A propósito de Argentina

Carlos La Serna

Introducción

El presente artículo se inscribe en un momento histórico que se traduce en el recrudecimiento de otra disputa por el sentido y alcance de la democracia, a la vez que la confrontación en torno a los regímenes de acumulación del capitalismo se reproduce sin solución de continuidad, en el marco de cambios culturales significativos. La democracia, en cuanto espacio de institución de lo social, alberga estas tensiones cuyo origen puede situarse en la ruptura de la hegemonía liberal que produjeron la crisis de los años 29-30 y los regímenes estatales que le sucedieron.

Tal cuestión se actualiza, drásticamente habría que decir, con acontecimientos de diverso espesor. Es claro que el advenimiento de la pandemia viene a profundizar las cuestiones que abrió o reabrió el ciclo de hegemonía liberal precedente en ciertos casos, presente en otros. Todo o casi todo debe repensarse a la luz de un sentimiento generalizado de incertidumbre sobre el presente y de un futuro que se imagina de modo diverso y contradictorio, mientras los gobiernos lidian con una complejidad concreta que amenaza derivar hacia situaciones de caos.

También juega en ello el portazo que significa el primer discurso del recientemente electo presidente de los Estados Unidos de América (eua) Joe Biden ante el Congreso de su país, en el que intentaba dar vuelta la página del neoliberalismo, que solo arroja críticos deterioros en todos los ámbitos de la vida social e institucional, obviamente no solo del gigante del norte. Se actualiza también, en nuestra sociedad, por la secuencia de mensajes de Twitter que tiene como autora a la vicepresidenta Cristina Fernández, en los que comenta positivamente las líneas fundamentales de tal discurso.

La crisis del 29-30 que caracteriza el denominado “período de entreguerras”^[1] está en la arqueología de tales manifestaciones. Su extensión y profundidad interpelan los principios organizativos de raíz liberal de la sociedad capitalista. El New Deal rooseveltiano, pero especialmente los Estados de bienestar europeos, emergieron como la forma de gobierno político del capitalismo, forma que se extendió de manera generalizada pero muy heterogénea^[2] por Latinoamérica bajo el discurso programático del estructuralismo cepalino impulsado entre otros por el argentino Raúl Prebisch.

Si aceptamos que la hegemonía resulta de una combinación social y políticamente válida de coerción y consenso, el último régimen que perduró bajo una tal condición ha sido aquel del Estado de bienestar que produjo un largo período de estabilidad económica y política con una modalidad de integración sistémica que gozó de un sólido apoyo de masas. Considerados como los treinta gloriosos años del capitalismo, sus realizaciones y limitaciones resuenan aún en el marco de los cambios culturales y político-económicos que han transcurrido en este medio siglo que corre desde su crisis.

El reconocimiento del Estado como instancia reguladora de la economía y del trabajo como actividad vertebral del nuevo orden social es forzado por la “gran crisis”. Se desplazaron así la vigilancia y la represión como ejes de gobierno del capitalismo, para pasar progresivamente a lo que Foucault (1981) ha denominado “biopolítica”, esto es, una racionalización estatal en la gestión de los problemas de la población (trabajo, educación, salud, servicios, etc.) que tendía puentes con una sociedad acuciada por la marginalidad propia de un capitalismo dejado a su propia lógica de reproducción. El Estado de bienestar se cimenta en el clima de solidaridad nacional de posguerra, y se efectiviza mediante un nuevo arreglo político que se despliega a dos niveles: en los denominados “acuerdos de paz”, dispositivos que nuclean al Estado, empresarios, sindicatos y partidos, y en una ciudadanía que, concentrada en el trabajo y el consumo, delega sus derechos de participación en tales corporaciones.

El neoliberalismo como solución a la crisis del régimen de bienestar no daría respuesta en Latinoamérica a los problemas de la población; más bien los agravaría, al privatizar su gestión, y reafirmaría el carácter de una democracia formal que se desenvuelve bajo la creencia en la capacidad individual de seleccionar la opción que mejor representa sus preferencias. Se constituye así un discurso racionalista según el cual la democracia liberal representativa se entiende como un mercado político que maximiza por agregación las preferencias del electorado.

Tal polarización, a la vez que dificulta la constitución de formas alternativas de democracia, se ve agudizada por su despliegue en las luchas latinoamericanas del presente, luchas que penetran de distinta forma y con distintas consecuencias los discursos y prácticas de las fuerzas políticas mayoritarias.

¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia?

Es alrededor de las referencias anteriores de las que estamos interesados en intentar una reflexión que permita caracterizar e interpretar la democracia en el caso argentino, en su configuración, en sus prácticas, en sus modalidades relacionales. Para ello, vamos a situarnos en un espacio de las ciencias sociales que toma distancia de la tradicional disputa entre el estructuralismo y la hermenéutica que ha dominado el campo de las ciencias sociales, para entenderlo desde una perspectiva que integra dichas miradas en la búsqueda de una formulación epistemológica que permita abordar y comprender la complejidad del objeto.

La tesis inicial de una tal epistemología –denominada “de síntesis” por Giddens y “estratégico-relacional” por Jessop– reside en salirse de dicha dicotomía para considerar que la producción y reproducción social no puede comprenderse sin atender a los intercambios e implicancias que se generan en las relaciones entre estructuras y prácticas. Giddens (1984) considera que existe un dualismo en el desarrollo de las ciencias sociales entre epistemologías estructuralistas y hermenéuticas que obstruye su potencial cognitivo. El avance de la reflexividad individual, colectiva e institucional en las sociedades contemporáneas posibilita, para este autor, la configuración de un sujeto con capacidades emancipadoras, lo cual supone que normas y reglas no constituyen estructuras compactas, impenetrables, sino transformables, “restrictivas y habilitantes” dice Giddens (1984) ^[3].

Para Jessop (2007), la histórica disputa entre estructuralismo y subjetivismo se salda si, “en vez de considerar aisladamente las dimensiones estructural y estratégica”, se combinan para permitir “aprender las estructuras en términos de selectividades estratégicas (estructuralmente inscriptas) y las acciones como cálculos estratégicos diferencialmente reflexivos y estructurados”. Jessop sugiere que una coevolución en el tiempo de las estructuras reflexivamente organizadas y las estrategias y tácticas recursivamente seleccionadas permitiría “producir un orden de relativa estabilidad a partir de una complejidad no estructurada”, en lo que representa “la aparición y reproducción de estas formas de coherencia […] siempre contingentes”.

Esta renovación en el campo de las ciencias sociales promueve interpretaciones que tienden a cuestionar rígidas escisiones de corte funcionalista entre sujeto y objeto, entre conocimiento experto y saberes legos, escisiones que se trasladan a la práctica investigativa e impiden considerar los múltiples y complejos lazos que se entretejen en la configuración del objeto. Así, por ejemplo, Estado y sociedad civil, lejos de su escisión, es un complejo de formas organizativas, de reglas institucionales y extrainstitucionales que penetran y son penetradas por prácticas políticas, económicas y culturales que en su multiplicación y diversidad generan una dinámica relacional siempre conflictiva.

Ello sirve para señalar la premisa según la cual todo abordaje requiere dar cuenta de los presupuestos de la dualidad de estructura, según los cuales “las propiedades estructurales de sistemas sociales son tanto un medio como un resultado de las prácticas” (Giddens, 1995), de donde “la constitución de agentes y de estructuras no son dos conjuntos separados de fenómenos dados independientemente” (Giddens, 1984).

¿Cómo conceptuar la democracia a partir de esta epistemología? Cabe señalarse, en principio, que la democracia constituye un espacio político configurado por las disputas sobre su significación. De otra forma, las reglas de la democracia, como toda regla, son producidas y reproducidas por las prácticas políticas, lo cual exige considerar tal espacio político en una perspectiva relacional renunciando al a priori de la primacía de una u otra dimensión, presupuesto ineludible a la hora de intentar caracterizar el metabolismo^[4] y la institucionalidad cambiantes de la democracia.

La disputa por la democracia se expresa, siguiendo a Castoriadis (2008) y a Offe (1992), en su escisión entre prácticas institucionales, esto es, tienden a reproducir las normas y reglas vigentes (lo político), y, por otro lado, una praxis que es expresión de lo extrainstitucional (la política) que se inscribe en procesos autónomos que interpelan el orden democrático vigente. Puede decirse tipológicamente que la significación de la democracia se dirime entre formas de poder orientadas a instrumentar las conductas en función a la reproducción del orden y poderes alternativos orientados a fortalecer la autonomía subjetiva y colectiva de las prácticas democráticas.

El actual ciclo democrático que vive la sociedad argentina se gestó bajo la dictadura misma, esto es, en el marco de un sistema de reglas que, en lo que fuera tipificado como genocidio, condenó y reprimió brutalmente la política a la vez que canceló la democracia de partidos. Como conocemos, el desconocimiento de todo derecho provocó la emergencia de unas prácticas de resistencia que, siendo propias de “la política”, fueron ejercidas por los organismos de derechos humanos que dejan de lado toda violencia. En términos de Castoriadis (2008), puede decirse que han llevado adelante una “actividad lúcida, reflexiva, explícita, que cuestiona lo instituido buscando su transformación. La política rompe una falsa unidad, quiebra un orden que se supone natural, normal”. Ello puede considerarse un punto de bifurcación, un hito transformador de la política y la democracia, en cuanto generó la institución de expresiones de lo que, a partir de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, puede considerarse una diversidad de movimientos sociales que, en la puja por sus derechos, va más allá de los límites de una democracia liberal monopolizada por los partidos políticos, limitante de la representación a los ámbitos parlamentarios, que deja en manos de poderes extrademocráticos –burocracias estatales y judiciales, corporaciones, empresariado– diversas cuestiones y procesos de interés colectivo.

La reflexión posindustrial sobre la democracia plantea una segunda y crucial problemática que puede ser considerada alrededor de los presupuestos que establecen la modalidad de relaciones al interior de la comunidad política. Tal es el caso del pensamiento habermasiano (1991) cuya tesis sobre la tendencia a la colonización del mundo de la vida por el sistema conduce a la proposición de una democracia deliberativa que, con base en una interacción libre de interferencias, permite superar la racionalidad convencional por una de tipo comunicativa. Giddens (2008) encuentra en las políticas de vida y en los movimientos sociales allí enraizados las fuerzas que interpelan las destructivas tendencias propias del capitalismo, de donde la democracia constituiría un espacio dialógico que se despliega entre tales movimientos y un Estado generativo. Para Castoriadis, aquello que conceptualiza como proyecto de autonomía^[5] se materializa en el régimen democrático que, como creación, suprime toda fuente trascendente de la significación, haciendo de la democracia el régimen político de autoinstitución y autolimitación resultado de la acción de los ciudadanos. El reconocimiento del antagonismo que deriva de las relaciones amigo-enemigo, en cuanto produce efectos devastadores sobre la convivencia democrática, permite a Mouffe (2009). justificar su proposición de una democracia adversarial o agonista. La formulación, debida a García Linera (2004), tiene por su parte en la constitución étnicamente plural de la sociedad boliviana la base de un proyecto democrático cuyas reglas y procedimientos rechazan la uniformización del régimen liberal, para diversificarse en formas deliberativas de ejercicio de la democracia que responden a las tradiciones de las diversas culturas.

Es en relación con estas solo aludidas líneas de conflicto en torno a la noción y a la práctica de la democracia en relación con lo cual puede entenderse junto a García Linera (2013) que

en el concepto de democracia se [anuda] […] un dispositivo de acceso a la legitimidad del predominante campo discursivo político, pero a la vez el concepto mismo de democracia, en sus actuales cualidades de contenido histórico, es fruto de una competencia, de unas luchas de significaciones llevadas adelante en las últimas décadas […]. Esto muestra que no existe la “verdadera” y definitiva definición de democracia, transhistórica y objetiva. Lo que se entiende por democracia en un momento dado es siempre una convención histórica, un producto provisional de intersubjetivaciones resultantes de distintos modos de acción comunicativa,

cuyos “poderes de enunciación no están distribuidos igualmente”.

En una perspectiva coherente, sostiene Étienne Balibar (2017) que

la noción de “democracia” no designa un régimen constituido, caracterizado sin ambigüedades por una distribución de poderes y cierta norma constitucional, sino […] un “estado social” variable en el cual las instituciones, los movimientos sociales, la participación cívica tienden a conferir a la mayoría de los ciudadanos la mayor responsabilidad posible en el gobierno de los intereses colectivos.

No habría pues sociedades democráticas consumadas, sino “más o menos [democráticas] en diferentes momentos de su historia y en comparación con otras, en una proporción que nunca está establecida de antemano ni suele ser definitiva”.

La democracia constituiría así un entramado cuyo “estado social” se encuentra caracterizado por una normativa y unas prácticas dominantemente liberal-representativas, cuya legitimidad es, a la vez que reconocida, interpelada por una diversidad de fuerzas que pujan por su significación. Tal disputa da forma concreta a la dualidad del mundo político que se establece, como hemos visto, entre “la política” en cuanto momento autónomo y reflexivo y “lo político” entendido como lo formal y materialmente estatuido, confrontación que otorga a la democracia un carácter contingente.

Las democracias se desplazan pues entre estados de regresión y estados de ampliación. Democracias restringidas, angostas instituyen barreras a la entrada, delimitan el involucramiento individual y colectivo en las instancias del “sistema político”, según valores e intereses liberales en torno a la ciudadanía, o conservadores como la tradición o el mérito, o de acuerdo con preceptos de índole confesional. Al contrario, una democracia ampliada, sustancial promovería criterios de justicia, que comportarían, en la perspectiva de Frazer (1993; 2008), determinado nivel de redistribución económica, formas generalizadas de democratización de “lo político”^[6], lo económico y lo social, así como el reconocimiento de la igualdad en la diferencia.

La primacía del reconocimiento del otro en cuanto miembro genuino de la comunidad política requiere interrogarse sobre dispositivos y prácticas de poder que estructuran las relaciones políticas bajo una lógica amigo-enemigo que ultrapolitiza el funcionamiento de la democracia. Por el contrario, la vía agonista que propone Mouffe (2009) significa el paso del estigma del enemigo al derecho del adversario, lo que constituye un reconocimiento que abre el mundo de los posibles a una convivencia política que reconoce el conflicto, pero lo trata en un espacio de confrontación democrática.

Junto a tales presupuestos, ciertos criterios permitirían caracterizar los momentos de avance y retroceso de la democracia. En relación con estos últimos, Balibar (2017) se interesa por una cuestión central a la democracia, es decir, la representación y el control ciudadanos: “[…] el auge de los mecanismos autoritarios y securitarios, la pérdida de legitimidad y representatividad de las instituciones parlamentarias y el desplazamiento de los centros de poder real fuera del alcance del control e iniciativa de los ciudadanos.” Por otro lado, el “avance” de la democracia consiste, para nuestro autor, en “mecanismos estabilizadores –en particular, constitucionales– [que] traducen relaciones de fuerzas, materializan conquistas en el campo de los derechos fundamentales, pero ellos mismos necesitan ser preservados y aplicados en su letra y espíritu”.

Rancière (2006) reflexiona, por su parte, en torno a la imposibilidad de la democracia. Observa que, en cuanto espacio de convivencia política, la democracia está acuciada por “dos formas de esa vitalidad o exceso que el buen gobierno democrático debe controlar: el exceso de la participación popular en la vida pública, o bien el exceso de demandas individuales generado en una prolífera vida privada”. Esta tensión entre demandas contradictorias conduciría a una “paradoja democrática: Como forma de vida política y social, la democracia es el reinado del exceso. Este exceso significa la ruina del gobierno democrático, por lo tanto, debe ser reprimido por éste”.

A partir de tales proposiciones, enuncia Rancière (2006) la tesis, si se quiere, pesimista según la cual “la ingobernabilidad inherente a la vida democrática justifica y legitima los esfuerzos por su gobierno. Subyace a este planteo la reducción de la democracia a una forma de sociedad: el ‘individualismo democrático’ que explica todos los males”.

En fin, para Balibar (2017), “el estado de democracia es esencialmente frágil, como lo político mismo”, rasgo que se agudiza “en los momentos de mutación histórica, o en los periodos de crisis –hoy vivimos ambos a la vez–, [en los que] el statu quo democrático no existe”. Para este autor, ello plantea una opción de hierro a la democracia: “entre la regresión o el avance de los derechos y los poderes colectivos”.

De la democracia bienestarista a la regresión neoliberal

El Estado de bienestar se erige a partir de una racionalidad que niega in extenso la racionalidad liberal centrada en el individualismo y el predominio del mercado. La extendida vigencia del bienestarismo en la realidad del subcontinente, en algunos casos vigorosa, requería de acciones mayores por parte de un poder cuya experiencia solo aludía a la ortodoxia y a sus consecuencias de injusticia y desigualdad. Latinoamérica fue así sacudida por el denominado Plan Cóndor^[7], ofensiva genocida que dio por tierra gobiernos democráticos que pujaran por el desarrollo autónomo y los derechos sociales, interrumpiendo un proceso político que, con apoyo de masas, comportaba derivas reformistas y en casos protosocialistas, producto de un clima político influido ciertamente por la Revolución cubana. Se conjuraban así dos amenazas: la supuesta cubanización del subcontinente y una estrategia de desarrollo que supeditaba la economía al campo de una decisión política respaldada en identidades colectivas activas.

La violencia genocida del programa dictatorial no lograría plasmar plenamente las pretensiones del neoliberalismo. El intervencionismo bienestarista encontró en su memoria e ideario y en sus derivas subjetivas y colectivas un discurso de resistencia que alimentaría un poderoso capital político colectivo. Expresiones popular-democráticas –movimientos sociales, corrientes partidarias, sindicales, cooperativas, empresarias, confesionales, asociativas– ligadas a un horizonte societal amplio e inclusivo revalorizarían la democracia como modo de convivencia política, significación bajo la cual se connota, no sin conflictos, la política posdictatorial en nuestra sociedad. Como lo sugerimos, la recuperación de la democracia en el año 1983 tiene en la lucha de los organismos de derechos humanos y particularmente de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a un sujeto colectivo que dotaría de sentido ético y político los discursos y prácticas ampliatorias de la democracia en la Argentina del presente.

La fragilidad de la democracia (Balibar, 2017) se verificó, no obstante, bajo el primer gobierno posdictatorial. El rearmado de una derecha ya claramente neoliberal buscó y logró obstruir la política económica y social de la primera democracia posdictatorial, cuyo claro triunfo electoral, y el carácter no pactado de la apertura democrática, habilitó un programa que, junto al hito histórico del juzgamiento de las Juntas Militares^[8], pretendía restaurar los daños ocasionados por la dictadura a través de una serie de reformas: impulso de una Ley de Democratización Sindical^[9], reforma del sistema educativo^[10], creación del Sistema Nacional del Seguro de Salud, moratoria unilateral de los pagos al Fondo Monetario Internacional (fmi) decretada en enero de 1984^[11], entre otras decisiones de peso. Salvo el Juicio a las Juntas, una a una estas políticas de neto corte democratizante fueron resistidas y desactivadas por una oposición que integró a las corporaciones intocadas bajo la dictadura. Queda claro, en nuestra interpretación, que la desestabilización del gobierno de Alfonsín constituyó parte de una estrategia orientada a interponer precisos límites a las democracias emergentes en Latinoamérica, las cuales son así (re)significadas en sus potencialidades y alcances.

Tras este primer asedio autoritario, la sociedad política posdictatorial transitó en Argentina desde el conflicto entre democracia y militarismo hacia las disputas entre democracia sustantiva y seudodemocracia, antinomia que, desde 1983 hasta nuestros días, ha subsumido históricas y nuevas cuestiones políticas en torno a opciones excluyentes: Estado vs. mercado, autonomía vs. dependencia, solidaridad vs. individualismo, igualdad vs. desigualdad, emancipación vs. sujeción. Se trata de disputas irresueltas y por ello acumulativas, expresión de aspiraciones encontradas que darán sentido y forma a la política y, hasta nuestros días, a discursos y prácticas alternativas que construyen una democracia de precario y cambiante “estado social”.

La última experiencia que vivió Argentina entre los años 2015 y 2019 fue la de un neoliberalismo de élite en el que se entremezclaron miembros de ilustres familias ligadas a la tradición oligárquica, empresas y gerentes de empresas nacionales y extranjeras, expertos locales en la financiarización de la economía, cobijados todos bajo el poder disciplinante de las instituciones internacionales de crédito y de organismos de seguridad continental. Esto es, la jerarquía del capital puesto al servicio de los intereses reducidos de una minoría predatoria que, si bien se enlaza a otras experiencias políticas –más cercanas, más lejanas–, cambia sus modos de proceder. Tales cambios pueden entenderse desde ese arte de gobernar que Foucault (1981) denomina “gubernamentalidad”, esto es, un “como” que reconstituye a la derecha en torno al modo de hacer política y de ejercer los poderes del Estado. En tal sentido, el neoliberalismo persigue hacer de la económica política una ciencia de gobierno enfocada a la población, a cuyo interior construye un nosotros colectivo alrededor de subjetividades e institucionalidades que interpelan al llamado “populismo de izquierda” desde una lógica relacional antagonista.

En lo que constituye un cuestionamiento a tales pretensiones, Latinoamérica asiste al presente al desarrollo de un tercer ciclo en el que se pone nuevamente en juego la extendida constitución de una democracia popular democrática. Tal ciclo se inició con Argentina y México, continúa con Bolivia y Perú, se disputa hoy en procesos que, en su lógica heterogeneidad, se desarrollan alrededor de un común denominador que es el cuestionamiento a derechas decadentes en el poder (Chile, Colombia, Brasil) que hacen un ejercicio constante y brutal de la violación de derechos humanos básicos. Tales regímenes provenientes del voto popular no están además aislados, son partes de redes transnacionales de poder que actúan bajo acuerdos materializados en la Alianza del Pacífico o en el Grupo Lima^[12], dispositivos que, junto a otros menos públicos, integran ese frustrado y siempre renovado programa de control político, económico y cultural del subcontinente que sostiene el gran hermano^[13].

Hay en ello un denso y conflictivo proceso político. Un recrudecimiento militante de discursos de vigilancia y control político, de valoración del individualismo posesivo y del mérito asociado, una sistemática diseminación de un discurso del odio al otro y de desprecio por la democracia como modo de convivencia política. De forma conexa, amplias franjas de nuestras sociedades, armadas de una memoria del oprobio, de subjetivaciones crecientemente politizadas, de modalidades de autoorganización, disputan con esa continuidad del autoritarismo que se ejerce desde el velo de su acceso electoral al poder.

El recorrido sucinto que realizamos nos permite sugerir que la política mediada por la democracia representa el ámbito de procesamiento y resolución alrededor de la histórica e irresuelta controversia que viven nuestra sociedad y Latinoamérica toda, materializada en las disputas entre programas regresivos y prácticas transformadoras de la democracia. En otras palabras, la política representa el amplio y desigual espacio plural de lucha por dar significación a la democracia, por instituir un modo de convivencia.

La democracia en pandemia

Lo que intentaremos observar en adelante es esa disputa concreta por la democracia que tiene lugar en un espacio de máxima criticidad que es el extendido y complejo proceso propio de la pandemia, centrándonos en el propósito de caracterizar a su interior el modo de relacionamiento político y las consecuencias que comporta sobre la democracia. En tal dirección vamos a seguir el siguiente recorrido. Por un lado, caracterizaremos la pandemia desde una epistemología crítica del riesgo y describiremos luego a grandes rasgos la política estatal en la materia, haciendo hincapié en los intercambios discursivos que tienen lugar en relación con ello.

Crisis, riesgo e incertidumbre

La crisis actual representa en su carácter de tendencia inmanente uno de los sucesivos acontecimientos que se produjeron a partir de la gran crisis del 29, y en tal sentido simboliza la consecuencia advertida de un neoliberalismo que hizo de la sociedad argentina un coto de caza para beneficio de los poderes e intereses concentrados. No obstante, la crisis en curso adquiere su forma concreta con la presencia y expansión de la pandemia, y genera un complejo proceso de múltiples y entrelazados eventos que hacen de esta un acontecimiento de sobredeterminada significación.

Según hemos aludido, la democracia en nuestra sociedad transita por diversos “estados” asociados a la perspectiva de los regímenes políticos y a las estrategias de fuerzas diversas, sean estos partidos, colectivos sociales, corporaciones, etc. Pero el riesgo democrático se instala de nueva cuenta y de manera crítica en la región y en Argentina como reacción de poderes locales y globales ante la consolidación del ciclo de gobiernos popular-democráticos que se inició en 2003. Frente a tal escenario, se activa lo que puede ser denominado un “sistemático programa de golpismo judicial” bajo los dispositivos del lawfare^[14]. Entre el 2015 y el 2019, el neoliberalismo ha cumplido a pleno en nuestro país con una tarea a la vez de destrucción-concentración económica, de desarrollo del capital financiero especulativo, de devastación de las condiciones de vida presentes y futuras, de atropello de las reglas básicas de la democracia formal, y de consolidación de un nosotros colectivo bajo una identidad proclive al antagonismo. Este programa cierra, de la mano de un inaudito endeudamiento, una tarea orientada a sujetar a la sociedad argentina a los intereses y voluntades de poderes globales. Tal estrategia se ve favorecida por la COVID-19, en cuanto acontecimiento que impide la recuperación económica, política y social y genera un escenario de criticidad mayor.

La crisis, sin ser exclusiva del capitalismo, es connatural a su desarrollo, en cuanto representa, a la vez que un mecanismo de su reproducción ampliada, un espacio de oportunidades para su transformación. En efecto, la presencia dilatada y aguda de la crisis provoca ciertas consecuencias, representaciones y prácticas en la sociedad y en las fuerzas políticas que, enlazadas con aportaciones expertas, configuran una episteme que, lejos de representar un entendimiento compartido, constituye un espectro de interpretaciones diversas y hasta contradictorias sobre la crisis. En otros términos, la crisis encierra potencialidades encontradas.

La conceptualización sobre la crisis que servirá a nuestros efectos descarta las interpretaciones estructural-funcionalistas que hacen de tendencias económicas o de sujetos políticos su base explicativa, para entenderla alrededor de la categorización propuesta por Offe (1990), que distingue entre formas procesuales y formas esporádicas. El primer tipo refiere a procesos político-culturales que violan la gramática del sistema, esto es, que cuestionan la primacía del intercambio al interior del sistema social y las relaciones políticas que tal primacía comporta. Por otro lado, la crisis de carácter “esporádico” constituiría un acontecimiento de carácter inmediato y vertical, de aguda intensidad y extendido alcance, características que dificultan la identificación de tendencias o elementos causales.

Cabe apuntar que toda crisis comporta a la vez un riesgo o un espectro de riesgos cuya interpretación social da significación a la crisis. Al efecto tomaremos la categorización propia de la teoría de la modernidad reflexiva (Giddens, Beck, etc.) según la cual los riesgos pueden ser caracterizados de acuerdo con la interpretación social que pesa sobre ellos. De esta manera, se entiende por “riesgo externo” situaciones que, según las percepciones sociales dominantes, son causadas por factores extraños a la acción humana, exterioridad que se extiende al tratamiento del riesgo que queda en manos de dispositivos expertos, científicos y estatales. Se trata de una interpretación del riesgo que es propia de la modernidad simple, bajo la cual, como hemos aludido, se produce un proceso de racionalización estatal de las condiciones de vida. En el marco de la denominada “modernidad reflexiva”, fase posbienes arista, los riesgos son “fabricados”, esto es, representan un constructo social que, sin ignorar las contribuciones científicas, resulta del desarrollo de subjetividades y colectivos, cuya reflexividad activa los involucra en la interpretación y en el tratamiento del riesgo^{[15] [16]}. Estamos, pues, frente a una crisis cuyos riesgos son interpretados y tratados, si bien no excluyentemente, en el seno de esas prácticas alternativas que Castoriadis denomina “la política”.

La violación de los derechos humanos y la destrucción de la naturaleza, por caso, son espacios de riesgo significados y construidos, si bien en tiempos y circunstancias diferenciadas, por la acción de movimientos sociales: en un caso, de los organismos de derechos humanos^[17] y, en el otro, del colectivo No a la Mina^[18]. Estos activismos logran introducir en el terreno político cuestiones que se solucionaban de acuerdo a prácticas, digamos, tradicionales, de modo tal que el riesgo es (re)significado en relación con los poderes y normas establecidos, contribuyendo a la vez a desatar cursos públicos de resolución.

De otro modo puede decirse que la realidad puede ser transformada no ya solo desde el modo vertical y jerárquico de la sociedad industrial o del liberalismo, sino mediante el activismo reflexivo tanto individual como colectivo, en el marco de un Estado que se abre a lo que configura toda una renovada praxis democrática que emancipa a sujetos y colectivos en su relación con el riesgo.

Lo que se viene comentando habilita quizás a proponer que el riesgo constituiría el núcleo duro (le noyau dure) de esa política que habla de la crisis en curso, que puja por significarla, esto es, por interpretarla y actuar sobre ella de uno u otro modo, con uno u otro propósito. En efecto, es alrededor de la interpretación sobre el riesgo –sus causalidades, consecuencias, tratamientos, salidas– alrededor de lo cual se desatan discursos y prácticas políticas que buscan hegemonizar su significado. La crisis que termina por configurarse con la emergencia de la COVID-19 puede entenderse, para decirlo con la mayor simpleza, como una disputa política en torno a los significados y prácticas sobre el riesgo.

Pero esta simplicidad no es tal en al menos dos sentidos: por un lado, en cuanto se sobrepone, como hemos apuntado, a la crisis heredada de las políticas estatales del período 2015-2019; y, por otro lado, en cuanto toda crisis comporta una complejidad no estructurada, esto es, un entramado de interpretaciones y de implicancias y prácticas institucionales, subjetivas e intersubjetivas que sobredeterminan su significación. De otra manera, el desafío consiste en la comprensión de tal complejidad.

El Estado en la crisis

La pandemia viene a generalizar a nivel global una recolocación del Estado que (re)asume atribuciones de intervención y regulación social que venían siendo recortadas o redireccionadas por los regímenes neoliberales, rol que en el caso argentino constituyó un eje del discurso electoral y luego del programa del actual gobierno. El desplazamiento aún fuertemente limitado del mercado como eje del orden social desata procesos y posicionamientos que hacen del Estado y la democracia una inacabada disputa política.

El nuevo régimen político del Frente de Todos se inscribe en la experiencia intervencionista de los gobiernos del período 2003-2015, mediante un programa orientado a la rehabilitación económica, social y moral de la sociedad argentina luego de los daños generados por el neoliberalismo precedente (2015-2019)^[19] y agudizados por la COVID-19. Tal compleja tarea es encarada en el marco de un ambicioso intento de construir una ética política que se estructura en torno a ciertos principios organizadores.

En lo que constituye un (re)planteo a la vez discursivo y práctico que se materializa en una mecánica en cuyas formas resuena un modo sui generis de la denominada “gobernanza democrática” (Mayntz, 2001), orientada por los valores del consenso y la solidaridad^[20], se apela así a una modalidad de tratamiento de las cuestiones críticas que, si bien reclama ser estatalmente regulada, reconoce a los otros como interlocutores, miembros de la comunidad política, pretendiendo establecer espacios de relacionamiento en los que la conflictividad y las políticas estatales se diriman en el marco de tales valores^{[21] [22]}.

El régimen estatal en desarrollo materializa de este modo un relacionamiento con las fuerzas políticas que se evidencia en una porosa “selectividad estratégica” (Jessop, s.f.)^[23], orientada por la meta de construcción de un Estado más amplio, tanto frente a la rígida y excluyente selectividad del neoliberalismo, como respecto al decidido intervencionismo del ciclo de gobiernos kirchneristas. Sus procederes consensuales buscarían producir un punto de inflexión en unas relaciones políticas caracterizadas por una lógica antagónica que ha seguido un proceso in crescendo desde la agresiva oposición a los gobiernos de los períodos 1983-1989 y 2003-2015, hasta la autoritaria gestión estatal del neoliberalismo durante los años 2015-2019.

La historia muestra que la crisis puede generar condiciones favorables a la transformación, en este caso relativas a un modo de gobierno basado en la construcción de acuerdos políticos que permitan procesar las antinomias y, de este modo, establecer ciertas pautas de convivencia democrática que contengan la contingencia política dentro de ciertos marcos. Al respecto, Offe (1995) denomina “consensos operativos” a los acuerdos tendientes a concretar un marco de acción común que procesa disidencias en la generación y aplicación de políticas estatales.

No obstante, y en relación con la específica cuestión de tratamiento de un flagelo al que la Organización Mundial de la Salud (oms) tipifica como pandemia, esto es, un fenómeno del más alto riesgo vital, el gobierno entrante debió asumir poderes de emergencia y aplicar medidas de excepción, modalidad de acción estatal que, como veremos, recibe la crítica de la oposición.

Tal excepcionalidad se materializa principalmente en la ausencia de participación de las cámaras del Congreso Nacional y en las medidas preventivas adoptadas, justificadas en la necesidad de una toma de decisiones que se puede entender sujeta al tiempo de la crisis (véase Decreto de Necesidad y Urgencia 260). El gobierno nacional pone en marcha de tal modo un programa de amplio alcance, contando con el asesoramiento de un comité de expertos de consulta obligada y con el activo apoyo de universidades, institutos y científicos especializados. La acción estatal, que se sintetiza en el documento “Medidas de Gobierno COVID-19”, se enfoca en tres campos de políticas: de forma prioritaria en la política de prevención y atención de la salud; en acciones sobre la cuestión social agravada por la pandemia; y, finalmente, en la atención de la crisis económica.

El camino recomendado por la oms y emprendido por diversos gobiernos europeos lleva al Ejecutivo argentino a decretar el aislamiento social, preventivo y obligatorio (aspo), a establecer un sistema de vigilancia epidemiológica y a convocar a las fuerzas policiales y militares de todas las jurisdicciones de gobierno para el control de la población con relación al cumplimiento de las medidas establecidas. No obstante ello, la discrecionalidad gubernamental es acotada teniendo en cuenta el ordenamiento federal y la organización descentralizada del sistema de salud, lo cual conduce a la trabajosa elaboración de consensos con los Ejecutivos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (caba) tendientes a construir una política nacional frente al flagelo.

En lo que viene a constituir una revalorización y potenciación de la actividad científica estatal, institutos de investigación asociados al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) concretan importantes y diversos aportes, dirigidos al desarrollo de diversas herramientas que contribuyen a la lucha contra la COVID-19^[24]. En ese marco el Instituto Malbrán logra secuenciar el genoma completo del nuevo coronavirus SARS-COV-2 en el mes de abril de 2020, lo cual, junto a los avances internacionales, comienza a acotar la incertidumbre generada por el virus, en cuanto “la información obtenida será útil para asegurar la calidad de diagnóstico, complementar la vigilancia epidemiológica y contribuir al desarrollo de una fórmula vacunal representativa de las cepas circulantes en el país y en la región”.^[25]

La ciencia resulta así revalorada por el gobierno nacional y por los gobiernos en general como no lo había sido desde la crisis del Estado de bienestar. Ella constituye una validación de sus actuaciones, a la vez que una legitimidad que deviene de un discurso incontestable desde la pura política. Se trata de la denominada “cientifización de la política”, fenómeno propio de la acción del Estado frente a la presencia del riesgo, que se visibiliza además en la presencia cotidiana del discurso científico en los medios de comunicación. Tales prácticas reenvían de nueva cuenta al propósito de construcción de consenso, esto es, de evitación del conflicto en torno a la política estatal.

La instrumentación política del virus

La disputa sobre la cuestión de la pandemia se reduce en el ámbito del sistema político básicamente a dos posicionamientos. Por un lado, se esgrime desde la oposición una perspectiva negacionista consistente en minusvalorar el riesgo social que la pandemia comporta, a la vez que se instrumentalizan sus procesos y consecuencias con fines excluyentemente políticos.

Tal ubicación discursiva podría ser inspirada –lo cual no pareciera ser el caso– en las primeras argumentaciones de G. Agamben (2020), que infravaloró el virus, a la vez que sostuvo la tesis según la cual la pandemia constituye una oportunidad para consolidar una dominación basada en el Estado de excepción. En ese marco afirma Agamben: “[…] independientemente del virus, el mundo entero todavía vive más o menos permanentemente en un estado de excepción” en tanto que “el sistema económico y social del capitalismo no es capaz de hacer frente a sus crisis con el aparato del Estado de derecho”.

Tales proposiciones, apoyadas en investigación científica, creemos deben ser consideradas en el marco de riesgos de la COVID-19 ahora conocido. En este sentido cabe traer aquí la respuesta de J-L Nancy (2020) que creemos teórica y políticamente acertada: “No hay que equivocarse: se pone en duda toda una civilización, no hay duda de ello. Hay una especie de excepción viral –biológica, informática, cultural– que nos pandemiza. Los gobiernos no son más que tristes ejecutores de la misma, y desquitarse con ellos es más una maniobra de distracción que una reflexión política”.

Por otro lado, y en las antípodas, se significa la COVID-19 como un acontecimiento de tipo catastrófico (Offe, 1990), de carácter imprevisto, que entraña una capacidad incalculable de daño individual y colectivo en cuanto no se dispone de conocimientos que permitan su tratamiento eficaz. Es tal interpretación la que da sentido al inicial discurso gubernamental según el cual se está ante un enemigo invisible, frente a lo cual la convocatoria a una Argentina unida, así como la adhesión masiva a la primera etapa de cuarentena (aspo), ilusionó a los analistas en cuanto a la construcción de una identidad colectiva, un nosotros cuya solidaridad emerge frente a la crisis^[26]. Tales prácticas, estatales y sociales, podrían significar para S. Žižek (2020) un rasgo de una “nueva humanidad que acepta la fragilidad de la vida”, a la vez que comporta

un momento para reflexionar sobre el modo de vida, sobre como tomar decisiones que no estén afectadas por el pánico […]. En ese sentido, cabe destacar la asistencia en salud y su vínculo con la solidaridad, las decisiones relativas al mercado, sopesando la importancia de la vida por sobre el mercado.

En relación con el abordaje del riesgo pandémico y en un momento de marcado activismo estatal, el negacionismo elabora un discurso que reniega de su tratamiento sanitario^[27], que apuesta a una inmunización en manada mediante el “método” del contagio generalizado, a la vez que sus demandas radicalizan la afectación de derechos económicos y civiles que producen las medidas restrictivas tomadas en el marco de la COVID-19.

A partir de una perspectiva que puede considerarse estrechamente productivista y seudodemocrática, el ala dura de la oposición echa mano a un republicanismo de derecha que cuestiona toda disposición gubernamental destinada a reducir el movimiento y los contactos entre personas (aspo^[28], dispo y sucesivos dnu) en cuanto atentarían contra el libre albedrío, a la vez que obstruirían el desempeño de la economía. Es así que en un artículo titulado “La democracia está en peligro” ^[29] la política estatal es tachada de “infectadura”, con lo cual se quiere asimilar su actuación a la que fuera propia de la dictadura cívico-militar. Además de respuestas políticas y de intelectuales^[30], tal acusación recibe el repudio de la Sociedad Argentina de Infectología (sadi)^[31].

Un segundo momento, pero del mismo tenor político, es producto de dos circunstancias: el avance de una segunda y más agresiva ola de contagio y el desarrollo de la investigación científica en torno a la inmunización, cuestión esta última que viabiliza acuerdos de compra que se traducen en la formulación gubernamental de un Plan Estratégico de Vacunación^[32]. Tales hechos son entendidos por la oposición como un nuevo terreno, otra oportunidad para su construcción antagónica. En tal plan, se denuncia esta vez al presidente por “envenenamiento” de la población, dado el acuerdo con el Instituto Gamaleya de la Federación Rusa para la provisión de la vacuna Sputnik v^[33], a la vez que el grupo derechista “Jóvenes Republicanos” cuelga bolsas mortuorias en las rejas de Casa Rosada con nombres de funcionarios gubernamentales, para supuestamente representar a quienes “murieron por el irresponsable manejo de la pandemia”^[34]. Más tarde, nuevas restricciones decididas ante el avance de una segunda ola de contagios son contestadas en el marco de la crítica de la prensa dominante^[35] con amenazas de resistencia.

En lo que en su momento creímos podía ser interpretado como el broche de este sinuoso camino político, el gobierno de la caba solicita a la Corte Suprema de Justicia declarar inconstitucional el decreto presidencial que establecía la virtualidad educativa, a la vez que una cámara contenciosa administrativa de la justicia local habilita la decisión de continuar con clases presenciales. Ello desata toda una controversia institucional que termina en un pronunciamiento de la Corte Suprema que no declara la inconstitucionalidad según demandaba la presentación de la caba, pero reconoce su autonomía para dictar sus propias políticas^[36]. Todo ello mientras la Ciudad de Buenos Aires registraba elevados niveles de contagio, lo cual obligará a la jefatura de gobierno de la caba a adherir al dnu presidencial que establecía una suerte de regreso a la fase 1 de aislamiento obligatorio, ordenando el cierre de clases presenciales en todo el territorio nacional.

La crítica opositora, que transita desde la negación de la pandemia hasta tachar de ineficaz al gobierno por no obtener una suficiente provisión de vacunas^[37], pasa a exigir, como lo afirmara A. Fernández, la aplicación de la segunda dosis^[38]. Por otro lado, la presidenta de Propuesta Republicana (pro) se pregunta por qué el gobierno no ofreció entregar las Islas Malvinas, a modo de seguro de caución para garantizar la provisión de vacunas por parte de la empresa Pfizer, la cual exigía por garantía bienes soberanos. Dando continuidad a su ofensiva, P. Bullrich denuncia pedidos de sobornos por parte del gobierno a dicho laboratorio, acusación que es desmentida por Pfizer, a la vez que el presidente inicia en su contra una denuncia judicial por difamación^{[39] [40]}.

Otro caso de práctica antagonista por parte de la oposición es la del proyecto de ley denominado “Parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia COVID-19”, conocido como Ley COVID-19. La iniciativa viene a establecer un mecanismo que abarque el conjunto del país orientado a establecer medidas preventivas de acuerdo a tasas de contagio que actúan como semáforos en situaciones de mayor a menor gravedad. El establecimiento por ley de un criterio tal, que viene siendo aplicado vía dnu, permitiría sujetar a un criterio objetivo los cuidados sanitarios, a la vez que marginaría cualquier otro criterio de intervención, con lo cual la gestión busca evitar conflictos actuales y futuros. Es paradójico, sin embargo, que, satisfaciendo las demandas de la oposición de una mayor intervención del Congreso, el proyecto, aprobado por el Senado, esté trabado por la oposición en la Cámara de Diputados.

Sin abandonar el terreno de la vacuna, aun frente al fuerte avance en el ritmo de provisión y aplicación que se produce desde junio de 2021 y el registro por encuestas de una opinión social mayoritariamente favorable a la vacuna^[41], la oposición ha retomado su republicanismo en la defensa de la libre circulación ante la restricción en un 70 % del cupo de ingreso de pasajeros al país ordenada en el marco global de crecimiento de la variante Delta. Tal limitación ha sido aplicada por más de cien países, mientras que otros tantos interponen ciertos requisitos (Hoy Día Córdoba, 29/06/2021). En el caso argentino, la disposición tiende a preservar el avance de la vacunación, que llega a un 35 % de la población, mientras se continúa con un programa acelerado de inmunización^[42].

Este incompleto racconto sobre la significación del riesgo y de su tratamiento, realizado a partir de las prácticas políticas que desata, se ha entendido necesario para apreciar la “materialidad” de los términos en que las fuerzas políticas se posicionan respecto al Estado y la vida democrática en el escenario seleccionado de la pandemia. Señala Foucault (1993) que “para individualizar los discursos hay criterios que son conocidos y prácticamente seguros: el sistema lingüístico al que pertenecen, [y] la identidad del sujeto que los ha articulado”.

Una primera reflexión relacionaría y atribuiría estos aspectos a lo que se considera “la grieta”, metáfora de una modalidad relacional que excede a la pandemia, en cuanto está inscripta en procesos de corto y largo alcance que han escindido y escinden hoy política y culturalmente^[43] a la mayoría de nuestra sociedad. Si bien esta sería la base de un tal relacionamiento, hay cierta argumentación negada por la oposición que permitiría en este singular escenario dar vuelta la página de la confrontación amigo-enemigo.

El primero de estos argumentos es obviamente la presencia de un virus que se propaga más allá de condiciones sociales, menos ideológicas, atacando sí con mayor vigor a poblaciones con problemas de infraestructura sanitaria y a grupos “con comorbilidades”. El segundo argumento es que el Estado, frente a tales situaciones, ha puesto en práctica una política cuya racionalidad, además de sostenerse en la capacidad de gestión del Estado, eludiendo toda intermediación mercantil, está basada en el asesoramiento y el discurso científico más que en la política, criterio que repara en la intensidad del riesgo acudiendo a partir de ello a estrategias específicas y puntuales en relación con la compleja cadena de cuestiones que la política pretende atender.

Al no haber sido este enfoque cuestionado seriamente por especialistas en la materia –solo por gobiernos de la oposición que han hecho caso omiso de los decretos respectivos–, la política de salud, y más precisamente la de combate a la pandemia, debería ser preservada de la disputa política con base en la asunción de una ética que ponga la solidaridad por sobre cualquier otra consideración, a la vez que garantice el derecho humano a la salud.

A modo de conclusiones: defender la democracia

El neoliberalismo conservador que vemos expresarse no constituye una fuerza que, como predica, haga de sus prácticas un ejercicio democrático de la política, al no respetar siquiera aquellas normas de la forma liberal representativa predominante. Ello debe preocupar a la democracia, más allá de sus negativas consecuencias sobre la grave emergencia por la que atraviesa nuestra sociedad. La actuación del neoliberalismo conservador en relación con la pandemia está plagada de falsas noticias y falsas denuncias, de unas prácticas y discursos programados tendientes a la obstrucción de la política estatal y a la desvalorización de la democracia. Se intenta con ello construir una subjetividad de tipo convencional, domesticada al interés político, algo que se opone de manera frontal a la democracia, cuya realización requiere de la reflexividad y lucidez ciudadana. Ello a la vez priva a la sociedad de una mayor certidumbre sobre su presente y futuro en cuanto obstruye la generación de mayores capacidades en el tratamiento de las cuestiones sociales. No existe ningún argumento en el contexto actual que justifique otro tipo de relacionamiento en el campo de la política que no sea el de una convivencia democrática que desate la potencia de las emociones y racionalidades colectivas a favor del buen vivir.

La pandemia constituye una cuestión de orden público, que interesa porque afecta con marcados diferenciales, por cierto, al conjunto de la sociedad. La democracia argentina tiene rasgos pluralistas en cuanto presenta opciones colectivas frente a los grandes problemas públicos, pero no logra consolidar espacios en los que la reflexividad activa constituya la vía en la que sean posibles consensos y disensos en torno a la política estatal.

Ello quizás pueda resultar de la limitada presencia de “la política”, en lo que constituye una modalidad de gestión de la pandemia cuyas urgencias han llevado a un predominante involucramiento de actores institucionales, de aquellos que configuran “lo político”, incluso de aquellos que articulan actividades con organizaciones colectivas. Tal selectividad ha seguramente privado a la gestión de la dinámica política que supone una mayor apertura a movimientos y organizaciones colectivas, lo que refiere no solo a los aportes que devienen de su conocimiento del territorio, sino también a las posibilidades de su participación en la generación y aplicación de los programas respectivos.

Como señala Balibar (2007), bajo ciclos conflictivos y de cambio epocal como los que vivimos al presente, el statu quo democrático no es probable, solo quedan como posibles “la regresión o el avance de los derechos y los poderes colectivos”. Creemos que el rígido posicionamiento amigo-enemigo propio de la oposición que hemos podido observar alrededor de la pandemia conduce a un deterioro de la capacidad de la democracia para lidiar con la conflictividad social, lo cual obliga a volver la mirada sobre aquellos recursos políticos que pueden permitir regular las relaciones de poder, buscando democratizar y así fortalecer la política estatal frente al puro hostigamiento.

No se trata, por cierto, de agudizar el antagonismo que obceca a una fuerza política cuyos discursos y prácticas se sitúan demasiado cerca de las orientaciones despóticas y xenófobas propias de la denominada “derecha radical europea”. Se trata más bien de poner en acto una política que evite el serio riesgo de hacer de la democracia un instrumento de su propio retroceso, esto es, dedicada a reducir sus “excesos”, atribuidos al ensanchamiento de derechos fruto de esa misma democracia. Tras ello subyace para Rancière (2006) el riesgo de una configuración social basada en el dominio del “individualismo democrático”.

La defensa de la democracia no reside pues en mantener su statu quo, sino en preservar y acrecentar el proyecto de autonomía que le es inherente (Castoriadis, 2008), entendido como la negación de fundamentos extrasociales, de dispositivos fácticos de poder que imponen a sus prácticas y realizaciones una significación que le está reservada a la ciudadanía, sea esta ejercida bajo las formalidades de lo político, sea bajo la reflexividad de la política.

Promover esta defensa, en fin, es avanzar en la capacidad de recreación y transformación hacia formas sustanciales de democracia, significado que es nodal a las luchas que tienen lugar actualmente en Latinoamérica, y que se expresan en el relevante hito histórico que significa el arribo al poder, fruto de luchas y de conflictivos procesos electorales, de miembros de las comunidades y naciones indígenas en los casos de Bolivia, Chile y Perú. Es pues sobre tales transformaciones democráticas sobre las cuales descansan buena parte de las expectativas sobre el futuro de nuestro subcontinente.

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