La dimensión epistemológica
de la cuestión ambiental

Matthieu Hubert y Martín Prieto

Introducción

Nunca como ahora el lenguaje político estuvo tan impregnado de “ambientes” y “naturalezas”. Se suele pensar que la categoría de “problemas ambientales”, al ser un lente cada vez más familiar a través del que comprendemos el mundo y las dificultades que enfrentamos, se viene abriendo paso por la fuerza del descubrimiento objetivo y de la verdad. En realidad, su historia de conquista del imaginario colectivo tiene también mucho que ver con la lucha violenta. Mirándolo de cerca, si algo ha logrado instalar el pensamiento ambiental al interior del imaginario, no es tanto los términos del acuerdo sino los del conflicto: los consensos amplios son en realidad pocos y muy genéricos (hay que prestar atención al “ambiente”, adoptar prácticas “sostenibles” o tomar acción frente al calentamiento global) y las diferencias son muchas y profundas (quién es responsable, cuáles prácticas, cómo responder, qué es lo justo y qué es lo real). Cuando se quiere entrar en un régimen de mayor precisión que pueda movilizar respuestas colectivas y coherentes a sus problemas, el ambiente deja de ser un idioma cosmopolita. No solo no se adapta igual a todas las racionalidades en circulación, sino que, además, cuanta más profundidad se busca en la indagación de las raíces y las salidas a los problemas ambientales, surgen mayores necesidades de cambiar los paradigmas normales de sentido y problematización. Inevitablemente esto impulsa luchas políticas encarnizadas (o en muchos casos fuera de la política: físicas, enfrentamientos o guerras) por desplazar y emplazar conductas e intereses. Lo que está en juego no son ni más ni menos que las condiciones para hablar sobre qué es lo urgente y lo importante dentro de un espacio limitado de maniobra social.

En este capítulo, proponemos indagar los conflictos de ecología política desde la óptica de cómo se organizan y disputan en nuestras instituciones el rol del conocimiento experto y las formas de validación de saberes sobre el ambiente común. En otras palabras, es una indagación sobre la epistemología social, siendo el objetivo entender cómo las trayectorias de conflicto por el saber impactan en las trayectorias sociales y políticas que marcan el terreno de problematicidad ambiental. En ese sentido, nos inscribimos en la perspectiva de la socióloga Sheila Jasanoff, que considera que la vida pública y la construcción de lo común exige una generación constante de interdependencias entre las formas en que conocemos el mundo para gobernarlo y las formas en que gobernamos el mundo tal como lo conocemos (Jasanoff, 2013: 19). Dado que esta conexión es tan vital como compleja, toda reivindicación pública de la existencia de un problema común desencadena cuestiones relacionadas con la validez y legitimidad. Por lo tanto, es importante notar que nunca son los saberes “en sí mismos” los que permiten movilizar problemas y transformar el mundo, sino aquellos saberes jerarquizados por formas históricas de apropiación y validación. Pensar la dimensión del saber es entrar también en un universo de conflicto.

El artículo se divide en dos partes. En la primera parte, mostraremos cómo ha sido problematizado el rol del conocimiento experto en las controversias socioambientales: ¿Cómo ese conocimiento legitima la toma de decisión? ¿Qué expectativas y críticas genera? ¿Y cómo se diferencia de otros tipos de conocimientos? La segunda parte presenta algunas pistas de reflexión sobre la dimensión epistemológica de la cuestión ambiental y sus consecuencias políticas: ¿Cómo se toman en cuenta la pluralidad de perspectivas sobre los problemas ambientales? ¿Cómo se articula esa pluralidad con el ideal de cientificidad y cómo la objetividad misma se vuelve un objeto de controversia? Esas son algunas de las preguntas que abordaremos en las páginas siguientes.

El conocimiento experto en las controversias socioambientales

La multiplicación de las controversias socioambientales ha llevado a un cuestionamiento más general sobre el rol del conocimiento experto en la sociedad –un conocimiento que podemos definir, de manera muy amplia, como el saber especializado requerido para regular y controlar procesos naturales, tecnológicos y/o sociales. En esta sección, nos focalizamos en ese tipo de conocimiento con el objetivo de identificar algunos mecanismos típicos y modelos analíticos que permiten estudiar su rol en las controversias socioambientales.

Expectativas y críticas del conocimiento experto desde la sociedad

El conocimiento experto genera expectativas sociales importantes (Domènech, 2017). Se lo moviliza para anticipar, evitar o enfrentar las consecuencias de eventos naturales, tecnológicos o socio-económicos. Su rol tiene que ver con un supuesto control racional de esas consecuencias –es decir, un control que se sostiene por una legitimidad tecnocientífica (cf. Sección “La legitimidad del conocimiento experto y la decisión política”). Sin embargo, durante las últimas décadas, esa racionalidad ha sido cuestionada por diversos motivos y en múltiples ocasiones. Es el caso, por ejemplo, de los problemas socioambientales provocados por los desarrollos tecnológicos e industriales. En este tipo de situaciones, los expertos no siempre encuentran soluciones aceptables para manejar la multiplicación de contaminaciones y la proliferación de desechos y sus impactos sobre la salud humana, los ecosistemas y la biodiversidad.

Otro caso típico en el cual el conocimiento experto genera expectativas sociales insatisfechas son los accidentes tecnológicos mayores. Es el caso, por ejemplo, de los accidentes ocurridos en las centrales nucleares de Three Mile Island (Inglaterra, 1979), Chernóbil (Ucrania, 1986) o Fukushima (Japón, 2011), que cuestionaron la posibilidad de controlar una tecnología altamente compleja (con usos duales, civiles y bélicos) como la nuclear. Más recientemente, el cambio climático ha sido un nuevo campo de batalla para el conocimiento experto. Los pronósticos alarmistas de múltiples expertos como los del Panel Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC) han sido cuestionados durante décadas, sin convencer, hasta ahora, a los gobiernos, las empresas y los ciudadanos de cambiar sus modos de producción y consumo. Crisis sanitarias repetidas, como la gripe aviaria, el dengue, el virus ébola o, más recientemente, el covid-19, han mostrado que los expertos no encuentran soluciones definitivas para anticipar y prevenir la resurgencia de epidemias y pandemias.

Esos ejemplos revelan la existencia de un conjunto de críticas a la racionalidad experta. Una de las principales denuncias es la falta de transparencia de los procesos de evaluación, recomendación y toma de decisiones. Se critica también cómo se administran las soluciones propuestas por los expertos (qué se soluciona, con qué costo, que se deja afuera, de manera parcial o definitiva, etc.). Además, la simple afirmación de la cientificidad que sostiene la supuesta racionalidad experta tiene cada vez menos impacto en los ciudadanos, incluso cuando esta declaración viene de reconocidos científicos, tecnólogos o intelectuales, y este fenómeno está acentuado por la multiplicación de las fuentes de información. Es el caso, por ejemplo, de los problemas socioeconómicos generados por los propios cambios tecnológicos y las innovaciones financieras, donde se critican los expertos por su incapacidad a anticipar las crisis financieras mayores (como la de 2008, generada a partir de la creación y proliferación de un instrumento financiero llamado “subprimes”) o las transformaciones del trabajo por las nuevas tecnologías digitales (economía de plataformas, inteligencia artificial, etc.).

En una sociedad cada vez más educada e informada, resulta difícil de imaginar que las decisiones que afectan a todas las personas e, incluso, a las generaciones futuras, deban ser tomadas solo de manera tecnocrática por algunos expertos (Vinck, 2014). Existe una obligación cada vez mayor de explicitar, explicar y justificar los conocimientos producidos y utilizados, para que éstos puedan ser evaluados y eventualmente criticados por la sociedad^[1]. Además, cabe destacar el rol creciente del conocimiento producido por parte de numerosos actores sociales (ONG, asociaciones ambientalistas o agrupaciones de vecinos afectados por los impactos de infraestructuras de transporte, de emprendimientos industriales o energéticos, etc.) que tiene impacto en el debate público sin tener la legitimidad que otorga una institución tecnocientífica (ver sección “La legitimidad del conocimiento experto y la decisión política”).

Esas críticas del conocimiento experto, asociadas a disputas y controversias sobre el valor y la utilidad de desarrollos tecnológicos con alto impacto socioambiental, han llevado una ética basada en la precaución y la responsabilidad (ver sección siguiente). También han llevado a la creación de nuevos dispositivos de regulación y de participación ciudadana. Esos dispositivos están concebidos como modelos alternativos al modelo de la experticia científica y técnica clásica, basándose sobre una doble exigencia: por un lado, ejercer el control sobre el posible contenido implícito o tácito de los conocimientos especializados (o expertos) y, por el otro, tener en cuenta la diversidad de los conocimientos, incluido los de los ciudadanos, producto de su propia experiencia vivida (conocimiento a veces llamado “lego” o “experiencial”).

Esta doble exigencia lleva a preguntarse sobre la manera de organizar la participación ciudadana: ¿cuáles son los dispositivos y las reglas necesarias para la participación de no-especialistas en debates y/o decisiones sobre temas científicos y tecnológicos? Las conferencias de ciudadanos realizadas en varios países del mundo muestran que los no-especialistas son capaces de comprender los problemas y las cuestiones difíciles sin recurrir a posiciones simplistas o bipolarizadas (“a favor” o “en contra”). Uno de las dificultades principales es la manera de seleccionar y formar los no-especialistas: ¿cómo asegurar una formación pluralista que no reproduce las limitaciones de la especialización científica y/o técnica? Para retomar estas cuestiones de forma más sistemática, es necesario esbozar algunos conceptos y mecanismos básicos relativos a modelos de toma de decisiones y el llamado “principio de precaución”.

Los modelos de toma de decisiones bajo el principio de precaución

Como vimos en la sección anterior, el conocimiento experto es criticado por múltiples razones y actores sociales. Desde las ciencias humanas y sociales también, el conocimiento experto ha sido cuestionado, en particular por sus relaciones complejas y ambiguas con la toma de decisión política. El filósofo alemán Jürgen Habermas (1968) ha sido uno de los pioneros en la reflexión sobre esas cuestiones. En particular, diferencia tres modelos de toma de decisiones: el modelo decisionista, donde la decisión se basa en criterios puramente políticos; el modelo tecnocrático, en el cual la decisión se apoya sobre la creencia de un conocimiento objetivo de los hechos, formulado por los expertos; y, finalmente, el modelo que el filósofo alemán llama “pragmático”, donde la decisión se basa en los aprendizajes mutuos y el diálogo entre expertos y no-especialistas.

Ese modelo pragmático se diferencia del modelo tecnocrático en la medida que las discusiones contradictorias entre expertos de varias especialidades y no-especialistas abren un espacio de debate y de regulación intermediario entre el mundo científico y el Estado. Esta apertura cuestiona la ciencia en su pretensión de decir la verdad y, eventualmente, impacta su imagen, su rol y su poder en la sociedad, mientras que al mismo tiempo proporciona nuevos recursos a los científicos y técnicos, ya que, como veremos, abre la oportunidad para el desarrollo de nuevos modos de producción y uso del conocimiento científico llamados “ciencia abierta”, “ciencia ciudadana” o “ciencia participativa”.

Ese movimiento de democratización del conocimiento se inscribe en una reflexión más amplia y profunda, cuyos orígenes son múltiples. Uno de esos orígenes tiene que ver con el llamado “principio de precaución”. Formalizado en la Convención de Río en 1992, es un principio filosófico que se ha aplicado de diversas maneras en todo el mundo. Se puede definir de la siguiente manera: la falta de certeza, teniendo en cuenta el estado de los conocimientos científicos y técnicos en un momento dado, no debe retrasar la adopción de medidas efectivas y proporcionadas para prevenir el riesgo de daños graves e irreversibles al medioambiente, a un costo socioeconómicamente aceptable. El principio de precaución sugiere interacciones entre conocimiento y acción, así como la preocupación temprana (es decir, anticipada) por los riesgos hipotéticos de daños graves con el fin de prevenirlos. No se trata, a priori, de detener los avances tecnocientíficos en curso, sino sólo abordar los riesgos potenciales de manera anticipada.

Las implicaciones prácticas de la aplicación del principio de precaución son múltiples: la comparación sistemática de opciones tecnológicas alternativas y la consideración de sustitutos potencialmente favorables (en particular en términos de reversibilidad, flexibilidad, resistencia, mayor diversidad biológica o cultural, etc.); la consideración de los efectos indirectos, como la acumulación, la aglomeración y la descomposición de cualquier innovación tecnológica y sus interacciones con el medioambiente (teniendo en cuenta el ciclo de vida completo de la tecnología); una prioridad otorgada al seguimiento sistemático y la vigilancia local más que a la modelización teórica; la inclusión de las opiniones científicas divergentes (incluso si son minoritarias) en la toma de decisión; la inclusión de los conocimientos procedentes de experiencias ciudadanas pertinentes que van más allá de los conocimientos académicos; una amplia participación y deliberación ciudadana sobre las justificaciones sociales, los posibles beneficios, riesgos y costos, con el fin de proporcionar una validación independiente de la formulación del problema y de los intereses sociales (institucionales, disciplinarios, económicos y políticos); la consideración de la gama más amplia posible de incertidumbres, sensibilidades y posibles escenarios a futuro desde los primeros avances tecnológicos.

Algunos científicos, políticos e industriales temen que una interpretación excesivamente cautelosa del principio de precaución pueda llevar a desalentar el progreso y privar a la humanidad de sus beneficios, en particular aumentando la aversión al riesgo por parte de los responsables de la toma de decisiones en las instituciones públicas y privadas^[2].

La legitimidad del conocimiento experto y la decisión política

La legitimidad del conocimiento experto tiene dos fuentes importantes (Vinck, 2014). Por un lado, el manejo de un conjunto de conocimientos especializados, ya que los expertos actúan sobre la base de los conocimientos acumulados por una disciplina científica o una especialidad técnica. Por otro lado, el integrar una institución, ya que parte del peso que tienen sus afirmaciones tiene que ver con el hecho de que actúan en nombre de un organismo científico o técnico. Esa doble garantía –el uso de conocimientos especializados y la pertenencia a una institución tecnocientífica- hace que los expertos no tengan que re-demostrar la validez de los conocimientos científicos (teóricos o empíricos) que utilizan o de las soluciones técnicas que proponen cada vez que las usan^[3]. En ese sentido, el uso del conocimiento en un contexto de experticia es muy diferente del uso que tiene en las comunidades científicas, donde el mismo conocimiento puede ser (y, de alguna manera, deber ser) discutido y, eventualmente, refutado.

En continuidad con el trabajo de Habermas mencionado anteriormente y teniendo en cuenta que el modelo decisionista no implica ninguna participación de los expertos, la bibliografía sobre experticia propone dos modelos opuestos para dar cuenta de la relación entre conocimiento experto y decisión política (Callon et al., 2009). Un primer modelo se basa en fronteras claras entre expertos y responsables de la toma de decisiones, de modo que el conocimiento experto proporcionado sea independiente y no haya confusión de funciones entre los expertos y los que toman las decisiones políticas. En ese marco, el conocimiento experto es el producto de una discusión argumentada entre especialistas. El punto importante es que los productos de la experticia (incluso bajo la forma de recomendaciones) no pueden imponer una decisión política, porque el contexto y los efectos de las decisiones políticas siempre exceden (en parte, por lo menos) las condiciones de validez del conocimiento experto.

El segundo modelo, en continuidad con el modelo pragmático de Habermas, pone un mayor énfasis en el debate, las prácticas deliberativas y la diversidad de los participantes a la producción de conocimiento experto y a la toma de decisión política. Se basa entonces en una mayor participación de actores diversos, expertos o no, ciudadanos afectados, representantes de intereses y especialistas provenientes de varias disciplinas con el fin de formular el problema de diferentes maneras e inventar una pluralidad de soluciones nuevas. Ese modelo trata de abrir la “caja negra” de los conocimientos técnicos a grupos con conocimientos experienciales e intereses locales específicos, en el marco de debates públicos, conferencias de ciudadanos u otros tipos de dispositivos participativos. En esa perspectiva, los instrumentos que permiten y organizan la participación tienen un rol mayor, ya que producen conclusiones y recomendaciones que, supuestamente, resultarían aún más sólidas y pertinentes porque son el resultado de la confrontación democrática; en cambio, al contrario del primer modelo, la objetivación del problema por los expertos por sí sola no es suficiente para garantizar la robustez de las decisiones y el lugar privilegiado dado a la palabra de los expertos tiende a desaparecer (Barbier et al., 2013)^[4].

Demarcación entre conocimiento experto y no-experto

Aunque varios autores subrayan la contribución de los no-científicos (o no-expertos) a la producción de conocimientos, otros critican ese sesgo considerado como “relativista”. Estos últimos valoran, en cambio, la especificidad del conocimiento científico y técnico; desarrollan teorías y modelos que restablecen las fronteras entre conocimiento experto (o científico) y otros tipos de saberes (en particular, los saberes “experienciales”, es decir, los saberes vinculados con la experiencia vivida –por ejemplo, el conocimiento acumulado por las personas que están directamente afectadas por los problemas ambientales considerados).

De nuevo, se pueden distinguir principalmente dos posturas para analizar esa demarcación entre conocimiento experto y otros tipos de saberes. Por un lado, una postura que puede calificarse de normativa argumenta a favor de una distinción clara entre experto y no-especialista en relación con las responsabilidades y los derechos de cada uno (Collins y Evans, 2002). Promueve una teoría normativa del conocimiento experto como una vía intermediaria entre dos tipos de abordajes que considera como excesivos: el cientificismo y el relativismo. Por el otro lado, la postura co–produccionista permite analizar esa misma demarcación entre conocimiento experto y otros tipos de saberes sin adoptar un enfoque normativo. Esa postura analítica muestra que los actores se esfuerzan incesantemente por construir y de-construir las fronteras entre ciencia y política^[5]. Sugiere entonces analizar los procesos de diferenciación y acercamiento entre los diferentes tipos de conocimiento, que pueden ser producto de distintas especialidades y disciplinas, o incluso fruto de la experiencia vivida por las personas afectadas (víctimas directas o indirectas del daño ambiental) o involucradas (militantes, por ejemplo). Así, por ejemplo, los trabajos de Sheila Jasanoff (2004) muestran la producción conjunta (o co-producción) del conocimiento experto y de las políticas públicas, a partir de varias investigaciones sobre el conocimiento producido por agencias estatales de regulación y de control en Europa, Estados-Unidos y otros países del Sur global.

Las posturas normativa y co-produccionista se focalizan principalmente en el conocimiento producido y sus usos. Otra posibilidad analítica es focalizarse en la práctica experta: ¿qué hacen los expertos? En esa perspectiva, se estudia el rol y la función del conocimiento experto dando cuenta del trabajo concreto de los expertos–un trabajo que, en muchos casos, es colectivo y ocurre en el seno de algún tipo de “Comité”^[6]. Los estudios que adoptan esa perspectiva destacan distintos aspectos del trabajo colectivo de los expertos (Vinck, 2014).

Primero, los expertos no cumplen un rol predefinido que esté determinado por el mandato que recibieron o por sus cualificaciones, sus competencias, sus experiencias previas o su pertenencia institucional; al contrario, el reparto de roles y responsabilidades es el producto de una negociación llevada a cabo con los tomadores de decisiones (Granjou, 2004). Además, su participación en estos Comités responde a intereses y estrategias profesionales que pueden variar en el tiempo (por ejemplo, pueden dejar este rol cuando el trabajo no resulta compatible con un nuevo cargo institucional o no es coherente con su propio programa de investigación).

Segundo, el conocimiento experto es también el fruto de aprendizajes, apropiaciones y negociaciones entre miembros del Comité. En ese sentido, los expertos no son los únicos soportes del conocimiento usado y producido dentro del Comité. Por lo tanto, el conocimiento experto que circula dentro del Comité depende menos de un corpus de conocimientos científicos y técnicos que traen los expertos adentro que de sus capacidades argumentativas (Vinck, 2014). En ese sentido, objetar y convencer tienen un peso importante a la hora de definir el conocimiento experto producido colectivamente. No importa tanto como el experto se representa lo que es un conocimiento experto válido, sino el proceso de intercambio y construcción colectiva de un consenso adentro del Comité.

Tercero, evaluar el nivel de duda o incertidumbre sobre la validez del conocimiento producido es una actividad central del Comité (Granjou, 2004). Requiere establecer reglas de funcionamiento comunes. Esas reglas no están definidas a priori y tienen que ver con la manera de cuestionar y evaluar las pruebas, definir las condiciones a partir de las cuales un conjunto de índices y pistas permiten confirmar una hipótesis y, finalmente, reflexionar colectivamente sobre el nivel de prueba requerido para llegar a lo que será una afirmación consensual y una recomendación del Comité. De esa manera, pueden manejar las inevitables asimetrías de información entre expertos de varias especializaciones y trayectorias. Además, en su comunicación hacia el exterior (informes finales, etc.), los expertos del Comité suelen matizar sus propias afirmaciones colectivas, subrayando la ausencia parcial de datos, la posibilidad de resultados inesperados y la existencia de ciertas divergencias entre los miembros del Comité o con otros expertos afuera del Comité.

Finalmente, la proliferación de dispositivos colectivos como los Comités, donde se discuten la validez del conocimiento experto y su posible traducción en una recomendación política, ha dado lugar al desarrollo y la institucionalización de un nuevo régimen de actividad científica: la “ciencia reglamentaria” (o “ciencia regulatoria”) –es decir, un régimen de actividad científica en el cual se producen conocimientos que tienen por objetivo identificar los peligros y evaluar los riesgos y los beneficios, ya sea que estén relacionados con los fenómenos naturales o con la acción humana (Joly, 2016). La ciencia reglamentaria corresponde a una forma de institucionalización de la experticia y de sus relaciones con la toma de decisiones, por lo que muy a menudo se recurre a ella para la resolución de las controversias socioambientales.

La dimensión epistemológica de la cuestión ambiental

En la parte anterior nos focalizamos en el conocimiento experto con el objetivo de identificar algunos mecanismos típicos y modelos analíticos que permiten estudiar su rol en las controversias socioambientales. En esa parte, tomamos la complejidad de los conflictos socioambientales como un punto de partida para reflexionar sobre la dificultad que representa el acto de hablar en nombre de la realidad –sobre todo, en nombre de aquella versión de la realidad que suponemos más real: externa, unificada y organizada. La complicación empieza porque no hay noción de realidad sin mediación de un saber y porque no disponemos de un saber humano que funcione exactamente igual para toda escala, contexto o persona. Por ello es natural que existan múltiples tipos de saberes coexistiendo en la trama de la vida colectiva, según la situación y el propósito, o incluso las experiencias personales desde las que se parte. En las páginas siguientes, presentaremos algunas pistas de reflexión sobre la dimensión epistemológica de la cuestión ambiental y sus consecuencias políticas: ¿Cómo se toman en cuenta la pluralidad de perspectivas sobre los problemas ambientales? ¿Cómo se articula esa pluralidad con el ideal de cientificidad y cómo la objetividad misma se vuelve un objeto de controversia?

La pluralidad de perspectivas sobre los problemas ambientales

Cuando sobre un mismo asunto se concentran perspectivas y propósitos distintos, se argumenta que su manejo implica consecuencias amplias sobre el campo social y se demanda intervención pública (ver primera parte), se activa un tipo de conflicto que escala los vínculos entre saber y realidad a otro nivel y lo obligan a adoptar nuevas lógicas. Así, por ejemplo, los problemas derivados de afirmaciones sobre los impactos a la salud y la biodiversidad de los plaguicidas industriales, sobre las proyecciones de calentamiento global o su relación necesaria con el sistema capitalista, se arraigan en algo más que la sumatoria de percepciones sociales. Para competir por la realidad pública se requiere entrar en un régimen más sistemático y fundamentado: de correlaciones pasamos a hipótesis causales, de informes a explicaciones, de preferencias a demostraciones.

Cuando surge la lógica de lo público surge entonces la lógica del conocimiento. Este es un nivel del saber que se forma entre y por encima de los saberes privados y particulares. Conocimiento sería entonces la etiqueta social que designa aquella forma de significar y valorar un saber con la autoridad inter-personal para mediar los conflictos entre los múltiples saberes existentes y la autonomía contextual para ofrecer una visión integrada de la realidad colectiva. En este sentido conlleva siempre algo más que información instrumental sobre los objetos, porta información implícita sobre los sujetos y para los sujetos: ideas acerca de que la forma en que se produjo y se aprobó un saber lo reviste de legitimidad (es decir, alcanza los estándares sociales para la búsqueda de lo común) y, por lo tanto, que toda persona estaría obligada a aceptarlo a pesar de la posibilidad de error e incluso por sobre otros saberes que le podrían resultar directamente más útiles.

Por esto es que el proceso de producción de conocimiento no solo genera representaciones sobre la organización del entorno en que se desarrolla una comunidad, sino que también el proceso mismo representa las ideas de organización de comunidad. En este sentido, el conocimiento es en sí mismo una imagen del régimen de interacción entre comunidades y entornos, de las formas en que se puede investigar una realidad común según cómo estamos organizados para relacionarnos activamente con ella. Esta re-presentación por vía del conocimiento no es solo reproductora del estado de cosas sino también creadora. La circulación de conocimiento en la práctica y en las instituciones activa una operación de doble vía en la que continuamente se tejen conexiones entre lo regular y lo regulable, el entorno externo en el que podemos actuar y en el deberíamos actuar en tanto se corresponde con interpretaciones legítimas del mismo. Mediante esta operación constante se van sedimentando pautas de acción-interpretación, que definen ese “nosotros” histórico que en cada caso funciona como sujeto de los problemas ambientales. Del mismo modo, por el devenir histórico, todo cambio de fase que se produce en las formas de interacción material-energética con los entornos o en la interacción moral y social entre las personas imprime su huella en las formas de conocimiento, así como los cambios en las lógicas de conocimiento impactan en otros aspectos de organización de la vida colectiva. Como señala Sheila Jasanoff:

Las dinámicas de la política y el poder, al igual que las de la cultura, parecen imposibles de separar de las amplias corrientes del cambio científico y tecnológico. Es a través del compromiso sistemático con el mundo natural y el entorno físico manufacturado que los sistemas de gobierno modernos definen y refinan los significados de la ciudadanía y la responsabilidad cívica, las solidaridades de la nación y los grupos de interés, los límites de lo público y lo privado, las posibilidades de libertad y la necesidad de control. Lo que sabemos sobre el mundo está íntimamente ligado a nuestro sentido de lo que podemos hacer al respecto, así como a la legitimidad percibida de actores, instrumentos y cursos de acción específicos (Jasanoff, 2004, p. 14).

Mirar cómo estos esquemas de acción colectiva en entornos comunes se inscriben y circulan en los conocimientos es crucial para entender cómo predicamos problemas ambientales y los dilemas típicos que surgen de esto. Justamente, una oportunidad para mirar de cerca estas conexiones es en los momentos de controversia socioambiental, cuando la polémica fuerza a explicitar y poner a prueba los fundamentos de las propuestas de conocimiento. En estos momentos la discusión social se vuelve epistemológica.

Las dinámicas de las controversias socioambientales

El conflicto epistemológico es una expresión irreductible de la vida en sociedad –y especialmente de la vida en democracia- porque toda reivindicación de conocimiento es a la vez una forma de hablar sobre los elementos de la realidad común y un elemento más en esa realidad. En este punto aparece la cuestión de por qué el desacuerdo no es permanente y la vida en sociedad es posible. En parte, tiene que ver con el peso natural de las instituciones y la rutina, que hace que las corrientes dominantes de epistemología social queden generalmente implícitas en las prácticas cotidianas y se normalicen como “sentido común”. Una narrativa epistemológica muy instalada en el sentido común occidental es que la institucionalización de los estándares de conocimiento actuales (el ideal científico) se debe a la existencia de una demostración definitiva (práctica y teórica) de que la ciencia es la forma humana más racional de representar la realidad común. Sin embargo, una evidencia de que esta demostración nunca se ha logrado está en que, en las subcorrientes de la epistemología académica, el problema de la fundamentación del conocimiento público en la ciencia permanece como uno cada vez más abierto y sujeto a conflictos de fondo.

En un contexto donde las cuestiones ambientales traen discusiones renovadas y urgentes sobre lo común, y funcionan como potentes catalizadores de controversias socioambientales, los problemas epistemológicos aparecen cada vez más seguido en el centro de la escena pública exigiendo un mayor ida y vuelta entre pensamiento filosófico y organización social. Sobre todo, porque en momentos políticos altamente reflexivos no solamente se exponen los contenidos que tienen los fundamentos del conocimiento sino también los lenguajes mismos que usamos para hablar sobre fundamentos. Acá volvemos a prestar atención al hecho de que sólo unos pocos lenguajes de los muchos existentes moldean la conversación pública. Como recuerdan Sousa Santos, Meneses y Nunes (2004), ante la pluralidad de perspectivas en competencia por lo común es inevitable jerarquizar y elegir, y la cuestión que se nos plantea en la práctica es cómo hacerlo en el contexto de una racionalidad pública inestable y abierta. El problema de la competencia entre lenguajes de racionalidad nos lleva entonces a un desenlace inevitablemente violento o inevitablemente filosófico.

En principio, reconocer este hecho es fundamental para comprender la lógica de numerosos conflictos de ecología política, donde si en un nivel explícito se lucha por la distribución de los beneficios y costos ambientales, en uno implícito se está luchando también por la distribución y el reconocimiento de formas de significar, valorizar y apropiarse de aquello (la “naturaleza”, el “ambiente”, lo “común”) que puede ser distribuido. Atento a esto, el economista ambiental Martínez-Alier caracterizó a la ecología política como el ámbito de conflictos sobre los lenguajes del ambiente: quién tiene el poder de procedimiento para determinar el resultado final en una discusión ambiental, quién tiene la capacidad de reducir la complejidad, poniendo algunos puntos de vista fuera de orden (Martínez Alier, 2002).

En tanto todo conflicto de ecología política contiene una dimensión epistemológica central, puesto que ella se halla presente en las normas que regulan las interacciones entre humanos y entornos, por esto mismo dichos conflictos tratan siempre sobre las instituciones, entendidas en sentido amplio: no solo organismos y leyes, sino en general toda forma de actuar, pensar y sentir que se impone históricamente a las personas. Desde este marco podemos indagar algunos conflictos contemporáneos sobre problemáticas ambientales viendo cómo operan en ellos los registros epistemológicos dominantes, de modo de comprender mejor tanto las trayectorias presentes de los conflictos como los motivos y alcances de los reclamos por el cambio en las formas conocimiento como medio de enfrentar la crisis.

Los problemas ambientales bajo el ideal de cientificidad

Como ha señalado el sociólogo Steven Yearley, las problemáticas ambientales, a diferencia de otras problemáticas sociales originadas en cuestiones morales, han emergido en la escena pública mucho más dependientes de la ciencia para su identificación y argumentación (Yearley, 2005, véase también Beck, 2014; Hannigan, 1995). Esta dependencia se explica de dos maneras. En un sentido más específico, “hechos” como los impactos negativos de sustancias industriales para la salud y la biodiversidad, el traspaso de límites ecológicos a la actividad humana, el crecimiento del agujero de ozono o el calentamiento global, tienen su origen histórico en investigaciones científicas. En un sentido más general, histórico y también normativo, existe una dependencia social de un ideal que indica que la ciencia es el medio social óptimo para resolver diferencias de interpretación sobre asuntos de hecho.

Por estos motivos, el modelo que predomina a la hora de orientar los conflictos públicos por la definición de problemáticas ambientales es uno de cientifización (o modelo tecnocrático, ver primera sección). Este modelo nos dice que, allí donde la política se muestra impotente para gestionar el pluralismo y concertar posiciones, la investigación científica es el punto de palanca sobre el que hay que concentrar los esfuerzos colectivos con el fin de reducir el antagonismo y orientar la decisión sobre el asunto en cuestión. El juicio científico influiría entonces en las distintas dimensiones de desacuerdo ofreciendo conocimiento acerca de si los hechos que se alegan alrededor de una postura moral realmente existen, cuáles son las soluciones empíricas posibles, cómo dichas soluciones pueden ser obtenidas y cuál es el grado de certeza sobre las consecuencias de realizar u omitir una acción (Rykiel et al., 2002). Esto, se espera, habría de funcionar como facilitador político, ayudando a constituir la arena de desacuerdo razonable, calibrar la negociación de intereses y la valoración de costos y beneficios en la selección de cursos de acción.

Buena parte del atractivo que la ciencia tiene para la racionalidad política dominante en las democracias liberales pasa por su base epistemológica. En casos de interés público, la prioridad social que se da a la práctica científica por sobre otras prácticas no tiene tanto que ver con la expectativa de un juicio perfecto e infalible, posibilidad totalmente ajena a cualquier forma de saber, sino con la producción de algo más terrenal: objetividad. El tronco del argumento tradicional de la objetividad nos dice que la ciencia “experta” es aquella forma de producción y selección de saberes que, dadas sus reglas profesionales o sus métodos basados en el escepticismo crítico y el control experimental, excluyen intereses políticos o ideológicos de la lógica de selección.

Ciencia y política

En virtud de su capacidad de ofrecerse al control social simétrico e independiente, esta lógica de producción de saber es tomada como un oasis de imparcialidad en medio del masivo choque de perspectivas interesadas y, por lo tanto, es la que despierta compulsión a buscarla por las partes opuestas en el conflicto político. Más que la correspondencia con los fenómenos externos, criterio necesario pero siempre falible, este aspecto convivencial del ideal científico conlleva un principio social algo más estable: que, del conjunto de saberes que pueden resultar fiables a distintas personas según sus contextos y propósitos, solo el juicio objetivo acerca de los hechos es aquel que es justo aceptar. Así lo comenta el filósofo y politólogo Yaron Ezrahi:

El atractivo de la ciencia como empresa cultural reside precisamente en las relaciones especiales entre la crítica y la certificación; en la noción de que la crítica como forma de conflicto es el método a través del cual se produce el consenso racional autorizado sobre las verdades: en la ciencia, la crítica, en la medida en que sirve al avance del conocimiento, es simultáneamente una negación y una afirmación constructiva de autoridad. Como un universo distintivo de discurso y una forma particular de asociación de las personas, la ciencia, entonces, no ha sido considerada solamente como la búsqueda cooperativa de un tipo especial de conocimiento. En el contexto de la política se puede estudiar el lugar y el impacto de la ciencia como un ejemplo o incluso una prueba que demuestra la viabilidad de un conjunto de normas culturales de discurso y asociación que se perciben socialmente como relevantes para las formas en que las personas organizan y conducen su vida pública (Ezrahi, 1980, p. 44).

Esta lógica de objetividad resulta especialmente atractiva para las variantes liberales de la democracia, formas dominantes en las instituciones occidentales contemporáneas. La democracia liberal es aquella que entiende que la construcción del sistema social tiene como base a los individuos, al valor de su privacidad y su derecho de perseguir la riqueza y los ideales propios de una buena vida. Esta construcción política incluye al Estado y los aparatos de gobierno, que aparecen a la vez como necesidad para la regulación de la vida civil y como constante amenaza a la misma (Gray, 1986: 91). Aunque no designan lo mismo, históricamente el desarrollo del liberalismo está asociado al del capitalismo. Impulsadas por la burguesía moderna, ambas tendencias se reforzaron mutuamente para promover la legitimidad del individuo como eje de innovación política y la expansión tecnológica como eje de la producción, intercambio y acumulación privada de riquezas. Estas asociaciones resuenan en el ideal de objetividad como imparcialidad. Tanto en el pensamiento científico como en el político, el imaginario individualista de una reunión de subjetividades libres compitiendo y cooperando para maximizar la capacidad de control y de progreso, es constitutivo de la idea de sociedad como un ámbito sui generis de moralidad y voluntad separado de una naturaleza externa e inerte, puesto que esta idea justifica al mismo tiempo la posibilidad de un saber neutro sobre la misma y la posibilidad de su apropiación instrumental ilimitada.

Así es que la práctica científica, interpretada bajo esta epistemología, ha servido como contrapeso estabilizador y justificador del poder de gobierno en las democracias liberales y representativas. Este punto ayuda a aclarar algunas confusiones comunes. Como señala la epistemóloga Elizabeth Anderson (2004), el engranaje de la objetividad solo funciona desde una doble dirección: la ciencia estará libre de política si y solo si la política está libre de ciencia. En esta diferencia lo político retiene una materia propia: los asuntos de valor, de interés o de poder.

Una vez que entendemos el imaginario epistemológico en relación constitutiva con un imaginario político solidario (y el de la objetividad con uno de subjetividad), tenemos que el modelo de cientifización de las controversias no parte de una independencia pura y a priori de la práctica científica con la práctica política, sino más bien de una interdependencia bajo un formato “exógeno”, definido por lógicas características de toma de decisión social y transferencia de información. Bajo estas lógicas, como diría el sociólogo Max Weber, a la ciencia le corresponde el reino de los medios y a la política el reino de los fines (Weber, 1985). Esto funciona a una escala amplia: el ideal de la ciencia sin política no puede establecer el contenido de decisiones específicas, que se alcanzan siempre incorporando elementos de coyuntura, sino que fija el marco y el rango dentro el cual podemos llegar a ellas. Entre otras cosas, lo hace incluyendo ciertas voces en la conversación pública y dejando afuera otras. En este sentido el lenguaje de objetividad científica sirve para gestionar el conflicto más que para eliminarlo de raíz, gestión que se vuelve posible siempre que se impongan a las voces antagónicas los mismos presupuestos de base. El modelo de cientifización establece así que el camino de validación pública de un problema ambiental (por ejemplo, uno relacionado a la contaminación del medio natural, sus costos y beneficios) debe excluir aquellas perspectivas que no separan las premisas sobre lo que sucede en el entorno de las premisas acerca de cómo sería deseable vivir juntos en él.

El punto central en esto es que dicha separación sólo funciona al interior de los acuerdos históricos que caracterizan los modos de interacción entre organizaciones humanas y entornos no humanos propios de las sociedades liberal-democráticas. Y así, las controversias que asumen el lenguaje epistemológico de la objetividad son una forma de reforzar dichos acuerdos, y de reproducir formatos generales en que podemos hablar de problemas del ambiente común según el tipo de respuesta organizada que se puede dar a ellos. Entonces, esta separación no es en sí misma lo característico del modelo de cientificidad, puesto que todas las culturas históricas hacen en algún punto esta distinción para perseguir objetivos cognitivos; lo característico son las normas y prácticas por medio de las cuales esto se puede lograr (las lógicas individualistas, las formas de definir conocimientos y vincularlos con la definición política para construir lo común), así como sus efectos típicos resultantes^[7].

La objetividad como objeto de controversias

Este ideal epistemológico, como todo ideal propio de una cultura, solo se sostiene en el tiempo si sirve para guiar y mejorar la práctica real en sus contextos de cambio y presión constante. Si miramos de cerca el desempeño práctico de este ideal, sin embargo, vemos que nunca como en el presente los grupos científicos estuvieron tan expuestos a niveles tan punzantes de atención y crítica pública sobre los fundamentos de sus juicios y consensos. Y también que:

Aunque desde la imagen convencional se atribuye a los científicos, en cuanto proveedores de experticia, un mayor grado de objetividad y neutralidad que el de otros actores sociales, en la mayor parte de controversias científico-tecnológicas públicas puede observarse un hecho flagrante que, como mínimo, pone en duda esa perspectiva: en la mayoría de controversias públicas es posible encontrar científicos en los distintos lados de la contienda (Aibar, 2002, p. 112).

Como se señaló en la primera parte, esta situación de exposición, desacuerdo y exigencia pública lleva a frenar el curso rutinario de la producción de conocimiento y abrir sus “cajas negras”. Esto tiene un potencial productivo, relacionado a la visibilización de situaciones normalmente no consideradas, el dimensionamiento de nuevos cursos de interpretación que puedan resultar potencialmente más eficaces, la apertura de las inferencias de los grupos expertos a la ciudadanía y el pulido de razones que justificarían mejor a una u otra posición (Merlinsky, 2021). Pero estas situaciones también encierran un importante potencial improductivo^[8]. Este se puede notar en cuanto, al aparecer estas diferencias de interpretación entre los grupos científicos, el asunto de controversia se traslada a los presupuestos metodológicos de cada parte, el cual también deja un saldo irreductible de posiciones contrarias. Acá la cuestión pasa por demostrar qué es un paso debido o indebido en las inferencias que llevan a una afirmación objetiva. Y en este punto las consideraciones que los mismos expertos suelen echar mano para argumentar su desacuerdo ya no corresponden tanto al léxico de la imparcialidad sino a las que pensamos más propio del campo político: se discute sobre cuáles son los hechos relevantes en función de los intereses en juego en la problemática, dónde es inmoral reducir la complejidad o inferir una cosa de otra, qué encuadre teórico resulta más útil para compensar ciertas injusticias (Sarewitz, 2004; Li; 2017; Arancibia, 2018; Pellegrini, 2019).

Esto desata una fuerte contradicción interna en el modelo de cientifización. La paradoja aparece cuando, al mismo tiempo que la controversia sociotécnica dispara una dinámica contraria de politización de la demostración científica (Merlinsky, 2013), se mantiene inalterado el ideal cientificista de objetividad como fijando la constante del debate, limitando la variable de controversia a la cuestión de si la práctica efectiva de un grupo de expertos logra alcanzar o no ese ideal. Aquí se invierte la relación esperada: la política toma los medios y la ciencia los fines. Bajo el título de “cómo la ciencia empeora las controversias ambientales”, Daniel Sarewitz analiza abundantes ejemplos donde se confirma esta lógica circular que lleva la racionalidad pública continuamente a punto cero:

En áreas tan diversas como el cambio climático, la eliminación de desechos nucleares, las especies en peligro y la biodiversidad, la gestión forestal, la contaminación del aire y del agua o la biotecnología agrícola, el aumento de un número considerable de conocimientos científicos, creados especialmente para resolver disputas políticas y permitir una toma de decisión eficaz, ha sido en cambio acompañado a menudo de creciente controversia política y estancamiento en la discusión. La ciencia se encuentra típicamente en el centro del debate, donde aquellos que abogan por alguna línea de acción probablemente reclamen una justificación científica para su posición, mientras que aquellos que se oponen a dicha acción invocarán incerteza científica o resultados científicos en competencia para apoyar su oposición (Sarewitz, 2004: 386).

En Argentina, controversias ambientales que recientemente han ocupado el centro de la opinión pública exhiben estas características: la de las pasteras sobre el río Uruguay (Pellegrini, 2010; Sanazzaro, 2011), el uso de pesticidas (glifosato o glufosinato de amonio) en la producción agraria (Merlinsky, 2013), o la instalación de factorías de carne porcina de exportación (Barruti et al., 2020). A nivel tanto nacional como regional se pueden destacar también aquellas relacionadas a los impactos del nuevo extractivismo, como la megaminería mediante el uso de cianuro o la explotación de hidrocarburos mediante la técnica de fracking o explotación offshore (Folguera, 2020; Svampa & Viale, 2020)^[9]. En ellas también podemos ver algunos de los efectos sociales que esta lógica tiende a generar: parálisis en los procesos de decisión, empeoramiento general del clima político y de los conflictos originales que el conocimiento científico venía a resolver, volviendo el proceso de controversia más vulnerable a la manipulación indirecta y a la clausura por acciones de fuerza unilaterales. Entonces, al tiempo que esta improductividad de la controversia relacionada al vacío de legitimidad afecta el funcionamiento institucional, también favorece la agenda de los sectores que detentan los poderes fácticos.

Finalmente, la lógica política no agota las formas en que el conflicto social se desarrolla en clave ambiental. Toda capacidad política para orientar la transformación de la realidad depende de saberes circulados que organizan las descripciones de aquella realidad común que puede ser transformada, delimitando un espacio de coordinación para las interacciones y experiencias de las personas entre sí y con sus entornos de actividad. En la lógica del saber se identifican los hechos y las fuerzas existentes, se establecen sus correlaciones y causalidades, se formulan diagnósticos y pronósticos; sin ellos los señalamientos de “problemas” y “crisis” ambientales quedarían políticamente vacíos.

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