El caso del oeste pampeano
y la construcción de referenciales

María Eugenia Comerci

Introducción

Las políticas públicas, además de intervenciones concretas en el territorio, expresan maneras de pensar sobre el mundo y cómo actuar en él. Contienen modelos implícitos de sociedad y visiones de mundo. Pretenden regular, intervenir y modificar la sociedad a partir de la imposición de cierto orden y coherencia. Es decir, como señala Shore (2010), poseen una voluntad de poder; no sólo son un ejercicio de persuasión y legitimación, sino que también objetivan y subjetivan a quienes se dirigen y los someten a la anónima mirada de los expertos. De este modo, las políticas crean nuevas categorías de personas y nuevas formas de subjetividad.

Como se señaló en el capítulo 1, lejos de ser procesos simples y lineales, debemos resaltar la complejidad y lo desordenado de los procesos de formulación de políticas públicas, en particular las maneras ambiguas en que las políticas son promulgadas y recibidas por la población “destinataria” en el territorio. Coincidimos con Shore (2010) en que para comprender por qué funcionan o no las políticas, necesitamos saber algo sobre cómo son recibidas y experimentadas por las personas a las que se dirigen, qué sentidos construyen y cómo devienen en acciones y orientaciones prácticas.

En este capítulo se busca analizar la construcción de subjetividades en los referenciales sobre las personas a las que se dirigen las políticas públicas, en un contexto situado, de expansión del capitalismo agrario y de las fronteras productivas: en el oeste de La Pampa. Como ya se planteó, los departamentos occidentales de la provincia de La Pampa (Chalileo, Chicalcó, Puelén, Limay Mahuida y Curacó), dado los altos índices de pobreza, han tenido una activa participación del Estado –nacional, provincial y municipal- en políticas de desarrollo rural.

Se considera que las políticas públicas proveen de lentes para estudiar la sociedad, para hacer una “excavación profunda” en términos de Sousa Santos (2006). De allí que sea necesario una aproximación empírica crítica. Los hechos no hablan por sí mismos, pues existe un objeto real y un objeto construido. De este modo se rechaza el empirismo que reduce el acto científico a una comprobación de lo observado. El concepto construido con la ilusión del saber inmediato, requiere de una actitud de vigilancia epistemológica permanente y de rigor metodológico constante (Gutiérrez, 2012).

De acuerdo con Vasilachis (2007), en distintos discursos de análisis de población pobre, predominan acciones de privación de identidad en la construcción discursiva de la identidad de los sujetos cuya representación se analiza; hay una tendencia a producir una imagen negativa de ellos, señalando lo que los diferencia en desmedro de lo que los identifica con el resto de los individuos. De este modo este proceso produce una ampliación y consolidación de las estrategias de los procesos discriminatorios y la negación a unos y el reconocimiento a otros del derecho de participar como iguales y libres en los procesos de construcción de la sociedad y, en fin, el ejercicio de la violencia a través del reiterado desconocimiento del principio de igualdad esencial. Esa violencia, plantea la autora, no sólo está presente en lo que se dice y en cómo se lo dice sino, también, en lo que se oculta, en lo que se tergiversa, en lo que se niega, en aquello que se construye como real más allá de toda realidad.

Es por ello que se sostiene que la excavación profunda y la reflexión epistemológica constante son herramientas pertinentes para generar un conocimiento interno que permita entrar “debajo de la piel” de las políticas públicas. También es fundamental realizar un análisis estructural y contextualizado de los procesos en los que se insertan estas políticas. En términos bourdeanos, se requiere del relacionalismo metodológico que articule los momentos subjetivistas y objetivistas de toda investigación social. Como señala P. Bourdieu:

Si una cosa es verdad, es que la verdad del mundo social es un entramado de luchas: porque el mundo social es, por una parte, representación y voluntad; porque la representación que los grupos tienen de sí mismos y de los otros grupos contribuye en gran medida a hacer que los grupos sociales sean lo que son y hagan lo que hacen. La representación del mundo social no es un dato o, lo que es equivalente, una grabación, un reflejo, sino el fruto de innumerables acciones de construcción que están siempre ya hechas y siempre hay que rehacer (Bourdieu, 2004, p. 241).

En el espacio rural argentino y pampeano se han resignificado los conflictos por el control y el uso de los bienes comunes y se han renovado los procesos en torno a la producción de alimentos y la discusión por la soberanía alimentaria. Se registran cambios ante la llegada de nuevos agentes no agrarios que desarrollan actividades turísticas, de recuperación del patrimonio y residenciales. Muchas de las políticas estatales, articuladas con programas internacionales (del Banco Mundial o la FAO) orientan el desarrollo rural y promueven simultáneamente al agronegocio y a la agricultura familiar. Como resultado de estos procesos y prácticas emerge una geografía rural compleja, heterogénea y profundamente desigual (Castro y Arzeno, 2018).

En este marco, en el capitalismo actual en el que existe una renovada contradicción entre la vida y la acumulación infinita. Por ello es necesario repolitizar la vida humana, los modos de conocer, los modos de pensar, de socializar, de simbolizar. Esto permite generar otros mundos posibles y transversalizar las luchas (Liendo, 2003). El desafío consiste, en superar el empirismo ingenuo y acercarse a las interpretaciones de los distintos sujetos destinatarios de las políticas públicas. Además, se buscó distanciarse de la realidad inmediata e ir más allá de lo aparente. Se recurrió a la noción “sujeto” como aquel que actúa y produce algo. Es decir, individuos, colectivos, movimientos en tanto articulación de lo individual con lo social en un campo que adquiere determinada configuración (Leyva Solano, 2015).

El diseño seleccionado para el propósito de la investigación fue el cualitativo. Los datos recopilados en el trabajo de campo y de gabinete fueron el resultado de procesos sociales, institucionales, discursivos en el que participaron, tanto el investigador como el investigado. La reflexividad inherente al trabajo de campo supone procesos de interacción, diferenciación y reciprocidad entre la reflexividad del sujeto cognoscente y los sujetos/objetos de investigación (Guber, 2001).

De este modo se cruzaron distintas fuentes que incluyen documentos oficiales sobre políticas públicas aplicadas en el oeste pampeano, y entrevistas a técnicas y técnicos territoriales del Programa social agropecuario, del INTA y de la Secretaría de Agricultura Familiar, a quienes gestionan y a las familias productoras de los distintos departamentos de estudio. En este capítulo, se presta especial atención en los textos, en los relatos, en los testimonios y las narrativas que se construyen, el lenguaje y los discursos que dan forma y legitiman sus actividades, y las maneras en que las personas a las que se destinan las políticas públicas, se apropian, resignifican o refutan estas ideas y nominaciones.

La construcción de referenciales y subjetividades en el oeste pampeano

La presencia del Estado como productor del espacio occidental de la provincia La Pampa ha sido central. Como señala García (2018), estas familias productoras fueron destinatarias de distintas políticas de intervención territorial en las que participaron diversos agentes, tales como el Banco Mundial e instituciones estatales de orden nacional, provincial y municipal. Otras intervenciones que impactaron en las prácticas sociales fueron los planes de mejoramiento habitacional con la construcción de nuevas viviendas, provisión de agua, mantenimiento de picadas contra incendios, vías de circulación, instalación de paneles solares; asesoramiento en el mercado de sus artesanías y la provisión de insumos para tejidos.

Como ya se señaló en el primer capítulo algunos de los proyectos que dieron cuenta de esas políticas públicas -nacionales y provinciales- en el espacio rural fueron el Programa de Promoción de Artesanos; el Programa de Desarrollo Ganadero del Oeste Pampeano; El Proyecto de Desarrollo Rural Integrado; el Programa Social Agropecuario (PSA), Plan de Mejoramiento Habitacional; el Proyecto de desarrollo de los Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER); el PROHUERTA; el Plan de Mejoramiento de la Cabra Colorada, Ley Caprina y Ovina, el PERMER, el PISEAR y los proyectos de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena; entre otros.

Los nuevos espacios de discusión propuestos, a través de la Secretaría de Agricultura Familiar, habilitaron estas otras formas de intervención a través del asociativismo y la formación de cooperativas. Es innegable que para las y los productores del oeste la dinámica de participación cambió desde entonces. La integración de estas áreas socio-productivas potenció, en algunos casos, los recursos humanos, infraestructura y equipamiento. Pero las acciones no se sustentaron en el tiempo y las políticas dirigidas a acompañar la acción de las Asociaciones se diluyeron, generando en algunos casos la desaparición y en otros su latencia (García, 2018).

A mediados de la década de 2000 en las políticas públicas naciones los llamados “pequeños productores” y “minifundistas” (destinatarios de los programas socio-territoriales de la década de los noventa), pasaron a renombrarse como “agricultores familiares”. En este marco, el Foro Nacional de Agricultura Familiar (FONAF, 2006), integrado por organizaciones de productores y por técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar, propuso su propia concepción de Agricultura Familiar e identificó cinco categorías que van desde unidades de subsistencia hasta capitalizadas con capacidad de reproducción y crecimiento (Soverna, Tsakoumagkos y Paz, 2008). El FONAF, propuso una definición cualitativa sobre la agricultura familiar, considerándola como: “una forma de vida y una cuestión cultural, que tiene como principal objetivo la reproducción social de la familia en condiciones dignas” (FONAF, 2006: p. 4).

Asimismo, desde la Reunión Especializada en Agricultura Familiar del Mercosur (REAF), se creó la categoría de agricultura familiar entendida como “un tipo de producción” donde se encuentran físicamente integradas la unidad doméstica y la unidad de producción, la agricultura es la actividad y fuente de ingresos principal de la unidad familiar, la familia proporciona la mayor parte de la mano de obra utilizada en la explotación, y la producción es tanto orientada hacia el autoconsumo como al mercado (REAF, 2006, p. 6).

Junto con este cambio semántico del sujeto de intervención se crearon instituciones y leyes que legitimaban y apoyaban a este nuevo “destinatario/a” de las políticas de desarrollo rural. En 2009, el Estado argentino elevó al estatuto de Ministerio a su Secretaría de Agricultura y creó la Secretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural, reconociendo oficialmente a un nuevo actor del sector agropecuario. Como ya fue señalado, en el año 2020 se amplió la Secretaría hacia sectores campesinos, pueblos originarios y agricultura periurbana. De este modo pasó a llamarse Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Se coincide con Gisclard, Allaire y Cittadini (2015) en que se trata de la emergencia de un nuevo “referencial” que no pone en tela de juicio el referencial agrícola dominante, se instala de manera paralela y se acepta la convivencia de modelos (el agronegocio y agricultura familiar). Entre los intereses que motivaron la promoción de la agricultura familiar por parte del Estado nacional se destacan la generación de empleo, la provisión de alimentos y seguridad alimentaria y la preservación del ambiente.

En el caso del oeste de La Pampa también se generó el viraje en la denominación de las personas a las que se dirigía la intervención. En los diagnósticos de los departamentos de estudio promovidos desde Nación, desde el año 2000, se destaca la presencia del trabajo familiar y la conformación de “asociaciones de productores y productoras”, siguiendo el giro de la conceptualización realizada por la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. Sin embargo, no ocurre lo mismo en los programas provinciales, que continúan teniendo como sujeto de intervención al “pequeño productor de subsistencia”. Desde el discurso oficial, se refieren a los productores como “propietarios” (excluyendo a los poseedores) que viven en condiciones de pobreza, sin bien la categoría despersonalizada más utilizada es la de “establecimientos” (Comerci, 2011). Sobre la base de los datos obtenidos de una “encuesta a los productores del oeste 2005” se crearon “modelos de jerarquía de empresa” para ubicar a las explotaciones (puestos) que varían desde “microempresas o económicas de subsistencia” a “grandes empresas” (Ferrán, 2008, p. 33).

La manera en la que se denomina a los sujetos no es neutra sino, por el contrario, supone la existencia de relaciones de poder, se encuentra atravesada por representaciones ideológico-epistemológicas y está contextualizada en ciertos marcos témporo- espaciales. Como señala Vasilachis (2007) esos recursos cognitivos con los que se describe a los sujetos de intervención y sus espacios, por lo general, tienen la particularidad de generalizar, respecto del grupo discriminado, características negativas de las que el grupo que discrimina carece.

Estos atributos justifican tanto el lugar que este último grupo ocupa en la sociedad como su situación de privilegio en lo que hace a la distribución y a la asignación de los bienes valorados socialmente. El empleo de esos recursos cognitivos tiene, entonces, respecto de la sociedad en su conjunto, la función de reproducir valores, jerarquizaciones, formas de poder, de control y de dominación (Vasilachis, 2007, p. 17).

Como define Jodelet (1986), la representación es la forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido con una orientación práctica. Se trata de un saber práctico que participa en la construcción de la sociedad generan “sentido común” en tanto se constituyen en producciones discursivas compartidas por un grupo (Bourdieu, 1997). Poseen además un contenido político, porque expresan los intereses asociados a las posiciones de los actores en un campo social y son un instrumento de la lucha por imponer determinadas visiones del mundo sobre otros.

El análisis de las representaciones sociales requiere de una reflexión profunda. Lejos de buscar reglas comunes a los distintos procesos de conocimiento la reflexión epistemológica intenta dar cuenta de las dificultades con las que el que conoce se enfrenta cuando las características de aquello que intenta conocer son inéditas o, cuando aún no siéndolo no pueden ser, en todo o en parte, registradas, observadas, comprendidas con las teorías y/o conceptos existentes y con las estrategias metodológicas disponibles (Vasilachis, 2007). De este modo, las representaciones influyen en las líneas de acción que producen prácticas orientadas. Si no se logra captar el sentido de la práctica de los sujetos, se corre el riesgo de conceptualizar esas prácticas de modo equivocado. De allí la importancia de la metodología utilizada para reconstruir el sentido otorgado por los sujetos.

En este contexto se busca reflexionar sobre algunas representaciones que los técnicos estatales han generado sobre los sujetos sociales que habitan y trabajan en los departamentos del extremo oeste de La Pampa. La interpretación de los textos, que expresa facetas del proceso de mediación en la relación técnicos-beneficiarios, posibilita abordar cómo los sujetos fueron calificados y definidos; qué roles se les adjudicó y en qué procesos y/o situaciones se los contextualizó. A continuación, se sintetizan los referenciales que se encuentran en los bordes de esos documentos.

Personas representadas como “intrusas”, “recolectoras” y “minifundistas”

Desde mediados de la década de 1980 el Estado provincial –vía Ministerio de Economía y Asuntos Agrarios– llevó adelante diferentes políticas de intervención en el espacio ante la carencia de infraestructura rural y extremas condiciones de pobreza de la mayoría de la población del extremo oeste. En este contexto se publicaron una serie de revistas, ya mencionadas en el capítulo 1 (Figura 1), en las que se enunciaban los proyectos socio productivos a desarrollar, se describía el panorama económico de la provincia, filtrándose categorizaciones y representaciones sobre los agentes productivos “receptores” de las políticas de intervención. En el “Proyecto de Desarrollo Rural Integrado” (1985) –referido territorialmente a los departamentos Puelén y Chicalcó– se utilizaba y reiteraban distintas denominaciones sobre estos sujetos, que variaban desde “productores”, a “intrusos” o “recolectores” como puede observarse en el siguiente fragmento: p.16).

Los productores son en su mayoría ocupantes o intrusos de las tierras de propiedad privada (…) Los pobladores y la hacienda están fijos en torno a la aguada, que así se convierte en el elemento determinante de la posibilidad de existencia de un puesto. Más que productores se trata de recolectores del producto anual de sus rodeos o majadas y de la fauna silvestre para su alimentación y comercialización de cueros y pieles (Gobierno de la Provincia de La Pampa 1985, p. 16).

En el diagnóstico se posicionaba a los productores dentro de las “economías de subsistencia del oeste” basadas en la cría de ganado y en la caza y recolección con superficies en las “explotaciones menores a la unidad económica”. Si bien se planteaba la existencia de “propietarios minifundistas”, el texto destacaba el predominio de los “ocupantes, intrusos, permisionarios” que “explotan” tierras privadas “abandonadas”. Otra de las cualidades de los sujetos y acciones atribuidas era la “baja capacidad de consumo”, la “carencia de algunos servicios esenciales”, la “existencia de un sistema de comercialización expoliativo” y los “elevados índices de pobreza” en los hogares (1985, pp.8-9). Se considera al sujeto destinatario de la política “población rural pobre”, “más que productores son recolectores” que reside en los “puestos”. En estos se explicita que es la unidad de explotación y que presenta en torno a las aguadas “focos de desertificación por sobrepastoreo” (p. 12).

Desde el punto de vista espacial, se resaltaba el “alto grado de aislamiento y desintegración del Extremo Oeste”, así como también la “presión antrópica” sobre la tierra producto del “sobrepastoreo” en las cercanías del puesto y la aguada. Ante la detección de estas dificultades que conducían a la “situación de marginalidad y aislamiento” de los sujetos y del espacio en cuestión, se proponía convertir estas economías de subsistencia en empresas agropecuarias, con índices aceptables de rentabilidad, (lo que) implicará un notable aumento de la productividad por hectárea” (Agropampeano, 1985, p. 9). Es decir, enmarcados en paradigmas modernizadores y coloniales de la matriz civilizatoria dominante, aparecía la necesidad de transformar el espacio y los sujetos que lo construyen a partir de la gestación de una nueva lógica productiva capitalista. En ese contexto, se aplicaron una serie de programas de “transferencia” tecnológica basados en el saneamiento de las majadas de caprinos, el mejoramiento genético y el control técnico y la gradual incorporación de ganado vacuno. Asimismo, a comienzos de la década de 1990, se propuso el desarrollo de actividades “alternativas”, como la cría de camélidos y la producción bajo riego mediante el tendido de pequeños acueductos (Comerci, 2011).

Personas definidas como artesanos tradicionales y pueblos originarios

Otro programa de intervención de “Promoción de Artesanos”, cuya finalidad era proteger, estimular y ayudar a los “artesanos tradicionales”, en el que participaban el Gobierno de la Provincia (Direcciones de Turismo, Cultura y Promoción de la Comunidad) con apoyo de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) ponderaba la descripción de los sujetos del espacio rural Oesteño en base a las actividades económicas y el lugar de trabajo. El “artesano tradicional” era concebido como “el habitante rural del oeste que desarrolla su vida familiar en el puesto”. Destacaban en este espacio, pensado como la “unidad económica-social”, el desarrollo de “actividades comunitarias”, tales como la realización de las artesanías (Medus y Poduje 1997, p. 21). Entre los rasgos de las explotaciones de los artesanos, se destacaban la construcción de “viviendas tradicionales”, la escasa capacidad de control de los precios, persistencia del trueque como forma de intercambio, dificultades en el acceso a salud y educación, presencia de “saberes ancestrales” en la elaboración de artesanías y procesos de emigración temporal o definitiva.

En la actualidad, el programa depende del Ministerio de la Producción, aparecen nuevas representaciones de las personas, ya no solo concebidos como “artesanos” sino, también, como “descendientes de aborígenes”, que mantienen la “cultura viva” y conservan “las técnicas artesanales de los aborígenes que habitaron el inhóspito y arenoso paisaje, en donde se logró un equilibrio entre el hombre y la naturaleza, que se refleja en la expresión de las piezas, que se transmitieron por generaciones”. En un folleto explicitan:

Sin duda alguna, nuestras artesanías representan a la provincia, por sus texturas y tintes naturales en los tejidos, que crearon los pueblos originarios y extraen parte del paisaje del Oeste, o con el color de la madera del caldén, hace sentir los montes de la zona del caldenal, con el cuero y las yuntas, recuerda aquel criollo que se animaba a trabajar las tierras pampeanas (ídem).

A mediados del año 2021, en Santa Isabel, la Secretaría de Turismo presentó la ruta turística “Camino de las Artesanías del Oeste Pampeano”. Con el objetivo de poner en valor el “quehacer y los saberes ancestrales, propiciando la vinculación con otros atractivos del lugar, la oferta de servicios, gastronomía y demás actividades en la zona”. El camino atraviesa distintas localidades y parajes rurales en un trayecto de más de 300 kilómetros desde la capital provincial. De este modo, se promociona en el folleto un “viaje para descubrir, conocer y deleitarse” hacia “alma de nuestra tierra”, para conocer lo “profundo” –y distante- de la provincia, con un “bucólico y singular paisaje con bardas y ríos esquivos y un cielo inmenso que todo lo cubre”. Es llamativo que en estas publicaciones y páginas web no se menciona, por ejemplo, que quiénes realizan los tejidos son mujeres campesinas, tejedoras y crianceras. Además, el territorio se representa dividido en “rincones”. A modo de ejemplo en el llamado “Rincón del tejido” se describe:

El proceso se basa en antiguas tradiciones de pueblos originarios. Comienza hilando la lana a mano, para posteriormente realizar la urdimbre en el telar. La lana puede ser natural o teñida por raíces, hojas, frutos, tallos de vegetales tintóreos predominantes en la zona. Así, en el color y la trama del tejido queda expresada la impronta natural de la provincia de La Pampa.

Esa ausencia de las principales productoras de los trabajos artesanales habla también del lugar que se le da a las mujeres rurales y de la mirada externa, romantizada y armónica que se pretende mostrar del oeste pampeano.

De “pequeños productores pobres” a “productores familiares”

A mediados de la década de 1990 hasta 2013, en el ámbito del Programa Social Agropecuario (PSA), se realizaron diagnósticos grupales con la finalidad de generar “Emprendimientos Productivos Asociativos”. Con relación al “sistema productivo más representativo del grupo” se describía a los sujetos de la siguiente forma:

Son productores dedicados a la ganadería extensiva con poca cantidad de animales, con un promedio de 16 animales cabríos cada uno. Son ocupantes de tierras (…). La mano de obra es familiar. Fuera de las explotaciones realizan pocos trabajos, algunos realizan artesanías en telar o cuero que son vendidas al Mercado Artesanal. Poseen dificultades para realizar compras de insumos y venta de la producción (PSA, fichas grupales, 1994, p. 2).

En publicaciones más recientes de este programa nacional, se destacaba la presencia del trabajo familiar, la perspectiva de género y la conformación de “asociaciones de productores y productoras”. De este modo, los agentes se representan como pequeños productores pobres con reducido capital, que utilizan trabajo familiar, residen en el predio y cuyos ingresos provienen mayoritariamente de las explotaciones. El programa, además, incorpora la dimensión de género en los diagnósticos y la importancia de la participación de los distintos agentes.

Se destaca la importancia de la “asociación” de productores, siempre que ésta se encuentre institucionalizada y, de algún modo, controlada por el Estado. Desde la perspectiva de un técnico muy comprometido con el programa se recuperaba la importancia de estas familias en el territorio y el papel de la formación de “grupos asociativos” en la gestión/resolución de demandas sociales:

Hay que vivir en el Oeste… hay que vivir en esos lugares y yo creo que el Estado debería ayudarlos más todavía. Esta gente al Estado no le pide, están haciendo patria ahí, reafirmando la soberanía en esos lugares (…) Yo creo que todo esto ha hecho que la zona ha mejorado las condiciones de vida en el Oeste yo veo que la gente a su ritmo ha ido progresando, yo hace más de 25 años que estoy viajando en las primeras reuniones que iba al Oeste todos iban a caballo y ahora todos van en camioneta…. Desde el PSA pedimos la escuela en Chos Malal, o la posta sanitaria en Árbol de la Esperanza y hoy las dos están funcionando… Esto de formar los grupos asociativos y que ellos mismos planteen sus necesidades ha ayudado mucho a la gente. Los puesteros saben que si se juntan pueden pedir cosas y eso fue un logro del trabajo de las asociaciones (Ing. Agrónomo, coordinador del PSA, entrevista realizada en 2018).

En la actualidad, desde la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (nacional) con sede en La Pampa se están generando distintas políticas y programas de apoyo a la producción familiar. En el programa de Promoción del trabajo, arraigo y abastecimiento local (PROTAAL) se generan acciones dirigidas a “Desocupados/as. Subocupados/as. Productores/as de la Agricultura Familiar definidos en el Artículo 5° de la Ley N° 27.118 “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina” e inscriptos a la fecha de la presente medida o con posterioridad a la entrada en vigencia del Programa en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF)”. Las “unidades de producción de la AF” son “organizaciones socio-productivas de carácter asociativo cuyos beneficiarios revisten la condición de desocupados, subocupados y/o agricultores familiares para la producción de alimentos primarios y/o con valor agregado y/o servicios de origen agropecuario”. Estas unidades pueden presentar propuestas de financiamiento a través de cooperativas, asociaciones civiles, sociedades de Fomento, Municipios y otras personerías jurídicas habilitantes con objetos social de incumbencia en la temática (PROTAAL, 2021, p.3).

Cabe destacar que estos últimos programas explícitamente incluyen a las mujeres productoras quienes “enfrentan una dimensión adicional de desigualdad, considerando que las brechas de género suelen limitar el acceso a créditos y otros servicios financieros” (op. cit.). En los últimos documentos aparece el lenguaje inclusivo y se dirigen acciones concretas para mujeres, jóvenes y personas pertenecientes a pueblos originarios y sectores campesinos. Es importante, asimismo la valorización del trabajo cooperativo/asociativo que incluye distintas modalidades.

Los sujetos representados como “productores” y “propietarios”

A comienzos 2008, el Ministerio de la Producción provincial, por medio del Instituto de Promoción Productiva y con el apoyo de distintas instituciones (PSA, INTA, UNLPam) puso en funcionamiento el “Plan de Desarrollo Rural del Oeste de la Provincia de La Pampa”, retomando los objetivos y problemas planteados en la década de 1980. De este modo, el estudio se refiere eventualmente a los “productores”, “propietarios” y “productores caprineros”, si bien la categoría más utilizada es la de “establecimientos”. En la zona extremo oeste –llamada “microrregión IV”–, al igual que en la descripción que realiza el INTA, predominan “establecimientos” con superficies inferiores a lo establecido por la unidad económica, que llevan a cabo una “economía de subsistencia” en base a la producción de bovinos y caprinos, en muchos casos, bajo condiciones de pobreza estructural. Entre los principales problemas de la región, se mencionan la dispersión y el “aislamiento de la población respecto a los centros de servicios”; la existencia de problemas de comercialización; las pocas opciones alternativas o complementarias a la cría de ganado, la “ocupación de tierras” y la “deficiencia en la capacidad institucional para implementar políticas de abordaje conjunto”. Las “explotaciones agropecuarias” poseen en esta zona una “mínima escala competitiva” y predomina el sistema mixto –vacuno- caprino– (Gobierno de La Pampa, 2008, p. 6).

Para determinar la “población beneficiaria del Plan de Desarrollo del Oeste”, se trabajó con modelos productivos diseñados con los datos obtenidos en la “Encuesta a Productores del Oeste 2005”. La metodología consistió en estratificar cada modelo, en función de la superficie del establecimiento y realizar el cálculo de ingresos totales estimados considerando las características productivas (modelo productivo, cantidad promedio de madres, índices productivos, etc.) de cada establecimiento. El plan asoció cada estrato de ingreso con una jerarquía de empresa, es decir, “se discriminó entre microempresas o economías de subsistencia, Pymes agropecuarias y grandes empresas (Plan de Desarrollo del Oeste, 2008, p., 33)

Se incluye como la población objetivo a recibir beneficios especiales, “a todos los productores de caprinos con única actividad, o aquellos cuyos ingresos se correspondan con los de una Pyme agropecuaria”. Esto implica la inclusión de todos aquellos productores, cuyos sistemas productivos incluyan la producción caprina, con menos de 10.000 Ha. De esta manera, la cantidad de posibles beneficiarios del Plan sería de alrededor de 510 productores o “puesteros” del oeste” (op. cit.).

A partir del diagnóstico de situación se propone la aplicación de un: plan de desarrollo integral y sustentable del ambiente rural del Oeste pampeano, enfocado en el hombre, potenciando su dignidad y cultura y que deberá lograr un mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas (…), conseguir transformar las actividades de subsistencia en actividades socioeconómicas relevantes; promover espacios de trabajo asociativos entre los productores agropecuarios y técnicos (…); ser participativos, promover el diálogo permanente (…), apoyar especialmente aquellas acciones o proyectos privados factibles en lo comercial, técnico, ambiental, económico- financiero (Gobierno de La Pampa, 2008, p. 6).

A pesar de que el proyecto plantea centrarse en el “hombre”, prácticamente no aparecen en el texto los sujetos, sino sus “establecimientos”, concebidos como “empresas agropecuarias” con diferente escala productiva. A través del plan, casi no se menciona el carácter familiar de la producción caprina ni el trabajo femenino, como sí ocurre en los programas nacionales. De acuerdo con información reciente publicada en el Plan Ganadero de 2022: La finalidad de la estación experimental “es producir toros de 22 a 24 meses de alto potencial genético adaptados al medio, los cuales son destinados a pequeños productores del oeste, que posean un stock de 100 vacas como máximo y sean productores genuinos”. De este modo se fomenta y estimula la expansión ganadera vacuna capitalizada y mejorada genéticamente en la zona destinada a “pequeños productores genuinos”. Se continúa insistiendo en la incorporación de ganado vacuno, y en la necesidad de reversión productiva de los “pequeños” y el trabajo de manera individual y mediado por el Estado a través de créditos bancarizados y de asistencia técnica “innovadora” aplicada a cada explotación.

Los/as agentes identificados como “sistemas de producción tradicionales caprinos” y “sectores postergados”

Un estudio técnico realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el norte del departamento Puelén, caracteriza a los sistemas de producción tradicionales del oeste pampeano. Se concibe a las “explotaciones caprinas pampeanas” como integrantes de economías de subsistencia, con grandes “carencias de registros técnicos y económicos”, distribuidas en “zonas marginales poco aptas para otras actividades” (INTA, 2007, p. 91).

En una publicación del año 2015, Bedotti y Sánchez analizan aspectos de los “sistemas de producción caprina del oeste pampeano, puntualizando experiencias tendientes a la sustentabilidad de los mismos dentro del marco de una ganadería agroecológica”. Las experiencias relatadas se han desarrollado en el marco de diferentes Programas y Proyectos en los que han participado el INTA, el Ministerio de la Producción de La Pampa, la Secretaría de Agricultura Familiar, la Universidad de La Pampa y crianceros independientes, nucleados en la Asociación de Criadores de la Cabra Colorada Pampeana:

Estos sistemas tienen importantes limitaciones de orden climático, tecnológico-productivo, organizacional, de tenencia de la tierra, de comercialización, etc. (…) y que son compartidos, con diferencias de matices por productores caprineros de otras regiones del país (…) Los sistemas productivos caprinos tradicionales del Oeste pampeano pueden enmarcarse dentro de esquemas de la ganadería agroecológica” (Bedotti y Sánchez, 2015, p. 5).

En el trabajo se rescata la recuperación de saberes populares, a la utilización de zooterápicos naturales y de plantas forrajeras nativas y exóticas, como también referidas al manejo del sistema de pastoreo sobre el monte natural, con el fin de disminuir la incidencia de la introducción de insumos como medicamentos y alimentos externos al sistema. Esta perspectiva de abordaje es, sin duda, novedosa en las políticas públicas pampeanas.

En una entrevista realizada a técnicos del INTA sede Victorica relataban la experiencia de extensión desde esta institución y mencionaban a quiénes destinan sus instrumentos de intervención:

La acción del INTA en la microrregión 4, tiene una historia que se fue transformando a lo largo de los tiempos en función de los instrumentos que pusimos en marcha para acompañar este proceso… con los proyectos buscamos hacer algunos trabajos en la zona. Van cambiando los enfoques, tenemos una articulación virtuosa, primero con el PSA, ahora con la Secretaría de Agricultura Familiar provincial… Estamos hablando en el Oeste con pequeños productores ganaderos de cabras… tradicionalmente con el Prohuerta tratamos de impulsar la autoproducción de alimentos en algunas localidades. Y algunos de los programas recientes son espacios de gestión, de priorización de problemáticas en el territorio… Tomando en cuenta las voces de la gente (Juan Torrado, Ing. Agrónomo INTA, entrevista realizada en diciembre de 2021).

Para técnicas y técnicos del INTA las personas destinatarias de las políticas públicas son pequeños productores familiares, retomando la concepción implementada por la Secretaría de Agricultura Familiar:

Nosotros definimos a esos productores como agricultor familiar, sabiendo que son ganaderos… que no son los agricultores del NOA o del NEA de Argentina. La agricultura familiar dentro de una gran heterogeneidad que va desde el productor ganadero de cría al criancero de chivitos. Nosotros trabajamos con todos los productores en este ambiente vulnerable…. Desde los grandes a los pequeños… que son familiares… No usamos el concepto de campesinado (Juan Torrado, Ing. Agrónomo INTA, entrevista realizada en diciembre de 2021).

Respecto a la participación de mujeres y comunidades indígenas los técnicos aclaran que no dirigen políticas específicas a esos grupos y no poseen demandas puntuales pues trabajan para el “conjunto de los productores”.

En algunos parajes hay población indígena, pero la llamamos agricultura familiar en transición… la comunidad se dice indígena, pero nosotros preferimos no usarlo porque hay que gente que no pertenece a la comunidad indígena… los llamamos como productores familiares (…) Nosotros dirigimos la política a la familia, y hay mujeres…, nosotros seguimos hablando de productores, pero hablamos con la familia, e incluimos a las mujeres, aunque no las nombremos. Hay lugares donde las mujeres tienen un papel preponderante como en Paso Maroma donde toman las decisiones, en Sta. Isabel también… en Chos Malal hablamos más con los hombres (María Sol Poey, Lic. en Recursos Naturales, entrevista realizada en diciembre de 2021).

De este modo la política del INTA regional se dirige a “producción familiar” sin diferenciar los grupos si bien predomina la nominación masculina. Mencionan además que no tienen articulación con la Secretaría de Agricultura Familiar Campesino Indígena ni con la Cooperativa La Comunitaria a cargo del MTE Rural que está generando diversas prácticas y acciones en la zona de estudio.

Autodefinidos/as como familias rurales, cooperativas e integrantes de la economía popular

Bajo el lema “Crianceros y crianceras del oeste no podemos esperar más”, se desarrolló una asamblea en la localidad oesteña Santa Isabel en plena pandemia de Covid 19. Con la convocatoria de la Cooperativa La Comunitaria (ver capítulo 1 y 2), más de cien familias rurales de los departamentos de Puelén, Limay Mahuida, Chalileo, Chicalcó, Curacó y Loventué se convocaron para definir el plan de acciones colectivas para el año 2020, y emitieron un documento final en el que se definieron como familias rurales. Allí reclamaron acciones tendientes a controlar el puma y mejorar la comercialización de los caprinos. En cuanto a la venta de cabritos, “de toda nuestra producción de la región y sobre todo en Santa Isabel, ni un solo hemos podido vender en el frigorífico local propiedad del gobierno provincial desde hace años. Es necesario lograr un acuerdo de precios justos para poder utilizar el frigorífico”.

Desde el trabajo de campo, en los últimos años se observa, una apropiación por parte de los y las productores/ras caprineros/as –algunos ex asociados/as a las organizaciones del PSA- del referencial de agricultura familiar. En distintos testimonios obtenidos en el trabajo de campo y en entrevistas en medios de comunicación se identifican como “familias rurales” o “familias productoras” e integrantes de cooperativas y se refieren a sus compañeras y compañeros discursivamente.

Acá con los compañeros nos repartimos los turnos para regar la huerta. Yo soy hornero, por eso vengo el fin de semana para lo que se necesite. Tenemos con mi hermano un tractor y lo aportamos cuando necesitamos arar la tierra. Para nosotros es más accesible trabajar en la huerta y después comprar los productos de la bolsa de verdura más económica… conozco de quinta porque mis viejos tuvieron siempre en Mendoza (…). Acá la mayoría son las chicas, las compañeras mujeres las que están haciendo el movimiento… nosotros venimos a ayudar, a colaborar con ellas (Mario, miembro de la Cooperativa, hornero, hachero, Santa Isabel).

Estoy haciendo una capacitación en agroecología en la Escuela Nacional de Agroecología, es solo para una representante por La Pampa, a mí me propusieron (…) Estamos aprendiendo sobre suelos (…) Tenemos que ser responsables nada mas, para los viajes nos pagan todo (…) Muchas compañeras están en la oficina de la Secretaría, o van a hacer compras, o en la huerta, pero pocas se animan a viajar. Algunas pueden salir, pero no van, les cuesta dejar su casa…. (Alejandra, integrante del MTE y de la cooperativa, criancera de La Puntilla).

Integrantes de la cooperativa explícitamente plantean como apareció lo colectivo a partir del trabajo compartido con “compañeras y compañeros” y aspiran a lograr recursos que superen la supervivencia y mejoren las condiciones de vida y los problemas estructurales del oeste pampeano: “Nosotros como movimiento tratamos de no caer en el “pobrismo” porque son debates internos que tenemos, no queremos la supervivencia, queremos ir más allá… Los crianceros del oeste tenemos derecho a hablar con un productor mediano del este pampeano”.

El entrevistado integrante del MTE rural y coordinador de la Secretaría de Agricultura familiar sostenía que existe una disputa constante entre mejorar su situación personal o aportar a un proyecto colectivo, pero se ha aprendido de las experiencias asociativas del pasado:

Para mí hay un trabajo acumulado que dejó una experiencia. Fue una experiencia acumulada que hoy facilita las cosas para La Comunitaria como a otros grupos… lo que se hizo con Bagatto y el PSA fue importante pero cuando el Estado se retiró esas asociaciones se desvanecieron…. Creo que el asociativismo fue ad hoc, a demanda, asociarse para conseguir cosas, pero después la mejora fue individual… Hoy lo que veo es un cambio la mirada del propio productor, que se disputa entre la mejora predial y la mejora colectiva, porque tiene que debatirse entre un panel solar para su puesto que le entrega la Provincia y hacer algo en conjunto… Es difícil para ellos también… Por eso están siempre tensionados, pero saben que si se organizan con procesos largos se han logrados cosas más sustantivas y estructurales (Carlos Alainez, profesor en Sociología, coordinador de la Secretaría zona Oeste, integrante del MTE Rural y de la Cooperativa La Comunitaria, entrevista realizada en septiembre de 2021).

Una mirada situada de las políticas públicas y sus construcciones de sentido

Haciendo un balance de las políticas analizadas, cada proyecto pondera diferentes aspectos de las personas a las que se destina la política pública de acuerdo con lo que se quiere resaltar. En la mayoría de los informes generados desde el Estado pampeano, se presentan dos rasgos. Por un lado, se describe –casi siempre, en base a las carencias e insuficiencias– a los sujetos sociales del “extremo” oeste como sectores de “subsistencia tradicional” y, por otro lado, se promueve, en cierta forma, de manera lineal y evolutiva, la transformación de estas economías “primitivas” en “modernas empresas ganaderas” con altos niveles de eficiencia y competitividad. Estos informes técnicos, en general, posicionan al oeste pampeano en una zona “marginal” y “no apta” para el desarrollo agropecuario.

En los planes de fines de la década de 1990, emerge la necesidad de trabajar de forma conjunta y transdisciplinaria, contemplando aspectos económicos, ambientales, sociales y culturales. En los diagnósticos se menciona el problema de la tenencia precaria de la tierra, si bien no se diseñan acciones tendientes a su solución, lo cual dificulta la concreción de los objetivos iniciales de los proyectos (Comerci, 2011). En los discursos expresados en las políticas provinciales subyace la idea de que el/la productor/a tradicional de la zona rural, puestero/a no reúne el perfil buscado por el modelo dominante, es más bien un obstáculo para el avance del capital, por eso desde las políticas de desarrollo rural se pretende transformar este sujeto en empresarios agropecuarios.

En estos informes técnicos en especial los enmarcados en programas provinciales, se posiciona al oeste pampeano en una zona “marginal”, “particular” y “no apta” para el desarrollo agropecuario en comparación con el este pampeano y aparece la necesidad de transformar a los productores tradicionales en empresarios ganaderos. Se invisibiliza el carácter campesino, el trabajo familiar y colectivo y la fuerte articulación con el territorio que los puesteros tienen. Aparecen, asimismo, cargas valorativas y adjetivaciones negativas sobre los sujetos (“tradicionales” y “reacios a los cambios”, etc.) y se mencionan la escasez, la insuficiencia y la falta de recursos en relación con el espacio oriental pampeano.

Por el contrario, en el caso de los informes enmarcados en los programas nacionales (PSA, Secretaría de Agricultura Familiar y el INTA) se pasó del referencial “pequeño productor” pobre y de subsistencia hacia la producción familiar y las asociaciones de productoras y productores. En esos informes y políticas se recupera la perspectiva de género, las juventudes, el carácter campesino, familiar e indígena de estas poblaciones y se diseñan políticas intersectoriales e interinstitucionales para mejorar la calidad de vida en los espacios rurales.

Resulta novedoso el caso del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Santa Isabel, asociado en la Cooperativa La Comunitaria y el proceso de reapropiación del referencial “agricultura familiar” devenido en “familias rurales”. En distintas actividades que están generando (2020-2021) -tales como huertas comunitarias, comercialización de bolsones de verduras en el mercado de cooperativas, roperos comunitarios, merenderos, biblioteca, construcción de local propio en terreno cedido por el municipio, compra de un camión propio para comercializar los chivos faenados sin intermediaros, entre otras-, participa la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena con asesoramiento técnico, organizativo y económico.

En junio de 2022 se llevó a cabo el encuentro regional del MTE Rural en la localidad de Santa Isabel donde se plantearon distintas problemáticas comunes y proyectos de resolución. En la identificación de las y los productores aparecía un sentido de pertenencia común y una referencia recurrente al trabajo colectivo y familiar. En la presentación, uno de los integrantes del MTE recordó que el “salario social complementario es un complemento a nuestro trabajo, pero no es el fin mismo, sino es el trabajo colectivo. Lo colectivo trasciende al salario complementario”. En el horizonte del movimiento plantea un socio de la cooperativa: “El sueño nuestro es el acceso a la tierra y al agua. Nuestro trabajo es el alimento del pueblo”.

Un puestero de la zona se presentó de la siguiente manera:

Somos crianceros de chivas, pequeños productores del Oeste pampeano, tenemos problemas desde hace muchos años y queremos una solución (…) Acá perdemos todo con el puma y no lo podemos matar… ¿por qué los pequeños tenemos que mantener la fauna silvestre y los ricos van a los cotos? Es muy injusto… que nos paguen por los animales perdidos a través de un fondo común de compensación (…) Otro problema es el cierre del monte por el alambre, el cierre de caminos. Tenemos problemas con nuevos vecinos que no dejan entrar en los campos y las chivas se pierden o se las matan los pumas. No nos dejan entrar y se pierden los chivos o lo que es peor, los matan los pumas y zorros” (Raul Lucero, plenario del MTE, 2022).

Hacia fines de 2022 la organización de base se sumó a la Federación Rural para la Producción y el Arraigo, y desde entonces viene realizando actividades productivas y culturales que apuntan a sostener la pertenencia identitaria y territorial con el oeste pampeano.

Es posible que esta auto identificación con el referencial de agricultura familiar sea parte de una estrategia de los grupos para acceder a recursos materiales-simbólicos de la Secretaría, pero también supone una internalización del concepto de Estado desde la política pública, en este caso nacional. Es interesante cómo el referencial de agricultura familiar concebido como categoría en construcción, como una definición política, abierta e inclusiva, creada en un determinado contexto neoinstitucionalista y pensada para la aplicación de políticas públicas, está siendo internalizado por crianceros/as. Sin duda, las experiencias asociativas fomentadas del PSA y, luego, la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, permitieron que germinen y se sustenten estos movimientos en los que participan activamente productoras y productores familiares con perfil campesino y donde lo comunitario está por encima de cualquier objetivo individual.

Reflexiones finales

Las políticas públicas son fenómenos políticos, pero su naturaleza política está a menudo oculta detrás del lenguaje objetivo y legal-racional con el cual son presentadas. De la misma manera que el poder tiende a enmascarar los mecanismos de su propia operación, este enmascaramiento de la política bajo el pretexto de la eficiencia o la neutralidad es un rasgo central del poder moderno; las políticas a menudo definen sus problemas y sus soluciones de modo que descartan las alternativas (Shore, 2020).

El giro en la política agraria (con el reconocimiento de los dos modelos) avanza en las representaciones y categorizaciones de los sujetos y reemplaza las categorías de pequeño productor y minifundista por la de productor familiar. Estas construcciones están identificando rasgos en los perfiles productivos en los noventa se invisibilizaban. El centro de la denominación pone el acento en el trabajo y no en la superficie. Ya no califican por el tamaño de los productores (pequeño, mediano, o grande) ni por la superficie (minifundio) o tipo de tenencia de la tierra (ocupante, propietario, etc.). El trabajo familiar en equipo de los distintos integrantes del grupo doméstico, la producción destinada al mercado interno, el modo de vida que posee lógicas tendientes a la reproducción familiar son dimensiones que contribuyen a entender la organización familiar y complejizan los perfiles productivos en el agro argentino.

En las políticas de intervención rural analizadas para el caso del oeste pampeano gestadas por el Estado provincial la nueva conceptualización de agricultura familiar, prácticamente, no aparece. Sin embargo, está presente la necesidad de transformar los productores tradicionales en empresas capitalistas plenamente insertas en el mercado. En los programas de desarrollo rural se busca adaptar a los puesteros-campesinos en el sistema productivo actual mediante la transferencia de manejos, tecnología y conocimientos. Subyace en el discurso elementos del paradigma de la modernización y la idea de transformar estos territorios y los sujetos.

En los diferentes textos analizados pueden rastrearse redes semánticas en las que se representa a los productores familiares del extremo oeste pampeano de distintas maneras, de acuerdo con lo que se quiere ponderar. En algunos casos, los técnicos denominan a los sujetos en función de criterios jurídicos como “ocupante”, “intruso”, “permisionario”, “puestero” o “propietario”; en otros, en base a la combinación de lo jurídico con la superficie, “pequeños propietarios”, “propietarios-minifundistas” (Comerci, 2011). También, se define a los sujetos por las prácticas productivas y acciones que realizan –“recolector”, “ganadero”, “artesano tradicional”, “empresario”–; por su identidad –“descendiente de aborígenes, “pueblo originario””–; o por su posición con relación a otros agentes –“pequeño productor pobre”, “productor familiar o “familias rurales”–. En algunos casos, la designación del sujeto es en singular, desconociendo la importancia en el desarrollo de las estrategias de vida que tienen el grupo doméstico y las relaciones vecinales-comunitarias que entretejen las familias. Otro elemento común que tienen las representaciones de las distintas políticas es que las categorizaciones de los agentes son casi siempre masculinas.

Como señala Vasilachis (2007), cuando, con el uso de esos recursos discursivos de representación sobre grupos sociales se ataca al componente central de la identidad del sujeto, se produce una acción violenta. Esta violencia que no es, generalmente, considerada como tal promueve toda suerte de injusticia. Por medio de ella se somete a unos respecto de otros a estigmatizaciones, a categorizaciones, a definiciones, a conceptualizaciones, a estereotipos que no pueden cuestionar. El que esa acción no sea reputada como violenta impide, por una parte, que el que la comete reconozca su ejercicio y, por la otra, que los que la sufren reivindiquen su derecho a ser protegidos, defendidos respecto de ella. En esas acciones “la palabra hiere porque niega lo que el otro es, y esa negación es sentida por el que la recibe como un nuevo ataque a la imagen de su propia identidad, sobre todo, cuando se trata de quienes están sometidos a diferentes tipos de privaciones” (Vasilachis, 2007, p. 27).

Cabe mencionar que, en el análisis de las representaciones de las políticas públicas rurales, la presencia de las mujeres como agentes estratégicos en las economías campesinas está invisibilizada en gran parte de los textos. Tampoco aparecen los niños, jóvenes y ancianos en la mayoría de los proyectos provinciales. Las explotaciones se representan repetidamente como unidades de subsistencia pobres, con limitaciones socioproductivas asociadas con el aislamiento y la falta de capacidad de negociación de los productores, los sistemas de comercialización asimétricos y la precaria tenencia de la tierra. Esta última concebida como un obstáculo que impide y limita la capacidad de capitalizar la unidad productiva. Más allá de los matices, se caracteriza a las explotaciones como “establecimientos”, “empresas ganaderas” y, marginalmente, como “empresas familiares”.

Si bien se reconoce la “carencia” de los recursos productivos y naturales, la mano de obra familiar, la artesanalidad en la elaboración de los procesos productivos, las heterogéneas fuentes de ingresos, la unión entre el espacio de trabajo y el doméstico en los puestos, distinguiéndose de otros sujetos, casi en ningún caso se los conceptualiza como crianceros-campesinos. Emerge la idea de convertir a los puestos en explotaciones capitalistas plenamente insertas en la economía de mercado (Comerci, 2011).

Estas representaciones que construyen subjetivaciones en las personas a las que se dirigen las políticas públicas, dieron un giro, más manifiesto, a partir del 2015 en las publicaciones y en los testimonios emanados desde la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Ese viraje se observa en los discursos públicos, en los perfiles de los programas, en los objetivos, en la semántica de los textos y en las prácticas sociales.

Resulta interesante el caso analizado en la Cooperativa La Comunitaria que se reapropia del referencial “agricultura familiar” para autodenominarse “familias productoras” en las que tanto las mujeres, como lo comunitario tienen un papel central. La experiencia asociativa gestada a través de los años, desde arriba y desde abajo, como señala un integrante del MTE va a dejar una “huella organizativa”:

Aparece la idea colectiva y creo que por más de a futuro esta política no continúe, o se caiga el salario social, estas personas van a tener un saldo organizativo…. Pero creo que esta experiencia cooperativa va dejar una huella organizativa en mujeres luchadoras como Alejandra, o Mónica, porque se dio un proceso de formación política, de subjetivación. Nosotros creemos que hablar de familias productoras es más potente que decir pequeño productor porque el trabajo no es individual ni técnico meramente, involucra a toda la familia, es integral, hay que mejorar la vivienda, la salud, la producción… Entonces aparece lo colectivo. (Carlos, coordinador de la Secretaría zona Oeste, integrante del MTE Rural y de la Cooperativa La Comunitaria, entrevista realizada en septiembre de 2021).

Agradecimientos

Se agradece a las familias productoras, asociados/as y técnicos/as territoriales que posibilitaron el acceso a datos y testimonios para ahondar en las representaciones y elementos simbólicos de las políticas públicas.

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