centrales y la sustitución de los habitantes por otros de un mayor nivel económico. Por esto, el regreso a la ciudad construida no constituye el regreso de la población, sino más bien el regreso de la inversión de capitales (Smith, 2012).

Además, en las ciudades iberoamericanas, puede analizarse también un regreso de la política urbana sobre la ciudad construida (Díaz Parra, 2014). Hacia fines de 1970, el funcionalismo, hegemónico en la arquitectura e intervención urbana desde fines de la Segunda Guerra Mundial, comienza a ser fuertemente criticado desde distintas perspectivas. Para fines de los 80 y principios de los 90, se produce un quiebre del modelo funcionalista, lo cual da lugar a políticas urbanas posfordistas o a lo que algunos autores denominan “urbanismo neoliberal” (Theodore et al., 2009). Los proyectos neoliberales se implementan mediante una serie de políticas urbanas, tales como el marketing territorial, la creación de zonas empresariales y el impulso de asociaciones público-privadas, entre otras. Se trata de políticas que tienen por objetivo movilizar espacios de la ciudad, tanto para el crecimiento económico con vistas al mercado, como para las prácticas de consumo de las élites, para lo cual es necesario, a la vez, asegurar el orden y el control de las poblaciones excluidas (Theodore et al., 2009).

Díaz Parra (2015) establece cuatro características sobre las singularidades de este proceso de retorno a las áreas centrales en Latinoamérica. Primero, una primacía de las políticas públicas que impulsan el proceso, en contraposición con la gentrificación en los países centrales donde tuvieron un rol central los capitales privados y el mercado inmobiliario. Segundo, la relevancia de los enclaves históricos. La recuperación del patrimonio de los centros históricos construidos durante la época colonial se convirtió en un emblema importante para fundamentar estas iniciativas. Tercero, el poder de las clases populares, ya que en muchas ciudades las clases populares localizadas en estos centros históricos han resistido procesos de desalojo. Además, el Estado asumió un rol fuertemente disciplinario en el espacio, sancionando y desplazando aquellas prácticas que no se correspondieran con los estilos de vida y las prácticas de consumo de las clases altas (Janoschka, Sequera y García, 2014). Cuarto, se menciona también la vulnerabilidad de las clases medias, porque, a diferencia de lo ocurrido en los países centrales, no ha sido tan masiva la llegada de las clases medias para residir en estas áreas recientemente intervenidas (Díaz Parra, 2015). Esto último se produce por diversas razones: su vulnerabilidad como consumidoras por su debilidad demográfica, una resistencia por parte de estas a entrar en contacto con espacios previamente estigmatizados, entre otras. Entendemos además que, aun dentro de las particularidades de estos procesos en las ciudades latinoamericanas, en nuestra ciudad se ha dado también con especificidades propias.

Mendoza, ciudad maravillosa

En la actualidad el AMM abarca seis municipios: Capital, Luján de Cuyo, Maipú, Guaymallén, Las Heras y Godoy Cruz. Durante la segunda mitad del siglo xx, el crecimiento urbano en extensión y población aglutinó el área urbana de estos seis departamentos de la provincia (Ponte, 2008). En la década de 1980, la expansión suburbana se produjo, fundamentalmente, por la construcción de barrios de vivienda social, sumada al crecimiento de urbanizaciones informales y precarias. A partir de 1990, y también durante la primera década de este siglo, predominaron los barrios privados para clases medias y medias altas, más el desarrollo de emprendimientos comerciales (hipermercados, shoppings) y autopistas. Así, se configuró una periferia extensa, difusa, fragmentada, en la cual proliferaron las fronteras, como mencionamos anteriormente.

En este marco, el departamento de Capital, que históricamente había concentrado el poder económico, político y simbólico del AMM, perdió importancia, atractivo y vitalidad. Las transformaciones más significativas durante estas décadas en este departamento fueron, primero, un decrecimiento demográfico sostenido y, de manera relacionada, una pérdida de la función residencial, ya que parte de la población se trasladó a nuevos emprendimientos en la periferia. Segundo, un crecimiento hacia el oeste en la zona de piedemonte donde había mayor disponibilidad de terrenos, sobre todo de villas, asentamientos y barrios de vivienda social (aunque esto no revirtió la tendencia general de decrecimiento demográfico). Tercero, se produjo también el traslado de funciones comerciales y recreativas a nuevos desarrollos en la periferia, sumado al traslado de algunos servicios a los centros de los restantes departamentos del AMM. Por último, apareció el comercio ilegal en las calles (Marsonet y Berridi, 2014; Schmidt, 2003).

A modo ilustrativo de estos fenómenos, en la figura 1 se puede observar un crecimiento demográfico más bajo en las áreas centrales (Capital y Godoy Cruz), mientras que en la periferia (Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú) se alcanza un crecimiento de más del 50 % en los últimos treinta años.

Figura 1. Población del Área Metropolitana de Mendoza en los censos nacionales por departamento. Años 1960-2010. Absolutos

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010.

Frente a estas dinámicas, las distintas gestiones municipales de Capital han intentado volver a hacer atractivo el centro de la ciudad, a fin de lo cual han realizado distintas acciones para la renovación de ciertos barrios o zonas. Por ejemplo, en el caso de Argentina, el retorno a la ciudad construida tiene como caso insignia el megaemprendimiento urbano Puerto Madero, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha operación consistió en la renovación del ya viejo Puerto Nuevo de la ciudad y en la urbanización de las barras de arena que separan el centro urbano del estuario del Río de la Plata (Díaz Parra y Rabasco Pozuelo, 2013; Díaz Parra, 2014). La Ciudad de Mendoza tuvo un proyecto similar denominado “Mendoza Madero”, proyectado para los terrenos del ex-Ferrocarril General San Martín. Esta iniciativa finalmente no se concretó, pero, en distintas gestiones municipales, se mantuvo la idea de revitalizar y densificar esta área para aprovechar el crecimiento inmobiliario, con el fin de revitalizarla y producir un nuevo centro (Morgani y Rizzo, 2014).

Las gestiones del municipio de Capital tienen como rasgos comunes a lo largo de estas décadas los siguientes:

1. la ausencia de planificación y regulación;
2. las permanentes excepciones a la normativa vigente para favorecer el desarrollo de la especulación inmobiliaria;
3. la gestión de los espacios públicos como desafío, fundamentalmente a causa de la inseguridad urbana;
4. las obras de renovación urbanística que tienen como objetivo “embellecer” ciertos puntos de la ciudad, lo cual concuerda con el abordaje de la ciudad por partes y no en su conjunto (Ponte, 2008).

También comenzaron a desarrollarse slogans que buscan instalar los atractivos particulares de la ciudad en el circuito del turismo internacional o para desarrollar emprendimientos de alta gama, es decir, la creación de marcas distintivas espaciales relacionadas a un lugar (Harvey, 2007b). En este contexto, empezó a ser muy frecuente el uso de la fuerza pública para mantener fuera de la ciudad a los “indeseables” (Marsonet y Berridi, 2014). Podemos decir que, con sus particularidades, esta gestión local se encuadra en la lógica general propia de las políticas urbanas neoliberales.

Como veremos en los próximos apartados, el municipio, con el objetivo de atraer a sectores de alto poder adquisitivo, tanto residentes como turistas, y de expulsar a sectores de menor poder adquisitivo, implementó una serie de acciones. Todo lo cual implicó un reforzamiento de las fronteras tradicionales y emergentes. A continuación, desarrollaremos las definiciones sobre fronteras y las dinámicas entre ambos tipos.

Las fronteras emergentes refuerzan las fronteras tradicionales

Siguiendo a Bartolomé (2006), entendemos las fronteras como un concepto polisémico que se refiere tanto a realidades fácticas como a metáforas que aluden a construcciones intelectuales, es decir, a materialidades y a representaciones. Son construcciones humanas generadas para diferenciar, para marcar la presencia de un nosotros distinto de los “otros”. Es un ámbito que separa, pero a la vez también reúne. Por lo cual se refieren, por un lado, a la integración e identificación del grupo de pertenencia y, por otro, a la exclusión y distinción con relación al resto de la sociedad (Dalla Torre y Ghilardi, 2019).

En el ámbito urbano, podemos diferenciar dos tipos de fronteras: las tradicionales y las emergentes (Ghilardi, 2017). Las fronteras tradicionales hacen referencia a las diferencias entre el centro y la periferia de un área metropolitana. En el apartado anterior, mencionamos que en las últimas décadas se produjo un regreso a la ciudad construida en la región. En el AMM, así como en muchas otras ciudades, continúa de manera muy dinámica el proceso de extensión periférica, mientras que comienzan a identificarse elementos propios del proceso de regreso a la ciudad construida. Es decir, hay valorización de zonas centrales y periféricas.

Por su parte, las fronteras emergentes se refieren a las separaciones al interior de la ciudad en relación con los nuevos procesos ligados al urbanismo neoliberal (Dalla Torre y Ghilardi, 2019). Como mencionamos, las fronteras separan, pero también unen, e incluso puede haber momentos de mayor apertura y otros de mayor cierre en la misma frontera. Creemos interesante preguntarnos quiénes son aquellas personas o grupos a los cuales se separa y para quiénes las fronteras permanecen “abiertas”. Si entendemos las fronteras como una separación que revela las diferencias en el ejercicio del poder (Renard, 2002), entonces, analizar a quiénes integran y a quiénes excluyen puede contribuir a develar diferencias de poder en la apropiación del espacio urbano.

Fronteras emergentes materiales y simbólicas en la Ciudad de Mendoza

A continuación, desarrollaremos tres casos de fronteras emergentes, tanto materiales como simbólicas, que, en el proceso de regreso a la ciudad construida, refuerzan las fronteras tradicionales. Como mencionamos, el regreso a la ciudad construida constituye “un movimiento de regreso a la ciudad por parte del capital más que de la gente” (Smith, 2012, p. 130). En esta dirección, consideramos que el regreso del capital implica el desarrollo de fronteras materiales y simbólicas, las cuales desplazan prácticas y grupos sociales que no se encuentran subsumidos en sus lógicas.

El primer caso es el de las torres country, es decir, edificios de vivienda en altura destinados a los sectores y grupos sociales de mayor poder adquisitivo de la población. Las consideramos un ejemplo de frontera emergente porque construyen una separación al interior de la ciudad. Estas torres configuran fronteras materiales dado que tienen seguridad privada en el ingreso, así como cámaras e ingreso restringido a quienes habitan o son invitados por quienes habitan allí. A su vez, constituyen fronteras simbólicas en la medida en que, si bien se encuentran inmersas en la trama urbana, pretenden, mediante estilos de vida exclusivos, diferenciarse de ella, constituyéndose en “cápsulas espaciales acondicionadas a la estética del mercado” (Sarlo, 1994, citada en Scillamá, 2014).

En nuestro país, los orígenes de este tipo de emprendimientos se remontan a la década del 80, impulsados por las normativas propias de los Códigos de Planeamiento Urbano y al surgimiento de una ideología antiurbana (Tercco, 2005). En la década del 90, la fragmentación y segregación urbana tuvieron su máxima expresión en la proliferación de country clubs, barrios privados y shopping centers (Scillamá, 2014). Junto con esta nueva oferta inmobiliaria, se produjo un cambio en las expectativas de las clases altas con respecto a la vivienda. Estas clases comenzaron a priorizar el modo de vida que los country clubs proponían: presencia de espacios verdes amplios, tranquilidad, ubicación de la vivienda en lugares abiertos y de menor densidad, seguridad asociada a los sistemas de vigilancia, y la distancia de los centros urbanos.

En dicho contexto, las torres en altura adquirieron la denominación de “torres country” en el año 2002, y se mostraron como una alternativa para quienes querían vivenciar el modelo residencial propuesto por los country clubs, pero aprovechar también los servicios de la ciudad. De esta manera, eran presentadas como una solución que reunía “lo mejor de los dos mundos”. Por un lado, la ciudad como localización cultural y comercial, más que como forma de vida y lugar de conflicto creativo. Por el otro, la naturaleza, en forma de vistas a la montaña e imitaciones de parquizados. Cabe destacar que, si bien se busca una localización central, este tipo de urbanización privada con oferta de servicios o amenities torna innecesaria buena parte de las salidas al exterior de la residencia (Tercco, 2005).

En la Ciudad de Mendoza, la primera torre country, “Villa Mediterránea”, data del año 1998. Localizada en el municipio de Godoy Cruz, fue desarrollada por el Grupo Presidente. Sin embargo, el boom de estos emprendimientos se dio casi una década después, durante los años 2004-2009, dentro de un periodo caracterizado por la reactivación de la construcción y la actividad inmobiliaria (Del Río, 2014; Del Río, Langard y Arturi, 2014). En dicho periodo doce torres country se localizaron en el departamento de Godoy Cruz, en un espacio reducido de 500 metros, en el límite con el departamento de Capital. Las ordenanzas del Municipio de Capital establecían mayores restricciones a la construcción en altura^[1], por lo cual los empresarios inmobiliarios optaron por localizar sus emprendimientos en el departamento vecino, ya que Godoy Cruz no poseía normativas al respecto. De esta manera, priorizaron las zonas más cercanas y similares al centro posible, con el fin de obtener mayores ganancias con menores inversiones (Rizzo, Marsonet y Grosso, 2011).

Desde un análisis de la renta del suelo, se puede suponer que en el municipio de Capital existe una edificabilidad, en términos económicos, que no es aprovechada debido a las restricciones normativas. Sin embargo, si estas se modifican, pueden permitir una edificabilidad mayor y hacer subir el precio del suelo, de manera similar a cuando se cambia el régimen de usos (Jaramillo, 2009). Los saltos de rentas pueden propiciarse por la mayor rentabilidad que se obtiene cuando se produce un cambio de uso (de agrícola a urbano, por ejemplo) o, también, cuando se produce un cambio en la normativa urbana (mayor habilitación para construcción, otro caso). Por ejemplo, en el nuevo Código Urbano y de Edificación de Capital de 2019 (pp. 114 y 115), se crea un recurso de contribución compensatoria, que permite un mayor aprovechamiento del factor de ocupación total (FOT) a cambio de una compensación económica. De esta manera, los desarrolladores inmobiliarios con los recursos económicos suficientes podrán construir con mayor altura. Esta excepción es particularmente significativa para la Ciudad de Mendoza, porque, al estar localizada en una zona de alto riesgo sísmico, determinar la altura permitida para construir ha sido problemático.

Figura 2. Torres country Godoy Cruz y Capital

Fuente: elaboración propia a partir del relevamiento de Rizzo, P., Marsonet, P. y Gorsso, V. (2011).

Por otra parte, la localización de los distintos emprendimientos de torres ha suscitado importantes conflictos con los vecinos de la zona. Principalmente, por el temor de un posible colapso de los servicios elementales, como las redes de agua y cloacas. Ante esta situación, los empresarios inmobiliarios presentan estos artefactos urbanos como una posibilidad de revalorizar la zona. Ejemplo de ello son las palabras del empresario Adolfo Cioffi con respecto a las torres country “Boulogne Park Residences”, localizadas en la 5.º Sección de la ciudad (próximas también al límite entre Godoy Cruz y Capital): “Sabemos de la resistencia que ha generado nuestro emprendimiento, pero también hay personas que han manifestado su interés por la obra debido al aporte arquitectónico que significará en esa parte de la ciudad” (Los Andes, 2014).

Otra forma de incrementar la rentabilidad mediante el aprovechamiento de la construcción en altura es directamente mediante excepciones al Código. Esto nos introduce en el segundo caso de análisis: el de los edificios de lujo y hoteles que se construyeron por vía de excepción. Estos se caracterizan, al igual que las torres country, por representar fronteras materiales y simbólicas. Hasta el 2006 el edificio más alto de la Ciudad de Mendoza era el Edificio Gómez, con 34 metros. Luego, comenzaron a construirse torres y edificios que superaban esa altura, destinados al turismo y también a vivienda para población de alto poder adquisitivo.

Analizaremos el caso de tres edificios de lujo localizados en el microcentro de la Ciudad de Mendoza: Da Vinci, Diplomatic y Executive. Todos estos emprendimientos corresponden a Grupo Presidente, una empresa que comenzó en 1971 con desarrollos inmobiliarios. Sus primeros emprendimientos en los años 90 fueron barrios privados en la periferia y edificios residenciales en el centro de la ciudad. Luego de la crisis del 2001, la empresa continuó con emprendimientos inmobiliarios, pero diversificó su oferta con hoteles de lujo en el centro y torres country. Incluso, en los últimos años, ha comenzado a desarrollar agronegocios de olivos, viñedos y frutos secos (Presidente.com.ar, 2021).

Una estrategia de valorización de la empresa en los últimos años es la construcción de edificios destinados a clases altas y turismo internacional, que se han caracterizado por ser “distinguidos, modernos y de gran elegancia” (Presidente.com.ar, 2017). El Hotel Diplomatic se encuentra entre los cinco hoteles más caros de la ciudad, por lo cual se requiere contar con altos ingresos económicos para alojarse aquí. Además, los alquileres y las ventas de los tres edificios se ofrecen principalmente en páginas internacionales (Booking.com, 2017), en la página provincial de inmobiliarias aparecen muy pocas ofertas, y las pocas que aparecen figuran en dólares. En los casos de ofrecimiento de alquileres de departamentos, los precios por mes superan el salario mínimo vital y móvil de Argentina de 8.860 pesos para julio de 2017 (Inmoclick.com.ar, 2017).

Los tres edificios referidos se encuentran en el microcentro, cercanos a espacios verdes, comercios y servicios. Con esta localización, la empresa busca apropiarse de una renta diferencial (una sobreganancia) por la construcción en altura, lo que permite mayor intensidad en la inversión de capital (Jaramillo, 2009). Estos edificios se desarrollan en una ciudad de baja altura, por lo cual sobresalen llamativamente de las construcciones que las rodean. La importante construcción en altura de estos edificios se logró mediante excepciones al Código Urbano y de Edificación, ya que, en la zona donde se encuentran los edificios Da Vinci (22 pisos) y Executive (15 pisos), el límite máximo establecido era de tres pisos en el momento de la construcción de estos emprendimientos. El hotel Diplomatic se ubica en una zona que permitía hasta 10 pisos, pero cuenta con 20, por lo cual representó una excepción al Código de la Ciudad de Mendoza del año 2015. En Capital, tan solo en los años 2006 y 2007, se aprobaron 45 proyectos para la construcción de edificios que superaban los tres pisos y la instalación de negocios, bajo la figura vía de excepción para poder eludir normas básicas que regían en el municipio (El Sol, 18 de junio de 2008).

A finales de 2015, el Código de Urbanismo y Edificación de la Ciudad de Mendoza fue modificado nuevamente, y se incorporó la exención de pagos por derechos de construcción en zonas determinadas, la posibilidad de obtener excepciones a quienes posean terrenos superiores a 2.500 m2, la ampliación de los estándares de edificación en altura, y la habilitación para negociaciones particulares con inversores. Luego, en 2019 se agregó el recurso de contribución compensatoria ya mencionado. En suma, toda una serie de medidas que otorgan importantes beneficios a las empresas constructoras desarrolladoras de emprendimientos inmobiliarios en la ciudad.

Además del capital económico, el capital simbólico también juega un rol fundamental para la apropiación del espacio (Bourdieu, 1998). En la presentación de los edificios en la página del desarrollador inmobiliario, se observan los atributos a los cuales hace referencia para diferenciarse de otras propuestas: elegancia, excelencia, modernidad y distinción. Los servicios ofrecidos también muestran los consumidores para los que están destinadas las habitaciones o departamentos, ya que no son solo servicios básicos, sino que también se ofrecen amenities de lujo, por ejemplo, piscina temperada, health club, spa, salones corporativos o cava de vinos (Presidente.com.ar, 2021). En Mendoza se suele hacer alusión al vino para atraer al turismo internacional y a la población local con capital cultural y social, ya que conocer de vinos es un símbolo de prestigio. A la inversa, para quienes carecen de estos capitales, funcionan como fronteras, ya que son mantenidos a distancia de estos bienes, ya sea de manera física o simbólica. Quienes entran en esos espacios corren el riesgo de sentirse desplazados si no cumplen las condiciones que este exige tácitamente de sus ocupantes (Bourdieu, 1998).

La frontera material está representada por los grandes y lujosos pórticos con guardias de seguridad, que no permiten el ingreso a quienes carecen del capital simbólico necesario para atravesarlos. También comienzan a aparecer alrededor de los edificios de lujo comercios destinados a la población de alto poder adquisitivo y a turistas, lo cual acrecienta la distancia simbólica con quienes dejan de frecuentar esos espacios públicos y privados porque no comparten el capital simbólico de ese espacio social. Los empresarios inmobiliarios incorporan criterios ligados al gusto y la exclusividad (urbanizaciones exclusivas, de lujo, de marca), potenciando la producción y consumo de capitales simbólicos (Harvey, 1990). La estética funciona de esta manera como una frontera simbólica que perpetúa las desigualdades de clase en torno al acceso y apropiación de determinados espacios urbanos mediante gustos y estilos de vida (García Herrera, 2001).

El regreso a la ciudad construida se ha visto acompañado, entonces, por la definición de formas socialmente aceptadas y aceptables de apropiación y uso del espacio urbano, propias de las clases medias y altas (Janoschka, Sequera y García, 2004). Ello nos introduce en el tercer caso que nos posibilita analizar fronteras emergentes: el Código de Convivencia Ciudadana (CCC) Ordenanza 3.877/2014. Fue sancionado en el año 2014 en el Municipio de Capital y, mediante los 81 artículos que lo componen, regula el uso del espacio público y prohíbe y sanciona determinados comportamientos y formas de apropiación de él. Esta normativa se legitima precisamente en discursos que promueven el “cuidado” de los espacios públicos y de su patrimonio histórico, pero en los hechos se traduce en la expulsión o el desplazamiento de los sectores populares de dichos espacios (Janoschka, 2014).

Esto se visualiza, por ejemplo, en la prohibición de actos, manifestaciones y movilizaciones en las calles de la ciudad, para cuya realización se establece “el uso de la explanada del edificio municipal”, o la circulación por veredas “respetando pasos peatonales y señales semafóricas” (CCC, art. n.º 19, 2014). Dichas medidas han perjudicado a diferentes agrupaciones políticas, sociales y sindicales, que han sido multadas en reiteradas ocasiones por incumplir estas disposiciones del Código. Si bien el centro de la ciudad continúa siendo el espacio por excelencia en el cual se desarrollan las actividades de manifestación y protesta, se trata, en este caso, de castigar a quienes llevan a cabo estas prácticas de reivindicaciones sociales y políticas. En la misma dirección, la prohibición de la realización de grafitis o pintadas sobre elementos del espacio público (CCC, art. n.º 21) restringe la libertad de expresión. Otro punto en el cual se visualizan estos desplazamientos o expulsiones es en la prohibición establecida en el artículo n.º 32 del “desarrollo de acrobacias con patines, bicicletas, skates y cualquier otro elemento similar en escaleras para peatones” (CCC, art. n.º 32). Esta medida ha desplazado a una gran cantidad de jóvenes que encontraron en los espacios públicos de la ciudad la posibilidad de practicar una diversidad de deportes urbanos.

Finalmente, la aplicación del Código ha generado la expulsión masiva de actividades de la economía popular del centro de la ciudad. La prohibición del ofrecimiento de cualquier servicio personal a quien se encuentre en el interior de vehículos privados o públicos cuando se detengan en los semáforos (CCC, art. n.º 36) ha expulsado a un gran número de limpiavidrios y “trapitos” del centro de la ciudad. Una gran parte de ellos han optado por localizarse en el departamento de Guaymallén en el límite con el municipio de Capital. Mientras que la restricción de la presencia de la venta ambulante de alimentos, bebidas y otros productos sin autorización municipal (CCC, art. n.º 46) perjudica cotidianamente a un gran número de vendedoras y vendedores ambulantes sin habilitación cuya mercadería ha sido requisada. Algo similar ha acontecido con los y las artistas de la calle, quienes no pueden desempeñar su trabajo sin contar con la habilitación municipal correspondiente. De esta manera, el Código, mediante distintos artículos, opera como una frontera que desplaza prácticas y formas de apropiación (sociales, culturales, económicas y políticas) de los sectores populares de los espacios públicos del centro de la ciudad.

Así, podemos ver las diferencias entre, por un lado, el Código Urbano y de Edificación, que favorece la rentabilidad de capitales económicos al flexibilizar diversas restricciones, y, por otro, el Código de Convivencia, a través del cual se fundamenta la aplicación estricta de penalidades sobre determinados grupos e incluso se llega a desplegar el aparato represivo del Estado.

Las fronteras emergentes buscan mantener a distancia a personas, situaciones, actividades, etc., indeseables, al mismo tiempo que buscan generar cercanías entre lo deseable, y de esta manera minimizan el gasto necesario para apropiarse de ellas (Bourdieu, 1998). La capacidad de dominar el espacio, en especial apropiándose (material o simbólicamente) de bienes escasos (públicos o privados) distribuidos en él, depende de los capitales que se poseen. Así, las posiciones en el espacio social se retraducen en el espacio físico y, como menciona Renard (2002), el espacio y sus fronteras se configuran como uno de los lugares donde se afirma y se ejerce el poder.

Reflexiones finales

En este escrito se indagó en la manera en la cual distintas dinámicas de desarrollo urbano se vinculan con la emergencia y proliferación de fronteras. En específico, hemos buscado mostrar a lo largo del trabajo de qué manera el regreso a la ciudad construida implica una intensificación de las fronteras emergentes al interior de la ciudad. Para esto, se analizaron tres casos donde la configuración de las fronteras emergentes al interior de la ciudad devela para quiénes las fronteras permanecen abiertas, así como también quiénes son las personas o los grupos separados y excluidos. Encontramos que la construcción de fronteras materiales y simbólicas en las torres country y en los edificios de lujo busca integrar a sectores de alto poder adquisitivo, mientras que excluye a quienes carecen de capital económico y simbólico para atravesarlas. También vimos cómo la aplicación de los Códigos funciona como fronteras de exclusión para las prácticas de algunos sectores. Si entendemos las fronteras no solo como barreras físicas materiales, sino también como representaciones simbólicas, podemos decir que, en el caso de los edificios, estas tienen una localización fija, pero, en el del Código de Convivencia, las fronteras se extienden en el espacio y el tiempo. Es decir, las medidas del código se aplican en los espacios públicos (tanto plazas, parques y calles), pero no en todo momento ni sobre cualquiera, sino sobre grupos y actividades específicos, las cuales, por lo general, se relacionan con la informalidad o las manifestaciones políticas, como mencionamos.

Un aspecto que pudimos evidenciar es el rol que ha tenido el Estado en estos procesos, al promover y favorecer mediante un conjunto de iniciativas los intereses del mercado, en detrimento de los sectores populares. Tal como señalamos, ha sido importante el papel de las políticas públicas y de los estados locales como promotores del regreso a la ciudad construida. En los casos de las torres country y los edificios de lujo, son inversores privados quienes desarrollan los emprendimientos, pero el gobierno municipal desempeña un papel central al facilitar este tipo de desarrollos a través de la modificación de la normativa urbana o con excepciones a esta. Este trabajo permitió dar cuenta del rol central que asume el municipio de la Capital de Mendoza a la hora de promover y servir de soporte a la iniciativa privada y a la innovación de grandes emprendimientos inmobiliarios.

En cuanto a las particularidades que asume este regreso a la ciudad construida en las distintas ciudades, podemos decir que, en el caso de la Ciudad de Mendoza, el retorno de los capitales no se ha vinculado a la revalorización del patrimonio ni del centro histórico de la ciudad. Por otra parte, en relación con la resistencia de los sectores populares y la llegada de las clases medias, podemos decir que ambos procesos se han dado de manera moderada. La resistencia de ciertos sectores a estos procesos se ha visualizado en distintos hechos. Por ejemplo, la aplicación del Código de Convivencia Ciudadana ha motivado diversas iniciativas para oponerse a estas intervenciones. Hace unos años organizaciones de artesanas y artesanos trataron de evitar ser desplazados de algunos espacios públicos, o también grupos de jóvenes skaters se enfrentaron a las fuerzas de seguridad cuando intentaban sacarlos de las plazas. En cuanto a la llegada de clases medias, observamos distintas intervenciones que buscan favorecer el uso de las áreas centrales por parte de sectores de mayores de poder adquisitivo. Sin embargo, para el caso del AMM, no es tan claro que estos procesos hayan favorecido, sobre todo en términos cuantitativos, el arribo de las clases medias a las áreas centrales o consolidadas, ya que, como mencionamos, aún es muy dinámico el proceso de extensión periférica. Profundizar en estas dinámicas, en la manera en la cual estas se relacionan con la construcción de fronteras materiales y simbólicas, y en su impacto en el uso y la apropiación de las áreas centrales de la ciudad por parte de distintos grupos sociales deberá ser objeto de futuras indagaciones.

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Páginas web consultadas

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