Medicación con psicofármacos en las infancias
y adolescencias del Uruguay

Sofía Angulo, Adriana Cristóforo, María Noel Míguez
y Lucía Sánchez

Introducción

La medicación con psicofármacos en Uruguay, en el marco de un histórico y actualmente intenso proceso medicalizador, da cuenta de una temática que desde comienzos de este milenio ha venido generando antagonismos. Por un lado, desde la academia se visualizan dos posturas opuestas: aquella proveniente desde las neurociencias, a través de las cuales los sujetos quedan cosificados en cerebros y/o cuerpos que funcionan o no funcionan, y por ende requieren reparación; y la surgida en los últimos años desde una mirada psicosocial, donde el sujeto es productor y producto de su historia singular y colectiva y, por ende, con el derecho de elegir su cotidianidad y proyecto. Entre estas dos polarizaciones, que como todo tiene sus colores intermedios, se mece la vida cotidiana de los sujetos en un vaivén que muchas veces pareciera de desconcierto. Cuando a partir de los procesos de sociabilidad, se interioriza desde los primeros años de vida que el saber médico es “el saber” y, además, se refuerza esta consideración desde dispositivos normativos y estatales, se hace bastante difícil encontrar márgenes de maniobra para no caer en la primera postura planteada desde la academia, ya sea por acción o por omisión.

A través de una mirada interdisciplinaria desde la psicología, la sociología y el trabajo social, se propone en este capítulo reflexionar en torno a tales naturalizaciones y legitimaciones, para intentar deconstruir lo dicho y lo no dicho sobre los procesos de medicalización y los actos de medicar con psicofármacos en las infancias y adolescencias^[1] del Uruguay.

Se parte de una postura ético-política de concebir a todos los sujetos desde una perspectiva de derechos, sin distinciones entre ciudadanos “de primera” y “de segunda”. No hay posturas académicas que se demarquen por esa lógica y menos aun sujetos concretos, más allá de la edad, condición social, género, etc.. La libertad de palabra en el marco del respeto está signada por la confianza y apuesta singular y colectiva a que los sujetos en sociedad planteen sus perspectivas desde sus saberes y pareceres, lo cual no debe aniquilar los saberes y pareceres ajenos, sino, en todo caso, ser el puntapié para promisorias discusiones que logren traspasar instancias de repliegues. Ello no solo nutre a la academia, sino que es una apertura directa hacia la sociedad toda.

En este sentido, más allá de que este trabajo se plantee desde una mirada psicosocial en clave de derechos, se avanza en el conocimiento de las lógicas hegemónicas que se despliegan detrás de otras perspectivas. Lo sustancial en todo este entramado es dilucidar con claridad que, en lo que hace a los actos de medicar las infancias y adolescencias con psicofármacos en nuestro país, producir y reproducir estas lógicas no está carente de ideología y tiene consecuencias inmediatas en la población.

La lógica de exposición que se plantea en el presente capítulo consiste en una primera parte de presentación de datos concretos en torno a la temática, y en una segunda parte de deconstrucción de dichos datos fenoménicos hacia un análisis que permita su trascendencia en lo reflexivo. Se cierra el capítulo con algunas reflexiones que se conciben como insumos para posteriores análisis.

Uruguay en datos

Uruguay ha sido observado en múltiples oportunidades por parte de organismos internacionales debido al abuso en el empleo del metilfenidato y el exceso en el diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). En 2005, el Comité de los Derechos del Niño estableció en este sentido:

Al Comité le preocupa también la información de que se han diagnosticado erróneamente el trastorno de la concentración e hipercinesia y el déficit de atención y que, por lo tanto, se han prescrito en exceso fármacos psicoestimulantes, a pesar de que los efectos perjudiciales de esos fármacos son cada vez más evidentes.

El Comité recomienda que se realicen estudios más a fondo sobre el diagnóstico y el tratamiento del trastorno de la concentración e hipercinesia y del déficit de atención, en particular sobre los posibles efectos negativos de los fármacos psicoestimulantes para el bienestar físico y psicológico de los niños, y que se utilicen en la medida de lo posible otras formas de manejo y tratamiento de esos trastornos del comportamiento (Comité de los Derechos del Niño, 2005: párrafo 50).

En 2010, el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas advirtió al país en el sentido de que tomara medidas eficaces para hacer frente al aumento de la administración del metilfenidato en niños y niñas:

30. El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas eficaces para hacer frente al aumento de la administración de la droga Ritalina a niños como método de controlar su conducta (Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, 2010: 3).

Más cercano en el tiempo, en 2015, el Comité de los Derechos del Niño nuevamente observó a Uruguay esta vez en los siguientes términos:

47. El Comité señala la falta de información sobre la situación actual con respecto a la administración de metilfenidato a los niños con déficit de atención e hipercinesia o déficit de atención (subrayados nuestros).

48. El Comité recomienda al Estado parte que realice un estudio para evaluar la situación de los niños a los que se ha diagnosticado déficit de atención e hipercinesia o déficit de atención, y la prescripción de psicoestimulantes como el metilfenidato (subrayado en el original) (Comité de los Derechos del Niño, 2015: 11).

Esta serie de observaciones da cuenta de las escasas acciones que Uruguay ha realizado para mejorar lo que el Comité le ha señalado consecutivamente, sustancialmente en lo que tiene que ver con cambios en las prácticas médicas y en controles firmes por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) respecto de cómo y a quiénes se administra el metilfenidato.

Asimismo, la ausencia sistemática de datos desde el MSP no es un tema menor, ya que resulta sustancial contar con ellos desde el órgano rector del suministro de medicamentos en el país. Como esta ausencia persiste, se pueden retomar como insumos cuantitativos, en torno a la temática, datos generados desde integrantes de la Cátedra de Psiquiatría del Hospital Pereira Rossell (CHPR) hace casi una década:

En el período julio a diciembre 2001 en la Farmacia del CHPR se dispensaron 199.800 mg (666 blisters) de este medicamento, y en el mismo periodo de 2006 el consumo aumentó a 321.300 mg (1.071 blisters). La dispensación aumentó 62%. En el 2002 en la Farmacia del HV se dispensaron 181,800 mg (606 blisters) y en el 2006 aumentó a 419,120 mg (1397 blisters). En esta farmacia la dispensación aumentó 43%. Es probable que este aumento en la dispensación se relacione con aumento en el consumo (Goyeneche et al, 2008: 278).

Por esos años, el Observatorio del Sistema de Justicia de la Fundación Justicia y Derecho de Uruguay, en una serie de acciones judiciales que comenzaron en 2007 y culminaron en 2009, emplazó al MSP en un primer momento a que brindara información respecto de la importación del metilfenidato, en tanto droga que se compraba (y continúa comprando) en Argentina.

En Uruguay, debido a la legislación vigente y a los controles a los cuales dicha sustancia debería estar sometida de conformidad con la Convención de Psicofármacos de Naciones Unidas, el MSP tiene una intervención necesaria en el procedimiento de este fármaco, en el sentido de que es el órgano de control de este tipo de transacciones (Palummo, 2015: 84).

Luego de varias instancias se logró que la Justicia dispusiera que el MSP proporcione la información respecto de la importación y fabricación de medicamentos que tienen esta droga. El gráfico 1 muestra los datos proporcionados por el MSP respecto de la importación, siendo este informe el único que desde el decreto del Poder Judicial ha hecho público dicho ministerio.^[2] A partir de esto, se logró contar con la siguiente información: en 2010, el total de las autorizaciones de importación emitidas por el MSP equivalieron a un total de 16.816 gr de metilfenidato, de las cuales en el período enero-junio de dicho año el MSP comunicó el uso de 9.171 gr, es decir, más de la mitad prevista para el año entero se usaron en el primer semestre.

Gráfico 1. Importación de metilfenidato en Uruguay
entre 2005 y 2010 (en gr)

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Salud Pública. Departamento de Medicamentos. Sector Sicofármacos Estupefacientes, Precursores y Productos Químicos.

En 2011, el Departamento de Medicamentos del MSP realizó un informe sobre el Metilfenidato, en el cual señaló que en Uruguay esta droga es considerada un estupefaciente a partir de la Ley Nº 17.016, del año 1998.

Si bien el Metilfenidato es considerado un Psicotrópico Lista II para la J.I.F.E., en nuestro país es considerado como un estupefaciente, con todos los controles especiales que ello implica. La prescripción de Metilfenidato, debe realizarla el Profesional Universitario competente, en recetario oficial triplicado de Estupefacientes habilitado por el Ministerio de Salud Pública de color Naranja para Instituciones Privadas y Amarillo para Instituciones Públicas. La vía “Original” de la receta de Estupefaciente, debe ser remitida trimestralmente al Sector Psicofármacos del Ministerio de Salud Pública, la vía “Duplicado” debe permanecer en la Farmacia y la tercer vía debe permanecer en poder del Profesional responsable de la prescripción (MSP, 2011a: 1).

Según datos recabados en dicho informe, se constató que el 30% de las recetas eran realizadas por médicos de medicina general, y se exhortó a las instituciones y al personal médico a dar cumplimiento de la normativa.

El comunicado del Departamento de Medicamentos en la Página web del Ministerio de Salud Pública de fecha 25 de febrero de 2008, menciona que el MSP ha analizado las recetas prescriptas durante el año 2007 para el uso de Metilfenidato y constató que más del 30% de las prescripciones son realizadas por profesionales de Medicina General, siendo la clasificación de este principio activo dentro del Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) “b”, que corresponde a prescripción exclusiva por especialistas, por lo que exhorta a las Instituciones y al cuerpo médico Nacional a dar cumplimiento de la norma establecida (MSP, 2011a: 3).

Este informe surge a propósito de ciertos incumplimientos detectados en relación con un comunicado del MSP de 2009, en el que se señala que la Agencia Europea de Medicamentos advierte sobre las condiciones de uso del metilfenidato, entre las que se encuentran:

3. El tratamiento con Metilfenidato debe realizase bajo supervisión de un especialista en trastornos del comportamiento en niños y/o adolescentes.

4. Dado que el Metilfenidato puede presentar efectos adversos cardiovasculares (aumento de la presión arterial y trastornos del ritmo cardíaco) se debería realizar un examen cardiovascular antes del inicio del tratamiento así como un seguimiento periódico durante el mismo (MSP, 2009).

Mientras tanto, algunos reconocidos profesionales de la psiquiatría infantil justificaban el aumento en el consumo del metilfenidato en el hecho de que actualmente también están siendo diagnosticados con TDAH los adultos y, por lo tanto, medicados con esta droga. Hasta el día de hoy no existen en Uruguay datos accesibles en relación con la edad de los sujetos a los que se les indica metilfenidato (Muñoz, 2010; Castillo, 2010).

Tal como se viene especificando, los datos recabados en torno al uso del metilfenidato según edad, género, clase social son mínimos, y los que aparecen con mayor especificidad son los obtenidos a partir del objeto de las acciones judiciales. Esta información, aunque mínima, al menos da algunos datos para analizar, algo que no sucede con otros psicofármacos utilizados para las infancias y adolescencias en Uruguay, como por ejemplo, la risperidona, profusamente indicada según lo que se ha recabado en algunas investigaciones (Míguez, 2011; Míguez et al., 2014).

Por ello, resulta un insumo interesante lo que se conoce a través de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Educación Media de la Junta Nacional de Drogas (JND), que se realiza cada bienio desde 2002. A partir de esta se han podido obtener algunos datos sobre el consumo de tranquilizantes y estimulantes^[3] en adolescentes entre 13 y 17 años. Estas drogas, con pequeñas variantes, están en el quinto y sexto lugar del consumo, luego del alcohol, energizantes, tabaco y cannabis^[4] (JND, 2002, 2007, 2011, 2014). En ese sentido, resulta pertinente destacar que si bien dicha encuesta reconoce los tranquilizantes y estimulantes dentro de este grupo de “sustancias problemáticas”, a diferencia de los cuatro primeros de la lista, no existen en el país políticas preventivas en torno al consumo problemático de los tranquilizantes y estimulantes.

Puesto en datos, el 15% de los y las adolescentes escolarizados había consumido algún tipo de tranquilizante en su vida, según lo recabado en la Encuesta de 2002; el 18% en la de 2007; el 16,4% en la de 2011; y el 14,6% en la de 2014. Con respecto al consumo de estimulantes, en la Encuesta de 2002 el 6% de los y las adolescentes escolarizados declaraban haber consumido alguna vez en su vida esta sustancia; el 3,8% en la de 2007; el 3,7% en la de 2011; y el 3,7% en la de 2014 (JND, 2002, 2007, 2011, 2014). De este modo es posible sostener que, desde 2002, uno de cada seis adolescentes ha consumido tranquilizantes y 1 de cada 25 adolescentes ha consumido estimulantes.

Desagregado aun más, con respecto al consumo de tranquilizantes,^[5] se destaca que entre los y las adolescentes de 13 a 17 años que asisten a algún centro educativo de enseñanza media, y que han consumido alguna vez algún tipo de tranquilizantes, el 36% son varones y el 64%, mujeres. A su vez, esta diferencia por sexo, al ser desagregada en función de las edades, pone en evidencia un crecimiento del consumo a medida que aumenta la edad y una tendencia a la feminización del consumo de tranquilizantes. De los y las adolescentes de entre 12 y 14 años, el 10,4% de las mujeres y el 7,7% de los varones han consumido alguna vez tranquilizantes; entre los 15 y 17 años el 20% de las mujeres y el 14,1% de los varones. Y entre los de 18 a 20 años, el 27% de las mujeres y el 14,9% de los varones ha consumido (JND, 2014).

Si se observa el consumo de este tipo de sustancias por zona de residencia, no se visualizan diferencias significativas entre los y las adolescentes radicados en Montevideo y los radicados en el interior del país. Lo mismo sucede con respecto al centro educativo al que asisten, ya que no se registran diferencias entre los y las adolescentes que asisten a centros de enseñanza públicos, a centros de enseñanza secundaria privada o a centros de educación técnico-profesionales. Esto permite dar cuenta de una distribución homogénea en el territorio y en los centros de estudio, al tiempo que se destaca la diferenciación en el consumo de tranquilizantes entre varones y mujeres adolescentes.

La edad de inicio de consumo de tranquilizantes pone de manifiesto un inicio precoz, ya que alrededor del 70% de los y las adolescentes los consumieron por primera vez entre los 12 y 16 años. Ello lleva a interpelar las dinámicas que se producen en la educación media y las prácticas de medicalización en torno a las infancias y adolescencias en el país. En este sentido, otro dato que cobra relevancia es la referencia sobre la prescripción médica del tranquilizante. En Uruguay, la gran mayoría de los adolescentes escolarizados consumen tranquilizantes que han sido recetados por prescripción médica, aunque, sin embargo, uno de cada cinco adolescentes los consumen sin tal prescripción (JND, 2014).

Con respecto al consumo de estimulantes,^[6] los datos arrojan resultados sensiblemente menores a los del consumo de tranquilizantes. En Uruguay, de los y las adolescentes de 13 a 17 años que asisten a algún centro educativo de enseñanza media, el 3,7% ha consumido algún tipo de estimulante, siendo el 52% varones y el 48% mujeres. A su vez, tal como se realizó el análisis del consumo de tranquilizantes, esta diferencia por sexo, al ser desagregada en función de las edades, pone en evidencia una tendencia a la masculinización del consumo de estimulantes.

Si se observa el consumo de este tipo de sustancias por zona de residencia de los y las adolescentes, al igual que sucede con los tranquilizantes, no manifiesta diferencias entre los que residen en la capital del país y los que residen en el resto de los departamentos; ni tampoco con relación al tipo de centro educativo al que asisten.

Con respecto a la edad de inicio del consumo de estimulantes, se observa que el primer consumo prevalece entre los 12 y los 16 años, más allá es posible visualizar el inicio del consumo en etapas escolares en 4 de cada 10 adolescentes que han consumido estimulantes. Por otra parte, 3 de cada 10 adolescentes, de 12 a 14 años, consumen este tipo de sustancia sin prescripción médica.

A partir de los datos recabados de las encuestas realizadas por la JND se puede observar una tendencia en la cual esta práctica de consumo reflejaría el proceso de medicalización de la vida cotidiana, la supremacía del saber médico en el sistema educativo y la psiquiatrización de las conductas, percepciones y sentimientos de los y las adolescentes.

Infancias y adolescencias en clave de derechos: interés superior ¿de quién?

Las infancias y adolescencias como construcción socio-cultural evidencian (cada vez con más fuerza) que los niños, las niñas y los adolescentes de hoy día no son “como los de antes”, y que se apropian del mundo de una forma muy distinta que décadas atrás. Lo mencionado da cuenta de la necesidad de repensar cómo se manifiestan estas actualmente, pero también las formas de vivir y transitar las adulteces.

Las demandas del mundo actual exigen y basan su accionar en eficacia, efectividad y rendimiento, suponiendo la necesidad de educar sujetos que, adaptados a un sistema preestablecido, respondan satisfactoria y rápidamente a los requisitos del capital. Los datos presentados en el punto anterior dan cuenta cabal de una de estas formas de disciplinar cuerpos de las infancias y adolescencias desde un mundo adulto que exige la reproducción de tales pautas hegemónicas.

En este contexto, de acuerdo con Vasen, se asiste a la configuración de “modos neoliberales de producción de subjetividades y lazos sociales” (Vasen, 2016: 2), que generan distintos dispositivos productores de subjetividad, claramente vinculados a la espectacularización de lo íntimo mediante el uso de diversas tecnologías. Por la misma línea Janin plantea que

Los avances tecnológicos suponen una apertura, una posibilidad de conexión con el mundo que es absolutamente novedosa y enriquecedora. Poder comunicarse casi instantáneamente con el resto del mundo amplía el universo, abre caminos, permite una información al instante e inclusive facilita sostener vínculos a distancia. Pero también trae aparejadas nuevos modos de angustias y soledades (Janin, 2015: 2).

Entonces, ¿cuán preparado está el mundo adulto para dar respuesta a estas nuevas angustias? ¿Se encuentra realmente disponible para ello? ¿Está en condiciones reales de dar respuestas que apunten a la potenciación de las infancias y adolescencias en esta nueva configuración de la conectividad? ¿O más bien se les exige respuestas del siglo XX, por lo menos en el plano educativo, a estas infancias y adolescencias del siglo XXI?

La inmediatez y búsqueda de soluciones rápidas ante determinadas situaciones son una de las principales características del mundo moderno, inclusive cuando se trata de abordajes hacia las infancias y adolescencias, lo cual ha venido generando sustanciales conflictos. No hay tiempo para procesos, para la espera, todo debe resolverse ya. Y ese ya está cargado de formas de solucionar las inmediateces desde adultos que pasaron sus infancias y adolescencias en un mundo del siglo XX sustancialmente diferente al actual.

Es en este contexto que los psicofármacos surgen como una solución ideal a un mundo con exigencias cada vez más ideales (y que muchas veces parece humanamente fuera de la realidad) de un deber ser hegemónico. Las infancias y adolescencias del Uruguay van quedando constreñidas a las disposiciones unidireccionales de saberes específicos de profesionales que desde sus subjetividades y experticia determinan qué es lo mejor para estos sujetos en proceso de construcción de sus identidades, proyectos, vida cotidiana, etc.; profesionales adultos cuyos procesos de sociabilidad estuvieron marcados por un fin de siglo convulsionado en lo político, en lo económico, en lo ideológico, pero que distó de la revolución tecnológico-virtual de las últimas dos décadas que hizo sustancia medular en la sociabilidad de las infancias y adolescencias de hoy día. (Des)encuentro generacional complejo que corta por el lado más fino de la cuerda.

A ello se le suma el factor (para nada menor) de que cada vez más esta temática está comandada por grandes corporaciones que crean y sostienen patologías cuando, generalmente, se trata de exteriorizaciones de formas de ser y estar en sociedad singulares, y en respuesta muchas veces a las brechas predichas. La subjetividad, el proceso de construcción identitaria de sujetos, queda así mediada por la visualización de estas infancias y adolescencias como nuevos horizontes de potenciales consumidores de drogas para poder estar (ya no ser). La angustia, la tristeza, el dolor, el movimiento, entre otras características de estas poblaciones, se convierten en eslóganes para un mercado que crece a pasos agigantados. Así, las paradojas del presente se ven reflejadas en infancias y adolescencias con exceso de estímulos a edades cada vez más tempranas, pero demandados y obligados a responder productiva y pasivamente. Se vende lo mismo que se sanciona: el movimiento.

El chaleco de fuerza ha dado paso en las sociedades contemporáneas al chaleco químico (Untoiglich, 2016), que naturaliza diagnósticos y aumenta el consumo de psicofármacos en las infancias y adolescencias del Uruguay, y legitima la (sobre)intervención de distintos profesionales, donde el niño, la niña o el adolescente deja de ser tal para ser ubicado en un nuevo lugar: el de paciente. En nombre de la prevención y de la identificación de posibles factores de riesgos se legitiman intervenciones biomédicas, con la complejidad que conlleva reconocer singularidades desde la unidireccionalidad.

De acuerdo con Mitjavila (1998), la noción de riesgo interviene vigorosamente, procesos de medicalización social mediante, en la redelimitación de las fronteras del saber médico, lo cual implica una mayor presencia y dominio de él. No se debe desconocer que se asiste a una época de tecnificación de las familias y los sujetos, donde desde el saber calificado y experto se establecen pautas que normativizan determinados roles a la interna de ellos, y establecen así formas que indican cómo ser padres, madres, hijos, hijas, etc. El espacio educativo resulta sustancial para la producción y reproducción de estas pautas, según las cuales el deber ser va conformando las identidades infantiles y adolescentes hacia una forma de ser y estar disciplinada, eficaz y productiva lejos de todo posible riesgo, y que, en caso de haberlo, habrá saberes específicos desde lo profesional para solucionarlo si de cuestiones corporales y/o emocionales se trata.

Los “ingenieros del alma humana” (Rose, 1990), a través de su accionar, moldean sujetos. El establecimiento de aparentes soluciones ante desviaciones remite a la propia persona. Es decir, es sobre ella que está puesta la mirada y hace necesaria la modificación de su conducta, sin considerar el entorno como condicionante. Los procesos de etiquetamiento de ciertos sujetos como forma de gobierno implican imposición, no hay lugar al cuestionamiento. Es el profesional poseedor de un saber especializado quien sabe, conoce y aplica las estrategias de solución que considera pertinentes. La linealidad y unidireccionalidad de estos procesos se conjuga con la imagen de un sujeto asistido y pasivo, ajeno, sin protagonismo ni singularidad reconocida. Entonces, interés superior ¿de quién?

En este entramado surgen dos instituciones medulares de la sociabilidad, más allá de la familia: la educación y la salud.

Con relación a la institución educativa y sus actores, el proceso de medicalización y patologización de las infancias y adolescencias en Uruguay juegan un rol fundamental que, se entiende, deviene entre otros factores de las lógicas normalizadoras que caracterizan al sistema educativo. En este marco se busca homogeneizar las conductas desde un modelo de lo normal con una fuerte impronta del deber ser, por oposición al ser. Se retoman así los planteamientos de Bauman cuando expresa:

El paso de una “mayoría estadística” (la enumeración de un hecho) a la “normalidad” (un juicio de valor) y de una “minoría estadística” a la “anormalidad” imputa una calidad distinta a las diferentes cantidades numéricas: estar en la minoría significa ser inferior (Bauman, 2013: 87).

Si de norma estadística se trata, haciendo referencia a la normalidad, habría que remitirse a lo genérico humano en cuanto instrumentos de la vida cotidiana que se acercan lo más posible a una universalidad. Jamás debería ser tomada tal normalidad como un ideal, y menos aun hegemónico, en tanto aleja sustantivamente la potencialidad de comprender las singularidades como partes de la norma concreta de cada sujeto. Si esto, además, va acompasado de prácticas disciplinares en lo corporal para evitar todo posible riesgo, habría que reformular la cuestión y poder identificar que el riesgo está cuando prácticas médico-disciplinares moldean sensaciones, percepciones, emociones y movimientos corporales de las infancias y adolescencias. Se entiende que esta cosificación de los cuerpos lejos está de reflejar el interés superior de esta población, sino de la que impone, desde las adulteces, el chaleco químico al cual Untoiglich (2016) hacía referencia.

Así, la derivación a profesionales del ámbito psi y la solicitud de un diagnóstico viene siendo uno de los caminos cotidianos de la institución educación para resolver lo que es considerado en la categoría de anormalidad, habitualmente referido a aquel estudiante que no logra alcanzar las demandas y expectativas de los y las docentes, esas que lo anteceden, el deber ser de las instituciones. El diagnóstico, de este modo, se trasforma en una esencia y pasa a tener valor por sí mismo y no como un aspecto dentro de una estrategia de intervención. Es frecuente que luego de realizado el diagnóstico e indicada la medicación, la institución educativa no realice ninguna acción diferente respecto de sus dispositivos pedagógicos. Estas acciones dan cuenta, las más de las veces, de un preconcepto según el cual todo lo que se desvía de lo normal tiene una causa psicológica o psiquiátrica, y el pedido de diagnóstico opera fundamentalmente como una demanda de confirmación de tal preconcepto. Al mismo tiempo se producen dos efectos: por una parte, se considera que el problema es del niño, la niña o el adolescente, con lo cual se desresponsabiliza al ámbito educativo y a sus actores; y por otra, la forma en la que se resuelve el problema también queda fuera del ámbito educativo. Además, se entiende que para que la demanda de la institución educación tenga lugar y se mantenga con el paso de los años, es necesaria la presencia de un sistema de salud que le dé respuestas, y viceversa.

El Plan de Prestaciones en Salud Mental del Sistema Nacional Integrado en Salud, del MSP, prevé la atención psicológica grupal (Modo 1) en el que los “niños con dificultades en la inserción escolar” están definidos como una de las poblaciones objetivo, mientras que la psicoterapia grupal o individual (Modo 2) prevé dentro de su población objetivo a “niños y adolescentes con dificultades de aprendizaje”. En todos los casos la normativa expresa que “no se admitirán listas de espera” (MSP, 2011b: 18), en el entendido de que “la atención psicológica es un derecho que progresivamente debe integrarse a las prestaciones universales de salud” (MSP, 2011b: 8).

Sin embargo, en 2016, un referente en salud mental del MSP dijo en una entrevista^[7] que entendía que no se ha podido llegar a la meta y que los prestadores de salud se ven desbordados por el alto porcentaje de consultas a psiquiatría infantil derivadas del sistema educativo. Esto supone que niños, niñas y adolescentes, considerados población objetivo por el Plan, no están atendidos como este prevé y quedan capturados por la psiquiatría y, por ende, en la mayoría de las situaciones, por la prescripción de fármacos como terapéutica.

Se entiende que este tipo de prácticas, tanto las que surgen de la institución educación como las de la institución salud, responden a una concepción medicalizadora y una perspectiva patologizadora de la situación de las infancias y adolescencias que transitan por la educación.

¿Dónde quedan las infancias y adolescencias del Uruguay en este entramado? ¿Son escuchadas y reconocidas en su condición de sujetos de derecho y sabedores de sus sensaciones, percepciones y emociones? Los dispositivos farmacológicos como solución de lo fenoménico parecieran ir bastante en disonancia con estas cuestiones. Se habla insistentemente del derecho superior del niño, la niña o el y la adolescente, ¿pero en los hechos es realmente así? ¿Se está pensando en el derecho superior del niño, la niña o el y la adolescente que es patologizado cuando exterioriza sus interiorizaciones, según su apropiación de la historia y vida cotidiana, singular y familiar? ¿Se está pensando en el derecho superior del niño, la niña o el y la adolescente cuando la solución, por lo general primaria, que se ofrece para evitar riesgo es la medicación con psicoestimulantes y/o psicofármacos? ¿Se piensa en algún momento en el proyecto de vida de estas infancias y adolescencias mediadas por lo químico para que interioricen disciplinamientos y los reproduzcan?

Varias son las inquietudes que se mantienen e intensifican a medida que pasa el tiempo, y los procesos medicalizadores y actos de medicar con psicofármacos a las infancias y adolescencias del Uruguay se arraigan cada vez con mayor fuerza. Tal legitimación y naturalización de la temática insta a continuar investigando, dando insumos, generando procesos reflexivos singulares y colectivos en la arena política, en la academia, en la sociedad civil. Porque el tiempo medular de las infancias y adolescencias es hoy si se piensa en futuras adulteces críticas, emancipadas, autónomas y con potencialidad de ampliar el campo de sus posibles a lo largo de sus cursos de vida.

Reflexiones finales

Tal cual se ha intentado desandar en este capítulo, Uruguay resulta un país donde aún persisten (y se intensifican) los procesos de medicalización y los actos de medicar de su población. La añoranza sistemática de una civilidad elegida y construida desde fines del siglo XIX, normativa de las conductas superadoras de toda barbarie, se instala en estas dos primeras décadas del siglo XXI con gran fuerza (y pareciera con impunidad). Ello no remite solo a un saber médico con poder, sino a la potenciación de dicho poder desde políticas estatales que bajo el discurso de los derechos y ciudadanía terminan desconociendo aquellos que hacen a una gran parte de las infancias y adolescencias del país.

De acuerdo con los datos que proporcionó el MSP a instancias del Poder Judicial (Palummo, 2015) en 2002, coincidiendo con la crisis económica del Uruguay, la importación de metilfenidato saltó de los 900 gr que se importaron en 2001, a 4.500 gr en 2002. Si se toma en cuenta lo planteado por la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Educación Media, justamente ese año 2002 resultó ser el primero en el cual se vinculó el consumo de psicofármacos y/o psicoestimulantes para la solución de dificultades en el aprendizaje. Dicha coyuntura, se entiende, fue sustantiva para la generación de políticas sanitarias, muchas de corte preventivo, fundamentalmente a partir de la última década.

Otro de los datos interesantes que surgen en este proceso medicalizador, basado en diagnósticos y medicación para disciplinar conductas, es la distinción por género y “patologías” que se materializan en las formas de psicofármacos o psicoestimulantes que se les da a las adolescencias de este país. En este sentido, mientras que en la educación primaria parecería no haber una distinción sustancial en los fármacos utilizados para aquietar conductas infantiles (metilfenidato y risperidona los más recetados), en las adolescencias comienza una discriminación de género que aquí se menciona, pero que da pie a una nueva delimitación analítica de la temática, a saber: a las adolescentes se las comienza a medicar más específicamente con tranquilizantes, mientras que a los adolescentes con estimulantes. Se entiende que esto está implícitamente reproduciendo relaciones de género y expectativas de un deber ser en tal sentido: las mujeres tranquilas para la reproducción (biológica y de sociabilidad), los hombres estimulados para la producción.

Asimismo, 1 de cada 7 adolescentes ha consumido tranquilizantes alguna vez en su vida y casi la mitad lo ha hecho sin la debida prescripción médica, arrojando evidencia en torno a la naturalización de consumo de drogas legales. Por otro lado, cabe destacar que 6 de cada 10 adolescentes que consumieron estimulantes alguna vez lo hicieron en educación media por primera vez, lo que conduce a reflexionar y problematizar las lógicas y dinámicas que se producen desde los centros educativos en torno a los cuerpos adolescentes y la vinculación con las drogas legales que se prescriben desde el saber médico. Lejos de ser un asunto coyuntural, da cuenta de un patrón estructural que genera pautas de consumo de este tipo de sustancias más allá de las generaciones.

El chaleco químico, más que aparecer como la potenciación del interés superior de las infancias y adolescencias en el Uruguay, estaría siendo parte de un proceso medicalizador que no repara en las singularidades contemporáneas por parte de las adulteces. En este sentido, se entiende que el discurso de igualdad plasmado de diversas formas discursivas desde el mundo adulto, en esta temática no está haciendo más que generar desigualdad entre las infancias y adolescencias que portan o no diagnósticos como etiquetas, medicación con psicofármacos o psicoestimulantes mediante.

¿Este es el interés superior del niño, niña y adolescente que se quiere interiorizar y exteriorizar, demarcando sujetos en construcción de sus identidades, de sus proyectos, de su ser y estar en sociedad? Hace más de una década que se está interpelando esta temática desde distintos espacios de la academia y la sociedad civil, ¿no será tiempo ya de escuchar estas voces para generar discusiones colectivas en pro de las infancias y adolescencias, y no de saberes profesionales de primera o de segunda? Mucho trabajo se ha venido haciendo.

Cada vez se nuclean más académicos que apuntan a esta perspectiva superadora de la medicación con psicofármacos o psicoestimulantes como forma de disciplinar sujetos. De todas maneras, está claro que con políticas estatales que apunten directamente a la reproducción de una mirada medicalizadora de la sociabilidad, el reconocimiento, desnaturalización y deslegitimación de esta temática va a ser complejo.

Sería sustancial no perder de vista que estas infancias y adolescencias son sujetos de derecho, con voces a ser escuchadas y tomadas en cuenta. Si sus cuerpos exceden los movimientos hegemónicamente estipulados por una normalidad construida, quizá sería hora de abordar la temática desde otras perspectivas, donde la unidireccionalidad y el saber-poder adultocéntrico pudiera pensar y repensarse con mayor empatía en torno a esta población. La ampliación del campo de los posibles de estas infancias y adolescencias, el reconocimiento real de su ser sujetos de derecho, el darles voz y escucharlos, etc., se entiende que apunta a la generación de sociedades con sujetos singular y colectivamente emancipados, críticos, y con posibilidades de objetivarse en un proyecto conjunto que contemple a “todos y todas”.

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