Leticia Nora García

Introducción

Las mujeres que residen en puestos del oeste pampeano viven en contextos que condicionan su autonomía. La extensión y el estado de caminos que comunican puestos o localidades, el limitado acceso a la información, la movilidad ineludible para acceder a servicios básicos como educación y salud, la responsabilidad asumida del cuidado de la familia y el rodeo, y con ello la limitación de ausentarse del puesto por mucho tiempo, entre otros, son condicionamientos que se suman a los lugares sociales naturalizados que ubican a las mujeres en tareas de cuidado, sujetas en muchos casos a silencios sociales que también naturalizan abusos y violencias sobre sus cuerpos.

Históricamente, este territorio fue percibido y construido alrededor de representaciones vinculadas con la marginalidad productiva (capitalista) relacionada con restricciones en las condiciones ambientales, y con población campesina (masculina) relativamente autónoma. Las mediaciones institucionales han sido determinantes en la definición de prácticas que han condicionado, en las unidades familiares del oeste, el uso y control de los recursos y el acceso a servicios básicos e ingresos.

Investigaciones geográficas focalizadas en el área de estudio detectan que la “pobreza” se ha convertido en el problema público y político en el oeste pampeano. A su vez, la política pública ha apuntado a ello en el sentido de resolver ese “problema público reconocido en la agenda gubernamental”. Las prácticas no se alejaron de visiones etnocéntricas que actuaron diferencialmente entre los varones y las mujeres, perjudicando a estas últimas (García y Dillon, 2011).

Las voces de mujeres del oeste relevadas desde el año 2010, reconocen ciertos obstáculos en las distintas intervenciones del Estado: “desconocimiento de los problemas porque no viven en el lugar”; “desinformación acerca de derechos”; “imposición de pautas culturales”; “aislamiento por no tener funcionarios amigables y resolutivos en la localidad” (García, 2012; 2013). Estas percepciones se refuerzan con los datos del Informe Final del CFI para el Plan Estratégico Provincial de la Mujer (2013) en el que se resalta la necesidad de intensificar la articulación entre distintas áreas administrativas, haciendo extensivo esto a instituciones intermedias, que manifiestan baja capacidad para articularse y compartir esfuerzos y recursos.

Estos lugares instituidos a las mujeres y al territorio “oeste”, definido como espacios de “borde” en cuanto a su consideración “marginal” y subalternizante. La impugnación a esa consideración cerrada es que en simultáneo a ese escaso o depreciado valor sobre lo humano y no humano se superponen otras territorialidades fundadas en lógicas propias del lugar, disputas por reconocimiento, redistribución y derechos. Estos bordes territoriales y de géneros provocan sin dudas marcas sociales, pero a la vez son geo-graficados^[1] desde otras geometrías de poder.

A pesar de las múltiples y variadas actuaciones del Estado en el oeste pampeano, existe un reconocimiento generalizado de la persistencia de condiciones de exclusión territorial en el tiempo^[2]. Esto llevó a repensar, en el análisis del territorio, a las políticas públicas como procesos dinámicos donde interactúan actores sociales y estatales detectando los obstáculos y los desafíos a partir de una mirada integral^[3].

El punto de vista feminista conduce a desarrollar el proceso de investigación de manera un tanto diferente, en la medida en que se inicia con la formulación de preguntas distintas, en este caso centradas en la vida de las mujeres y las familias y su vinculación con las políticas públicas. Sobre estas últimas se parte desde las prácticas, como campo de disputa. En este marco, este capítulo busca superar las aproximaciones evaluativas de las políticas públicas dirigidas a mujeres del oeste, para avanzar en el conocimiento de experiencias concretas vinculadas con familias crianceras.

Desde una perspectiva de las geografías feministas se exploran las relaciones en el campo, en cada una de las esferas que componen la vida de las mujeres, vinculadas con las políticas estatales en el territorio. Desde el punto de vista metodológico, la elección del paradigma interpretativo colabora en la comprensión y la interpretación de la acción social, en hacer explícitas las situaciones desde las y los actores, junto a la distinción de diferentes formas de conocer y producir conocimiento, y esto enriquece cualitativamente el análisis. El análisis se funda en estudios de caso en el oeste de La Pampa, que se combinan con integración de métodos y técnicas de recolección de datos bajo la preeminencia de metodologías cualitativas. Se opta por seleccionar a cuatro unidades familiares-crianceras-puesteras de los ejidos de Algarrobo del Águila, Santa Isabel y norte de Limay Mahuida (Figura 6), junto a áreas institucionales estatales de jurisdicción nacional, provincial y municipal desde donde emanen programas, proyectos, en definitiva, políticas, vinculadas con ellas. Este número limitado de casos reúne la amplitud de situaciones en cuanto a la residencia, actividad productiva, relaciones, núcleo familiar, condiciones materiales y participación.

El oeste como punto de partida

El oeste pampeano viene pulsando cambios que reconfiguran situaciones preexistentes. En década de 1990, las transformaciones del sector primario en el país renuevan el interés de agentes económicos locales y foráneos por las áreas consideradas “marginales”, y generan nuevas valorizaciones de las tierras. Las transformaciones en la dinámica económica y productiva rural de los últimos treinta años han tenido impacto no sólo en áreas productivas de mercado sino también en espacios que definimos de borde. En el oeste pampeano, las políticas estatales acompañaron en parte estas nuevas lógicas productivas con dotación de infraestructura en el territorio (un frigorífico, una planta extractora de miel, una quesería, entre otras), equipamiento y mejoramiento del hábitat. Esas transformaciones invadieron distintas esferas de lo social, que se entrelazan manifestando nuevos escenarios de conflicto: acceso a recursos, tenencia precaria de la tierra, nuevos mercados, movilidad (des), nuevas disputas en las relaciones de poder y en la configuración de subjetividad.

Al amparo de políticas públicas nacionales, las mujeres iniciaron nuevas experiencias. Entre ellas, la ocupación de áreas de liderazgo confronta el confinamiento histórico al espacio doméstico, a las responsabilidades de la reproducción biológica y social, a los cuidados, a la invisibilidad de su fuerza de trabajo en los puestos (García, 2021). Estos nuevos lugares no siempre rompen con prácticas que impone la cultura sobre los cuerpos vinculadas a valoraciones diferenciales según los géneros.

Se mencionan representaciones, construcciones que “cualifican” al área de estudio como borde, margen, desposesión, desigualdad, marginalidad y a la vez persistencia de prácticas, resistencias desde los lugares y recreación de acciones colectivas en defensa de bienes comunes. Este escenario —donde desarrollan su vida las mujeres y familias crianceras— da cuenta de la acumulación de desventajas: la construcción de género subalternizante, la afección marcada por la vulnerabilidad social y ambiental, la representación devaluada de “su” producción caprina. Pero al mismo tiempo, vivir en condiciones de borde no implica estar afuera, ya que mantienen sus propias redes de vecindad, practican resistencias productivas, refieren a movilidades del puesto al pueblo, entre otras estrategias. Estas prácticas demuestran tener marcas en el territorio, que anticipamos como territorialidades de sus espacios comunes de borde. Se sostiene que estos bordes —en clave de género— también encierran resistencias, relaciones al interior de las otras escalas espaciales y con ello otras territorialidades. La condición de borde aquí se intersecta con los géneros y lo comunitario (García, 2022).

En ese contexto, las mujeres siempre tuvieron un protagonismo central para resolver la vida cotidiana en los puestos como prácticas instituidas culturalmente. A partir de ello, el capítulo centra el interés en explorar: ¿qué características adquiere la intervención del Estado, entre el “decir” y “fabricar” a través de las políticas públicas vinculadas a la vida de las mujeres rurales del oeste?, ¿qué condiciones, acciones perpetúan situaciones de exclusión territorial y de género(s) en territorios del oeste pampeano?, como así también ¿qué condiciones, acciones disputan esa inercia, qué acciones estatales se vincularon con la “estabilidad” de la situación existente (desigualdad) y cuáles apuntaron a la ruptura de situaciones de inequidad?

Para abordar estos interrogantes se diseñó un mapa social de intervenciones estatales que configuran el contexto de vida de las familias entrevistadas o lo que aquí se denomina las estructuras sociales externas. Algunas de esas intervenciones son reconocidas y otras no, las identificamos por jurisdicciones (nacional, provincial y municipal) y por esferas de acciones (productivas, socio productivas y sociales). Las entrevistas realizadas en los últimos veinte años, mostraron los vínculos y relaciones intra-interestatales que dieron lugar a un segundo mapa social que permite detectar vínculos, desvínculos, solidaridades entre las políticas-agentes-sujetas de derecho. La gráfica delata los vacíos, las discontinuidades, superposiciones que relegan condiciones humanas y derechos a este territorio. El propósito es llamar la atención para reconsiderar las actuaciones estatales, que son muchas y podrían potenciarse si actuaran solidaria y sinérgicamente, situando las personas en el centro.

Las estructuras sociales externas

La perspectiva geográfica hace expreso el análisis de los procesos sociales desde el territorio. Los procesos territoriales han sido definidos como campos de disrupciones, yuxtaposiciones y posibilidades. Ahora bien, ¿cómo se concibe “lo social”? Las perspectivas de Género y feminismos aportan la particularización de las condiciones y condicionamientos que devienen de las identidades, orientación, expresión de géneros a ese campo social, como también las intersecciones de clase, edad, etnicidad y lugar de origen. Alicia Lindón (2010) desarrolla aportes de distintos autores y autoras en este sentido. Ella remarca que la concepción de lo social desde la perspectiva de actores territorializados donde los sujetos no sólo están sujetos a un mundo social y cultural, sino que también tienen vínculos —de distintos signos— con diversos territorios. Estos actores también son territorializados porque toda acción que despliegan se marca espacialmente y los condiciona (Lindón, 2012, p. 576).

Ligar estas ideas de lo social e histórico con el territorio nos lleva a Pierre Bourdieu. Es pertinente desagregar aspectos de lo que el autor llama las estructuras sociales externas o la historia hecha cosas referida a las relaciones de los campos (político-económico, a los intereses y sus posiciones). Bourdieu (1987) define a los campos sociales como: “espacios de juego históricamente constituidos con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propias” (Bourdieu, 1987, p.108).

Este no es un análisis sociológico, ni un estudio exhaustivo sobre el campo social, es un análisis territorial donde la historia del mismo a partir del siglo XX, no puede disociarse de las políticas y prácticas estatales. Por eso se ha focalizado en los campos político, económico y social, recuperando de la teoría de Bourdieu los intereses en juego, condiciones de funcionamiento, capital (simbólico y material) en juego y relaciones de fuerza. De ninguna manera se sustenta que estas condiciones determinen acciones, por eso se considera el interaccionismo como campo de posibilidad; porque permite dar luz a las múltiples recreaciones y diputas que emergen desde los lugares. De este modo, las preguntas esbozadas al inicio del trabajo apuntan a los lugares de las mujeres crianceras, sus contextos y sus relaciones.

Referir en términos de campos es pensar relacionalmente: se trata de espacios estructurados de posiciones, a las cuales están ligadas cierto número de propiedades que pueden ser analizadas independientemente de las características de quienes las ocupan (Bourdieu, 1976 en Gutiérrez, 2005). Se apunta en este sentido a desentrañar qué características adquiere la intervención del Estado, entre el “decir” y “fabricar” a través de las políticas públicas vinculadas a la vida de las mujeres rurales del oeste; qué condiciones y acciones perpetúan situaciones de exclusión territorial y de género (s) y cuáles apuntan a la ruptura de situaciones de inequidad. Para ello, se toman distintas escalas de acción del Estado presentes en el territorio: provincial, nacional y municipal. De este modo, se recuperan fuentes oficiales que dan cuenta de acciones del Estado en el área de estudio, y lecturas y prácticas de agentes estatales de programas y planes, surgidas de las entrevistas cualitativas.

El sentido es describir el estado de situación del “campo” donde desarrollan sus vidas las mujeres crianceras, las familias y las comunidades a las que pertenecen. Para visualizar actores y actoras, sus intereses, posiciones y fundamentalmente las relaciones, se presenta un mapa (Figura 4) que sintetiza las intervenciones sociales y socio-productivas en territorio que pretendemos abordar.

Figura 4. Mapa de intervenciones estatales en el área de estudio

Fuente: elaboración de la autora, 2023.

El Estado como campo social complejo

En principio interesa situar el lugar que ocupa el territorio analizado en el contexto provincial. Para ello recurrimos a la fuente oficial: Anuario Estadístico de La Pampa, de los años 2019 y 2020 (de ahora en adelante AELP 2019 / AELP 2020). Esta provincia viene desarrollando procesos de adaptación de metas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el marco de la adhesión por parte del Estado Nacional en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible a la Agenda 2030: “Transformar nuestro mundo”. En el año 2019 se avanzó en la determinación de los ODS, metas e indicadores priorizados de acuerdo con la realidad provincial (ejes estratégicos).

En este sentido, la fuente menciona la realización de un diagnóstico de situación sobre indicadores provinciales que estuvieran disponibles para hacer un seguimiento de las metas priorizadas. La Pampa priorizó 7 de los 17 ODS; en ese sentido se desarrollaron acciones de sensibilización y capacitación con respecto a la Agenda 2030 y se inició el proceso de digitalización catastral en municipios. Sobre la base de los 7 ODS priorizados, se adoptaron 26 metas y 77 indicadores.

Hasta el año 2021, las reuniones con municipios involucraron a intendentas e intendentes de las microrregiones I y II del Este^[4]. Los objetivos propuestos apuntan a garantizar el bienestar social, igualdad de género, reducción de las desigualdades y alianzas para lograr objetivos. Estos auspiciosos ODS se enuncian como directrices en cada uno de los ministerios del gobierno provincial. En ese sentido es interesante detectar cómo se traducen estas enunciaciones en la práctica y su impacto en el mejoramiento de situaciones que se quiere revertir. La lectura de los datos del Anuario estadístico y las entrevistas a responsables de programas y políticas de las tres jurisdicciones estatales (Nación, Provincia y Municipios) dan cuenta de presencias y ausencias referidas a la asistencia productiva, financiera, social y ambiental del área de estudio, específicamente de la microrregión IV (Figura 5), donde se localizan los casos de análisis.

Figura 5. Localización del área de estudio y de Microrregiones IV y VIII.

Fuente: Mostacero, A. (2022) con información georreferenciada de Dirección Provincial de Catastro de La Pampa, Dirección General de Estadísticas y Censos de La Pampa y del Instituto Geográfico Nacional en García, 2022. Territorio, Estrategias de vida de mujeres rurales y políticas públicas en el Oeste Pampeano. Inédito.

Para una mejor comprensión del complejo accionar estatal a distintas escalas, se mapearon (Figura 4) las redes de instituciones que despliegan políticas públicas en territorio donde interactúan las mujeres y sus contextos familiares – comunitarios. En el centro, se posicionó a los lugares (ejidos), las familias rurales y, a modo de constelación, las intervenciones estatales identificadas como sociales y productivas. Cabe aclarar que se enuncian con más detalle los programas y planes a escala provincial y municipal. A escala nacional, son programas universales y financiamientos de programas que en algunos casos son gestionados por el gobierno provincial. Se desarrollan aspectos de las intervenciones tomando la fuente del Anuario Estadístico (AELP 2020/AELP 2019), datos de Pilquen^[5] y entrevistas a agentes y funcionarios estatales.

El escenario de las políticas públicas es ambivalente; por un lado, se presenta estático, pero a la vez dinámico y complejo porque no solo están gestionadas por agentes, sino que están dirigidas a solucionar problemas de la gente, con la diversidad de situaciones que esto implica. En este sentido, existen distintas miradas, intereses, recursos, tiempos, legitimidades que se ponen en juego en esa interacción. ¿Cómo componer en un mismo escenario esta complejidad?

Se recurre a una herramienta metodológica utilizada en territorio, que es el “mapa social”, tomando en este caso un “mapeo de relaciones en territorio”. El epicentro corresponde a las familias crianceras y la órbita a las políticas, programas, acciones estatales reconocidas o no por ellas, pero sí vinculadas a la vida de estas familias. Para mapear las relaciones es necesario la escucha atenta de los y las agentes, como también a las familias, además de los tiempos de las repreguntas que atienden a considerar mediaciones, intereses, influencias, redes y conflictos. Se presenta, a continuación, el componente estatal mapeado en la Figura 5, para poder luego sintetizar los vínculos y relaciones desde intervenciones productivas y sociales. Las escalas nacional, provincial y local se entretejen en cada una de esas intervenciones.

Políticas Públicas Provinciales en el área de estudio

Otorgamiento financiero

Es relevante en el informe (AELP2020) la enunciación del acompañamiento crediticio a sectores de la producción de La Pampa mediante fondos provinciales, a través del Banco de La Pampa y del Consejo Federal de Inversiones (CFI). El Fondo Ley 2595 es un convenio por el que se acuerda brindar asistencia financiera a familias productoras afectadas por emergencias de sequía y desastre agropecuario. La asistencia está destinada a pequeñas explotaciones agropecuarias vinculadas a la producción de carne bovina, con la finalidad de incentivar dicha producción y financiar inversiones en compra o retención de vientres bovinos a tasas de interés promocionadas (AELP, 2020). En el año 2019 se tramitaron un total de 74 expedientes por la suma de $10.866.758, aunque no registra préstamo alguno a beneficiarios/as de la microrregión IV.

En varias oportunidades, pequeñas producciones de ese espacio demandaron apoyo a los municipios a través de notas y entrevistas, para poder transportar granos en contexto de escasez de lluvias, falta de escurrimiento de los ríos y con ello faltante de alimento para el ganado. No hubo respuesta por parte del Estado, aunque sí existieron registros, en tiempo de pandemia, de ofrecimiento de granos para retirar en Santa Isabel. Otro programa que no registra afectación en localidades de la microrregión IV es el Programa de Desarrollo Productivo, incluido en la ley 2461 con el fin de impulsar el crecimiento económico y social de los municipios y comisiones de fomento a través de microcréditos. Se mencionan en el informe AELP (2020) como acciones de gobierno, las operatorias de financiamiento con bonificación de tasa de interés. Debe recordarse que el Banco de La Pampa es una entidad provincial que nace como sociedad de economía mixta. Como agente financiero, durante el año 2019, el Banco continuó con la oferta de líneas de crédito creadas a partir de convenios celebrados con La Pampa y destinadas a sectores de interés para el desarrollo provincial. En el listado de operatorias: Compre Pampeano, Sector comercial, industrial: lácteo, frigorífico, afecciones por granizo, todas resultan ser acciones dirigidas a las actividades representativas del centro y este. A lo que se suma que ese listado conforma “sectores de interés para el desarrollo provincial”. En ningún caso hay menciones referidas a la microrregión IV.

Otra fuente promotora y dinamizadora de emprendimientos y PyMEs es el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Entre las herramientas de apoyo a las empresas radicadas en la provincia, el CFI ofrece financiar proyectos nuevos o existentes mediante líneas de crédito, cuyas condiciones de fomento se demuestran, principalmente, a través de las tasas de interés y los plazos de devolución. El objetivo es fortalecer el desarrollo de las actividades productivas regionales a través del financiamiento dirigido a pequeñas empresas y PyMEs para su funcionamiento operativo y para obtener ventajas competitivas en sus sistemas de producción y venta (AELP2020): las localidades beneficiadas por dicho financiamiento fueron tres, ubicadas en el Este provincial, ninguna de la microrregión IV.

En este esquema de financiación es indudable que las personas deben estar bancarizadas y/o registradas en algún sistema tributario, laboral, etc. ¿Quiénes serían en este caso portadores y portadoras del beneficio? La misma fuente rescata el registro de productos por localidad del Ministerio de la Producción. Si hay productos, existen personas que los producen y son productos reconocidos. Sin embargo, no hay ninguna de las localidades de la región que registre tal producción. El círculo del “beneficio” se rompe en los primeros eslabones al no registrar producto alguno en las dos regiones incluidas en este estudio (Figura 5).

El sistema de promoción mediante préstamos y reducción de tasas tiene como contracara el endeudamiento. El stock de deuda de la provincia de La Pampa en diciembre del 2019 arrojó un total de $2.235.433. 798,1 (AELP2020). Es imperante destacar que parte de este endeudamiento, según cita la misma fuente, se origina en recursos destinados a sectores de interés que no incluyen en ningún caso a la microrregión IV.

Intervenciones socio productivas

Se identifican como tales a las acciones generadoras de bienes, producciones locales y servicios útiles a la comunidad. Algunas apuestan al mejoramiento de la calidad de vida; otras colaboran en la satisfacción de necesidades y otras a redes productivas. Existe un servicio utilizado en puestos del oeste pampeano y es el de la provisión de energía no convencional. El paisaje de paneles fotovoltaicos en cada puesto del oeste pampeano es generalizado. Esta iniciativa tuvo un antecedente a fines de la década de 1980, con un proyecto buscó relevar las escuelas rurales sin energía eléctrica para abastecerlas con el servicio. En el año 2002, la Secretaría de Energía de la Nación promueve el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), que permite el abastecimiento eléctrico a usuarios alejados del sistema interconectado nacional. El PERMER tiene como objetivo principal abastecer de electricidad —mediante paneles fotovoltaicos— a hogares rurales localizados en zonas sin servicio eléctrico.

La provincia se sumó a la iniciativa en el 2005, cuando el Poder Ejecutivo acordó en octubre de ese año, con la Secretaría de Energía de la Nación, implementar el proyecto para suministrar energía eléctrica, en una primera etapa, a 750 puestos rurales individuales, a través de la instalación de sistemas de generación solar y una ampliación en la que se sumaron otras 112 unidades (Ley 2255). Actualmente, se encuentra en ejecución el PERMER II que constará de 256 usuarios y una ampliación de 39 usuarios. Cabe agregar que, vinculada a esta línea de programas (energías renovables) está en ejecución un proyecto desde la Dirección de Agricultura Familiar, Subsecretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, que dotaría de termotanques y refrigeradores con alimentación solar a puestos del oeste pampeano. Sin vínculo alguno con programas afines al ahorro y eficiencia energética de la Subsecretaría de Energías Renovables o la Administración Provincial de Energía, ambas pertenecientes a la Secretaría de Energía y Minería, esa dirección tramitó, durante 2020 y 2021, cuatro proyectos destinados a proveer de heladeras freezzers y termotanques domésticos alimentados por energía solar. Mariano Allende, responsable del programa, confirmó los cuatro proyectos aprobados para Paso Maroma, Árbol de la Esperanza, Paso de los Algarrobos y Chos Malal. La gestión territorial se articuló con el INTA de Victorica (Figura 5).

Es interesante destacar que la presentación de los proyectos viene sugerida desde el ejecutivo provincial por la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de Nación (DIPROSE) a través del Proyecto de Inclusión Socio-económica en Áreas Rurales (PISEAR). La estimación presupuestaria de 300.000 a 400.000 pesos incluye a 57 familias de los parajes mencionados. La DIPROSE es la principal herramienta del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para formular y gestionar programas y proyectos con financiamiento externo. Finalizando el año 2022, solo fueron instalados los paneles y baterías y no así el equipamiento de este proyecto.

El informe AELP 2020 menciona que se implementan políticas tendientes a fomentar la producción ovina en la provincia en conjunto con la Ley Ovina Nacional. Esta ley Nº 25.080 del 2001 continúa vigente. El informe resalta que los establecimientos agropecuarios que desarrollan la actividad, generalmente lo hacen como complemento a la ganadería bovina y a la agricultura. Los datos estadísticos registran el bajo impacto de esta promoción productiva. El AELP (2020) y REPAGRO (2021) marcan el descenso sostenido de cabezas ovinas en los departamentos Chalileo, Chicalcó y Limay Mahuida. La misma fuente refiere a la producción caprina en La Pampa como una actividad abarcada mayoritariamente por pequeños productores, donde la explotación de la misma se enfoca a la producción cárnica y, en menor proporción, a la elaboración de lácteos. Es por esto que desde la provincia —en conjunto con la Ley Caprina Nacional—, se realiza un acompañamiento a los distintos grupos de productores en el manejo sanitario, nutricional, reproductivo y genético, para un mayor y mejor desarrollo de sus rodeos. El perfil productivo ovino en descenso se replica para la ganadería caprina. La evolución de estos rodeos entre 2011 y 2019 registra declinaciones notables en los departamentos Chalileo, Chicalcó y Limay Mahuida.

El informe no detalla información de acciones con familias productoras. Fuentes de otras reparticiones estatales mencionan que desde la DIPROSE existe una línea destinada a la producción caprina. El Programa de Desarrollo de las Cadenas Caprinas (PRODECCA) tiene como objetivo contribuir a mejorar los ingresos de las familias productoras de cabras, a través de su inserción en la cadena de valor caprina para conseguir condiciones beneficiosas y sostenibles. Está financiado parcialmente con fondos provenientes del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). En la página oficial del programa no se registran destinos para la Provincia de La Pampa porque requieren la firma de actas acuerdos, cuestión no resuelta.

La Ley para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina (Ley 26141 del año 2006) explicita, en su artículo 2º, acciones tendientes a: la formación y recomposición de la hacienda caprina, la mejora de la productividad, la mejora de la calidad de la producción, la utilización de prácticas y tecnologías adecuadas, revalorización de los recursos genéticos locales, el fomento a los emprendimientos asociativos, el control sanitario, el mejoramiento genético, el control racional de la fauna silvestre, el apoyo a sistemas productivos y las acciones comerciales e industriales realizadas preferentemente por el productor, cooperativas y/u otras empresas de integración horizontal y vertical que conforman la cadena industrial y agroalimentaria caprina (Ley 26141, Artículo 2º). Además, contempla en otro artículo que la actividad caprina deberá llevarse a cabo mediante el uso de prácticas enmarcadas en criterios de sustentabilidad económica, social y de los recursos naturales.

En la página oficial se publican los listados de proyectos aprobados y ejecutados. Sólo para el año 2017 se destinan a La Pampa, beneficiando al “grupo de productores caprineros del oeste. La representación por parte de INTA tiene como titular a un ingeniero agrónomo y una ingeniera agrónoma de las agencias Anguil y Victorica, respectivamente. Ambos afirman que la comisión, en la actualidad, se reúne para decidir sobre fondos que vienen de Nación, no sobre herramientas y políticas para la producción caprina.

Hoy la mesa es para aprobar ese dinero y hacia dónde (quiénes) se destina. (…) claro la última vez que la mesa discutió los recursos fue para los refugios 4 o 5 años atrás, se destinó para 2 o 3 refugios y eso generó discusiones (…) últimamente es para alimento y que alcance lo que alcance y para quien pueda (Integrante del Equipo técnico, INTA Victorica 2021).

Ligada con estas expresiones se confirmaron en las salidas a campo la fuerte impugnación y recelos que provoca entre vecinos y vecinas el otorgamiento de beneficios de manera individual. La otra cuestión enunciada por algunas familias ha sido la imposibilidad de acercarse a los municipios a retirar las bolsas de alimento para animales. En otros casos el camión municipal fue quien acercó el producto a juzgados de paz y/o puestos.

La cantidad de alimento que se distribuye por unidades de producción es exigua, aunque siempre es bienvenida en el oeste. Según la cantidad de cabezas, Nación destina fondos a familias productoras al igual que la ley ovina. Esa ley no previó ajustes y adaptaciones, y este año a La Pampa le tocó, por cabezas declaradas, 400.000 pesos. El monto alcanzó para comprar cuatro bolsas de alimento para cada uno de los 70 productores asistidos. (Referente SAFCI, año 2021).

Como ha sucedido en otras partes del mundo y del país, la especie caprina siempre fue relegada, por asociarla a condiciones de pobreza y marginalidad, a zonas de muy escasa densidad de población, no encarándose sino hasta hace muy pocos años acciones dirigidas al sector referente a investigación y extensión. Según el doctor Daniel Bedotti, (2000), las primeras acciones se formularon en base a propuestas extrapoladas desde otras zonas del país, sin conocer en detalle las características de los sistemas de producción propias de cada lugar, lo que ha llevado a la introducción de razas evidenciaron una pésima adaptación al medio ambiente natural. Es aceptada en la actualidad la idea de que la cabra no puede ser reemplazada por otras especies en su habilidad de utilizar recursos escasos o limitados en dificultosas condiciones climáticas, y en poblaciones humanas marginales para su subsistencia (Gall, 1981 en Bedotti, 2000, p. 23).

La producción caprina en los departamentos estudiados es una actividad realizada principalmente por familias campesinas con majadas reducidas. En algunos, casos como actividad ganadera única y, en otros, en combinación con otras especies animales, principalmente bovinos, ovinos y equinos. Los crianceros y las crianceras poseen una producción familiar, un intenso sentido de pertenencia, un fuerte vínculo con la tierra y una lógica particular en la construcción del espacio, propia de la territorialidad campesina. Para Comerci (2019) los saberes en torno al manejo del ganado se transmiten generacionalmente y las técnicas de trabajo suelen ser rudimentarias (uso de remedios naturales, herramientas autoconstruidas, elaboración de cercos con piedra o ramas, etc.). A menudo, complementan la actividad criancera con la elaboración de artesanías (en soga y en tejido) y realizan prácticas de caza, recolección o trabajo extrapredial, para garantizar la reproducción, simple o ampliada, del grupo doméstico.

Hasta aquí, se pueden reconocer mediaciones del Estado provincial en programas y financiamiento del Estado nacional que impactan en las unidades de producción familiar como la provisión energética y el discontinuo sostenimiento de las actividades propias del lugar como la actividad caprina. También interesa remarcar que no se reconocen actividades genuinas del oeste con identificación de productos de origen; no se posiciona la relevancia productiva de la microrregión IV y hay una ausencia de otorgamiento de préstamos y créditos a productoras y productores del oeste pampeano.

Si se indaga cuáles acciones disputan o perpetúan las condiciones de exclusión, entendemos que estas prácticas de las políticas públicas abonan lo segundo. Existen normativas que promueven la actividad caprina y bovina, pero con financiamiento insuficiente, irregular en el tiempo, desactualizado, convenios que podrían canalizar recursos, pero no están las firmas que comprometen a la provincia en su gestión. Mientras, los rodeos se reducen y perviven aquellos sostenidos por mujeres y familias que, como se advierte, no son beneficiarias de créditos para la producción y solo dependen de subsidios esporádicos e insuficientes materializados en fardos, maíz para el ganado o materiales para los refugios.

En el mapeo registrado en la Figura 5 se observan numerosos programas ligados a planes sociales y, en menor medida, socio productivos bajo la órbita provincial. De acuerdo con la fuente analizada (AELP 2020), el Ministerio de Desarrollo Social es quien tiene mayor incidencia con sus programas en el oeste pampeano. Algunas acciones dependientes de la Subsecretaría de Economía Social fueron mencionadas en referencia a los paneles solares. Enunciamos algunas otras vinculadas con la microrregión IV. Del programa “En desarrollo” se registran veinte titulares de derecho en Santa Isabel y Algarrobo del Águila con el Modulo II de Marroquinería y tres créditos otorgados. De los programas Nehuentun y Desarrollo de la Economía Social se registran nueve titulares de derecho en la Localidad de Santa Isabel, seis (6) en Limay Mahuida y ninguno para Algarrobo del Águila (AELP, 2019).

El objetivo del Programa de Desarrollo de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social es promover herramientas que favorezcan la participación activa de la comunidad en el diseño y ejecución de la política social local, promoviendo la participación en los espacios de concertación. Asimismo, financia los proyectos comunitarios que propongan dichos espacios, implementados por los municipios y comisiones de fomento o las organizaciones sociales de las localidades del interior (AELP 2020). El sentido genuino de formas gestadas y autogestionadas por trabajadoras y trabajadores es mediado por la acción de los municipios que son quienes tramitan y evalúan la factibilidad de los proyectos. No se percibe una autonomía de acción organizativa sino acciones mediadas por los municipios que priorizan qué políticas socio productivas requiere la localidad.

Otra repartición estatal que atiende específicamente al movimiento cooperativo provincial es la Subsecretaría de Cooperativas del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Desde este lugar se fiscalizan las organizaciones y se apoya en sintonía con la política nacional de INAES a cooperativas de trabajo, capacitaciones a grupos conformados y pre-cooperativos. Quien lleva adelante la gestión de la Subsecretaría anunció públicamente que “las mujeres parecen ser las protagonistas de las cooperativas de trabajo en la provincia. Tenemos grupos de pre cooperativas y cooperativas lideradas por mujeres que buscan alguna actividad productiva para generar ingresos para sus familias” (La Arena 27/11/2019). En la localidad de Santa Isabel apoyan la constitución de la cooperativa de mujeres que producen desde hace meses insumos para la construcción. El sentido es vender el stock al municipio y a particulares y volcar la rentabilidad en la construcción de sus propias viviendas. El INAES deriva fondos a través de esta subsecretaría para subsidios y créditos de fomento al asociativismo.

Intervenciones sociales: Asistencia y Seguridad Social

Son varios los programas que atienden a la promoción de la participación de integrantes de familias de todas las edades referidos a seguridad social. El sistema Pilquén^[6] permite recuperar información sobre programas estatales y población beneficiaria. En general, quienes aspiran y disponen de algún programa se encuentran registrados en él y reúnen alguna de las características que los define como “vulnerables”. En el contexto provincial el Anuario Estadístico 2019, estima un registro del 28,8 % de población relevada en ese sistema. Esa estimación se duplica y triplica para Santa Isabel y Algarrobo del Águila, respectivamente. La asistencia refiere al Programa Tarjeta Social, que incluye el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y las dietas especiales.

La cantidad de titulares incluidos en Plan Pro Vida verano difieren levemente para el mismo programa de invierno. En Santa Isabel la mayoría de las personas está registrada en las escuelas deportivas, colonia de verano de 6-14 años; es equilibrada la cantidad de personas que participan en programa joven de 15 a 30 años y Cumelen, con más 60 años. Algarrobo del Águila sigue la misma tendencia, aunque no registra titulares en ese último programa. La localidad de Limay Mahuida no presenta titulares jóvenes beneficiados por actividades, tampoco mayores de 60 años.

Cabe destacar la proporción significativa de población adulta y con ella la de adultos mayores. La Dirección de Adultos Mayores tiene como objetivo el diseño e implementación de políticas estratégicas frente al envejecimiento poblacional de la provincia, promoviendo la protección de los derechos de adultos/as mayores y su integración social. Para ello se elaboran programas y proyectos que fomentan la autonomía, auto valía y la participación plena de adultos/as mayores como sujetos de derecho (AELP 2019). Cabe resaltar que en la misma fuente no se identifican adultos mayores institucionalizados en la microrregión IV.

Si bien se registran casos donde se atienden demandas específicas de atención a personas que requieren asistencia por parte del Estado, no hay residencias habilitadas en Santa Isabel y Algarrobo del Águila, por lo que deben trasladar a las personas que requieren esa atención a Victorica. No nos ha sido posible disponer de la cantidad de asignaciones y pensiones para el área de estudio y dimensionar sus beneficios. Sí podemos registrar en la mayoría de las entrevistas el beneficio de la AUH, Pensiones y/o jubilaciones dependientes de esta jurisdicción. El Censo Nacional de Población 2010 relevó, en La Pampa, un 4,5 % de población de 65 años y más, que no percibía jubilación o pensión, cifra significativa frente al 24,5 % de personas que no percibían jubilación o pensión en el censo 2001 (CNPHyV, 2010).

La masividad de la población empobrecida, el estigma del “plan”, la crisis económica de fines de la década de 1990 y principios de 2000 no abrió posibilidades de empleo, condición para acceder a la asistencia. Algunos cambios fueron en el campo de la previsión social, gracias a la reestatización del sistema jubilatorio y a la incorporación de beneficiaros/as que no habían realizado aportes en su vida. “La creación de la AUH fue, sin duda, una de las novedades más importantes que se llevaron a cabo en el campo de la política social argentina a partir de la crisis de 2001 y 2002, principalmente debido a la ampliación cuantitativa de la cobertura y a la participación de la ANSES en la gestión de la prestación” (Gilbert, 2002; en Arcidiácono y Zibecchi, 2017, p. 83). Poner en el centro qué es una prestación universal es un paso en reconocer avances en el sistema de seguridad social y de los derechos sociales en especial de población trabajadora informal y sus familias. La asignación universal por hijo desafió la matriz “corporativa” de cobertura de derechos vinculadas con la formalidad y el empleo registrado, se desmarca de la lógica de urgencia de la contraprestación laboral.

El año 2011 marca un escenario de emergencia en el contexto nacional y sobre todo urbano. Ese año nace la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) como una organización gremial independiente de todos los partidos políticos, representativa de los trabajadores de la economía popular y sus familias. En 2015, finalizando el mandato de Cristina Fernández se aprueba la Personería Jurídica de la CTEP, con la Resolución 1727 del Ministerio de Trabajo, reconociendo desde el Estado la existencia de trabajadores de la economía popular y su derecho a la organización.

En 2016, ante el contexto de inmediato ajuste del gobierno de Mauricio Macri, se produce la Marcha de Emergencia Social y Laboral, que deriva en la firma del acuerdo de la Emergencia Social. Alguno de los puntos fueron la actualización de los montos que percibían los Programas Sociales y Asignaciones, aumento de las partidas para comedores y merenderos. Ese año se aprueba por consenso la Ley de Emergencia Social, que “implica la creación de una nueva institucionalidad acorde con las necesidades de la economía popular: 1) Creación de un Registro Nacional de la RENATREP, 2) creación del Consejo 3) Financiamiento y 4) La creación de un Salario Social Complementario (SSC) y la conversión de los Programas Sociales al SSC. Esto último es un concepto estratégico porque modifica el status de los y las beneficiarias pasivas a trabajadores y trabajadoras activas (CETEP). Para Grabois (2016) se trata de un nuevo sujeto que emerge de un paradigma socioeconómico global dónde el trabajo asalariado estable ya no es más el cursus honorum de la clase obrera y se consolida un nuevo segmento compuesto no por empresarios ni asistidos sino por trabajadores. “La novedad es que después de 30 años el Estado acepta que no se trata de “efectores sociales”, “microemprendedores”, “beneficiarios”, “titulares de derecho”, “subocupados” o “desocupados”, sino de trabajadores (Grabois, 2016, p. 17). Abramovich (2006) entiende que el enfoque de Derechos Humanos apunta esencialmente a otorgar ese poder por la vía del reconocimiento de derechos.

Este proceso acompaña a parte las familias y mujeres entrevistadas que conforman la Cooperativa La Comunitaria de Santa Isabel^[7], presidida por Alejandra Domínguez. Quienes integran la Cooperativa al año 2022, son 120 crianceras/os, pequeñas/os productores familiares con residencia en los puestos, en el pueblo y en algunos casos con doble residencia. Solo quienes sean mayores de 18 años y no tengan asignación, pensión o jubilación pueden acceder a la “tarjeta de la comunitaria”. Al año 2021, llegaron a estar cubiertos 55 socios y socias, con el SCC: 11 productoras y 44 productores; el resto obtuvo jubilación o “trabajo en blanco” según datos de su presidenta.

En la actualidad el Salario Social Complementario fue reemplazado por el programa Potenciar Trabajo. Sigue siendo, en muchos de los casos, el único ingreso monetario y lo usan, como menciona una integrante de la cooperativa, “para comer y cargar combustible, para ir al pueblo a llevar los chicos a la escuela o buscarlos”. Es indudable que “La Comunitaria, por ser parte de un movimiento social, llegó con algo concreto que fue el salario social complementario que para algunas familias significa: quedarse en el campo” estas son las palabras de Carlos Alainez, militante del MTE y compartida por muchas de las productoras entrevistadas” (Entrevista realizada por García, 2021).

Los gobiernos locales

Las localidades del oeste de La Pampa se caracterizan por ser pequeñas localidades con una jurisdicción ejidal muy extensa. El estudio se centra en dos localidades: Santa Isabel y Algarrobo del Águila, aunque muchos puestos exceden sus límites ejidales. Las entrevistas fueron relevadas durante diciembre de 2021 y las pautas se orientaron a explorar la cobertura y acciones de la población que reside en los puestos dentro de sus ejidos como así también de la población urbana y con doble residencia.

Los municipios son ejecutores de los programas provinciales, es por ello que también se considera en este apartado datos brindados por el relevamiento de beneficiario/as y aspirantes a Programas Sociales, del Sistema Pilquen, advirtiendo que esta fuente refiere solamente a este recorte poblacional y no a la población total. En la secuencia de entrevistas a familias crianceras durante la pandemia encontramos cierta tendencia a remitirse al municipio de Algarrobo del Águila para resolver trámites administrativos, turnos médicos, solicitud de agua, incluso en las opciones de registro de acceso a vivienda social, sin estar dentro de la jurisdicción. Describimos someramente algunos aspectos a partir de voces referentes del área ejecutiva de una intendencia y de las áreas de Desarrollo Social de ambos municipios.

Municipio de Algarrobo del Águila

Gabriela Morales es asistente social a cargo del área en el municipio de Algarrobo del Águila. Ella actualiza los datos demográficos: “somos 800 habitantes en el pueblo y con zona rural llegamos a 1000 habitantes”. Considera unos 40 o 50 puestos en el ejido, dato estimado en el relevamiento para distribuir las cajas navideñas en el año 2021. Llevan adelante los programas provinciales Cumelen, Ayelen, Nehuentun y banco de materiales, sobre todo para emprendimientos de jóvenes de la localidad. Uno de los programas más extendidos y que toma fuerza sobre todo en la época veraniega es el Provida. Todos ellos tienen amplia convocatoria para distintas edades y género, pero vinculados con la residencia permanente en el pueblo, no así para la población rural. En el caso de los puestos hace referencia a intervenciones vinculadas con el mejoramiento habitacional.

En general, se advierten en varios puestos del oeste ciertas restricciones de uso de los baños construidos en cuanto a la recarga de agua y en la descarga de aguas negras. “Las obras las hacemos con mano de obra local. Son fondos municipales, a veces recurrimos a fondos de la provincia, pero gran parte se resuelve con nuestros fondos municipales (Gabriela Morales, diciembre de 2021).

Para el intendente Oscar Gatica, la justicia social y soberanía económica son los pilares de su gestión. En 2017 se pone en funcionamiento la estación de servicios y un año después tuvo saldos positivos en la coparticipación, esto genera dieciocho (18) puestos de trabajo genuino.

Promovimos el desarrollo del turismo, esto es una actividad económica. Son precios similares a YPF, empezaron a activarse la actividad privada, los guías locales con la historia del Atuel, nuestro libro del pueblo (…) Yo salía a recorrer los campos y veía la recuperación de los pequeños productores con 10, 15 bovinos que no tenían donde comercializar tan poquitas cabezas. Así empezamos a armar los corrales y la feria. Esto nos ha dado un buen resultado, cada mes, mes y medio se hacen remates con mil cabezas de ganado, solamente bovinos (Intendente de Algarrobo del Águila, año 2021).

La localidad se abastece del agua del acueducto “Punta de Agua” y tiene su propia planta envasadora que comercializa en el mercado local y regional. Los municipios tienen la tarea fundamental de garantizar la provisión de agua en los puestos, que es a demanda y sin cupo). “Ellos llaman y avisan “necesito… me quedé sin agua” y se sale con el camión”. (Asistente social, 2021) se pueden observar los tanques de fibra de 500 litros que se utilizan de reserva como paisaje repetido en todos los puestos del oeste pampeano.

Muchas veces llevamos agua a puestos que están en otros ejidos, Puelén, Limay o Santa Isabel. Desde producción estuvieron entregando alimento para los alimentos, el intendente lo acuerda con los productores, lo llevan en la camioneta, en bolsas. Entregaban 12 bolsas por puesto, para los campos que tienen chivas. El tema del agua es todo el tiempo (G.M, 2021).

Otra de las funciones del municipio es el mantenimiento de los caminos vecinales. Como señaló Gabriela Morales, el manejo de fondos genuinos ha servido para modernizar el parque automotor y equipamiento que les permite operar en otros caminos más allá de los vecinales. En tiempos de pandemia fueron varios los puestos que tuvieron permanentemente estudiantes que requerían para las tareas la conexión a internet. Existe una demanda permanente, además de internet que es la señal telefónica. En la localidad tienen cobertura con la empresa de telefonía móvil Movistar y el internet es obtenido a través de Arsat. Reconocen que en los puestos es difícil la conectividad telefónica. Tanto en la localidad como en puestos cercanos ofrecen la instalación de una antena para la conexión a internet. En pandemia han asistido a las familias en este sentido ofreciendo sistemas de pago en cuotas.

Una de las preocupaciones que resulta difícil de resolver es la atención médica en pueblos pequeños y alejados. Desde hace tres años tienen atención médica permanente de un profesional en la posta junto a una enfermera. A la misma posta sanitaria asiste un pediatra y una psicóloga semanalmente y el servicio de odontología una vez al mes: “Ginecólogo no, nosotras viajamos a otra localidad. Conseguir anticonceptivos: ¿cómo hacen? Con el generalista. Es un profesional que genera confianza, tiene mucha paz, te explica” (G.M.2021). En cuanto a los partos, nunca se atienden en la posta “sale y si llega a Santa Isabel se atiende ahí, pero si llega a Victorica se hace ahí, salvo que este naciendo, sino se deriva. No tenemos acá para internación, cualquier cosa se deriva” (G.M., 2021). Al preguntar si existen casos de violencia, la entrevistada entiende que el médico lo debe hacer, “no sé decirte, pero sí de esas cosas hablamos. No sé decirte porque dependemos de Santa Isabel, no sé si estas situaciones las deriva al hospital de Santa Isabel”. Plantea que trabajan conjuntamente con la posta sanitaria. En contexto de pandemia, arbitraron los turnos cuando estos tenían esperas de un mes o dos meses en el servicio público, “entonces desde el municipio gestionamos al privado y consultan, si tienen obra social bien y si no se ayuda a pagar la consulta. En eso sí gestionamos” (G.M. 2021).

En los últimos años han tenido dos denuncias por violencia de género. En la localidad no cuentan con una casa o lugar de refugio, aunque la decisión en ambas situaciones fue separar al agresor y garantizar que la familia quede en su casa. Cuando llega la denuncia del caso se deriva al Juzgado de Victorica.

Nosotros lo que hacemos es acompañar a la familia desde el municipio, pero ellos son los que tratan el tema. Cuando llega la notificación acompañamos dando trabajo a la mujer o lo que se necesite. En los puestos no hemos recibido. Por ahí es que en los puestos hay gente grande, por ahí vive un hijo con su mamá o un matrimonio grande, no ves niños o adolescentes. Son propietarios de años y los jóvenes se fueron a estudiar y ya no los encontrás, es más reducido el número de familias grandes (G.M. 2021).

La escuela de Algarrobo reúne niños/as y adolescentes del propio ejido y también de Puelén. La camioneta del Municipio es quien los recoge por los puestos y los lleva en las semanas de descanso. Tienen extensión áulica para terminar la primaria y la secundaria. Desde la Secretaría de Cultura del municipio relevan los casos en puestos y desde el colegio a través de los propios estudiantes a integrantes de sus familias que no han podido acceder a la escolaridad aún o culminar algún ciclo.

El escenario demográfico avizora una proporción de personas adultas mayores en un futuro cercano en el contexto general y en el oeste pampeano también. Las tareas de cuidados también son requeridas para estas personas. La localidad no cuenta con una residencia,” como no tenemos hogar para ellos se acompaña en domicilio, si hay alguien que lo cuide se gestiona los aportes para pagarle a esa persona… en otro caso nos pidieron para cubrir el alquiler en otra localidad” (G.M., 2021).

Los datos actualizados al año 2021 del Ministerio de Desarrollo Social a través de Pilquen ajustan y mucho los datos de núcleos beneficiarios y/ o aspirantes a programas sociales. Tomando como referencia los datos de población actualizada por fuentes municipales, el porcentaje de personas incluidas en ese relevamiento asciende a un 25,4 %. La mayoría de esos núcleos familiares están incluidos en el Programa Provincial de Seguridad Alimentaria y en menor proporción con Tarjeta AlimentAR Nacional. En este relevamiento no constan datos sobre Cumelen, Ayelen, escuelas deportivas, que sí las recuperamos del AELP (2020) y de las entrevistas a informantes. En este sentido es muy activa la política de recreación deportiva y cultural para todas las edades y géneros.

Municipio de Santa Isabel

Con unos días de diferencia a fin del año 2021 se pudo contactar una entrevista con la responsable del área de Acción Social de la Municipalidad de Santa Isabel, Elida Errecoundo. La funcionaria enumera los puestos en función de cuatro zonas bajo jurisdicción del ejido Santa Isabel: Norte, La Puntilla, Paso Maroma y Paso de los Algarrobos. Interesó relevar que tipo de asistencia requería ese amplio territorio con 46 puestos. La provisión de agua y mejoramiento de caminos es una de las prioridades históricas y siguen estando en la agenda. El mejoramiento habitacional, entre ellos los baños también está contemplado como acción en este municipio, aunque generalmente se centra en la provisión de materiales, sanitarios y accesorios que son provistos por fondos provinciales. En varios puestos cercanos a la Puntilla y “al Paso” el baño no está habilitado o no han colocado inodoro por “no saber cómo”.

La funcionaria menciona un núcleo sanitario instalado en un puesto y el resto en la localidad. Acerca de cómo dan aviso ante solicitudes de agua u otra ayuda, la entrevistada comenta que son recurrentes los llamados por teléfono, otros casos se llegan al municipio, el día que dejan o llevan sus hijos/as al colegio. En los puestos de Paso Maroma existe la dificultad de contacto telefónico por falta de señal, recurren a una loma y en horarios donde la atmosfera está calma. “No sé si ellos van a un lugar específico en la casa, pero soy testigo de que llaman de mañana, a la tarde, a la noche”.

Los niveles de vulnerabilidad marcan desventajas para algunos grupos intersectados por condición de género(s), edad y discapacidad. Las violencias focalizadas en niños/as y mujeres es un tema recurrente. Por esa razón contrataron a T.S (Asistente Social) para poder hacer los informes socioambientales y acompañar las solicitudes. Si bien trabajan en conjunto con el Juzgado de paz local, con el Hospital, “todos los casos llegan a Acción Social”. Tanto niñez, adolescencia y violencia de género son atendidas por el Juzgado Victorica (E.E. 2021).

No tenemos refugio, justo acabo de tener una denuncia y estaba en una vivienda prestada, así que le estamos pasando unos datos de alquileres ayudar con una parte más ella, que tiene una pensión. La asistencia que también tiene, ayudarla con comida para que salga del lugar donde está, que es la casa de un familiar donde no es conveniente que este con menores, son muchos, tratamos de resguardar los menores… Pero un lugar para que estén un tiempo no tenemos. Pero si se presentó un proyecto hace dos meses en Santa Rosa para hacer una casita, tenemos el terreno. Esperamos empezar sabemos que se presentó para el presupuesto próximo, al menos una cocina, una habitación para que ellas puedan reunirse, para que tengan el acompañamiento, la asistencia psicológica. Ahora tenemos psicólogo antes venia de Victorica, ahora tenemos uno permanente, antes lo compartíamos con Algarrobo y La Humada. (E.E., 2021).

Desde Acción Social llevan adelante todos los programas nacionales y provinciales. “Gestionamos Acompañar, Potenciar Trabajo por violencia, no el común, el cual lleva informe de Asistencia Social. Acompañar fueron dos y el otro uno solo y costó mucho gestionarlo casi un año” relata la mencionada funcionaria. En cuanto a atención de personas adultas que requieren cuidados, el Municipio dispone de viviendas en un barrio al oeste de la localidad donde residen y son atendidos a través de las compras, elaboración de alimentos y compañía por personas que el mismo municipio financia. No cuentan con residencia, aunque en algunos casos recurren a Victorica que es la única localidad que si tiene este servicio.

Lecturas situadas de acciones estatales provinciales

Se planteó al inicio del capítulo la decisión de apartarnos de consideraciones que sean meramente evaluativas de las políticas públicas en el oeste pampeano, aunque debemos resaltar que hay una tendencia de las mismas vinculadas a la asistencia y seguridad social. La discrecionalidad diferencial de créditos y fomento a la producción sustentados en decisiones “estratégicas para el desarrollo” dejan relegada a esta región de la Provincia. Las intervenciones estatales de esta jurisdicción no se agotan en este punteo de acciones. Existen otras reparticiones que atienden mantenimiento de vías de circulación: picadas, rutas caminos; dotación de agua potable, servicios educativos, de salud, planta industrial frigorífica, entre otros, que dan cuenta de un territorio con impronta estatal. El desbalance entre lo social y productivo atiende a presupuestos que definen-caracterizan a gran parte de la población del oeste como vulnerable atendiendo a cuestiones materiales y de acceso a recursos.

El concepto excede a la pobreza entendiendo que se requiere incluir la subjetividad de las y los actores como también las redes de integración, los lazos sociales e institucionales y considerar en forma simultánea procesos micro y macro (García, 2015). De ello surge que los procesos de pobreza son aspectos de fenómenos más amplios que se relacionan con modelos y estrategias de desarrollo implementados a través del tiempo. Las mediaciones institucionales han sido indispensables en la definición de prácticas. De esta manera la “pobreza” se ha convertido en el problema público y político en el oeste pampeano. Verón Ponce (2013) entiende que, al definir pobreza como una cuestión política, implica considerar la redistribución de la riqueza y esto nos lleva a pensar el problema como una injusticia, en este caso una injusticia socio-económica con clara raíz política” (Verón Ponce, 2013, p. 50; en García, 2015, p.146).

¿Qué hay de universalidad-integralidad en las políticas públicas provinciales? Al inicio se plantea la intención del Estado de adherir y llevar adelante los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los objetivos implican principios de universalidad considerando el sentido general de impacto a todos y todas por igual y de integración de políticas públicas que apunten con la misma fortaleza los aspectos sociales, económicos y ambientales. La formación de redes para la aplicación de las políticas es una de las condiciones que puede articular el plano político tanto en el diseño como en la implementación desde la administración pública. No hay opuestos entre política y administración, porque los procesos administrativos son procesos políticos. En este sentido se reconoce que quienes llevan adelante la gestión no están libres de valores y son actores políticos.

Los valores y sentidos políticos tienen particularidad según las jurisdicciones estatales, esas particularidades en la jurisdicción provincial responden a cierta “orgánica”, filiación y límites de incumbencia en cada repartición. En la práctica no está presente la idea de transversalidad e integralidad. Las salidas a campo y el seguimiento a través de los estudios de caso dan cuenta de esta “dolencia” en vínculos al interior del Estado. En un puesto (Zona de El Paso) la misma familia puede tener la visita de un agente de INTA (en ocasiones realiza el trabajo territorial de relevamiento para la Dirección de Agricultura Familiar, Ministerio de Desarrollo Social de La Pampa); también de técnicos de la Administración Provincial de Energía para mantenimiento de paneles solares; de la enfermera de la Posta de Árbol de la Esperanza; del Municipio de Santa Isabel con abastecimiento de agua potable y de una maestra que alfabetiza a los y las adultas del puesto. Ninguno de los/las agentes conocen las acciones, ni los tiempos de los y las otros/as. Son fragmentos de acciones, personas diferentes que, para las familias, además, es difícil de identificar a qué repartición pertenecen. Hemos preguntado en el mismo puesto si tienen colaboración del Estado y la respuesta es “ni ahí”, “acá no tenemos nada”.

Las sedes de las reparticiones estatales están en la misma casa de Gobierno o a cortas distancias, esto invitaría a posibilidades de diálogos acerca de quiénes son los y las destinatarias de estas políticas. Sin embargo, en varias oportunidades las respuestas acerca de conseguir movilidad para llegar a los puestos remiten a que es “otra dirección la que va”, “no tienen que ver con la nuestra” cuidando celosamente de no “mezclar” funciones e incumbencias. Entonces la integralidad a la que aspiran los objetivos (OSD) deberá luchar con la inercia de años de políticas fragmentadas.

Se suma otro punto entre decires y haceres de las políticas públicas provincial: la pretendida universalidad de que llegue la política igual para todos y todas, remite por un lado al enfoque de derechos, aunque se piensa al mismo tiempo en un campo homogéneo de destinatarios/as que viven en territorios diversos donde sus condiciones de accesibilidad y disponibilidad de recursos, información entre otras son diversas y también desiguales. Couto, Foglia y Rofman (2016) ponen el acento en esta interface Estado y sociedad como espacio para comprender mejor la complejidad de las experiencias de gestión situadas.

Pensar las propuestas situadas permite comprender la diversidad de actores, los modos de interacción que confluyen junto a las configuraciones territoriales donde se desarrollan. Un ejemplo de ello es el derecho a la educación, un derecho universal que desde el Ministerio de Educación de la Provincia se garantiza a través de la Ley Nº 2511. Su Artículo Nº 73 refiere a la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos que es la “modalidad educativa destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar (prevista por la Ley), a quienes no hayan completado en la edad establecida reglamentariamente, y a brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida” (Ley Nº 2511). En uno de los casos relevados se registraron cuatro de los cinco integrantes que no sabían leer ni escribir. Nunca habían sido relevados como tal y ante el planteo de la situación en la Subsecretaría de Economía Social adujeron que eran los municipios quienes detectaban, y derivaban la demanda a Educación. Al tiempo se consultó en el municipio y motorizaron la asistencia a éste y otros puestos donde relevamos la misma demanda educativa. La funcionaria entrevistada certifica que son las intendencias quienes acercan las solicitudes, aunque la mayor detección se realiza a través de estudiantes que asisten al nivel primario donde a través de una encuesta se releva si algún familiar no ha concluido la escolaridad.

Los casos que demandan alfabetización, reunidos en la zona de Paso Maroma y El Paso no tienen jóvenes y/o niños en edad escolar y quedan fuera de todo registro. El ejercicio político y las relaciones distan de ser participativas para este contexto rural que depende del municipio de alguna de las localidades cercanas. La universalidad en clave de derecho se obtura ante el no registro, no detección de personas con necesidades particulares según el contexto. La misma situación ocurre con el principio de integralidad, ya que hasta el año 2020 más de cuatro reparticiones estatales asistían a los mismos puestos sin detectar la demanda educativa. El derecho está en el centro del diseño de las políticas públicas, pero no las personas, son los disloques en las cuestiones prácticas, que Echavarría (2019) invita a desafiar pensando el enfoque de derechos en la gestión.

Políticas públicas socio productivas de jurisdicción nacional

Las dos instituciones que se desarrollan en esta apartado dependían del Ministerio de Economía de la Nación y de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca. El Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo estatal autárquico, la organización descentralizada permite que cada agencia registre improntas de las fuerzas del lugar. Las agencias del INTA Anguil y Victorica han tenido y sostienen en la actualidad el vínculo con los departamentos del oeste pampeano.

Responsables de la Agencia de Extensión Rural Victorica advierten que en su historia hubo instrumentos anteriores vinculados con este territorio, a través del Programa Federal de Desarrollo Rural (PROFEDER), donde INTA La Pampa participo del Programa del Minifundio, en la Coordinación Nacional. Dentro de este programa hubo distintas “tipologías de proyectos” uno fue el de agricultura familiar, otro fue el de productores familiares, según el ingeniero Juan Torrado “no era claro el límite y la controversia de que es y no es la Agricultura Familiar”. Fue un programa y quedó anidado como proyecto.

Como ya se señaló en el anterior capítulo, en los noventa surgió el Programa Social Agropecuario (PSA), también Cambio Rural y Prohuerta. El entrevistado advierte que los pasajes -diez años después – de Subsecretaría a Secretaría, no cambiaron el punto de enfoque y “las transformaciones se pusieron al frente de las personas que llevaban adelante la dirección” (Director. INTA Victorica, 2021). El foco puesto en la Agricultura familiar reconoce diferencias entre agricultores familiares de Chos Malal, La Puntilla con agricultores familiares del NOA o NEA, incluso con los países vecinos. No consideran la categoría de campesinado aunque sí reconocen una tipología de Agricultores familiares en transición. Colonia Emilio Mitre, entraría en esta tipología. En una recurrencia sistemática refieren a agricultores en masculino, aunque reconocen el protagonismo de las mujeres en las unidades de producción y en las comunidades.

Hace cinco o seis años con los proyectos debíamos completar si trabajábamos con mujeres y con grupos que se autoreconocen como originarios. Sin embargo, hace más de diez años que desde lo empírico y de experiencia personal, invitamos a las y los productores, invitamos a la familia, porque vemos que el peso específico de la mujer en la actividad, no solo en el cotidiano sino en la toma de decisiones. Lo que está en cercanía de la vivienda es de la mujer y lo que está más lejos de los varones, el hombre es el que sale a caballo, pero esta la mujer en la toma de decisiones. Si van a hacer un cambio, juega muy fuerte la perspectiva de la mujer, nosotros hablamos por una cuestión de costumbre de productores, agricultores, pero de hecho pretendemos trabajar si podemos con la familia, convenimos con la pareja. (Director, INTA Victorica 2021).

En el devenir de la entrevista una de las ingenieras interviene:

Haciendo memoria o cayéndome la ficha reconozco que hay lugares donde la mujer tiene papel preponderante donde las decisiones salen de ella, como en Paso Maroma, Reina Maya, Mercedes Badal, ahí no hay dudas las decisiones y opiniones son de ellas, te das cuenta ahí. Pasa lo mismo en Santa Isabel, Susana Cuello, Ordienco, hay mujeres que tienen presencia importante…Monzón. (Técnica, INTA Victorica 2021).

Profesionales del INTA Victorica desarrollan proyectos y actividades que en algunos momentos coinciden con otras esferas estatales “vinculadas al trabajo de la agricultura familiar en el oeste, con los más pequeños ganaderos de bovinos o crianceros de cabras y tradicionalmente con PROHUERTA que si bien es un instrumento del Ministerio de Desarrollo Social, las acciones territoriales las gestiona el INTA” (Técnico INTA, 2021). Es interesante marcar que el plantel de profesionales lleva años en la institución, conocen el territorio y los vaivenes de los programas (con sus agentes). La modalidad de acción del INTA hoy es la gestión a través de la Plataforma de Innovación Territorial, “que no son proyectos en sí mismos sino espacios de gestión, de priorización de problemáticas, de vínculos del territorio (…) y de voces de la gente con la que trabajamos” (Director INTA Victorica, 2021). Dentro de esta plataforma tienen dos líneas o proyectos, uno vinculado al caprino que incluye a Paso Maroma, Chos Malal, Paso de los Algarrobos y otro a la producción de bovinos dentro del ambiente de travesía, todo el departamento Chalileo hasta el río Salado. Ambos incluyen parajes de la provincia de Mendoza, con lo cual el trabajo, se aborda regionalmente.

La misma fuente agrega que otras de las acciones que desarrollan, es ubicar financiamiento de otras reparticiones como el Ministerio de Desarrollo Social, en lo que dieron en llamar proyectos especiales, vinculados a la producción de alimentos. Esos proyectos especiales aplicaron en Chos Malal con la construcción de refugios, en Emilio Mitre, Árbol Solo y Pueblito para abastecimiento de agua y otro fuera de la microrregión IV. En vínculo con el Programa de Energía de la Nación, PERMER, surgió para algunos puestos la provisión de boyeros eléctricos para alambrados. También confirma lo que mencionamos en el apartado anterior referido al trabajo en territorio de “proyectos de desarrollo rural de PISEAR de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE).

En otros casos los vínculos son con las municipalidades donde eventualmente recurren a otras sedes para asesoramiento técnico o incluso con financiamiento. Para el plantel de profesionales de esta Agencia, las relaciones con otros espacios institucionales resultan pendulares, discontinuo, aunque lo que persiste son las relaciones vinculares entre personas que están o estuvieron al frente de acciones compartidas, “las relaciones con otras instituciones están atadas a vínculos políticos”:

El problema es la continuidad de las cosas, el problema de las políticas de Estado, somos autárquicos, gente que estamos muchos años en la institución, pero nuestros socios cambian cada 4 años, sin políticas públicas… establecidas en función de personalismos y eso hace los vaivenes. Si todas las instituciones tuvieran claro hacia dónde apuntar, la historia seria de otra manera. Estamos hablando para el Oeste, pero sería para todo general (Técnica, INTA Victorica 2021).

También en los y las técnicas de una agencia de “borde” juega una sinergia especial. Recorriendo puestos de Paso Maroma una productora y un productor relatan que estuvieron participando del “concurso de chivitos”. Ante esto, y nuestra pregunta acerca de quiénes lo organizan, ambos responden con nombres (no refieren a la institución que seguramente está plasmada en la puerta de los vehículos que llegan al puesto). Mencionan a personas que conforman el equipo de agentes de INTA y del extinto Programa Social Agropecuario.

En este marco, resaltaron la idea de trabajar con algo típico del territorio. Desde ellos surge la idea de identificar al chivo del oeste como típico: “tiene una marca registrada, lo comprás sabiendo que es bueno”. Esto contenido como imaginario colectivo motorizo algunas ideas vinculadas como “agregado de valor” que se materializaron en acciones enmarcadas en los proyectos con enfoque territorial. La idea de reconvertir el concepto de valor agregado por “valorización” posiciona desde el rescate cultural “todo lo que hay detrás del producto no solo el producto en sí mismo, sino que hay una manera de ser”. Entienden que ni lo tecnológico ni esto resuelven lo productivo, pero junto a una “moneda de diferencia” y el reconocer “si este chivo es mío es producto de mi forma de trabajar, es del lugar, es de mi producción está en juego el sacrificio mío y de mi familia” también se pone en juego la autoestima. Reconocen que estas acciones están dentro de uno de los objetivos de la plataforma del desarrollo local acerca de cómo mejorar cuestiones productivas y no tiene financiamiento propio para el mismo.

Las distancias y las restricciones presupuestarias hacen que desde las plataformas optimicen tiempos y recursos vinculándose con colectivos de gente organizada o en vías de organización. Se destaca en estas acciones un reconocimiento del problema, su inclusión en la agenda, una estrategia particular para incluirla -no expresamente, pero sí dentro de la plataforma-, agentes comprometidos/as con la acción y ningún tipo de financiamiento económico para su sostenibilidad en el tiempo.

La Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de La Pampa ha tenido en los últimos treinta años diferentes ministerios de dependencia (Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos; Agricultura Ganadería y Pesca, actualmente bajo el Ministerio de Economía), distintas jerarquías (Secretaría, Subsecretaría, Programa) y con ello diferentes “objetos, sujetos/s de intervención y alcances”. En este punto interesa marcar cuáles son los vínculos actuales en territorio y específicamente con las unidades de producción familiar estudiadas.

En La Pampa el Programa Social Agropecuario^[8] antecedió a la SAFCI y tuvo un reconocido desempeño a fines de los 90 en el oeste pampeano. Los objetivos generales del programa se vincularon con: el mejoramiento de las actividades productivas y de los niveles de ingreso, con la generación de espacios de participación que facilitaran la organización de familias productoras, a los efectos de que pudieran asumir su propia representación y desarrollar capacidades de gestión incluso con otras jurisdicciones del Estado. En 2019 se redefinen los criterios en la composición de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (SAFCI) y los movimientos sociales ingresan en los programas (Figura 6).

Figura 6. Línea de tiempo de la estructura Ministerial (1993- 2022)

Fuente: elaboración propia, 2022.

Como ya se señaló en el capítulo anterior, este ente nacional tiene delegaciones provinciales, en el caso de la delegación La Pampa se organiza como en todo el país, con la inclusión de movimientos sociales de base territorial: el Movimiento de Trabajadores Excluidos junto al Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa coordinan la Zona Oeste, Centro y Norte respectivamente. A la derogación del PSA le siguieron gestiones desfinanciadas y sin perspectiva de agricultura familiar. El debut de la “nueva” secretaría encuentra un escenario en La Pampa de desarticulación de los equipos de trabajo, falta de mantenimiento de los vehículos, recursos escasos, desconfianzas “técnicas” hacia los coordinadores y aislamiento por pandemia, entre otras cuestiones. La tensión entre la gestión a través del Sistema de Gestión Digital que lentifica las urgencias del territorio pone a prueba a los nuevos integrantes de la secretaría.

Dentro de los objetivos estratégicos se plantea promover la inclusión y formalización del sector; fortalecer el desarrollo productivo, el acceso a la tierra y el arraigo rural junto a la formación, innovación y tecnificación productiva. En este sentido surgió el programa “En Nuestras Manos” con tres líneas: tecnología para las mujeres rurales, asistencia pos pandemia y refugios de mujeres víctimas de violencia. La convocatoria nacional se abrió en el año 2020 sin tener a las y los responsables provinciales designado, esto no jugó a favor para que pudieran solicitar proyectos a tiempo. Existen líneas de promoción y condiciones para acompañar la presentación, aunque en la realidad también persisten mecanismos burocráticos que impiden poder acceder a los mismos.

La Coordinación Oeste de la Delegación La Pampa está a cargo de Carlos Alainez. Es integrante de la Cooperativa la Comunitaria incluida en el MTE y fue parte del grupo que promovió los procesos asociativos recientes en el oeste pampeano. Su interés está puesto en recobrar “la época de gloria que supo tener esta repartición entre 2008-2014… recuperar nivel de trabajo, presupuesto recursos”, reconocidos por la población del oeste.

Junto a las demás organizaciones de bases trabajan en gestionar políticas públicas, que se orienten a que “todos los sectores de la economía popular puedan tener incidencia en toma de decisiones y que lleguen los recursos para hacer distintas actividades que consideran necesarias·.

Esa es la apuesta, estamos en el medio del proceso, transitando ese camino. La idea es que todas las familias rurales y periurbanas de La Pampa puedan tener participación con recursos, que se valoricen las familias productoras de alimentos; las que están desocupadas y quieran producir alimentos puedan hacerlo con el acceso a los recursos para generar la sustentación desde ahí. En el Oeste donde la preponderancia de los pequeños productores tiene que ver con la cría de animales, que se puedan fortalecer como sujetos… sabemos que históricamente no fueron ni son actores relevantes para la política pública. (…) En el Oeste está claro que con la producción familiar hay muchas cuentas pendientes que no tienen que ver solo con lo productivo, en el Oeste hay deuda social en la vivienda, en la salud (Entrevista realizada por M. Eugenia Comerci al coordinador Zona Oeste La Pampa, 2021).

La habilitación de distintos programas de promoción impactó en nuevas decisiones para la cooperativa. Esto definió (con muchas discusiones) la necesidad de constituir una Cooperativa de Trabajo Agropecuaria Regional Limitada dentro de La Comunitaria para poder presentar proyectos al Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (PROTAAL) y Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales (PISEAR). Alejandra Domínguez, presidenta de la Cooperativa La Comunitaria de Santa Isabel, recupera en esas discusiones la necesidad de acceder a la compra de forraje accesible sin depender del precio del mercado y la gestión autónoma de su distribución. Para ello considera imprescindible disponer de un transporte que pueda además completar el circuito de comercialización. En ese camino se orientan las presentaciones de la nueva cooperativa a las distintas propuestas de la Secretaría.

En el año 2021 accedieron a la línea del PROTAAL del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con el que organizaron una planta de alimento balanceado y en el año en curso lograron la compra de dos camiones con la finalidad de “tender puentes entre productores y productoras del este y el oeste”. Junto a estos “logros” (reclamados históricamente por los y las pequeñas productoras para acceder a alimento ganadero, asistencia técnica, botiquines, comercialización y precio justo) no se desatiende el proceso organizativo. Justamente los logros vienen de los acuerdos y prioridades establecidos en el grupo cooperativo y canalizados a través de la Subsecretaría para poder acceder a los recursos que colaboran en disponer de los mismos. El cambio de la práctica de la política pública es sustancial desde lo enunciativo, desde lo procedimental hasta su concreción.

La deuda siempre es la misma en cuanto a los lazos y redes, si bien está planteada una mesa de Desarrollo Territorial (por zonas), compartida con INTA, SENASA, Municipio, Organizaciones productivas y Coordinación de la SAFCI, son escasos, esporádicos y nulos los vínculos. Esta cuestión debilita la posibilidad de fortalecimiento de políticas y de propuestas de planificación productiva. También se advierte desde las productoras y productores cooperativizados, tensiones por parte de: INTA, Ministerio de la Producción, Economía Social y hasta Municipios. Esas tensiones identificadas como “retaceo de información”, “ofrecimientos individuales” entre muchas otras surgen ante alguna acción en territorio por parte de la Secretaría.

El ejercicio de participación cooperativa por parte de las mujeres crianceras y trabajadoras de la huerta en Santa Isabel esta tensionado por esta matriz de relaciones ya que quienes habitan el oeste dependen de recursos vitales que en su mayoría son provistos por el Estado. Lo que tendría que ser una matriz flexible, permeables y a la vez con fuertes amarres (local y extralocal) para garantizar seguridad y permanencia, no lo es. Es que ciertas prácticas devenidas de políticas públicas que dan lugar a incipientes procesos de autonomía son “negados” “esperan su fracaso” o son neutralizados por otras jurisdicciones estatales. Desentrañar estas operaciones en el territorio, implica considerar la centralidad del Estado como parte del campo social donde se incluyen las mujeres crianceras. Sus decires y haceres, dan pautas de qué acciones o inacciones son las que perpetúan la exclusión territorial y de género y cuáles colaboran en sembrar rupturas a estas situaciones de inequidad.

El mapeo de las intervenciones relevadas (Figura 7) colaboró en identificar cuáles son las “vías” que practican comunicación u obstáculos en el territorio. Para graficar se respetaron los logos que identifican a cada repartición Municipal, Provincial y Nacional. Las leyes ubicadas en el centro son referenciadas por organismos de distinta jurisdicción y son las únicas que conciertan algunas vinculaciones interjurisdiccionales. Las líneas con doble dirección, indican vínculos directos. Las cruces en rojo refieren a ausencias de relaciones o intermitencias en la comunicación.

Figura 7. Mapa de relaciones de intervenciones estatales en puestos del oeste

Fuente: elaboración propia., 2022

Se detectaron tres áreas de convergencia de vínculos intra e interestatales: una más amplia con relaciones más débiles alrededor de objetivos “productivos”; una más restringida entre municipios y gobierno provincial y una más acotada intraestado (Provincial) con marcada discontinuidad. Las mismas se representan con elipses de mayor a menor tamaño reflejando la amplitud de relaciones. El grosor de las flechas dirigidas representa la intensidad de las mismas.

Las relaciones del campo de las actuaciones del Estado y sus distintas jurisdicciones en el territorio en su mayoría tienen únicas direcciones y son institucionales. Son contadas las intervenciones que rescatan propuestas y protagonismo de agentes y cultura local. Estas construcciones sociales y políticas definen este particular campo social, marcado de institucionalidad fragmentada, oscilante y discontinua. A ello se suman percepciones por parte de la población de los puestos referidas a la soledad, abandono y eternas esperas. En estos casos las esperas son formas de dominación por parte del proveedor Estado. Esta tensión entre sujetos/as y los tiempos institucionales generan estrategias por parte de quienes esperan y con ello también subjetividades.

Últimas consideraciones

El mapa de actuaciones del Estado provincial es muy denso en intervenciones sociales; recortado en lo socioproductivo y nulo desde el financiamiento productivo a crianceras/os. El desbalance entre lo social y productivo refiere a presupuestos que definen y caracterizan a gran parte de la población del oeste como vulnerable, atendiendo así cuestiones materiales y de disponibilidad de recursos.

La mayoría de las acciones se presentan en el territorio de manera desarticulada, priorizando la acción en sí misma y no a quienes está dirigida. Al mismo tiempo, la pretendida universalidad de que llegue la política igual para todos/as remite por un lado al enfoque de derechos, aunque se piensa al mismo tiempo en un campo homogéneo de destinatarios/as que viven en territorios diversos donde sus condiciones de accesibilidad y disponibilidad de recursos, información entre otras, son diversas y también desiguales.

Se suman consideraciones de estas acciones relativas a las mujeres, que desconocen su rol de productoras y solo se las posiciona como responsables de las unidades domésticas, exceptuándolas de créditos y/o políticas públicas que las contemple como sujetas de derecho al ocio y a la recreación. Algunas de estas cuestiones abonan la persistencia de situaciones de exclusión territorial y de género (s) en territorios del oeste pampeano.

Otras actuaciones del Estado también provienen de la jurisdicción nacional con algunos vínculos locales, otros muy escasos y oscilantes con la esfera provincial. Instituciones y programas nacionales tienen impronta en el territorio y esto ha sido producto de las mediaciones de referentes/agentes territoriales. Estas experiencias registradas en el territorio, tuvieron en cuenta las necesidades expresadas desde las propias familias crianceras, reconocieron los lugares de las mujeres como actoras centrales en las unidades de producción y en la participación y valorización de los saberes y cultura del lugar. Las mismas se convirtieron en incipiente fuente de ruptura de inequidades, aunque la equidad partiendo de lugares tan desiguales para las mujeres es una tarea trabajosa de alcanzar y de pedagogía permanente.

Los decires de las políticas públicas se oxigenan de perspectivas de géneros(s) y derechos. A nivel provincial la adhesión a los Objetivos del Desarrollo Sostenible incluye en uno de los siete objetivos priorizados aspira a “lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres”; la Plataforma de innovación territorial de INTA, también incluye la consideración de “igualdad de Género” y en el Plan estratégico de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena 2020-2024 del entonces Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca se explicita que la planificación de las políticas públicas debe contemplar la perspectiva de género, las juventudes, el cuidado del ambiente y la promoción de la agroecología. Llegar a este proceso implicó desmontar habitus construidos por los organismos de préstamos internacionales y por los Estados que, en diferentes momentos del siglo XX, reorientaron las políticas del sujeto trabajador al pobre y a las mujeres como actoras relevantes de los asuntos sociales y económicos vinculados al control demográfico y garantes de las necesidades básicas. De ahí que en los años noventa se apliquen políticas compensatorias destinadas a las mujeres como responsables de la reproducción. Estas configuraciones de roles y estereotipos de clase y géneros en las políticas públicas siguen vigentes, aunque presentan fuertes disputas. Por un lado, la espalda legal de ampliación de derechos que no es interpretada ni gestionada como tal y por otro lado un campo de derechos que se deconstruye y amplia nuevas demandas.

Las ideas del crecimiento económico neoliberal plegadas a conceptos de homogeneidad de los territorios y con ellos de la gente y su cultura no redujeron, sino que aumentaron la brecha en cuanto a las múltiples exclusiones. Sobrevienen las crisis y múltiples formas de autogestión en toda América Latina. En Argentina el vivir, producir bajo lógicas tradicionales, el sobrevivir en la informalidad conduce a las mayorías ciudadanas a prácticas que han instituido nuevas formas de participación y demanda de reconocimiento. La economía popular aglutina estas realidades. Como concepto, categoría y proceso provoca rupturas académicas y políticas desde su propia praxis.

La asociación de trabajo y desocupación es una gran ruptura que no ocurre en otros lugares del mundo: la existencia del trabajo, a pesar de que no haya empleo y que no haya relación de dependencia. Esto por un lado pone en agenda el reconocimiento y al mismo tiempo la redistribución, cuestión que se legitima en la Ley de Emergencia Pública en el año 2015. La Agricultura familiar también es motivo de reconocimiento, en enero del año 2015 se promulga la Ley Nº 27.118. La ley apunta, en su artículo 4º, a contribuir a eliminar las brechas y estereotipos de género, asegurando la igualdad de acceso entre varones y mujeres a los derechos y beneficios y para ello enuncia las adecuaciones concretas que deben contemplar las acciones de políticas específicas de reconocimiento a favor de las mujeres de la agricultura familiar. Ambos marcos legales producto de las luchas de los movimientos sociales, son políticas públicas en sí mismas y son legitimadoras de nuevos componentes de la gestión pública basada en un enfoque de Derechos Humanos que apunta esencialmente a ligar poder por la vía del reconocimiento de derechos.

Una evaluación que define cuantitativamente las prestaciones y a la vez focaliza en la identificación de los vínculos creemos que es un aporte que puede colaborar para que las mismas acciones estatales reorienten, estimulen y garanticen la integralidad de sus políticas. En los dos mapas institucionales, la centralidad de la imagen esta puesta en una mujer rural y en las leyes vinculadas con la producción caprina/ovina, ambas se sintetizan en una sujeta común que es mujer criancera, sin embargo, se resalta que no hay reconocimiento expreso de su rol productivo y ciudadano. De allí que se considera la integralidad, inter-intra jurisdiccional de las políticas aplicando el reconocimiento de las necesidades particulares locales y de género(s) en clave de derechos humanos.

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