Fernando Carrión y Sebastián Rodríguez

El tema de la inseguridad quizá sea el imaginario más fuerte que se manifiesta en las ciudades de América Latina.

  

Silva, 2003, p. 84

Introducción

El fantasma de las violencias aterroriza a América Latina y el Caribe. Contra este se han conjurado en santa unión la cooperación internacional, gobiernos subnacionales, partidos políticos, movimientos sociales, corporaciones privadas, medios de comunicación y sociedades victimizadas. El balance es negativo. Una muestra de ello: en 1980, la tasa de homicidios de la región fue de 12,5 por cada 100.000 habitantes, en 2006 llegó a 19,5 y en 2017, superó la cifra de los 23 homicidios (Hernández, 2021).

Este escenario tiene repercusiones en las subjetividades de la ciudadanía. Así, el miedo, el temor y la percepción de inseguridad se han convertido en el principal imaginario urbano de la región, en un fantasma regulador de la vida cotidiana. La percepción de inseguridad redefine la relación entre individuos (ampliamente diversos) y entornos (mayoritariamente urbanos). Por la vía del temor, las ciudades reducen el uso y apropiación del espacio público, constriñen la jornada diaria, destruyen el tejido social y erosionan la ciudadanía. En otras palabras, se contrae el espacio, el tiempo y la sociedad de la ciudad.

Además de ser la región más urbanizada (UNDESA, 2018) y desigual (World Inequality Database, 2024), América Latina se ha convertido en la región más violenta del planeta (UNODC, 2023b). Las violencias crecen en las ciudades a un ritmo superior al de la urbanización, lo que la convierte en uno de los factores más influyentes de la calidad de vida de la población y estructura urbana. No hay dominio de la vida citadina donde las violencias no hayan penetrado y dejado efectos devastadores, sobre todo en las ciudades, porque es una problemática fundamentalmente urbana.

En la ciudad latinoamericana existen tipologías inéditas de violencias, como el sicariato, la extorsión o los coches bomba. Sin embargo, en las ciudades también existen violencias “no delictuales”, como la fragmentación, la segregación y, recientemente, la bunkerización y la foraneidad urbana. Esto quiere decir que además de los grandes problemas urbanos de las desigualdades, el cambio climático, el acceso a suelo/vivienda, la movilidad, los equipamientos y la gobernabilidad, se han incorporado las violencias y las economías ilegales. Estas no solo se han vuelto un desafío adicional para las ciudades, sino que han devenido en temáticas urbanas autónomas, que afectan a otros componentes de la sociedad, entre los cuales se destacan las subjetividades de la ciudadanía, es decir, las percepciones mismas de inseguridad.

Analizar el miedo implica entender su significado más allá de su condición psicológica. Así, el sentido de la palabra miedo depende desde dónde se la enuncia y de cómo se la ha construido socialmente. A esto puede denominarse “imaginario del miedo”, el cual genera conductas en la población acordes con él. Para Silva (2004), el imaginario es un elemento constitutivo del orden social; pero no como reflejo de la realidad, sino como integrante de ella, en tanto define estructuras de significación fijadas en procesos históricos y culturales en los cuales la gente da forma y sentido a su existencia. Para el autor, el imaginario es la invención de un dios metafórico que termina dictando sus visiones a sus creadores (feligreses).

Las ciudades son imaginadas de formas diversas, lo cual responde a complejas relaciones de poder y economía; es decir, a una economía política de la representación que marca la dirección, alcance y efectos. Asimismo, responden a condiciones de identidad originadas, por ejemplo, en cualidades etarias, sexo-genéricas, étnicas o socioeconómicas. En palabras de Fernández (2004): “Cada vez que pensamos y sentimos, es en realidad la ciudad la que nos está pensando y sintiendo, porque las ideas y los afectos que nosotros utilizamos nacieron y se desarrollan conforme nacieron y se desarrollan las ciudades” (p. 3).

Las cifras de la violencia permiten entender los imaginarios del miedo, a partir de las percepciones, individuales o colectivas, sobre personas, lugares o fantasías urbanas. En este sentido, las percepciones de (in)seguridad se comportan como imaginarios urbanos. Latinobarómetro (2023) señala que desde 2008 la inseguridad es percibida como el principal problema de la región.

Este texto tiene la siguiente estructura expositiva: primero, revisa las tendencias nacionales y urbanas de las violencias en Latinoamérica; después, se aborda la idea de que las violencias constituyen un principio urbanístico donde la bunkerización y foraneidad son rasgos de la producción de la ciudad actual; finalmente, se esbozan algunas conclusiones y debates pendientes.

1. Las violencias en América Latina y el Caribe: algunas tendencias

Las violencias han estado presentes en América Latina y el Caribe desde sus orígenes hasta el día de hoy. Sin embargo, eso no quiere decir que sus dinámicas y expresiones a lo largo del tiempo hayan sido siempre las mismas; por el contrario, ha existido un proceso histórico donde se han moldeado sus particularidades. Desde mediados de la década de los años ochenta del siglo pasado, las violencias se intensificaron y diversificaron en la región, al extremo de que se ha convertido en uno de los temas centrales del debate académico y de las agendas sociales y políticas.

Según cifras de UNODC (2023b), la tasa de homicidios mundial fue de 5,8 por cada 100.000 habitantes en 2021. A escala continental se evidencia lo siguiente: Europa tiene una tasa de 2,2; Asia de 2,3; Oceanía de 2,9; África de 12,6; América del Norte cuenta con una tasa de 6,3, mientras que América Latina y el Caribe, con una de 19,9 (la más elevada del planeta).

En la evolución de la tasa de homicidios en América Latina y el Caribe desde principios de siglo se destacan tres aspectos: 1) la tasa promedio durante dos décadas fue de 22,3; 2) se identifica una tendencia a la baja (máx.: 22,8, min.: 20,1) durante el periodo 2000-2007, una tendencia al incremento y luego al estancamiento con tasas altas (máx.: 24,4, min.: 22,5) durante 2008-2017, y una tendencia a la baja desde 2018 (máx.: 23,9, min.: 19,9); 3) la región suma, en veinte años, más de 3 millones de homicidios, o sea, un promedio anual de 150.000 muertes.

El Estudio Global sobre el Homicidio 2023 (UNODC, 2023a) nos brinda algunas luces adicionales. A escala regional, 9 de cada 10 víctimas de homicidio fueron hombres. Sin embargo, mujeres y niñas son más vulnerables a sufrir violencia homicida perpetrada por parejas íntimas o de carácter intrafamiliar. Un corte etario muestra que entre los 15 y 29 años tanto hombres como mujeres tienen el mayor riesgo de homicidio, con una tasa de 27 y 3,4 entre géneros respectivamente. El mecanismo predominante para cometer homicidios son las armas de fuego (67 %). La OPS (2021) alerta que las muertes por suicidio se incrementaron en un 56 % en las últimas dos décadas.

Figura 1. Evolución de la tasa de homicidios por países en América Latina y el Caribe^[1]

Fuente: elaboración propia con base en UNODC (2023b).

La figura 1 muestra la heterogeneidad de la distribución nacional de las tasas de homicidio en América Latina y el Caribe. Los países con las tasas más elevadas son Jamaica (53,3), Honduras (35,1) y Ecuador (27), y aquellos que presentan las más bajas fueron Bolivia (4), Argentina (4,3) y Chile (6,7) en 2022. Es tal la dispersión de las tasas que la brecha entre Jamaica y Bolivia es de 49 puntos. Colombia muestra una contracción de las tasas desde inicios de siglo: 67,7 en el año 2000 y 25,4 después de 22 años. México exhibe un incremento y estancamiento en tasas: 11 a inicios de siglo y 25,4 para 2022. El Salvador reduce los homicidios de 106,8 a 7,8 en ocho años. Y Ecuador incrementa las violencias en los últimos años: 6,8 en 2019, 27 en 2022 y 47 en 2023.

Las violencias se han extendido por la región con peculiaridades y ritmos propios. Sin embargo, existe la tentación metodológica de encontrar la causalidad de las violencias en la ciudad, solo porque se han urbanizado. Esto lleva a creer que la violencia es sinónimo de violencia urbana y que la ciudad es su origen. Así, la ciudad termina criminalizada erróneamente. Sin embargo, las ciudades también pueden ser la solución a las violencias pues entre otras cosas tienen la potencialidad de mejorar la calidad de vida de las personas. Al respecto, Jordán y Simioni (2002) mencionan que “en la mayoría de los países la concentración urbana no ha sido un factor negativo, pues ha permitido el acceso a bienes y servicios en una medida bastante mayor que la prevaleciente en tiempos de predominio rural” (p. 15).

La violencia urbana nace de la concentración espacial de la heterogeneidad y de la satisfacción desigual de las necesidades básicas (Carrión, 2010), como también de la vinculación a un proceso de urbanización desigual y combinado. La ciudad presenta un tipo específico de violencia, delictual y no delictual, que produce una inseguridad propia de lo urbano, consecuencia no solo de su concentración territorial, sino también de las relaciones mutuas entre la inseguridad y la vida urbana. Esto supone que la violencia puede ser reversible, en la medida en que se impulse un urbanismo distinto y una política de seguridad que tienda a modificar las estructuras que la producen.

Las violencias generan cambios en la estructura material y simbólica de la ciudad, implican nuevas formas de segregación urbana que convierten a la ciudad en una constelación de espacios inconexos: centralidades urbanas que albergan la mayor cantidad de delitos, periferias populares donde la población satisface la demanda de servicios de manera informal (vivienda, energía eléctrica, agua potable). Todo esto conduce a barrios, plazas y parques cerrados, blindados y amurallados, donde no entran personas sin seguir un proceso complejo. En otras palabras, se promueve la bunkerización de la ciudad.

Estos impactos afectan los comportamientos e imaginarios de la población. Así, la interacción social se reduce, lo cual afecta la condición de ciudadanía y modifica las formas de socialización cotidiana. Se militarizan las ciudades aplicando mano dura y emplazando el ejército en el espacio público, todo amén de la reducción de la calidad de vida de la población y como consecuencia de la cantidad de homicidios y pérdidas materiales.

El proceso de urbanización diversifica las violencias de las ciudades en al menos dos expresiones: las que no son ilegales, es decir, las que se originan en el seno del modelo de desarrollo urbano, cuyo signo más relevante es la segregación urbana. Y las que son ilegales, como homicidio, feminicidio, sicariato, robo, hurto, extorsión, entre otros.

De acuerdo con la urbanización de las violencias, conviene reflexionar en torno a las consecuencias no solo de las violencias delictuales sino también de las no delictuales. La violencia urbana nace en torno a la esencia de la ciudad misma: ser el espacio de mayor densidad de heterogeneidad (Wirth, 1988). De allí que en las ciudades se experimenten las dos caras de la misma moneda: la desintegración del tejido social urbano y la intolerancia hacia el otro y diferente. Esto lleva a la producción de conflictos que, si no se gestionan y procesan adecuadamente, desembocan en hechos de violencias urbanas.

Si en la reflexión de la ciudad en América Latina y el Caribe ha primado el análisis de la informalidad urbana y laboral (Clichevsky, 2000; Portes y Haller, 2004), ahora resulta ineludible pensarla desde aproximaciones que enfrenten teórica y metodológicamente la ilegalidad de las violencias y las economías (Carrión, 2024). En otras palabras, para intentar descifrar las ciudades de hoy es necesario descifrar las violencias de los entornos urbanos.

2. El temor se comporta como principio urbanístico

El fantasma de las violencias urbanas configura las percepciones y comportamientos sociales, es decir, los imaginarios urbanos, que se convierten en un principio urbanístico que ordena, estructura, restringe y produce experiencias urbanas.

En Teotihuacán, la ciudad prehispánica por excelencia, los muertos organizaban la urbe. Allí se ubicaba, por ejemplo, la Calzada de los Muertos, que era el eje estructurante de la ciudad porque integraba la Pirámide del Sol con la de la Luna y porque los mexicas creían que varios de los montículos que estaban a su alrededor eran tumbas. En la ciudad contemporánea se produce una mutación: no son los muertos sino sus fantasmas los que empiezan a organizar el territorio a través del temor, del miedo o de la percepción de inseguridad.

El temor genera un sentimiento respecto de un potencial peligro que pueda hacerse realidad o de que algo negativo pueda ocurrir. La percepción de inseguridad nace de hechos previos ocurridos o de construcciones imaginarias construidas por los medios de comunicación, las redes sociales, el espacio público, la cultura, la interacción social. La percepción de inseguridad es el sentimiento del riesgo potencial de sufrir una agresión física (robo, asesinato) o simbólica (sumisión, dominio).

Siguiendo esta idea, la figura 2 mapea este imaginario a través de la frecuencia en que los/as latinoamericanos/as se preocupan de ser víctimas de algún delito violento (Latinobarómetro, 2023). Lo interesante es que no hay una correlación mecánica entre tasas de homicidios y percepción de inseguridad.

Los datos son reveladores: casi el 60 % de los habitantes de la región experimentan temor de ser víctimas de algún delito, todo o casi todo el tiempo. Se destacan Brasil (70 %), Ecuador (67 %) y México (66 %). Sin embargo, la distribución del temor es desigual y, en cierto sentido, contradictoria; si comparamos el grado de victimización “objetiva” de los países con tasas de homicidios bajas, Chile, Costa Rica y Argentina, experimentan alto temor de ser víctimas con 67, 66 y 65 % respectivamente.

Los imaginarios urbanos se constituyen en puntos de partida para la actuación dentro de la ciudad. Específicamente, los relativos a las violencias transforman tanto las ciudadanías como las estructuras urbanas, siendo interdependientes y mutuamente integrados. Además, son fuertemente influyentes en el diseño de las políticas urbanas (infraestructuras, servicios) y de seguridad ciudadana (populismo penal, mano dura). Así, estos imaginarios no solo expresan sentimientos o percepciones sino estrategias que emergen para que lo temido no se materialice.

El urbanismo emerge como dispositivo de gobernanza de la ciudad que legitima la atomización o la interacción ciudadana (Carrión y Núñez, 2006). De allí que los imaginarios de las violencias empiecen a convertirse en principios urbanísticos, que son asumidos, incluso, dentro de la planificación de muchas ciudades, así como también de las prácticas ciudadanas.

Figura 2. Temor a ser víctima de delitos todo o casi todo el tiempo (2023)

Fuente: elaboración propia con base en Latinobarómetro (2023).

El urbanismo, desde sus orígenes, ha estado destinado a la organización del territorio y ha tenido, al menos, tres expresiones en el tiempo: 1. en la Revolución Industrial, con la separación de la fábrica y la vivienda (usos de suelo); 2. a principios del siglo XX, con el urbanismo funcionalista, bajo la dinámica de la zonificación por actividades (zoning); 3. en la actualidad, con la dialéctica de los imaginarios que producen, al menos, dos tipos de expresiones: la bunkerización de la ciudad, es decir, la profundización de los procesos de segregación residencial y urbana (espacio público, vivienda) (Carrión, 2008); y la foraneidad urbana, entendida desde una construcción identitaria donde el “otro” es obligado a asumir la condición de extraño o extranjero (Carrión, 2008, 2009).

Bunkerización: una nueva forma de segregación

Las tipologías delictivas cuentan con dos determinaciones físicas muy claras. Una proveniente de la geografía (centralidades, espacio público, periferias) y otra de la cronología (horarios, días, calendario cultural). Una y otra están relacionadas entre sí, tanto que los delitos que ocurren en un territorio tienen una temporalidad definida y muestran una regularidad clara: el robo de vehículos, por ejemplo, tiene ocurrencia predominante en el espacio público (geografía), y en días y horas laborales (cronología).

La cronología y la geografía de las violencias conducen a evidentes imaginarios del miedo. Allí están los provenientes, por ejemplo, de la lógica de que la noche es peligrosa y, por tanto, no se debe salir del domicilio. Nuevamente la doble constante: la casa o espacio doméstico es un refugio de paz (¿y la violencia intrafamiliar?) y la noche, expresión de lo temporal, es peligrosa (¿en el día no existen asesinatos?).

En términos de la organización territorial de la ciudad, la expresión urbana de las violencias proviene de la ocupación diferenciada de las actividades y de las personas en el espacio, lo que da lugar a la estructura urbana; esto es, a la integración de las partes en el todo: ciudad. En esa perspectiva existen dos determinaciones: las económicas, con el precio de los inmuebles (el suelo) y la capacidad de pago de la población. Y las políticas urbanas, que definen los usos de suelo y las zonas servidas con infraestructuras. A estas dos debe añadirse una tercera, conformada por la construcción de los imaginarios urbanos, donde el miedo tiene un peso determinante.

Se evidencia una lógica de causación circular entre espacio y violencia, en que la estructura urbana determina la existencia de ciertos tipos de violencias. Así, los usos de suelo y la zonificación se vinculan con tipologías delictuales que dan lugar, por ejemplo, a que “se roban bancos donde hay bancos” (Carrión, 2024). En la centralidad urbana, donde se concentran los capitales financieros, comerciales y administrativos, predomina el robo de vehículos, mientras que en las periferias residenciales, el robo de joyas, televisores y cuadros (espacio privado).

La relación ciudad-violencia no es unidireccional, porque las violencias producen tipos diferenciados de segregación urbana. Una muestra de esto es la segregación residencial motivada por percepciones de inseguridad que se materializan con la proliferación de barrios cerrados, lo que produce ciudades de muros, como define Teresa Caldeira (2007). Esta forma de segregación, a diferencia de la otra, vinculada al mercado inmobiliario (ingreso/costo), nace de forma autogestionada y cruza los estratos socioeconómicos de la sociedad (Carrión, 2008).

En la geografía de la violencia en las ciudades, existe una tendencia a la exacerbación de la segregación o fragmentación urbanas, mediante la aparición de una nueva modalidad que se generaliza: la bunkerización, término que proviene del concepto bunker, el cual hace referencia a la construcción de refugios para protegerse en la guerra. En este caso, es una cuasiguerra; es decir, la protección frente a una difusa y generalizada violencia urbana. Se trata de la suma de espacios urbanos cerrados y privados, destinados a protegerse de la violencia. El poderoso imaginario del temor que nace de la violencia se posiciona con fuerza y lo hace bajo la lógica de que la violencia nunca es propia, siempre viene desde afuera. Por eso, el cerrarse tiene sentido. ¿El encierro reduce la violencia o el temor?

Un rasgo característico de la bunkerización es la tendencia al amurallamiento generalizado y, por tanto, a la construcción permanente de fronteras. Esto conduce a la conformación de lo que Manuel Castells (2011) llama: “una constelación de espacios discontinuos”. Son espacios que se cierran, donde se conjugan parques, plazas, barrios, edificios, casas unifamiliares, unidades educativas, edificios de gobierno, clubes sociales y deportivos, centros comerciales, hoteles, unidades de producción y ciertos servicios de punta.

Esta diversidad de casos de enclaustramiento se fortalece con las infraestructuras construidas como condiciones generales de su existencia. Todas siguen un mismo protocolo: el imaginario del temor tiende a refuncionalizar los espacios público, privado, doméstico y comunitario. Más aún cuando en los accesos e inmediaciones de estos espacios, el sector privado de seguridad ha tomado alta relevancia. Para que esto surta efecto se requiere instalar complejas infraestructuras de seguridad privada a diferentes escalas, entre las que están la guardianía privada, la videovigilancia, el escaneo, la iluminación, el equipamiento. En lo residencial la bunkerización tiene dos expresiones claras:

• Los estratos socioeconómicos de altos ingresos que habitan barrios cerrados construyen su seguridad a partir de la defensa acérrima de la homogeneidad interna, mediante la fuerte identidad de sus espacios (Kingman y Prats, 2008). Lo interesante es que ello no solo se consigue con un espacio físico-material sino también con lógicas de socialización (orden, economía). Tras este proceso está presente el sentido de la privatización del espacio público, en donde sobresalen calles y parques que operan como enclaves privados, con acceso limitado según la normativa del barrio. En esta línea, el espacio doméstico se define por su alto precio, que garantiza la anhelada homogeneidad social. La narrativa del temor a las violencias parecería estar monopolizada por los que, justamente, están integrados plenamente a los principales circuitos sociales en detrimento de los que quedan por fuera (Castel, 2004).
  Otro aspecto relevante es el rol que desempeña la seguridad privada en los espacios urbanos amurallados^[2]. En el marco de los procesos de reforma estatal suscitados en la región durante la segunda mitad del siglo pasado, la privatización de la seguridad emergió como “solución” a la ineficiente respuesta del Estado frente al incremento de las violencias. Esto produjo una transformación notable: el tránsito de la seguridad como derecho humano a la conversión en una mercancía disfrazada de un servicio (Carrión y Dammert, 2009). Paradójicamente, este sector económico de la seguridad depende de la ampliación de la demanda. Así, los imaginarios del temor y el miedo se erigen como el gran aliado de esta actividad económica en rápida expansión. Solo en Ecuador, este sector pasó de tener 163 compañías de seguridad privada en 1995 a registrar 2.948 compañías vinculadas a este rubro en 2022 (Carrión, 2024).
• Los sectores empobrecidos que habitan barrios populares tienen esta misma estrategia, pero bajo sus propias condiciones y principios. La respuesta es similar a la de los sectores de altos ingresos: construcción de “muros” o “rejas”, que los aíslan aún más de la ciudad^[3]. En estos barrios las mejoras o mantenimientos se realizan menos por las vías mercantiles del pago del condominio y más por el peso de la autogestión comunitaria. Además, generan estrategias de seguridad a través del sentido de pertenencia, de la participación comunitaria y de la subversión de los estigmas territoriales asignados. Están presentes elementos tecnológicos como la videovigilancia, los botones de pánico, los chats comunitarios, todos de forma rudimentaria y con alta participación social.
  Otro tipo de bunkerización en barrios populares es la que proviene del cobro compulsivo de extorsiones, vacunas o peajes. Estas extorsiones pueden ser fijas, cuando se cobran a viviendas o negocios localizados en estos barrios; y móviles, cuando se exige el pago, por ejemplo, al abastecimiento que viene de afuera para tiendas, mecánicas, sastrerías; como también el cobro a los comerciantes callejeros, a los contratistas municipales que van a realizar obras. Esta práctica ilegal representa una pérdida de la relación con el Estado, expresada en que la población resigna el derecho a la protección y el Estado pierde soberanía territorial, porque los grupos criminales la asumen. Hay barrios y territorios donde la policía ya no puede entrar.

No se puede dejar por fuera el peso que tienen los imaginarios de la violencia en la definición de las políticas de seguridad. Allí están, de forma explícita, el llamado populismo penal (más delitos, más penas, reducción de la imputabilidad penal) y la mano dura, que demanda la sociedad en tanto víctima de la violencia. Adicionalmente, las políticas urbanas vinculadas a las de seguridad, con predominio de la prevención situacional, que define estrategias para reducir las oportunidades al delito. En uno y otro caso legitiman los procesos de bunkerización.

La ciudad de Guayaquil, en Ecuador, ejemplifica esta tendencia a la bunkerización. Tan solo en el año 2023 se instalaron más de 500 rejas a lo largo de la ciudad (Andrade, 2024). De esta manera, las ciudades se privatizan y domestican: se reemplaza el cine por las plataformas de streaming, el tianguis por el centro comercial, el parque por el club social y deportivo, el restaurante por las aplicaciones de delivery y la plaza por un malecón privado y amurallado.

Foraneidad urbana: extranjeros dentro de su propia ciudad

La bunkerización tiene su contraparte social: la foraneidad urbana. Esto es, la delimitación de forasteros o extranjeros dentro de la urbe, originada en un nuevo modelo de ciudad, en el que prevalecen las fronteras, no desde la dinámica interestatal sino desde la perspectiva social, cultural, económica y urbana.

La segregación urbana decanta en la generación de extranjeros con identidades de pertenencia muy claras dentro de la urbe. La contracción cada vez más acentuada de espacios referenciales tiende a construir microidentidades de pertenencia, que conducen a la foraneidad urbana (Carrión, 2009). Si una persona transgrede su espacio, propio de la dinámica de la vida cotidiana, inmediatamente es visto por el otro como alguien distinto, diferente, a quien se niega la alteridad^[4].

Este tránsito de la condición de ciudadanía a la de foraneidad se materializa en el hecho de que cuando un ciudadano “transgrede” sus circuitos de movilidad cotidiana y se dirige a los denominados “artefactos urbanos”, como los centros comerciales, complejos empresariales o urbanizaciones cerradas (De Mattos, 2010), automáticamente, se transforma en extranjero y, por lo tanto, debe declarar su información personal, intenciones y permisos.

En otras palabras, quien sale de su hábitat natural es considerado como un “otro”, comúnmente estigmatizado por sus expresiones identitarias en cuanto a apariencia física (vestido, tatuajes) o lenguaje (jerga). En este contexto, el lugar de residencia (barrio) es parte de estos estigmas territoriales que operan como ámbito diferenciador en el uso del espacio (Carrión, 2008). Con la foraneidad se pasa de una ciudad heterogénea a una de aislamiento, que desintegra el tejido ciudadano, es decir, a una ciudad de ciudades.

Cuando una persona quiere flanquear estos espacios bunkerizados, como puede ser un barrio cerrado o un edificio corporativo, instantáneamente el guardia, de forma presencial o virtual, le pide su identificación (cédula o DNI); es decir, pasaporte. Luego debe solicitar autorización al propietario del lugar al que se dirige; es decir, visa. Finalmente, debe pasar por medios electrónicos para determinar que no entra con bienes indeseables (aduana). Recién después de presentar el pasaporte, la visa y tener autorización de la aduana puede pasar la frontera, en este caso de lo público a lo privado.

Cada parte que conforma esta constelación de espacios discontinuos se encuentra delimitada por un sinnúmero de fronteras materiales y simbólicas infranqueables en donde la exclusión es la forma de habitar el espacio urbano. Es en estos lugares donde prevalecen el flujo sobre el encuentro, las dinámicas de itinerancia perpetua. Esto implica que salir del entorno propio sea una ruptura simbólica de pertenencia y que encontrarse con el otro en el espacio público sea un anacronismo.

A las percepciones de inseguridad, originadas en la precarización laboral, la desigualdad, las guerras, las pandemias, el cambio climático, los desastres “naturales”, se suman los imaginarios del miedo venidos de las violencias, que producen un estadio general de inseguridad que no solo tiene su correlato en la estructura urbana sino en la estructura subjetiva de los ciudadanos y “extranjeros” que habitan las urbes latinoamericanas. De allí que la inseguridad siempre se perciba en el espacio propio (bunkerización) y en el espacio del ajeno (foraneidad).

3. A modo de cierre

La intención de este texto ha estado dirigida a esclarecer el complejo entramado de significados, actores, factores y escenarios que envuelven a las violencias en América Latina y el Caribe desde inicios de siglo. Para esto se pasó revista a la trayectoria histórica de las tasas de homicidios desde el año 2000, que evidencian su profunda raigambre urbana. Actualmente, se puede sostener que las violencias son mayoritariamente urbanas y que los imaginarios de estas producen ciudad. Existe una relación dialéctica entre ciudad y violencia que genera, gracias a dinámicas estructurales, una violencia típicamente urbana.

La transformación de las violencias urbanas induce a imaginarios del miedo, lo que da lugar a impactos inconmensurables en los entornos urbanos. Estos impactos asedian incansablemente a los elementos centrales de la ciudad: se reduce la condición de ciudadanía, se destierra la posibilidad de civitas y polis, y se contrae el tiempo y el espacio urbano, lo cual redefine los elementos que construyen ciudad (urbs). Estos impactos tienen un correlato en la estructura urbana y en cómo se produce ciudad desde la ciudadanía, el mercado y los gobiernos locales (Carrión, 2008).

Para enfrentar estos impactos es fundamental (re)pensar los espacios de socialización ciudadana, así como sus vínculos políticos con los gobiernos locales, realzando la importancia de la institución estatal más próxima a la sociedad civil. Es en la ciudad donde se construye lo público y es en esta donde se produce el hábitat: vivienda, barrios. En ella se hace vida pública: la calle, la plaza o el parque. De ella se obtienen motivaciones provenientes del eterno ejercicio de poder y de la negociación entre identidades disimiles. Y es la misma ciudad (civitas, urbs y polis) la que debe (re)parar todo lo que ha sido despojado.

La representación y la participación ciudadanas activan condiciones para el abordaje político de la (in)seguridad, siendo la ciudadanía su fuente y fin. Es así que la definición de políticas públicas en este ámbito no nace únicamente desde “voluntades” políticas sino del resultado de acuerdos, disensos, hegemonías, resistencias, es decir, de una correlación de fuerzas (siempre desigual) en distintos y distantes escenarios políticos, ciudadanos y territoriales. A más de dos décadas de la sentencia de Armando Silva (2004), quizás la inseguridad siga consolidándose como el principal imaginario urbano de la región. Esperemos que una ciudad latinoamericana donde se procesen los conflictos pacíficamente no sea también un imaginario, es decir, una utopía.

Referencias

Andrade, J. (4 de enero de 2024). Uso de rejas en Guayaquil: los requisitos que vigilará la ordenanza recién aprobada. El Expreso. https://tinyurl.com/xh8penwy.

Caldeira, T. (2007). Ciudad de muros. Gedisa.

Carrión, F. (2008). Violencia urbana: un asunto de ciudad. EURE, 34(103), 111-130.

Carrión, F. (2009). La ciudad de intramuros: temor y violencia. En Ciudad Segura (vol. 33). FLACSO Ecuador.

Carrión, F. (2010). Ciudad, memoria y proyecto. FLACSO Ecuador – OLACCHI.

Carrión, F. (2024). La producción social de las violencias en Ecuador y América Latina. FES-ILDIS – FLACSO Ecuador.

Carrión, F. y Dammert, M. (2009). Barajar y dar de nuevo: hacia una nueva comprensión de la violencia y la seguridad. En F. Carrión y M. Dammert (eds.), Economía política de la seguridad ciudadana. FLACSO Ecuador.

Carrión, F. y Núñez, J. (2006). La inseguridad en la ciudad: hacia una comprensión de la producción social del miedo. EURE, 32(97), 5-16.

Castel, R. (2004). La inseguridad social: ¿Qué es estar protegido? Manantial.

Castells, M. (2011). La Era de la Información. La sociedad en red. Siglo XXI.

CCSPJP (2023). Ranking 2022 de las 50 ciudades más violentas del mundo. https://geoenlace.net/seguridadjusticiaypaz/webpage/archivos.php.

Clichevsky, N. (2000). Informalidad y segregación urbana en América Latina. Una aproximación. Serie Medio Ambiente y Desarrollo, n.° 28. CEPAL.

De Mattos, C. (2010). Globalización y metamorfosis urbana en América Latina. FLACSO Ecuador – OLACCHI.

Fernández, P. (2004). El espíritu de la calle: psicología política de la cultura cotidiana. Anthropos.

Frigo, E. (2003). Hacia un modelo latinoamericano de seguridad privada: los nuevos desafíos en la región [conferencia]. Primer Congreso Latinoamericano de Seguridad, Bogotá, Colombia.

Hernández, H. (2021). Homicidios en América Latina y El Caribe: magnitud y factores asociados. Notas de Población, (113). CEPAL.

Jordán, R. y Simioni, D. (2002). Hacia una nueva modalidad de gestión urbana. Serie Medio Ambiente y Desarrollo, n.° 48. CEPAL.

Kingman, E. y Prats, L. (2008). El patrimonio, la construcción de las naciones y las políticas de exclusión. Diálogo sobre la noción de patrimonio. Centro-h, (1), 87-97.

Latinobarómetro (2023). Informe Latinobarómetro 2023. La recesión democrática de América Latina. www.latinobarometro.org.

OPS (2021). Prevención del suicidio. OPS. https://www.paho.org/es/temas/prevencion-suicidio.

Portes, A. y Haller, W. (2004). La economía informal. CEPAL.

Silva, A. (2003). Bogotá imaginada. Ed. Taurus.

Silva, A. (2004). Imaginarios urbanos: hacia el desarrollo de un urbanismo desde los ciudadanos. Universidad Nacional de Colombia – Convenio Andrés Bello.

UNDESA (2018). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision (online edition). https://population.un.org/wup/Download/.

UNODC (2023a). Global Study on Homicide 2023. Homicide and Organized Crime in Latin America and the Caribbean. https://tinyurl.com/y696z3ze.

UNODC (2023b). UNODC Research – Data Portal – Intentional Homicide – Regional Estimate. https://dataunodc.un.org/dp-intentional-homicide-victims-est.

Wirth, L. (1988). El urbanismo como modo de vida. En M. Bassols, R. Donoso, A. Massolo y A. Méndez (eds.), Antología de sociología urbana. UNAM.

World Inequality Database (2024). World – Region View – Top 10% national income share 2022. https://tinyurl.com/mvu9rtr6.

---