María Eugenia Comerci

Introducción

Los Estados, a través de sus distintas instituciones, generan intenciones, acciones, prácticas y sentidos que buscan alterar o modificar determinados aspectos de la vida social y espacial de un territorio. Comini y Stola (2016) conceptualizan a las políticas públicas como un proceso intencional e interactivo de acción colectiva acordada entre dos o más partes para generar medidas que repercutan en la vida ciudadana. Frente a los altos indicadores de pobreza estructural, con predominio de población rural dispersa, los departamentos occidentales Chalileo, Chicalcó, Puelén, Limay Mahuida y Curacó han tenido una activa participación del Estado —provincial, nacional y municipal— que se expresó en la generación de distintos planes, programas y proyectos con fuerte impacto socio-territorial.

En este marco, se reflexiona sobre las políticas públicas en general, sus propósitos, sus sentidos e implicancias; los programas de desarrollo rural en Argentina y, en especial, la trayectoria de las políticas públicas en el oeste de la provincia de La Pampa, en los últimos treinta años. Se ha realizado trabajo de campo en la zona de estudio desde el año 2002 hasta el 2022, buscando la recuperación de testimonios para reconstruir las representaciones de integrantes de las políticas públicas. Se utilizaron las técnicas de observación participante, historias de vida, entrevista individual y grupo focal, entre otras. Esa información se trianguló con informes de políticas públicas, estadísticas oficiales y cartografía física, política y catastral.

De esta manera, en el estudio se combinaron distintas fuentes primarias y secundarias que incluyen el análisis de documentos oficiales sobre políticas de intervención, antecedentes de otras investigaciones en desarrollo rural argentino y entrevistas a técnicos territoriales del Programa Social Agropecuario, INTA y de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesino e Indígena, a funcionarios y funcionarias y a personas destinatarias de políticas públicas realizadas en los distintos departamentos de estudio. Además, se contó con archivos de cartografía, fotografías y datos estadísticos, entre otras fuentes documentales.

Las políticas analizadas para el caso pampeano fueron el Proyecto de Desarrollo Rural del extremo oeste pampeano, Programa de Promoción de Artesanos; el Programa de Desarrollo Ganadero del Oeste Pampeano; El Proyecto de Desarrollo Rural Integrado; el Programa Social Agropecuario (PSA), Plan de Mejoramiento Habitacional; el Proyecto de desarrollo de los Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER); el PROHUERTA; el Plan de Mejoramiento de la Cabra Colorada, Ley Caprina y Ovina, el PERMER (Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales), PISEAR (Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales) y los proyectos de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.

A continuación, se profundiza el concepto de política pública desde la mirada instrumental y la perspectiva simbólica. Luego se desarrolla la trayectoria de los programas de desarrollo rural en el oeste de la provincia de La Pampa, desde 1985 hasta la actualidad. Finalmente se plantean reflexiones sobre los logros y desafíos de las políticas públicas regionales.

Políticas públicas y modelos de desarrollo

Los Estados poseen herramientas e instituciones para intervenir en la sociedad. Oszlak y O’ Donnell (1976) definen a las políticas públicas como la suma de iniciativas y de respuestas en un momento histórico y en un contexto determinado en los que el Estado, a través de sus diferentes unidades, plantea una posición predominante de sus acciones y de su intervención. Un proceso en el que estas unidades estatales, con diferente grado de autonomía, control de recursos e intereses organizacionales, despliegan sus capacidades de intervenir e influir en instancias del proceso con orientaciones que pueden ser negociadas, contradictorias y aun conflictivas.

El resultado suele ser una política pública en la cual se puede inferir una toma de posición predominante y temporal del Estado frente a determinada cuestión. Además, en este proceso intervienen actores no estatales, como las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, asociaciones civiles, cooperativas, empresas e incluso, y en otro plano, organismos internacionales diversos como aquellos que financian los programas de desarrollo (Lattuada, Nogueira y Urcola, 2015).

Los programas de intervención estatal a través de políticas públicas han estado presentes a lo largo del siglo XX, configurando un continuum de acciones, hechos y simbolismos.

Como se viene señalando, las políticas son herramientas de intervención y de acción social concebidas para administrar, regular y cambiar la sociedad a partir de un diagnóstico. Para Shore (2010), son inherentemente instrumentales y están interesadas en la imposición de orden y coherencia en el mundo. Parte de su función política consiste en otorgar legitimidad a las decisiones tomadas por aquellos en posiciones de autoridad. No obstante, describir las políticas como instrumentales no quiere decir que estén, de alguna manera, vacías de simbolismo o de significado. De acuerdo con la autora, funcionan de manera similar al mito en sociedades no letradas, ya que proveen un “plan de acción”.

Como los mitos, las políticas públicas ofrecen narrativas retóricas que sirven para justificar -o condenar- el presente y, algo más usual, para legitimar a quienes están en posiciones de autoridad establecidas. Como los mitos, las políticas a su vez proveen medios para unificar el pasado y el presente, de tal manera que otorguen coherencia, orden y certeza a las acciones estatales. De este modo, “las políticas públicas contienen modelos implícitos, y algunas veces explícitos, de una sociedad y de visiones de cómo los individuos deben relacionarse con la sociedad y los unos con los otros” (Shore, 2010, p. 31).

Para Comini y Stola (2016), las políticas públicas son un proceso intencional e interactivo de acción colectiva que pretende modificar la vida de los ciudadanos en un territorio dado. Las políticas también objetivan a quienes se dirigen y los someten a la anónima mirada de los expertos (Shore, 2010). Una de las mayores consecuencias de esta visibilidad es que crean nuevas categorías de personas y referenciales, subjetivan a partir de ciertas narrativas.

Las políticas públicas parten de ciertas concepciones de desarrollo, de planificación y definen estrategias de intervención en la sociedad. Históricamente, en el capitalismo, lo rural ha sido sistemáticamente identificado con una sociedad tradicional y atrasada que debe ser transformada. De acuerdo con Lattuada, Nogueira y Urcola (2015), el concepto de desarrollo en programas de desarrollo rural, como una de las manifestaciones concretas de su aplicación a través de las políticas públicas, no tiene un sentido unívoco. Los programas implementados en el territorio inducen estas perspectivas de desarrollo, a menudo provenientes de los organismos crediticios internacionales que los financian.

Las bases conceptuales sobre las que se construyeron los diseños de los programas del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), tienen semejanzas con las de los programas impulsados por el Banco Mundial (tales como el PROINDER) y el Banco Interamericano de Desarrollo, programas del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN); también se encuentran presentes en los programas financiados por los presupuestos nacionales, como el Programa Social Agropecuario o los proyectos del INTA (Lattuada, Nogueira y Urcola, 2015).

Los programas implementados en Argentina en las décadas de 1980 y 1990 expresaban concepciones modernizadoras y liberales del desarrollo, enmarcadas en las medidas del Consenso de Washington. Es por ello que, si bien se duplicaron los niveles de producción y de exportaciones agrarias de la Argentina a partir de una reestructuración económica y reforma del Estado, en sólo una década, el 21% de los establecimientos agropecuarios existentes desaparecieron. En la segunda década del siglo XXI y de acuerdo a los datos censales del censo agropecuario de 2018, la estructura socioeconómica del agro argentino continúa profundizando su desigualdad histórica. Además de las grandes extensiones en propiedad privada y renta, crece la concentración económica de los grandes productores e inversionistas, mientras que la mediana y pequeña producción familiar, chacarera, campesina e indígena está siendo desplazada (Azcuy Ameghino y Fernández, 2021).

El territorio, concebido como espacio apropiado por grupo que ejerce el poder (Comerci, 2015), es una instancia fundamental en la política pública, en especial en esta vertiente del desarrollo territorial rural. Para Manzanal (2017) el enfoque del territorio fue incorporado a las políticas públicas desde la década de 1970, con la finalidad de promover un desarrollo más inclusivo dirigido a los sectores sociales y productivos postergados de América Latina. La cuestión regional avanzó más aceleradamente cuando los Estados nacionales decidieron que la planificación del desarrollo nacional y regional era el instrumento que les permitiría enfrentar sus problemas económicos, regionales y sociales.

En ese contexto liberal, el territorio fue concebido meramente como un espacio de gobernanza (Mançano, 2009, Manzanal, 2017), por lo que era utilizado como una forma de ocultar la diversidad y garantizar el mantenimiento de la subordinación de territorios dominantes y dominados. El territorio no es solamente un espacio dominado/apropiado en el sentido político-económico del término por un grupo social, sino también un espacio con apropiación simbólica-cultural (Haesbaert, 2018). De este modo, es necesario superar la mirada reduccionista del concepto, para incluir una perspectiva más compleja e integral asociada con la idea de poder. Es en el territorio donde se despliegan las políticas públicas y el capital para la definición de proyectos y planes que suponen un determinado modelo de desarrollo. A continuación, se abordan brevemente los programas de desarrollo rural en el país.

Los programas de desarrollo rural en la Argentina

Los escenarios sociales, lejos de ser estáticos, son turbulentos, conflictos y cambiantes ya que existe una diversidad de agentes con diferentes grados de poder, cuya puja define el curso que toman las acciones (Nirenberg, Brawerman y Ruiz, 2003). Hacia fines de la década de 1980, ante el fracaso de la concepción tradicional de la planificación regional y la imposición del nuevo marco ideológico-político neoliberal, las perspectivas de planificación se focalizaron en el desarrollo local y en la gestión estratégica (Manzanal, 2006).

En el contexto de la profundización del neoliberalismo de fin del siglo XX y comienzos del XXI en Argentina, el sistema productivo experimentó profundas transformaciones. Como resultado de la desarticulación de los lazos de sociabilidad construidos en décadas anteriores en torno al trabajo, emergieron niveles de desigualdad y exclusión social sin precedentes En este marco, se configuró un escenario que interpeló a sujetos sociales y al Estado de diversos modos. Por un lado, para ampliar sus capacidades de diagnóstico e intervención, a la luz de los cambios producidos en las condiciones de vida. Por otro lado, evocó a la construcción de otros conocimientos, comprometidos con la condición humana (Cittadini, Caballero, Moricz y Mainella, 2010).

Los programas de desarrollo rural en la Argentina como política pública se iniciaron con el retorno de la democracia y se orientaban a población pobre. Durante la década de 1990 se pusieron en ejecución e incrementaron su número los planes apoyados por diferentes fuentes de financiamiento internacional (BID, BIRF, FIDA), con estructuras relativamente autónomas dentro de diferentes agencias estatales (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, INTA) y escasa coordinación entre ellos. Estos programas se diseñaron como políticas compensatorias que contribuyeran a la reconversión productiva y la reducción de los efectos excluyentes del modelo neoliberal y la retracción estatal (Lattuada, Nogueira y Urcola, 2015).

En la década de 2000, con el mayor protagonismo estatal, estas políticas públicas presentaron algunos cambios en sus propósitos y caminos. En Argentina, el Estado nacional, inició en 2003, un proceso para incrementar y consolidar las condiciones presupuestarias, organizativas, reglamentarias y humanas con políticas sectoriales y de desarrollo rural. Esta tendencia se vio reforzada a partir de la creación de estructuras responsables del desarrollo rural y de la agricultura familiar en 2008, y su posterior jerarquización ante la elevación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación al rango de Ministerio, en 2009, así como en el fortalecimiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

Es evidente que los procesos de desarrollo y los proyectos que los promueven expresan estas continuidades y rupturas con los sujetos y modelos de intervención en el marco de escenarios diferentes. Entre los primeros antecedentes, enmarcados en la teoría de la modernización (1984-1990), se destaca el “Programa de Apoyo a Pequeños Productores” (PROINDER, 2003) destinado a población rural pobre y con financiamiento específico para el apoyo a las mujeres rurales en situación de pobreza.

Entre los programas gestados en el marco del modelo del ajuste estructural y el Consenso de Washington (1991-2002) se destacan “Promoción para la Autoproducción de Alimentos” (PROHUERTA) (1990-continúa) iniciado por el Estado nacional a través de la SAGPyA y el INTA y dirigido a mejorar la situación alimentaria de la población pobre —urbana y rural — a través de la autoproducción de alimentos. Otro programa surgido en ese contexto liberal, destinado mayoritariamente a productores capitalizados, es el “Programa Federal para la Reconversión Productiva de la Pequeña y Mediana Empresa Agropecuaria” (1993-continúa). Llamado “Cambio Rural”, es dirigido por el INTA y brinda asistencia técnica integral a los productores a partir de una metodología grupal.

Un proyecto de impacto rural que favoreció el mejoramiento genético en las regiones en las que se produce ganado caprino fue la Ley Caprina (N.° 26.141) de 2006, aún vigente. Esta norma generó un régimen para la recuperación, el fomento y el desarrollo de la actividad caprina a través de fondos reintegrables y no reintegrables, de asistencia técnica y de capacitaciones con destino a los productores caprinos. Otro proyecto nacional de impacto en los espacios rurales es el de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), creado en el 2000 y también presente en la actualidad. Busca la electrificación rural con utilización de fuentes renovables de generación, principalmente fotovoltaica. Está destinado a resolver las necesidades de abastecimiento eléctrico a pobladores rurales que carecen de él por estar ubicados en zonas lejanas de los centros urbanos y/o de difícil acceso, y de provisión de agua caliente, cocción y calefacción en establecimientos públicos con las mismas características. Consiste en la adquisición e instalación de sistemas de generación en las viviendas y/o establecimientos públicos, e incluye las instalaciones internas y provisión de luminarias por única vez. Cada sistema de generación solar o eólica queda en propiedad de la provincia; el habitante de la vivienda, como beneficiario del servicio, hace uso del mismo en la modalidad de comodato. Un programa destinado a mejorar la vivienda rural a través de calefones y freezers es el Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales (PISEAR), creado en 2019 y financiado con fondos provenientes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). El Proyecto es ejecutado por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, a través de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) y las Unidades Ejecutoras Provinciales.

Estas últimas políticas se enmarcaron en el denominado “neoinstitucionalismo” que sostiene la importancia de las instituciones y las organizaciones para resolver las “imperfecciones del mercado” en la asignación de recursos. El peso otorgado por este enfoque institucionalista se puede observar en los diagnósticos de situación sobre las transformaciones que debían asumir las organizaciones sociales (Lattuada, 2006). En la mayoría de los programas se identificaron cambios en la “población objeto de intervención” y en las problemáticas a intervenir. Ello supone el reemplazo del “pequeño productor agropecuario” a población rural, a menudo enmarcada en la amplia e inclusiva “agricultura familiar”, no necesariamente agraria, e integrantes de grupos vulnerables -mujeres, población originaria, jóvenes, trabajadores, inmigrantes- ;la incorporación de otros aspectos, como la problemática de la tenencia de la tierra, los recursos naturales y el ambiente; el desplazamiento del crédito por los aportes no reembolsables o subsidios; la asistencia técnica grupal que se amplía de lo productivo a lo organizacional y la importancia del capital social, el territorio y sus instituciones (Lattuada, Nogueira y Urcola, 2015), entre otras dimensiones que dan cuenta de las concepciones del postdesarrollo vigentes y de anteriores perspectivas liberales.

En buena parte de estas políticas, se pretende lograr “desarrollo territorial rural”, concebido por Schejtman y Barsky (2008) como el proceso de transformación productiva, institucional y social en un determinado territorio, con el fin de reducir la pobreza. El cambio social sería resultante de la nueva inserción social, del aprovechamiento de las capacidades y de las oportunidades. Para los autores es necesario generar una transformación en el statu quo de las políticas de desarrollo rural a partir de asumir: a) una concepción ampliada de la economía rural con base agropecuaria y forestal que incluya a la industria y a los servicios; b) operar con una mirada amplia del espacio rural que incluya a los pueblos y a las pequeñas y medianas ciudades; c) considerar las distintas estrategias de empleo; d) articular con los proyectos locales; e) incidir sobre las fallas de mercado; pasar de programas enfocados en las personas pobres, hacia programas que las articulen con otros agentes; f) pasar del protagonismo público a uno de carácter privado-público, y finalmente, g) enfrentar el problema de la inconsistencia entre los plazos de los proyectos y los tiempos del desarrollo (Schejtman y Barsky, 2008, p. 41-43). Solo con esas premisas se logrará, un “cambio social” que promueva la “transformación productiva” desde el “desarrollo institucional” articulado con el mercado. Desde esa perspectiva se buscan crear capacidades y capitales mediante el mejoramiento de la cantidad y calidad de activos.

En los lineamientos de la propuesta de desarrollo rural de Schejtman y Barsky (2008) subyace una mirada liberal del desarrollo, que pretende transformar a los agentes más débiles de la estructura social en sujetos articulados a las cadenas de valor y sectores empresariales. En ese marco, proponen fortalecer el capital humano, el acceso de las micro y pequeñas empresas a servicios financieros, el acceso a la tierra con seguridad jurídica, el fortalecimiento de la infraestructura rural y estímulo a la innovación tecnológica.

En este contexto el sector público “debería limitarse a tareas de segundo piso” y dejar al mercado como agente central. Con relación a la tenencia precaria de la tierra se considera que este problema es un “serio obstáculo para el desarrollo territorial y se requiere de planes de reordenamiento y regulación de los registros de propiedad de cada provincia, entre otros aspectos. Así se bonificaría la percepción impositiva y la regulación de parcelas con uso “ineficiente”, la toma de créditos por parte de estos sectores y la generación de estrategias de reproducción sostenibles (Schejtman y Barsky, 2008, p. 89-90).

En fin, los programas y proyectos implementados desde el Estado acompañaron los cambios en los modelos de acumulación y regulación. Expresan las lógicas de cada modelo y política económica vigente. A continuación, se avanza en las políticas con una mirada situada en el centro de Argentina.

Políticas públicas de desarrollo rural en el oeste de La Pampa (1985-2022)

Los departamentos occidentales de La Pampa (Chalileo, Chicalcó, Puelén, Limay Mahuida y Curacó) han tenido una activa participación del Estado —nacional, provincial y municipal— que se expresó en la generación de distintos programas y proyectos. Desde mediados de la década de 1980, el Estado provincial, por medio del Ministerio de Economía y Asuntos Agrarios, ejecutó diferentes políticas de intervención en el espacio ante la carencia de infraestructura rural y extremas condiciones de pobreza de la mayoría de la población del extremo oeste. En este contexto, se publicaron una serie de revistas llamadas “Agropampeano”, en las que se enunciaban y difundían los proyectos socioproductivos a desarrollar, se describía el panorama económico de la zona, filtrándose narrativas y representaciones sobre los agentes productivos “receptores” de las políticas.

El “Proyecto de Desarrollo Rural Integrado” (1985) tenía como objetivo principal el:

mejoramiento de la calidad de vida y de trabajo de los pequeños productores de subsistencia del Extremo Oeste pampeano y que signifique (…) la eliminación de la situación de marginalidad y aislamiento es la base sobre la que se sustentará el rápido crecimiento económico de la región. (…) La posibilidad de convertir estas economías de subsistencia en empresas agropecuarias, con índices aceptables de rentabilidad, implicará un notable aumento de la productividad por hectárea, una redistribución de la tierra” (Agropampeano, 1985, p. 7-9).

De este modo, se buscaba —mediante política pública y planificación tradicional— el “crecimiento económico”, con el pasaje de una económica de subsistencia marginal y aislada a otra de empresas agropecuarias rentables y productivas. El Proyecto de Desarrollo Ganadero del Oeste Pampeano se puso en ejecución dos años después. Gestionado por el Ministerio de Economía y la Dirección de Asuntos Agrarios, tuvo participación del INTA, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. Se buscaba “prolongar la Conquista del Desierto” con una “moderna conquista del oeste a través del Proyecto de Desarrollo Ganadero. El ayer y el hoy se conjugan en beneficio de toda la Nación en este esfuerzo para continuar con la expansión de la frontera agropecuaria” (Agropampeano, 1987, p.1). Además del texto completo puede observarse la imagen que lo ilustra: un jinete en un campo arado con alambrado, molino y tanque australiano, dando cuenta del campo “moderno” (Figura 1).

Figura 1. Presentación del proyecto de “desarrollo ganadero”

Fuente: Agropampeano 1987, p. 1.

De esta manera, el texto y la figura expresan claramente ideas de modernidad, un discurso colonial y lineal que apunta a la capitalización de los “pobres” y “carentes” pobladores del oeste y la expansión de la frontera productiva. Una mirada situada permite poner a la luz y desenmascarar las estructuras modernizadoras sobre las que se diseñaron estas políticas públicas.

En la década de 1990, desde el Estado provincial se ejecutaron varios proyectos socio-productivos profenmarcados en un plan integral de mejoramiento de la calidad de vida de la familia urbana y rural. Dos destacados fueron el Plan Integral de Desarrollo Caprino (Ley N° 6122) y el Programa de Empleo y Vivienda Social, ambos puestos en acción en 1996. El primero buscaba promover el mejoramiento de la actividad caprina en el departamento, mediante el aprovechamiento de los subproductos de la cabra, el mejoramiento genético, la sanidad animal, el faenamiento en origen y la incorporación de un diferencial de zona y características: denominación caprina de origen y producto orgánico. Entre los objetivos se definía la construcción de un Matadero Frigorífico de Ganado Menor destinado a la exportación, que fue inaugurado en el año 2004, con la modalidad de empresa administrada por el Estado. El Programa de Empleo y Vivienda Social pretendía mejorar la calidad de vida y del hábitat periurbano y rural, fortaleciendo las condiciones que garantizan el arraigo. En ese marco se realizó la “erradicación de ranchos y alojamientos precarios; construcción participativa de viviendas y módulos habitacionales —viviendas de crecimiento progresivo—” y el plan de saneamiento ambiental a partir del control de la vinchuca (Figura 2). La erradicación implicaba la quema de las viviendas de adobe y quincha y la construcción de viviendas similares a las urbanas, en zonas rurales (Boletín oficial, 1996).

Figura 2. Cartel del plan de mejoramiento habitacional
y saneamiento ambiental

Fuente: fotografía capturada por la autora en el paraje Chos Malal, 2004.

En esa línea de proyectos provinciales, desde el año 2005 —renovado en el 2022—, desde el Ministerio de la Producción, se continúa implementando el “plan ganadero” que busca incrementar la cantidad y calidad de vacunos en todo el territorio.

Tiene como misión fomentar un sector ganadero comprometido con el desarrollo sustentable de la producción, con equidad social y territorial, trabajando para el desarrollo de las comunidades del interior, los servicios asociados al agregado de valor y eficiencia, generando empleo con mejor calidad de vida. Promover la incorporación de tecnologías, buscando calidad en los procesos y productos y la colaboración e integración de los actores vinculados al sector (Plan Ganadero del Gobierno de La Pampa, 2022).

En el oeste pampeano se fomenta la estación experimental de Santa Isabel que ha incorporado dos rodeos de bovinos con “técnicas ganaderas innovadoras, aplicables a nuestro contexto productivo (naturaleza), social (humano) y económico de la región oeste pampeano”, y ser probadas en la experimental para luego difundirlas para su replicación en “pequeños productores”. A diferencia de las continuidades en las perspectivas y contenidos de las políticas públicas provinciales, los proyectos nacionales dieron un giro en el discurso y en el contenido, pues pregonaron por el asociativismo desde la década del noventa y en especial del 2000.

El Programa Social Agropecuario (PSA) estaba dirigido a “productores minifundistas” y tuvo amplio impacto en los departamentos Chalileo, Chicalcó y Limay Mahuida, donde se conformaron distintas asociaciones de productores con personería jurídica (Asociación de La Humada, Asociación del Paso, Asociación de Algarrobo, Asociación de Chos Malal, Asociación el Salitral, Asociación Puelén, entre otras) y activa participación de la población local, especialmente femenina. Financiado por el Banco Mundial, y a costa del endeudamiento externo del país, el PSA fue implementado en el oeste de La Pampa desde el año 1995.

En los diagnósticos “participativos del grupo” realizados por los equipos técnicos se caracterizaba a la zona de intervención como semiárida y árida, con bajos arenosos. La información referida a los grupos destinatarios de los fondos es mucho más completa que en los proyectos anteriores y caracteriza distintos aspectos de la vida familiar y comunitaria. En el caso del grupo llamado “El lechuzo”, del paraje Chos Malal, se observa lo siguiente:

en algunos integrantes del grupo hay un nivel de capitalización interesante para en un futuro lograr un avance en sus sistemas productivos. (…) Otros integrantes en cambio no disponen de infraestructura, ni equipamientos o bienes de capital, sus sistemas productivos asemejan a la gran mayoría de los productores de la zona. (…) La mano de obra es familiar, compartiendo las tareas. En épocas de poco trabajo realizan trabajos extraprediales. (…) También se dedican a confeccionar artesanías (…) las familias 1, 2, 3 y 4 comparten los recursos disponibles como las tierras y los medios de movilidad (…) la toma de decisiones se hace en forma conjunta (Fichas del PSA, 1999; p. 3-4 y 7).

En este marco el proyecto propone solucionar los “problemas” del bajo nivel tecnológico, el escaso nivel sanitario y genético de la majada, ausencia de asistencia técnica, falta de compra de insumos veterinarios, mejorar el autoconsumo a través de huertas comunitarias y la comercialización de los cabritos y las artesanías (Ficha técnica, grupo El Carrizal, 2000, p.1 y 5). Las reuniones del PSA se desarrollaban cada dos meses en muchas asociaciones, con una activa y gradual participación de las mujeres, como ha investigado García (2018, 2021). En el caso de la Asociación de Chos Malal, llegó a ser integrada por 92 productores y productoras y a tramitar la compra de una camioneta, forraje, molinos, refugios y mejoramiento de cisternas. Además, a través de notas con reclamos de las familias asociadas, se logró inaugurar la escuela del paraje en el año 2007, aunque en precarias instalaciones, hasta su concreción edilicia en el año 2014.

En una entrevista, el Ing. Agrónomo Julio Bagato, técnico territorial y coordinador del PSA en la provincia, explicaba la creciente participación de las crianceras en las asociaciones productivas y los problemas de estas iniciativas cuando el Estado se retiraba, además de la discontinuidad de los programas públicos:

Casi todas las crianceras han tomado la posta de las asociaciones… aunque ahora está todo parado… Desde hace cuatro años, ningún organismo oficial las acompañó… sólo un poco el INTA… han quedado todas estas organizaciones incipientes… que necesitan acompañamiento continuo, si no se quedan… (…) El problema grande es lograr las reuniones sin nosotros, crear recursos propios… Si no dependen de nosotros (…) A veces aparece Desarrollo Social y aparecen fondos y después desaparecen… con el INTA siempre trabajamos en asistencia técnica, con sanidad, Prohuerta, etc… Con la provincia también articulamos con Producción o Bienestar Social… pero a veces se corta…. Casi siempre trabajamos articuladamente… (…) Durante el gobierno de Verna se trabajó muy articuladamente después se cortó un poco (…) con créditos del Banco Mundial, con el PROINDER, mejoramiento de viviendas…, refugios de corrales en Puelén, Chos Malal y La Humada… El tema es también que tenemos el problema de la tenencia de la tierra, si no sos dueño de la tierra se complican los fondos… (Ing. Agrónomo, coordinador del PSA, entrevista realizada en 2017).

El PSA proponía acciones tendientes a facilitar la inclusión de “pequeños productores” en estructuras asociativas para alcanzar mayores niveles de ingreso, desarrollar procesos de crecimiento y capitalización y mejorar la comercialización (Ministerio de Economía y Finanzas Pública, 2011). Cuando se creó la Subsecretaría de Agricultura Familiar en 2009, el PSA dejó de existir, pero su red de técnicos continuó trabajando en dependencia de esta Subsecretaría, devenida luego en Secretaría.

En el oeste pampeano tuvo relativo impacto la mencionada Ley Nacional Caprina, que contemplaba un tratamiento diferencial para los pequeños productores caprinos en situación vulnerable y la conformación de una mesa de actores expresada en la Unidad Ejecutora, integrada por distintas reparticiones del Estado y organizaciones de productores caprineros, para la distribución de fondos. El Gobierno de la provincia de La Pampa consideraba que la “ley es una herramienta que complementa las políticas de desarrollo que implementamos desde el Ministerio hace cinco años”. Desde el discurso, la ley iba a permitir la compra de infraestructura rural (refugios, mangas y corrales) y el acceso a créditos y a asistencia técnica. Consultados sobre su funcionamiento, técnicos del INTA decían que: “la Ley Caprina es una mesa interesante integrada por el Estado y familias crianceras pero, en la práctica”, solo se reparten los fondos para compra de alimento balanceado (entrevista realizada en 2021).

De acuerdo con la mirada de técnicos del INTA —sede Victorica— en los últimos años se ha avanzado en el trabajo conjunto interinstitucional y de base territorial:

Actualmente tenemos dos proyectos uno referido a la producción de caprinos, en los parajes rurales, Paso Maroma, Paso de los Algarrobos, Árbol de la Esperanza, Chos Malal, etc… y otro vinculado a la producción de bovinos en el espacio de Travesía, todo el departamento Chalileo hasta la costa del rio salado, incluyen parajes del sudeste de Mendoza, son plataformas interregionales. En el Ministerio de Desarrollo Social hicimos proyectos especiales vinculados con la producción de alimentos, de Chos Malal con los refugios para caprinos, otros de abastecimiento de agua para consumo acá en Emilio Mitre, y otro en Telen que es la huerta municipal. Ahora con el PERMER estamos con la provisión de boyeros eléctricos para los predios rurales y también estamos con el PISEAR de nación para Árbol de la Esperanza, Paso y Paso Maroma con heladeras y frízer solares y refugios para caprinos y otro para Chos Malal con termo tanques solares… ahí se trabajó con la Secretaría de Agricultura Familiar con la provincia de La Pampa… o con las municipalidades o con otros proyectos nacionales del INTA (Juan Torrado, entrevista realizada en diciembre de 2021).

Ante la problemática de la comercialización del ganado caprino, el Estado provincial, desde el Ministerio de la Producción y la Ley Caprina Nacional, está implementando el Programa de Desarrollo Sustentable de la Actividad Caprina y Ovina, que tiene como foco la comercialización de los productos, mediante el frigorífico Santa Isabel y el acompañamiento a familias productoras. Entre los principales objetivos se pretendía: recuperar la actividad en toda su cadena de valor; transformar las majadas de consumo en majadas comerciales; incrementar los índices de eficiencia productiva; capacitar al sector en implementación de nuevas tecnologías; formar grupos de criadores dentro de un marco productivo; impulsar a integrar la cadena de valor conjuntamente con la industria; capacitar a productores en manejo, sanidad, genética y nutrición; fomentar la comercialización y consumo de carne ovina y caprina y generar interés por el aprovechamiento de los productos secundarios (Ministerio de la Producción, 2019).

El frigorífico se orientó a la oferta de productos genéricos sin marcas; sus principales canales de comercialización son los mayoristas. También trabaja con supermercados locales, carnicerías y cadenas de carnicerías, pero en menor proporción que los primeros. Durante los primeros años de gestión, el establecimiento enfrentó serias dificultades para obtener caprinos de forma permanente. Una de las razones radicaba en el corrimiento de la frontera pecuaria hacia el extremo oeste, ya que en el área circundante al frigorífico predominaba el ganado bovino. De este modo, para acceder al ganado en pie, el frigorífico debió adquirir dos camiones para que llegasen hacia la zona los departamentos del extremo oeste pampeano, donde se encontraban los puestos. En este contexto no se había contemplado que buena parte de las familias puesteras carecía de transporte propio y que, desde hacía varias generaciones, vendían su producción a intermediarios y ambulantes, con quienes tenían acuerdos preestablecidos. Otra problemática fue que se minimizó la informalidad del sector. Las ventas de animales se efectúan mayoritariamente fuera del circuito comercial legal, y para comercializar en el frigorífico se necesita de una certificación de la sanidad de los caprinos. Solo una minoría está inscripta en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como monotributista. La falta de documentación es un impedimento para la venta de sus chivitos al frigorífico (Comerci, 2021).

Además, el equipo técnico que gestionaba el emprendimiento buscaba convencer a las familias crianceras para que realicen dos pariciones anuales, sin considerar que este tipo de prácticas implicaba, ente otros factores, una mayor demanda de trabajo y de pasturas y una redefinición de las estrategias de reproducción social en su conjunto. A pesar de estas dificultades, la instalación del frigorífico alteró, al menos parcialmente, las relaciones entre los productores y los intermediarios. Por un lado, permitió establecer un precio sostén, de referencia. Ante la subida del precio de los animales, algunos acopiadores dejaron de llegar hasta las zonas más occidentales. En este contexto, algunas familias se quedaron sin poder comercializar los chivitos, pues el establecimiento industrial no poseía la capacidad de absorción de la totalidad de la producción.

La intervención del Estado provincial (más allá de las dificultades que ha atravesado, sobre todo por desconocimiento de las prácticas productivas, culturales y vinculares de las familias crianceras) ha generado una alternativa de faena y venta de los chivitos en el oeste pampeano. Si se hubieran reconocido los rasgos, modalidades, sistemas productivos y prácticas campesinas, los resultados de esta política pública seguramente hoy serían diferentes. Mientras tanto, para garantizar el uso de la capacidad instalada, el frigorífico diversificó la producción y los mercados, e intenta lentamente incorporar valor agregado, con cortes diferenciados (Comerci, 2021).

Como se señaló en el apartado anterior, desde el año 2009, los esfuerzos por reorientar y coordinar las acciones en torno al desarrollo rural a escala nacional se ampliaron cuantitativa y cualitativamente. En este contexto, se generaron nuevos espacios institucionales con mayor participación ciudadana y foros de discusión como la Subsecretaría de Agricultura Familiar (luego con rango de Secretaría) y el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FONAF). Desde el INTA se crearon los Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (CIPAF), con amplia difusión territorial. En el plano regional del Mercosur, se creó la Reunión Especializada sobre la Agricultura Familiar (REAF), un foro que nuclea a productores familiares, organizaciones e instituciones que tiene como objetivo generar propuestas de políticas públicas para la agricultura familiar en la región. De este modo, distintos programas e instituciones especializadas en el agro emergieron en la nueva etapa intervencionista junto con la resignificación de las personas destinatarias de las políticas, que se desarrollará en el tercer capítulo.

Como indican Gisclard, Allaire y Cittadini (2015) la Secretaría de Agricultura Familiar se creó en pleno conflicto con los exportadores de soja. Esta decisión política fue finalmente implementada por el gobierno de Cristina Fernández (2008) en un contexto de crisis política e institucional por una resolución que transformaba las retenciones fijas a las exportaciones de los productos agrícolas en un esquema móvil. Este conflicto puso de manifiesto el enfrentamiento de dos modelos de país: por un lado, los sectores agrarios dominantes, que pretenden disponer de la alta renta que les da su inserción en el sector de mayor competitividad internacional, con una visión liberal de la economía que supondría luego un derrame al conjunto de la sociedad; y, por otro lado, la visión del gobierno que proponga un proyecto intervencionista que torno a una política distributiva.

Luego, en 2015, se promulgó la ley de reparación histórica de la Agricultura Familiar (Ley 27.118) que declaraba de interés público a la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (SAFCI). Entre los principales objetivos de la ley se destacaban promover el desarrollo humano integral y el bienestar de los productores y productoras, mediante la diversificación y la generación de empleo en el medio rural en armonía con la naturaleza; corregir disparidades del desarrollo regional a través de la atención diferenciada a las regiones con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable; contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria; valorizar la agricultura familiar en toda su diversidad, como sujeto prioritario de las políticas públicas y promover el desarrollo de los territorios rurales de todo el país, reconociendo y consolidando a la agricultura familiar y a las comunidades originarias como sujetos sociales protagónicos del espacio rural. Para este fin, se entiende por desarrollo rural, el proceso de transformaciones y organización del territorio, mediante políticas públicas con participación activa de comunidades rurales e interacción con el conjunto de la sociedad (Ley 27.118).

Con un “nuevo enfoque de trabajo territorial”, en el documento se mencionan los instrmentos —leyes aprobadas que promocionan estos sectores—, una propuesta de zonificación productiva en cada provincia e instituciones para llevar a cabo estos objetivos (INTA, SENASA, Municipios, Organizaciones de productores y el Coordinador SAFCI). Debe resaltarse el trabajo conjunto interinstitucional a través de redes con organizaciones de base y el uso de lenguaje inclusivo en el documento (Plan estratégico, 2020).

En este contexto se constituyó la cooperativa La Comunitaria, en la ciudad de General Pico. Es una cooperativa social y cultural de provisión de servicios surgida en el año 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández. Debido a la cantidad y variedad de proyectos artísticos, culturales y sociales que se “desprendían” de los grupos de teatro comunitario, se planteó la necesidad de centralizar todas las actividades en una figura legal, que permitió hacer visible la multiplicidad de trabajos realizados y una apertura muy importante a la comunidad, ya no sólo desde el teatro. Es así como surge la conformación de la “Cooperativa La Comunitaria de Provisión de Servicios Culturales y Sociales Ltda”. Los integrantes de esa cooperativa comenzaron a formar parte de la Secretaría de Agricultura Familiar en 2019, provocando un giro en la política pública nacional con la inclusión de movimientos de base.

De acuerdo con el testimonio de un coordinador de dicha Secretaría en La Pampa, el profesor Carlos Alainez—integrante además del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Cooperativa La Comunitaria—, las organizaciones sociales hicieron un acuerdo con el Frente de Todos para participar en la Secretaría de Agricultura Familiar, en caso de ganar las elecciones en 2019:

Y así es como terminamos como movimiento social dentro de una Secretaría del Estado nacional. Ya desde el 2017, desde el MTE (rama rural) nosotros estábamos en contacto con algunas familias del Oeste pampeano desde la Cooperativa La Comunitaria con la idea de organizar al sector con la economía social, había crianceros y gente desocupada o subocupada (…) Y así es como terminamos como movimiento social dentro de una Secretaría del Estado nacional.

Para el caso de La Pampa, se dividieron tres zonas, de acuerdo con regiones productivas. La zona 1, llamada “Oeste”, integra los departamentos Chicalcó, Puelén, Chalileo, Limay Mahuida, Curacó y Lihuel Calel. Cada zona está coordinada por un representante de la Agricultura Familiar y en la mesa de “desarrollo territorial” participan distintas instituciones nacionales (INTA, SENASA), municipales y organizaciones territoriales de la Secretaría de Agricultura Familiar. En este marco, bajo la gestión del MTE, se decidió replicar la Comunitaria en el oeste pampeano, es decir armar una cooperativa de trabajo para organizar las actividades en Santa Isabel y fortalecer lo colectivo. La mayoría de las y los socias/os participa en acciones comunitarias y recibe el salario social complementario que fue gestionado desde la Cooperativa.

La llegada al oeste del grupo que conforma la Cooperativa viene del contacto con un docente y productor del lugar, Jesús Fernández, quien presidió la organización en sus inicios. Muchas de las familias crianceras de la zona, que han migrado a Santa Isabel, enfrentan el desempleo y la imposibilidad de poder generar sus propios alimentos en el pueblo, de ahí que surge la iniciativa de atención colectiva de la producción de pollos y huevos junto al comedor comunitario. Quienes continúan en los puestos siguen padeciendo la histórica falta de agua y pasto y problemas en la comercialización de los chivitos, entre otros (García, 2021).

En cinco años (2019-2023), la cooperativa ha desarrollado una huerta comunitaria, recuperando un predio abandonado del municipio, abrió un local de comercialización de los productos de la huerta en el pueblo de Santa Isabel y llevó adelante la compra colectiva de granos a productores del este pampeano, gestionó la instalación de una planta de procesamiento de alimentos, entre otras actividades. A partir de ganar un programa llamado PROTAAL (2021) organizó en 2022 una planta de alimento balanceado, un sector de producción de huevos agroecológicos y la compra de dos camiones —de frío y doble propósito— con la finalidad de “tender puentes entre productores y productoras del este y el oeste”:

Además de mejorar la huerta comunitaria con el proyecto del PROTAAL vamos a hacer huevos agroecológicos, todo junto con la planta de alimento balanceado… esto va a requerir de compañeros capacitados y trabajar ahí a demanda… También la Cooperativa ganó un proyecto que es para comprar de un camión con acoplado mixto y otro de frio… El primero va a permitir llevar ganado en pie y cereales… así llevamos los chivos faenados en el frigorífico de Santa Isabel, los vendemos en el este pampeano y, a la vuelta compramos cereales de estos campos y complementamos este y Oeste con alimentos… Con flete propio vamos a buscar el maíz, el calcio, la alfalfa (profesor en Sociología, coordinador de la Secretaría zona Oeste, integrante del MTE Rural y de la Cooperativa La Comunitaria, entrevista realizada en septiembre de 2021).

Una socia de la cooperativa relataba:

Vamos a hacer corrales móviles porque los puesteros no tenemos para llenar un camión, tenemos cincuenta chivas y buscamos los de muchos… Solo haremos carnear en el frigorífico y luego vendemos nosotros. Ahí pasamos los chivos faenados al camión de frio para vender en el mercado municipal de Santa Rosa y en la feria de Pico. Y la idea es buscar verduras en las localidades de 25 de Mayo y La Adela para hacer conservas, etc… (Alejandra Domínguez, integrante del MTE Rural y de la Cooperativa La Comunitaria, entrevista realizada en septiembre de 2021).

De este modo, con el MTE integrado a la Secretaría de Agricultura Familiar, sin romantizar el proceso e identificando tensiones y problemáticas internas en el grupo, resulta interesante y novedoso para la región occidental el trabajo desde las organizaciones de base, pues se están generando prácticas y saberes colectivos que marcan un antes y un después en la política pública pampeana. El trabajo desde las organizaciones de base, con demandas de las familias productoras y el compromiso mutuo entre técnicas y técnicos territoriales, coordinadores e integrantes de la cooperativa ha permitido generar distintas actividades productivas y relaciones entre los espacios del este y el oeste pampeano.

En junio de 2022 se desarrolló en Santa Isabel el Plenario Regional del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de la rama rural, con la presencia de unas trescientas personas, productoras de alimentos de Mendoza, Neuquén, Buenos Aires y La Pampa (Figura 3). El Plenario promovió diálogos horizontales a través de metodologías participativas en las que cada región sintetizó en mapas qué produce, cuáles son sus problemas y qué propuestas piensan desde sus propios lugares (García, Comerci y Mostacero, 2022). Todas las regiones evidenciaron problemáticas rurales comunes, como la dificultad del acceso a la tierra y al agua, el agua salitrosa, el intercambio desigual, contratos de trabajo totalmente abusadores sin mediación del Estado, altos costos de los insumos de producción y, finalmente, la presión sobre la tierra que ejercen la megaminería y el negocio inmobiliario, lo que dificulta aún más el acceso a la tierra. Como posibles soluciones se planteó la creación de cooperativas de trabajo rural, la comercialización conjunta con precio justo, el reciclado de vidrio y dar más visibilidad al reclamo por sus derechos.

Figura 3. Plenario Regional del Movimiento de Trabajadores Excluidos en Santa Isabel

Fuente: fotografía capturada por la autora, 2023.

Se identificaron unos treinta puestos de la zona que pertenecen a La Comunitaria de La Puntilla, Santa Isabel, Algarrobo del Águila, Paso Maroma, Emilio Mitre, 25 de Mayo, Puelches y La Humada. En cuanto a las demandas y propuestas de las familias, se planteó el problema de la prohibición de la caza del puma y el zorro y la idea de hacer un “fondo compensatorio”, ante los animales perdidos por la actividad de este depredador. Otras dificultades que se visibilizaron en el taller fueron la falta de refugios para los animales; escasez de agua para el consumo doméstico y animal, problemas en la comercialización, como el bajo precio que consiguen por sus animales; no tienen vehículos apropiados para transportar chivos sin faenar y el frigorífico de Santa Isabel no recorre los puestos; ausencia de forraje, entre otros aspectos. Se demandó también un mayor control sanitario, mejoras en las viviendas y se señalaron las dificultades por el cierre de caminos y espacios de pastoreo ante el avance del cercamiento de los campos. Frente a cada problemática identificada se buscaron posibles soluciones a través de proyectos viables hacia el Estado o bien realización de actividades dentro del MTE.

Consideraciones finales

Los sujetos sociales, en su transformación diaria, son los que crean y reproducen, material y simbólicamente, la cultura institucional de las políticas públicas. La trama de lo social se construye y reproduce por la acción de los agentes, por medio de las reglas y los recursos que la historia de la sociedad ha estructurado en la cultura, la que, a su vez, se manifiesta en forma concreta en la figura de las instituciones (Vizer, 2003). El Estado es un actor central en la construcción de las políticas públicas, en especial, de las sociales. A través de su repertorio de políticas emerge un protagonismo en el conflicto distributivo y en la alteración o en la reproducción de las diversas formas de desigualdad social (Arcidiácono y Zibecchi, 2017).

En Argentina, los programas han promovido, durante las últimas tres décadas y en forma sistemática, metodologías de intervención grupales para brindar asistencia técnica, capacitación y financiamiento con el objeto de construir proyectos asociativos de diferente tipo, que integren a población rural vulnerable para mejorar sus condiciones de vida y sus capacidades de negociación y participación. Pero es durante la década de 2010 que la construcción de capital social se constituye en un objetivo y, a su vez, en un instrumento explícito de las intervenciones (Lattuada, Nogeira, y Urcorla, 2015).

Tras años de políticas neoliberales y luego de la crisis de 2001, se ha retomado la iniciativa política y el rol del Estado como ente regulador de la actividad económica (Cáceres, 2015). Sin embargo, en el campo argentino, la expansión de la frontera productiva, el avance del neoextractivismo y la apropiación de bienes comunes supusieron un intenso proceso de concentración económica y una redefinición de la estructura agraria que se expresan en los datos censales recientemente publicados (CNA, 2018).

Con relación a las políticas públicas aplicadas al agro en el país, se coincide con Gisclard, Allaire y Cittadini (2015) en que la institucionalización de la agricultura familiar y la nueva política rural no cuestionan el paradigma productivista-extractivista de la agricultura empresarial orientada hacia los mercados internacionales, de los cuales depende una parte de los recursos fiscales del Estado. Proponen, en realidad, una complementariedad entre los dos modelos: uno agro empresarial, deslocalizado y exportador, legitimado desde el Estado y otro familiar, territorializado, productor de alimentos y orientado al mercado interno.

Aunque es posible reconocer avances importantes en la visibilización de las realidades rurales, las heterogeneidades en el agro argentino y en la diversidad de la producción familiar, persisten problemáticas estructurales referidas al propio modelo de producción que establecen cómo, qué y para quién producir, que aún no han sido alteradas y solo asoman como una enunciación en las políticas públicas nacionales.

Se acuerda con Vizer (2003) en que las acciones, pueden estar dirigidas a mantener el statu quo o, por el contrario, a trasformar la realidad. Para lograr decisiones que generen políticas de intervención participativas que actúen sobre el sistema de acciones y, de este modo, mejoren las condiciones de vida de estos grupos, es necesario reconocer el rol de las instituciones y la sociedad local. El análisis de la cultura institucional de las políticas públicas permite comprender el significado de determinadas prácticas, el origen de algunas normativas, la existencia de singulares patrones culturales y racionalidades. Las instituciones cumplen un rol central en la conformación de las identidades individuales y colectivas, dado que introyectan valores, creencias, normas, ideas, tabúes, en los grupos sociales. “La reproducción sistemática de las instituciones por medio del registro- marca-relaciones entre elementos- genera evidencia real, simbólica e imaginaria (o bien la ilusión) de la permanencia” (Vizer; 2003, p. 139).

En el caso pampeano, el gobierno provincial continúa con la entrega de bienes de manera individual a ciertas familias productoras y para uso doméstico. Así, y en el marco de los mencionados programas nacionales PERMER y PISEAR se están gestionando los fondos nacionales para la instalación de pantallas solares en puestos, escuelas rurales, centros comunitarios y postas sanitarias en las zonas de Chacharramendi, La Humada, Chos Malal y Algarrobo del Águila. Las pantallas están destinadas a abastecer de luz a los puestos y, en el marco del segundo programa, para instalar freezers o calefones, de acuerdo con la elección de las familias productoras. Esas prácticas de asistencialismo forman un continuum desde la formación del Estado provincial en el oeste pampeano.

Un giro en la política pública se expresa actualmente en el caso de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que gestionada por organizaciones de base, está apuntando a la construcción de prácticas colectivas tendientes a buscar soluciones concretas a problemas estructurales del oeste pampeano, como son la comercialización y la dificultad de organizar el trabajo conjunto. Esto demuestra que cuando los grupos sociales movilizados, como el caso analizado de La Comunitaria, acceden a instancias oficiales de decisión, también producen cambios en las dinámicas socio-productivas, capaces de modificar prácticas y construir otras subjetivaciones hacia el interior de las políticas públicas, en una disputa constante por su sentido. En ese camino difícil y sinuoso, es necesario como dijo un entrevistado, “hacer puentes de la memoria con prácticas concretas”, cuestionar lo establecido e ir hacia los procesos estructurales que condicionan la vida social, ambiental y productiva en los territorios rurales.

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