María Celia Bravo, Leandro Lichtmajer, Florencia Gutiérrez, Lucía Santos Lepera e Ignacio Sánchez

Los pueblos azucareros frente al colapso. Resistencias locales al cierre de ingenios en Tucumán revisita un punto de inflexión en la historia contemporánea de esa provincia. El libro pone en cuestión varios supuestos configurados en torno al colapso agroindustrial tucumano, al revisar nociones y conceptos sobre los actores específicos (movimiento obrero, productores agrarios, industriales, comisiones prodefensa, cooperativas, curas párrocos, dirigencias políticas y sindicales, comerciantes, mujeres, entre otros) que resistieron la profunda crisis azucarera de mediados del siglo xx y sus perniciosas consecuencias sociales y productivas.

La perspectiva local ilumina las particularidades de este proceso en cada pueblo azucarero y sus disímiles implicancias en el mediano plazo. Mientras que en algunas localidades se logró evitar la clausura del ingenio, en otras el cierre fue inexorable. Estas divergencias, en las que se advierten las marchas y contramarchas de las políticas azucareras desarrolladas por la nación y la provincia, revelan la necesidad de estudiar de manera focalizada cómo cada comunidad resistió o sucumbió a las políticas de racionalización y el rol que cumplieron los mediadores locales frente a estas. La perspectiva local nos permite, asimismo, construir temporalidades amplias a la hora de explicar este derrotero, lo cual implica no solo descentrar la mirada en torno al decreto ley 16.926 que la dictadura de Juan Carlos Onganía promulgó en agosto de 1966, sino también recuperar las estrategias previas que los gobiernos civiles y militares ensayaron frente al modelo agroindustrial tucumano.

Tomando en cuenta el carácter múltiple de este proceso, en esta oportunidad presentamos investigaciones sobre los avatares de tres ingenios: Santa Ana, que clausuró su horizonte productivo en 1966 al ser incluido en el decreto ley que ordenaba su cierre y desmantelamiento; San Pablo, cuyo funcionamiento no estuvo amenazado, pero su patronal avanzó en políticas de racionalización que desataron una intensa conflictividad laboral; Bella Vista, que logró revertir el cierre y afrontar las difíciles zafras de 1969-1970 debido a la movilización sostenida de su comunidad. Estas pesquisas no clausuran de ninguna manera el análisis del período. Por el contrario, contribuyen a visibilizar la riqueza de una perspectiva que, centrada en lo local, permite tomar distancia de enfoques generalizadores e ilumina las particulares relaciones que los actores sociales tejieron en los pueblos azucareros. Estas aristas cobran especial relevancia en una coyuntura marcada por el declive de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), jaqueada por las políticas antiobreras de la dictadura militar de 1966 y por profundas disidencias internas. En el marco de esa coyuntura crítica, surgieron nuevos actores (tales como las comisiones prodefensa de ingenios y las cooperativas) y florecieron múltiples repertorios de confrontación.

Así como este libro representa una invitación a repensar un episodio crucial de la historia provincial, regional y nacional, constituye también la cristalización de una línea de trabajo colectiva sobre el espacio azucarero tucumano en perspectiva local. Nutrida por trayectorias profesionales diversas, abarcó tópicos como la problemática agraria y las políticas estatales en torno a la agroindustria, las formas de organización territorial y las interacciones sociales en los pueblos azucareros, las identidades y prácticas políticas, el rol de las dirigencias partidarias y sindicales, el mundo del trabajo y las formas de mediación de los curas párrocos. En la confluencia de estas trayectorias y campos de especialización, el interés por lo local reside en su estatus de estrategia metodológica fructífera para repensar los procesos desplegados y recuperar el juego de escalas como principio orientador (Revel, 2015). Retomamos, en ese sentido, las dinámicas espaciales como variables de análisis y, parafraseando la célebre definición de Eric Van Young, entendemos nuestros marcos de referencia como “hipótesis a demostrar” (1987: 257).

También nos une el interés por reponer las tramas de relaciones y las experiencias de los actores, así como la búsqueda de ensayar un ejercicio de contextualización atento a las redes de interacción desplegadas localmente, con implicancias en las diferentes esferas de lo social. El lugar –entendido como un terreno específico modelado no solo por las necesidades productivas, sino también por instituciones estatales y cívicas– es considerado un espacio de disputa, de identidades contrapuestas. En esa dirección cobran relieve las percepciones que los propios actores tienen de su espacio, lo que Angelo Torre define como la dimensión émica y que reconoce en las localidades una estructura de sentimientos emanada de la experiencia de los nativos (Torre, 2018). El lugar no funciona como un escenario ya establecido; por el contrario, se trata de un territorio dinámico, resultado de procesos sociales contingentes, donde se iluminan las relaciones sociales y sus reconfiguraciones según la lógica local, que guarda conexiones y se interrelaciona con las desplegadas en otras escalas (global, nacional, regional) (Massey, 1995). Nuestra perspectiva dialoga, en ese sentido, con los abordajes teóricos y metodológicos que la historiografía argentina planteó en torno a esta problemática.^[1]

La línea de trabajo sobre el espacio azucarero tucumano en perspectiva local se enmarca en sucesivos proyectos de investigación que desarrollamos desde mediados de la década pasada.^[2] Una breve reseña del recorrido historiográfico allí plasmado permite identificar un campo de reflexión centrado en los pueblos azucareros, del que se desprenden diferentes ejes problemáticos: la configuración espacial de los núcleos urbanos entre el último tercio del siglo xix y comienzos del xx, las prácticas proselitistas, las redes partidarias y las trayectorias de las dirigencias políticas y sindicales; el recorrido del sindicalismo azucarero hostigado por el poder estatal desde el golpe del 1955; el rol mediador de los curas párrocos y sus intervenciones en la dinámica política y social entre las décadas 1930-1960; las formas locales de resistencia al cierre de ingenios durante los años sesenta; las propuestas de cooperativas de sectores del sindicalismo azucarero y de la Comisión Pro-Defensa (CPD) de Bella Vista para mantener en funcionamiento los ingenios endeudados.

Ocupación del ingenio Bella Vista en el marco de las resistencias locales al cierre de la fábrica (enero de 1969). Fuente: Archivo del diario La Gaceta (Tucumán).

La historiografía azucarera ha contemplado la dimensión territorial para estudiar los cambios espaciales y sociales en su paisaje productivo. Los nuevos circuitos ferroviarios para la circulación de bienes e insumos y para el transporte de la fuerza de trabajo permitieron resolver el obstáculo de la distancia a través de las innovaciones en el sistema de transporte. La línea que tuvo mayor impacto en la construcción de la región azucarera fue la denominada “Noroeste Argentino”, propiedad del gobierno provincial, que conectaba la zona de los ingenios con la ciudad de San Miguel de Tucumán. Al mismo tiempo, de la red troncal se desprendió una enmarañada trama de ramales secundarios que unía las fábricas con el área de cañaverales. Tales transformaciones permitieron estabilizar el espacio y erigir a los ingenios en núcleos de la nueva configuración territorial.^[3]

Una de las aristas de esta transformación fueron las urbanizaciones resultantes, denominadas por la historiografía como “pueblos azucareros”, que obedecieron a la necesidad de contar con una oferta estable de mano de obra para garantizar a la patronal el control sobre el proceso del trabajo. Se construyeron viviendas, se desarrollaron servicios de salud, de educación, religiosos y deportivos. Por lo general, este fenómeno ha sido estudiado de manera modélica al analizar las viviendas en función de un criterio de jerarquización espacial según las diferentes posiciones laborales y de la tentativa empresarial de controlar el tiempo libre y los hábitos de los trabajadores (Paterlini de Koch, 1989; Campi, 1999). Ese abordaje de los pueblos azucareros no contemplaba una mirada que, centrada en la perspectiva local, permitiera iluminar una dinámica espacial más compleja y reparara en los procesos previos a las transformaciones generadas por la agroindustria.

Un ejemplo ilustrativo de ello fue el ingenio Santa Ana, donde funcionaba un centro cívico erigido por la demanda de los vecinos en interacción con el Estado provincial. Esta urbanización embrionaria dio origen a la instalación de funcionarios e instituciones estatales (escuelas, comisarías, juzgados de paz) que delimitaron el incipiente espacio público donde se ubicó el comercio, distante del control del ingenio (Sánchez, 2019, 2020). Una dinámica similar se observó en la localidad de Bella Vista, donde se instaló el establecimiento homónimo. Se trataba de un área de antiguo poblamiento que cobró impulso con la estación ferroviaria emplazada en 1876. En ese lugar se formó la villa cívica, donde se desarrollaron instituciones locales (Registro Civil, Comisaría, Juzgado de Paz, Comisión de Higiene y Fomento, Oficina de Correos y Telégrafos y escuelas), la parroquia de San José Obrero y establecimientos comerciales activados por la presencia de los inmigrantes, mayoritariamente españoles y árabes. El otro eje dinamizador del territorio fue el ingenio Bella Vista (fundado en 1882), que creció hasta transformarse en un poderoso complejo agroindustrial (Gutiérrez y Santos Lepera, 2019; Bravo y Lichtmajer, 2019).^[4]

En ambos casos podemos advertir una dinámica local que no está definida exclusivamente por la fábrica. La villa cívica no se confunde con el espacio del ingenio, incluso puede entrar en tensión con las decisiones de la fábrica o entablar instancias de colaboración con la empresa. Esta perspectiva nos permite considerar lo local como un proceso específico generador de articulaciones sociales e interinstitucionales (Torre, 2008). En esa dirección, buscamos superar las explicaciones generalizadoras para focalizarnos en un recorte espacial acotado que requiere un conocimiento más refinado sobre el papel desarrollado por los distintos actores azucareros, que incluya las iniciativas estatales concretadas al influjo de las demandas de comerciantes y vecinos, en las distintas instancias atravesadas por la agroindustria. Asimismo, nos permite reconsiderar una visión arraigada en la historiografía sobre pueblos de fábrica, inspirada en el trabajo de Sergio Leite Lopes, quien estudia un ingenio de la zona azucarera de Pernambuco (Brasil) y concibe al espacio fabril como un territorio cerrado, despojado de señales estatales y carente de formas de sociabilidad, sometido a la autoridad exclusiva de la patronal.^[5]

En virtud de esta perspectiva, cabe preguntarse lo siguiente: ¿a qué se denomina “pueblo azucarero”?; ¿es el espacio de pertenencia de la empresa, entendido además como lugar de habitación de propietarios, empleados y obreros, o también comprende el territorio no controlado por la empresa, donde se ubican las instituciones cívicas, las casas comerciales, las viviendas de vecinos o profesionales? La respuesta a estas preguntas exige investigar las fronteras difusas entre el perímetro del ingenio y la fisonomía específica de la planta urbana surgida al influjo del Estado. Por lo general, la historiografía identificó los pueblos azucareros con la fábrica, los espacios de vivienda (de los propietarios, el personal jerárquico, los empleados y los obreros) y otros ámbitos (escuelas, hospitales y clubes) provistos por la patronal, sin contemplar la existencia de villas cívicas y la capacidad de agencia de los vecinos. Esta mirada, centrada en la urbanización realizada por la fábrica, desdibujó la preocupación por la villa cívica que creció al influjo de la producción azucarera, no necesariamente controlada por las administraciones de los ingenios. Avanzar en estas consideraciones nos ayuda a reconstruir la complejidad de los distintos pueblos azucareros de Tucumán, examinar las relaciones sociales y los espacios de sociabilidad forjados en la localidad y la incidencia de la política local en la ampliación de la autonomía de los pueblos azucareros durante mediados del siglo xx.

El estudio de las prácticas proselitistas, las redes partidarias y las trayectorias de las dirigencias políticas y sindicales permitió dotar de agencia política a los pueblos azucareros (Lichtmajer, 2014, 2020b; Lichtmajer y Gutiérrez, 2017; Gutiérrez, Lichtmajer y Santos Lepera, 2016). En ese contexto, el estudio de lo local iluminó la construcción de liderazgos políticos en estrecha interrelación con las redes territoriales que incluían al universo asociativo y al rol de los diferentes actores interpelados por la actividad proselitista (patronal, empleados, trabajadores, comerciantes, etc.). Los resultados obtenidos ofrecen una interpretación diferente del ascenso del radicalismo y permiten matizar las conclusiones aportadas por los estudios sobre ámbitos urbanos y otros territorios (Rock, 1972; Vidal, 1995; Horowitz, 2015).

Durante el peronismo, la perspectiva local nos permitió rediscutir la frontera entre dirigencias políticas y sindicales planteadas por interpretaciones sobre su etapa formativa.^[6] En el terreno propiamente sindical, la investigación reveló el peso de los oficios y las trayectorias laborales en la configuración de las organizaciones sindicales, en las protestas, en la articulación de demandas y en la relación con la patronal y el Estado. En ese marco recuperamos las trayectorias y los perfiles de los dirigentes sindicales y políticos, los entramados de relaciones y ámbitos de sociabilidad y las marcas territoriales que modelaron la disputa por el liderazgo de las filas peronistas. La reconfiguración de las redes partidarias locales, fenómeno expresado en los resultados electorales, reveló la fuerte impronta sindical de dicho movimiento, en contraste con la gravitación que el radicalismo y el conservadurismo tuvieron en otros espacios. Asimismo, las tensiones asociadas a la construcción de nuevos liderazgos generados por el naciente gremialismo, expresadas en las disputas por el control partidario, se reflejaron con nitidez desde la perspectiva local, cuyos pueblos obtuvieron mayor autonomía debido al recambio del funcionariado estatal y al reconocimiento de derechos que horadaron las prerrogativas empresariales.

En esa dirección, se recuperó el rol mediador de los curas párrocos y sus intervenciones en la dinámica política y social de las localidad azucareras. Asimismo, incorporamos como variables de análisis la mediación de los sacerdotes y los vínculos construidos con las autoridades eclesiásticas, políticas y sindicales frente a las nuevas demandas locales, atizadas por el proceso de politización en clave peronista. El rol mediador históricamente construido por los sacerdotes con las feligresías nos permitió reinterpretar un tópico central en materia historiográfica, como es el de la relación entre la Iglesia y el peronismo. En su labor cotidiana, los párrocos fueron interpelados por los cambios políticos y sociales e interactuaron con los nuevos factores de poder local tales como los sindicatos obreros y las unidades básicas masculinas y femeninas (Santos Lepera, 2015, 2021).

Las líneas de análisis ya presentadas exigieron reconsiderar el concepto de “lugar” y sus sentidos. Nos referimos a un espacio modelado por las relaciones laborales de la empresa, pero también por las funciones institucionales del Estado, las prácticas religiosas, educativas, asociativas y deportivas gestadas en su zona de influencia, pero no necesariamente controladas por la empresa. En ese contexto, viejos y nuevos actores populares (dirigencia sindical, curas párrocos, vecinos arraigados y respetados de la zona) expresaron las tensiones catalizadas en los pueblos por la destrucción del orden azucarero hacia mediados de la década de 1960. La aplicación de una política azucarera suprimió su arista distributiva y reguladora y dejó como saldo el incremento de la explotación laboral y el crecimiento de la desocupación a niveles sin precedentes. Las viejas formas de poder local (empresariado, delegados comunales) se reformularon al influjo de nuevas formas de resistencia popular/local no necesariamente institucionalizadas (comisiones prodefensa, cooperativismo) que condensaron y ordenaron el conflicto social (Withers, 2009). Esta perspectiva se aleja de las unidades de análisis homogéneas y definidas de antemano para reconstruir una territorialidad plural y concreta que permite incorporar nuevos actores: las asociaciones vecinales (club social, bibliotecas, instituciones culturales y deportivas), los sindicatos de base, liderazgos políticos y curas párrocos. Como veremos a lo largo de esta obra, el dinamismo e involucramiento de estos actores al influjo del colapso provincial (1965-1970) nos permitió revisar la noción de “pueblo azucarero” y avanzar en una propuesta que desborda el recorte ajustado estrictamente al perímetro delimitado por el terreno de la fábrica.

Las tensiones y formas de resistencia local no giraban en el vacío, sino que se conectaban con un proceso nacional, regional y global que excede a los efectos cíclicos derivados de las crisis de sobreproducción azucarera. Las políticas implementadas desde 1955 y las aplicadas por la dictadura militar generaron un colapso económico provincial que es necesario examinar en detalle. En esa dirección, el presente libro postula que la destrucción del parque industrial azucarero tucumano no fue generada por una crisis de sobreproducción cíclica –cuyos efectos no desconocemos–, sino por una política estatal destinada a otorgar una mayor cuota en el mercado doméstico a la agroindustria salto-jujeña, al tiempo que se destruía el modo de producción azucarero tucumano de impronta reguladora y distributiva. Una mirada a largo plazo permite definir con mayor precisión las sucesivas crisis de sobreproducción azucareras, así como identificar los aspectos específicos de la acaecida en la segunda mitad del siglo xx.

¿Una crisis de sobreproducción azucarera más o el colapso de un modo de producción?

En este volumen se sostiene que las crisis de sobreproducción de 1958-1959 y 1965-1970 constituyeron el escenario donde se desató un colapso productivo que destruyó un modo de producción azucarero cifrado en la presencia de 27 unidades fabriles medianas y pequeñas en 1963, extendidas a lo largo del territorio de la provincia. No se trató de una de las tantas crisis de sobreproducción que constituían una característica cíclica de la actividad azucarera argentina. Desde sus orígenes, este rasgo fue un fenómeno recurrente, que revelaba la estrecha conexión entre mercados, producción azucarera y Estado. A diferencia de otras expresiones de la actividad azucarera en Sudamérica, la agroindustria argentina estuvo orientada a un mercado interno, protegido por barreras arancelarias. Esta característica se fundaba en que el mercado internacional estuvo vedado para la producción nacional por sus mayores costos, condición que impedía la exportación de los excedentes domésticos para descomprimir el mercado interno.

La primera crisis de sobreproducción acaeció en 1895 y se extendió hasta 1906; en 1926 se produjo nuevamente una situación de sobreoferta del mercado interno que gravitó durante toda la década de 1930; en 1958 se produjo una nueva crisis de similares características, que se repitió en 1965. La novedad de la crisis de 1958 fue la nueva posición asumida por el Estado nacional, que, a partir de 1955, venía implementando políticas azucareras tendientes a desfinanciar el complejo azucarero tucumano en el marco de una fuerte ofensiva de la industria salto-jujeña por una mayor participación en el mercado interno. En 1966, en un contexto de dictadura cívico-militar, se impuso una solución que se pretendía “definitiva” al ordenar por decreto el cierre de siete ingenios, aunque finalmente fueron 11 las fábricas cerradas (el 40 % del parque industrial), lo que ocasionó un daño irreparable al modelo productivo azucarero de la provincia de Tucumán.

Historizar la recurrencia de este fenómeno implica realizar un análisis multidimensional de las crisis y nos invita a revisar viejos tópicos de la teoría clásica que entiende al mercado como un espacio libre y organizador de los intercambios. Desde fines del siglo xix y durante todo el siglo xx, el mercado internacional del azúcar estuvo saturado por los azúcares de la industria remolachera europea, que apeló a las primas para crear una corriente artificial de exportaciones cuyo único objetivo era descongestionar su propio mercado doméstico. Así, el denominado mercado mundial azucarero era el resultado del proteccionismo de los países productores, se trató de un espacio inelástico, de funcionamiento irregular y de características residuales (Moreno Fraginals, 1978).

En función de estas condiciones internacionales, la actividad azucarera argentina surgió como un ejemplo decimonónico de sustitución de importaciones. No obstante, la imposibilidad de exportar para resolver la sobreoferta de azúcar en el ámbito doméstico exigió la adopción de diferentes soluciones nacionales que requirieron invariablemente de la intervención del Estado provincial y nacional. El fracaso de la ley de primas de 1897 propiciada por los industriales, nucleados en el Centro Azucarero Argentino (CAA), demandó otras soluciones legislativas para resolver la incidencia negativa de los crecientes stocks.^[7] Estas fueron adoptadas de manera solitaria por la provincia de Tucumán, en el marco de un clima nacional de ideas favorable al librecambio, al aprobar dos leyes de regulación de la producción en 1902 y 1903. Esta legislación, conocida como “leyes machete”, estableció un límite a la producción de azúcar de la provincia para tonificar el precio del azúcar. La reducción comprendía a las fábricas y a las explotaciones agrarias de los productores de azúcar (cañeros), a los que se acordó una indemnización por la reducción de sus cañaverales. En 1903 la ley fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente por su carácter intervencionista y regulador.^[8] No obstante, la breve vigencia de esta legislación evitó la quiebra de ingenios y estableció un antecedente de regulación de la producción azucarera tucumana, fundado en un esquema distributivo, que implicaba prorratear de manera equitativa los costos de la crisis, a la vez que incluía por primera vez al sector cañero, al que se le acordó una indemnización por la destrucción de los plantíos.^[9]

La prolongada crisis de sobreproducción de 1926, cuyos efectos se hicieron sentir hasta 1941, desató la primera huelga cañera por los precios de la materia prima (1927). El conflicto intersectorial se resolvió a través de un laudo cuyo árbitro fue el presidente de la nación, Marcelo T. de Alvear. El denominado “Laudo Alvear” de 1928 se sustentó en un minucioso estudio de costos productivos y concluyó que los costos fabriles promedio eran equivalentes al costo cultural de la producción de una tonelada de materia prima. Por lo tanto, resolvía que el valor de la tonelada de caña debía computarse en el 50 % del precio promedio del azúcar. Este principio distributivo y otras normas contribuyeron a normalizar las relaciones comerciales fabril-cañeras (Bravo, 2008: 305-312). En 1928, 1932 y 1937, se aplicaron en la provincia leyes reguladoras de la producción azucarera cuyas normas rigieron hasta 1941.^[10] Estas estaban orientadas a evitar el cierre de ingenios y mantener el criterio distributivo para asistir a los pequeños fundos (0-5 hectáreas) que fueron eximidos de la restricción productiva. Esta tradición reguladora provincial de impronta distributiva se apartaba del criterio darwiniano que postulaba dejar actuar al mercado, no asistir los ingenios con problemas de financiamiento y avanzar en la concentración productiva.

El peronismo introdujo modificaciones sustanciales en el funcionamiento de la actividad azucarera argentina. El Estado nacional se convirtió en el actor decisivo en la definición de la política para la agroindustria. En 1950 se creó la Dirección de Azúcar (DA), primer organismo técnico de carácter nacional con potestad para decidir el régimen azucarero de cada zafra y para diseñar políticas a largo y mediano plazo.^[11] La institución estipulaba la fecha de iniciación de la zafra, el precio del azúcar y la materia prima, los volúmenes de producción y las cuotas de comercialización volcadas en el mercado interno. Creó, además, otra institución clave, el Fondo Regulador Azucarero (FRA), alimentado por el impuesto que aportaron los ingenios y comercializadores, con la finalidad de equilibrar las disparidades de los costos productivos de las distintas regiones azucareras (Tucumán; Salta y Jujuy; Santa Fe y Chaco) y garantizar su funcionamiento. Destinado a atenuar las asimetrías regionales, su formación encendió una disputa de alcance regional por el control del mercado doméstico. Tucumán se alineó en defensa del FRA, mientras que la industria salto-jujeña atacó el procedimiento regulador y se convirtió en una abanderada de la libre empresa (Bravo y Bustelo, 2018).

Al mismo tiempo, el mundo del trabajo consolidó su presencia en la mesa distributiva de la agroindustria con la formación de FOTIA en 1944 y de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) en 1945. En paralelo, modernizó las condiciones laborales, extendió la mensualización, impuso el salario familiar, las vacaciones, el aguinaldo y el escalafón para los obreros permanentes de fábrica, medidas que no alcanzaron al personal de surco, ni al temporario, reclutados para trabajar en el ciclo de la cosecha (Gutiérrez, 2014, 2020; Bravo y Gutiérrez, 2015). De este modo, durante el peronismo se desterró el principio liberal de subsidiariedad estatal, vigente en círculos empresariales concentrados y en medios periodísticos, al aplicar medidas reguladoras con el objetivo de estabilizar la producción nacional azucarera en función de las necesidades del mercado doméstico. Al mismo tiempo, se profundizó la impronta redistributiva en el plano regional a través del FRA, mientras que se intensificaron los incrementos salariales y la conquista de derechos en el mundo del trabajo, al incorporarse los asalariados en la discusión de la legislación laboral y los convenios colectivos de trabajo.

El derrocamiento del peronismo en 1955 marcó el comienzo del desmantelamiento de este sistema regulador y distributivo, lo que implicó la implementación de políticas desreguladoras y propatronales desde el Estado nacional. En el sector agrario, se impuso la libre contratación de la caña, decisión política que liberaba a las fábricas de la obligación de moler la totalidad del cañaveral, en perjuicio de los cañeros. Así, se dislocó la relación fabril-cañera a través del decreto 8.747/59, implementado por el ministro de Economía Álvaro Alsogaray. La normativa anuló la vigencia del Laudo Alvear y libró el precio de la materia al arbitrio del acuerdo entre las partes. La resolución dejó sin precio la tonelada de caña durante las zafras de 1959, 1960 y 1961. La medida, implementada durante la presidencia de Arturo Frondizi, fue continuada por Arturo Illia y afectó negativamente la situación económica de los cañeros. En lo que refiere al estadio laboral, durante la autodenominada “Revolución Libertadora”, se suspendieron por tres años las convenciones colectivas de trabajo, las que fueron convocadas en 1959. Sin embargo, los aumentos salariales conseguidos luego de una gran huelga obrera de ese año se diluyeron por la crisis de sobreproducción y por el sesgo adoptado por la política azucarera.

La crisis afectó especialmente a los ingenios de la provincia de Tucumán debido a la inacción del FRA, ente desfinanciado por la rebelión fiscal de los ingenios de Salta y Jujuy que dejaron de aportar. La anulación de hecho de este organismo los favoreció debido a sus menores costos y a su estructura concentrada, en cuanto pocas empresas de gran porte reunían el estadio agrario y fabril. En consecuencia, se produjo una transferencia del ingreso azucarero nacional a estos ingenios, proceso que profundizó los conflictos interregionales en la industria azucarera. Las medidas estatales, como la asignación de cupos de producción regional, completaron el impulso otorgado a la industria salto-jujeña al permitirle incrementar su capacidad productiva y aumentar su participación en el mercado doméstico.

En esta fase, el Estado nacional combinó medidas desreguladoras tendientes a desestructurar la relación entre los factores integrantes del modelo productivo azucarero tucumano (industriales, cañeros y obreros) con políticas intervencionistas (la distribución de cupos de producción regional) que desfinanciaron la industria tucumana. En efecto, el Estado nacional intervino fijando cupos de producción regional, cuyos volúmenes no se correspondían con la capacidad productiva de las distintas zonas azucareras. Se trató de una política contradictoria en sus fundamentos: se apelaba al principio de la “libre empresa”, pero el Estado nacional intervenía con el supuesto objetivo de “sanear” la actividad azucarera tucumana, calificada como atrasada e improductiva, aunque el resultado perseguido era el endeudamiento de las empresas.

Los efectos nocivos fueron provocados por el abandono de la política estatal equitativa de redistribución regional y social. Esta orientación se intensificó en 1965, cuando sobrevino una nueva crisis de sobreproducción que, ante la inacción estatal (retiro del crédito y distribución inequitativa del cupo de producción regional), colocó a la agroindustria azucarera tucumana en una situación de colapso económico y social.^[12]

En ese escenario provincial profundamente dislocado, accedió al poder la dictadura cívico-militar, el 28 de junio de 1966. Como medida preliminar, se limitó la producción azucarera de Tucumán en un 30 %, mientras que Salta y Jujuy la reducían solo un 17 %.^[13] La resolución profundizó la crítica situación de la agroindustria tucumana al reducirle mayor participación productiva, en cuanto otorgaba una limitación menor a las restantes regiones azucareras. Al poco tiempo, el decreto nacional 16.926, de agosto de 1966, determinó la intervención de siete ingenios (Bella Vista, Esperanza, La Florida, Lastenia, La Trinidad, Nueva Baviera y Santa Ana) con el propósito de desmantelarlos. Se trató de una muestra desmesurada de intervencionismo estatal. Al año siguiente, el decreto 17.163 expulsó compulsivamente de la actividad a alrededor de 10.000 productores minifundistas tucumanos, a los que se les anuló su cupo de producción sin contemplar nuevas alternativas productivas.

El principal argumento de semejante ofensiva estatal se fundaba en la “estructura colonialista” de la provincia de Tucumán, sustentada en el monocultivo y la subvención estatal, con ingenios en quiebra, atrasados tecnológicamente, que incumplían sus obligaciones salariales, pagos a los cañeros, a proveedores y al Estado nacional y provincial. Según el ministro de Economía de la nación, Jorge Salimei, tal situación convertía al territorio azucarero tucumano en una “isla de presente explosivo y porvenir incierto”.^[14] Sus palabras vaticinaban el caos económico y social que sumió a la provincia en los años siguientes, cuyos números grafican de manera elocuente el colapso de una economía regional fundada en la producción azucarera. Así lo evidenciaron el cierre forzado de 11 ingenios, la caída del 30 % de la producción azucarera tucumana, la expulsión de millares de cañeros por la confiscación de los cupos de producción, el desempleo obrero, y el cierre de actividades industriales y casas comerciales conexas con la industria azucarera. La caída de la población de la provincia reflejó la emigración de alrededor de 200.000 tucumanos/as y la desolación de los pueblos azucareros, situados a la vera de los ingenios. La información estadística recabada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) reveló el estropicio social y económico cuyos aspectos continúan insuficientemente estudiados (Canitrot y Sommer, 1972; Consejo Federal de Inversiones, 1973; Mora y Araujo y Orlansky, 1976).

En efecto, todavía resta conocer en profundidad la complejidad del colapso económico y social promovido por la política azucarera de la dictadura militar, sus costos sociales y las medidas “atenuantes” cifradas en el “Operativo Tucumán”, destinado a impulsar la diversificación productiva, así como la creación de la Compañía Nacional Azucarera (CONASA), empresa azucarera estatal formada en 1970. En el libro se abordan algunas de estas cuestiones, que requieren de investigaciones específicas con el propósito de dialogar con las producciones historiográficas existentes.

Diálogo historiográfico y aportes de los capítulos del presente libro

Algunos aspectos sociales del colapso económico aludido han comenzado a estudiarse en las primeras décadas del siglo xxi. En consecuencia, se trata de un campo de investigación de reciente formación, que requiere de nuevas pesquisas y enfoques con el fin de incorporar las múltiples dimensiones de la crisis.^[15]

En el año 2007, Roberto Pucci publicó Historia de la destrucción de una provincia. Tucumán, 1966, que propuso claves explicativas para analizar la crisis tucumana durante el Onganiato. El núcleo narrativo del libro se centra en la conflictiva relación histórica entre la provincia y el Estado nacional, en el marco de un clima ideológico adverso a la industria azucarera tucumana, denominado por el autor como “sacarofobia”. Siguiendo a Pucci, este concepto revelaba una visión distorsionada y prejuiciosa del modelo productivo tucumano, calificado sin mayores fundamentos como prebendario e ineficiente. El texto sindica a los ingenios del norte (industria azucarera salto-jujeña), fundamentalmente al ingenio Ledesma y a su propietario Herminio Arrieta, como los principales artífices de esta leyenda, cuya traducción en políticas concretas generó la transferencia de parte de la producción tucumana a esa región productiva. El análisis se construye en torno al examen de dos unidades, la provincia y la nación, perspectiva que simplifica la complejidad de una crisis multidimensional y eclipsa la participación de los distintos actores sociales. En el marco de este esquema, se desprende una línea de análisis secundaria que reconstruye el itinerario de la Compañía Azucarera Tucumana (CAT), consorcio empresarial cuyos dueños fueron denunciados penalmente y sus fábricas, intervenidas en 1970. Se trata de un ensayo sugerente que señala un problema clave a considerar, el rol del empresariado azucarero, pero no profundiza en el estudio de las estrategias del sector y su papel en el cierre de los ingenios (Pucci, 2007).

En 2016 se publicó el libro Tucumán en llamas: El cierre de los ingenios y la lucha obrera contra la dictadura (1966-1973), de Silvia Nassif. La lógica del libro gira en torno a las marchas y contramarchas del movimiento sindical azucarero e indaga en las coyunturas de combatividad de FOTIA, construyendo un relato de resistencia y confrontación obrera que culmina con el estallido de los Tucumanazos (1970 y 1972). Estas rebeliones populares tuvieron lugar en San Miguel de Tucumán y fueron protagonizadas especialmente por los estudiantes universitarios y secundarios, quienes expresaron un intenso movimiento antidictatorial. La perspectiva adoptada considera a la provincia como unidad de análisis, y el objeto de estudio se centra en los avatares de FOTIA, cuya dirección comenzó a elegirse por el voto directo de los afiliados en 1965.

La noción de “combatividad de la clase obrera” está en el centro del análisis de Nassif. El accionar de los secretarios generales de FOTIA durante la década de 1960 se examina en función de sus posiciones negociadoras o combativas ante los funcionarios de la “Revolución Argentina”, en el marco de una política represiva y antiobrera que se expresó en el retiro de la personería gremial a la Federación. En ese marco, Atilio Santillán, quien realizó una actuación circunscrita a la esfera sindical, es presentado como un dirigente que buscaba la negociación, sin considerar la tremenda ofensiva patronal y gubernamental que alentó la división y la secesión del sindicalismo azucarero.^[16] En las consideraciones sobre el rol de Santillán, no debe soslayarse la histórica delimitación de funciones y tareas que modelaron las trayectorias de las dirigencias sindicales azucareras. En efecto, el peronismo delimitó e institucionalizó el rol de los sindicatos a través de la Ley de Asociaciones Profesionales y estipuló las formas que debían adoptar las demandas obreras a través de las convenciones colectivas de trabajo. Estas limitaron el derecho patronal de contratar, despedir y promover el personal.^[17] El cumplimiento de lo acordado en los convenios residía en la labor de las comisiones internas que enlazaban la dirigencia sindical con las bases. En consecuencia, la acción sindical involucraba un abanico de cuestiones que trascendía la escala salarial, al comprender la salubridad laboral, las vacaciones, los feriados legales, la licencia por maternidad, las indemnizaciones, el acceso a la salud y el derecho al esparcimiento, entre otros aspectos. El sindicalismo azucarero de la década de 1960 había forjado su accionar a la luz de la experiencia peronista y, además de expresar al peronismo proscripto, debía desarrollar una práctica sindical que incluía la confrontación y negociación, en el marco de una política antiobrera que avanzaba implacable en la destrucción de las fuentes laborales.

El estudio de Nassif, centrado en la indagación de la combatividad de clase, constituye un valioso precedente que permitió reconstruir las recurrentes huelgas organizadas por FOTIA y las consiguientes respuestas represivas de la dictadura. No obstante, esta óptica amerita incorporar nuevas perspectivas de análisis, por ejemplo, las múltiples formas descentralizadas de resistencia popular que incluyeron la confrontación, demanda y negociación, así como las novedosas modalidades de protesta (huelga de hambre, amenaza de destruir las libretas de enrolamiento, negativa popular de participar en el censo, amenaza de padres de no enviar a los niños a las escuelas, misas de campaña, peregrinaciones, etc.) motorizadas por las comisiones prodefensa. Estas formaciones no siguieron el mismo derrotero, en cuanto sus éxitos y fracasos dependieron de la fortaleza local alcanzada por la unidad de los sectores sociales afectados. En ese sentido, el estudio de las comisiones en plural permite recuperar la especificidad de lo local, incorporando variables como el peso de las experiencias asociativas previas, la capacidad de los distintos sectores para construir lazos y la participación de nuevos agentes erigidos en referentes sociales. En estas instancias se puede observar la eficacia de estas instituciones para canalizar y unificar el descontento social, resignificando las demandas sectoriales en función de un objetivo común, la defensa del ingenio, reclamo con el que los trabajadores, cañeros y vecinos podían identificarse.

Como señalamos previamente, se ha avanzado en esa línea de trabajo con resultados promisorios (Bravo y Lichtmajer, 2019; Santos Lepera y Sánchez, 2019). En este libro presentamos nuevas investigaciones que adoptan la perspectiva local. Los resultados revelan la riqueza de este enfoque centrado en las posiciones adoptadas por los trabajadores de los ingenios y por los diferentes sectores sociales que habitaban en los pueblos, amenazados por la política de la patronal y la debacle económica de las fábricas. Los diferentes capítulos revelan que la política azucarera generó acciones colectivas diversas en los pueblos azucareros, en función de su morfología social y económica y de la situación financiera de los ingenios.

El capítulo de Ignacio Sánchez que abre este volumen, titulado “El declive del ingenio Santa Ana. Proyectos en disputa, divisiones sindicales y conflictividad local (1963-1966)”, reconstruye la historia de un imponente complejo agroindustrial gestionado desde 1930 por el Banco Nación, y transferido a la provincia en 1957, que tuvo una primera clausura en 1963 y fue definitivamente cerrado por Onganía en 1966. El pueblo de Santa Ana buscó por todos los medios salvar su ingenio, jaqueado económicamente por la crisis de sobreproducción de 1958-1959 y por las deficiencias en su funcionamiento. Sin embargo, no pudo adoptar una posición unificada ante la prolongada confrontación sindical entre Carlos Balbino Martínez, referente gremial de Santa Ana, y la conducción de FOTIA representada por Benito Romano, quien lo desplazó en 1959 de la dirección. La amplificación de las diferencias sindicales en la localidad permitió a la intervención provincial de Gordillo Gómez liquidar la empresa a cargo del ingenio y avanzar con los decretos que estipulaban el parcelamiento de sus tierras y la creación de una sociedad anónima de formato cooperativo para la gestión de la fábrica, proyecto que incluyó como accionistas a los factores productivos (obreros, empleados y cañeros), pero daba empleo únicamente a un cuarto del personal anteriormente ocupado.

La solución fue resistida por FOTIA, que procuró revertir la medida del gobernador con la movilización de sus filiales y sus vinculaciones gremiales. Para ampliar la base de apoyo local a sectores no agremiados, formó una Comisión Pro Ocupación Plena, organización similar y paralela a la Comisión Pro Recuperación del Ingenio Santa Ana que prestó ferviente adhesión al proyecto decretado por el interventor. Esas entidades, con formato semejante a las comisiones vecinales creadas para la promoción de instituciones e infraestructura, cimentaron la división y generaron un agudo enfrentamiento entre sectores de la localidad. Incluso el rol del cura párroco, reconocido por los trabajadores en protestas previas como representante de los intereses comunitarios, cayó en el descrédito por participar en las iniciativas de una de las partes, y fue incapaz de mitigar las violencias desatadas en el contexto de una comunidad sometida a un intenso proceso de confrontación. En este caso, las diferencias sindicales se proyectaron al espacio local, situación que impidió una acción unificada para revertir el cierre y desmantelamiento definido por el decreto de Onganía.

En el segundo capítulo, denominado “Tradiciones en movimiento. Asociacionismo, política y formas de protesta en Bella Vista (1943-1968)”, Leandro Lichtmajer propone una genealogía de las tramas asociativas y examina las formas de articulación social gestadas en la comunidad bellavisteña durante un lapso de dos décadas. Esta perspectiva le permite situar a las comisiones prodefensa en un entramado mayor, signado por la acumulación y sedimentación de experiencias. El análisis reconoce la centralidad de diferentes actores –tales como las organizaciones sindicales de obreros y empleados, el asociacionismo católico, las entidades comerciales, educativas y agrarias y las dirigencias partidarias– de fuerte relevancia a finales de los sesenta, así como el poder motivacional de las tradiciones asociativas locales modeladas a lo largo de décadas.

Con ese fin, el texto se remonta al proceso de construcción de este pueblo azucarero, analizando en contrapunto el barrio obrero (dentro del perímetro de la fábrica) y la urbanización de la villa cívica. Si el pueblo de Santa Ana experimentó divisiones en el colectivo obrero, que impidieron la formación de un colectivo unificado para impedir el cierre del ingenio, el pueblo de Bella Vista organizó una defensa comunitaria, asentada en una densa y activa sociabilidad que delineó tempranamente y atravesó notables transformaciones que el texto reconstruye. Otro rasgo característico de la localidad fue la politización local expresada en un importante plantel de dirigentes que se proyectaron a la arena provincial y nacional. En su etapa inicial, la dirección del peronismo provincial se referenció en la figura de Fernando Riera, quien venció en la interna a las dirigencias sindicales opositoras. La consolidación de su liderazgo a nivel local y sus proyecciones en escala provincial y nacional operaron como un vector ordenador de la política bellavisteña durante el primer peronismo, etapa en que se afianzaron las articulaciones asociativas. Por su parte, el texto reconstruye la trayectoria de un joven Atilio Santillán, quien, previo a su encumbramiento en las filas de FOTIA, tuvo una activa militancia comunitaria. Su conducción del sindicato de base recibió el apoyo de obreros de fábrica y surco, liderazgo que creció por su estrecha relación con las dirigencias partidarias del peronismo, que lo erigieron en un actor ineludible de las tramas sindicales y políticas locales.

La cohesión de la comunidad local le permitió resistir de manera unificada la inminente clausura del ingenio, incluido en el decreto 16.926. En 1966 se formó una primera Comisión Pro Ingenio integrada por referentes locales sin la participación de la dirigencia sindical, que respaldó a la empresa para la restitución del ingenio y, una vez conseguido este objetivo, se disolvió. Paralelamente, la dirigencia sindical creó una comisión intersindical, integrada por FOTIA y FEIA, para enfrentar la política de racionalización de la patronal. El funcionamiento irregular de la fábrica (su endeudamiento y la falta de pago de los sueldos) determinó la formación de una segunda CPD en 1968, presidida por el cura párroco e integrada por un amplio abanico de dirigentes (partidarios, gremiales, católicos, etc.). A diferencia de Santa Ana, la experiencia resistente del pueblo de Bella Vista reveló la fuerza de una comunidad unida y movilizada en pos de la salvación de la fábrica, identificada con el futuro del pueblo. Las protestas condensaron, de ese modo, una larga tradición de movilización y activismo nutrida de experiencias desplegadas en la escala local, que impactaron por su vigor en el marco provincial y nacional.

Florencia Gutiérrez y Lucía Santos Lepera, autoras del capítulo “Curas y obreros frente a la crisis azucarera de los años sesenta. La protesta de 1968 en San Pablo”, analizan la trayectoria de un colectivo obrero cuyo ingenio no estuvo amenazado por la clausura. El trabajo se organiza en torno a tres ejes: el perfil empresarial de la familia propietaria, el papel desarrollado por el sindicato de base y la transformación del rol de los curas párrocos, expresado en la trayectoria de Pedro Wurschmidt, principal referente del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM). Abordan un campo de investigación prácticamente inexplorado, las estrategias empresariales de la familia Nougués y su realineamiento en el campo asociativo empresarial. En los tempranos años sesenta, la firma invirtió en renovación tecnológica, se benefició con las políticas de racionalización que propiciaron la reducción drástica de personal y la precarización laboral. Hasta 1968 fue uno de los ingenios favorecidos por la distribución del cupo fabril, mientras que, a comienzos de 1970, experimentó un declive productivo. Tal reducción obligó al ingenio a funcionar a pérdida, por debajo de su capacidad productiva. Probablemente, la distribución de cupos fabriles explique su alejamiento del Centro Azucarero Argentino (CAA) liderado por el ingenio Ledesma y su enrolamiento en una nueva entidad, la Asociación de Industriales Azucareros de Tucumán (AIAT), que cuestionó la política azucarera oficial y tuvo un fugaz acercamiento con FOTIA.

El establecimiento fabril estuvo signado por una intensa conflictividad laboral expresada en despidos masivos y políticas de precarización laboral. La resistencia obrera fue asumida por el secretario del sindicato de base, Miguel Lazarte, dirigente que construyó su liderazgo en función de su actuación deportiva y militancia católica. La difícil situación obrera interpeló el rol de los curas párrocos. La nueva posición pastoral de Wurschmidt estuvo influenciada por los cambios conciliares y por su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores. Este cambio en la misión pastoral fue cuestionado por sectores afines a la dictadura al calificar a los sacerdotes como agitadores sociales y promotores de prácticas colectivas violentas. La intervención de los sacerdotes en la conflictividad social resignificó la crítica a la dictadura desde una perspectiva cristiana. Su posición favoreció el acercamiento con FOTIA y la Confederación General del Trabajo de los Argentinos (CGTA), liderada por Ongaro, que a partir de 1969 propició la creación de una comisión prodefensa en el ingenio, inspirada en la exitosa experiencia de Bella Vista.

El cuarto capítulo, que cierra el volumen, es el de María Celia Bravo, denominado “Luchas comunitarias en tiempos de dictadura. La CPD y la Cooperativa de Trabajo de Bella Vista (1968-1971)”. El texto reconstruye la historia de la CPD creada en 1968 que asumió la representación del pueblo como colectivo, analiza el carácter confrontador de su discurso y las formas de protesta comunitarias ante el cierre del ingenio. El desprestigio de la firma propietaria Gettas-Fiad, acusada de entregar coimas al gobernador Aliaga García para lograr la restitución de la fábrica (delito que no se comprobó) y de evasión impositiva, legitimó el papel de la CPD para defender el activo más valioso de la comunidad, el ingenio. La comisión obtuvo su primera victoria cuando el gobierno la aceptó como interlocutora. Su carácter apolítico en términos partidarios, su discurso y accionar anclado en el problema local favorecieron la consideración de núcleos católicos del Onganiato que controlaban la Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia de la Comunidad (SEPAC), dependiente del Ministerio de Bienestar Social. Estos grupos postulaban un ideal comunitarista expresado en el diálogo con asociaciones de carácter local (comisiones vecinales, cooperativas, etc.).

El multitudinario acto realizado el 15 de enero de 1969 reveló la fortaleza de las redes locales y su capacidad para suscitar el respaldo de asociaciones provinciales de carácter empresarial, profesional, cultural, católico, además de reunir un amplio espectro de organizaciones sindicales. El impacto de la protesta llegó a las esferas nacionales, contexto favorable para la CPD, cuyos integrantes viajaron a la Ciudad de Buenos Aires para entrevistarse con funcionarios nacionales. Sus gestiones lograron que la firma Gettas-Fiad cediera en caución sus acciones a la Comercial, Inmobiliaria y Financiera Empresa Nacionalizada (CIFEN). Asimismo el gobierno nacional se hizo de los salarios adeudados y se aprobó una cooperativa de trabajo para avrontar la zafra.

En 1969 se formó la Cooperativa de Producción, que incluyó como socios a todos los obreros y los empleados de fábrica. La entidad suscribió un contrato de locación y servicios con la Caja Popular de Ahorros para alistar el ingenio y prepararlo para la zafra de 1969. El funcionamiento del ingenio se hizo realidad cuando la CPD consiguió el otorgamiento de un modesto cupo de producción. Ninguna comisión había llegado tan lejos. La solución era precaria (solo se aseguraba la zafra por un año), pero fue percibida por los pobladores como el triunfo de la comunidad de Bella Vista. La Cooperativa de Producción (CP) se encargó del funcionamiento de la fábrica, en gran medida su gestión expresaba la defensa del lugar, entendida como la custodia del ingenio y la protección de su pueblo. La cooperativa cumplió con sus obligaciones salariales, se ocupó de la asistencia médica de sus socios, incluso saldó las deudas de la anterior administración pagando los haberes de los trabajadores del surco que no formaban parte de la cooperativa. Fue el primer ingenio dependiente de la Caja Popular de Ahorros que consiguió utilidades sin apelar a prácticas de precarización laboral.

¿Cómo se consiguió esta proeza en términos empresariales? Los trabajadores en calidad de socios donaron el pago de horas extras para formar un fondo de reserva destinado a la eventual compra de acciones de una nueva sociedad. Este propósito común fue abandonado en 1970 cuando se formó la Compañía Nacional Azucarera S.A (CONASA), empresa estatal azucarera integrada por tres ingenios expropiados a la Compañía Azucarera Tucumana (CAT). Su presencia marcó un punto de inflexión en la política azucarera en cuanto representaba la ampliación del cupo azucarero de la provincia y la formación de un holding empresarial de base estatal capaz de normalizar el mercado. Su presencia expresaba un horizonte productivo sólido para el ingenio de Bella Vista. En esa dirección, la CPD reclamó formalmente la incorporación de la fábrica a CONASA, demanda que se concretó en diciembre de 1970, cuando se anunció que la empresa estatal arrendaba los ingenios Bella Vista y San Juan para garantizar su funcionamiento. La incorporación del ingenio a la compañía cerraba la actuación de la CPD y del CP, que habían logrado salvar el ingenio Bella Vista apelando a la unidad y la lucha comunitaria.

En síntesis, las investigaciones aquí reunidas ponen de relieve la complejidad de los efectos sociales, económicos y políticos generados por el colapso del modo de producción azucarero de Tucumán. En ese escenario, el cierre de ingenios constituye uno de sus aspectos más dramáticos. Se trata de pesquisas necesarias para comprender un punto de inflexión de la historia tucumana, cuyas profundas heridas se mantienen abiertas.

---