Lecciones aprendidas e implicaciones normativas/recomendaciones del libro

Claire Launay Gama

Este libro colectivo consistió en identificar, analizar y acompañar prácticas innovadoras de interacción entre los actores no estatales (sociedad civil, sector privado, ciudadanía…) y las entidades públicas en América Latina. Los cinco estudios de caso presentados no solo cumplen con este objetivo, sino que van más allá. En efecto, nos brindan una pertinente reflexión sobre, por un lado, la composición de espacios multiactores y los desafíos que enfrentan y, por otro lado, los efectos transformadores de esta participación ciudadana sobre la acción pública.

Concebido también como un diálogo entre investigadores (académicos) y profesionales de la sociedad civil, entre franceses latinoamericanistas y latinoamericanos, este libro alimenta tanto los debates universitarios como los debates entre actores de la sociedad civil sobre la participación. Además, su construcción alrededor de diferentes estudios de caso así como de perspectivas teóricas aplicadas presenta un resultado importante.

A manera de conclusión, este análisis transversal identifica en una primera parte las principales lecciones aprendidas y desafíos planteados por las experiencias y propone, en una segunda, algunas recomendaciones relacionadas con la pregunta central del libro: ¿cómo la participación ciudadana contribuye a una mayor legitimidad de la acción pública?

I. Cinco lecciones aprendidas

Las experiencias presentadas se encuentran en contextos geográficos diferentes y se desarrollan bajo distintas modalidades. Sin embargo, todas comparten un elemento común: el diálogo entre actores ciudadanos e instituciones públicas. Por lo tanto, esta unidad fuerte que emerge de la diversidad de las experiencias constituye la primera lección aprendida de este libro: los dispositivos participativos toman formas muy diferentes, pero buscan, bien sea en la concertación o en la confrontación, aportar al diálogo democrático y, por ende, influir en la acción pública.

La segunda lección aprendida de este libro se centra justamente en las condiciones y el desarrollo de este diálogo democrático y su contribución o no a la coconstrucción de la acción pública. Luego, de manera original, dos experiencias, la primera en Chile y la segunda en Argentina, contemplan el rol de las nuevas tecnologías en la movilización y participación ciudadana. El efecto transformador de este nuevo activismo online caracteriza la tercera lección aprendida. También, las experiencias revelan la asociación cada vez más creciente de actores diversos y nuevos en los procesos participativos, pero plantean un dilema importante: ¿quién representa a quién y quién actúa a nombre de quién? La cuarta lección aprendida nos lleva a entender que los perfiles y la representatividad de los actores de la participación influyen sobre la legitimidad de los procesos. Finalmente, y como última lección aprendida, los autores detallan y profundizan en cada una de las experiencias los efectos de la participación y en qué medida se traduce en una fuerza de cambio en la acción pública. Ellos concluyen que si bien la incidencia sobre la acción pública puede ser a veces limitada, la participación influye netamente sobre la construcción de debate público y, por ende, en una reorientación de los procesos democráticos.

1. Unidad en la diversidad

Diversidad de los procesos participativos

En primer lugar, los procesos participativos pueden resultar de una iniciativa institucional o de una iniciativa ciudadana propia. En el caso de Chile, Faure y Maillet explican que la iniciativa de crear un observatorio anticorrupción proviene de una decisión presidencial pero que su desarrollo tenía que incluir a la sociedad civil. Por lo tanto, las dos organizaciones Espacio Cívico y la Fundación Ciudadano Inteligente, con su propia agenda y metodología, emprenden un seguimiento de las decisiones y resultados de este observatorio. Al revés, en Paraguay, la creación del Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación (FEEI) nace de una iniciativa ciudadana en diálogo con las autoridades públicas. Fruto de una iniciativa institucional o ciudadana, los dispositivos participativos tienen entonces un origen diferente y las condiciones de este nacimiento tendrá repercusiones tanto sobre su desarrollo como sobre sus resultados: repartición y organización de las fuerzas en juego, liderazgo de la iniciativa, etc.

En segundo lugar, las experiencias demuestran una participación multisectorial. En Argentina y Brasil, Anunciata y Sa Vilas Boas tratan de la participación de las mujeres para luchar contra la violencia y aportar recomendaciones a políticas públicas de género. En Colombia, González y Launay abordan la participación de las organizaciones sociales en dos temas polémicos: la paz y la industria extractiva. En Paraguay, Larrouqué detalla una iniciativa de concertación para la gestión de un Fondo de Excelencia para la Educación, y en Chile, Larrouqué y Faure desarrollan una iniciativa de control social sobre el tema de transparencia y anticorrupción. La participación ciudadana interviene entonces tanto sobre grupos o sectores de la población, como las mujeres, como en múltiples temas públicos y sociales: educación, industria extractiva, paz.

En tercer lugar, los cinco ejercicios participativos contemplan y aplican métodos diferentes. Si bien los espacios físicos de reuniones son las formas más usadas, como lo demuestran las experiencias de Brasil y Colombia, ciertos grupos privilegian una participación online como en Argentina con la iniciativa #NiUnaMenos y la plataforma Change.org, o en Chile con el sitio web de seguimiento a los resultados del Observatorio anticorrupción.

Finalmente, las iniciativas reagrupan diferentes actores según los casos. En Paraguay, son periodistas y empresarios quienes participan en el grupo. En Brasil, son organizaciones de mujeres con funcionarios. En Colombia y en Chile, son organizaciones especialistas: Transparencia por Colombia, Espacio Cívico y Ciudadano Inteligente. En Argentina, observamos una participación mucho más amplia y diversa con la presencia de muchos ciudadanos individuales que expresan su apoyo a la lucha de las mujeres a través de las plataformas.

La unidad en la forma de participar y en la búsqueda de un diálogo público

Si bien cada proceso o dispositivo participativo tiene su propio tema, sector y desarrollo, el conjunto de las iniciativas presentan dos características en común. Por un lado, ellas tratan de procesos de vigilancia ciudadana sobre la acción pública. Por otro lado, cada iniciativa lleva a espacios de diálogo con las entidades públicas.

En primer lugar, la vigilancia ciudadana más comúnmente llamada “control ciudadano” en América Latina es una forma de participación especifica que pide a los decisores públicos que rindan cuenta sobre su acción. Como lo recuerdan Gonzalez y Launay, esta petición-rendición de cuentas implica entonces una función crítica sobre el comportamiento de los agentes públicos, estatales y no estatales, con el propósito de incrementar la responsabilidad y la integridad en el manejo de los asuntos públicos”^[1]. El Observatorio anticorrupción en Chile, la mesa EITI en Colombia o las conferencias de las mujeres en Brasil constituyen todos procesos de control ciudadano. Comparten, en efecto, la misma apuesta, participar buscando influir en la acción pública.

En segundo lugar, todas las iniciativas ilustran espacios de diálogo entre miembros de la sociedad civil y actores estatales. Sea en su dimensión individual o en su dimensión colectiva, los diferentes actores ciudadanos se reúnen con los representantes del Estado. Cada uno preservando sus intereses y su independencia, estos actores buscan una acción pública más legítima y transparente. Las condiciones y el desarrollo de este diálogo democrático o la coconstrucción de una acción pública constituyen la segunda lección aprendida de este libro.

2. El diálogo público y la coconstrucción de una acción pública

Las iniciativas analizadas en este libro confirman una asociación cada vez más importante de los actores ciudadanos en los debates públicos y, sin duda, el ejercicio de control ciudadano promueve un diálogo y una interacción entre actores diferentes. Ahora bien, ¿pueden estos procesos de diálogo público llevar a una coconstrucción de la acción pública entre ciudadanos y autoridades públicas y por consiguiente transformar la acción pública?

Como lo señalan Gonzalez y Launay en el caso colombiano

Para el Estado, hacer un llamado a organizaciones profesionalizadas y con altos grados de reconocimiento significa legitimar la acción pública. Para estas organizaciones convocadas es una confirmación de su reconocimiento y muchas ven también una oportunidad para la generación de confianza y la apertura de espacios de interacción más sistemáticos.

Según Maillet, Faure y Carrasco, el trabajo “ciudadano” permite, antes que todo, “una rearticulación entre las élites políticas y las élites civiles, legitimando una acción pública tradicional fuertemente descreditada en Chile”. Finalmente, en el caso de la Conferencia de las Mujeres en Recife, según Sa Vilas Boas “la participación ciudadana está usada como un repertorio argumentativo para la adopción de programas públicos”.

Los autores demuestran que la interacción contribuye a justificar y legitimar una acción pública a menudo descreditada en América Latina. Podemos deducir entonces que el Estado solo y sin la participación de los demás actores no lograría tanto justificar sus políticas ni ganar tanta legitimidad. También la integración de los dispositivos participativos a la acción pública cambiaría las perspectivas de ciertos funcionarios y, por ende, las políticas que están a su cargo. Existiría entonces en los casos mencionados una mejor comunicación entre agentes estatales y la ciudadanía que llevaría a una coconstrucción, es decir a una regulación colectiva de la acción pública.

3. El rol de las nuevas tecnologías: transformación y evolución de los métodos de participación

Dos capítulos plantean, en Chile y en Argentina, una transformación y evolución recién de los modos de participación con la aparición de las nuevas tecnologías. ¿Cómo influyen estas nuevas tecnologías tanto en la participación ciudadana como en la relación entre Estado y ciudadano? Maillet y Faure en Chile con la plataforma de seguimiento a las propuestas de la Comisión nacional anticorrupción y Anunziata en Argentina con las iniciativas Change.org y #NiUnaMenos aportan algunos elementos de respuesta.

En primer lugar, Maillet y Faure consideran que la participación online “implica un acceso equivalente de todos los ciudadanos a la tecnología. También los ciudadanos necesitan tener una cierta competencia técnica”. Esto significa que la participación online considerada como un potencial tecnológico no sería necesariamente a favor de la democracia.

En segundo lugar, Anunziata afirma que la participación online puede ser una una vía ágil y poco costosa de obtener respuestas y que estas plataformas tecnológicas pueden ser “un complemento de los canales institucionales para la resolución de demandas y reclamos ciudadanos”.

Las nuevas tecnologías plantean según ciertos autores el desafío del acceso equitativo a la participación. En efecto, reduciéndose a un activismo online la participación podría en ciertos casos perder su sentido democrático. Sin embargo, los tres autores coinciden en que las nuevas tecnologías apuntan a establecer una relación recíproca y directa entre ciudadanos y actores públicos, superando así los grupos intermedios. También, según ellos, las llamadas “civitech”^[2] podrían implicar un compromiso mayor y hasta personalizado de los ciudadanos.

Finalmente, el uso de las nuevas tecnologías implicaría entonces una transformación y una remodelación de la participación. Más directa y personalizada, más mediatizada, la participación online propone una manera innovadora de vigilar la acción pública e incidir en ella.

4. Los actores de la participación y el dilema de la representación

Los perfiles de los participantes

Los actores involucrados en la participación tienen perfiles distintos. En el caso de la consulta de la sociedad civil sobre el Acuerdo de Paz en Colombia, el Estado pide a organizaciones intermedias (Foro por Colombia, Transparencia por Colombia) que convoquen a otras organizaciones. Se trata entonces aquí de una consulta de organizaciones con organizaciones.

En Chile, la composición de la Comisión convoca a ciudadanos “expertos”, la mayoría con doctorados y con larga trayectoria en trabajar en estos temas. Se parecería entonces más a un grupo de profesionales expertos que hablaría en nombre de otros que a un colectivo de ciudadanos. En Brasil, son organizaciones de mujeres y funcionarios que participan en las conferencias de mujeres.

En Paraguay, la composición del grupo de seguimiento del fondo educativo es, tal vez, el más diverso de todos incluyendo individuos tanto de los medios de comunicación como del sector privado. Finalmente, el caso argentino se singulariza con un activismo de actores que se distinguen de los actores tradicionales y organizados de la acción colectiva. En efecto, #NiUnaMenos nace de un grupo de “impulsadoras” individuales y no organizadas. Igualmente, la experiencia de Change.org propulsa “ciudadanos comunes” y sin ninguna pertenencia institucional.

La participación ciudadana convoca entonces a un espectro amplio y diverso de actores. Individuos o colectivos, organizaciones sociales, think tank o grupos de expertos periodistas o empresarios, esta diversidad marca sin duda tanto la naturaleza como los resultados del dispositivo participativo. También cabe notar que fuera del caso argentino, todos los demás involucran constante o puntualmente a los funcionarios. Los espacios de participación ciudadana se convierten entonces en espacios multiactores con intereses a veces diversos pero que pueden también ser factores de cambios más inmediatos.

El dilema de la representación

Ahora bien, el conjunto de los autores se hace la pregunta eterna sobre el nivel de representatividad de los actores participantes. Por ejemplo, preocupadas por su legitimidad, Transparencia por Colombia, Espacio Cívico y Ciudadano Inteligente, organizaciones asimiladas a whatchdogs u “organizaciones intermedias” buscan mayor representación ciudadana y tratan de involucrar un mayor número de ciudadanos. En el marco de EITI, los representantes de la mesa organizan reuniones periódicas y envían comunicaciones a las demás organizaciones acerca de los avances y retrocesos del diálogo e incluso piden insumos para la negociación. Sin embargo, estas mismas organizaciones reconocen la dificultad de garantizar una total representatividad. Allí, como lo afirman Maillet y Faure se percibe entonces un riesgo en el quehacer de las organizaciones sociales: ellas participarían más a la legitimización de una acción pública que a representar los intereses ciudadanos.

Por otro lado, la presencia identificada de funcionarios en estos espacios multiactores podría llevar a otro riesgo: las organizaciones se constituirían entonces más como aliados estratégicos de las instituciones. Según Launay y Gonzales, estos esfuerzos de retroalimentación al Estado pueden sin duda incidir en la toma de decisiones públicas en el marco del diálogo pero no siempre puede garantizar que esta visión sea acogida efectivamente por el sector público y en este caso puede debilitar su rol y su legitimidad. En este sentido, varios actores de la participación privilegian la denuncia, la movilización y el activismo judicial a una relación más directa y más singular con el ciudadano. Es el caso de las civitech y puede contrastar con el anonimato de las movilizaciones tradicionales.

Finalmente, representar a una mayor cantidad de ciudadanos o acercarse más a las entidades públicas puede constituir un dilema para las organizaciones. Sin embargo, no son necesariamente acciones antagónicas y ambas pueden ser fuentes de legitimidad. Finalmente, cabe preguntarse si la total representatividad no sería una búsqueda imposible al detrimento de la acción misma, siendo la acción siempre pensada al nombre del interés general. En este sentido, ¿no serían los efectos y los cambios generados por esta acción colectiva que terminarán por justificar y legitimar la acción?

5. Los efectos de la participación y sus repercusiones sobre la acción pública

Más allá de las condiciones, el desarrollo y los actores de la participación, el libro centra su análisis sobre los efectos transformadores de esta participación sobre la acción pública. ¿Cuáles son los diferentes efectos de la participación?, ¿la participación ciudadana representa o no una fuerza de cambio en la acción pública?

Los autores coinciden en que la participación presentan una serie de efectos y que si bien ellos se expresan de manera diferente según la experiencia, es posible identificar aquí implicaciones comunes a las experiencias. Se propone a continuación una breve caracterización de estos efectos: los efectos sobre los actores mismos de la participación y su relación con las entidades pública (1) y los efectos sobre las políticas y las instituciones públicas (2). Analizaremos luego si estos efectos representan o no reales cambios en la acción pública.

5.1. Efectos sobre los grupos ciudadanos y su relación con las entidades públicas

Independientemente de los resultados obtenidos por la acción participativa, los autores plantean unos efectos directos de generación de conocimientos y de liderazgo político sobre los grupos participantes. Por otro lado, los espacios multiactores obligan a la construcción progresiva de una relación entre ciudadanos y funcionarios y, a veces, a la creación de enlaces de confianza.

Exigibilidad de sus derechos

En primer lugar, los ejercicios de control y de participación ayudan a los ciudadanos a ser más exigentes en el respeto de sus derechos participativos y a ser conscientes de la posibilidad y de la necesidad del uso de estos derechos para tener un impacto sobre el debate público. El conjunto de las experiencias muestran que este cambio es antes que nada un cambio de mentalidad que permite fomentar una conciencia participativa dentro de la ciudadanía y aumentar el interés por los asuntos públicos.

Aumento de un capital social y educativo

Más allá de este proceso mental de exigibilidad de sus derechos, la implicación de los ciudadanos en ejercicios de control social tiene como consecuencia su educación y, en última instancia, la construcción de capital social. En Londrina, las conferencias de mujeres contribuyen al fortalecimiento de sus capacidades individuales. En el caso argentino de la plataforma Change.org, los ciudadanos se vuelven expertos en el tema de la petición.

La construcción de una autonomía ciudadana y de un liderazgo político

En Recife, a pesar de colaborar con las instituciones locales en temas de políticas públicas, las mujeres reivindican su autonomía frente al gobierno. En Paraguay, si bien la Comisión solo cuenta con cuatro representantes titulares miembros de la sociedad civil y que no alcanzan la mayoría de los votos, no se puede desconsiderar su opinión. Según Larrouqué, esta “Fuerza ciudadana” tiene entonces implicaciones importantes sobre las decisiones. En Argentina, la movilización en el tema de la violencia de las mujeres produjo según Anunziata “un nuevo sujeto colectivo o una nueva identidad”. La afirmación de la identidad de los grupos participativos y su autonomía participaría entonces de la construcción de un liderazgo y progresivamente de la emergencia de un contrapoder ciudadano. Ahora bien, esta autonomía e independencia afirmada y reivindicada no impide la construcción de una relación con las entidades públicas.

La construcción de un reconocimiento mutuo entre ciudadanos y actores públicos

Los espacios multiactores que son la Comisión anticorrupción en Chile, la Conacyt en Paraguay y la mesa de concertación de EITI en Colombia han favorecido y fortalecido la relación entre actores de perfiles e intereses diferentes. Los actores aprenden a conocerse y a nutrirse de las diferentes posiciones. En Chile, por ejemplo, Maillet y Faure hablan de una “alianza tácita con el gobierno en algunos momentos”.

Sin embargo, el diálogo resulta difícil en Colombia en medio de una polarización pronunciada. Gonzalez y Launay explican, en efecto, que existen altos niveles de desconfianza frente a la voluntad política del Estado para cumplir los compromisos asumidos en materia de transparencia en el sector minero-energético o de mayor participación ciudadana en el marco de los acuerdos de paz.

Ahora bien, fácil o difícil, la construcción de esta relación representa en sí un factor fundamental para los procesos de gobernanza y replantea la relación entre la autoridad política, el funcionario y el ciudadano. Por ende, estos escenarios de debate público contribuyen a transformar el ejercicio de la acción pública. En definitiva, los ejercicios de control ciudadano ayudan a pasar de un escenario de democracia representativa muy vertical hacia una inclusión cada vez más descentralizada de los intereses y demandas de públicos tradicionalmente ausentes del debate público.

5.2. Efectos sobre instituciones y políticas públicas

Los diferentes espacios de participación reportan efectos concretos y positivos tanto sobre las instituciones como sobre las políticas públicas. Según Maillet y Faure, la Comisión ha sido un paso fundamental para impulsar la Agenda de Probidad y ha generado un avance legislativo de los proyectos pertenecientes a la Agenda. Según Gonzalez, el espacio de EITI ha favorecido un mayor acceso a la información sobre la industria extractiva. Por su lado, Damien Larrouqué considera que la iniciativa de la sociedad civil FEEI contribuye a reforzar los mecanismos de accountability, tanto horizontales como verticales, que eran tradicionalmente muy precarios en Paraguay. En Argentina, Anunziata reporta que la iniciativa #NiUnaMenos ha llevado la Cámara de Diputados a convertir en ley el proyecto para la creación de un cuerpo de abogadas y abogados gratuito para las víctimas de violencia machista. En Brasil, grado de integración de estos dispositivos en el “cotidiano administrativo dependería las prácticas de los actores administrativos y de los efectos en la acción pública”. Sa Vilas Boas en Brasil analiza que la mayor integración de los dispositivos participativos en el cotidiano administrativo puede resultar sobre mejores prácticas administrativas.

Sin embargo, los mismos espacios encuentran también obstáculos. En Colombia, Gonzalez cuestiona la permanencia y el seguimiento de los acuerdos obtenidos en el marco de este espacio y, en particular, la voluntad política del sector público y privado para hacerlas efectivas. Por su lado, Anunziata observa que en 2015, durante la campaña electoral en Argentina, los principales candidatos no incluyeron el problema de la violencia machista en los debates televisivos como habían pedido las periodistas impulsoras.

En conclusión, los dispositivos participativos tienen efectos claros sobre la acción pública. Ellos contribuyen a la creación de las leyes o a la mejora de políticas públicas de educación o de género. Por otro lado, la relación entre actores es muy variable. Ella va cambiando según el equilibrio de las fuerzas, el nivel de integración de los procesos participativos a los ámbitos administrativos, la durabilidad de los espacios de diálogo, la coyuntura y el grado de confianza adquirido. Sin embargo, si bien la incidencia ciudadana sobre la acción pública sigue siendo insuficiente, estos ejercicios de control ciudadano permiten pasar de un escenario de democracia representativa muy vertical hacia una inclusión cada vez más descentralizada de los intereses y demandas de públicos tradicionalmente ausentes del debate público.

II. Recomendaciones/implicaciones normativas. ¿Cómo la participación ciudadana incide en la acción pública?

El análisis transversal plantea una serie de lecciones aprendidas tanto sobre los actores como sobre los efectos de la participación. Si bien no hay “buenas recetas”, existen condiciones y factores que, por un lado, facilitan y transforman la participación y, por otro lado, favorecen los cambios en la acción pública. Ello nos lleva a proponer algunas recomendaciones e implicaciones normativas de cómo la participación puede generar incidencia en la acción pública. Ordenadas por temas, ellas abordan tanto las estrategias y el desarrollo de los mecanismos de la participación como su incidencia. También están dirigidas a los dos principales actores; los actores no estatales: ciudadanos individuales, grupos de ciudadanos, organizaciones intermedias, y a los actores estatales: funcionarios, autoridades políticas, instituciones. Finalmente, estas recomendaciones se detallan a partir de los casos estudiados en el libro. Esperamos que puedan serles útiles tanto a los que practican como a los que analizan la participación.

1. Recomendaciones a los grupos ciudadanos y al desarrollo de los ejercicios

• Fortalecer la especialización temática y geográfica de los ejercicios para asegurar la experticia técnica, su continuidad y, por lo tanto, su incidencia. Un grupo de ciudadanos trabajando sobre políticas públicas de género puede fortalecer su conocimiento leyendo la información pública pero también académica sobre el tema y recibir capacitaciones adecuadas.
• Definir el alcance político del ejercicio: puede ser un ejercicio de fortalecimiento organizacional o un ejercicio de incidencia política o ambas cosas. Del alcance dependerá la estrategia y, por ende, la incidencia deseada.
• Promover alianzas estratégicas entre actores que trabajan el mismo tema. En Paraguay la Conacyt reúne miembros del gobierno, empresarios, periodistas y profesores que conocen el tema. En este sentido, mantener espacios de formación y diálogo entre estos actores, para definir estrategias conjuntas y medidas de fortalecimiento de participación ciudadana.
• Realizar y adaptar los ejercicios en determinados momentos de un período de gobierno municipal o nacional. La incidencia y la búsqueda de cambios tendrá mayor relevancia justo después de un periodo electoral que antes.
• Sostener los ejercicios en el tiempo y hacer seguimiento a la adopción e implementación de recomendaciones a la gestión y política pública que realizan. La duración dependerá de las características del proyecto, programa o entidad objeto del ejercicio de vigilancia ciudadana.

• Implementar una estrategia de incidencia específica. Se ha observado que cuando los funcionarios están informados de la iniciativa desde su inicio, el acceso a la información y el diálogo se han visto facilitados. Por ende, los resultados del ejercicio del control social son conocidos y pueden llevar a ciertos cambios. En este sentido se recomienda, cuando es posible, multiplicar los espacios de interlocución multiactores.

• Profundizar la estrategia de comunicación y de divulgación, tanto del ejercicio como de sus resultados: la información producida por los ejercicios permite asociar nuevos actores, pero también asegurar el conocimiento de los resultados. La creación de plataformas web dedicadas a estos procesos de vigilancia fortalecen por un lado la relación entre los actores participantes, pero también informan en tiempo real de los resultados obtenidos.

2. Recomendaciones a las autoridades públicas

• Respetar y apoyar ejercicios de vigilancia ciudadana en función del marco normativo de cada país.
• Sensibilizar a los funcionarios de su rol en la facilitación de ejercicios de control social. Ello implica un trabajo pedagógico con funcionarios que a veces perciben ejercicios de control ciudadana como un cuestionamiento a sus competencias.
• Garantizar a la ciudadanía un acceso ágil y fácil a la información, pero también entregar una información de calidad. El acceso a la información es un paso fundamental en los procesos de vigilancia ciudadana, por ello no se trata solo de que la entidad dé respuesta a una determinada solicitud, sino que la respuesta se caracterice por tener información de calidad, clara y entregada en los tiempos establecidos por la ley. Además, se recomienda que las plataformas para acceder a información de contratos y trámites, entre otras, sean de fácil manejo y se debe extender la socialización sobre su uso.
• Facilitar el desarrollo de los ejercicios de control ciudadano con las organizaciones sociales vía espacios de información mutua y espacios de diálogo multiactores, que sean constantes y cuyos resultados sean vinculantes. Multiplicar los espacios de rendición de cuentas de la institucionalidad involucrando a las organizaciones en su preparación.
• Hacer seguimiento a los resultados de las iniciativas de vigilancia ciudadana, recogiendo y aprovechando las recomendaciones de la ciudadanía para mejorar la eficiencia de la gestión pública en general. Además, reportando el uso e integración de estas recomendaciones en las políticas y programas aludidos.
• Brindar medidas y programas institucionales que permitan mitigar los riesgos de seguridad que enfrentan los líderes que realizan control ciudadano, así como los testigos y denunciantes de vulneración de derechos humanos.

3. Recomendaciones al conjunto de actores

• Multiplicar los espacios multiactores incorporando un sistema de pesos y contrapesos para mantener la autonomía e independencia de todos los actores. Cabe anotar que sobre esta última recomendación no hay consenso pleno. Algunas organizaciones sociales consideran que se puede ver afectada su legitimidad y su independencia si está vista como aliada del Estado. Por su lado, los funcionarios consideran que el involucramiento de los ciudadanos pone en peligro el desarrollo y la eficiencia de la elaboración de las políticas públicas.
• Creer y apostar al diálogo público como “un proceso de cooperación y trabajo conjunto entre los actores que busca equilibrar los poderes en la sociedad, abriendo nuevos canales de acceso y de participación a la ciudadanía…”^[3].
• Actuar para que las recomendaciones y cambios propuestos por los dispositivos de participación sean vinculantes y parte integrante de la decisión pública.

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