Los planes previos a 1982:
¿verdad o solo analogías?
Luis Esteban Dalla Fontana
Introducción
En el marco del conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas y de sus espacios adyacentes, a lo largo de los años existieron manifestaciones en diferentes ámbitos de la comunidad argentina vinculadas con la intención de recomponer la situación violatoria del derecho internacional y lograr la regularización del status jurídico del archipiélago e, inclusive, dejar en clara evidencia el repudio social e individual frente a ese escenario. Esas expresiones partieron tanto de los estamentos gubernamentales –por ejemplo, las negociaciones en búsqueda del acercamiento y de acuerdos en el marco de la diplomacia formal– como de otros espacios, pasando por toda una gama de características y niveles de involucramiento, incluyendo las demostraciones culturales, populares y sectoriales. Entre estas últimas podemos mencionar el aterrizaje del solitario piloto argentino Miguel Fitzgerald en el territorio malvinense en 1964 y el denominado Operativo Cóndor en 1966, que, aunque de alto contenido emocional, fue de características violentas e ilegales, y solo perjudicó las tratativas entre la Argentina y el Reino Unido, cuyos representantes se encontraban ocupados en llegar a la firma de un memorándum de entendimiento sobre el litigio.
En consecuencia –y en la intención de analizar otras iniciativas–, luego de transcurridos cuarenta años de una guerra irreflexivamente desencadenada por un problema de soberanía nacional y cuya historia se encuentra cruzada por vectores de todo tipo, estamos convencidos de que se impone la necesidad primordial de analizarla también –y muy especialmente– a la luz de las especificaciones técnico-militares que aseguren una reconstrucción completa y fidedigna del pasado. Esto se fundamenta rigurosamente al considerar el mismo contexto en que se desarrolló el conflicto armado, que estuvo dominado por las improvisaciones antes que por los indicativos de la meditación y los estudios analíticos.
En este capítulo nos referiremos, en principio, a dos de aquellas manifestaciones. Estas se remontan a la década de 1940 y se originaron en el seno de dos ministerios nacionales y de un instituto de capacitación superior perteneciente a la Armada Argentina que, a raíz de las circunstancias de la época, se vieron casualmente vinculadas. Con el correr de los años y a raíz de varios análisis y opiniones, esas iniciativas fueron interpretadas como un verdadero plan militar para recuperar las islas.
Sin embargo, creemos que tal expresión fue empleada de forma apresurada, lo suficientemente discrecional y sin apoyarse en una fundamentación técnica y profesional que sostuviera la validez de su intención, pues un plan militar de guerra, en el más estricto sentido de la definición, originado en la necesidad de concretar un objetivo político y que involucre al instrumento armado nacional, debe obligatoriamente obedecer a un conjunto de principios y procedimientos legales, en razón de la gravedad que entraña su aplicación y desarrollo, y sus probables derivaciones y consecuencias.
Así como un profesional de la salud no denomina a una delicada cirugía de cualquier órgano del cuerpo humano con eufemismos, semejanzas o comparaciones, sino con su nombre exacto y correcto a fin de que todos comprendan lo trascendental de la intervención, su logística y sus consecuencias, de la misma forma un verdadero plan militar de guerra no puede ser considerado como tal basándose en una simple analogía sugerida por la sinonimia. Un plan de esas características y con tan grave finalidad es el resultado de un planeamiento formal, es el producto final de un complejo y arduo proceso que parte de una idea, de una concepción orientadora bajo cuyos lineamientos los Estados Mayores inician su trabajo basándose en preceptos científicos y empíricos, considerando un conjunto de factores cuyas implicaciones superan la mera suposición y las predicciones sin sustento. Esto fue así desde la noche de los tiempos. Un plan militar siempre resultó ser un asunto serio, extremadamente peligroso y comprometedor, encuadrado en un marco teórico y experimental que invalida el empleo de las analogías para hacer referencia a una mera idea, una intención o un anhelo por más enaltecido –e incluso sagrado o estrechamente vinculado con los intereses nacionales– que pudiera parecer, con el objetivo de instalar la idea de que un determinado hecho bélico no respondió a impulsos coyunturales sino que se desarrolló como parte de una estudiada política continuada por medios violentos, concienzuda y equilibradamente evaluada en su posible expansión y resultados.
En el caso que aquí tratamos, la guerra de Malvinas, tal expresión, tal vocablo (el plan), al ser empleado discrecionalmente, usando la analogía y considerando como tal a un propósito esbozado en una coyuntura temporal, provocó que permaneciera en un sector del imaginario colectivo la convicción de que lo que finalmente se concretó en abril de 1982 provenía de un tenaz y constante proceso de pensamiento y análisis desarrollado de forma sistematizada, previsto y organizado desde el surgimiento de aquel proyecto de los años ’40 al que nos referiremos enseguida. Esto nos llevó a cuestionarnos si efectivamente existió antes de aquel mes de abril un plan formal, un documento institucional, legítimo y legal, elaborado y emitido con esas particulares características para la restitución efectiva de las Malvinas al dominio argentino y para el empleo de las Fuerzas Armadas en una probable y consecuente guerra con Gran Bretaña, o si esa afirmación se inscribe en una de las tantas interpretaciones especulativas de los hechos previos al desenlace armado vivido entre abril y junio de 1982.
En consecuencia, y con la finalidad de elaborar una argumentación fundamentada que nos permita aproximarnos a una demostración documental sobre la esencia del objeto de estudio planteado y comprobar que tal plan, en tanto documento formal emanado de los organismos pertinentes, no existió, expondremos los resultados del análisis realizado sobre los archivos disponibles, cuya interpretación desarrollamos en las páginas siguientes.
En esa línea de trabajo, hemos incluido las dos iniciativas presentadas en la década en 1940 y otros proyectos desarrollados en el seno de la Armada, así como las impresiones y las tareas de los principales responsables del planeamiento de lo que fueron las primeras operaciones militares, para arribar, finalmente, a nuestras conclusiones sobre la cuestión.
Una aproximación histórica
Los sucesivos gobiernos argentinos, tanto militares como civiles, habían mantenido durante mucho tiempo su determinación de resolver definitivamente el conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas y retrotraer la situación al momento previo a la usurpación de 1833, y, de esa forma –basados en el derecho–, lograr la recuperación del archipiélago.
Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña estaba comprensiblemente preocupada por otros lugares donde ejercía su dominio o el control del espacio tridimensional, en la Escuela de Guerra Naval y en el Ministerio de Marina se pensaban los fundamentos por los que las islas debían ser restituidas de forma integral a la República Argentina. Aquellas ideas no respondían a la intención de aprovechar el empeñamiento del Reino Unido en la conflagración mundial –por ende, su posible debilidad–, algo que nunca hubiese podido concretarse sin generar un problema aún mayor, ya que la Argentina había declarado su neutralidad en el conflicto y, más tarde, su no beligerancia.
Pero el conjunto de episodios históricos, tanto provocados por los sucesivos gobiernos como los concretados por algunos particulares, con los que se formularon los progresivos reclamos por la situación irregular e ilegal de las islas, condujo a que se pensara en todas las formas posibles de modificar una situación que se prolongaba en el tiempo y que alteraba las normas básicas del derecho internacional. Inclusive, aquellas nociones encontraban su justificación en el fortalecido concepto de Gran Bretaña de que “si antes de 1833 podían caber dudas acerca del titular de los derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, después de [más de una centuria] de ocupación ininterrumpida estas dudas se despejan [con la] aplicación de la institución de la prescripción adquisitiva” (Ochoa Reyes 1984: 95). Los gobernantes y juristas británicos entendían que desde 1833 la Argentina se había mantenido por años –y de forma discontinua– en silencio, sin protestar activamente empleando alguna medida de fuerza, lo que implicaba la aceptación del anómalo escenario de usurpación y ocupación de las islas, ya que –siguiendo la doctrina del profesor Fawcett– se afirmaba que
la protesta no es suficiente por sí misma para anular o impedir un título por prescripción. [Una cuestión que resultaba por analogía de lo sucedido en los casos de] Colombia contra Venezuela, España contra Gran Bretaña y Groenlandia del Este, Islas las Palmas, Bahía Delagoa [hoy Maputo]; Venezuela contra Gran Bretaña, Fronteras de Alaska, Pesquerías, etc, [en los que] la ausencia de protesta ha sido considerada aceptación y un elemento positivo para la consolidación de un título territorial. (Iglesia 2012, 4)
Por lo tanto, tomando nota de la existencia de doctrinas como estas, el conjunto de presentaciones formales realizadas por los argentinos ante los diferentes organismos británicos e internacionales –aunque con cierta intermitencia desde la ocupación de las islas por la fuerza, en el siglo XIX–, junto a otras manifestaciones en todos los ámbitos de la ciudadanía argentina, no podían sino estar acompañadas, cuando menos, por una previsión del empleo de las Fuerzas Armadas, independientemente de si quienes gobernaban eran militares de facto o civiles investidos por la legitimidad derivada del sufragio.
En consecuencia, las ideas de un probable despliegue militar en los años 40 del siglo XX no pretendieron imitar la acción compulsiva de los británicos en 1833, sino, muy por el contrario, adoptar las precauciones mínimas para intentar la restitución de la soberanía sobre los espacios insulares y marítimos por medio de la disuasión. Puede decirse que el pensamiento de los argentinos de aquellos años –ante el repetido rechazo y la reiterada postergación de las negociaciones diplomáticas por parte del gobierno de Londres– estuvo casi en coincidencia con el pensamiento británico de “que el Estado ofendido debería hacer algo más que protestar para preservar sus derechos e impedir la prescripción” adquisitiva. Y, a la vez, en concordancia –anticipada, por cierto– con algunos estudiosos y académicos también británicos, “como Cohen (Verykios, Baty) [quienes] sostienen que la afirmación británica en este sentido no resiste ningún examen serio” (Iglesia 2012, 4).
Las propuestas para la recuperación de las Islas Malvinas. El proyecto de un alumno
En ese escenario, cuando el país era gobernado por un presidente civil, algunos oficiales de la Marina –encabezados por el capitán de fragata Ernesto Villanueva– presentaron en 1941, en la Escuela de Guerra Naval, un esbozo de proyecto para la recuperación de las Malvinas. Esta presentación fue realizada como parte de una actividad académica, pero ello no impidió que fuera clasificada como de reserva absoluta.
El autor y firmante del referido proyecto, recientemente llegado de Brasil, donde se había desempeñado como agregado naval a la embajada argentina, estudió el acercamiento de ese país a los Estados Unidos y sus ciertas posibilidades de crear bases navales y aéreas, y de aumentar los efectivos del ejército. Fue un buen trabajo de inteligencia del marino que se vio ratificado unos años más tarde cuando los presidentes Getulio Vargas y Franklin Delano Roosevelt se reunieron en la ciudad marítima de Natal para firmar un acuerdo que contribuiría a orientar el curso de la mayor parte de Sudamérica en cuestiones internacionales.
Con esa experiencia de análisis y desarrollo de tareas de inteligencia, Villanueva planteó como parte de una exigencia del curso de oficial de Estado Mayor la hipótesis de su proyecto de reocupación de las Malvinas. En ella argumentaba que la Segunda Guerra Mundial –en la que por esa fecha se apreciaba prácticamente un éxito completo de la Alemania hitleriana– había impactado de forma determinante en el concierto global y resultaba factible suponer que las Islas serían entregadas a otra nación como moneda de cambio. Por lo tanto, se imponía organizar una incursión armada con la finalidad de que la República Argentina se apoderara de ellas para mantener el control de la región y así restablecer el status vulnerado. Esto generaría, sin dudas, una situación favorable para el país desde todo punto de vista, incluido el económico. El diseño del entonces denominado plan –pero de estructura y finalidad académicas, aunque incompleto– fue discutido arduamente en la Escuela de Guerra Naval. Estaba basado en un mapa fechado en 1936 y en fotografías aéreas de la época, gracias a las que se logró detectar al HMS Ajax surto en proximidades de Port Stanley, el cual se había enfrentado con una escuadra alemana en el Río de la Plata en 1939 (Yofre 2012).
Con un muy buen criterio profesional, el alumno, ideólogo y redactor del trabajo académico, aseguraba que el comando del futuro teatro de operaciones debía quedar en manos de la Armada, toda vez que la gran mayoría de las acciones de combate serían navales, al tratarse de un territorio insular rodeado de un espacio marítimo. En consecuencia, el Ejército reforzaría a la Infantería de Marina para la defensa de las islas en caso de una contraofensiva enemiga, lo que implicaba –entendemos– un antecedente de la acción militar conjunta tan ausente en las acciones de 1982 y, posteriormente, intensamente requerida por analistas improvisados en materia militar, por otros de cariz más profesional y por los mismos veteranos de guerra.
Dentro de las apreciaciones del oficial alumno se introdujeron –como en toda propuesta de operaciones y en consonancia con las indicaciones que exigía el curso de la Escuela de Guerra– los datos sobre el terreno, las condiciones meteorológicas, los probables lugares donde fondear las naves, las playas de desembarco próximas a la capital y, aunque sin demasiado detalle, otros aspectos del ambiente operacional en general, que incluía información sobre la población residente. En la parte destinada a la organización y despliegue de las fuerzas a enfrentarse, expresaba que el enemigo podía llegar a reunir, entre tropas regulares allí asentadas, las que ocasionalmente estuvieran embarcadas y algunos voluntarios, un número aproximado a los 500 efectivos. Mientras que los argentinos, entre marinos y miembros del Ejército –más algún ocasional refuerzo–, podrían sumar alrededor de 2.300 combatientes. Casi como una afirmación de lo que no podía ser de otra forma, certificaba que la sorpresa sería el factor de éxito y el que determinaría el curso de las operaciones.
Al momento en que ese texto de treinta y cinco carillas y un anexo, que proponía una maniobra de consecuencias estratégicas y políticas de enorme trascendencia, fue sometido a un análisis de cátedra, el entonces teniente coronel Benjamín Rattenbach –quien formó parte de la comisión de profesores evaluadores del trabajo académico– concluyó de forma satisfactoria y coincidió con todo lo planificado. Sin embargo –más que con una visión profética, con un sentido común y una prognosis estratégica que no existirían cuarenta y un años más tarde–, el profesor advirtió en su crítica que “lo difícil [y no mencionado en el informe presentado] será más bien lo posterior: el mantenimiento de las islas frente a una tentativa de reconquista de los ingleses”.[1] Seguramente, Rattenbach, ya como teniente general retirado y presidente de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur (CAERCAS) –y también uno de los autores del informe al que habitualmente se denomina con su nombre–, debió de haber recordado sus conceptos sobre el proyecto académico evaluado cuando interrogó a Leopoldo Galtieri en 1983. En aquella ocasión, luego de escuchar las palabras del principal responsable de la contienda bélica, lo increpó duramente acusándolo de haber resuelto emprender una guerra en defensa de las Islas Malvinas sin tener la capacidad intelectual ni de mando y, mucho menos, de medios y recursos para hacerlo, llevando al país a una situación ruinosa.[2]
La minuta de los Ministerios de Marina y de Relaciones Exteriores
En la misma línea de ideas, previsiones y proyecciones político-estratégicas de aquellos alumnos de la Escuela de Guerra Naval, la intención de recobrar el control sobre el archipiélago en litigio fue estudiada y analizada de forma oficial, materializándose en una propuesta que el entonces ministro de Marina le presentó al canciller argentino en octubre de 1941. Esa propuesta no fue una idea de los militares exclusivamente, sino que surgió del trabajo conjunto de ese departamento de Estado con el ministerio de Relaciones Exteriores, que había solicitado un estudio acerca de la aceptabilidad y factibilidad de emplear a las Fuerzas Armadas en una probable maniobra para reconquistar las Malvinas.[3]
Si bien en algunos foros de discusión y de investigación se lo ha considerado un plan militar, el texto no constituye de ninguna manera un documento que pueda encuadrarse en tal calificación, pues carece de la información y las disposiciones necesarias que permitan interpretarlo y denominarlo como tal. En realidad, es una extensa nota de veintitrés carillas en la que el ministro de Marina hacía una detallada descripción de la situación general y de la geopolítica particular de la Argentina. Exponía también los lineamientos de lo que pudiera haberse entendido y asimilado como una concepción estratégica militar, mayormente centrada en el escenario naval. El escrito se basó en un estudio que había hecho el Estado Mayor de la Armada en el que se argumentaba que el litoral marítimo se hallaba prácticamente desprotegido, ya que las Islas Malvinas se encontraban en poder de una potencia extranjera. En virtud de ello, se apreciaba como de “urgente necesidad” reintegrarlas al patrimonio nacional.[4]
Anteponiendo una serie de fundamentos que casi conformaban una clase introductoria de la doctrina naval elemental –la mayoría de ellos basados en la teoría de Mahan–, el ministro llamaba la atención sobre la estrecha e inevitable vinculación que debía existir entre las bases navales y la flota de mar, relación sin la cual ningún empleo de los barcos de guerra podía resultar exitoso en una campaña. En ese orden de ideas, se destacaba que la ubicación de aquellas bases no era en absoluto un dato menor a tener en cuenta, sino que, por el contrario, se transformaba en el factor estratégico primordial. Sería una base posicionada de forma geográficamente inteligente la que proporcionaría a las fuerzas navales la oportunidad para pasar a la ofensiva en el mar y para obtener el control de las líneas de comunicaciones (o de abastecimiento logístico) y de operaciones, tanto propias como del enemigo. Por lo tanto, la posición de una base naval era considerada por los autores del estudio en estrecha relación con las posibilidades o ventajas que de ella pudiera obtener la flota argentina, a fin de lograr y mantener la eficaz supremacía en la zona de operaciones. Se infería que de ahí a que se lograra una real ventaja estratégica había solo un paso.
Todo aquello los llevaba a concluir que, al momento de seleccionar una posición determinante para situar una base naval en el Atlántico Sur que contribuyera a desarrollar una adecuada defensa marítima, las Islas Malvinas se encontraban en una sobresaliente ubicación geográfica y estratégica. Ellas poseían todas las características que coincidían con las tendencias geopolíticas de entonces. Se proyectaban periféricamente a un enorme tramo del litoral marítimo y dominaban las tres vías de comunicación interoceánicas: “el Estrecho de Magallanes, el Estrecho de Le Maire y el Pasaje oriental de las Islas de los Estados […] y las rutas entre los puertos situados al sur del paralelo 47º”. A tal punto llegaban las ventajas que proporcionaban las Islas como base, que su valor estratégico se proyectaba hasta el “sector ofensivo de Mar del Plata”. Incluso, afirmaban que si el Canal de Panamá –que en cierta medida había reducido la influencia de las Malvinas en el tráfico comercial marítimo– fuera destruido o desactivado, las utilidades naturales de las islas se restablecerían de inmediato, dada su proximidad a los estrechos interoceánicos y al Cabo de Hornos. “Las Islas Malvinas son así un centinela que constantemente nos vigila y amenaza”, pues no había otra posición que potencialmente sirviera para encabezar desde el mar la defensa del litoral. Tampoco existía algún territorio similar que pudiera convertirse en una avanzada que disuadiera o evitara una probable intención colonizadora del territorio continental argentino, particularmente de la Patagonia. Visto a la inversa, las Islas proporcionaban a cualquier enemigo que lo intentara la plataforma de lanzamiento para una invasión continental y, como de hecho ya estaba sucediendo desde 1833, la posibilidad de consolidar el control de los mares sureños.[5]
En una parte de este extenso texto que la cancillería registró como “iniciativa del ministerio de Marina para gestionar el reintegro de las Islas Malvinas a la soberanía Nacional”, se rescataba el planteo del antes mencionado capitán Villanueva referido a la inminente probabilidad de que las Islas pudieran pasar a manos de otra gran potencia naval, planteándose, así, nuevos interrogantes. En consecuencia, se imponía acelerar las gestiones para que el país las recuperara cuanto antes. De resultar favorable en los hechos, la potestad estratégica sobre los espacios marítimos adyacentes y proyectados en un amplio arco geográfico daría un giro copernicano. Ese cambio aumentaría exponencialmente las posibilidades ofensivas y defensivas de la flota, la posición geopolítica de Argentina se vería asegurada y se fortalecería de forma efectiva la perspectiva de interactuar con las bases terrestres, navales y –eventualmente– aéreas asentadas en el continente.
No había duda alguna para quienes promovían y sostenían todos esos argumentos de que las Islas Malvinas conformaban una base insuperable y abarcadora de todos los recursos que coadyuvaban a desplegar y mantener la seguridad de la soberanía nacional. Ellas eran la “llave” del Atlántico Sur –escribían–, pues suministraban una posición de avanzada, proyectada hacia el interior del océano. Esto, se afirmaba, era fácilmente comprobable si se unían mediante una línea imaginaria la zona de Mar del Plata con la de Port Stanley, de la que surgía una sugestiva curva convexa. Ese trazo determinaba gráficamente aquella vanguardia oceánica. A modo de corroboración de las utilidades que reportaban estas ideas, en el documento se explicaba la forma en que la flota de mar podría operar con éxito frente a los distintos supuestos de agresión contra el país si las Malvinas estuviesen bajo control argentino, incluyendo el empleo de los medios aéreos.[6]
Como corolario de esta propuesta, el Ministerio de Marina mencionaba también las implicaciones políticas en el marco mundial y en la relación con otros países. Por caso, se planteaba el supuesto de una guerra entre Argentina y Chile, y la escalada de un conflicto por el dominio de la Antártida. Muy diferente iba a ser el desarrollo de esos hipotéticos episodios si Gran Bretaña perdía las posibilidades de intervenir y/o incidir directamente en ellos, al no tener la posesión de las Malvinas. Asimismo, basados en las razones jurídicas e históricas que demostraban que las Islas formaban parte del territorio nacional, se fundamentaba que aquel era el momento adecuado para iniciar las gestiones a fin de lograr la tan ansiada e impostergable recuperación. Esa exposición incluía información sobre el apoyo recibido de otros países para hacer valer los derechos argentinos, lo que daría una mayor seguridad para el lanzamiento de cualquier operación armada que terminara con la reconquista de las Islas.
Desde luego –y como no podía ser de otra forma–, los proponentes se referían a la existencia de cierta complicidad de los Estados Unidos para que el Reino Unido hubiera afirmado su usurpación y aún mantuviera a las Malvinas bajo su control absoluto. Sin embargo, le recordaba al canciller que en el seno del Congreso estadounidense también había legisladores que levantaban sus voces para posicionarse a favor de la Argentina, bregando por la restitución del archipiélago y para que Gran Bretaña se retirara de allí definitivamente. Algo similar –aseguraba– se podía observar en algunas declaraciones del propio presidente estadounidense y de una parte de la prensa norteamericana.[7]
En toda esta iniciativa presentada por el ministerio que en ese momento tenía la responsabilidad de administrar las políticas institucionales de una de las Fuerzas Armadas argentinas no se observa una sola mención al empleo de determinado tipo o dimensión de organizaciones de combate, ni su apoyo logístico ni sus autoridades de comando, como tampoco la secuencia de operaciones de guerra posibles. Mucho menos se refería a una batalla. Aun más, la descartaba como un episodio probable en el que tuviera que participar la marina argentina en virtud de la situación internacional de 1941.
De manera tal que el contenido del documento bien puede ser tenido como una recopilación de ideas estratégicas que, al provenir de un departamento de Estado, cobró una trascendencia mucho mayor que cualquier exposición realizada en el marco de un curso superior, como resultó ser el llamado “proyecto o plan Villanueva” referido anteriormente. Sin embargo, nunca sirvió como una concepción estratégico-política que efectivamente determinara los lineamientos vinculados con las relaciones internacionales, seguidos por los presidentes constitucionales y los de facto entre 1941 y 1943. Estuvo muy lejos de ser un plan de operaciones o de campaña militar.
Las proyecciones e implicaciones del memorándum ministerial
En ese trabajo conjunto que efectuaron los Ministerios de Marina y de Relaciones Exteriores –ya que el de Guerra, que controlaba al Ejército, no figuraba explícitamente en los estudios–, uno de los consejeros legales de la cancillería –primero en octubre de 1941 y luego en 1942– produjo sendos memorándums dirigidos al canciller Enrique Ruiz Guiñazú fundamentando los motivos por los que Argentina tenía que dominar efectivamente al archipiélago. En el primero de esos documentos se destacaba aquel supuesto planteado en la “iniciativa” respecto de que alguna potencia enemiga de Gran Bretaña podía atacar las Islas y apoderarse de ellas. Pero al formular una serie de propuestas sobre cómo podía arribarse a un acuerdo inmediato y a uno futuro con Londres, no contemplaba en ningún párrafo la realización de una operación militar por parte de las Fuerzas Armadas argentinas.[8]
En el segundo de aquellos oficios, el consejero diplomático exponía que existía una firme certeza de que Japón atacaría las Islas Malvinas y que el desplazamiento de la guerra submarina podía llegar a incluir algunos objetivos en sus proximidades o directamente al interior de ellas. Por ende, señalaba la necesidad de advertir diplomáticamente a las potencias del Eje que cualquier ataque a las Malvinas sería considerado un ataque a la Argentina y no al Reino Unido, puesto que formaban parte del territorio nacional, ya que la ocupación por parte de los británicos era una mera situación de hecho, ilegal e ilegítima. Era de vital importancia que, una vez lograda la restitución del sector insular y marítimo ocupado, “las fuerzas argentinas de tierra, mar y aire puedan estar a cargo, total o parcialmente de la defensa del archipiélago”, con lo que sugería una interoperabilidad de medios bélicos diferentes, al estilo de una acción militar conjunta sin existir aún una doctrina formal destinada a ello. No se refería a las fuerzas como medios para atacar a Gran Bretaña e invadir así el territorio usurpado, sino al desarrollo de su defensa una vez que se produjera la cesión de los espacios y de las responsabilidades por parte del gobierno de la Corona. Entre los acuerdos a efectuar por ambos países en litigio, contemplaba que solamente Port Stanley quedaría bajo el control de los británicos como zona de arrendamiento internacional por “75 o 99 años” y que, terminado el conflicto mundial en curso, las negociaciones continuarían a través de un arbitraje.[9]
Este último documento venía a incrementar al anterior y fue provocado por la preocupación que generaba la expansión de la guerra mundial. Poco más de un mes y medio después de la presentación de la “iniciativa” del ministerio de Marina, los japoneses habían atacado la base de Pearl Harbor, provocando el ingreso activo de Estados Unidos en la contienda. Y a principios de 1942 Alemania había sufrido su primera gran derrota en el frente oriental ante los rusos, entre otros sucesos que agravaban la situación internacional y comenzaban a mover el fiel de la balanza en el marco de la contienda.
Un intento de negociación con Gran Bretaña
En medio de ese escenario, el canciller Ruiz Guiñazú entregó “en su mano al Dr. Cárcano [en] oct. 6/42” –según consta la leyenda manuscrita en el documento– una nota con firma ológrafa que acompañaba a un memorándum reservado. Allí expresaba su preocupación por la situación de la Argentina dentro del escenario político y estratégico global, empleando una terminología idéntica a la que el ministro de Marina había usado en su texto de octubre de 1941 para describir la situación de las Islas Malvinas. Se refería al control del litoral marítimo, a la importancia del arco defensivo entre Mar del Plata y Port Stanley, y a la avanzada oceánica por el Atlántico hacia el Este. “Las Islas Malvinas son una base que vigila y amenaza […] [son] la ‘llave’ de la intercomunicación oceánica en el lejano Sud”, repetía de manera textual.[10] El canciller se centraba no tanto en la ocupación ilegal e ilegítima de las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña, sino en la posibilidad de que otra potencia invadiera y ocupara el archipiélago afectando la seguridad territorial, política y estratégica de la Argentina, sugiriendo que podía ser Japón. Asimismo, citaba el estudio presentado por el Ministerio de Marina, resaltando que el control de las Islas podría alentar un avance foráneo sobre el continente, en especial sobre los yacimientos petrolíferos de Comodoro Rivadavia. En ese sentido, le daba la misión al embajador Miguel Ángel Cárcano de entrar en contacto con la cancillería británica a fin de plantear una urgente negociación para alcanzar un acuerdo definitivo, teniendo en cuenta los siguientes postulados:
a) El Gobierno argentino toma a su cargo la defensa de las Islas Malvinas para rechazar todo acto de ocupación no británico;
b) La República Argentina y Gran Bretaña formularán un arreglo definitivo del pleito que mantienen sobre las islas, a base de que estas serían devueltas a la primera en un término dado, con excepción de Puerto Stanley, que quedaría en poder de Gran Bretaña por 75 o 99 años como zona de arrendamiento internacional;
c) Por acuerdos especiales se establecería la eventual colaboración británica en la defensa de las islas, así como el sistema de indemnizaciones a que haya lugar por la entrega de las instalaciones británicas.[11]
No sin poca perplejidad ante el texto del memorándum, Cárcano manifestó cautelosamente su desacuerdo con la intención del canciller. No obstante, se propuso acercarse a los funcionarios del Foreign Office para iniciar las conversaciones sobre aquellas premisas, de forma tal que no se interpretara como un oficio de características “inamistosas” en virtud de la situación de empeñamiento que sufría el Reino Unido en la guerra. Como parte de su programa de trabajo, incluyó la intención de reunir información sobre la situación de la flota real y se encontró con la sorpresa de que “la marina británica es más poderosa que antes de la guerra y que el contralor de las rutas de navegación lo realiza cada día más eficazmente”. Así se lo habían comentado más de cuarenta personas, entre funcionarios y allegados a los pasillos del palacio de Westminster con los que había conversado. Estas afirmaciones se sumaban a la improbabilidad de que Japón se lanzara a una ofensiva contra las Islas Malvinas, dado que se estaba concentrando en los mares y archipiélagos asiáticos. Con todo ello, instó al canciller argentino a dejar de lado cualquier gestión ante la Corona, ya que no sería bien vista en aquellos momentos. Estaba convencido de que Argentina debía abandonar la idea de hacerse cargo de la defensa de las Islas para evitar entorpecer el escaso diálogo que existía entre ambos países en torno al litigio del Atlántico Sur y a otros problemas subyacentes. Cárcano estaba muy preocupado por la falta de acuerdo sobre el precio de la carne criolla que los exportadores argentinos querían colocar en los dominios del alicaído Imperio. Además, el cumplimiento del memorándum reservado podía afectar la relación con los Estados Unidos a raíz de la estrecha alianza que tenía con los británicos.[12] Un mes después reafirmaría su posición advirtiéndole al canciller que la intención argentina –que ya había trascendido al interior de las Cámaras– empezaba a generar duras reacciones entre los funcionarios del Parlamento. El embajador se había convencido de que aquella no era la oportunidad estratégica ni política para agitar las aguas, y mucho menos si estas eran las del Atlántico Sur.[13]
Las Malvinas en la memoria colectiva y en el conocimiento de los militares. Entre el mito, la retórica y la verosimilitud
En las décadas siguientes, especialmente para los marinos, la recuperación de las Malvinas provocó cierto interés y en algunas ocasiones fue un tema de conversación y un objetivo de ejercitaciones de instrucción. Por ejemplo, después de las primeras iniciativas y el desarrollo de las propuestas en torno al problema de su restitución, en 1966 se desarrolló una incursión exploratoria en la región del archipiélago. De hecho, el submarino argentino Santiago del Estero navegó hasta las costas de la península de Freycinet para investigar las facilidades que podría brindar una de las playas al norte de Port Stanley como posible lugar para un desembarco, retirándose luego de una brevísima permanencia y sumergiéndose otra vez en las aguas del Atlántico con rumbo a su base original. En aquella playa descendió parte de la tripulación, entre la que se encontraba el segundo comandante de la embarcación, capitán de corbeta Juan José Lombardo (Yofre 2011, 104; Burns 1987, 38-40), quien en 1982 fue uno de los arquitectos principales de los trabajos de planeamiento previos a lo que se conocería como la “Operación Azul” u “Operación Rosario” mientras se desempeñaba –ya siendo vicealmirante– como jefe de Operaciones Navales de la Armada Argentina.
Junto a Lombardo intervendrían en esa planificación el general Osvaldo Jorge García, quien ejercía en aquel momento como comandante del quinto cuerpo de ejército, y el brigadier mayor Sigfrido Martín Plesll, conformando un Comité de Trabajo ad hoc.[14] Sobre dos de ellos recaerían las máximas responsabilidades operativas durante el período de guerra: el 1º de abril de 1982, por decreto de Galtieri, García fue designado comandante del Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y, días más tarde, Lombardo lo sería del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), estableciendo la sede de su comando en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.[15]
La decisión de retomar el territorio insular, evidentemente, estaba asumida, aunque la alternativa de emplear la fuerza militar no era lo principal en los primeros meses de 1982, sino que estuvo en apoyo y supeditada a las tratativas diplomáticas y de negociación. La certeza de que podrían hacerlo sin mayores consecuencias puede encontrarse en varias circunstancias, pero es dable afirmar también que ese convencimiento, conforme transcurrían los años y se llegaba a los 80, pudo haber respondido a la interpretación que los observadores argentinos hicieron respecto de la actitud británica hacia sus posesiones en el Atlántico Sur. Esta, en la práctica, fue entendida por aquellos como más cercana a la indiferencia y despreocupación por el territorio insular sureño, lo que pudiera haber conducido a la creencia de que existía alguna probabilidad de que la Corona renunciara a la ocupación y pudieran recuperarse las Islas sin mayores esfuerzos.
No obstante, también subyacía la cuasi certeza de que la renuencia de Gran Bretaña por resolver el tema de la soberanía sobre las Islas Malvinas dejaba en evidencia un ardid para prolongar los tiempos de negociación y postergar una resolución definitiva. Esa artimaña provenía de los primeros días de la usurpación y del inicio del litigio, y se había mantenido latente por casi ciento cincuenta años. Asimismo, fueron las repetidas idas y vueltas diplomáticas provocadas por el gobierno de Londres, sus fundamentaciones y resoluciones unilaterales basadas en conceptos arrogantes que solamente la tendencia colonialista podía sostener, y las manipulaciones académicas y políticas en torno a la doctrina de la posesión prescriptiva en el ámbito internacional (usucapión) las que dieron forma a la firme creencia de que los sucesivos gobiernos británicos menospreciaban constantemente –y así lo seguirían haciendo– los esfuerzos de las autoridades argentinas por resolver pacíficamente el litigio.
Nada tuvo que ver si los que ejercían circunstancialmente el gobierno de turno eran civiles elegidos libremente o golpistas de facto devenidos en proyecto de dictadores. La convicción de la argentinidad de las Malvinas y de sus adyacencias marítimas e insulares –aunque poco se conociera de ellas– siempre estuvo en el aprendizaje de la ciudadanía y se instaló en el imaginario colectivo, al menos de forma simbólica y retórica. Por ello, en muchos ámbitos de expresión argentinos –y en algunos americanos– el pleito diplomático y la actitud de los funcionarios y estrategas británicos generaron un rechazo creciente, transmitido –en el caso de la Argentina– de generación en generación.
Desde los grandes juristas eruditos –entendidos en títulos y derecho internacionales– pasando por el espectro mayoritario de la ciudadanía, con profesión o sin ella, niños, jóvenes, adultos y ancianos, hasta llegar a la más simple de las personas, todos basaron su rechazo en un mismo marco teórico y empírico, y formaron parte de una “patria [que contemplaba a las islas] desde la costa madre con un dolor que no se va”. En la Argentina siempre se entendió, por enseñanza formal o por el relato de los abuelos y maestros, que Malvinas “cautiva está, y callada. […] ella es la prisionera que no pide ni da”, solo espera (Pedroni 1969, 171-172).
Pero a pesar del posicionamiento que se mantenía en la memoria colectiva de la ciudadanía argentina frente a la situación de las Islas, durante el período que transcurrió entre la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el año 1982 los militares argentinos –particularmente los pertenecientes al Ejército y a la Fuerza Aérea– no tuvieron como prioridad educativa y formativa de sus cuadros la realización de una operación ofensiva –mucho menos defensiva– sobre el archipiélago. El tema no estuvo incluido en el adiestramiento de sus efectivos, como tampoco conformó un factor a considerar para la organización de sus sistemas logísticos u otros, como los de comando y control, de armas combinadas, de transporte y comunicaciones. Incluso en la Armada –que por definición era la que podría haber estado mayormente preocupada por ese tipo de capacitación– tampoco se le dedicó una atención tal que permita aseverar que las Fuerzas Armadas argentinas venían estudiando masivamente, constante, continua e ininterrumpidamente el asunto desde las décadas anteriores y preparándose para la recuperación de las Islas mediante el solo uso de la fuerza o planificando alguna maniobra operativa con esa finalidad.
Muchas veces, en razón de que los integrantes del instrumento militar argentino también gobernaban de facto y habían ejercido una constante política represiva, se ha considerado que solo concebían a las acciones violentas como el único medio de solución del conflicto con Gran Bretaña, lo que no resulta verídico. Cabe mencionar, por caso, el proceder adoptado por el gobierno golpista del general Juan Carlos Onganía en 1966 (Machinandiarena de Devoto 2021, 85-109). Tampoco es verosímil la sospecha de que la reconquista se había transformado de forma determinante en una obsesión orientadora de la política general de defensa nacional. Las manifestaciones de algunos de los máximos responsables de la maniobra de abril de 1982 corroboran que la maniobra militar hacia las Islas no fue considerada la principal ni excluyente hipótesis de conflicto y mucho menos un supuesto de guerra. Inclusive, nunca se había tratado más que de forma circunstancial.[16] Si esto último no hubiera sido así, si tan concluyente, definitivo y constante era el tratamiento de la cuestión, resulta increíble pensar que Londres –con sus históricas y conocidas sobresalientes capacidades de espionaje y generación de inteligencia– solamente hubiera mantenido por años una guarnición de no más de cuarenta efectivos militares con equipo individual e instalaciones rudimentarias, además de una esporádica exploración por los mares del sur.
En relación con todo ello, es importante mencionar que el contralmirante Carlos Büsser (comandante de la fuerza de desembarco en abril de 1982) había participado solamente en tres ejercicios académicos de gabinete relacionados con las Malvinas antes del lanzamiento de las operaciones y en toda su carrera profesional. El primero –“bastante general”– fue desarrollado en la Escuela de Aplicación cuando él era teniente de fragata, en 1956, cinco años después de su egreso de la Escuela Naval Militar como oficial. Nunca había practicado nada relacionado con las operaciones en las Islas durante sus cursos como cadete. El siguiente ejercicio fue en 1966, cuando se desempeñaba como profesor en la Escuela de Guerra de Infantería de Marina y sus alumnos (tenientes de fragata) tuvieron que realizar, como parte de las exigencias del curso, un ejercicio de instrucción, también académico, que incluía el planeamiento de la captura de algunos puntos de las Malvinas, a la par de los oficiales que se preparaban para ser tropas especiales. La última ejercitación fue al poco tiempo, cuando el mismo Büsser se entrenaba en el curso de comando.[17]
Por su parte, el general Osvaldo García (otro de los oficiales comprometidos en la planificación operacional) por primera vez en su vida militar recibió información sobre el archipiélago en ocasión de la reunión inicial realizada con los otros encargados de estudiar la factibilidad de una maniobra armada de recuperación en 1982. “Durante todo el transcurso de la carrera militar en el Ejército, –por lo menos yo– de las Islas Malvinas, lo único que conocí fue su ubicación geográfica”, manifestó después de la guerra. Así también, nada había conocido antes sobre los detalles relacionados con la población malvinense, la geografía y el clima del archipiélago, sus actividades económicas e, incluso, la información relacionada con un incipiente movimiento político que era considerado contrario a cualquier iniciativa de acercamiento por parte de los argentinos. En 1982 fue “la primera vez que me hablaron de esto [agregaba García], porque en la Escuela de Guerra nunca me hablaron de las Malvinas. Yo desconocía hasta ese momento las realidades […] de lo que eran las [Islas]. […] Me sorprendieron infinitamente. [Jamás] había soñado con invadir las […] Malvinas”. Nunca antes ni desde que se iniciaron las actividades de planeamiento de las primeras operaciones se había reunido con algún funcionario de la cancillería –y, mucho menos, con el canciller– para tener una idea de cuál era el objetivo político que se perseguía. Sin antecedentes previos, fue prácticamente en el lapso de una semana cuando García se introdujo por primera vez en las intenciones que tenían los jerarcas de la Junta Militar para la ocupación de las Islas y la restauración de la situación diplomática.[18]
De igual modo, el brigadier Sigfrido Plesll (quien completaba la tríada a cargo del planeamiento de la reconquista de las Islas) afirmaba que, si bien sabía que el conflicto era histórico y difícilmente podía tener otro desenlace, nunca tuvo conocimiento de alguna directiva particular ni de una concepción estratégica anterior a 1982 que contemplara la opción militar.[19] En cambio, el vicealmirante Lombardo aseguró que en 1977 fue convocado por su jefe directo para que comenzara a prever una ofensiva sobre las Malvinas, algo que estaba en conocimiento del almirante Emilio Eduardo Massera, aunque no había consenso entre este y el general Jorge Rafael Videla para lanzar la maniobra. Esta idea fue desechada en aquellos momentos por el presidente de facto por diversas razones, pero la principal de ellas era, casualmente, que no existía ningún plan formal.[20]
Años más tarde, entre septiembre y octubre de 1981, siendo comandante de la flota de mar, Lombardo presentó algunas ideas relacionadas, en general, con el conflicto del Atlántico Sur, pero sin incluir la recuperación de las Malvinas, que resultó ser “una operación […] sacada de la galera […] extemporánea”, según sus propias palabras. Sus ideas en aquellos momentos se focalizaron en la planificación de una incursión sobre las Islas Georgias para desembarcar allí una expedición científica integrada por militares, pero nunca la pensó en forma simultánea ni secuencial con otra similar a un desembarco en las Malvinas. A tal punto sostuvo esta posición que cuando se enteró en 1982 del complicado e inesperado episodio de Grytviken –si bien, por su alto cargo en la Armada y las funciones que desempeñaba no podía desconocer lo resuelto acerca de esa incursión–, sugirió suspender la acción en la Georgias para evitar que pudiera ser interpretada como un hecho premeditado y vinculado con el que se estaba planificando sobre las Malvinas.[21]
Asimismo, solamente algunos pocos pilotos de la Fuerza Aérea conocían la zona. Ello obedecía a que desde 1972 la empresa LADE (Líneas Aéreas del Estado) había iniciado los vuelos regulares entre la ciudad de Comodoro Rivadavia y Port Stanley, contribuyendo a romper la situación de cuasi aislamiento en la que se hallaban los malvinenses. Si bien aquellos oficiales aeronáuticos eran conscientes de que las Islas formaban parte del territorio argentino y que debían ser integradas definitivamente en algún momento, nunca pensaron que el conflicto se resolvería con una acción armada y luego mediante una guerra no planificada, totalmente improvisada.[22]
La maniobra hacia Port Stanley no estaba siquiera esbozada por quienes ejercían las responsabilidades políticas y estratégicas de defensa nacional. Igual que sus colegas del Comité de Trabajo, Lombardo no dispuso de un plan previo ni de documento alguno sobre el asunto, sino que fueron ellos quienes tuvieron que redactar contra reloj todas las directivas de base que sirvieran para enmarcar su tarea, pues todo lo que pudiera suceder después de la reconquista –según se lo había comentado el almirante Jorge Isaac Anaya (comandante de la Armada)– era otro problema que se evaluaría y se pensaría con posterioridad, y en línea con los resultados de la operación. Hasta fines de diciembre de 1981, cuando fue convocado por el comandante en jefe, las preocupaciones de Lombardo no estaban centradas en un movimiento ofensivo con punto de aplicación en las Malvinas sino en la hipótesis de la guerra con Chile. Por ello, sus planes como comandante de operaciones navales estaban dirigidos al espacio que involucraba a Tierra del Fuego, sabiendo que las tropas del Ejército –en caso de que estallara esa conflagración con el país vecino– combatirían en el sur de la Patagonia. Nunca se habían tenido en cuenta ideas o conceptos vinculados con una gran maniobra táctica, operacional, estratégica y política con dirección al Este, hacia las adyacencias o el interior de las islas.[23]
La opción militar para la recuperación del territorio usurpado por Gran Bretaña había sido considerada en el marco de un conflicto internacional que afectaba directamente a la soberanía nacional pero no como consecuencia de una segura y vigente hipótesis de enfrentamiento armado durante el período inmediato ni el lejanamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Una etapa que estuvo signada para la Argentina por los acontecimientos de la Guerra Fría, la expansión del comunismo y la necesidad de resolver los conflictos con Chile, además de la compleja problemática interna. De hecho, las políticas vinculadas con la defensa nacional, materializadas en las directivas estratégicas nacional y militar impartidas por el gobierno de la Junta, antes de 1982, estipulaban como prioridad el supuesto de la guerra con el país trasandino, no con los británicos. En coincidencia con esto, todo el despliegue terrestre del Ejército –así como el empleo principal de las otras dos fuerzas– se había llevado a cabo durante años con esa orientación, pues el conflicto con el Estado vecino podía agudizarse en cualquier momento, tal como sucedió en 1978.
La ausencia de planes formales antes del 2 de abril frente a la urgente necesidad de contar con documentos de soporte
Al momento en que se conformó el Comité de Trabajo, sus integrantes se preguntaron cómo iban a planificar una operación militar, una operación de guerra, evaluar su aptitud, factibilidad y aceptabilidad si no había documento alguno proveniente de los escalones superiores que fijara las premisas, las concepciones políticas, las conclusiones estratégicas; es decir, que sirviera de columna vertebral para montar sobre ella –y en virtud de ella– la estructura de una maniobra anfibia conjunta hacia un territorio insular propio, ocupado por una nación extranjera. Por esa razón, se impusieron a sí mismos redactar una directiva estratégica nacional (un documento que excedía su nivel de decisión) que luego someterían a consideración de los miembros de la Junta Militar.[24]
Conociendo que tales documentos u otros similares que incluyeran la previsión de una acción militar contra el archipiélago eran inexistentes en aquellos años, no es posible afirmar que la invasión a las Islas para recuperarlas por las armas hubiese estado en el pensamiento político y estratégico de los integrantes de las Fuerzas Armadas argentinas desde siempre, desde tiempos inmemoriales, como si hubiese sido el gran proyecto o un impostergable desafío impuesto por el patriotismo.
De la misma forma, cuando aquellas personas que integraban el Comité, en tanto organizadores de la campaña ofensiva, tuvieron que pensar y disponer los efectivos que la integrarían, el factor que determinó los criterios que adoptaron para la Operación Azul o Rosario no fue solamente ni en forma concluyente la consideración de las capacidades militares del Reino Unido, sus efectivos y sus probables reacciones, sino muy especialmente los medios y la resolución que adoptaría el gobierno chileno. En esa línea de pensamiento, los uniformados argentinos tuvieron en cuenta no solamente la participación aislada de las Fuerzas Armadas de Chile, sino que también consideraron el supuesto de que estas podrían formar parte de una poderosa fuerza de tareas comandada por los británicos.[25]
Consecuentemente, las unidades tácticas del Ejército más próximas a la Cordillera de los Andes y las estacionadas en la Patagonia –con excepción de una parte del Regimiento de Infantería 25 y una pequeña fracción de zapadores– no fueron convocadas ni movilizadas en aquellos momentos. Inclusive después del desembarco de abril de 1982 existía el convencimiento de que Chile atacaría a la Argentina en cualquier momento y cuando se resolvió pasar a la campaña defensiva en las Malvinas, solamente unas pocas fuerzas patagónicas fueron trasladadas al territorio insular. Tanto así fue que García, el antiguo comandante del TOM –ya reemplazado por el TOAS–, en su original función de comandante del V Cuerpo de Ejército, trasladó su puesto de comando desde la ciudad de Bahía Blanca a la de Comodoro Rivadavia, en donde “podía conducir mucho mejor el Cuerpo en caso de tener [que efectuar] operaciones [contra] Chile”.[26]
Bajo un razonamiento similar, ese fue también uno de los motivos por el que Lombardo no resolvió desde el principio enviar a la zona insular de operaciones todas ni las mejores tropas de Infantería de Marina. Por su parte, igualmente la Fuerza Aérea Sur (una agrupación especialmente conformada recién cuando escaló el conflicto) mantuvo la doble responsabilidad de llevar a cabo las misiones contra las fuerzas del Reino Unido y, simultáneamente, reaccionar ante un eventual ataque chileno o británico procedente de Chile.[27] Así también, la enorme mayoría de los buques argentinos no solo quedaron resguardados en los puertos continentales para no ser destruidos por el poderío naval y aéreo que pudiera movilizar el gobierno de Londres, sino para poder contar con cierta capacidad marítima en caso de que se produjera alguna acción bélica con el país trasandino.[28]
En ese escenario –y por orden del comandante en jefe del Ejército–, también debieron adoptarse los recaudos suficientes y perentorios porque parecía inminente un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas de aquel país, pues comenzaban a desplegarse como lo habían hecho cuatro años atrás. Sobre tal supuesto los militares argentinos tenían alguna experiencia, lo habían previsto desde mucho tiempo antes, se habían ejecutado una enorme movilización y un masivo desplazamiento de fuerzas en 1978, pero sobre las Malvinas, los comandantes –y mucho menos los oficiales de más bajo rango– jamás habían estudiado siquiera su ambiente geográfico, nunca fue un caso que hubiera alcanzado el nivel de una apremiante hipótesis de guerra de estallido inminente. Los que resolvieron ir a la guerra recién reconocieron las dimensiones que tendría la defensa de las Islas cuando, casi a fines de abril de 1982, con las tropas ya desplegadas allí, Galtieri y otros oficiales superiores las visitaron y sobrevolaron una parte de su territorio llegando hasta la Gran Malvina. Fue en esos momentos que “el contacto con la realidad [les] hizo ver que, realmente, había […] espacios […] muy grandes” para defender.[29]
La maniobra militar para recuperar las Malvinas fue primordialmente resuelta con base en la cuestión política y jurídica de casi ciento cincuenta años de existencia, y sus fundamentos se apoyaron más en la memoria colectiva de la ciudadanía argentina –muy ligada a la historia de una violación a la soberanía de su país–, en la salvaguarda del honor y del orgullo nacionales que en la experticia, conocimiento, preparación, adiestramiento, intereses profesionales o planes previos y añosos de las Fuerzas Armadas.[30]
Fue recién unos pocos meses antes de lanzar la operación de desembarco en las Malvinas cuando se le ordenó al Comité de Trabajo ad hoc que evaluara su factibilidad, si había recursos suficientes para llevarla a cabo, si la logística y el sistema financiero resistirían el impacto, si se contaba con el personal en cantidad, calidad y experiencia o capacitación profesional, si los medios de transporte estaban disponibles y en condiciones, al igual que los buques, los submarinos, los vehículos anfibios, los helicópteros y aviones, las armas, la munición, las comunicaciones.[31]
No había nada en absoluto preparado desde los años previos para tan enorme y riesgosa empresa. El gobierno militar solamente había tratado la situación conflictiva con Gran Bretaña como uno de los problemas internacionales históricos de la Argentina y que ameritaba una solución, pero jamás antes de los inmediatos días precedentes a la maniobra de reconquista se pensó en una acción violenta y, mucho menos, una que involucrara a las Fuerzas Armadas en una operación de guerra. Nunca, en los años previos al desembarco de 1982, se analizó, estudió o trató formal e institucionalmente la posibilidad de llevar a cabo una medida de naturaleza bélica para recuperar las islas. No había ningún plan que tuviera las características profesionales ineludibles ni los pasos protocolares fundamentales de un proyecto nacional que implicara un esfuerzo conjunto y total –no solamente militar– de los recursos e instrumentos del Estado.
Los pocos esbozos de la intención de reocupar las Malvinas empleando la fuerza militar que existían fueron elaborados por iniciativa exclusiva y unilateral de la Armada. Entre 1972 y 1973, sin la intervención de las otras dos fuerzas ni del Estado Mayor Conjunto, el futuro almirante Anaya –quien por esos años se desempeñaba como jefe de operaciones en el Comando de Operaciones Navales– redactó de puño y letra, en absoluto secreto, un bosquejo que incluía una maniobra de recuperación de las Islas. Cuatro años más tarde lo revisó y amplió el manuscrito, que jamás fue consensuado ni evaluado como un plan formal con las otras dos Fuerzas Armadas ni con el Estado Mayor Conjunto ni, mucho menos, con el Ministerio de Defensa. También, en 1977 –y como parte de las acciones previstas contra Chile– había trascendido de forma muy reservada un proyecto similar sugerido por el almirante Massera que –como mencionamos antes–, no fue compartido por el presidente de facto.[32] Massera, desde que había asumido como comandante en jefe, estuvo interesado en demostrar que la Armada quería lograr una resolución del conflicto a toda costa. En 1978 había pronunciado un discurso de altísimo cariz retórico relacionado con la visión argentina sobre las Islas:
Las Malvinas son una herida abierta en la dignidad de la República y los argentinos estamos dispuestos a corregir lo que la negligencia, la sumisión cultural y un concepto equivocado de los buenos modales internacionales han mantenido segregados del mapa metafísico de la Patria. Las Malvinas no son un fragmento de tierra. Las Malvinas son un pedazo de nuestra alma y debemos salir a buscarlas porque la soberanía, como la dignidad, no es negociable. (Citado en Bicheno 2009, 63)
Tal vez, según argumenta Bicheno, esas ideas de recuperación formaron parte de su proyecto megalómano de convertirse en un nuevo Perón, al punto de entrar en tratativas con algunos montoneros cautivos para instrumentar un proyecto para la reconquista de las Malvinas como parte fundamental de la reivindicación de unos supuestos ideales sanmartinianos relacionados con la situación política y estratégica del Cono Sur (Bicheno 2009, 73-79).
Asimismo, era tal la ausencia de previsiones para un procedimiento ofensivo militar que, al momento de iniciar las apuradas tareas de planificación en los días previos al desembarco, ni siquiera se conocían las cuestiones vinculadas con la población civil. Desde cómo proceder, en caso de reconquistar las Islas, tanto ante un incidente de índole penal como frente a uno de naturaleza familiar suscitado por los isleños; por ejemplo, no se sabía cuál ley debía ser aplicada ante un supuesto caso de divorcio de un matrimonio malvinense.[33] Aspectos que, aunque parezcan meras nimiedades, son motivo de largos estudios previos a cualquier operación de guerra en el marco del área de los asuntos territoriales o civiles, como parte de la planificación para arribar a aquel producto definitivo, formal y legal al que nos referimos anteriormente y que profesional y técnicamente se denomina plan militar.
Tampoco se tenía un conocimiento acabado sobre la correcta aplicación de la ley disciplinaria castrense vigente en aquellos años en caso de guerra para asuntos vinculados con las faltas o los delitos cometidos por los integrantes de las propias fuerzas en el campo de combate. Esa cuestión estaba prevista en una parte del Código de Justicia Militar argentino (Ley 14.029) que muchos militares descubrieron cuando ya estaban frente a un hecho sancionable en el teatro de operaciones, lo que, por ende, en muchos casos implicó que no fuera respetada de forma correcta durante los tiempos de guerra y se recurriera más a los usos y costumbres que a la norma escrita. Basta recordar que, producto del desconocimiento, se hablaba entre los uniformados del “calabozo de campaña”, cuando los preceptos en vigor en aquellos años no incluían ninguna mención a tamaña figura extemporánea y anacrónica. Esos aspectos legales, como parte de las actividades contempladas en la función logística que trataba sobre la disciplina, la aplicación de las leyes y el mantenimiento y control del orden en la zona de combate, también debió ser motivo de minuciosos estudios previos y sus resultados incorporados al plan definitivo con detalle y escrupulosidad.
Cabe recordar, además, que las Fuerzas Armadas argentinas no habían participado en misiones de guerra clásica por más de cien años –y mucho menos en una que incluyera un territorio insular, en el marco de un teatro oceánico y con fuerzas conjuntas–. Si bien se habían estudiado las transformaciones técnicas y procedimentales de la guerra, jamás se habían puesto en práctica durante el siglo XX; ni siquiera se tuvieron en cuenta las circunstancias de las operaciones nocturnas ni existía un cuerpo doctrinario conjunto consolidado. Tan solo estaba en estudio un rudimentario manual de procedimientos en el marco conjunto y un borrador de diccionario que contenía las palabras que podían ser usadas en común, exceptuando aquellas sobre las que no existía un acuerdo completo, a raíz de los problemas que subsistían entre las fuerzas en cuanto a sus concepciones y criterios. Mucho menos hubo en los años anteriores al desembarco una ejercitación seria y periódicamente repetida de cualquier operación que reuniera a elementos de las tres fuerzas y que exigiera imperativamente la coordinación de sus esfuerzos y la interoperabilidad de sus medios para una finalidad mancomunada.[34]
Nada de eso existió antes de abril de 1982 y tampoco, reiteramos, hubo ningún documento formal, legal e institucional que pudiera ser considerado como un plan serio y profesional de recuperación territorial. Solamente existía el registro –y no de forma conocida por los principales responsables ni que respondiera a una concepción de la más alta política– de aquellas ideas, trabajos académicos, memorándums o proyectos solitarios a los que nos hemos referido anteriormente. Recién en los inmediatos días previos se escribió un borrador de lo que pudiera haberse convertido en un plan verdadero y que, dada su condición de simple bosquejo, jamás fue firmado.
Por ello, debe comprenderse que la resolución adoptada por la Junta Militar de lanzar una operación de desembarco para reocupar las Islas Malvinas tuvo bases eminentemente políticas, tanto coyunturales como estructurales, que iban mucho más allá de una desmedida ambición puramente militar. Dadas las circunstancias y los ánimos sociales y políticos de la época, así como el posicionamiento británico con relación a la ocupación de lo que Londres consideraba –y aún considera– un territorio de ultramar, difícilmente aquel gobierno de facto pudiera haber pensado en una claudicación diplomática luego de haber avanzado tanto hacia las proximidades del abismo, sosteniendo –casi de forma obcecada y ridícula– que su oponente no se resolvería por escalar hacia la concreción de un episodio bélico.
En este sentido, podemos preguntarnos y responder como lo hizo Andrés Cisneros: “¿puede imaginarse que un buen día el presidente argentino anuncie a la opinión pública que se ha decidido reconocer los derechos británicos en Malvinas y, en consecuencia, cesar todo reclamo de soberanía sobre las islas? Imposible” (Cisneros 2013, 277). Antes bien, envalentonados, encerrados en la arrogancia que, a veces, contagia el poder y superados por los acontecimientos, nos inclinamos por creer que los integrantes de la Junta razonaron como Macbeth lo hizo en el drama de Shakespeare: “estoy tan adentro en un río de sangre que, si ahora me estanco, no será más fácil volver que cruzarlo”.
El camino hacia el único y verdadero plan militar profesional previo al 2 de abril: el de la Operación Azul o Rosario
Ante la evolución de los acontecimientos externos e internos, a fines de 1981 el almirante Anaya recuperó la propuesta que Massera le había presentado a Videla en 1977 y se la llevó al general Galtieri. Así se iniciaron los primeros trabajos de planeamiento sobre lo que sería la operación de desembarco en las islas Malvinas en 1982. Aún con las diferencias latentes entre la Argentina y Chile, y la probabilidad de un recrudecimiento del conflicto entre ambos países, en el seno de la Junta Militar se instaló la firme idea de que había que preparar una maniobra militar que, si bien no debía transformarse en un fin en sí misma ni sería considerada como prioritaria, estuviera en apoyo de las tramitaciones diplomáticas que se estaban desarrollando en torno al conflicto que se mantenía con Gran Bretaña sobre el archipiélago.
En consecuencia, comenzó la planificación vertiginosa para estudiar la factibilidad de llevar a cabo una operación anfibia con la finalidad de retomar el control de las Malvinas, en caso de que las negociaciones internacionales no tuvieran éxito. Acto seguido y en forma separada, cada comandante en jefe citó a quien consideraba como el más idóneo para esa tarea. Anaya le encomendó al vicealmirante Lombardo lo referido a la Marina, Galtieri convocó al general Osvaldo García para que se encargara de la participación de las tropas terrestres y, por su lado, Basilio Lami Dozo –por intermedio de otro alto mando– hizo convocar al brigadier Plesll para todo lo relacionado con la aeronáutica. En caso de que se realizara, la operación tenía que ser un asunto en el que las tres fuerzas tuvieran intervención, sin importar el carácter predominantemente naval que tendría la maniobra. La operación Azul fue una acción que pudo haber realizado la Marina por sí sola, pero tuvo que adoptarse una decisión política, más que netamente operativa; indefectiblemente, debía ser –aunque fuera una mera apariencia– el resultado de un planeamiento militar conjunto y luego ejecutada por efectivos de las tres fuerzas. Había que evitar a toda costa que recrudecieran los celos y la desconfianza que existían desde hacía años entre los uniformados.[35]
Lombardo era el único de los tres militares designados para estudiar el asunto que tenía una idea anterior de que algo se pensaba en la cúpula de la Armada, ya que –como se expuso antes– el mismo Anaya le había ordenado estudiar el tema en 1977. De manera que no se sintió sorprendido cuando a mediados de diciembre de 1981 “en una conversación confidencial” entre ambos[36] su jefe le ordenó iniciar los estudios para desembarcar en las Malvinas, sin entregarle ningún documento escrito o ampliar su orientación o la del presidente de la Nación para la realización de la tarea. A pesar de esta última afirmación de Lombardo, el 23 de diciembre de 1981 él recibió (o al menos a él estuvo dirigida) una orden emitida por el jefe del Estado Mayor de la Armada (vicealmirante Alberto Vigo) –cuya copia estaba firmada por el jefe de Operaciones, contralmirante Edgardo Otero– en la que expresamente se le transmitía la orden de Anaya de “elaborar personalmente […] el Plan actualizado para la recuperación de MALVINAS.”[37]
En el marco de esa tarea tenía que cumplir con algunas imposiciones expresamente detalladas, que incluían el envío de personal especialmente seleccionado para efectuar los reconocimientos en la probable zona de operaciones y las cuestiones vinculadas con todo lo que se derivara de una posterior ocupación de las islas: los efectivos que deberían permanecer en Port Stanley, el necesario sostenimiento logístico y de combate para esas tropas, la defensa de la capital y las derivaciones para el normal funcionamiento de todos los servicios en la localidad. Por último, se le ordenaba entregar el plan el 31 de marzo de 1982. El documento existe como orden “N.º 326 ‘S’ /81 – Letra JEOP. PI 4” y con membrete de la Armada Argentina, fechado el 23 de diciembre de 1981, pero Lombardo reiteró en más de una ocasión que jamás había recibido una orden formal y escrita de esas características. No resulta extravagante suponer que haya sido redactada con posterioridad y luego incluida en los informes presentados con la intención de dar un viso de organización procedimental e institucional a todo el descalabro del proceso previo al desastre que se desencadenó mientras los responsables de las decisiones pensaban que los británicos nunca enviarían sus fuerzas ni que habría guerra. Algo que continuaron pensando aun después de haber lanzado efectivamente las operaciones de desembarco. Para ellos, los británicos nunca llegarían a las Malvinas (Aguiar et al. 1985, 22).
Asimismo, en aquella reunión confidencial con Anaya, Lombardo escuchó la primera limitación que se le impuso: no tratar absolutamente nada con otra persona sobre el asunto del plan y hacer el análisis por sí solo para evitar que el secreto se viera perjudicado. Sin embargo, él manifestó la necesidad de incluir en la tarea, al menos, a sus subordinados más directos. Todos ellos eran almirantes como él, de manera que no había por qué pensar que el secreto y la confidencialidad del asunto se verían vulnerados. Pero a poco de empezar los estudios, ya en la primera semana de enero de 1982, el contenido de la actividad se había diseminado entre otros actores que, aunque militares también y muy cuidadosos de no violar las indicaciones de guardar la cuestión bajo siete llaves –cuando menos, en teoría–, difícilmente pudieron ocultar lo que se estaba estudiando. Es más, en el ámbito del comando de la Infantería de Marina se constituyó en esos primeros días de 1982 un gabinete de guerra del que participaron muchos oficiales y fueron incorporándose otros más con el correr del tiempo (Büsser 1984, 131-134). Seguramente, habrán tenido sus asistentes, habrá existido quien preparaba y servía el café o el mate cocido y efectuaba la limpieza de los locales, entre otras tareas de apoyo.
En esas condiciones comenzaron las primeras reuniones de Lombardo con sus propios colaboradores sin que se hubiera reunido aún el previsto Comité de Trabajo. A poco de iniciarse los intercambios de pareceres surgieron dudas sobre cuestiones tan medulares como, por ejemplo, cuál era la misión, un aspecto sin el cual resultaba imposible desarrollar cualquier análisis operativo. ¿Había que desembarcar y tomar la capital solamente? ¿O la operación incluía además una maniobra de recuperación del archipiélago completo? ¿Se sumaba a esta última alternativa la consolidación del objetivo, el mantenimiento y control del territorio por un tiempo prolongado? ¿Quién llevaría a cabo la maniobra, únicamente la Armada o todas las fuerzas? ¿Intervendrían otras agencias como la cancillería, el Ministerio de Economía, el del Interior? Cada una de esas variantes implicaba una planificación totalmente diferente y un involucramiento de medios y recursos de una dimensión también distinta. Con esos y otros interrogantes, que de haber sido exacta la existencia de un plan previamente diseñado, cumpliendo el protocolo legal, no hubieran surgido en esa oportunidad, Lombardo se reunió con Anaya unos días después de recibir la orden verbal, pero no obtuvo mayores precisiones, ni siquiera cuál era el objetivo político de la maniobra. Tan solo le adelantó que Galtieri ya estaba en conocimiento, que designaría al general García para que liderara el grupo responsable de planificar la campaña y que habría también un representante aeronáutico.
Poco más tarde, se encontró con el general en Bahía Blanca (donde ambos residían) y comprobó que este no tenía la menor idea de lo que estaba en ciernes porque constató que entre los planes más inmediatos de García figuraba como prioridad emprender su licencia en las próximas y cercanas vacaciones de verano.[38] Por lo tanto, Lombardo no le dijo nada sobre la idea en desarrollo y, como ambos tenían responsabilidades operacionales en el sur de la Argentina a raíz del conflicto con Chile, solo improvisó un comentario acerca de la necesidad de concretar prontamente la idea de realizar algunas ejercitaciones conjuntas en la Patagonia.
Mientras tanto, el 5 de enero de 1982, la Junta Militar resolvió intensificar la acción diplomática relacionada con el conflicto y orientó al canciller para que profundizara las negociaciones con los representantes británicos, contemplando y reservándose para sí, como muy probable, la posibilidad de llegar a la ocupación de las Islas Malvinas. Fue en esos días cuando García llegó a la Base de Puerto Belgrano (sede del comando que ejercía Lombardo) y le comentó que Galtieri le había ordenado algo sobre la recuperación del territorio insular. Poco tiempo después se sumó el brigadier Plesll y el 12 de enero quedó formalmente organizado el Comité de Trabajo ad hoc, reuniéndose los tres, por primera vez, en aquella base naval. El 27 de ese mes iniciaron la confección de los documentos que no habían recibido de la Junta Militar.[39]
A partir de ese momento comenzó una cadena de medidas para tratar de suplir el reino de improvisaciones en el que se había dispuesto la titánica tarea militar. Ninguno de ellos había recibido una concepción estratégica de la maniobra –mucho menos un lineamiento político– de parte de la Junta Militar. ¿Dónde estaba la Directiva Estratégica Nacional? No existía. ¿Y la de Estrategia Militar? Tampoco había visto la luz. Mucho menos encontraron algún plan esquemático sensato, aunque fuera uno preparado durante algún ejercicio previo o en alguna de las academias. Nada, ningún documento formal. Ellos tuvieron que abocarse a desarrollarlos sobre la base de sus propias ideas y apreciaciones, y de las directivas que existían para el caso de enfrentamiento con Chile. Ni bien las redactaron, rápidamente se las presentaron a los comandantes en jefe escritas de su puño y letra para no dar intervención a ninguno de los auxiliares directos. Mientras tanto, los integrantes del comando de Infantería de Marina ya trabajaban en los estudios de inteligencia táctica para llevar a cabo el plan del desembarco basados en un esbozo que databa de 1978 para la “recuperación de Malvinas […] que se había confeccionado en la Armada […] y un bibliorato proveniente de la Jefatura de Inteligencia actualizado al mes de octubre de 1981” con algo de información básica (Büsser 1984, 132).
Para la redacción de la Directiva Estratégica Nacional, los integrantes del Comité de Trabajo se apoyaron en la más tradicional doctrina de la guerra clásica, prácticamente siguiendo los lineamientos de un manual. Metodología que se vería claramente reflejada durante el desarrollo de toda la guerra, tanto del lado argentino como del británico. En ese marco, en el primer punto de la directiva, con una extensa y tediosa descripción –aunque necesaria, acorde con aquellos paradigmas–, sus autores detallaron la historia del conflicto desde sus inicios en 1833. Hacían mención a las distintas resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (1514/1960, 2065/1966, 2621/1970, 3160/1974 y otra de 1976 de la que no se mencionaba el número). Todas ellas, entre otros temas, instaban a las partes a llegar a un acuerdo. Una de las conclusiones que esbozaron fue que la prolongación de la falta de acuerdo con Gran Bretaña luego de ciento cuarenta y nueve años de ocupación ilegítima permitía suponer que el problema entre ambos países no llegaría a una solución con el único empleo e intensificación de las negociaciones diplomáticas, presentándose las acciones armadas como hechos probables. También dejaron claramente establecido que Chile, además de conformar una amenaza real en el marco del también histórico conflicto por las posesiones patagónicas, había manifestado su firme apoyo al “país usurpador, tendiente a sacar el mayor provecho de la situación existente en esta circunstancia” en función de sus pretensiones sobre el Atlántico Sur.[40]
Para los integrantes del Comité de Trabajo no había forma de determinar cuáles eran la capacidad estratégica militar ni las vulnerabilidades y debilidades del Reino Unido y sus fuerzas militares, por lo que dejaban la apreciación de esos delicados y fundamentales aspectos en manos del Comité Militar (un organismo que resultaba de sumar a los integrantes de la Junta Militar al canciller, al ministro de Defensa y a otros funcionarios) que debería emitir sus consideraciones lo más pronto posible. Este es un claro indicio de que existía una ausencia total de información e inteligencia militar que facilitara el planteamiento y diseño de un escenario coherente para progresar con las exigencias formales y legales de un auténtico y válido plan militar, conceptualmente definido como tal según los procedimientos legales vigentes y no, simplemente, sobre la base de una analogía con algún bosquejo de años anteriores. Evidentemente, todo aparentaba estar apoyado en algunas impresiones personales e individuales de los altos jerarcas de la Junta que precipitarían los hechos hacia un desenlace calamitoso. Lo único que parecía aliviar el insomnio y la preocupación de los redactores era que, según ellos –y vaya a saberse sobre la base de cuáles certeras y fundadas informaciones–, la situación de Gran Bretaña en aquellos momentos se presentaba cada vez más complicada para mantener su posición en las islas.[41]
Acto seguido, tenían que determinar y fijar un objetivo político que, además de responder al manual de la guerra clásica, guardara relación con la cuestión esencial del conflicto internacional y diera una justificación razonable a cualquier probable acción bélica. Pero la Junta Militar se mantenía en un mutismo constante y los tres oficiales que analizaban la futura maniobra sobre las Malvinas tampoco podían acceder a la información más reciente en poder del Ministerio de Relaciones Exteriores ni mucho menos tomar contacto con el canciller o con algún otro funcionario. Por lo tanto, ellos mismos –excediendo su campo de resolución– establecieron como objetivo político la consolidación de “la soberanía argentina en las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y contribuir a afirmar su pleno ejercicio en el Atlántico Sur”. Para el logro de esta finalidad incluyeron en el documento que debiera haber sido redactado –o, cuando menos, bosquejado con forma de orientación– por los miembros de la Junta, que el gobierno nacional resolvía prever el empleo del poder militar. Afirmaban que la resistencia y la renuencia de Gran Bretaña para progresar en las tratativas diplomáticas no permitían pensar en otra posibilidad. En este orden de ideas, las áreas de los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Economía e Información Pública tendrían que instrumentar las medidas suficientes para integrar al territorio y a la población de aquellas islas al patrimonio nacional, creando una nueva jurisdicción política conformada por los archipiélagos, que debería figurar separada del Territorio Nacional de Tierra del Fuego.
Además, la directiva disponía que tendrían que desarrollarse las actividades de difusión que provocaran la aceptación de la comunidad internacional del empleo del poder militar, justificándolo en cuestiones de “orden moral, histórico, geográfico y político”. Especialmente, se tornaba imprescindible dar una particular prioridad a la obtención del apoyo de los Estados Unidos y de los países americanos en el marco del Tratado Internacional de Asistencia Recíproca (TIAR) para aumentar el efecto de disuasión sobre el gobierno de Londres, a fin de que descartara una reacción ofensiva empleando sus Fuerzas Armadas.
Garantizar el apoyo de los mercados financieros mundiales, el abastecimiento logístico para la población malvinense y la explotación de los recursos existentes en la zona no resultaba para los autores del documento un asunto menor, por lo que debían establecerse las maniobras estratégicas y políticas de calidad para poder lograrlo. Uno de los aspectos fundamentales destacados era que resultaba indispensable y determinante instalar en la opinión pública argentina que el gobierno militar no había tenido otra alternativa que emplear la fuerza para hacer valer los derechos argentinos y las peticiones históricas. De esa manera, pretendían lograr la aceptación del hecho consumado.[42]
Mientras estos estudios progresaban, Lombardo sabía que había movimientos en el seno de la Armada en torno a una aproximación hacia las Islas Georgias para trasladar a los operarios chatarreros del empresario Constantino Davidoff. Considerando –igual que el propio presidente Galtieri– que las suposiciones de una guerra con Gran Bretaña por el asunto de las Malvinas quedarían solamente en la formalidad de los textos, en una mera hipótesis, recuperó aquella idea que había presentado años antes para instalar una base científica argentina en las Georgias, sin siquiera sospechar –craso error para un almirante– que esto iniciaría una escalada bélica imparable. Sin embargo, nada de lo que sucedería poco tiempo después fue incluido en las directivas redactadas, pues Lombardo ni lo había pensado. Por el contrario, tal como lo mencionáramos antes, cuando tomó conocimiento de que la Junta Militar había resuelto lanzarse sobre Port Stanley, bregó por suspender cualquier acción militar en Leith y Grytviken que pudiera afectar aún más la capacidad naval argentina.
Pero a pesar de ello –y en razón de que ya estaba lanzada–, optó por no oponerse explícitamente a que esa acción naval prosiguiera, sosteniendo la idea de que aquel movimiento en ciernes sobre las Georgias podría tener finalmente un buen desenlace mientras que los estudios sobre un desembarco en Malvinas serían solo para contar con una medida militar meramente disuasiva. Entre ambas maniobras, Lombardo minimizó los probables perjuicios de la primera, considerándola más simple, con características de una sencilla incursión naval que significaría algo así como una avanzada con factibles resultados que conducirían a afianzar el control argentino en la zona y, a la vez, su propio prestigio individual, ya que los medios y el personal empleados, en definitiva, dependían de él en su carácter de comandante de operaciones navales. Con ese convencimiento resultante de sus apreciaciones y del deseo de que aquella acción –que en cierta medida llevaba su sello– alcanzara el éxito, continuó su trabajo junto a Plesll y García para definir el marco documental que diera sustento legal a las posibles acciones militares sobre las Malvinas.
Al redactar la parte de la directiva referida al objetivo estratégico, el Comité fijó el de imponer a Londres la aceptación de la situación militar en ciernes para dar “una solución definitiva al pleno ejercicio de la soberanía argentina en las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur e [impedir] nuevos intentos de usurpación, a fin de concretar el objetivo político”.[43] Para ello debía realizarse el planeamiento de las operaciones correspondientes y el consecuente alistamiento de los medios a fin de organizar una fuerza conjunta que actuara en forma sorpresiva cuando las circunstancias y la oportunidad fueran favorables.
Surgían tres aspectos de suma importancia en esta resolución. Primero, que la conducción integral de esa organización iba a ser desempeñada directamente por el Comité Militar. En segundo lugar, debía mantenerse rigurosamente el estricto secreto para lograr la más absoluta sorpresa, un factor que permitiría el éxito y la máxima rentabilidad política y militar. Como parte contribuyente a este logro, se debería alcanzar el pie de capacitación y alistamiento de los efectivos que participarían en la campaña a través de ejercicios conjuntos con apariencia de rutinarios y como parte de lo que ya estaba previsto para el presunto y nunca decretado Teatro de Operaciones SUR y para el área del noreste (supuesto de guerra con Brasil). Vale recordar que, por aquellos años, estas eran las dos hipótesis de conflicto armado internacional que mantenían vigentes los militares argentinos. Por último, durante el desarrollo de la operación de desembarco debía existir en el personal el convencimiento de que se ejecutaba para ocupar el propio territorio, que no era una invasión ni un ataque contra un enemigo de los argentinos. En consecuencia, tenían que evitarse las bajas británicas y entre la población malvinense, así como otros daños personales y materiales.
Dentro del mismo mandato se disponía que la operación debía tender a la conquista simultánea de los objetivos insulares significativos y, una vez concretado esto, el gobierno militar garantizaría el estilo de vida de los malvinenses y en lo posible incrementaría su nivel de convivencia y facilitaría el mantenimiento de la propiedad privada sin alteraciones. Todo ello con la intención de buscar la aceptación voluntaria de la soberanía argentina en un “ambiente de orden, paz y concordia con sus connacionales” (es decir, los argentinos), quienes no habían llegado allí para someterlos, dominarlos o expulsarlos sino para promover y facilitar su integración a la República Argentina.
A tal punto la Directiva Estratégica Nacional debía quedar conformada como un documento ya existente y previamente emitido por la Junta Militar –es decir, simular un hecho que, ante semejante gravedad de acontecimientos, debiera haberse consumado con una antelación imperiosa y necesaria– que los autores incluyeron dos disposiciones que, en los hechos, ya se habían llevado a cabo y estaban en pleno desarrollo. Una de ellas era la conformación del Comité de Trabajo, sus integrantes y quién sería la autoridad de coordinación, y, la otra, que la fase preparatoria comenzaría con la recepción de la directiva y se extendería hasta la finalización del alistamiento de la fuerza conjunta. En esa etapa preparatoria debía completarse el planeamiento, finalizar con el equipamiento de las tropas y con las coordinaciones para poder optimizar la capacitación específica y conjunta. Este no es un dato menor toda vez que da el claro indicio de que no existían tales ajustes, pues nadie había pensado seriamente en los años previos en encarar una guerra con una potencia de la OTAN sobre la base de un plan diseñado con la seriedad y las formalidades legales y procedimentales que exigía la gigantesca empresa política y bélica en ciernes. También en esa fase debía planificarse la operación militar de desembarco poniendo en desarrollo un plan de velo y engaño dirigido fundamentalmente al público interno y externo. Por último, deberían preverse todos los aspectos vinculados al establecimiento y ejercicio del gobierno militar en el territorio insular y sus adyacencias.[44]
Ante la contemplación de todos esos detalles podría pensarse que las disposiciones adoptadas respondían a unos motivos meramente rutinarios u ornamentales, pero, en realidad, tenían una severa connotación jurídica cuyo alcance quedaría comprobado con la evolución de los hechos posteriores, insospechados al momento de realizarse los estudios a cargo del Comité de Trabajo. Pero, así como trataron de corregir la particular característica de improvisación y de darle estructura legal a la resolución verbal e impulsiva de la Junta Militar, no consideraron que en el futuro una nueva nota de impulsividad llevaría a adoptar otra decisión trasnochada: la continuación de las operaciones luego de la recuperación del archipiélago y el inicio de una campaña defensiva impensada que daría como resultado una guerra inaudita. Esto jamás se había estudiado en ningún ámbito institucional con el formato de un plan de operaciones ni siquiera intuido en aquellos ejercicios escolares y bosquejos confundidos improvisada y apresuradamente, en el marco de la memoria colectiva e historiográfica, con los planes previos al de 1982, a pesar de la ya citada advertencia que el joven teniente coronel Rattenbach había formulado a comienzos de la década de 1940.
En la insólita creencia de que no sucedería mucho más en el ámbito bélico, hicieron constar que la duración de la campaña militar estaría determinada por la reacción “del país usurpador” y contemplaron la posibilidad de crear un nuevo teatro de operaciones que reemplazara al que originalmente enmarcaría al desembarco y a la conquista de Port Stanley. Sin embargo, lejos de haber pensado que la Junta Militar decidiría lanzarse a un abismo desconocido y para cuyas consecuencias nadie estaba preparado, la suposición de aquella nueva zona de enfrentamiento estuvo basada en el probable empleo de una reserva estratégica conjunta cuya posible actuación describieron en el documento. Esto comprueba que la instauración de un nuevo teatro de operaciones nunca fue incluida en el documento porque hubiera existido alguna sospecha, por mínima que fuera –y mucho menos un plan formal–, de que Argentina se embarcaría en una campaña defensiva contra los británicos para retener el control de las Islas y hacer valer sus derechos sobre la región y reafirmar los añosos reclamos de soberanía, enviando tropas y más tropas –la mayoría de ellas bisoñas y con menos de dos meses de instrucción militar– organizadas de la noche a la mañana.
La defensa de las Islas fue una operación que poco significado había tenido para el gobierno de facto (Aguiar et al. 1985, 22). La excesiva ansiedad que produjo y la inusitada importancia que cobró fueron repentinas luego de que la invasión alteró los ánimos internacionales y la reacción de la comunidad argentina ilusionó a la Junta Militar. “Al iniciarse la operación Azul no se contaba con un plan que contemplara la defensa de las Islas ante una reacción británica.” El plan de campaña correspondiente al TOAS –es decir, la misión de las fuerzas, su organización, forma de empleo, etc.– fue difundido recién el 12 de abril, esto es, diez días después de iniciada la maniobra de desembarco y pasados cinco días desde que se firmara el decreto creando la nueva zona y de que Lombardo asumiera como comandante de dicho teatro. Tal fue la precipitación de los hechos, la arrogancia incontenible en la toma de decisiones y el huracán de improvisaciones que se desencadenó en el más alto nivel de la política y estrategia argentinas que el almirante jamás tomó conocimiento de la existencia de un decreto del poder ejecutivo (el 700/“S”/82) que instituía el nuevo teatro y lo designaba para desempeñar aquel cargo. Algo que no era una mera formalidad pues constituía el primer instrumento legal que respaldaría sus resoluciones. Nunca vio el documento presidencial, por lo que algunos aspectos de vital trascendencia para el desarrollo de las operaciones (como era la determinación de la jurisdicción del teatro) fueron fijados verbalmente. De hecho, el decreto incluía la denominación de la zona, la fecha de creación y el nombre del comandante, pero no el sector que abarcaría.[45] La ausencia de este último dato provocaría un sinnúmero de cuestiones legales y políticas, y de presentaciones jurídicas una vez finalizada la guerra.
Más adelante, la directiva que redactaron presurosamente los integrantes del Comité de Trabajo preveía una segunda fase que se iniciaría el día en que la Junta resolviera emplear el poder militar (Día R) y concluiría con el inicio de la operación de desembarco (Día D); incluía los movimientos de los elementos a las zonas de concentración, el embarque y la aproximación al objetivo. La tercera fase estaba dedicada a la maniobra estratégica operacional que comenzaría el día D y finalizaría con la ocupación del objetivo militar, durante la cual se suponía el desarrollo de las principales operaciones bélicas. Finalmente, la última etapa estaba dedicada al mantenimiento del objetivo conquistado y a la instalación completa del gobierno militar que tendría alcance no únicamente en las Malvinas, sino que su gestión y autoridad se irradiarían hacia las Georgias y Sándwich del Sur. Toda esa región quedaría bajo las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales concentradas en ese gobierno.[46]
El documento fue presentado a los miembros de la Junta Militar en manuscrito. En ese formato lo aprobaron y firmaron al pie. De ese modo, el texto dio lugar para que el Comité de Trabajo redactara también el otro instrumento legal que indefectiblemente tenía que existir para dar marco a lo que se creía una medida disuasoria que acompañaría a las gestiones diplomáticas. Así surgió la Directiva Estratégica Militar n.º 1/82 que incluía gran parte de los conceptos expresados en la ya firmada y especificaba otros, también encuadrados en la más pura doctrina de la guerra clásica.
Entre las disposiciones más relevantes figuraba la desafectación progresiva de los efectivos militares asignados para la reconquista de las Islas y la orden de mantener solamente aquellos que aseguraran una mínima guarnición militar para garantizar el orden local y avalar el cumplimiento de la ley, sin descuidar la eventual defensa de los principales objetivos recuperados. Si bien incluía la transferencia de responsabilidades de las autoridades del TOM a las del TOAS y extendía su alcance operativo a los espacios necesarios para cumplir con la defensa integral del litoral marítimo, sorprendentemente no preveía la asignación de nuevos medios. Solo se tuvieron en cuenta los efectivos y recursos con los que se reconquistarían las Islas, sin desplegar una mayor cantidad de fuerzas a excepción del empleo de aquella reserva conjunta de la que se hablaba en la Directiva de Estrategia Nacional y otra de mayor magnitud con características al menos formales de una reserva estratégica militar conformada por la Brigada de Infantería Aerotransportada IV. Ambas organizaciones permanecerían estacionadas en el territorio continental. Establecía, además, ciertas disposiciones para algunos comandos y elementos que ya estaban creados y para otras organizaciones que deberían crearse. A todos ellos se les imponía como fecha límite el 1º de abril de 1982 para alcanzar un nivel adecuado de capacitación conjunta y el 2 de abril para presentar los planes respectivos.[47] Evidentemente, no existía en aquella ocasión una prognosis estratégica que permitiera diseñar el escenario futuro y más probable. Además, se puede comprobar que la fecha en la que en realidad se inició la maniobra de desembarco no estuvo planificada previamente como el día D, sino que fue vertiginosa e intempestivamente dispuesta cuando se precipitaron los acontecimientos diplomáticos hacia la ruptura de relaciones.
Finalmente, redactaron el Plan Esquemático de Campaña del Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), la última pata de un terceto documental militar insoslayable para otorgar la seriedad política y jurídica necesaria que permitiera legal y legítimamente tomar una decisión cuyas principales acciones ya estaban en desarrollo. Lo hicieron a pesar de que dejaron explícitamente declarado que antes de que se llegara a la aprobación del plan de campaña se imponía realizar un análisis más detallado y global del problema para poder establecer las responsabilidades de todas aquellas agencias que deberían cumplir lo planificado. Tal era la situación de imprevisiones previas y de ausencia de interactuación entre las fuerzas que, hasta ese momento, el Estado Mayor Conjunto jamás había tenido intervención ni había figurado efectivamente entre los destinatarios de alguna de aquellas ideas. Recién el 16 de marzo de 1982 la Junta Militar dispuso dar intervención a ese organismo.[48]
En el mencionado plan esquemático, como mandaban los manuales, se establecía como misión estratégica operacional para los efectivos que operarían en la jurisdicción del TOM la de “ocupar y mantener las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, ejerciendo simultáneamente el gobierno militar del territorio a fin de imponer a Gran Bretaña la aceptación de una solución militar de hecho”. A partir de ese tópico se estipulaba quiénes serían los que se desempeñarían como comandante de teatro, de los componentes terrestre, aéreo y naval, de la fuerza de tareas anfibia y como gobernador militar. En lo que se refería a la fuerza conjunta, el documento estipulaba la ejecución de una maniobra ofensiva convergente cuyo punto de aplicación sería la capital malvinense, combinando una operación anfibia, otra de aerodesembarco y varias acciones de infiltración que permitieran alcanzar la sorpresa y garantizar que todo sería incruento, sin bajas. Luego de explicar las fases de la maniobra, ordenaba actividades a los distintos elementos participantes, entre las que figuraba la exigencia de “lograr un adecuado nivel operativo para [lanzar la ofensiva a partir del] 15 de mayo de 1982”. Nunca hicieron figurar como fecha de inicio de la maniobra al 1º o al 2 de abril, sencillamente porque esa fecha no estaba prevista, ni siquiera esbozada como alternativa. El plan esquemático se completaba con un extenso desglosamiento de las funciones que debía cumplir el futuro gobierno militar a fin de lograr una integración progresiva de la sociedad malvinense a la jurisdicción argentina.[49]
Pero las tareas del Comité de Trabajo no terminaron con la presentación de esos tres documentos. Sus integrantes creían firmemente que lo que se había entendido como una medida de presión y de disuasión ante la intransigencia británica en las negociaciones no podía efectivamente pasar de ese estadio. En caso de que la situación se tornara diferente, la concreción real de todo aquello que los miembros de la Junta Militar tenían en sus mentes y que ellos habían tratado de plasmar en los papeles terminaría en algo desbordante e inmanejable para la Argentina.
Consecuentemente –y con un criterio preventivo de peligrosa alerta–, agregaron a sus presentaciones un conjunto de conclusiones que conminaban a las más altas autoridades del gobierno a evaluar hasta el último detalle y mensurar detenidamente todas las consecuencias de cualquier resolución de lanzarse a una acción bélica. Una de ellas versaba sobre lo que significaría el impacto en los recursos humanos, materiales y financieros que impondría incorporar a las Malvinas como una nueva entidad de carácter provincial al territorio y jurisdicción nacionales. Asimismo, alertaban sobre la posible reacción de los chilenos y lo que podría suceder con la situación interna. La probable pérdida de la sorpresa estratégica fue considerada como un condicionante de la factibilidad y aceptabilidad de toda la operación pues seguramente Gran Bretaña estaría en condiciones de reaccionar empleando sus fuerzas armadas. La determinación de la magnitud de esa potencial reacción, así como la oportunidad en la que pudiera concretarse, resultaban de suma dificultad para los integrantes del Comité de Trabajo, por lo que tampoco podían asegurar cuánto tiempo sería necesario mantener a las fuerzas argentinas en Malvinas. De todas formas, se imponía desactivar la jurisdicción y responsabilidades del comando del teatro de operaciones no más allá de los cinco días de recuperado el control de las islas.[50] “El mantenimiento o seguimiento de la situación estratégica militar [excederá] en demasía las posibilidades del Comando Conjunto [del teatro].”[51] Solo debía quedar una pequeña guarnición a cargo de un oficial superior del ejército como jefe militar en apoyo del gobernador militar. Cualquier otra medida que implicara la prolongación de las acciones bélicas en el territorio malvinense impondría una sobrecarga al sistema militar argentino que debía, además, dedicarse a contener el conflicto con el país vecino y la situación política interna.[52]
Todas esas advertencias formuladas por los integrantes del Comité de Trabajo corroboran que los tan mentados y supuestos planes de guerra previos a 1982 no existían. De haberse confeccionado esos planes, hubieran sido estudiados y perfeccionados por los Estados Mayores en el más absoluto secreto, modificándolos, actualizándolos contemplando todos los aspectos propios de un documento formal, legal, legítimo y debidamente preparado, incluidas aquellas severas alarmas promovidas por el Comité que hubiesen dado lugar, en varias oportunidades durante el transcurso de los años anteriores a la adopción e inclusión de los recaudos adecuados e impostergables para minimizar hasta la nulidad cualquier sesgo de improvisación irresponsable. Sin embargo, a pesar de las advertencias, las intenciones de la Junta Militar se mantuvieron orientadas hacia la resolución de emplear las fuerzas a toda costa en caso de que Londres no admitiera, una vez más, los históricos reclamos argentinos y no se aviniera a negociar una solución definitiva.
Sumado a ello, se presentó un cisne negro que precipitó todo lo endeblemente previsto: en las Georgias se había producido un confuso episodio entre los operarios de Davidoff y el personal británico que allí residía, lo que fue considerado un agravio por el gobierno de la Corona. Consecuentemente, el HMS Endurance zarpó de Port Stanley con más de veinte marinos a bordo rumbo a esas islas para resguardar a sus compatriotas. Al tomar conocimiento de este movimiento, el 23 de marzo se resolvió que el ARA Bahía Paraíso transportara a un grupo de infantes de marina para proteger a los obreros del empresario. Al día siguiente desembarcaban en Port Leith. Las noticias que circulaban por todo el mundo no anunciaban sino un agravamiento de la situación, incluyendo la segura posibilidad de que un submarino nuclear británico se encontraba en camino hacia el Atlántico Sur. Apreciando la situación de escalada que habían tomado los acontecimientos, se le ordenó al comandante del buque británico ejercer una presencia militar en la zona, mientras que el RRS John Biscoe, que estaba en Montevideo efectuando el relevo de los marinos que habían prestado servicios en Port Stanley, regresó rápidamente con ellos a las Malvinas y el RRS Bransfield, que fondeaba en Punta Arenas, puso proa hacia la zona de las Georgias para unirse también al Endurance.
Por su parte, recién el 26 de marzo la Junta Militar resolvió ocupar militarmente la capital malvinense y subordinar la operación Alfa, en pleno desarrollo en las Georgias, al responsable de la operación Azul y comandante del futuro TOM, general García. De esta forma, las dos acciones estarían bajo el mando de un solo jefe. Simultáneamente, se ordenó que la corbeta ARA Guerrico se dirigiera al sur con cuarenta infantes de marina y se uniera al Bahía Paraíso. Estas fuerzas, junto con el grupo que había desembarcado en Leith y los dos helicópteros (un Alouette naval y un Puma del Ejército) asignados a este buque, conformarían el Grupo de Tareas 60.1 (Moro 1986, 61-62).[53]
Como un eslabón más de la cadena de improvisaciones, nada de todo ese despliegue estaba siquiera mínimamente esbozado ni mucho menos previsto u organizado. Tanto el comandante de la corbeta Guerrico como el jefe de la fracción de marinos que debían embarcarse y partir hacia las Georgias no tenían siquiera un vago indicio de lo que estaba sucediendo en realidad. Tal era la situación de imprevisión que el buque se hallaba en dique seco, en reparación en la base de Puerto Belgrano. El capitán Carlos Alfonso, comandante de la embarcación, recibió la orden de viajar de urgencia a Buenos Aires, donde se le ordenó trasladarse con una sección de infantes de marina a cargo del teniente Luna y transportar además equipo, armas y munición para los efectivos que estaban embarcados en el Bahía Paraíso, liderados por el teniente Alfredo Astiz. Se suspendieron las tareas de mantenimiento, embarcaron todo y zarparon hacia el sur. Durante una travesía coronada por el mal tiempo constante, el 1º de abril Alfonso recibió una nueva orden: ocupar Grytviken y controlar las Georgias del Sur (Alfonso 2012, 50-53).
Mientras esto sucedía, los oficiales del Estado Mayor del comando de Infantería de Marina, a órdenes de Carlos Büsser, que estaban planificando una maniobra con probabilidad de ejecutarla, según vimos, a mediados de mayo, recibieron la orden de adelantar todo y de estar en condiciones de lanzarla a partir del 1º de abril. Aceleraron como pudieron las actividades y a contrarreloj terminaron el “plan de operaciones nº 1/“S”/82 de la Fuerza de Tarea Anfibia (F.T. 40)” para desarrollar la denominada operación Azul. Ese elemento estaría organizado sobre la base de los buques ARA Santísima Trinidad (que sería el navío insignia), el ARA Cabo San Antonio, el ARA Almirante Irízar, el ARA Isla de los Estados (como transporte); el ARA Hércules, el ARA Drumond y el ARA Granville como grupo escolta, de apoyo y desembarco; y el submarino ARA Santa Fe, que trasladaría a los buzos tácticos. El comandante de la mencionada operación sería el general Osvaldo García (embarcado en el Santísima Trinidad), el de la Fuerza de Tarea 40 y segundo de la operación Azul, el contralmirante Gualter Allara, y el de la fuerza de desembarco el contralmirante Büsser.[54]
Los efectivos que llevarían a cabo las acciones contra los diferentes objetivos en Port Stanley eran el 2do. Batallón de Infantería de Marina, una agrupación de comandos anfibios, un grupo de buzos tácticos, una sección de tiradores del Regimiento 25 de Infantería (Ejército) y una reserva de infantes de marina. Su misión era ejecutar de forma incruenta un asalto anfibio nocturno, tratando de obtener el mayor grado de sorpresa posible, para
capturar el cuartel y los efectivos de los royal marines […] colaborar con la captura del aeródromo […] y efectuar el control de la población, a fin de contribuir a ocupar y mantener las ISLAS MALVINAS ejerciendo simultáneamente el Gobierno Militar del territorio.
Dentro de los objetivos a conquistar se encontraban, además de Port Stanley, la localidad de Darwin, “Ganso Verde” (Goose Green o Pradera del Ganso) y Fox Bay. Cumplidas todas las tareas, la Infantería de Marina transferiría las responsabilidades a las fuerzas del Ejército que debían trasladarse por modo aéreo. Una vez que esto hubiese sucedido, los marinos se replegarían a sus bases de origen.[55]
El 28 de marzo de 1982 zarpó la Fuerza de Tarea Conjunta rumbo al sur. Además de los ajustes operativos de detalle y de las órdenes de rigor, el general García contribuyó a la emoción de los argentinos embarcados con un conjunto de ideas rectoras sobre cómo debía llevarse a cabo la operación. Entre otras consideraciones, resaltó que todos debían tener la más absoluta convicción de que las acciones se llevarían a cabo en territorio propio, no extranjero, por lo que debía evitarse al máximo cualquier daño sobre las personas y las cosas. Debían ganarse rápidamente la adhesión de los malvinenses, respetar la propiedad privada, su estilo de vida, sus símbolos.[56] Por su parte, Büsser habló por los altavoces anunciando, también en un emotivo tono, lo que debían realizar las tropas bajo su mando. Muchos de los que participarían de la operación confirmaron allí sus sospechas sobre el destino real de los barcos; su orgullo y emoción quedarían reflejados en sus relatos posteriores.
Lo que había comenzado como la Operación Azul, que debía lanzarse en mayo, se transformó con el consentimiento de Büsser en la Operación Rosario, una alusión a la fiesta de la Virgen del Rosario, nombre que connotaba la destrucción de los infieles. Aunque era un dato menor para todos y el comandante de la fuerza de desembarco no era afecto a denominar las operaciones de forma particular, entre sus más directos colaboradores se vio la necesidad de darle un nombre. El primero de los que se propuso durante el planeamiento fue el de “Operación Carlos” porque así se llamaban varios de los oficiales que participaban en la tarea, además del comandante. Ante la desaprobación de Büsser, la operación quedó sin nombre hasta que fue denominada Azul. Pero, mientras navegaban hacia el objetivo con un mar bastante embravecido, el teniente coronel Mohamed Alí Seineldín –jefe del Regimiento 25 de Infantería y a cargo de las tropas del Ejército– le recordó que, en ocasión de la primera invasión inglesa al Río de la Plata en 1806, Santiago de Liniers había orado frente a la Virgen del Rosario antes de la Reconquista de Buenos Aires. Büsser pensó que, en todo caso, si la operación debía llevar el nombre de una de las advocaciones de la Virgen, ese tenía que ser el de Stella Maris, patrona de los marinos. Pero entre charlas emotivas y otras preocupaciones mayores, no le prestó mayor atención. Aun así, luego de conversar con García y con su autorización, la operación se denominó finalmente como se la conoció en aquellos días y hasta hoy. “Usted va a ver, señor, que mañana la Virgen del Rosario va a dominar el viento y el oleaje y va a hacer que tengamos un excelente tiempo para el desembarco”, le dijo Seineldín cuando se enteró de la resolución definitiva (Büsser 1984, 64-65).
Reflexiones finales
A nuestro interrogante principal respecto de si había existido antes de 1982 un plan para la recuperación de las Malvinas y el empleo de las Fuerzas Armadas en una probable guerra con Gran Bretaña, llegamos a la conclusión de que no fue así.
Sobre la base de lo analizado y expuesto podemos afirmar que la versión sostenida respecto de que los uniformados argentinos habían planificado durante décadas, formalmente, la recuperación de las Islas Malvinas y las operaciones militares posteriores para mantener el control de la zona, fue construida en torno a meras elucubraciones que, haciendo uso de la sinonimia, consideraron como un plan verdadero a ciertas ideas, iniciativas, juegos de guerra educativos, memorándums de entendimiento y esbozos en borrador. Jamás se completaron los estudios estratégicos militares ni políticos que debieron haberse realizado antes de 1982 en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, del de Defensa y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. En consecuencia, la Junta Militar tomó gravísimas decisiones que comprometieron la vida de muchas personas –y que en muchos casos terminaron con ellas– sin contar con esos estudios y asesoramientos.
Los relatos que sostienen la existencia de un plan militar anterior a 1982 para la recuperación de las Malvinas son algunas de las tantas interpretaciones especulativas que se plantearon con relación a los hechos sucedidos desde 1940 a los que hicimos alusión en el capítulo. Si se analizan a la luz de las especificidades técnico-militares las ideas, hipótesis, intenciones o los supuestos que unos pocos integrantes de la Armada Argentina –así como los departamentos de Estado referidos anteriormente– concibieron y esbozaron durante el siglo XX y antes de que comenzara a prepararse la operación de desembarco, resulta que nada de todo aquello constituyó un plan en el estricto sentido de la palabra.
Con excepción de la minuciosa y exigente labor desarrollada por el Comité de Trabajo para darle forma legal a lo que pretendía la Junta desde el punto de vista militar y de las tareas detalladas y reglamentarias llevadas a cabo por Büsser y su Estado Mayor para concretar el desembarco en el territorio malvinense, todo lo demás, realizado o esbozado con anterioridad a abril de 1982, no respondió a un plan reglamentario. Mucho menos fue la resultante de un protocolo de estudios, análisis, pasos y etapas que diera como producto un modo de acción aceptable con sus respectivas variantes, sino que fue obra de ideas individuales, iniciativas particulares o exigencias académicas y de instrucción sucedidas a través de los años. Lo acontecido en el plano militar en los días iniciales de abril de 1982 se basó en las ideas y las resoluciones obcecadas de los principales gobernantes de facto, quienes, desoyendo las advertencias de sus subordinados, terminaron por enviar a las personas y los recursos del país “a una guerra cuyos términos no habían sido evaluados convenientemente, ni tampoco considerados en la apreciación inicial”.[57]
Tal vez las expresiones que mejor resumen la base de improvisación absoluta en la que se asentó aquella contienda en su totalidad y que demuestran la inexistencia de un plan de guerra previo, son las que esgrimieron Galtieri y Anaya, máximos jerarcas de la Junta Militar, a modo de justificación de un desastre mortal al que habían llevado a la República y que pudiera haberse evitado: “La decisión de enfrentar a la reacción británica era una cuestión impostergable, era la única que cabía desde el punto de vista de la dignidad y el honor nacional”, afirmó el primero de ellos.[58] Mientras que Anaya aseguró de forma resuelta que
salvo el momento de la ocupación de Malvinas […] lo demás, en el orden nacional, jamás se planificó. […] Sobre Malvinas, nunca nadie hizo nada [relacionado con el planeamiento] […] Contra Inglaterra no había absolutamente nada. […] Yo tenía perfectamente claro […] que no podíamos pretender una victoria militar. […] Sabíamos que militarmente íbamos a perder. […] Para mí era necesario defender los derechos argentinos para la historia, con sangre […] [demostrar que] lo que nosotros [creíamos] que era nuestro lo [defenderíamos] con nuestra sangre.[59]
Además de la documentación analizada que nos permite corroborar nuestra hipótesis de que no existió desde la década de 1940 un documento formal, legal y fundamentado que pudiera ser considerado profesionalmente un plan de guerra, también debemos centrar la atención en la realidad que se vivió de abril a junio de 1982, es decir, en las operaciones navales, aéreas y terrestres durante todo el período de enfrentamientos bélicos, en el cual reinó la cultura de la improvisación en los más altos niveles de la dirección política y militar del conflicto.
No existió, siquiera, un lineamiento estratégico militar antes del inicio de las actividades de los que, de forma apremiante, tuvieron que prever y preparar las acciones bélicas, sino que todo se ajustó a la coyuntura política interna, regional e internacional que vivía la Argentina en aquellos tiempos. Como se desprende de la declaración que citamos más arriba, puede inferirse que el principal motivo de la trágica resolución de ir a la guerra se basaba en la pura retórica de aspecto ornamental, patriótico o epopéyico; pareciera que en la cima de la pirámide del poder primó la idea de que había que dar esa cuota de sangre que demostrara al mundo que los argentinos estaban interesados en las Islas Malvinas y que con ello el problema quedaría resuelto más allá de los planes, las estrictas previsiones militares, los documentos, las gestiones políticas y tratativas diplomáticas.
Asimismo, vale la pena observar la fecha en la que se firmó el decreto 675/S/82 que oficializaba la creación del TOM: el 1º de abril, esto es, cuando la fuerza de desembarco ya estaba en marcha hacia Port Stanley. Lo que significa que tampoco ese documento estuvo presente en la mente de los decisores, en el marco del tan mentado y supuestamente vigente plan estratégico militar –ni mucho menos operacional– al que algunas versiones aceptadas e incorporadas a la memoria colectiva ubican como existente desde la primera mitad del siglo XX.
Más allá de estudiar si los resultados de los combates llevaron a la victoria o a la derrota, la evaluación de lo acontecido resultaría extremadamente diferente si la escalada de la crisis hubiese estado respaldada por un planeamiento previo, llevado a cabo con toda la seriedad del caso, habiendo considerado con todo detalle las contingencias posibles y, desde luego, las probables o seguras consecuencias. De la misma forma, con la existencia de un verdadero plan militar para ir a la guerra, profesional, estratégico y político, con todas sus variantes y derivaciones, estudiado con la necesaria anticipación, contando con información adecuada, hubiera reducido a su mínima expresión las probables improvisaciones. Incluso, si igualmente la resolución de usar la fuerza militar se hubiese basado en las emociones, en los impulsos de trasnoche, en la pura retórica y en la coyuntura política –como efectivamente sucedió en 1982–, al existir un plan de guerra previo las organizaciones tácticas hubieran contado con un marco razonable para librar sus combates, independientemente del desenlace final.
De haberse contado con ese documento anterior, delineado y practicado durante décadas, fundamentado por una preparación y capacitación de los combatientes acerca del ambiente operacional del archipiélago con todos sus componentes, mejor controlada –e incluso mínima– hubiese resultado aquella endeble e imperdonable cadena de imprevisiones que dejó librada la suerte de las armas al esfuerzo titánico, heroico y asombroso de los combatientes argentinos comprometidos en la línea de fuego, en el frente de cada combate y en las posiciones defensivas. Allí, entre los bombardeos y los ataques británicos, entre las valientes acciones de los oficiales, suboficiales y soldados argentinos, no hubo tiempo de pensar en si los mandantes habían razonado y previsto todo lo vinculado con la guerra. Allí, en el ámbito de la táctica pura, sin un plan serio elaborado por los que se consideraban estrategos, solamente se cumplieron tenazmente, con muchas cuotas de sangre, las misiones asignadas, tremendamente difíciles de concretar a raíz de las ausencias de previsiones de la alta política y de los errores provocados por la estrategia.
Inclusive, si se tiene en cuenta la probabilidad de que –según Helmuth von Moltke– un plan pueda quedar desbaratado al primer contacto con el enemigo, de haberse preparado tal documento con todas sus implicaciones hubieran existido las variantes que debieran haberse estudiado como alternativas al plan principal a fin de sobreponerse a esa posible dislocación y continuar por otras líneas en la búsqueda del éxito definitivo y de la victoria anhelada y necesaria.
Aún más, si asumiéramos que la probabilidad esbozada por el mariscal prusiano –que era conocida por los militares– pudiera haber inducido a los responsables de decidir el empleo de la fuerza a no abundar en demasiadas previsiones –toda vez que el plan quedaría inutilizado en el primer choque–, no estaríamos habilitados para justificar la ausencia de una planificación adecuada que cumpliera todos los protocolos legales y reglamentarios a fin de evitar al máximo las improvisaciones. Tampoco, considerando idéntica probabilidad, estaríamos autorizados a aceptar la versión de que aquellos borradores y esbozos fueron los verdaderos planes que permitieron desencadenar los acontecimientos de 1982.
Finalmente, de haber existido efectivamente un plan militar elaborado desde aquellos años en que Villanueva pensó el suyo para aprobar el curso de la Escuela de Guerra y que su existencia no haya sido una deducción basada en las analogías, muy diferente sería el análisis de los hechos que pusieron en juego, tan luego, la integridad y la existencia humana para concretar la restauración del inclaudicable derecho soberano de la Argentina sobre las Islas Malvinas, sus adyacencias y otros territorios insulares del Atlántico Sur, violado desde hace casi dos siglos.
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