Diagnóstico e hipótesis preliminares

Nicolás M. Somma^[2], Julia Cavieres^[3], Cristóbal Karle^[4]
y Nicolás Selamé^[5]

Introducción

En teoría, los regímenes democráticos ofrecen el contexto político ideal para el florecimiento de los movimientos sociales. La literatura de oportunidades políticas, por ejemplo, sugiere que en las democracias los partidos políticos buscarán el apoyo de los movimientos para amplificar causas que tengan resonancia pública, y que los movimientos sociales buscarán a los partidos para avanzar sus demandas en el sistema político (Meyer, 2004, para una revisión). También se supone que los gobiernos electos democráticamente serán razonablemente respetuosos del derecho a la manifestación, y que no reprimirán brutalmente a los movimientos sociales, como sí lo tienden a hacer los regímenes autoritarios o semidemocráticos. Pero cuando aterrizamos estas ideas en América Latina, las cosas son distintas. En un continente con una tumultuosa historia, tanto de movilizaciones sociales, revueltas y guerrillas, como de autoritarismos y democracias intermitentes, es esperable que, aun después de las consolidaciones democráticas, persistan prácticas represivas hacia los movimientos sociales (ver por ejemplo Press Associates Union News Service, 2019).

Aquí nos centramos en los movimientos laborales, actores clásicos de la movilización de las masas latinoamericanas desde fines del siglo XIX (Collier y Collier, 2001). Buscamos contribuir en dos dimensiones. Primero, presentamos un diagnóstico sistemático de la represión laboral en la América Latina contemporánea. Para esto empleamos una innovadora base de datos sobre las características y actividades de los movimientos laborales en 17 países latinoamericanos durante el período de 1990 a 2020. Esta base nos permite construir una medida sintética de represión laboral para los distintos países. Segundo, desarrollamos un argumento teórico que pone en el centro el vínculo entre los legados políticos e institucionales y los niveles de represión laboral en cada país. Enfatizamos el rol del momento e intensidad de la industrialización de las economías nacionales durante el siglo XX y sus herencias en el espacio político e institucional, poniendo especial atención a la incorporación de los trabajadores a la arena política. Como primera aproximación empírica al argumento, presentamos breves narrativas históricas (todavía muy iniciales) sobre los países con mayores y menores grados de represión, así como algunos datos estadísticos que sustentan nuestro argumento.

Represión a movimientos sociales: conceptualización y antecedentes relevantes

En su libro From mobilization to revolution, Charles Tilly (1978) definió la represión como aquellas acciones de un grupo que aumentan los costos de la acción colectiva por parte de otro grupo. Aplicado al caso de los movimientos sociales, y siguiendo a Earl (2011, p. 263), en este capítulo entendemos a la represión como cualquier acción que previene, controla o constriñe a los movimientos. La represión puede ser llevada a cabo no sólo por actores estatales sino también por actores no estatales, como otros movimientos sociales, guerrillas o grupos paramilitares. Tales acciones represivas incluyen acoso, vigilancia, castigos o asesinatos de líderes sociales. Pero también incluyen la coerción a protestas (por medio de carros lanza-aguas, gases lacrimógenos, arrestos, golpizas) que afectan a una base más amplia de los movimientos, así como sabotajes a acciones colectivas, denigración pública, o destituciones (por ejemplo, de líderes que ocupan cargos públicos) a partir de procedimientos ilegales o de dudosa legalidad^[6].

Existe una importante literatura sobre represión a movimientos sociales (ver revisiones en Davenport, 2007, y Earl, 2013). Dos de los enfoques más importantes se centran en las características y las actividades de los movimientos: el enfoque de las amenazas, que establece que los movimientos más amenazantes (por sus tácticas, demandas y objetivos) serán más reprimidos; y el enfoque de la debilidad, que afirma que los movimientos más débiles (es decir más pequeños, desorganizados y carentes de aliados políticos) serán más reprimidos. En consistencia con ello, muchos estudios adscritos a estos enfoques se centran en las características de los movimientos en un solo país como forma de entender el grado de represión que sufren (como Earl et al., 2003, para los Estados Unidos, o Velásquez y Somma, 2021, para Chile). Si bien estudios de este tipo produjeron importantes avances en nuestra comprensión de la represión, por definición ignoran cómo las variaciones en los contextos nacionales políticos y económicos podrían afectar la represión a movimientos sociales.

De hecho, los estudios que comparan la represión en distintos países son muy escasos. El más influyente es quizás la comparación de Della Porta (1995) entre Alemania e Italia, que busca comprender el rol que juega la violencia política dentro de los movimientos sociales, así como el papel que tiene el Estado incentivándola o neutralizándola. Otro estudio es el de Francisco (1995), que analiza los casos de Palestina, Alemania del Este y Checoslovaquia para probar que existe una radicalización de la protesta cuando la represión se agudiza. Por su parte, Moore (2000) estudia las respuestas de los estados (represión o concesiones) ante la acción de grupos disidentes en Perú y Sri-Lanka. Moore muestra cómo el Estado opta por incorporar o reprimir dependiendo del comportamiento de los movimientos tanto en el presente como en el pasado, adscribiendo a una formulación del tipo path-dependence.

Adicionalmente, existen algunos estudios que comparan un mayor número de países con métodos estadísticos. Uno de los más influyentes es el de Davenport (1995), que aborda la pregunta por el tipo de amenazas que gatillan la represión por parte del Estado. En su estudio, con datos de 52 países entre 1948 y 1982, encuentra que la represión depende, entre otras cosas, de la posibilidad material del Estado para reprimir, su sistema político (democrático o no), el nivel de desarrollo económico y sus grados de dependencia internacional. En una línea similar, el estudio de Carey (2006) sobre las relaciones entre protesta y represión en seis países latinoamericanos y tres africanos muestra que existe una relación recíproca entre represión y protesta, y que las democracias reprimen menos consistentemente que las autocracias y las semidemocracias. Gartner y Regan (1996) proponen un modelo que analiza los costos de reprimir en función de la dependencia internacional, la democracia del sistema político y el nivel de amenaza de la protesta, utilizando datos de 18 países latinoamericanos entre 1977 y 1986. En una línea distinta, Anderson, Regan y Ostergard (2002) prueban, para 18 países de Europa Central y del Este durante los años noventa, que en países más represores la población considera que existe un menor respeto por los derechos humanos, aunque no especifican si existe una dirección causal.

Nuestro capítulo busca contribuir a estos estudios multipaís sobre la represión a movimientos sociales. Lo hacemos no sólo incorporando un gran número de países latinoamericanos, sino proponiendo un argumento basado en los legados políticos y económicos de los países. Muchos de los estudios recién revisados tienen la ventaja de desmenuzar las interacciones entre el Estado y los movimientos en un período acotado, pero dan poca o nula importancia a los contextos institucionales en perspectiva histórica. Creemos que la represión depende mucho de las formas de relacionamiento entre movimientos, Estado y otros agentes represores que se van construyendo a lo largo del tiempo. Por tanto, proponemos la necesidad de ir más allá de las interacciones en el corto plazo y de los espacios (como calles o lugares de trabajo) donde ocurre la acción colectiva (Nepstad, 2023).

Represión a movimientos sociales en América Latina

La investigación sobre represión a movimientos sociales en América Latina específicamente no es muy abundante. Por ejemplo, no hay un capítulo dedicado a la represión en la reciente compilación gigantesca editada por Rossi (2023). Aun así, los estudios existentes presentan algunos resultados robustos. El principal refiere al sistema político. Como enfatizan Ortiz (2017) y Carey (2009), los escenarios democráticos reducen significativamente los niveles de represión estatal (ver también Somma, 2020). Específicamente, Ortiz (2017) distingue dos períodos en la historia de América Latina: el de predemocratización (1900-1980), caracterizado entre los años treinta y cincuenta por autoritarismos y democracias de baja intensidad, y un segundo ciclo autoritario desde los años sesenta, en el que la promoción del crecimiento económico se desarrolló buscando controlar o destruir los grupos de izquierdas, campesinos y movimientos laborales que habían ganado poder político en la época (Collier, 2001). Ortiz (2017, p. 89) señala que si bien los niveles de represión estatal variaron entre países, las acciones represivas más comunes incluyeron menoscabos continuos a las libertades civiles, violaciones rampantes a los derechos humanos, deportaciones o exilios obligatorios, arrestos injustificados, detenciones sin juicio, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y masacres, todos perpetrados por las fuerzas militares.

Por otra parte, el período postautoritario (1980-presente) se desarrolla en un escenario político distinto, en el marco de modelos democráticos donde disminuyeron significativamente las formas más atroces y coercitivas de represión estatal. Estos nuevos regímenes de transición fueron mucho más permisivos a la existencia de movimientos sociales y organizaciones cívicas, lo que significó que los reclamos relacionados con la amenaza de represión no fueron tan sobresalientes. Los gobiernos se abstuvieron del uso habitual de las fuerzas armadas para controlar las protestas, reemplazándolas por unidades policiales antidisturbios altamente especializadas y profesionalizadas, que fueron organizadas, desplegadas, entrenadas y armadas específicamente para enfrentar y controlar a las multitudes (Ortiz, 2017). Como resultado, las violaciones de los derechos civiles y las prácticas coercitivas violentas, tales como las desapariciones forzadas, las torturas y las detenciones ilegales masivas, disminuyeron considerablemente. Aun así, los abusos de la policía, tales como disparos, golpizas, uso de gas lacrimógeno, balas de goma y otros atropellos a los derechos humanos siguen siendo comunes.

Si bien Ortiz establece ciertas diferencias regionales –como la mayor represión en América Central y el Caribe comparados con el Cono Sur, o la particularidad mexicana–, no presenta (ni es su propósito) una comparación entre varios países con medidas sistemáticas y cuantificables. Carey (2009), en cambio, avanza en este sentido al analizar la represión estatal a las distintas formas de protesta en América Latina y el África subsahariana entre 1976 y 2002. A partir de una escala de represión estatal, muestra que los gobiernos de nuestra región fueron más represivos que los africanos, pero que la defensa de los derechos humanos ha ido mejorando en América Latina, mientras que en los casos africanos se va deteriorando en el tiempo.

Contrastando con Ortiz (2017) y Carey (2009), Petras y Veltmeyer (2011, 2007) enfatizan en la necesidad de poner atención a los contextos geopolíticos en los que se desarrollan estas relaciones, mirando específicamente el rol de los Estados Unidos en la región. Plantean que durante los años noventa la idea de la globalización, utilizada para legitimar y justificar las políticas neoliberales de estabilización y reforma estructural, había perdido su fuerza dominante, lo que llevó al advenimiento de fuerzas de resistencia a la agenda política neoliberal y al imperialismo estadounidense. Para combatir estas fuerzas de resistencia, los funcionarios estatales recurrieron a diferentes estrategias y tácticas según lo dictaban las circunstancias, generalmente combinando la asistencia para el desarrollo y la represión directa (Petras y Veltmeyer, 2011).

Lo anterior dialoga muy bien con lo postulado por Gartner y Regan (1996) respecto del rol de la dependencia internacional como incentivo a la represión, planteado más arriba. A la vez, es consistente con el diagnóstico de Svampa (2008), quien sugiere que la “criminalización de la protesta” en nuestra región persiste aun en democracias. La represión desatada puede observarse en casos como Chile durante el estallido social de 2019, cuando a pesar de sus altos índices de democracia, las fuerzas policiales fueron superadas por la masividad de las protestas y actuaron de manera excesiva según los reportes de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales (Somma et al., 2021; Selamé, 2022).

En todo caso, estos estudios no consideran la particularidad de la represión sobre movimientos laborales. Y si bien hacen distinciones entre países o subregiones, su foco no es explicar las diferencias en represión entre distintos países latinoamericanos. Para avanzar en ese sentido, en las siguientes secciones presentamos nuestro diagnóstico y argumento explicativo, seguido de evidencia preliminar sobre la base de narrativa histórica y datos estadísticos.

Midiendo la represión a movimientos laborales en América Latina

Para estudiar empíricamente la represión laboral en América Latina empleamos la base de datos MovLab-Movimientos laborales en América Latina (Somma et al., 2023). Esta corresponde al proyecto de investigación Fondecyt Regular 1200190, ¿Víctimas del neoliberalismo o aristocracia obrera? Explicando las variaciones en los movimientos laborales latinoamericanos, desde el Consenso de Washington hasta Bolsonaro.

Para construir la base de datos, el proyecto se desarrolló en dos fases. En la primera se produjeron informes monográficos sobre los movimientos laborales en 17 países latinoamericanos^[7] sobre diez dimensiones: mapeo de organizaciones; fortaleza del sindicalismo según ramas de la economía; recursos y actividades; organización interna; servicios a afiliados; demandas; tácticas; represión; vínculos con la política institucional; y vínculos con la sociedad civil. Para ello se usó bibliografía secundaria, prensa y estadísticas de diversas fuentes^[8]. En la segunda fase, se definieron variables a partir de las distintas secciones de los informes, y se creó una base de datos a partir de la lectura de estos. La base tiene una estructura país-año en formato long. Como tiene 17 países para 31 años (de 1990 a 2020 inclusive), la base tiene 527 observaciones (desde “Argentina 1990” hasta “Venezuela 2020”).

El apartado sobre represión cuenta con siete variables. Están enfocadas en la represión estatal, aunque también dejan espacio para otros tipos de actores represores como los mencionados más arriba (paramilitar o guerrillas). Esto responde sobre todo a la dificultad de algunos casos para identificar con claridad cuándo termina el Estado, y cuándo comienzan otros actores relevantes. Todas las variables de este apartado se usaron para construir la medida de represión laboral, y se detallan a continuación:

• H1_actgob: Actitud del gobierno frente al activismo laboral: En qué medida el marco legal que regula las formas de protesta y acción colectiva en el mundo laboral posibilita o limita el activismo laboral. Categorías: 1. Criminalizadora; 2. Obstaculizadora; 3. Permisiva.
• H2_represion: Represión de la policía frente a huelgas o protestas laborales: Nivel de represión física de la policía frente a las formas de protesta y acción colectiva del mundo laboral, sin importar si ellas se encuentran dentro o fuera del marco legal. Categorías: 1. Baja: Se registran muy pocos casos de represión policial y no se registran casos de violencia desmesurada. 2. Media: Los casos de represión violenta son moderados. No suceden recurrentemente en las distintas formas de protesta (legales e ilegales) ni se registran episodios de violencia desmesurada. 3. Alta: La mayoría de las protestas (legales e ilegales) son reprimidas con niveles de violencia moderados, o la represión no es tan sistemática pero sí se registran episodios de violencia desmesurada. 4. Muy alta: La mayoría de las protestas (legales e ilegales) son reprimidas con altos niveles de violencia.
• H3_persecucion: Persecución de líderes laborales o trabajadores movilizados. Categorías: 1. No. 2. Sí, de forma puntual. 3. Sí, de forma extendida.
• H4_det_pal: Presencia de detenciones, palizas o interrogatorios a líderes sindicales o trabajadores movilizados. Categorías: 1. No. 2. Sí, de forma puntual. 3. Sí, de forma extendida.
• H5_asesinatos: Presencia de asesinatos a líderes sindicales o trabajadores movilizados. Categorías: 1. No. 2. Sí.
• H6_espionaje: Presencia de espionaje a organizaciones sindicales. Categorías: 1. No. 2. Sí, de forma puntual. 3. Sí, de forma extendida.
• H7_enfrentamientos: Presencia de enfrentamientos violentos entre trabajadores movilizados y la policía. Categorías: 1. No. 2. Sí, de forma puntual. 3. Sí, de forma extendida.

Estas variables se encuentran fuertemente correlacionadas, al punto de que el alfa de Cronbach de una escala sumatoria es.81. Esto sugiere que los distintos indicadores reflejan una dimensión subyacente que da cuenta de la intensidad de la represión a movimientos laborales. Para medir esta intensidad creamos una escala que asigna el mismo peso a los 7 indicadores, los que fueron estandarizados previamente. Además, invertimos el signo de H1_actgob para que fuera consistente con las demás variables. Como hay algunos casos faltantes en algunas variables en Brasil y México, permitimos que la escala se calcule con un mínimo de 6 variables con información válida (de un total de 7). De esta manera mantenemos las observaciones en el análisis. Esto únicamente deja sin observaciones a Honduras, país en el que fue muy difícil investigar los temas seleccionados por falta de información. Por tanto, nuestra escala de represión laboral cubre 16 países de la región durante el período 1990-2020. Para facilitar la interpretación la reescalamos desde 0 (que indica una represión mínima) a 100 (represión máxima).

La figura 1 presenta el promedio por país de la escala de represión laboral para el período 1990-2020, ordenándolos de menor a mayor represión. Si bien los valores no son intuitivos, las diferencias entre los países sí sugieren que la intensidad de la represión varía notablemente en la región. Así, mientras que países como Chile, Argentina y Uruguay tienen un promedio que fluctúa entre 13 y 25 puntos, otros como Perú, Colombia y Guatemala tienen valores aproximadamente cuatro veces más grandes: entre 68 y 82 puntos.

Figura 1. Represión laboral por país, 1990-2020

Fuente: elaboración propia empleando base del proyecto MovLab.

Como los promedios pueden esconder importantes variaciones en el tiempo, la figura 2 muestra la evolución de la escala de represión laboral en el tiempo por país (empleando una regresión local con ancho de banda de 0.3 para suavizar las curvas). Se observa que la represión hacia los movimientos laborales cambia considerablemente en algunos casos (Bolivia, Perú, Venezuela), pero menos en otros (Argentina, Costa Rica, Guatemala). Por tanto, una explicación de las variaciones en la represión laboral debería considerar 1) factores de largo plazo (históricos) que “producen” distintos promedios (figura 1); y 2) factores de mediano o corto plazo que explican variaciones dentro de cada país en el correr de unos pocos años (figura 2). En este capítulo nos centramos en lo primero por razones de espacio, y dejamos para el futuro un análisis de lo segundo.

Figura 2. Represión laboral por país, a lo largo del tiempo

Fuente: elaboración propia empleando base del proyecto MovLab.

Describiendo la represión laboral: casos polares

Antes de intentar explicar estas variaciones, es importante conocer un poco más sobre cómo luce y en qué consiste la represión laboral en estos países. Para eso empleamos breves sinopsis basadas en los informes cualitativos producidos en el marco del proyecto (ver Candia 2021 para Colombia; Cavieres 2022 para Perú; Karle 2021 para Uruguay; Osorio 2022 para Guatemala; Sáez 2021 para Chile; Selamé 2021 para Argentina). Comenzamos con los tres países con menor represión.

En el caso de Chile, se trata del país con menor nivel de represión de acuerdo con la figura 1. En este país, la violencia explícita y la represión, en general, no forman parte de la relación con el Estado y la política institucional. Por ejemplo, de las protestas registradas durante el año 2015 por el Observatorio de Huelgas Laborales (2016), menos de un 10% finaliza con enfrentamientos entre policía y manifestantes, y apenas un 2% con heridos. Los bajos niveles de violencia policial estarían asociados, según la evidencia, a los bajos niveles de violencia utilizados por los trabajadores en sus repertorios de acción contenciosa, pero también a factores de larga data como los que desarrollaremos más adelante. Sin embargo, han existido situaciones puntuales durante el período, en las cuales el Estado ha reaccionado agresivamente a las movilizaciones laborales. Algunos ejemplos notables son las huelgas del cobre entre 2005 y 2007 (Leiva, 2009; Leiva y Campos, 2013) y las manifestaciones de Forestal Arauco, que terminaron con un trabajador abatido por la fuerza policial (Ruminot, 2009).

Argentina, en cambio, experimenta un mayor nivel de represión sindical, aunque igualmente bajo en términos relativos a otros países de la región. Particularmente, el grado de represión se asocia fuertemente con el gobierno de turno, la actitud que adopte el sindicalismo respecto de este y su capacidad de cooptación. El gobierno de Menem, identificado con las políticas de ajuste neoliberal, mantuvo cierta capacidad de diálogo y negociación pese a la promulgación de legislación antisindical (Duhalde, 2009), cuestión que no pudo ser replicada por su sucesor De la Rúa. Luego, en el ciclo de protestas derivadas de la crisis económica en 2001, el protagonismo de sindicalistas y piqueteros fue incuestionable. Estos fueron víctimas de una cruenta represión que incluyó víctimas fatales (Anigstein, 2019). El formato de relacionamiento entre trabajadores y Estado sufrió un giro decisivo (y positivo) con el ascenso al poder del kirchnerismo, que modificó la legislación en favor del sindicalismo (Senén y Medwid, 2007) y adoptó una actitud de mediación institucional en los conflictos, incluso favorable a los trabajadores durante los primeros años de mandato (Etchemendy y Collier, 2008). Las políticas represivas sólo experimentaron un repunte durante el gobierno de Macri, retornando por algunos años a niveles similares a los de Menem.

En tercer lugar, el caso de Uruguay también resulta llamativo. La estabilidad del sistema democrático, luego del fin de la dictadura militar, ha permitido una integración efectiva de las organizaciones sindicales en espacios de deliberación institucional, particularmente a partir de la llegada al poder del Frente Amplio en 2005, coalición con la cual el sindicalismo uruguayo presenta estrechos vínculos (Padrón y Wachendorfer, 2017). Según Etchemendy (2019, p. 12), durante este período “ningún sindicato, federación o confederación fue intervenida, hostigada o proscrita por el gobierno”. Antes del gobierno frenteamplista, las prácticas represivas y el uso de la fuerza contra trabajadores movilizados eran más frecuentes, aunque no a niveles masivos (ICTUR, 2006). Otro cambio importante fue la recomposición de los Consejos de Salarios en 2005, instancia de negociación colectiva ramal que permite a los trabajadores canalizar institucionalmente sus demandas con la mediación del Estado, que no fue descontinuada luego del triunfo del Partido Nacional en 2019.

En este sentido, cabe resaltar las diferentes causas y elementos de contexto que rodean al bajo nivel de represión en los tres casos. Se observan, en cierto modo, diversas rutas para arribar a panoramas similares en cuanto a su baja conflictividad y violencia en las relaciones con la institucionalidad política. Mientras en el caso chileno esto se produce por la desarticulación de las organizaciones sindicales inoculada por la propia legislación y su baja proclividad a los métodos violentos, en Argentina y Uruguay el rol de los gobiernos de izquierda –o populistas– ha sido más relevante; en el caso uruguayo logrando una mayor institucionalización de los mecanismos de diálogo, mientras que en Argentina por canales informales de asociación. En contraposición a estos casos, aquellos países que presentan mayores niveles de represión son Guatemala, Colombia y Perú, como muestra la figura 1. Los describimos a continuación.

En el caso de Guatemala, país con más altos índices de represión a movimientos laborales, se perciben con intensidad las secuelas del período de terrorismo de Estado producido a raíz de una guerra civil que duró tres décadas y media (1960-1996; Albizurez y Ruano, 2009). Los niveles de represión se han mantenido estables en general durante el período, con focos de mayor intensidad como la presidencia de Portillo (Figueroa, 2004). Se trata de una represión con múltiples orígenes y dimensiones, que hacen difícil su erradicación y sistematización. Por una parte, existe violencia explícita contra dirigentes y afiliados (Compa y Vogt, 2001), que ha llevado a Guatemala a ser considerado como “el país más peligroso para ser sindicalista” (Van Roozendaal, 2015, p. 20), con asesinatos y extorsiones perpetrados en muchos casos por organizaciones paramilitares toleradas por los gobiernos. Por otra parte, el contexto institucional también es altamente represivo, con un Poder Judicial lento e inoperante proclive a la impunidad (Linares et al., 2012), estímulos a organizaciones paralelas al sindicalismo en connivencia con el empresariado (Lotán, 2009) y normas legales represivas como la Ley Antihuelgas de 1996, orientada a reprimir a los trabajadores del sector público (Fuentes, 2003).

En segundo lugar, Colombia se caracteriza por una alianza histórica entre el Estado y los empresarios para reprimir, silenciar y quitar poder a las organizaciones laborales, con la incorporación de fuerzas paraestatales en la ejecución de la violencia. Muchos de los dirigentes se hallan expuestos a la violencia paraestatal que, si bien ha menguado su alcance en el país en años recientes, continúa presente. Según la Escuela Nacional Sindical (2015), entre 1986 y 2012 han sido asesinados casi 3000 sindicalistas, en muchos casos producto de la asociación entre grupos empresariales y paramilitares. Esta relación fue muchas veces tolerada y validada por el Estado mediante el Departamento de Seguridad (DAS), colaborador de la alianza antes mencionada. Debido a este “régimen del terror” (Escuela Nacional Sindical, 2015, pp. 114-115), la posibilidad de generar movilizaciones laborales incidentes resulta altamente riesgosa, y por tanto infrecuente. Los pocos casos de protestas con notoriedad pública, como la toma de la finca La Chinita en 2001, han recibido una intensa represión policial en respuesta (Celis, 2004).

Por último, Perú registra una historia moderna de continuas persecuciones contra el sindicalismo, especialmente en el marco de gobiernos autoritarios (Mejía, 2017). El régimen fujimorista hostigó sistemáticamente a la dirigencia sindical en los años noventa, al mismo tiempo que implementaba ajustes neoliberales y desprestigiaba al sindicalismo ante la opinión pública (Fernández-Maldonado, 2015). Todo esto además de la intimidación, exterminio y desaparición de líderes sindicales, especialmente docentes (Manky, 2011). Luego del fujimorismo, la represión violenta al mismo nivel no ha sido necesaria dado el grado de desarticulación de los movimientos laborales y los amplios mecanismos legales existentes para extorsionar a los dirigentes que busquen iniciar acciones de protesta (Villavicencio, 2009; Manky, 2019). Pese a esto, los focos de activismo sindical son intensamente reprimidos de acuerdo con un informe de RedLat (2019). En los gobiernos democráticos se han reportado numerosos casos de trabajadores muertos o heridos por acción policial, como sucedió con el minero Manuel Yupanqui en 2008, cuyo asesinato sigue impune (Motta, 2012).

Estos casos se destacan, y contrastan con los anteriores, por el rol que juega la represión al margen de los marcos de institucionalidad democrática. En el caso de Guatemala y Colombia, los nexos de la fuerza estatal con organizaciones paramilitares para reprimir y silenciar disidentes han afectado duramente al sindicalismo, mientras que en Perú la violencia de la dictadura fujimorista reprimió con una intensidad cuyos efectos persisten hasta la actualidad. Este tipo de conflictividad al margen de los cauces democrático-institucionales caracteriza a los países con mayores niveles de represión –además de la represión implícita y presente en marcos legales–, en contraposición a los países donde dicha conflictividad encuentra vías de canalización institucional y menor presencia de actores paraestatales.

Consecuencias socio-políticas de la industrialización

La breve revisión de los casos recién ofrecida abre una serie de preguntas. ¿Por qué los países varían en la intensidad de la represión hacia los movimientos laborales? ¿Por qué en países como Colombia, Perú y Guatemala existen diversos actores que reprimen intensamente a los trabajadores, mientras que el repertorio represivo es más acotado y leve en Uruguay, Chile y Argentina?

Como vimos arriba, muchas de las teorías actuales enfatizan las características de los movimientos sociales (laborales en este caso) para explicar la represión que estos reciben. Principalmente, se estudia cuán radicales o amenazantes son sus tácticas y sus demandas, y cuán débiles o fuertes son organizacionalmente o respecto a los aliados políticos que disponen. Sin negar la importancia de estas explicaciones, nuestro análisis se centrará en factores de muy distinta naturaleza. Específicamente, proponemos un breve argumento teórico que enfatiza legados institucionales de larga data producto de la industrialización de estos países, que se remonta en algunos casos a las primeras décadas del siglo pasado. Posteriormente, para ilustrar el argumento, presentaremos una narrativa analítica (extremadamente preliminar) de los países polares.

El argumento teórico enfatiza el rol central del proceso de industrialización de la economía nacional durante el siglo XX. Proponer una explicación centrada en la industrialización suena un poco añejo: ésta era una de las variables preferidas de la teoría de la modernización, largamente desacreditada desde 1970 por proponer una visión lineal y convergente de la evolución de las sociedades, y particularmente poco apta para América Latina (Valenzuela y Valenzuela, 1978). Acá retomamos el fenómeno de la industrialización en un sentido enteramente distinto. Enfatizamos sus consecuencias políticas e institucionales en el contexto latinoamericano, no europeo. Específicamente planteamos que en nuestra región la industrialización activa al menos tres mecanismos que afectan las variaciones en la represión laboral por décadas. Estos mecanismos pueden diferenciarse analíticamente, como hacemos abajo, pero son más difíciles de distinguir empíricamente.

Primero, cuando los países se industrializan tempranamente (primera mitad del siglo XX), se desencadena un proceso de formación de una masa proletaria urbana que se organiza en movimientos laborales y presiona por incorporarse a la arena política (Rueschemeyer et al., 1992; Pribble, 2011; Collier y Collier, 2001). A veces esto se produce vía partidos populistas de trabajadores, otras vía partidos socialistas o comunistas (más definidos programáticamente), e incluso otras mediante cooptación “desde arriba” o corporativista, dejando escasa autonomía a las organizaciones laborales (Pribble, 2011). Pero en todos los casos ello institucionaliza las relaciones entre trabajadores y sistema político, valida a los trabajadores como actores políticos legítimos, y a la larga aumenta, para los gobiernos, los costos de reprimirlos. En otras palabras, los trabajadores dejan de ser únicamente un actor económico y se incorporan a la política (se politizan). Por el contrario, los países que se industrializan poco y tarde (digamos, en la segunda mitad del siglo pasado) tardan más en formar una masa trabajadora y los partidos no la incorporan a la arena política, o lo hacen marginalmente. Esto facilita la represión laboral sobre grupos de trabajadores comparativamente más débiles, la que se ejercería no sólo en ese momento –habilitando masacres laborales, por ejemplo en huelgas–, sino también décadas después.

Un segundo mecanismo que desencadena la industrialización tiene que ver con los cambios que esta produce en los mercados laborales. Los países industrializados tempranamente crean primero un sector importante de trabajadores en empleos urbanos (textiles, frigoríficos, manufacturas, electricidad, acero, petróleo). Posteriormente, ello se expande a sectores estatales o de servicios en crecimiento, como educación, salud, comercio y transporte (aunque puede existir industrialización sin urbanización, por ejemplo en enclaves mineros o frigoríficos en zonas rurales). Muchos de estos empleos son formales y están cubiertos por legislación que permite la organización sindical y protege contra la represión arbitraria. Concomitantemente, el avance de la industrialización reduce el peso en la economía de los empleos agrarios tradicionales (en explotaciones de cacao, banana, tabaco, caña de azúcar, etc.), que suelen basarse en relaciones paternalistas y jerárquicas. En estos contextos, que se asemejan a lo que Barrington Moore (1969) llamó regímenes labor represive, los terratenientes, actores paraestatales o policías locales pueden reprimir a los trabajadores más fácilmente. Y en la medida en que las autoridades locales están aliadas con los terratenientes, están dispuestas a hacerlo también.

El tercer y último mecanismo refiere a que los países que lograron industrializarse tempranamente crecieron económicamente. La literatura ofrece hoy evidencia de que un mayor crecimiento económico disminuye las respuestas represivas de los Estados, aunque no logra explicar del todo el porqué de esta relación. Las hipótesis más comunes apuntan a que un mayor desarrollo económico entrega a los Estados herramientas para negociar y satisfacer demandas sin recurrir a la represión, así como al hecho de que mejores condiciones económicas disminuyen los conflictos que el Estado reprime (Davenport e Inman, 2012; Davenport, 1995; Poe y Tate, 1994).

Sin quitar validez a estas explicaciones, aquí ofrecemos una tercera explicación sobre el mecanismo mediante el cual el desarrollo económico forjaría Estados menos represivos en América Latina. Esto permitiría a los Estados recaudar impuestos y construir aparatos estatales que concentraron la violencia más efectivamente (Centeno, 2002 para las dificultades de buena parte del continente en la realización de esta tarea). Esto reduce el espacio para que surjan actores desafiantes para-estatales y por tanto disminuye el nivel general de violencia en las sociedades. En otras palabras, cuando las élites políticas logran pacificar el país y concentrar la violencia física, cortan el círculo de reproducción de violencia en general, moderando la represión laboral. En sociedades más pacíficas, los movimientos sindicales se benefician con una menor represión simplemente porque la violencia está más centralizada. Esto no quiere decir que no existan conflictos violentos –los tres países menos represivos de la figura 1 experimentaron cruentas dictaduras en los años setenta–, pero las transiciones a la democracia redujeron radicalmente el terrorismo de Estado.

Por el contrario, los Estados sin recursos suficientes producto de una economía débil pueden tardar más en contener a los actores desafiantes violentos, permitiendo un efecto derrame de mayor violencia hacia el activismo laboral y abriendo espacios para actores violentos paraestatales (grupos de milicia, guerrillas, narcos, mafias) que atacan a los líderes sindicales que se oponen a sus intereses. Cuando la ayuda militar estadounidense llega, lo hace tardíamente y a veces exacerbando la violencia. Por falta de datos no abordaremos este mecanismo en las narrativas de abajo, sin embargo, lo presentamos como una idea en gestación (todavía más prematura que las otras).

El siguiente diagrama esquematiza el argumento.

Figura 3. Esquema del argumento teórico

Fuente: Elaboración propia.

Aterrizando el argumento: narrativas preliminares

En esta sección empleamos el argumento teórico presentado arriba para comprender cómo distintas trayectorias institucionales de largo plazo conducen a distintos niveles de represión hacia los movimientos laborales latinoamericanos. Para ello presentamos narrativas de los países con mayor y menor represión laboral. Todavía son muy preliminares e imprecisas, pero al menos muestran rasgos generales que deben ser investigados en profundidad. Nuestro principal apoyo es Rueschemeyer et al. (1992), que explican en perspectiva histórica cómo las alianzas entre clases sociales moldearon los regímenes políticos, y en menor medida Pribble (2011) y Roxborough (1998), aunque queda pendiente la revisión del clásico de Collier y Collier (2001). Comenzamos con los países con menor represión y continuamos con los de mayor represión.

Casos de baja represión laboral

En Chile la industrialización durante las primeras décadas del siglo XX produjo importantes cambios políticos. En 1920 llegó al poder Arturo Alessandri Palma, primer candidato que intentó atraer el apoyo de los sectores populares, crecientemente organizados en torno al Partido Comunista (fundado en 1922). Aunque el presidente Ibáñez del Campo (1927-1931) reprimió a los sindicatos independientes e intentó reemplazarlos por sindicatos controlados por el gobierno, los altos niveles de conflictividad durante los años treinta llevaron a la oligarquía a aceptarlos como actores políticos legítimos por medio de los partidos de izquierda; el Partido Socialista se había fundado en 1933 (Rueschemeyer et al., 1992). Paralelamente empezó a desarrollarse un sistema de seguridad social que cubría a los trabajadores de cuello azul y regulaba las prácticas laborales (Pribble, 2011). Los gobiernos radicales de los años cuarenta se apoyaron en la movilización electoral de los trabajadores; y las reformas electorales del 1958 y 1962, sumadas a la legalización de los sindicatos rurales en 1967, ofrecieron el marco legal para la representación de los trabajadores en la arena política. En consecuencia, en los años sesenta los partidos de izquierda y la Democracia Cristiana (centro) compitieron por el apoyo de trabajadores urbanos y rurales (Scully, 1992). Aunque el proceso de intensa movilización durante el gobierno de la Unidad Popular (1970-73) fue cortado por el golpe de estado de 1973, con la transición democrática los sindicatos se rearticularon. Si bien no tuvieron el peso que sus contrapartes argentinas, y disminuyeron considerablemente su poderío respecto del período pre-dictadura, el legado de las décadas previas facilitó su protección respecto a medidas represivas.

Por otra parte, la economía ganadera extensiva de Argentina y Uruguay, orientada a la exportación de carne de res y productos derivados del ganado (cuero y lana), produjo tempranamente una industria subsidiaria (transporte, empaquetamiento de carne, procesamiento de lana, curtiembre). Esto llevó al crecimiento poblacional de sus capitales –Buenos Aires y Montevideo respectivamente– y a la formación de una clase trabajadora y media urbana en las décadas de 1910 y 1920. Incluso en el campo las relaciones laborales estaban basadas en salarios y el nivel de explotación laboral era bajo, a diferencia de las economías de plantaciones de otras partes del continente (Rueschemeyer et al., 1992).

En Argentina las clases trabajadoras estuvieron inicialmente compuestas por trabajadores procedentes de la inmigración europea (italiana y española fundamentalmente), con fuerte formación anarquista y socialista, y expuestos a niveles altos de represión (como durante la Semana Trágica de 1919). Posteriormente se añadió otro segmento de trabajadores gracias a la migración interna del campo a la ciudad. En ese contexto Juan Domingo Perón fundó el Partido Justicialista (1946), que politizó masivamente a la masa proletaria. Al lograr una coalición multiclase, también con apoyo de los sectores urbanos industriales, Perón pudo extender a los trabajadores importantes beneficios y disuadir una orientación ideológica radical en ellos (Rueschemeyer et al., 1992). Esto frenó las eventuales reacciones represivas de las élites y los militares que se produjeron, por ejemplo, en Perú.

En Uruguay la incorporación de los trabajadores a la política comenzó tempranamente, gracias a su legitimación simbólica y legislación de avanzada durante los gobiernos de José Batlle y Ordóñez (1903-1907 y 1911-1915). Las élites terratenientes y urbanas, más inclusivas y menos represoras que lo habitual, permitieron la creación de partidos de izquierda socialistas (1910) y comunistas (1920). Lejos de desarrollar una orientación revolucionaria, estos partidos buscaron incluir a los trabajadores en la democracia de masas que se estaba gestando en esas décadas. Así, a diferencia del movimiento laboral argentino, más controlado “desde arriba”, el uruguayo logró más autonomía y no intentó ser cooptado por el predominante Partido Colorado. Aunque la represión aumentó durante los años treinta, como en muchos otros países, esta disminuyó posteriormente, permitiendo la continuación de las medidas proteccionistas y la consolidación de un movimiento obrero con fuerte capacidad de negociación desde 1940.

Como ya dijimos, Argentina, Chile y Uruguay sufrieron durante los años setenta y ochenta dictaduras militares que reprimieron ferozmente a los sindicatos y partidos de izquierda. Pero más que un signo de debilidad, esto puede ser interpretado como uno de fortaleza de los movimientos laborales, si consideramos que los golpes sobrevinieron ante la incapacidad para traspasar a los trabajadores los costos de la crisis económica de los años cincuenta y sesenta (Rueschemeyer et al., 1992). La incorporación política durante las décadas anteriores fue lo suficientemente robusta para sobreponerse a la represión militar y permitir la rearticulación de los sindicatos durante las transiciones a la democracia, especialmente para los casos de Argentina y Uruguay, llevando a los más bajos niveles de represión laboral en la región (figura 1).

México, Brasil y Costa Rica son los tres países que siguen a Argentina, Chile y Uruguay en la escala de represión. ¿Coinciden sus trayectorias con las de estos últimos? Para Brasil y México la respuesta es probablemente afirmativa. En Brasil la cantidad de trabajadores industriales se quintuplicó entre 1940 y 1980, gracias a la expansión de las industrias textiles, metalúrgicas, ferroviarias y automovilísticas en las principales ciudades. En los años treinta Getulio Vargas creó el Departamento Nacional del Trabajo. El teniente Lindolfo Collor, que lideró este departamento, promovió una compleja legislación laboral que reconocía a los sindicatos como interlocutores válidos y les aseguraba beneficios sociales a los trabajadores. Pero la consolidación del Estado Novo desde 1937 llevó a la creación de un sistema tripartito de negociación que permitió al Estado controlar a los sindicatos a cambio de otorgarles beneficios de salud y bienestar a sus afiliados financiados por un impuesto obligatorio (Roxborough, 1998).

De manera similar, en México la etapa de sustitución de importaciones desde 1930 expandió el empleo urbano y estimuló la migración del campo a la ciudad: se pasó de 640.000 a 2.5 millones de trabajadores industriales entre 1940 y 1980. En consecuencia, se formó un proletariado con fuerte identidad y cohesión a partir de la creación de sindicatos nacionales de trabajadores del ferrocarril, metalúrgicos, petroleros, electricistas y maestros (Roxborough, 1998). Como respuesta, los líderes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) –especialmente Lázaro Cárdenas, presidente de México entre 1934 y 1940– reconocieron el potencial de organizar a los trabajadores y cooptarlos a cambio de redistribuir beneficios. Así, Cárdenas redistribuyó tierras, creó ejidos comunales, promovió los sindicatos urbanos y rurales y protegió los derechos de los trabajadores. Además, les ofreció representación formal a indígenas y trabajadores mediante estructuras del partido (Rueschemeyer et al., 1992). Al aliarse con los trabajadores urbanos y campesinos, y con el Partido Comunista, Cárdenas permitió enfrentar al ex presidente (y fundador del PRI) Plutarco Elías Calles. Lo distintivo es que el control del PRI no estuvo basado en la represión sino en la cooptación del movimiento laboral urbano y campesino. Pero esta cooptación implicó la pérdida de autonomía de los sectores populares, dado que la legislación laboral tenía gran influencia sobre los sindicatos.

Sin embargo en Costa Rica –también con baja represión según la figura 1– la historia fue distinta a la de México y Brasil. Aunque la industrialización llegó más tarde, el presidente Rafael Calderón se opuso a los sectores conservadores de su partido y creó un sistema de seguridad social nacional. De esta forma, como argumenta Pribble (2011), la falta de industrialización y presión desde abajo fue compensada por legados burocráticos y técnicos que expandieron la seguridad social y beneficiaron a los trabajadores.

Casos de alta represión laboral

En contraposición con la trayectoria seguida por los países de industrialización temprana, en aquellos que lo hicieron tardíamente (con excepciones como Costa Rica) se produjeron legados institucionales que favorecieron altos niveles de represión laboral muchas décadas más tarde. Para ejemplificar esta trayectoria, nos centramos en Colombia, Perú y Guatemala, los países con mayor represión laboral (figura 1).

Como argumentan Rueschemeyer et al. (1992), en Colombia y en Perú la industrialización tuvo lugar durante los años cincuenta y sesenta de la mano de la fuerte penetración del capital extranjero. La burguesía local no tenía la capacidad para hacer “alianzas keinesianas” con clases trabajadoras y medias. Como consecuencia, el proletariado no creció lo suficiente para presionar decisivamente por derechos sociales y políticos (Pribble, 2011).

En Colombia, durante la primera mitad del siglo XX, la economía era mayormente agraria y estaba caracterizada por relaciones semiserviles. No obstante, el Partido Liberal desde 1930 comenzó a movilizar a los trabajadores urbanos y ayudar a crear confederaciones sindicales, pero el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán en 1948 desencadenó una oleada de violencia que llevó a un régimen autoritario y obstaculizó que los trabajadores se organizaran como lo estaban haciendo en otros países (Rueschemeyer et al., 1992). Las décadas siguientes, marcadas por el desarrollo de la guerrilla, el narcotráfico, las fuerzas paraestatales y la intervención militar estadounidense (Petras y Veltmeyer, 2011), impidieron que el Estado colombiano consolidara su autoridad sobre el territorio. Sin embargo, sí fue lo suficientemente fuerte para criminalizar y reprimir las huelgas de los sectores estratégicos de la economía. Como consecuencia, los movimientos laborales sufrieron violencia desde diferentes direcciones, lo que ayuda a entender el alto valor de Colombia en la escala represiva de la figura 1. A diferencia de otros países, en Colombia la separación entre fuerzas políticas institucionales y organizaciones violentas nunca fue muy nítida, tanto en la izquierda como en la derecha, al punto de que el movimiento laboral “está debilitado por la violencia y la merma en la sindicalización” (Velasco, 2017, p. 510).

De todas maneras, el control de la violencia en Colombia en años recientes, marcado por la desmovilización de la guerrilla y los pactos políticos con algunos de sus líderes, podría explicar la disminución en la represión observada en la figura 2. Durante el período 2015-2020 aproximadamente, Colombia muestra niveles de represión medio-bajos, similares a los de Costa Rica. Esto muestra con claridad que un argumento de path dependence como el que desarrollamos acá explica sólo parcialmente las variaciones observadas.

Perú también se industrializó tardíamente, de la mano del golpe de estado de 1968, “entre una y tres décadas después de que ésta emergiera en buena parte del resto de América Latina” (Blake, 2005, p. 39). Los militares que tomaron el poder tras el golpe consideraban que los problemas de Perú se debían a su falta de industrias modernas y economía de mercado. Por supuesto, antes de eso habían existido intentos de incorporación de los trabajadores a la política, pero con resultados comparativamente modestos. El principal estuvo dado por la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), que desde 1930 empezó a movilizar a los trabajadores azucareros que trabajaban en grandes plantaciones que eran propiedad de empresas extranjeras. Quizás por eso mismo, el APRA desarrolló una postura fuertemente antioligárquica y antiimperialista que la condujo al levantamiento en la ciudad de Trujillo en 1932. La fallida insurrección produjo mucha represión y terminó disolviendo la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). El movimiento laboral peruano se refugió en la clandestinidad, y los gobiernos desarrollaron una orientación antilaboral. Las élites terratenientes, que dependían de la mantención del modelo exportador tradicional, recurrieron al fraude electoral y la represión para impedir que las fuerzas políticas de corte obrero llegaran al poder (Roxborough, 1998; Rueschemeyer et al., 1992).

Si bien el gobierno militar en 1960 tuvo un carácter inclusivo e industrializador, a principios de 1980 sólo el 25% de la fuerza de trabajo del Perú se empleaba en el sector industrial (Pribble, 2011). Esto explica no sólo su modesto sistema de pensiones, como señala Pribble, sino también, como argumentamos nosotros, su alto nivel de represión laboral. Pribble sugiere que estos resultados negativos para los trabajadores se acentuaron por la existencia de una importante población indígena, que produjo prácticas discriminatorias hacia ellos por parte de blancos y mestizos (como que se le negara el derecho al voto hasta 1980).

A esto se sumó durante los años ochenta y noventa el terrorismo del Sendero Luminoso y la represión feroz del gobierno de Fujimori. La danza macabra entre terroristas y represión gubernamental dejó decenas de miles de muertes y atemorizó a los trabajadores urbanos y rurales, dificultando su organización y haciéndolos más vulnerables a la represión por parte de todos los actores con capacidad militar. Si bien la embestida de Fujimori en 1990 redujo notablemente las acciones terroristas, esto se hizo al costo de una violencia indiscriminada y violaciones masivas a los derechos humanos, desalentando cualquier forma de organización social (Silva, 2009; Soifer & Vergara, 2019). Pero al igual que Colombia, en Perú la represión laboral bajó sostenidamente a partir de la década del 2000. Nuevamente, entender esto requiere examinar factores que quedan pendientes para futuras investigaciones.

Guatemala no sólo encabeza el promedio de represión laboral de nuestra escala (figura 1), sino que en su caso, a diferencia de Colombia y Perú, la represión no disminuyó a lo largo del período 1990-2020. Guatemala ejemplifica bien los efectos de largo plazo de una industrialización tardía e incompleta, pero además presenta un rasgo particular no tan presente en Colombia y sobre todo Perú, como es la injerencia directa de los Estados Unidos^[9].

Guatemala desarrolló una economía de plantación basada en la exportación de banana y café, muy dependiente del comercio exterior y la inversión extranjera. Recién en los años sesenta comenzó la industrialización vía sustitución de importaciones, varias décadas después que en el Cono Sur. Por tanto, la estructura social se mantuvo por mucho tiempo polarizada entre una masa de trabajadores rurales y una pequeña clase de grandes terratenientes muy prósperos. Estos lograron fusionarse con las élites mercantiles y dominar la política por medio del apoyo del aparato militar. A esta coalición de poder se sumó la empresa estadounidense United Fruit Company (UFCO), apoyada por el gobierno de su país. Así, las incipientes protestas laborales a principios de los años treinta llevaron a un golpe de Estado del General Ubico, quien suprimió los sindicatos.

Pero la experiencia más dramática fue la del presidente reformista Jacobo Arbenz, que desde su llegada al poder a mediados de los años cuarenta incentivó la organización de los trabajadores rurales y comenzó una reforma agraria. A esto se sumó la creciente influencia del Partido Guatemalteco del Trabajo, de inspiración comunista. Ante la amenaza de Arbenz, la oligarquía y militares locales orquestaron un nuevo golpe financiado por la CIA y apoyado por la UFCO, que depuso a Arbenz y llevó al poder al teniente coronel Carlos Castillo Armas. Armas desmanteló los sindicatos y anuló la legislación laboral de la época de Arbenz, restringiendo la organización laboral. Por otra parte, Guatemala carecía de una economía industrial que sustentara un estado fuerte. Pero el apoyo logístico, militar y económico de los Estados Unidos permitió que el Estado guatemalteco desarrollara una coherencia organizacional y capacidad burocrática y militar mayor que la de otros países de América Central.

A pesar de esto, el legado movilizador de la época de Arbenz se mantendría para renacer posteriormente. Tras el golpe de Estado, se rearmó el movimiento sindical, pero la Federación Autónoma Sindical de Guatemala (FASGUA), que encabezó esos esfuerzos, “no es exitosa en términos del principal objetivo del movimiento laboral: organizar a los trabajadores” (Brockett, 2005, p. 109). Por ejemplo, en los años sesenta sólo agrupaba a 26 sindicatos en todo el país, 11 de los cuales eran rurales. Una de las razones de la falta de éxito fue el ataque frontal a cualquier intento de organización laboral. En este ataque no sólo participó el gobierno, sino también las empresas privadas. Cualquier trabajador que protestara ante las reducciones de salario de la época era acusado de comunista y arrestado. Mientras, los militares ocupaban los lugares de trabajo, la UFCO apoyaba matanzas masivas de trabajadores sindicalizados, y el gobierno enmendaba el código laboral para dificultar las huelgas y prohibía la sindicalización de los empleados públicos. Como consecuencia, desde los años sesenta Guatemala fue probablemente el país con menor densidad sindical de toda América Latina.

La represión debilitó la organización laboral pero estimuló la actividad guerrillera rural –fuertemente indígena– (Goodwin, 2001), que empezó en Guatemala a principios de los años sesenta. La respuesta por parte de la derecha fue la formación de escuadrones de la muerte y campañas de contrainsurgencia que sólo radicalizaron más a la guerrilla. Paralelamente, en el mundo sindical no había rastros de la movilización del proletariado urbano que institucionalizó el poder político de los trabajadores en los países del Cono Sur. Al igual que en Nicaragua y El Salvador, las fuerzas armadas y los escuadrones de la muerte atacaron a las organizaciones laborales más allá de su orientación revolucionaria o reformista. Sin embargo, para Goodwin (2001, p. 161) la violencia estatal en Guatemala era “más letal” que en Nicaragua o El Salvador, lo que quizás puede explicar el legado posterior de mayor represión laboral de la figura 1.

Por si fuera poco, el atractivo de la guerrilla radicalizó a una facción de los trabajadores, produciendo divisiones con el núcleo más moderado. Aunque los funcionarios públicos y docentes tuvieron huelgas con algún grado de éxito, “para la primavera de 1980, el empuje de los movimientos de trabajadores organizados y otros movimientos populares se había perdido. La represión había eliminado toda posibilidad de actividades contenciosas no violentas. Guatemala estaba dominada por aquellos que tenían las armas” (Brockett, 2005, p. 117).

Validando las narrativas

Este capítulo está lejos de “probar” la validez de la explicación esbozada arriba. Por ahora se sostiene únicamente por algo de teoría, un gráfico de promedios y narrativas nacionales preliminares. Sin embargo, es relevante plantear que estos argumentos se articulan con trabajos previos como el de Pribble (2011). También parecerían ser validados según el método del pattern matching de Campbell (1975). Como establece este método, presentamos un argumento teórico (que relaciona la represión con ciertas trayectorias nacionales) y posteriormente mostramos su consistencia con varios casos. A su vez, ellos parecen encontrar respaldo en buena parte de la literatura sobre represión a movimientos sociales que intenta explicar este fenómeno desde las características económicas, políticas y culturales de los países.

En cuanto a la investigación de Pribble (2011), ella es especialmente interesante para este estudio porque desarrolla un trabajo similar al nuestro al analizar el vínculo entre el historial de industrialización de los países latinoamericanos y el tamaño y alcance de sus sistemas de protección social. Al comparar nuestros resultados observamos llamativas similitudes. Los países menos represivos durante 1990-2020 en nuestro estudio son los que lograron mejores índices de inclusión social y política para los trabajadores según Pribble. Por ejemplo, ella caracteriza a Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay con el modo de “movilización e incorporación industrialista”. Estos son 4 de los 5 países con menor represión laboral según la figura 1. Por otra parte, Pribble caracteriza a República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Nicaragua con el modo “agrario excluyente”. Guatemala es el país más represivo según la figura 1, y Nicaragua el quinto más represivo en un total de 16 países (El Salvador levanta una interrogante porque no está dentro de los más represivos a pesar de ser agrario-excluyente según Pribble).

También parece haber una convergencia entre nuestros patrones de represión laboral y los beneficios de la seguridad social reportados por Pribble (2013, p. 203), en que los países menos represivos tienen mayores beneficios. Así, el promedio de cobertura de pensiones de nuestros 5 países con menor represión laboral es 61%, mientras que baja a 22% para los 3 países más represivos (Perú, Colombia y Guatemala). Es decir, los países que a lo largo del siglo XX lograron mayor cobertura de la seguridad social muestran menor represión laboral varias décadas después, entre 1990 y 2020.

Por otra parte, la aproximación de pattern matching de Campbell (1975) nos permite explorar estadísticas sencillas, como las de la figura 4, para así derivar algunas implicancias empíricas de lo expuesto hasta el momento. Siguiendo esta propuesta, supongamos que Argentina, Uruguay y Chile efectivamente se industrializaron más tempranamente que Colombia, Perú y Guatemala, y como resultado de eso sus economías crecieron más y proveyeron mejores condiciones de vida para sus poblaciones. Entonces deberíamos esperar que para el período 1990-2020 (el mismo que consideramos para la represión laboral) el índice de desarrollo humano o IDH (que mide el producto interno per cápita, expectativa de vida y acceso a la educación) fuera mayor para el primero antes que para el segundo grupo de países. Eso muestra la figura 4: Argentina, Chile y Uruguay tienen un IDH superior a Perú, Colombia y (sobre todo) Guatemala. Asimismo, si los tres primeros países pudieron incorporar exitosamente a los trabajadores en la vida política a mediados del siglo pasado, estos avances inclusivos probablemente deberían reflejarse en mejores índices de democracia en las décadas más recientes, como efectivamente ocurre según el índice de democracia liberal de la figura 4. Argentina está entre medio de ambos grupos, sin embargo, Chile y Uruguay se diferencian claramente del resto.

Siguiendo la misma lógica, si como argumentamos arriba la industrialización permitió a los Estados acumular recursos, expandir su presencia en el territorio, mejorar su burocracia y concentrar la fuerza física, entonces hoy en día dichos países deberían tener gobiernos más efectivos. Y así sucede: como muestra la figura 4, la efectividad del gobierno^[10] (cuyo rango teórico va de -2.5 a 2.5) es mayor en Chile, Uruguay y (bastante más abajo) Argentina, que al igual que con el indicador de democracia liberal, nuevamente está en una situación más bien intermedia. Por el contrario, Colombia, Perú y sobre todo Guatemala tienen gobiernos menos efectivos. En nuestra interpretación, entre otras cosas esto se relaciona con una industrialización más débil y tardía^[11].

Figura 4. Indicadores seleccionados para los países polares en represión laboral

Fuentes: elaboración propia a partir de base MovLab, que se nutre de diversas fuentes secundarias: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para índice de desarrollo humano; Varieties of Democracy (VDem) para el índice de democracia liberal; Worldwide Governance Indicators (Banco Mundial) para efectividad del gobierno; OIT y Banco Mundial para informalidad; OIT y diversas fuentes nacionales para afiliación sindical; y la propia base MovLab para poder asociativo.

Según nuestra argumentación, estas tempranas variaciones en el desarrollo socioeconómico e institucional impactaron en tiempos más recientes en las capacidades colectivas de los trabajadores, y por ende en su vulnerabilidad a la represión por parte de los Estados u otros actores con capacidad coercitiva. Si esto es así deberíamos observar diferencias entre ambos grupos de países en variables que refieren a la fortaleza de los trabajadores. Para estudiar este punto, la base MovLab contiene variables sobre informalidad laboral, afiliación sindical (porcentaje de la fuerza laboral afiliada a sindicatos) y poder asociativo (una variable original que condensa elementos propios de la organización colectiva, tales como la cantidad de socios, la forma en que se organizan los movimientos, la participación y otros aspectos). La lógica de nuestro argumento es que los países con mayor represión deberían tener mayor informalidad laboral (un indicador de debilidad), menor poder asociativo, y menor afiliación sindical, las cuales a su vez resultarían de los legados socioeconómicos e institucionales previos.

Y esto es lo que ocurre. Como muestra la figura 4, la informalidad laboral es marcadamente más alta en Guatemala, Perú y Colombia (y particularmente controlada en Chile y Uruguay). Asimismo, los países cuyos trabajadores son menos reprimidos tienen mayor poder asociativo promedio, destacando Argentina y después Uruguay. Finalmente, lo mismo ocurre con la afiliación sindical: está por encima de ¼ de la masa trabajadora en Argentina y Uruguay, y si bien baja bastante para Chile, es todavía mucho menor en Colombia, Guatemala y Perú.

En síntesis, creemos que estas diferencias adicionales son consistentes con nuestro argumento. Esto ofrece una mirada de largo aliento para comprender cómo el momento y la intensidad de la industrialización a lo largo del siglo XX pudo haber afectado la manera en que se relacionan los movimientos laborales, los partidos políticos y el Estado, produciendo distintos niveles de represión laboral varias décadas más tarde.

Tareas pendientes

Las maneras de ir más allá de este argumento preliminar son obvias. Primero, es necesario crear narrativas más sólidas, incorporando literatura histórica especializada para cada país, y determinar más claramente los momentos y las características de la industrialización, el crecimiento de la fuerza laboral industrial y las características de los partidos incorporadores. Además, es importante considerar indicadores sobre recursos estatales y violencia social (por ejemplo, tasas de homicidio). Segundo, si se logran datos suficientes, podrían ensayarse modelos de series de tiempo entre países (cross-national times series). Tercero, deberían incorporarse al argumento factores contingentes que explican las variaciones en la represión laboral dentro de cada país a lo largo del tiempo. Análisis preliminares sugieren que el nivel de democracia y la orientación política de los gobiernos nacionales tienen un fuerte impacto en la represión laboral (más democracia y gobiernos de izquierda reducen de manera independiente la represión). Cuarto, deberían incorporarse las tácticas y las demandas de los movimientos laborales, de modo de someter a prueba las teorías de las amenazas y oportunidades discutidas al principio. MovLab afortunadamente tiene variables que permitirían hacerlo. Todo esto permitiría despejar el rol que podría caberle con mayor propiedad a nuestro argumento, y considerar explicaciones alternativas o complementarias. Quinto, esto permitiría entender posibles outliers, como El Salvador, que tiene menos represión de lo que podríamos suponer.

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