Movimientos feministas y partidos políticos en Chile, entre la cooptación y la marginalización

Lucía Miranda Leibe^[2]

Introducción

Los ciclos de protestas y movilización feministas han sido recurrentes tanto en Chile como en el mundo, lo que ha permitido afirmar que se trata de uno de los movimientos sociales de más larga tradición (Kirkwood, 1986; Valdés y Weinstein, 1993; Baldez, 2002; Franceschet, 2003; Ríos, Godoy y Guerrero, 2010), que han visibilizado sus demandas incluso en periodos de dictadura (Valdés, 2000, p. 5, para el caso chileno; Pérez Serrano y Rubio, 1999, para el caso español; Borner et al., 2009 para el caso argentino).

El estudio de los movimientos feministas y de mujeres actuales (desde los últimos ciclos de protesta, de 2017 a 2019) está empañado por dos grandes baches: uno, la falta de exploración de las dinámicas internas (el aspecto organizacional) de los movimientos; y dos (íntimamente conectado a lo anterior), la relación entre los movimientos feministas y los partidos políticos en el proceso de posicionar las demandas de género (Miranda y Pizzolati, 2024).

Al conocerse cómo se dan las dinámicas internas de negociación y acuerdos dentro de los movimientos feministas, se obtiene una herramienta útil a partir de identificar qué tipos de liderazgos prefieren, o cuáles estrategias aplican para lograr acuerdos, permitiendo comprender mejor la disposición de las activistas a incorporarse en partidos políticos para posicionar institucionalmente las demandas de género.

La comparación de trabajos preliminares en los diferentes polos universitarios de Chile permitió identificar que persiste una organización interna del Movimiento Feminista segregada en ramas que generan tensiones y reagrupaciones en función de la coyuntura (Miranda y Roque, 2021; Miranda y Pizzolati, 2024). Luego de las crecientes olas de movilizaciones feministas, tanto las vividas durante el retorno de la democracia (década de 1990) como las observadas para la “Primavera Feminista” durante 2018, se percibió que la relación de las activistas feministas con los partidos políticos variaba por tipo de rama feminista de pertenencia (Miranda y Pizzolati, 2024). Lo anterior lleva a preguntarse qué clase de vínculos desarrollaron las diferentes ramas feministas en Chile con los partidos políticos. La hipótesis que guía esta investigación es que los avances y los retrocesos en la conquista de derechos para las mujeres son más devastadores cuando no existe una articulación institucional de las demandas feministas por medio del rol que cumplen las “femócratas”^[3], las mujeres que ocupan cargos en la administración pública estatal en pos de la defensa y la reivindicación de la autonomía feminista (Franceschet, 2003); asimismo, debe considerarse que la capacidad de entrada de las feministas en la institucionalidad estatal está mediada por la relación que mantengan con los partidos políticos.

Para responder esta pregunta el trabajo se organiza en cuatro secciones: un primer apartado que revisa la teoría en torno a la orgánica feminista; un segundo apartado que revisa la literatura sobre la base de la relación entre los movimientos feministas y los partidos políticos; un tercer apartado metodológico; y un cuarto con resultados y conclusiones.

Las dinámicas al interior de los movimientos feministas

Los movimientos feministas nunca han sido uno solo sino muchos (Mansbridge, 1995, p. 32). Investigaciones sobre períodos anteriores de intensa movilización feminista (Kirkwood 1986; Safa 1990; García Castro y Hallewell 2001; Ríos Tobar et al. 2003; Forstenzer, 2017) concluyeron que los movimientos feministas chilenos, al igual que otros latinoamericanos, se componían mayoritariamente de corrientes autónomas y militantes (Álvarez, 1994 para el caso brasilero; Kirkwood, 1986; Ríos et al. 2003 para el caso chileno; Codina Canet, 2020; Luna, 2021 o Lanbroa, 1993 para el caso español). Cada rama al interior del movimiento presenta diferentes lógicas de organización interna que las hace tensionar entre sí.

Kirkwood (1986), para las movilizaciones de 1970 en Chile, identificó dos grupos dentro del movimiento de mujeres que lidiaban con el objetivo de la emancipación femenina de diferente forma. Por un lado, estaban las “políticas”, y por otro, las “feministas”. La taxonomía dada por Kirkwood en 1986 será posteriormente retomada por otras autoras: Ríos et al. (2003) hablarán de las “políticas” versus las “autónomas”; o las “militantes” versus las “independientes” (Forstenzer, 2011). Se le daba diferente nombre, pero todos los trabajos coinciden en definir que unas se integraban (militaban) en los partidos políticos y otras no.

Las tensiones entre autónomas y militantes responden al tradicional debate feminista respecto a estar “dentro” o “fuera” de la institucionalidad política (Banaszak, 2010). Los trabajos más recientes de Miranda y Roque (2019 y 2021) demuestran que dichas ramas feministas al interior del movimiento no solo desarrollan lógicas diferenciadas respecto de cómo se vinculan con los partidos políticos, sino de cómo se organizan en general y qué estrategias aplican para posicionar sus demandas en la agenda pública.

Es útil que la clasificación por ramas feministas sea realizada a partir de la identificación de una serie de indicadores dentro de la dimensión organizacional con respecto a: 1) el tipo de estructura que desarrollan (horizontal versus vertical), 2) las lógicas de deliberación para llegar a consensos (impositiva versus deliberativa) y 3) el vínculo con los partidos políticos (reconociéndolos y militando en ellos; reconociéndolos como interlocutores, pero sin militar versus el total rechazo).

Sobre la base de lo anterior, las militantes se caracterizan por desplegar una orgánica política más tradicional con estructuras jerárquicas y fuertes vínculos con los partidos políticos. Las autónomas tendieron a tener una estructura orgánica más horizontal que si bien aceptaba la afiliación a partidos políticos, carecía de una participación por medio de estos, impulsando una lógica más deliberativa al interior de las asambleas.

Estudios desarrollados durante las movilizaciones estudiantiles feministas de 2018 identificaron, junto a las dos corrientes características del movimiento feminista de las décadas de 1970 y 1990, la presencia de un tercer grupo de feministas al que se decidió llamar “performáticas”, por su énfasis en el despliegue de perfomances y su vinculación con el arte (Miranda y Roque, 2021). Las performáticas, en comparación con las militantes y las autónomas, también adoptan una estructura predominantemente horizontal y desestructurada en la toma de decisiones (más cercana a la lógica desarrollada por las autónomas); sin embargo, rechazan cualquier forma de participación político partidista^[4].

Una tercera rama, híbrida entre las dos predominantes, ya había sido identificada en Chile durante la década que transcurre entre 1990 y 2000, la cual también mantenía relativa distancia respecto de la disputa ideológica entre la autonomía y la institucionalidad (Ríos, 2003, p. 35); sin embargo la “diferencia más sustantiva entre las diferentes ramas al interior del movimiento, parecen estar vinculadas más con la selección de estrategias políticas que con la confrontación entre proyectos feministas” (Ríos, 2003, p. 24). La manera en que se estructuran, toman las decisiones y se vinculan con los partidos políticos por rama de pertenencia fue objeto de exploración durante el trabajo de campo postdoctoral desarrollado en Chile entre 2018 y 2021. En él se entrevistó a más de 40 feministas estudiantiles pertenecientes a los cuatro polos universitarios más importantes del país: Región Metropolitana, Valparaíso, Concepción y Valdivia. La tabla que figura a continuación describe de manera gráfica cómo se articula internamente cada rama feminista.

La identificación de ramas al interior de los movimientos ha sido transversal en la región latinoamericana y en España. Militantes versus Autónomas han estado presentes tanto en Chile, como en España, Brasil o Argentina. En el marco de un proceso constituyente que vino a revisar el pacto social y sexual sobre el que se constituyó la sociedad chilena, haber contado con una Asamblea paritaria supuso a todas luces una oportunidad para observar cómo las lógicas tradicionales de dominación masculina son revisadas (Franceschet y Thomas, 2015). Fue una oportunidad perdida para lograr que se asegurara el reconocimiento y la garantía de los derechos de las mujeres chilenas de manera transversal, es decir, incluyendo a aquellas que el Estado siempre ha dejado más al margen (Friedman y Tabusch, 2019; Thomas, 2019). Los resultados, luego de la victoria de ambos rechazos a la primera versión constitucional en septiembre de 2022, y a la segunda versión de corte altamente conservador, el 18 de diciembre de 2023; hicieron peligrar asunciones básicas en materia de autonomía de las mujeres que dábamos por sentadas.

El desafío pendiente está ahora en identificar en qué medida se reconoce a las mujeres no solo como objeto sino como sujetos de derechos (Pousadela, 2013). El rol de las “femócratas” (entendido como las feministas dentro de la institucionalidad estatal, lo que ayuda al progreso en materia de derechos de las mujeres) es clave en este sentido (Zaremberg and Rezende de Almeida, 2021; Friedman and Tabush, 2019); así como la superación de las tensiones internas entre las ramas feministas para lograr la agregación de intereses y demandas feministas por medio de los partidos políticos.

La importancia de estudiar la trayectoria de las activistas feministas en su relación con los partidos políticos radica en dejar de reproducir un conocimiento distorsionado e incompleto respecto de cuánto pueden influir los movimientos feministas y de mujeres en el progreso de la igualdad de género. Como existe un vacío en las investigaciones sobre las dinámicas internas en los movimientos feministas actuales, esta investigación significa un aporte al estudio de los movimientos sociales en general y de la manera en que las mujeres articulan sus demandas con los actores políticos partidarios en particular.

El vínculo entre movimientos feministas y partidos políticos

El movimiento feminista en Chile tiene una larga trayectoria. Los ciclos de movilización han sido registrados y analizados por su capacidad de generar cambios culturales e institucionales (Jaquette, 1994). La presión que las organizaciones feministas y de mujeres han ejercido (tanto por medio de la larga trayectoria de movilización, como gracias a su articulación con la élite y la institucionalidad política) ha permitido grandes conquistas de derechos. Durante los siglos XX y XXI se identifica en primer lugar el voto femenino como una de dichas conquistas, y en segundo lugar, el logro de la paridad para el proceso constituyente (Figueroa, 2021; Andrade y Miranda, 2021)^[8].

El 2018 significó un hito para el Movimiento Feminista luego de que activistas de distintas universidades tomaran sus casas de estudio (en algunos casos por más de cuatro meses). La movilización llamada Primavera Feminista coincidió con una secuencia de despertares feministas en la región; sin embargo, el proceso de movilizaciones vividas en Chile fue la única que surgió en el seno de las universidades (Ponce, 2020).

Los derechos de las mujeres en relación con las tres dimensiones de la autonomía (toma de decisiones, física y económica) han estado yendo y viniendo en el avance de su conquista. Los movimientos de mujeres han desarrollado ciclos similares en el adelanto y retroceso de posicionamiento de sus demandas. La falta de vínculos estables entre el Estado y la sociedad han provocado que los avances logrados sufran regresiones cuando se produce un cambio de color político en los gobiernos (Friedman y Tabush, 2019, p. 3). Se ha visto que dichos retrocesos son más importantes donde no existe la presencia de femócratas a nivel institucional y más leves donde las femócratas han logrado posicionar una agenda transversal más allá de los cambios de color político gubernamental.

La relación entre los partidos políticos y los movimientos sociales ha sido siempre complicada (Palacios Valladares, 2021). Específicamente los movimientos feministas han tenido miedo a la cooptación (Ilgenfritz da Silva, 1981; Ríos Tobar, 2003), la traición (Tabak y Sanchez, 1981) o la marginalización (Álvarez, 1994, p.37).

Los partidos políticos han tenido tradicionalmente dificultades para integrar a las mujeres en sus bases, y cuando lo han hecho, ha sido con fines estratégicos en vías de ganar apoyos sin representar los intereses de las mujeres. Cuando el movimiento feminista y de mujeres ha tenido acogida entre los partidos, ha sido con los partidos ubicados a la izquierda del espectro ideológico o con las agrupaciones que tienen puntos de vista progresistas acerca de los roles de género y la igualdad de género (Basu, 2005; Beckwith, 2000; Kabasakal Arat, 2017; Sahin-Mencutek, 2016; Sharrow et al., 2016; Tremblay, 1993).

Para identificar la lógica de interacción entre movimientos sociales y partidos políticos, es importante clasificar las diferencias que los movimientos feministas presentan respecto de los movimientos de mujeres, pues en función del tipo de demandas (de tipo estratégicas y ausentes totalmente de sexismo o de tipo prácticas amparadas en el sexismo benévolo) generarán más o menos resistencia respectivamente en los partidos políticos cuya conformación valórica es eminentemente patriarcal.

Según Beckwith (2005), los movimientos de mujeres se caracterizan por “la politización de su experiencia de vida como mujeres” (Beckwith, 2005). El carácter de las reivindicaciones de este tipo de organizaciones se basa en que las protagonistas son madres, hijas, hermanas o esposas “de”; es decir, son escuchadas en la medida en que sigan reproduciendo los roles tradicionales que las legitiman socialmente.

Por otra parte, los movimientos feministas se caracterizan por buscar que las instituciones estatales sean redefinidas desde una perspectiva de género, es decir, resignificar el género. En sus bases y objetivos buscan romper con los estereotipos de género a partir de la creencia de que las mujeres están oprimidas o en desventaja en comparación con los hombres y que dicha opresión es ilegítima (Weldon, 2002). Los movimientos feministas “en cuanto a movimiento social y sistema de ideas, impugnan las estructuras y las relaciones de poder que producen la subordinación femenina” (Molyneux, 2003, p. 128).

Más allá del punto de vista ideológico, la relación entre movimientos feministas y partidos políticos está cruzada por varios factores vinculados a cada movimiento, la estructura de oportunidades políticas y la institucionalización de los partidos políticos de cada país. Existen muchas investigaciones que analizan la participación electoral de las mujeres, el fomento de candidatas mediante acciones afirmativas como las cuotas de género, la creación de partidos de mujeres y las asociaciones de estas con partidos tradicionales (Lovendusqui, 2010; Piscopo, 2014).

Lo que queda claro es que hay varios factores relacionados con los movimientos, los partidos y su relación que hay que considerar en el análisis de los movimientos feministas y los partidos políticos. Estos factores están condicionados por el contexto socio-político de cada país, demostrando la complejidad de la relación entre movimiento social y partido político.

Las ramas feministas y la militancia en los movimientos

Los partidos políticos y los movimientos sociales registran lógicas diferenciadas de organización, debido también a los diferentes motivos por los que se conforman. La relación entre ambos tipos de organizaciones es inherentemente tensa: mientras por un lado los partidos políticos ayudan a construir coaliciones más amplias y ganar influencia institucional, por otro lado también significan una amenaza de desmovilización y burocratización para los movimientos sociales (Palacios-Valladares, 2016), en especial para los movimientos feministas que buscan desafiar los patrones establecidos de dominación masculina.

Las distintas vocaciones de ambas agrupaciones se deben a su origen y definición. Barozet (2016, p. 22) destaca la definición de partidos políticos dada por Duverger, pues resulta de especial pertinencia en este sentido, dado el énfasis en la estructura y en la naturaleza de su organización que el autor da; según Duverger (1957) los partidos son definidos como “asociaciones formalizadas mediante estatutos que agrupan ciudadanos en torno a un programa político o una ideología, generalmente con el fin de conquistar o ejercer el poder a través de la conformación de cuadros políticos, quienes tienen vocación para representar a los ciudadanos” (Barozet, 2016, p. 22).

La decisión de una feminista de aliarse con un partido político puede ser complicada en sí misma ya que las activistas tienen opiniones negativas sobre los partidos políticos y expresan su preferencia para asociarse con políticos individuales en lugar de con un partido específico (Evans, 2016). Si un movimiento decide crear una alianza con un partido político, la literatura ha notado la multitud de cuestiones que las feministas tienen que considerar y los debates que emergen como resultado de esta situación (Bergès y Espinar-Ruiz, 2020; Lacombe, 2014).

En Nicaragua, el movimiento feminista entró en un debate acerca de una alianza con el partido Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), lo que resultó en la división del movimiento en dos grupos distintos. Esta polémica reveló diferentes visiones acerca de la estructura de la organización, el marco de acción feminista y la autonomía del movimiento; destacando la dificultad de establecer un ámbito de acción feminista (Lacombe, 2014).

Crear una identidad colectiva en un movimiento puede ser difícil y resultar en la fragmentación del movimiento feminista, como demostró el caso de Nicaragua. En España, algo similar ha ocurrido entre las activistas que se han unido al partido Podemos. Las tensiones se nutren de las diferentes concepciones dentro del feminismo; principalmente distinguidas por la idea de despatriarcalizar la política con las bases feministas versus una feminización de la política a partir de un enfoque institucional (Bergès y Espinar-Ruiz, 2020).

Existen autoras que consideran que dicha falta de unificación sobre los marcos ideológicos y de acción colectiva puede ser perjudicial para la promoción de reivindicaciones feministas en el ámbito político. Por ejemplo, Kimberly Cowell-Meyers (2014) sugiere que fijar una identidad colectiva fue clave en la creación del partido Northern Ireland Women’s Coalition (La Coalición de Mujeres de Irlanda del Norte – NIWC), que logró mayor inclusión de las mujeres en los procesos de toma de decisiones.

En Chile, durante el proceso de recuperación democrática, las feministas se unificaron en torno a un marco de demandas de género compartidas como madres politizadas para crear alianzas con los partidos prodemocracia durante la transición democrática (Franceschet, 2004). De esta manera, llegar a un acuerdo sobre la identidad colectiva y la ideología puede beneficiar a los movimientos feministas en el establecimiento de una relación con un partido.

Un punto clave en la creación del marco estratégico del movimiento feminista es el tema de la autonomía versus la integración. Hay una tensión entre preservar la independencia del movimiento y evitar el riesgo de cooptación versus colaborar con un partido o el Estado para tener la oportunidad de posicionar sus reivindicaciones y evitar la marginalización de su movimiento (Basu, 2005). Los movimientos feministas han adoptado varias posiciones en cuanto al nivel de integración con el ámbito político, y los estudios han destacado el éxito de movimientos fuertes que mantienen algún nivel de autonomía (Basu, 2005; Burridge, 2020; Franceschet, 2004).

Las feministas salvadoreñas aplicaron como estrategia lo que Daniel Burridge (2020) denomina “la colaboración crítica”, una forma de co-gobernanza para impulsar la equidad de género manteniendo su autonomía. En Chile, la estrategia de doble militancia –insertarse en el partido político a la vez que seguir siendo parte del Movimiento Autónomo Feminista– facilitó el cambio institucional con respecto a algunas de las demandas feministas (Franceschet, 2004). Sin embargo, hay trabajos que consideran que la autonomía también puede ser perjudicial para el progreso y el éxito del movimiento (Basu, 2005; Deo, 2012; Franceschet, 2004; Monteiro y Ferreira, 2016).

En la India, Nandini Deo (2012) argumenta que el movimiento feminista no puede avanzar en el posicionamiento de sus reivindicaciones por medio de la política electoral dado que se ha alejado de los partidos. En Portugal, el distanciamiento entre las feministas y los partidos ha dado como resultado un feminismo estatal que es incapaz de implementar las políticas de equidad de género (Monteiro y Ferreira, 2016). De este modo la autonomía es un componente clave pero complicado en el establecimiento de la relación movimiento-partidario.

Es importante considerar los marcos estratégicos e identitarios de los movimientos feministas, así como numerosos estudios han señalado también el rol del contexto político y la estructura de las oportunidades políticas (Basu, 2005; Cowell-Meyers, 2014, 2017; Franceschet, 2004; Negrón-Gonzales, 2016). De hecho, los movimientos y lo eficaz de sus estrategias no son identidades independientes sino que están condicionados por la estructura de oportunidades políticas y por el hecho de que los partidos políticos anticipen o no beneficios electorales frente al hecho de integrarse con el movimiento (Franceschet, 2004).

Las transiciones políticas parecen abrir espacios y crear oportunidades tanto para los movimientos feministas como para los partidos políticos (Cowell-Meyers, 2014; Franceschet, 2004). Por ejemplo, en América Latina, partidos revolucionarios se han aliado con el movimiento feminista durante la transición del poder en Brasil hacia el Partido de los Trabalhadores (Partido de los Trabajadores – PT) en 2003, dando lugar a que la alianza del partido con el movimiento feminista tuviera influencia en los más altos niveles del poder estatal (Levy, 2012; Molyneux, 1984). La creación de partidos nuevos también puede impulsar la atención que los partidos y la sociedad prestan a las demandas feministas (Cowell-Meyers, 2014). Esta situación parece reflejar más claramente la posición de las feministas militantes en Chile, para con los partidos de reciente creación, como Revolución Democrática o Convergencia Social (fundados en 2012 y 2018 respectivamente). Es importante destacar que las feministas militantes de la Pontificia Universidad Católica (PUC) también mostraban cercanías con la Nueva Acción Universitaria (NAU) (como organización político partidaria incipiente a nivel universitario).

En 2005, en Suecia, a pesar de su ideología política todos los partidos han llegado al consenso de la necesidad de abordar la igualdad de género en la sociedad después de la llegada del partido Iniciativa Feminista (F!) cuyo principal objetivo es apoyar políticas que cambian las estructuras del poder para crear más equidad de género.

Estos motores de cambio feminista no siempre surgen dentro del sistema político nacional. La Unión Europea era un aliado clave del movimiento feminista, y presionaba al partido gobernante Adalet ve Kalkınma Partisi, abreviado como AKP (Partido de la Justicia y el desarrollo, un partido de derecha), de Turquía, para adoptar las políticas feministas y cumplir con las obligaciones del tratado del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) durante su proceso de solicitud de adhesión a la Unión Europea (Negrón-Gonzales, 2016). En suma, existe una miríada de oportunidades políticas y alianzas estratégicas que pueden alentar el avance de las demandas del movimiento.

A pesar del hecho de que pueden existir oportunidades, la mayoría de los contextos políticos presentan desafíos para la inserción de las demandas feministas en la política electoral. En Asia del Sur y Turquía, los partidos basados en la religión o la casta en general tienen una enorme capacidad para movilizar a las mujeres. Sin embargo, la movilización de las mujeres no necesariamente resulta en avances de sus derechos.

La literatura demuestra que estos partidos no apoyan políticas progresistas ni emancipadoras que aborden las estructuras de desigualdad de género en la sociedad (Basu, 2005; Hasan, 2010; Kabasakal Arat, 2017; Negrón-Gonzales, 2016). No obstante, hay que considerar también la ideología de los partidos étnicos y religiosos. Zeynep Sahin-Mencutek (2016) encuentra que en Turquía el Partido Paz y Democracia (BDP en turco: Barış ve Demokrasi Partisi), etno-nacionalista, ha desembocado en un partido que apoya la autoafirmación de las mujeres y su toma de puestos de poder gracias a la interacción entre características tanto de su ideología izquierdista como del movimiento etno-nacionalista kurdo.

Finalmente, cuando los movimientos feministas y los partidos crean una alianza, se ha demostrado que es difícil para los movimientos posicionar sus demandas de manera que implique un progreso para la emancipación de la mujer (Molyneux, 1984). En el caso español se puede observar que a pesar del hecho de que varias activistas feministas se han integrado al partido político en el gobierno, logrando la utilización de un discurso feminista y la inclusión de políticas feministas en la agenda política de Podemos, las dinámicas y las normas del partido continuaron siendo patriarcales, y los hombres siguieron ocupando las posiciones más altas de poder (Bergès y Espinar-Ruiz, 2020; Kantola y Lombardo, 2019).

Por consiguiente, no es el contexto político lo que permite lograr un cambio por completo en las estructuras de poder respecto al género. Del mismo modo, las feministas brasileñas, estrechamente vinculadas con el Partido de los Trabajadores, creyeron que podrían mejorar su influencia en las políticas públicas y trasladar varias demandas a la legislación mediante su relación con el partido. Pero también reconocen que esta relación reducía el debate crítico y su influencia estaba limitada en ciertas áreas (Levy, 2012). Como demuestran estos casos, aun cuando las activistas feministas han decidido trabajar dentro de un partido político, las tensiones entre autonomía e integración se han perpetuado en la lucha por posicionar las demandas feministas y conquistar la verdadera equidad de género.

Datos y tendencias preliminares

El proceso de recolección de datos empíricos se desarrolló en dos etapas: una primera etapa consistió en la realización de observación etnográfica y entrevistas en el marco de las asambleas celebradas por las estudiantes al interior del campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica (PUC) entre mayo y noviembre de 2018. Se asistió a un total de cinco asambleas, lo que permitió estar al corriente de las intenciones con respecto a tomar la Casa Central de la PUC.

Durante la llamada “Primavera Feminista”^[9] también se asistió a, y se observaron, tres de las marchas organizadas con grupos de otras universidades, lo que permitió tomar contacto con voceras y activistas feministas pertenecientes a otras universidades de la Región Metropolitana, a las cuales se entrevistó entre septiembre de 2018 y junio de 2019. A lo largo de esta primera etapa se entrevistó a un total de 27 feministas estudiantiles pertenecientes a diferentes carreras de la PUC, de la Universidad Diego Portales (UDP), de la Universidad de Chile (UCH) y de la Universidad de Santiago (USCH). El rango de edad de las participantes era de 19 a 36 años, las cuales en ese momento se encontraban cursando estudios de pregrado.

La segunda etapa en el proceso de recolección de datos se inició en el año 2020 e implicó tomar contacto y entrevistar a algunas de las feministas que comenzaron La Primavera Feminista con la toma de la Facultad de Filosofía de la Universidad Austral en Valdivia. También se entrevistaron feministas de distintos campus universitarios en Concepción y en Valparaíso, 12 entrevistadas que sumaron 39 entrevistas en total. Las entrevistadas fueron seleccionadas mediante la técnica de bola de nieve.

Las conversaciones se realizaron en lugares elegidos por las mismas entrevistadas a poca distancia de los campus universitarios respectivos, duraron entre 30 y 90 minutos y fueron grabados en audio y transcritos íntegramente. Todos los datos han sido anonimizados. La pauta de entrevista estuvo estructurada en torno a tres dimensiones de análisis que buscaban ahondar: 1) en los aspectos valóricos e ideológicos que asociaban al hecho de considerarse feministas, 2) las lógicas de organización y articulación (así como la pertenencia o no a partidos políticos) desarrolladas al interior del movimiento estudiantil feminista y 3) las estrategias adoptadas para la visibilización de las demandas.

A efectos de este capítulo, se estará utilizando la información provista por las entrevistadas en torno a su visión de los partidos políticos y su disposición a incorporarse en sus filas a partir de la rama feminista de pertenencia.

Los resultados de investigaciones previas en la materia muestran que las feministas se organizan de manera distinta en función de la rama de pertenencia (Kirkwood, 1986; Ríos et al., 2006; Miranda y Roque, 2019). A su vez se observa que la disposición a vincularse (o no) con los partidos políticos está mediada por la asunción de una lógica organizativas más o menos jerárquica. A continuación, a partir de extractos obtenidos de las entrevistas aplicadas a las feministas estudiantiles entre 2018 y 2020, se describe cómo es la disposición a vincularse con los partidos políticos por rama de pertenencia.

Tabla 2. Posiciones frente al vínculo con los partidos políticos por rama feminista de pertenencia

Performática	Militantes	Autónoma
“Nunca he militado concretamente para alguien mhm… no me gusta a mí, en lo personal, pertenecer arraigadamente a ciertas ideologías o a ciertas dinámicas que me, que me encierran en algo…”.	“Las motivaciones que me hicieron sentir interés por el feminismo… fueron a partir un poco de mi militancia en Izquierda Autónoma… me fui cuestionando a partir de mi participación política, como… en términos como la lucha de clases no me es suficiente, siento que hay cuestiones como que no me están diciendo, hay formas de opresión que estoy sintiendo y que mis compañeras me dicen que no las veo como en esta área marxista más, más ortodoxa por decirlo así, y de a poco me fui metiendo en el feminismo…”.	“Sí, tengo afinidad a Surgencia, estoy como –soy representante por Surgencia–, pero no estoy en Surgencia. Como en la planilla de militantes, por ejemplo. Porque no me gusta militar en un espacio, como: sentirme obligada a estar en ese espacio…”.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo.

Las diferentes disposiciones hacia los partidos políticos por rama feminista de pertenencia, que los extractos de las entrevistas arriba presentadas demuestran, tienen un correlato y son coherentes con las diferentes disposiciones a negociar (o no) entre feministas que se han registrado en procesos políticos de envergadura que ha vivido Chile. Un ejemplo claro de lo anterior es presentado por Cuadros (2022), quien analizó la estrategia del movimiento feminista para incidir en la convención constitucional. Durante su trabajo de campo, la autora recogió varias declaraciones de sus entrevistadas que venían a reafirmar: 1) que el proceso constituyente contó con la participación de feministas autónomas, militantes (o institucionales) y performáticas (o movimentistas); 2) que a pesar de tener acuerdos respecto de las demandas feministas, existían tensiones sobre cómo plasmarlas o reconocerlas; 3) así como en las estrategias de negociación para llegar a consensos. Uno de los temas donde dicha tensión se hizo evidente fue respecto del derecho al aborto^[10].

Reflexiones finales

Los movimientos sociales son definidos como los “desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades” (Tarrow, 2012, p. 38). En el estudio de los movimientos sociales se identifican ciertos aspectos clave que permiten clasificarlos en: las oportunidades políticas, las estructuras de movilización, y los marcos o procesos enmarcadores. En el primer aspecto se considera que el “entorno político en el que se encuadra el movimiento sigue determinando, con fuerza, el conjunto de oportunidades y límites que determinarán su desarrollo posterior” (McAdam, McCarthy y Zald, 1999, p. 35).

Los movimientos de mujeres clasificados por olas a nivel mundial (normalmente en países desarrollados) no coinciden a la perfección con lo que ocurre en América Latina (Femenías, 2009; Lamadrid Alvarez & Benitt Navarrete, 2019). En Chile la segunda ola de feminismo global irrumpe con más de una década de desfase (Lamadrid Alvarez & Benitt Navarrete, 2019; Cortés y Retamal, 2017). A lo anterior se suma el hecho de que tradicionalmente las demandas de las mujeres de los países del sur (dados sus contextos y sus historias particulares) han sido diferentes a las demandas de las mujeres de los países del norte (Basu, 2000, p. 71; Chow, 1996; Femenias, 2009). Los tipos de demandas esgrimidos por los movimientos de mujeres son clave, pues permiten distinguir aquellos que tienen demandas de específico interés para las mujeres de aquellos que desafían el patriarcado y la consecuente subordinación de las mujeres sobre la base de género (Beckwith, 2007; Rein, 2011, p. 28; Ríos et al., 2010; Weldon, 2002).

Las masivas movilizaciones feministas de 2018 junto con su posicionamiento en cargos constituyentes para el proceso que culminó en septiembre de 2022 demostraron lo determinante del rol de las feministas mediante su acceso a cargos de representación. Si bien los partidos políticos son imprescindibles para la democracia (Schattschneider, 1942), sin feminismo tampoco hay democracia (Kirkwood, 1986). En este sentido, no se puede obviar que los partidos políticos tienen dificultades para captar a las nuevas generaciones “porque sus prácticas internas tienden a excluir a los jóvenes, particularmente a las mujeres, o a no dejarles paso hacia instancias de mayor responsabilidad, además de centrifugarlos cuando dejan de ser jóvenes” (Barozet, 2016, p. 32).

Los movimientos sociales han sido fundamentales para la expansión de derechos en el mundo occidental. El derecho a la huelga o a tener vacaciones no sería hoy reconocido sin la presencia de la política contenciosa. De igual manera, durante el proceso constituyente anterior, los movimientos feministas fueron clave para que se incluyeran en el proyecto las llamadas “demandas históricas” que contemplan (entre otras) la materia en derechos sexuales y reproductivos, vida libre de violencia, cuidados o el reconocimiento y la garantía de las demandas LGTBIQ+.

Los movimientos feministas y los partidos políticos han mantenido canales de diálogo (de manera más o menos intensa) desde el inicio de los tiempos (Hanagan, 1998; Casquette, 2001; Puricelli, 2005). Los movimientos feministas latinoamericanos en sus orígenes durante 1870 y 1914 establecieron lazos estables con los partidos progresistas de la época, entre ellos el partido liberal y el partido obrero (Casquette, 2001, p. 199). En Chile, a partir tanto de lo que se pudo observar con el trabajo de campo realizado durante las amplias movilizaciones feministas de 2018, como de lo que se desprendió de lo ocurrido durante el proceso constituyente 2021-2022, las feministas militantes encuentran simpatía en partidos políticos de izquierdas. A su vez se pudo comprobar la vigencia de las diferentes ramas feministas en el hecho de que si de alguna manera durante la recuperación democrática de la década de 1990 se sostuvo que fueron las militantes las que posicionaron sus estrategias de manera predominante (Ríos et al., 2003), en el último lustro fueron las performáticas las que consiguieron mayor visibilidad, mientras que las autónomas equilibraron la manera de llegar a consensos (Miranda y Pizzolati, 2024).

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