Continuidades, intermitencias
y deudas pendientes

Antonela Lucía Mostacero

Introducción

Las problemáticas relacionadas al hábitat y la vivienda han sido consideradas una cuestión de interés en las agendas del Estado argentino desde inicios de siglo XX. Desde variados puntos de vista, escalas de abordaje y diversas instituciones se realizaron intervenciones con el propósito de brindar soluciones cuantitativas o cualitativas a aquellos sectores que enfrentaron dificultades para cubrir las necesidades habitacionales. En algunas oportunidades las acciones fueron esporádicas y/o con fines meramente eleccionarios, en otras se constituyeron en políticas públicas de alcance nacional. Asimismo, la abstención de acciones en el área también representó una posición ideológica respecto al tema.

Las políticas habitacionales implementadas han sido estudiadas vastamente en Argentina. Uno de los trabajos pioneros en esta temática fue el estudio de Yujnovsky (1984), en su profundización sobre el período 1955 y 1981, que marcó una línea de investigación que fue seguida por Cuenya y Falú (1997), Lentini (2005), Kullock y Murillo (2010), Barreto (2011), entre muchos otros estudios que abordaron la temática a escala nacional, provincial o regional. Al igual que en otros países de América Latina, la vivienda social fue utilizada muchas veces como un elemento de mitigación de conflictos, un instrumento político o un dispositivo económico (Fernández Wagner, 2007; Gargantini, 2012). La mayoría de las propuestas desarrolladas, en especial las del Estado nacional, tendieron a respuestas homogéneas destinadas a la construcción masiva de viviendas urbanas por sistemas “llave en mano”, cuyos prototipos no suelen adecuarse a las formas de vivir ni a los diversos tipos de composición familiar existentes en los distintos lugares de Argentina, mucho menos si hablamos de espacios rurales (Garay y Gómez López, 2021).

Los antecedentes de políticas en relación al hábitat rural y en particular a la vivienda campesina son escasos y estuvieron históricamente atravesados por un ideario de progreso construido desde las miradas urbanas (Tomasi, 2021). Los espacios rurales han sido abordados generalmente desde aspectos productivistas, con programas orientados a la expansión del modelo agroindustrial y a la difusión de tecnologías para mayor eficiencia de sus modos de producción (Cejas, 2020). A pesar de que, a mediados del siglo XX, la vivienda comenzó a ser considerada como un derecho, las políticas públicas gestadas con este motor no incorporaron la vivienda rural como una prioridad en este sentido (Cerdá y Salomón, 2017).

Sin embargo, en las últimas tres décadas surgieron intervenciones sobre el hábitat rural, la mayoría de estas llevadas a cabo bajo argumentos sanitaristas o de modernización. Al respecto, se coincide con otros trabajos que indican que la generalidad de estas propuestas ha presentado un desconocimiento de los modos de habitar, producir y pensar la vivienda que poseen los diversos grupos rurales y campesinos del país, al tiempo que han soslayado saberes que la comunidad posee en relación a la construcción de su hábitat (Barada, 2017; Quevedo y Mandrini, 2019; Garay y Gómez López, 2021; Tomasi, 2021). En el caso del oeste de La Pampa, las acciones de Estado en esta temática fueron similares.

Se llama oeste pampeano al territorio que comprende los departamentos Chicalcó, Chalileo, Curacó, Limay Mahuída y Puelén. Este espacio fue históricamente postergado y percibido como “marginal” por poseer características ambientales extrapampeanas y formas de producción campesina que le dificultaron incorporarse a las lógicas de los modelos económicos nacional y provincial, orientados a la producción agropecuaria de mercado (García, 2023). Sin embargo, desde fines del siglo XX este territorio se ha visto atravesado por un corrimiento de las fronteras ganadera e hidrocarburífera, presiones por el uso del suelo, el mercado inmobiliario y la actividad turística, lo que aceleró cambios en las percepciones sociales y las disputas por las formas de producir el espacio (Comerci, 2015). Como se expresa en los capítulos anteriores, esto supuso un mayor de interés en el sector sobre el que se iniciaron políticas estatales para fortalecer las condiciones de infraestructura y servicios públicos de la zona.

En este marco, el presente capítulo pretende avanzar en un recorrido por las políticas públicas relacionadas con el hábitat rural de tres departamentos del oeste de La Pampa. En primera instancia, se describen los marcos teórico-metodológicos con los que se trabajó, luego se hace una revisión de los antecedentes nacionales en políticas habitacionales destinadas a la población rural y, en tercera instancia, se realiza un recorrido sobre las intervenciones en las unidades domésticas rurales de los departamentos Chalileo, Chicalcó y Limay Mahuida. Por último, se reflexiona sobre la continuidad que han tenido los programas e iniciativas puestos en práctica y las deudas pendientes desde una mirada integral del hábitat rural.

Consideraciones teórico-metodológicas

Las políticas públicas llevan consigo una posición del Estado respecto de un problema o cuestión específica (Oszlak y O’Donnell, 1981; Lattuada, Nogueira y Urcola, 2014). Al igual que otros autores de larga trayectoria en el estudio de las políticas públicas, se coincide en que para poder avanzar en su estudio es indispensable considerar el contexto que dio pie a la problematización y su inclusión de la cuestión en la agenda estatal, sumados a los lineamientos, proyectos ejecutados, los actores involucrados y las acciones y formas en que este conjunto de interacciones impactan en una final resolución (Oszlak y O’Donnell, 1981; Lattuada, Nogueira y Urcola, 2014). Tiempo después, esta última y sus acciones derivadas serán entonces el puntapié para la gestación de nuevas políticas sobre este tema o temas asociados. Gargantini (2012) define a las políticas de vivienda como:

el conjunto de decisiones y acciones (directas e indirectas) del Estado en materia habitacional, según el mandato que ha recibido de la población, teniendo en cuenta las diferencias existentes en relación con el poder y las características y funcionamiento del sistema político, y en busca de resoluciones adecuadas a las necesidades y problemas existentes (p.5).

En este marco, realizar un recorrido sobre las políticas públicas habitacionales implica considerar las miradas sobre la vivienda que poseen los agentes que desarrollan los planes, programas y proyectos, así como los significativos cambios que atravesaron los modelos económicos y el Estado a lo largo de esta trayectoria histórica (Garay y Gómez López, 2021). Esto responde a que las acciones de una política habitacional involucran lógicas de territorialización fuertemente vinculadas a concepciones sobre el hábitat, los modelos de implementación y la subjetivación de las personas destinatarias (Olivarez y Rolón, 2021). En este sentido, muchos son los antecedentes que cuestionan los resultados de las políticas habitacionales nacionales en materia de derecho a la ciudad y al espacio público, formas de acceso y planificación urbana (Cuenya, 2005; Gargantini, 2012; Barreto, 2017).

Los planteos para el abordaje de la vivienda digna en la ruralidad se encuentran además con las dificultades propias de la polifuncionalidad del hábitat campesino. Cejas (2019) sostiene que este último debe ser comprendido desde una perspectiva integral, basada en el reconocimiento de los vínculos entre los diferentes elementos que configuran la experiencia de habitar campesina. Se coincide con la autora cuando se enfoca en las tramas de funcionalidades residencial, productiva y organizacional que se despliegan más allá de la proximidad al espacio materialmente construido. En este marco, las políticas habitacionales se cruzan con aquellas elaboradas en los marcos de las políticas de desarrollo rural, que a pesar de poseer objetivos más bien productivistas terminan impactando de una u otra manera en los espacios de las arquitecturas domésticas.

A través este capítulo se trabaja con políticas públicas que de diversas maneras intervinieron en el hábitat rural y campesino de Argentina, para en una segunda instancia hacer foco en aquellas intervenciones que actuaron sobre el tipo de arquitectura doméstica campesina más difundido del sector de estudio: el puesto. El puesto “constituye la unidad de explotación campesina y el asentamiento del grupo familiar, que se encuentra organizado en tres ambientes diferenciados: el espacio doméstico, el espacio peridoméstico y el monte o “campo abierto” (Comerci, 2010, p.7). A continuación, se presenta la Figura 8 con la distribución de puestos en los departamentos Chalileo, Chicalcó y Limay Mahuida.

El desarrollo de este trabajo está guiado por un diseño metodológico cualitativo con triangulación de fuentes (Vasillachis de Gialdino, 1992). En primera instancia, se combinó el análisis y recopilación de antecedentes publicados acerca del tema con la revisión de documentación escrita y audiovisual de diversas reparticiones del gobierno nacional y provincial. Se tuvieron en consideración datos estadísticos provinciales y nacionales y artículos periodísticos de prensa escrita y online. Posteriormente, se realizaron entrevistas a personas con antecedentes de trabajo en el sector, funcionarias y funcionarios públicos del Ministerio de Desarrollo Social de La Pampa, el Centro Regional La Pampa-San Luis del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Subsecretaría de Energías Renovables, de los municipios de Santa Isabel y Algarrobo del Águila. Asimismo, se realizaron salidas de campo con observación participante y registro gráfico entre los años 2018 y 2022 en el sector de estudio.

Figura 8. Puestos en el sector de estudio

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Breve recorrido sobre las políticas habitacionales para la ruralidad en Argentina

En el plano de lo que compete a la vivienda rural en Argentina, los discursos higienistas de fines de siglo XIX alimentaron la idea de la necesidad de reemplazo y transformación de la vivienda rural para alcanzar “el progreso” (Tomasi, 2021). El proyecto civilizatorio argentino de comienzo de siglo XX tuvo dos ejes de acción muy claros: desde lo técnico se promovió la erradicación de arquitecturas con tierra y entramados por otras “de material”^[1] y desde lo arquitectónico se incentivó el reemplazo de la tipología “rancho” por planteos compositivos europeizados (Barada, 2017).

Las reflexiones posteriores acerca del hábitat rural estuvieron atravesadas por percepciones urbano-centristas, en torno a las ideas de hacinamiento, atraso y precariedad (Tomasi, 2021). El concepto de rancho es utilizado para tipificar las construcciones que poseen recintos con salida directa al exterior y fueron construidos con técnicas con tierra y entramados, materiales no industrializados que son considerados estatalmente como de ínfimo valor (Barada y Tomasi, 2021). Durante la Revolución Libertadora de 1955, el Plan Integral, ideado en el marco de la Comisión Nacional de la Vivienda, contenía el proyecto de un Instituto de Vivienda Rural de Interés Social que nunca fue concretado (Cerdá y Salomón, 2017). Sin embargo, las políticas habitacionales destinadas específicamente al sector rural y al abordaje de sus problemáticas no tuvieron mayor interés para las políticas habitacionales contempladas hasta fines de la década de 1980.

Una de las políticas que más incidió y que provino de intereses sanitaristas fue el reemplazo de ranchos por viviendas construidas con materiales industrializados, al relacionar directamente a las construcciones con tierra y entramados como causantes de la propagación de la enfermedad de chagas. En consecuencia, en diferentes provincias de Argentina se iniciaron los llamados “Planes de erradicación de rancho”. En este marco, en 1984 el Ministerio de obras Públicas elaboró su propio plan, al que cada municipio debía adherirse posteriormente. Tres años después se desarrolló uno de los programas de mayor alcance federal, el Programa Trienal de Lucha contra la Enfermedad de Chagas (Mejoramiento sanitario de la vivienda) de 1987 que involucró a catorce provincias del país (Rivero, Benítez y de Titto, 2011).

Al hablar de políticas habitacionales en la ruralidad, este trabajo contempla que el hábitat rural y, particularmente pertinente para este caso, el hábitat campesino, comprenden no sólo la unidad residencial sino también todas las estructuras accesorias que posibilitan las funciones productivas, domésticas y recreativas y se encuentran dentro de la territorialidad que comprende la unidad doméstica (Fals Borda, 1963; Cáceres, 2003; Comerci, 2010). Desde esta perspectiva, las políticas destinadas al desarrollo rural, ampliamente desarrolladas en los primeros capítulos de este libro, involucraron en muchos casos acciones sobre las características del hábitat de los grupos sociales a quienes estaban dirigidas. En esa línea, tras la recuperación de la democracia en 1983, se iniciaron en el país las primeras experiencias en este tipo de programas, incorporando financiamiento internacional del BID y el FIDA (Lattuada, Nogueira y Urcola, 2014).

Las distintas políticas nacionales de desarrollo rural durante la década de 1990 priorizaron la asistencia técnica y el intercambio de experiencias y apuntaron a promover el asociativismo para mejorar las oportunidades comerciales y de acceso al crédito (Lattuada, Márquez y Neme, 2012). Destacaron entre ellas las ejecutadas y coordinadas por el INTA y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación. En el marco de esos intereses, fueron las personas a cargo de la ejecución de los programas quienes arbitraron entre las necesidades homogéneas postuladas por los programas y aquellas manifestadas por la población rural destinataria. Así, las demandas e intereses viraron hacia aspectos relacionados con la vida cotidiana y el hábitat rural, como el mantenimiento de caminos y el abastecimiento de agua de consumo y de uso o la falta de pasturas (García, 2021).

Por otra parte, en 1995 se promulga la Ley 24.464 que crea el Sistema Federal de la Vivienda y descentraliza la administración de los recursos del FONAVI a los organismos provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 24464, 1995). Esto permitió a las provincias diversificar y ajustar las propuestas habitacionales a las demandas regionales e incorporar algunas intervenciones en los sectores rurales (Lentini, 2005; Kullock y Murillo, 2010; Barreto 2017). Asimismo, se gestionaron programas específicos para grupos vulnerables desde otras reparticiones del Estado diferentes a FONAVI. De forma paralela, la Subsecretaría de Vivienda de la Nación gestionó el Programa Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Social Básica, el Programa de Rehabilitación de Zonas Inundadas y otras en Emergencia Climática, Programa de Mejoramiento de Barrios, Programa de Financiamiento a Municipios, además de otros programas desarrollados en otras jurisdicciones en el área Vivienda, Infraestructura y Equipamiento (Jiménez, 2000, citado en Gargantini, 2012).

La Secretaría de Desarrollo Social coordinó el Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas y el Fondo Participativo de Inversión Social. La Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable implementó el Programa de Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (PROPASA) y el Ministerio del Interior se hizo cargo del Programa de Protección contra las Inundaciones y del Programa de Emergencia para las Inundaciones de “El Niño”. Si bien estas iniciativas no apuntaban específicamente a población rural, el campo de acción permitió realizar intervenciones en comunidades aisladas y grupos familiares dispersos (Gargantini, 2012).

Con los inicios del nuevo siglo, algunas provincias retomaron las políticas públicas relacionadas con el reemplazo de vivienda, popularmente conocidas como de “erradicación de ranchos”. Estas propuestas, gestionadas generalmente a través de sistemas llave en mano, recuperaron muy pocos saberes constructivos locales y priorizaron, al igual que aquellas de las décadas de 1980 y 1990, el cambio tecnológico y de materialidad (Mandrini, Cejas y Bazán, 2018; Olivarez y Rolón, 2021). Algunos ejemplos de políticas públicas provinciales fueron el Programa Provincial de Vivienda Rural de Santiago del Estero (Ley N° 6.758/05, 2005) o el Programa de Sustitución de Viviendas Precarias y Erradicación del Mal de Chagas, de la provincia de Córdoba (Ley Provincial N° 9601, 2009).

En 2004 desde el Estado nacional se creó la Política Federal de Vivienda que implicó la construcción masiva de viviendas para sectores sociales de bajos ingresos y un impulso en la generación de empleo en torno al circuito de la construcción. Sin embargo, las unidades fueron destinadas casi en su totalidad a la población urbana, sin contemplar las problemáticas habitacionales del sector rural, que continuaron persistiendo (Rodulfo y Boselli, 2011).

En esta misma época se dio inicio al Proyecto de Electrificación Rural en Mercados Rurales (PERMER) como una intervención destinada específicamente a la población rural del país. Si bien el financiamiento había sido solicitado a finales de la década anterior, su puesta en acción fue retrasada debido al estallido político y social de diciembre de 2001 y el contexto de incertidumbre que le prosiguió. El programa permitió iniciar una reparación de la deuda que tenía el Estado nacional con la provisión de energía a la población rural dispersa, a través de la instalación de artefactos autosuficientes que no requiriesen conexión a la red del tendido eléctrico (Schmukler y Garrido, 2016). Luego de sucesivas modificaciones, a partir de 2006 comenzó a expandirse en todo el territorio con diversas áreas de acción: electrificación e instalación domiciliaria en hogares rurales, escuelas rurales y puestos sanitarios, bombas solares para extracción de agua, calefones y cocinas solares e instalación de mini redes para población rural agrupada de difícil acceso (Russo, 2009).

En 2013, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca inició el Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural (PRONTAR) para “contribuir a la reducción de la precariedad en la forma de ocupación y tenencia de las tierras rurales de la REPÚBLICA ARGENTINA” (Resolución N° 449/2013). Con este instrumento, las provincias, municipios u otros organismos pudieron crear convenios marco para presentar proyectos de regularización de tierras de personas físicas, cooperativas, asociaciones civiles, consorcios agropecuarios y comunidades de pueblos originarios que poseían complicaciones para realizar los trámites con recursos propios. Esto supuso un reconocimiento de la problemática de posesión precaria del suelo que existió históricamente en las zonas rurales, aunque el alcance del programa no fue significativo si se tiene en cuenta que el Censo Nacional Agropecuario de 2002 había contabilizado unas trece mil explotaciones agropecuarias (EAP) en situación de posesión (INDEC, 2002) y sólo se registraron acciones en diez provincias.

En la década de 2010, el Estado nacional continuó con la producción de vivienda social para sectores bajos y lanzó diversos planes de vivienda para sectores medios entre los que destacan el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear) lanzado en el año 2012 (Decreto 902/2012, 2012), el PROCREAR Solución Casa Propia, iniciado en 2017, y el Programa Federal Casa Propia (2021). En mayor o menor medida, todos ellos estaban acompañados de líneas complementarias de desarrollo urbanístico y loteos con servicios. Sin embargo, no se desarrolló ninguna línea específica que se destine a vivienda rural dispersa. Estas políticas públicas estuvieron destinadas para la población de clase media sin vivienda con dificultades para construir su propia casa o acceder a los programas habitacionales para personas de menores ingresos (Elinbaum y Barenboim, 2018). De esta manera, ninguna de estas familias accedió a los créditos hipotecarios de Procrear, ya que la gran mayoría no cumplía con los requisitos de salario mínimo, de poseer trabajo registrado o por contar con una propiedad inmueble.

Las políticas sobre el hábitat rural en el oeste

Las intervenciones del Estado provincial y nacional en el sector de estudio comienzan hacia finales del siglo XX con la intención de fortalecer la vinculación del oeste al resto de la provincia. Mediante políticas estatales se favorecieron transformaciones como la dotación de infraestructura viaria, equipamiento en asentamientos urbanos con mejoramiento del hábitat, colocación de paneles solares en los puestos, construcción de escuelas hogares, entre otras cuestiones materiales (García, 2021). A continuación, se describirá la trayectoria de las políticas públicas dirigidas al mejoramiento del hábitat rural en los departamentos Chalileo, Chicalcó y Limay Mahuida. Este recorrido pretende ser exhaustivo, pero se admite que podrían existir intervenciones de menor escala que escapen a este estudio.

Desde inicios de la década de 1990, el Ministerio de Bienestar Social estuvo realizando relevamientos en el oeste provincial para atender a las demandas de mejora en la calidad de vida y tener un mayor conocimiento del sector. En principio se avanzó en el estudio de los sectores donde habitaba población de pueblos originarios y, en 1994 se inauguraron los Centros comunitarios de Chos Malal y Colonia Emilio Mitre bajo el Programa de Mejoramiento Habitacional de la Comunidad Aborigen en Chos Malal y Colonia Emilio Mitre.

Para el diseño de estos proyectos se realizaron reuniones con la población de la zona, donde se debatía acerca de qué ubicación preferían, qué era lo que estaban necesitando, con qué requerimientos. Esta interconsulta permitía que la población se involucre y participe acerca de la obra futura. A través del relevamiento se detectaba también información técnica acerca del aprovisionamiento de agua, la complejidad de la obra, el tipo de suelos y la accesibilidad del sector. Luego de estos intercambios, la formulación del proyecto y su ejecución fueron diseñadas y ejecutadas por el equipo técnico del Ministerio. Los centros comunitarios contaban con un espacio de mayores dimensiones para actividades colectivas, un baño y una habitación para que se pudiera albergar el personal de salud itinerante (generalmente de pueblos vecinos).

Durante las obras, que duraron varios años, se tomó mano de obra local para contribuir a las economías de las familias, aunque los oficiales calificados se llevaron desde Santa Rosa. La mayoría de los insumos se transportaron desde la Santa Rosa y desde General Alvear (Mendoza), mientras que los requerimientos inmediatos se resolvían en centros urbanos del sector, como La Humada y Santa Isabel.

En 1995 se crea la Ley 24.464 que descentraliza la administración de los recursos del FONAVI a los organismos provinciales y de Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 24464, 1995). A partir de allí, el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda se constituyó como el organismo provincial para la aplicación de la Ley 24464 en la provincia de La Pampa (Ley Provincial 1699/96, 1996). Esta repartición había iniciado sus funciones como una dirección dependiente del Ministerio de Bienestar Social de La Pampa y recién en 1977 fue transformada en instituto oficial con la función de contribuir a la solución de los problemas habitacionales en la Provincia (Norma jurídica de facto Nº 816/77, 1977). Desde ese momento la problemática habitacional de la provincia comenzó a ser atendida por dos organismos: el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda se ocupaba mayoritariamente de la construcción de barrios de vivienda, y el Ministerio de Bienestar Social atendía las refacciones y mejoramientos de viviendas o equipamientos existentes y la obra nueva individual que contribuyeran a una mejor calidad de vida de las familias.

En este nuevo contexto, entre 1997 y 1998 el Ministerio de Bienestar Social construyó viviendas nuevas en los parajes de Paso Maroma (Limay Mahuida), Chos Malal (Chicalcó) y Colonia Emilio Mitre con el Programa de Mejoramiento Habitacional y Saneamiento Ambiental – Viviendas Rancho. Este programa se concretó gracias a la presentación de un proyecto para adquirir financiamiento desde el Estado nacional y se ejecutaron viviendas nuevas y mejoramiento de unidades existentes.

Estas viviendas contaban con espacios de dimensiones similares a las viviendas urbanas, poseían una cocina-comedor, un baño y dos habitaciones (Figura 9). Sin embargo, el diseño contemplaba que todos los espacios abriesen hacia una galería que intentaba cumplir con las funciones de la enramada, uno de los espacios semicubiertos característicos de las casas de la región (Mostacero y Comerci, 2019). En entrevistas realizadas, personas a cargo del proyecto y ejecución de estas viviendas expresaron que la tipología era adaptada de acuerdo a requerimientos de cada grupo familiar. En algunos casos, el baño fue rechazado o alguna habitación fue suprimida en el caso de personas solas. Asimismo, se priorizó que la ubicación de las casas fuese escogida por el grupo.

Figura 9. Vivienda construida (con modificaciones posteriores)
en Paso Maroma a mediados de los noventa

Fuente: Fotografía de la autora (2021).

Es necesario remarcar que una de las mayores motivaciones para la construcción de estas viviendas tenía que ver con el interés por reemplazar las construcciones existentes, la mayoría construidas con técnicas con tierra y entramados. Como se indicó previamente, el discurso estatal y las representaciones sobre estos materiales estaban atravesados por estigmas relacionados con la pobreza y la propagación de la enfermedad del mal de chagas^[2], más allá de las condiciones de mantenimiento que presentaran. Por esta razón, la intervención planteada fue construida íntegramente con materiales industrializados y planteada desde lo discursivo como un símbolo de progreso en el sector.

En simultáneo, se iniciaron en el sector las políticas de desarrollo rural llevadas a cabo por el INTA y el Programa Social Agropecuario. Como se explicitó anteriormente, muchas de estas intervenciones se involucraron en la temática del hábitat de la población En algunos sectores, como el de La Puntilla, el Ministerio de Bienestar Social en conjunto con el Programa Social Agropecuario propusieron a los lugareños la ejecución de cisternas de mampostería de ladrillo para el guardado del agua de lluvia que podía recolectarse en las cubiertas metálicas y ser canalizada a través de canaletas y caños de lluvia (Figura 10).

Figura 10. Izq.: Cisterna de mampostería a nivel de piso.
Der.: Recinto para atriplex y tunas

Fuente: Fotografías tomadas por la autora en el año 2018 y 2021.

Asimismo, el programa PRO-HUERTA incentivó la creación de huertas familiares, la colocación de árboles foráneos para sombra (generalmente más altos que las especies de la zona) y la implantación de la especie vegetal atriplex nummularia. recomendada para reforzar la alimentación de las cabras en gestación en época de sequía. De esta forma, comenzaron a aparecer nuevos recintos y cercos en el espacio peridoméstico de los puestos que permitían el crecimiento de las diversas especies y protegerlas del imprevisto consumo por parte del ganado caprino y las aves de corral (Figura 13). Otras intervenciones en las instalaciones productivas se dieron en el marco de los intercambios del Proyecto de Apoyo de productores caprineros (PROCAMI)^[3] y la revista Ecos del Oeste. En ellos se alentó, y en algunos casos se consiguieron materiales para tal fin, la creación de espacios techados para las majadas de caprinos y se colaboró con la compra y colocación de bombas para jagüeles^[4] (Figura 11).

Figura 11. Tapa y página 5 de un ejemplar revista Ecos del Oeste

Fuente: INTA y Programa Social Agropecuario (1995).

A finales de esta década, mucha población rural comenzó a asentarse en las localidades de La Humada, Santa Isabel y Algarrobo del Águila. Esto sucedió en un marco en que las localidades comienzan a tener un mayor acceso a servicios públicos^[5], donde el acceso a los transportes comienzan a acortar la percepción de las distancias y las presiones por desalojos de las tierras de pastoreo empiezan a intensificarse (Comerci y Mostacero, 2021). Los municipios alentaron la permanencia en los pueblos con el ofrecimiento de suelo urbano. Algunas familias solicitaron lotes vacantes, los cuales eran cedidos a cambio de la realización de mejoras en un corto plazo, por lo que a los pocos años iniciaron la construcción de casas (Mostacero, 2022). Sin embargo, muchos de estos grupos conservaron una vida de doble residencia (campo-pueblo) realizando prácticas doméstico-reproductivas en ambos ámbitos para asegurar la persistencia en el sector (Comerci y Mostacero, 2021).

Cabe agregar que durante estos años se produjo un aumento en el valor mercantil del suelo debido al avance de lógicas de producción capitalista, que ocasionó un incremento de los conflictos por la tierra entre poseedores con ánimos de dueño y trayectoria de varias generaciones familiares en el lugar y titulares registrales externos que en muchas ocasiones nunca habían visitado el sector (Comerci, 2012). En un primer momento, el Estado provincial comenzó a arbitrar y resolver los casos que tomaban notoriedad e iban acompañados de reclamo social; no obstante, el número de conflictos continuó creciendo a la luz de la devaluación producida en 2002 (Silvestre, 2018). Por esta razón, a finales de 2005 se sancionó la Ley Nº 2222 que suspendía por un año los juicios de desalojo de inmuebles rurales ubicados en los departamentos de Chalileo, Chicalcó, Puelén, Curacó y Limay Mahuida (Ley Nº 2222, 2005). Esta ley, que ha sido prorrogada en reiteradas oportunidades hasta este año inclusive, permitió a las familias continuar su posesión y con ella su reproducción social hasta poder encauzar la resolución del conflicto por vías legales para el reconocimiento de sus derechos a la tierra.

A nivel nacional, las políticas de desarrollo rural continuaron en el marco de la Secretaría de Agricultura Familiar y el trabajo conjunto con el INTA. En 2007, durante la segunda etapa del Programa de desarrollo de pequeños productores agropecuarios (PROINDER), con la solicitud de fondos al Banco Mundial, se construyeron refugios para caprinos en puestos de Paso Maroma (Departamentos Chalileo y Limay Mahuida), Chos Malal (Chicalcó) y Puelén. Estos continuaron los intereses de mejoramiento de la década de 1990, apuntando a la mejora de condiciones de gestación, parición y cuidados de cabras y cabritos durante el invierno. Los refugios fueron construidos mayormente en madera adquirida a buenos precios para asegurar la mayor cantidad de unidades. Además, se capacitó a población local para construir las unidades y así la partida económica destinada a mano de obra quedó en el sector.

La posibilidad del Estado municipal de intervenir o crear políticas o intervenciones con fondos propios se amplió a partir de 2007, cuando se sancionó la Ley Provincial 2358 (con modificatorias posteriores en la Ley 2461) y se creó el Consejo Federal de Descentralización con un Fondo de Financiamiento Federal (Ley 2358, 2007). Esta ley agrupó a las localidades de La Pampa en diez microrregiones a los fines de elegir representantes que integrarían el Consejo junto a tres del Gobierno provincial y el gobernador en curso. Este consejo quedó a cargo de la disposición y distribución del fondo, que sería destinado a los programas de desarrollo productivo, desarrollo de la economía social, de asistencia alimentaria, de participación comunitaria, de soluciones habitacionales, de mantenimiento de red terciaria, de viviendas de servicios, de infraestructura para servicios industriales y de obras públicas. A fines de 2008, la Ley 2461 eliminó estos tres últimos programas (Ley 2461, 2009). El Programa de Soluciones Habitacionales, que fue reglamentado en la Res. Nº 119-2009, se transformó así en una herramienta para que los municipios pudiesen contar con fondos propios para la construcción, reparación, ampliación, recuperación, servicios básicos de infraestructura y mejoras de viviendas (Resolución Nº 119-2009, 2009). Con mayores partidas presupuestarias y libertad para ejecutarlas desde la órbita municipal, los municipios de Santa Isabel y Algarrobo del Águila (ambos en la microrregión 4) utilizaron los montos que les correspondieron del Fondo de Financiamiento Federal para realizar obra nueva, módulos de baño y refacciones en viviendas existentes dentro su ejido. En la misma línea, el IPAV lanzó el “Programa Provincia y Municipio”, que destinaba partida presupuestaria provincial para la construcción de viviendas en municipios pequeños y comisiones de fomento, con el soporte técnico provincial y bajo la administración y gestión de obra del Estado municipal (Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, 2009).

Una de las intervenciones de mayor alcance en el oeste fue el Proyecto de Electrificación Rural en Mercados Rurales (PERMER). En La Pampa, si bien las negociaciones iniciaron en el año 2006, la efectiva ejecución en campo se inició en 2011. La primera etapa logró llegar a 861 puestos rurales, donde se instaló un equipo regulador con pantalla solar y batería, cinco bocas de iluminación y dos adaptadores para cargar celulares y radio. Esto significó un cambio muy grande en la vida cotidiana de las familias. Hasta la fecha, la electricidad utilizada era por generación a combustión, normalmente con el uso de lámpara de aceite o kerosén, generadores a nafta y fogones. El programa permitió reducir la aguda brecha de acceso a los servicios energéticos que tenía el oeste con el resto de la provincia.

A partir de 2012, el gobierno nacional constituyó un Fondo Fiduciario Público llamado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda propia y generar empleo desde el sector de la construcción (Decreto 902/2012, 2012). Algunas de las familias accedieron a viviendas sociales urbanas del Plan Federal de Vivienda o de los planes provinciales en los centros urbanos. Al igual que en los planes de la década anterior, esta opción careció de las ventajas de poder intervenir en el diseño y en la administración de la vivienda propia. Por esta razón, la apropiación de estos modelos se dio en ampliaciones posteriores y delimitaciones del espacio abierto. Asimismo, fue posible detectar casos en que los municipios les adjudicaron una vivienda existente en el pueblo (Mostacero, 2022). Estas viviendas, si bien se localizan en centros urbanos de los departamentos, forman parte de la territorialidad campesina producida por los grupos familiares en sus dinámicas de doble residencia y prácticas de movilidad (Comerci y Mostacero, 2021).

En 2013, desde el Ministerio de Bienestar social y su Dirección General de Promoción Comunitaria, se confeccionó un Programa de Mejoramiento Habitacional que contó con tres programas de acción: el Programa de Mejoramiento Habitacional Rucalhué, el programa “Construcción de Baños” y el programa “Tu techo, mi compromiso”. Rucalhué fue la continuación del programa confeccionado en 1992 (Decreto 1038-1992, 1992), que apuntó al otorgamiento de mejoras y construcción de vivienda nueva para familias vulnerables, con partida económica provincial y ejecución del municipio. A pesar de su trayectoria como programa provincial, la mayoría de las acciones habían Estado dirigidas a mejoramientos en el hábitat urbano de las localidades de La Pampa. Recién durante esta década comienzan a apreciarse mayores intervenciones en las viviendas rurales del oeste. El programa “Tu techo, mi compromiso”, que apuntaba al mejoramiento del hábitat en clave comunitaria no tuvo mayor impacto en el sector en general.

En cambio, el programa “Construcción de baños” intervino fuertemente en el sector rural del ejido de Algarrobo del Águila. Durante 2014 se realizaron 25 baños en los puestos de familias que cumplían con los requisitos de estar inscriptos en el Pilquén^[6] con necesidad habitacional que no fuesen propietarios de otro inmueble o que tengan inmuebles afectados por derecho real de usufructo o sean bien de capital de trabajo. En la Figura 12 se puede observar las características de uno de esos baños. Estas unidades, si bien fueron recibidas positivamente por la población, no implicaron un reemplazo de los baños y letrinas existentes, sino más bien una coexistencia con estos. Asimismo, algunas de las unidades presentaban dificultades para el almacenamiento y distribución de las aguas sanitarias, por lo que en esos casos la frecuencia de uso de estos baños se redujo, se limitó a las visitas o se le asignó un uso doméstico diferente al previsto.

Figura 12. Módulo sanitario edificado en puesto rural

Fuente: Fotografía tomada por la autora en 2019.

Respecto a la temática de propiedad de la tierra, a partir del año 2015, la provincia inició “Programa Provincial para la Regularización de la Tenencia de la Tierra” (Ley Nº 2876, 2016), una política para favorecer el registro catastral de tierras a nombre de poseedores veinteañales y la regularización de los derechos de las personas sobre tierras rurales y subrurales de la provincia y específicamente a las localizadas dentro de los departamentos Chicalcó, Chalileo, Puelén, Curacó, Limay Mahuida y Utracán. Esto permitió comenzar a resolver algunas incertidumbres en relación a la tierra y el control de los recursos productivos, cuestión que, junto al acceso al agua, se presenta como una de las deudas históricas del Estado para con las poblaciones campesinas (Lattuada, Nogueira y Urcola, 2014). Este programa se comprometió con el apoyo técnico y económico para la regularización y generó acciones directas desde el Estado provincial en apoyo a la tenencia de la tierra de las personas pobladoras históricas de estas zonas.

En los últimos cinco años las edificaciones en materia de hábitat rural en el sector han sido esporádicas y puntuales. En 2018, en el marco de la Ley Caprina (26.141) y de la Ley Ovina (Ley Nº 25.422), el Ministerio de la Producción construyó tres refugios para caprinos de generosas dimensiones en los departamentos Chalileo, Chicalcó y Puelén. Esta intervención fue construida en estructura y cerramientos metálicos, salió a licitación pública que fue ganada por metalúrgicas de Toay, desde donde se fabricaron y transportaron las piezas para su montaje en los tres puestos destinatarios. La edificación de pocas unidades y sin proceso de selección transparente produjo malestar en el resto de las familias, que cuestionaron el tamaño y el monto invertido en esos refugios en detrimento de la posibilidad de construir mayor cantidad para otras familias con el mismo dinero. Anteriormente, las partidas presupuestarias de estas leyes habían sido asignadas de manera más equitativa, sobre todo para resolver la problemática de la falta de pasturas en el invierno.

Desde el Instituto Provincial de la Vivienda de La Pampa se han construido y asignado unidades de vivienda nueva a algunos puestos, sin enmarcarse en planes específicos de hábitat rural. Estas arquitecturas no se alejan mucho de los prototipos urbanos de los planes de vivienda ejecutados en las distintas localidades de la provincia y no intervienen ni contemplan interacción con el resto de los espacios que conforman el puesto. En la misma dirección, algunos municipios han construido unidades de vivienda con los fondos del programa de soluciones habitacionales. La selección de los puestos destinatarios se realiza de acuerdo a las condiciones de vulnerabilidad detectadas, sin embargo, no profundizan en el estudio de otras propuestas que contemplen las diferencias en la forma de concebir el hábitat rural de las personas para un mejoramiento integral.

Continuidades, intermitencias y deudas pendientes

Cuando se habla del Estado debemos reconocerlo como un fenómeno complejo con “ambigüedades y contradicciones que le son inherentes como efecto de la diversidad de representaciones, intereses y prácticas que lo producen cotidianamente” (Cowan Ros, 2016, p.13). La heterogeneidad de ese Estado se manifiesta en las diferentes órbitas de la institucionalidad pública y el poder de acción que cada una de ellas posee dentro del orden de jerarquías de este aparato. De esta manera, muchas de las políticas públicas pensadas desde un centro y planteadas como homogéneas en territorios extensos y diversos, como puede ser Argentina y La Pampa, admiten cambios y reformulaciones a la hora de ser puestas en práctica en el campo.

Se parte de la conformidad acerca de la responsabilidad que tiene el Estado de facilitar, planificar y fortalecer los diversos mecanismos que permitan a la sociedad toda acceder al hábitat digno y a la vivienda, como parte de nuestros derechos contemplados en el art. 14bis de la Constitución Nacional Argentina (1995). Las preocupaciones en materia habitacional históricamente han Estado centradas en las problemáticas urbanas y hacia su resolución o mejoramiento se destinaron la mayoría de los recursos técnicos y presupuestarios. En el recorrido previo de las últimas tres décadas, ningún programa abordó la integralidad de la problemática del hábitat rural como problema de estudio.

Para el caso del oeste de La Pampa, el espacio que convoca a esta publicación, los programas con continuidad en el tiempo y de mayor alcance cuantitativo, como PROCAMI, PSA, PROHUERTA, PROINDER y PERMER, trabajaron sobre parcialidades de ese hábitat rural campesino: Lo productivo y lo energético. Ambas áreas son pilares fundamentales para poder mejorar la calidad de vida de la población en el sector de estudio y fortalecer la autonomía de los grupos respecto a ellas es esencial para acortar la brecha de desigualdad entre la población rural y la urbana. En contraparte, la mayoría de las acciones en materia habitacional no estuvieron comprendidas en políticas públicas con continuidad en el tiempo. Desde la concepción de una integralidad polifuncional del hábitat campesino, estas intervenciones soslayaron las aristas productivas, sociales y de servicios que conviven con lo doméstico en el mismo puesto. La utilización de insumos, materiales y tecnologías diferentes a las utilizadas en el sector fue una característica común a todas ellas. En este sentido se coincide con Cejas (2019) en detectar una falta de cuestionamiento de las diversas reparticiones del Estado acerca de si los saberes, las técnicas y las formas del producir las arquitecturas domésticas que utilizan las familias pueden aportar a la resolución de mejoras en su propio hábitat rural.

El relevamiento realizado invita a identificar también el protagonismo que ha tenido la transferencia directa de modelos de vivienda y de sus tecnologías asociadas. Esto motiva al cuestionamiento acerca de cuáles han sido las percepciones de las familias, qué sentido les asignan a las diversas intervenciones y cuáles son las resistencias que se permiten sostener frente a estos cambios en su hábitat campesino.

Referencias bibliográficas

Barada, J. (2017). Un pueblo es un lugar. Materialidades y movilidades de los pastores puneños ante las lógicas del Estado. Coranzulí, Jujuy, Argentina. (Tesis doctoral) Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Barada, J. y Tomasi, J (2021). Las lógicas de la vivienda. Primeros avances en un proceso de diseño participativo en la puna jujeña (Rinconada). Trabajo inédito.

Barreto, M. A. (2011). “Cambios y continuidades en la política de vivienda argentina (2003-2007)”. Cuadernos De Vivienda y Urbanismo 9 (5), 12-30.

Barreto, M. A. (2017). “Retorno de la mercantilización de la vivienda social en argentina. Mirada comparada con períodos recientes”. Revista Pensum (3), 73-91.

Cáceres, D. (2003). “El campesinado contemporáneo”. En R. Thorton y G. Cimadevilla (Ed.). La extensión rural en debate. Concepciones, retrospectivas, cambios y estrategias para el Mercosur (pp.173-190). Buenos Aires: INTA.

Cejas, N. (2019). “Tecnología y colonialidad en el campo del hábitat rural. Un análisis de políticas públicas en Córdoba, Argentina”. En C. Quevedo y M.R. Mandrini (Comp.) Debates sobre el hábitat: una aproximación interdisciplinaria (pp.12-23). Córdoba, Córdoba: Colecciones del GIEH, CONICET.

Cejas, N. (2020). “Para descolonizar el hábitat rural. Un análisis de la matriz colonial de las políticas públicas habitacionales en Córdoba (Argentina)”. Territorios, (43), 1-22. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.8150

Cerdá, J. M. y Salomón, A. (2017). “Brechas del bienestar: el problema de la vivienda rural argentina entre las décadas de 1930 y 1950”. Trashumante 10, 192-214.

Comerci, M. E. 2010. “Territorialidades, espacios vividos y sentidos de lugar en tiempos de avance de la frontera productiva”. Mundo agrario 11 (21), 1-36.

Comerci, M.E. (2012). “Estrategias territoriales de resistencia: memoria social y acciones colectivas”. Ponencia presentada en actas de la 9ª Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales, organizado por la Universidad Nacional de Tucumán, en San Miguel de Tucumán, del 8 al 10 de agosto de 2012

Comerci, M. E. y Mostacero, A. L. (2021). “Territorialidades campesinas, movilidades y doble residencia. Estudio de caso en el Oeste de La Pampa (Argentina)”. Transporte y territorio 24, 8-31.

Cowan Ros, C. (2016). Estatalidades, políticas públicas y movimientos sociales en su configuración interdependiente: una perspectiva analítica. Contested Cities: Working Paper Series.

Cuenya, B. (2005). “Cambios, logros y conflictos en la política de vivienda en Argentina hacia fines del siglo XX”. Boletín CF+S, 29/30, 239-247.

Cuenya, B. y Falú, A. (1997). Reestructuración del Estado y Política de Vivienda en Argentina. Buenos Aires, Argentina: Ediciones del Centro de Estudios Avanzados/CBC, Universidad de Buenos Aires.

Decreto 902/2012 de 2012. Créase el Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar. 13 de junio de 2012. B.O.32417.

Dillon, B. y Comerci, M. E. (2014). Territorialidades en tensión en el Oeste de La Pampa. Sujetos, modelos y conflictos. Santa Rosa, Argentina: EdUNLPam.

Elinbaum, P. y Barenboim, C. A. (2018). “Efectos metropolitanos de una política de vivienda mixta. El caso del ProCreAr”. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo, 11 (21). https://doi.org/10.11144/Javeriana.cvu11-21.empv

Fals Borda, O. (1963). El Brasil: campesinos y vivienda. Departamento de Sociología.

Ferrán, A.M. (Coord.) 2011. Plan de desarrollo rural del Oeste de la provincia de La Pampa. Santa Rosa: Instituto de Promoción Productiva, Ministerio de la Producción, Gobierno de La Pampa.

Ferrari, Jorge Luis (2012). Peronismo, militancia y gestión. Biografía política de Rubén Hugo Marín, Ediciones Biebel, Buenos Aires, 2da. Edición.

Fernández Wagner, R. (2007). “La perspectiva de derechos en las políticas sociales y habitacionales en América Latina”. Ponencia presentada en XIII ENCUENTRO DE LA RED ULACAV Y V JORNADA INTERNACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL “El Derecho a la Ciudad y a la Vivienda: Propuestas y Desafíos en la Realidad Actual”, Octubre, 10 al 13 de 2007 / Valparaíso, Chile.

Garay, A. y Gómez López, C. F. (2021). “Una aproximación al estudio de las políticas públicas de vivienda rural en Tucumán””. Hábitat y Sociedad 14, 303-323.

García, L. N. (2021). “De las Asociaciones del PSA a la Cooperativa del MTE: dos décadas de activismo y participación de las mujeres en el Oeste pampeano”. Revista Huellas, 2 (25), 197-223.

García, L. (2023). Territorio, estrategias de vida de mujeres rurales y políticas públicas en el Oeste pampeano. (Tesis de maestría). Maestría en Estudios Sociales y Culturales, Universidad Nacional de La Pampa.

Gargantini D. (2012). “Revisión histórica de las políticas de vivienda argentinas implementadas como respuestas a la problemática socio habitacional existente”. Sin datos editoriales.

Garrido, S.M., Thomas, H. E. y Becerra, L.D. (2018). “Tecnología, ideología y hegemonía. Repensando los procesos de resistencia socio-técnica”. Ciencia, Docencia y Tecnología, 29 (56), 186-207.

Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (2009). Programa Provincia y Municipios Revista Consejo Nacional de la Vivienda 29, 23-26.

INDEC, C. (2002). Censo nacional agropecuario. Buenos Aires.

INTA y Programa Social Agropecuario (1995). Ecos del Oeste 3, año 2. Anguil

Martínez de Jiménez, M. (2000). Políticas habitacionales: la situación habitacional y la política de vivienda desarrollada en la Argentina en las dos últimas décadas. Mar del Plata, Argentina: Universidad Nacional de Mar del Plata.

Ministerio de Desarrollo Social (2022). Pilquén. Santa Rosa.

Mostacero, A. L. (2022). “La levantaron todos los hermanos”. La construcción de lo comunitario, lo doméstico y lo religioso en el templo de Paso Maroma (La Pampa, Argentina). Ponencia presentada en el 5º Encuentro Nacional de Arquitectura Comunitaria, San Miguel de Tucumán.

Kullock, D. y Murillo, F. (2010). Vivienda social en Argentina: Un siglo de estrategias espontáneas y respuestas institucionales 1907-2007. Ediciones Universidad Católica de Salta.

Lattuada, M., Márquez, S. y Neme, J. (2012). Desarrollo rural y política. Reflexiones sobre la experiencia argentina desde una perspectiva de gestión. Buenos Aires, Argentina: Fundación Ciccus.

Lattuada, M., Nogueira, M.E. y Urcola, M. (2014). Tres décadas de desarrollo rural en La Argentina. Continuidades y rupturas de intervenciones públicas en contextos cambiantes (1984-2014). Buenos Aires: Teseo; Universidad Abierta Interamericana.

Lentini, M. (2005). Política habitacional de Argentina y Chile durante los noventa. Un estudio de política comparada. Revista INVI 55 (20), 139-153.

Ley Provincial N° 9601 de 2009. Declaran “Emergencia Habitacional – Sanitaria en la Provincia de Córdoba”. 9 de marzo de 2009. B.O.AÑO XCVII – TOMO DXXX – Nº 46

Ley Provincial 6.758 de 2005. Programa Provincial de Vivienda Rural, (2005). Argentina.

Ley Provincial 2222 de 2005. Suspendiendo por un año los juicios de desalojo de inmuebles rurales ubicados en los departamentos de Chalileo, Curaco y Limay Mahuida y de acuerdo a las exigencias establecidas. 15 de diciembre de 2005.

Ley Provincial 2358 de 2007. Creando Consejo Provincial de Descentralización. 26 de octubre de 2007. B.O. 2759.

Ley 2461 de 2009. Sustituyendo el texto de la Ley Provincial Nº 2358 de “Creando Consejo Provincial de Descentralización”. 19 de enero de 2009. B.O. 2823.

Ley Nº2876 de 2016. De Creación del “Programa Provincial para la Regularización de la Tenencia de la Tierra”. 8de enero de 2016. B.O. 3.187.

Ley 1699/96 de 1996. Adhesión provincial-vivienda-Sistema Federal de la Vivienda-Recursos financieros-Fondo Nacional de la Vivienda-Crédito Hipotecario. 16 de agosto de 1996. B.O. 2178.

Ley 5826 de 1992. Ratificación de convenio entre la Nación y Mendoza-La Pampa. 30 de marzo de 1992. Boletín Oficial, 30 de marzo de 1992. Vigente, de alcance general. Id SAIJ: LPM0005826

Ley 21581 de 1977. Fondo Nacional de la Vivienda. Órgano de Aplicación – Recursos – Normas Varias. 2 de junio de 1977. B.O. 23672.

Ley 24.464 de 1995. Sistema Federal de la Vivienda. 27 de marzo de 1995. B.O. 28.117.

Ley 25.233 de 1999. Ley de Ministerios. Modificación. Créase la Oficina Anticorrupción en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 14 de diciembre de 1999. B.O. 29292.

Liernur, J. F. (2014). “El rol inicial del Estado. La Comisión Nacional de Casas Baratas. En A. Ballent y J. F. Liernur (Eds.) La casa y la multitud. Vivienda, política y cultura en la Argentina moderna (pp. 195-213). Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.

Mandrini, M. R., Cejas, N. y Bazán, M. A. (2018). “Erradicación de ranchos, ¿Erradicación de saberes? Reflexiones sobre la región noroeste de la Provincia de Córdoba, Argentina”. Anales del IAA, 48 (1), 83-94.

Mostacero, A.L. (2022) “Movilidades y formas de producción de casas campesinas en el Oeste de La Pampa (Argentina)”. Notas Históricas y Geográficas, Nº 29 (1).

Mostacero, A. L. y Comerci, M.E. (2019). “La vivienda como estrategia de reproducción social. El caso de los puestos de La Puntilla (La Pampa, Argentina)”. Área, 25 (1).

Olivarez, J. E. y Rolón, G. (2021). “Desterritorialización en políticas de vivienda. El caso de la Ley N° 6.758/05: Programa Provincial de Vivienda Rural de Santiago del Estero (Argentina)”. Revista Huellas 2 (25), 155-174.

Oszlak Oscar & O’Donnell, G. (1981). Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación. Documentos GE-CLACSO N, 4.

Quevedo, C. y Mandrini, M.R. (Comp.) Debates sobre el hábitat: una aproximación interdisciplinaria. Córdoba, Córdoba: Colecciones del GIEH, CONICET.

Resolución Nº 119-2009 de 2009. Reglamentación de la Operatoria “Soluciones Habitacionales”. 19 de junio de 2019. B.O. Nº 2845.

Resolución N° 449/2013 de 2013. Programa nacional de arraigo rural. 31 de mayo de 2013. B.O. Nº 32651.

Rivero, S., Benítez, R. y De Titto, E. (2011). “Experiencias en el mejoramiento sanitario de la vivienda rural”. Trabajo presentado en las Actas del Taller vivienda, salud y ambiente organizado por el Instituto Nacional de Medicina Tropical en Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, el 5 y 6 de octubre de 2011 (pp197-213).

Rodulfo, M.B. y Boselli, T. (2011). “La Política Federal de Vivienda, Crecimiento sectorial vs Debilitamiento socio – institucional”. Ponencia presentada en Actas del 2º Congreso Internacional de Vivienda Social, realizado en Córdoba, 21 a 25 de septiembre de 2011.

Russo, V. (2009). “El Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER)”. Petrotecnia 4, 40-46.

Schmukler, M. y Garrido, S. (2016). “Electrificación rural en Argentina. Adecuación socio-técnica del programa PERMER en la provincia de Jujuy”. Argentina de Energías Renovables y Medio Ambiente 4, 12.71-12.81.

Silvestre, G. (2018). “Conflicto y estrategias de un puestero de Limay Mahuida” (pp.49-78). En M.E. Comerci (Comp.) Estrategias en espacios de borde. Santa Rosa, Argentina: EdUNLPam.

Tomasi, J.M.E. (2021). “Vivienda Rural campesino-indígena”. En A. Salomon y J. Muzlera (Eds.) Diccionario del Agro Iberoamericano (pp.1099-1105). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Teseopress.

Vasilachis de Gialdino, I. (1992). Métodos cualitativos I. Los problemas teórico-epistemológicos. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Yujnovsky, O. (1984). Claves políticas del problema habitacional argentino, 1955-1981 (Vol. 1). Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.

---