Carlos Merenson

Introducción

El modelo agroindustrial, ponderado como el único capaz de asegurar la producción requerida para alimentar a una población humana que supera los 7300 millones de personas, es cuestionado por el ecologismo político que lo considera como insostenible y –en consecuencia– como grave amenaza, en tanto ha sido la insostenibilidad de los sistemas de producción y distribución de alimentos el factor que desencadenó el colapso de muchas de las civilizaciones que nos precedieron.

A manera de ejemplo, podemos mencionar el proceso que llevó al colapso de la muy próspera sociedad establecida por los polinesios en la Isla de Pascua a principios del segundo milenio^[1]. Este proceso –bien descripto por Clive Ponting (1992)– se inició cuando sus habitantes deforestaron totalmente la isla; de esta manera, quedaron prisioneros en ella, retrocediendo al tiempo de las cavernas, viviendo en permanente estado de guerra y recurriendo al canibalismo para subsistir ante los exiguos recursos alimentarios de que disponían. De tal experiencia histórica, Ponting (1992) rescata una importante conclusión:

Desde hace dos millones de años, los seres humanos han conseguido obtener más comida y extraer más recursos con los que mantener a cantidades cada vez mayores de personas y a sociedades cada vez más complejas y tecnológicamente avanzadas. ¿Pero han tenido más suerte que los de la isla en la búsqueda de una forma de vida que no agote fatalmente los recursos de que disponen y que no dañen irreversiblemente su sistema de sustento vital? (p. 25).

Lester Brown (2009) menciona también ejemplos paradigmáticos como los de las civilizaciones sumeria^[2] y maya^[3], ambas colapsadas al entrar en crisis sus sistemas de producción de alimentos.

Para Joseph Tainter (1998), el colapso de las civilizaciones es consecuencia de la convergencia de múltiples elementos de tensión que las llevan a responder aumentando la complejidad de sus instituciones. Ese aumento de complejidad insume un gasto extremo de energía que en un punto llega a ser más costoso que beneficioso, impidiendo a la sociedad resolver las contingencias, y al analizar diferentes civilizaciones tempranas, Tainter (1998) identifica el aumento de la inseguridad alimentaria como una de las causas que finalmente las condujeron al colapso.

Jared Diamond (2005) centra la atención en los procesos mediante los cuales “las sociedades del pasado se han debilitado a sí mismas porque han deteriorado su ambiente” (p. 14), afirmando que los desmoronamientos mostraban una “tendencia a seguir cursos en cierto modo similares que constituían variaciones sobre un mismo tema”, describiendo dichas tendencias de la siguiente manera:

El aumento de población obligaba a las personas a adoptar medios de producción agrícola intensivos (como el regadío, la duplicación de cosechas o el cultivo en terrazas) y a extender la agricultura de las tierras óptimas escogidas en primer lugar hacia tierras menos rentables con el fin de alimentar al creciente número de bocas hambrientas. Las prácticas no sostenibles desembocaban en el deterioro medioambiental de uno o más de los ocho tipos^[4] que acabamos de enumerar, lo cual significaba que había que abandonar de nuevo las tierras poco rentables. Entre las consecuencias para la sociedad se encontraban la escasez de alimentos, el hambre, las guerras entre demasiadas personas que luchaban por recursos demasiado escasos y los derrocamientos de las élites gobernantes por parte de masas desilusionadas. Al final, la población decrecía por el hambre, la guerra o la enfermedad, y la sociedad perdía parte de la complejidad política, económica y cultural que había alcanzado en su momento cumbre (p. 14).

Si bien la civilización industrial parece ser menos vulnerable al colapso que las antiguas –como sistema complejo que es–, no queda excluida de la posibilidad de alcanzar su punto de caos, en el que la sociedad llega a ser tan críticamente inestable que, de una manera u otra, tiene que iniciar un proceso de cambio. Ervin László (2006) lo describe de la siguiente manera:

… las estructuras ecológicas, sociales, económicas y políticas en que vivimos, constituimos sistemas complejos. Estas estructuras se desenvuelven y –tarde o temprano– sus vías evolutivas se bifurcan… las bifurcaciones son más visibles, más frecuentes y más dramáticas cuando los sistemas que las representan se acercan a sus umbrales críticos de estabilidad (p. 155).

El cambio ambiental global^[5], la crisis del modelo energético fosilista y el inédito proceso de concentración de la riqueza nos aproximan a una bifurcación^[6] y es en tal escenario que deberíamos poner especial atención en el análisis del hegemónico modelo de producción y distribución de alimentos cuya insostenibilidad lo transforma en el eslabón débil del sistema-mundo productivista^[7].

Al centrarnos en la visión que proyecta la ecología política, y al existir diferentes formas de pensarla (disciplina, campo, estudio, ideología), se hace necesario aclarar que la asumiremos aquí como una ideología, como un sistema de pensamiento político –global y autónomo– capaz de describir en forma analítica el sistema socioeconómico imperante y, a partir de ello, describir una sociedad diferente, prescribir acciones particulares dentro de ella y buscar formas de motivarnos a emprender tales acciones; las tres condiciones que Andrew Dobson (1997) propone como básicas para otorgar el carácter de ideología global a una determinada corriente de pensamiento.

El origen y transformación de la ecología política en una nueva ideología queda bien descripto en el primero de los diez cometarios que el Comité Ejecutivo del Club de Roma^[8] hizo sobre el informe Los límites del crecimiento (1992):

Estamos convencidos de que tomar conciencia de las restricciones cuantitativas del ambiente mundial y de las consecuencias trágicas de un exceso es esencial para el inicio de nuevas formas de pensamiento que conduzcan a una revisión fundamental de la conducta humana y, en consecuencia, de la estructura entera de la sociedad actual.

Al tomar conciencia sobre la existencia de restricciones cuantitativas del ambiente mundial y de las consecuencias trágicas de los excesos, la ecología política hace suya la noción de los límites para el crecimiento de los sistemas humanos, particularmente el económico, lo que la conduce a redefinir la extendida noción de progreso entendido como la constante superación de límites, noción que se transforma en el reto por perfeccionar la adaptación a aquellos límites que no deben ser superados. Para el ecologismo político, el crecimiento económico se ve impedido, no por razones sociales –tales como relaciones de producción restrictivas– sino porque la Tierra misma tiene limitada capacidad productiva en cuanto a recursos, limitada capacidad de asimilación/absorción en cuanto a contaminación y limitada capacidad de carga en cuanto a población.

Aceptada la existencia de límites biofísicos, la ecología política se centra en el cuestionamiento al productivismo, definido como la creencia en que las necesidades humanas solo se pueden satisfacer mediante la permanente expansión de la producción y el consumo, transformados en el fin último de la organización social.

Es en tal contexto que Florent Marcellesi (2008) plantea la necesidad de superar el análisis político bidimensional estructurado con el eje económico izquierda/derecha y el eje social autoritario/libertario, para evolucionar hacia un esquema tridimensional que incorpore un tercer eje que emerge de la dialéctica entre productivismo y antiproductivismo, a partir de lo cual Marcellesi (2008) considera que no es determinante la oposición entre capital y trabajo; por el contrario, lo importante es cómo se orienta la producción, proponiendo –en consecuencia– al eje productivismo/antiproductivismo como eje estructurante y autónomo. Como vemos, es el antiproductivismo la piedra angular sobre la que se edifica la ecología política.

Al aceptar que existen límites biofísicos para el crecimiento y cuestionar al productivismo, el ecologismo político también reconoce que existen límites para el consumo, de allí que, del antiproductivismo, se pase –sin solución de continuidad– al anticonsumismo.

El ecologismo político no desconoce la existencia de la contradicción entre capital y trabajo, pero no la asume como el factor decisivo que determinará la caída del sistema-mundo productivista, considerando que es la contradicción entre capital-naturaleza la que asume el carácter de contradicción fundamental, en tanto la propia dinámica del sistema es la que –inevitablemente– lleva a la globalización de la crisis ambiental y con ello, ante la incapacidad de reproducirse, define su desmoronamiento. Esta visión es la que lleva al ecologismo político a formular una revisión de la conducta humana antropo-andro-eurocéntrica^[9], productivista y consumista; a plantear la revisión de la estructura entera de la sociedad actual y a su propuesta de una sociedad convivencial y sostenible.

Del núcleo duro ideológico de la ecología política se derivan sus principios básicos: sabiduría ecológica, justicia social, democracia participativa, no violencia, sostenibilidad y respeto por la diversidad.

Es con tales raíces ideológicas que el ecologismo político cuestiona el modelo agroindustrial, lo califica como insostenible y lo identifica como grave amenaza.

Génesis del modelo agroindustrial

En Historia verde del mundo, Clive Ponting (1992) afirma que

Durante unos dos millones de años los seres humanos vivieron de la recolección, la conducción de manadas y la caza. Después, en el espacio de unos cuantos miles de años surgió una forma de vida radicalmente distinta basada en una gran alteración de los ecosistemas naturales, orientada a la producción de cosechas y a la consecución de pasto para los animales. Este sistema más intensivo de producción alimentaria… marcó la transición más importante de la historia humana (p. 65).

Tal transición, acontecida hace 10.000-12.000 años, encuentra un punto de inflexión cuando en la segunda mitad del siglo xviii, con la primera Revolución Industrial, se asiste a la sustitución de la energía de los seres vivos (animales y hombres) por el binomio carbón-vapor como componente predominante del aporte energético a la producción, y es a partir de la mecanización de labores que se registra un proceso de transición en los sistemas productivos, que en el caso del agrícola significará pasar de una agricultura de subsistencia a un modelo de producción intensiva caracterizado por la disminución del trabajo humano y una importante reducción de los costos.

Este modelo agro-intensivo europeo aplicado en las grandes planicies de EE. UU., Australia, Canadá, la Argentina y Rusia redujo aún más los costos de producción, configurando un nuevo modelo denominado dry-farming. Es este modelo el que motorizó un crecimiento exponencial del área cultivada en la Argentina, que hacia 1888, pasó de 30.000 hectáreas a 800.000 hectáreas anuales, llegando en 1925 a producir el 6 % del trigo mundial y a tener exportaciones que representaban el 18 % del tráfico triguero total.

El dry-farming mantuvo su hegemonía hasta que, a partir de la década del año 1940, se hacen presentes importantes desarrollos: por un lado, nuevas tecnologías mecánicas y químicas, y por el otro, la irrupción del mejoramiento genético.

Las nuevas tecnologías mecánicas y químicas fueron el resultado del masivo proceso de conversión a usos civiles de la industria bélica que se registra al concluir la Segunda Guerra Mundial, tales como la fabricación a gran escala de maquinaria agrícola y de agroquímicos^[10]. En cuanto al mejoramiento genético, han sido los trabajos de investigación iniciados en 1943 en el Centro Internacional del Me­joramiento de Maíz y Tri­go (CIMMYT) en México, creado con el apoyo de la Fundación Rockefeller, los que darán sus frutos –en la década del año 1960– con la introducción de semillas híbridas en la producción agrícola.

El empleo de maquinaria agrícola, el uso intensivo de agroquímicos y el empleo de híbridos condujeron a un aumento exponencial en los rendimientos agrícolas^[11], dando inicio a una etapa conocida como revolución verde.

Con el desarrollo de la biotecnología y la ingeniería genética, en la década del año 1970, comienza a configurarse un modelo de producción agrícola que se transforma en una revolución dentro de la revolución verde. Tras dos décadas de ensayos, en 1995, se introducen por primera vez en el mercado agrícola las plantas transgénicas, registrándose a partir de entonces un crecimiento exponencial de la superficie con monocultivos de estas variedades. Se instala así un nuevo modelo agroindustrial cuya base tecnológica define una clara tendencia hacia la concentración de la producción en muy pocos países^[12], en muy pocas especies^[13], con muy pocos caracteres genéticos objeto de mejoramiento^[14] y con muy pocas empresas hegemonizando el mercado mundial de semillas, de agroquímicos y de biotecnología, todo lo cual, a nivel global, determinó una inédita concentración del poder sobre la seguridad alimentaria, factor que –por sí solo– la torna en una grave amenaza.

Cabe mencionar aquí que el ecologismo político considera que las liberaciones de organismos genéticamente modificados (OGM) conllevan graves riesgos^[15] y constituyen un acto de contaminación genética del ambiente, rechazando su empleo en la agricultura y producción de alimentos.

La aplicación de este nuevo paquete tecnológico integrado por el empleo conjunto de variedades transgénicas de alto rendimiento, agroquímicos y mecanización con despliegue intensivo de energía, capital y tecnologías agrícolas redundó en sorprendentes aumentos de producción, significativos incrementos en la rentabilidad económica de los productores y un intenso proceso de concentración productiva.

Este modelo agrícola industrial se desarrolló primero en la Pampa húmeda, e impulsado por los menores precios de la tierra, comenzó a ser exportado hacia las regiones del noroeste (NOA) y noreste (NEA), regiones que hasta entonces eran marginales para la agricultura y que gracias a la biotecnología pudieron ser incorporadas a la producción agroexportadora. A manera de ejemplo, podemos mencionar que, de la mano de la monocultura sojera, el área sembrada en la campaña 2004/2005 respecto de la campaña 1997/1998 registró un aumento del 417 % en el NEA y del 220 % en el NOA.

El nuevo modelo agroindustrial es heredero de la economía de rapiña que se gestó en los siglos xvi y xvii, cuando se confirió prioridad existencial a la conquista de la naturaleza y a la expansión económica y geográfica, cuando las potencias coloniales desplegaron un colosal mecanismo centrípeto de redistribución de recursos al que hoy conocemos como extractivismo.

En la actualidad, los países latinoamericanos siguen mostrando una muy alta dependencia de la exportación de materias primas^[16] tales como las originadas en las monoculturas de exportación, la megaminería a cielo abierto y la extracción de combustibles fósiles. Si bien estas tres actividades tienen en común su naturaleza extractivista, es importante señalar que las monoculturas de exportación muestran algunas características diferenciales, como su desarrollo a partir de recursos naturales renovables y la ocupación de grandes extensiones territoriales.

También se diferencian por ser procesos con menor inversión de capital: no estar desarrolladas en forma directa por corporaciones trasnacionales y –en algunos casos– por añadir valor a la producción primaria a través de la transformación de la producción primaria.

Si bien, desde su origen colonial, el extractivismo nunca se detuvo, fue en la década del año 2000 que estas prácticas cobraron un fuerte impulso en América Latina, cuando los gobiernos progresistas de la región les otorgaron un lugar central en el financiamiento de sus políticas sociales. Alí Rodríguez Araque (2014) lo explica de la siguiente manera:

América Latina en general y Suramérica en particular no se caracterizan por ser potencias tecnológicas ni financieras y su mayor riqueza está en sus recursos naturales y su gente, es el momento de utilizar esos recursos naturales para financiar tareas urgentes tanto del desarrollo, como del crecimiento económico, la redistribución del ingreso, la salud y la educación.

Con esa visión fue que comenzaron a aplicarse modelos socioeconómicos apoyados en prácticas extractivistas que, en muchos casos, condujeron al establecimiento de verdaderas economías de enclave, con fuerte intervención estatal y apropiación de parte de la renta para el financiamiento de las políticas sociales, definiendo de esta manera –tal como lo postula Eduardo Gudynas (2009)– un neoextractivismo progresista.

En la actualidad, con el avance neoliberal, comienza a asomar un modelo que –también apoyado en el extractivismo– se caracteriza por un relajamiento en la participación estatal y por la baja apropiación de la renta extractivista, configurando un paleo-extractivismo que remite a la colonialidad.

Pero, más allá de las profundas diferencias existentes entre progresismo y neoliberalismo, entre neo-extractivismo progresista y paleo-extractivismo neoliberal, en el mediano y largo plazo, las inevitables y graves consecuencias ecosociales del modelo extractivo-exportador serán las mismas: por un lado, una inserción internacional subordinada y funcional al modelo comercial y financiero hegemónico; por otro lado, prácticas productivas que solo persiguen la maximización de la renta para pocos y la externalización de impactos sociales y ambientales para muchos.

Ignorando la experiencia histórica de más de cinco siglos en los que América Latina solo ha visto degradado su ambiente y expoliado su patrimonio natural, sin que se haya terminado con la pobreza, las dirigencias políticas tradicionales y sus tecno-burocracias impulsan cuanta aventura extractivista se les presenta. En el caso de la Argentina, dado su peso en la economía y sus extensivos impactos ecosociales, merece particular atención el extractivismo agroindustrial.

Desde la derecha hasta la izquierda, en todo el ancho espectro de la política tradicional; en el mundo industrializado y en la periferia; entre economistas, financistas, empresarios y sindicalistas: en la sociedad en general la superideología productivista definió una común obsesión: el crecimiento económico. Cuánto crecemos, por qué no crecemos, cuándo volveremos a crecer, cuál es la mejor fórmula para que el sacrosanto producto bruto interno se dispare hasta el infinito. Esas y no otras cuestiones son las que preocupan y ocupan los cotidianos esfuerzos desplegados para mantener en movimiento no una economía que tenga crecimiento, sino –tal como lo plantea Ted Trainer (2011)– nuestra globalizada economía de crecimiento, un sistema en el que la mayoría de las estructuras y procesos centrales entrañan crecimiento, sin el cual todo se desmorona.

Tal es la coincidencia en la aceptación de la superideología productivista que los dos sistemas que se disputaron la hegemonía mundial durante gran parte del siglo xx (capitalismo y comunismo, cuyas profundas diferencias estructurales y superestructurales están fuera de discusión) compartían una verdadera obsesión por el crecimiento económico. El ecologista británico Jonathon Porritt (1984) lo describe de la siguiente forma:

Ambos [capitalismo y comunismo] están dedicados al crecimiento industrial, a la expansión de los medios de producción, a una ética materialista como el mejor medio de satisfacer las necesidades de la gente, y al desarrollo tecnológico sin cortapisas. Ambos se apoyan en una centralización y un control y coordinación burocráticos a gran escala y cada vez mayores. Partiendo de un restrictivo racionalismo científico, ambos insisten en que el planeta está ahí para ser conquistado, que lo grande es evidentemente bello, y que lo no se puede medir no tiene importancia… las similitudes entre estas dos ideologías dominantes son de mayor significación que sus diferencias… las dos están unidas en una super-ideología que lo abraza todo… el industrialismo (p. 44).

Lo que Porritt caracteriza como industrialismo bien puede ser asimilado a la idea de un productivismo caracterizado por la sobrevalorización de la acumulación y a la idea de que un aumento de los bienes materiales aumenta la felicidad, vinculado a la obsesión con el crecimiento, el economicismo y la tecnocracia.

La lógica productivista ha estado presente en el nacimiento de la agricultura intensiva, en su transformación hacia el dry-farming, en la revolución verde y en el actual modelo agroindustrial de monoculturas transgénicas, y es el pensamiento económico de la corriente principal el que ha validado su adopción y expansión; pensamiento que, desafiando toda lógica, en una suerte de ilusión neolítica, considera a los recursos materiales y energéticos como inagotables, bajo el supuesto de la sustitución sin fin entre las diferentes formas de capital^[17] a partir de lo cual imagina que el crecimiento de la economía puede ser infinito.

Se instala así en la sociedad el crecimientismo cuyo objetivo principal es poseer más y donde no queda espacio para preguntarnos qué y para qué producir o para pensar si el crecimiento respeta la reproducción social y ambiental.

De esta forma, se forjó un paradigma económico capaz de justificar el modo de intervención del hombre en los entornos naturales, la forma de apropiación de los recursos naturales y los modos de producción y consumo. Se instaló así un modelo económico caracterizado por una constante necesidad de crecimiento cuantitativo, desvinculado de sus consecuencias ecosociales. Un modelo cuyas demandas siempre superan los rendimientos sostenibles de los ecosistemas y su capacidad de asimilar diferentes formas de contaminación y que, al consumir su dotación de capital natural, está llamado a destruir sus propios sistemas de apoyo. Son los principios básicos del paradigma dominante^[18] los que, lejos de valorar al capital natural, conducen a su liquidación.

Michael E. Colby (1990) afirma que la gran paradoja de la economía es que

… el valor se genera creando escasez; degradando los recursos se aumenta su valor medible, pero esto usualmente lesiona a la gente, a la economía y al funcionamiento de los ecosistemas en los cuales ellos descansan. Esta paradoja resulta de una estrecha definición de eficiencia dentro de la moderna teoría económica del valor de intercambio: solo los recursos que son considerados escasos deben ser usados eficientemente, de esta forma los ítems no escasos, inexorablemente llegan a serlo y por lo tanto valiosos (p. 195).

Las ideas que condujeron a la adopción y expansión del modelo agroindustrial ignoran la dimensión ambiental o asumen sus impactos como costo inevitable del proceso de desarrollo. La cuestión de los límites biofísicos y el concepto de sostenibilidad emergen como temas centrales cuando, desde la ecología política, se propone un análisis crítico del hegemónico modelo agroindustrial.

El debate sobre la existencia de límites para el crecimiento se remonta a los siglos xviii y xix, tiempos en los que Adam Smith consideraba que en la división internacional del trabajo se encontraba la clave para un crecimiento indefinido; Thomas Malthus advertía que existía una relación inversa entre la progresión geométrica de la población (crecimiento exponencial) y la progresión aritmética de los alimentos (crecimiento lineal); David Ricardo planteaba su ley de los rendimientos decrecientes, y John Stuart Mill sostenía la idea de la existencia de fases del crecimiento que inevitablemente terminan en un estado estacionario. Este debate, lejos de resolverse, continúa vigente hasta nuestros días en los que, más que negar la existencia de límites biofísicos, se opta por ignorarlos confiando en el arrollador avance científico.

Un punto de inflexión sobre la cuestión de los límites lo encontramos cuando en 1972 se publicó un trabajo desarrollado por un equipo de científicos^[19] bajo la dirección de Dennis L. Meadows en el System Dynamics Laboratory del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Tal como ya fue mencionado, el estudio en cuestión dio inicio en 1970 y los resultados fueron publicados en marzo de 1972 bajo el título Los límites del crecimiento^[20] y cuya principal conclusión fue la siguiente:

Si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial industrialización, contaminación ambiental, producción de alimentos y agotamiento de los recursos, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los próximos cien años. El resultado más probable sería un súbito e incontrolable descenso tanto de la población como de la capacidad industrial (p. 98).

En la década del año 1980, tras el impacto producido por la publicación de Los límites del crecimiento, y ante la aparición de preocupantes síntomas relacionados con el crecimiento exponencial de la población y de la pobreza, como así también la aparición de claros síntomas de un grave proceso de cambio ambiental global y de escasez de recursos, irrumpe el término desarrollo sostenible, con el que se intentaba neutralizar la idea de los límites al crecimiento. En 1987, la Comisión Brundtland presentó su informe Nuestro futuro común^[21], en el que, por primera vez, se define al desarrollo sostenible como aquel capaz de “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones para atender sus propias necesidades”.

Por un lado, tenemos el planteo de la existencia de límites biofísicos, y por el otro, el de un nuevo modelo de desarrollo caracterizado como sostenible, adjetivo con el que se intenta modificar términos comunes para tornarlos viables y cuya ambigua definición hace problemática su operatividad. En tal escenario, no resulta extraño que, aferrados a mirar para otro lado y seguir con el negocio como de costumbre, a más de cuatro décadas de su publicación, hoy constatemos que las previsiones de Los límites del crecimiento eran exactas, y ello, mal que les pese a quienes –tanto desde las derechas como de las izquierdas– las hayan considerado predicciones pesimistas, de carácter neomalthusiano y conservador.

Entre los escenarios analizados en el Informe Meadows, el denominado world model standard run^[22] conducía a una situación de exceso y colapso global. Al analizar los datos sobre las variables incluidas en el modelo, el Dr. Graham Turner, de la Universidad de Melbourne, constató que hasta 2010 los datos recogidos coinciden con las proyecciones realizadas mediante el programa informático de simulación World-3^[23] empleado por el equipo del MIT entre 1970 y 1972 para tal escenario.

Graham Turner y Cathy Alexander, en un artículo publicado en septiembre de 2014 por The Guardian, afirmaban que hasta el momento los datos del Informe Meadows se ajustan a la realidad, a partir de lo cual se preguntaban qué pasaría después. Según el informe publicado en 1972, alrededor de 2015 (nuestro tiempo) comienza a caer la producción industrial per cápita y sus efectos comienzan a mostrarse hasta 2030, cuando, con el aumento de la contaminación y la caída de los insumos industriales de la agricultura, se registrará una caída dramática de la producción de alimentos per cápita.

Cuando afloran pronósticos como los del Informe Meadows, se suele calificarlos como catastrofistas y rechazarlos bajo el influjo de un infundado optimismo tecnológico que sostiene que la ciencia y la tecnología serán capaces de resolver cualesquiera desafíos existentes o por producirse, pretendiendo –anticientíficamente– hacer realidad el sueño imposible de un crecimiento infinito dentro de un sistema finito.

Un modelo insostenible

Herman Daly (2007) sostiene que para tornar operativa la definición de desarrollo sostenible se deben reducir a cero las intervenciones acumulativas y los daños irreversibles; las tasas de recolección de los recursos renovables deben ser iguales o menores a las tasas de regeneración de estos recursos; en la explotación de recursos naturales no renovables, su tasa de vaciado debe ser igual a la tasa de creación de sustitutos renovables y las tasas de emisión de residuos deben ser iguales a las capacidades naturales de asimilación de los ecosistemas a los que se emiten esos residuos. Tales criterios operativos están muy lejos de ser satisfechos por el modelo agroindustrial.

En lo que hace a la explotación de recursos naturales no renovables a tasas de vaciado iguales a la tasa de creación de sustitutos renovables, la agroindustria muestra un consumo de petróleo de tal magnitud que, si se generalizara la dieta y la tecnología alimenticia de EE. UU. al conjunto de la población mundial y el petróleo solo se destinara a este fin, las reservas mundiales se agotarían en tan solo 12 años (cit. en Riechmann, 1995).

Este irracional consumo energético queda en evidencia en el transumo^[24] de energía y materiales que circulan por el sistema productivo agroindustrial.

Óscar Carpintero y José Manuel Naredo (2006) mencionan que

La agricultura pasó de apoyarse fundamentalmente en un flujo de energía renovable a transformarse en una actividad productiva muy exigente en combustibles fósiles y recursos no renovables. Y eran esos requerimientos energéticos tan potentes (fertilizantes, combustibles, maquinaria…) los que hacían del conjunto de la actividad agraria un proceso energéticamente deficitario, es decir, que exigía un aporte de kilocalorías superior al que posteriormente se obtenía en forma de alimentos (p. 531).

En la agroindustria, más del 95 % de las entradas energéticas externas proviene de la quema de combustibles fósiles o de productos derivados de estos, registrando un balance deficitario en términos energéticos.

Para Jorge Riechmann (2018), el modelo agroindustrial en EE. UU. funciona con un rendimiento de 1:10 (para poner una caloría sobre la mesa se invierten diez calorías petrolíferas), registrando en el cultivo de verduras de invernadero durante el invierno valores tan disparatados como 1:575.

En contraste, los sistemas agrícolas más pequeños, menos mecanizados, propios de las prácticas agroecológicas, producen más calorías de alimento por caloría de energía que se invierte en el proceso. A manera de ejemplo, Riechmann (2018) afirma que en la agricultura tradicional china se llegaba a obtener un rendimiento de cincuenta calorías de alimentos por cada unidad de caloría externa distinta a la solar.

Vemos entonces que el modelo agroindustrial entrega menos calorías alimentarias que las que entran en el sistema productivo y que es inviable sin el aporte energético del petróleo.

Bien lo describe Joaquin Sempre (2013) cuando afirma que

… la agricultura industrial moderna es un procedimiento que convierte energía fósil no comestible en energía comestible. Nos estamos alimentando, pues, de una manera insostenible, y cualquier episodio de escasez de energía –sobre todo si no es coyuntural sino que responde a situaciones básicas– puede llevarnos al hambre (p. 2).

No obstante lo anterior, el balance energético de los sistemas de producción ha sido ignorado bajo la idea de que podemos crecer indefinidamente, convencidos que los límites biofísicos pueden ser siempre superados con la infalible combinación de tecnología y mercados. Según Kenneth E. Boulding (1966):

La agricultura […] usa el ingreso energético disponible en la actualidad. En las sociedades avanzadas esto se complementa muy extensamente por el uso de combustibles fósiles, los que representan, por así decirlo, un acervo de capital de luz solar almacenada. Gracias a este acervo de capital de energía, hemos podido mantener un insumo de energía en el sistema, sobre todo durante los dos últimos siglos, mucho mayor que el podríamos haber mantenido con las técnicas existentes si hubiésemos debido recurrir al insumo corriente de la energía disponible del Sol o de la Tierra misma. Pero este insumo complementario es no renovable por su propia naturaleza (p. 2).

Ha sido el modelo energético fosilista el que hizo posible la existencia de la agroindustria tal como hoy la conocemos, razón por la que resulta conveniente analizar la actual y obligada etapa de transición energética hacia las fuentes renovables y limpias.

Mientras el consumo energético per cápita de las culturas cazadoras y recolectores era de trescientos vatios, la actual civilización tecnológica –en promedio– ha alcanzado los doce mil vatios. Un salto gigantesco, único e irrepetible, que dio inicio con el binomio carbón-vapor en la primera Revolución Industrial y se consolidó con el empleo del petróleo, convirtiéndonos así en una sociedad fosilista.

Han sido los combustibles fósiles, responsables del 80 % de la energía primaria empleada en el mundo, los que hicieron posible el nacimiento y desarrollo del industrialismo; los que motorizaron el crecimiento exponencial de la economía, de la población y también del deterioro ambiental.

Pero lo cierto es que el modelo energético industrial avanzado, que ha posibilitado alcanzar objetivos económicos, sociales y científicos jamás imaginados, resulta enormemente frágil.

Marion King Hubbert en los años 1950 desarrolló su teoría sobre el cenit petrolero, según la cual la cantidad de petróleo que se extrae de un pozo sigue una curva con forma de campana, de manera que la extracción aumenta en forma exponencial durante los primeros años hasta alcanzar un límite cuando se ha explotado aproximadamente la mitad del crudo extraíble. A partir de ese momento, la extracción se hace más difícil y lenta (por motivos geológicos) hasta que extraer el petróleo requiere más energía que la que se va a sacar de él, y ya no es rentable extraerlo por muy alto que sea su precio. Al extrapolar el comportamiento de un pozo o campo petrolero al conjunto de yacimientos existentes a nivel mundial, los seguidores de Hubbert, que fundaron la “Asociación para el Estudio del Cenit del Petróleo y Gas”, estimaron que ese punto fue alcanzado entre 2005 y 2010.

A nivel mundial, desde 1962, cada año se descubren menos yacimientos, y los que están por descubrirse son más inaccesibles (Ivanhoe, 1997). Algunas estadísticas revelan que en la actualidad por cada cinco barriles que se consumen, se descubre uno para su reposición.

Debido a los escasos hallazgos de hidrocarburos convencionales, se ha intensificado la extracción de los hidrocarburos no convencionales^[25] empleando técnicas que se presentan como un alarde de la tecnología, ocultando los altísimos costos y los graves impactos ambientales de las metodologías de extracción empleadas, como así también sus muy bajas tasas de retorno energético^[26]. Las complejas, riesgosas y muy costosas búsquedas de petróleo y gas en aguas profundas o el empleo de muy altos volúmenes de energía, agua, materia y aditivos químicos en las operaciones con las que estrujamos la tierra para obtener hidrocarburos constituyen el mejor indicador de nuestra proximidad al cenit petrolero.

El modelo energético fosilista no solo se encuentra en crisis por haberse aproximado a tasas de retorno energético muy bajas, sino también por haber sobrepasado la capacidad de los sumideros naturales de los gases de efecto invernadero, conduciéndonos a un calentamiento antropogénico del planeta, que exige una drástica reducción en el uso de combustibles fósiles.

En conjunto, el cenit del petróleo y la urgente e indispensable descarbonización de la economía marcan el cenit de la energía total y el fin de la sociedad fosilista, y con ella obviamente también el fin de la agroindustria. La fragilidad del modelo energético torna frágil al modelo agroindustrial y lo convierte así en una grave amenaza.

La fragilidad e insostenibilidad del modelo agroindustrial, además del factor energético, queda definida por otras características que le son inherentes, tales como la extrema uniformidad de las monoculturas transgénicas, que no solo torna vulnerable al modelo frente a plagas y enfermedades sino también frente a los cada vez más frecuentes e intensos impactos del cambio climático, proceso en el que, paradójicamente, el sistema agroalimentario, al ser responsable de aproximadamente la mitad de todas las emisiones de gases con efecto de invernadero, es uno de sus principales motores.

A manera de ejemplo del impacto del cambio climático sobre la producción de alimentos, vale mencionar la ola de calor que se presentó en Moscú a mediados de 2010^[27], ocasionando una reducción del 40 % en el volumen de su cosecha de cereales, lo cual llevó al gobierno ruso a prohibir las exportaciones de granos, determinando que el precio mundial del trigo subiera un 60 %. De manera similar –en 2012–, una ola de calor condujo al mes de julio más cálido registrado en los EE. UU. La sequía abarcó más del 60 % de su territorio, dañando los cultivos de maíz y soja. Pensemos que en la zona cerealera de EE. UU. se producen 400 millones de toneladas por año y la caída de su cosecha determina una fuerte caída de las existencias mundiales de cereales, con el consiguiente aumento en los precios de los alimentos, generando un escenario de creciente inestabilidad social, política y económica de impredecibles consecuencias.

Consecuencias, en este caso predecibles, tendrá la presión que ejerce el modelo agroindustrial sobre la diversidad biológica^[28]. Modelo que resulta el principal motor de la pérdida de biodiversidad, junto con la sobreexplotación de especies, pérdida que a nivel mundial se registra a un ritmo de extinción mil veces superior al ritmo natural, definiendo el sexto episodio de extinción en masa (Leakey y Lewin, 1995).

Un indicador de la pérdida de diversidad biológica es la defaunación^[29] y el paralelo proceso de domesticación de muy pocas especies animales para la alimentación. Vaclav Smil (2011) calculó la biomasa de animales vertebrados existente en el planeta para los años 1900 y 2000, mientras que Paul Chefurka lo hizo con la existente hace 10.000 años. De tales estimaciones, surge que la biomasa de los vertebrados silvestres se redujo desde el 99,9 % que se registraba hace 10.000 años a tan solo el 4 % actual, mientras que la biomasa de la población humana creció en forma exponencial hasta alcanzar el 36 %, y la de ganado, el 60 %. Este inusitado aumento de la biomasa humana y del ganado es consecuencia directa de la apropiación de la productividad biológica del planeta mediante el modelo agroindustrial.

El vertiginoso ritmo del avance de la frontera agropecuaria sobre diferentes ecosistemas, como por ejemplo las masas forestales nativas, impacta sobre la vida silvestre y sobre nuestras propias vidas en tanto dependemos de ellos para el suministro de bienes y servicios vitales^[30], pero, además, el modelo agroindustrial, al definir la pérdida de los componentes de la diversidad biológica funcional, también ha conducido a la pérdida de estabilidad de los propios agro-ecosistemas.

No menos importantes son las externalidades del modelo agroindustrial, que van desde las diferentes formas de contaminación y la ruptura de ciclos naturales vitales, que en este último caso definen la fractura en la relación metabólica establecida entre los seres humanos y la naturaleza, hasta la profundización de desigualdades sociales propias de un modelo que agudiza la situación de marginación al enfrentar a las comunidades locales y a los pueblos originarios a una degradación cada vez mayor de su ambiente natural, redundando en el aumento de la pobreza, el éxodo rural y una mayor vulnerabilidad a las crisis alimentarias, así como el aumento de la frecuencia de los conflictos políticos y sociales por recursos escasos.

Es la lógica económica que genera e impulsa al modelo agroindustrial la que lleva a la concentración productiva, con desplazamientos de los productores de pequeña y mediana escala que van dando paso a la gran industria del campo, integrada a los agro-negocios y a las cadenas de exportación. Esa misma lógica es la que conduce a la sobreexplotación del capital natural y al deterioro ambiental. La mayor parte de los beneficios económicos que genera el modelo no quedan en la región que los origina, y por tratarse de sistemas de producción altamente mecanizados y automatizados, tampoco se caracteriza por su potencial para generar empleo.

En definitiva, y tal como lo propone Jorge Riechmann (2003),

El actual sistema de agricultura industrial –que a escala mundial prevalece frente a la agricultura campesina, y se presenta a sí mismo como perfección de progreso– es un disparate en términos sociales, ecológicos, económicos y éticos… Mientras sigamos comiéndonos la Tierra en lugar de comer de la tierra, devorando petróleo en lugar de alimentarnos con la luz del sol, produciendo y extrayendo sin preocuparnos de cerrar los ciclos de materiales, el aceleradísimo declive de la biosfera que impulsamos en la actualidad se agravará sin freno (p. 26).

Las políticas de asignación de usos del suelo, motorizadas por la excluyente valorización de la tierra como factor de producción agro-exportadora, son las que definieron una relación antagónica con las masas forestales nativas, al prevalecer los horizontes políticos, económicos y sociales de corto plazo frente a las consecuencias de la deforestación, que se tornan más graves en el horizonte de largo plazo.

Impulsadas por esta lógica, a principios de la década del año 2000, la Argentina ingresó en un pulso de la deforestación favorecido por la adopción de una estrategia agroindustrial que motivó uno de los más acelerados procesos de pérdida de las masas forestales nativas en la historia del país.

El significativo aumento en los precios internacionales de los granos sirvió de aliciente para el aumento de la producción agrícola, la que, basada en el empleo de un sofisticado paquete tecnológico, logró aumentar los rendimientos y posibilitó también la expansión de la frontera agrícola hacia regiones marginales. Durante esta etapa se configuran dos síndromes de insostenibilidad^[31]: el síndrome de agriculturización^[32] (Rabinovich y Torres, 2004) y el pamphúmedo (Merenson, 2014).

El síndrome de agriculturización se desarrolla en la Pampa húmeda y está caracterizado por los cambios de uso del suelo que operan en esa región destinados a aumentar la producción de cultivos para la exportación a expensas de los usos ganaderos, lo cual se manifiesta en el cambio de la proporción del uso agrícola y ganadero de sus tierras. Tales cultivos se encuentran asociados a tecnologías de insumos y a la concentración de los recursos productivos, que llevan a una mayor degradación y contaminación del ambiente, y a la exclusión social de productores con menores recursos.

El síndrome pamphúmedo se asemeja al de agriculturización, solo que su efecto es interregional y sus consecuencias son más graves en términos sociales, ambientales y económicos.

En el síndrome pamphúmedo, al igual que en el de agriculturización, operan causas esenciales que Rabinovich y Torres (2004) identifican como “… las tecnologías (de insumos y de procesos), la concentración productiva y los cambios en el uso del suelo”. Pero en el pamphúmedo, el cambio de usos del suelo no solo se manifiesta por cambios en la proporción de agricultura y ganadería, sino que además se verifica un masivo proceso de conversión de usos del suelo, principalmente en la forma de deforestación. A ello se debe agregar la vulnerabilidad socioeconómica que caracteriza a las regiones donde se registra este avance de la frontera agrícola que queda reflejada por los indicadores sociales más desfavorables del país.

La propagación del síndrome pamphúmedo se encuentra unida al éxito económico y comercial, que a su vez depende de la combinación adecuada de capital, conocimientos técnicos y apoyo político. Este último factor se ha manifestado –por ejemplo– en las estrategias del neo-extractivismo progresista. Al respecto, Gudynas (2009) considera que

Un hecho notable es que a pesar… de la creciente evidencia de su limitada contribución a un genuino desarrollo nacional, el extractivismo goza de buena salud. Las exportaciones de minerales y petróleo mantienen un ritmo creciente, y los gobiernos insisten en concebirlas como los motores del crecimiento económico. Es todavía más llamativo que eso se repite en los gobiernos progresistas y de izquierda. En efecto, varios de ellos son activos promotores del extractivismo, y lo hacen de las más diversas maneras, desde reformas normativas a subsidios financieros. No sólo esto, sino que han generado una versión de agricultura basada en monocultivos y orientada a la exportación, que termina resultando ser una nueva [versión] de extractivismo (p. 187).

Entre 1990 y 1996, con unas 20 millones de hectáreas, el área cultivada con cereales y oleaginosas en la Argentina se mantuvo estable, no llegando a superar el área cultivada de 1914. Fue recién a finales de la década del año 1990 cuando se registró un salto significativo en la actividad agrícola, alcanzando las 26 millones de hectáreas. Este proceso se afianzó a partir de 2002, como fruto de la salida de la convertibilidad, que potenció la competitividad exportadora y una insipiente tendencia al aumento en los precios de las commodities, que alcanzó un pico en 2007, particularmente en el caso de la soja.

Con el avance de la frontera agrícola en el Parque Chaqueño y en las Yungas, donde se concentraba el 80 % de los bosques nativos remanentes, en la década del año 2000 se desató un intenso proceso de deforestación. En las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Salta y una pequeña porción de Jujuy, el área deforestada entre 1998 y 2008 alcanzó 1.700.000 ha (Dirección de Bosques, 2009).

Los datos disponibles para la provincia de Santiago del Estero son ilustrativos del grave proceso de deforestación que se registró en el Parque Chaqueño. A principios del siglo xx, según su entonces Dirección de Geodesia y Tierras, existían 10.792.000 hectáreas de quebrachales en el territorio provincial, mientras que el Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos indicó que en 1998 de aquel patrimonio solo quedaban 5.466.291 hectáreas (2.462.475 de hectáreas de quebrachal típico y 3.003.816 de hectáreas de quebrachal degradado). Este proceso de degradación y pérdida siguió avanzando desde 1998 hasta la actualidad. Los datos presentados por la Dirección de Bosques^[33] de la SAyDS indicaron que en Santiago del Estero, entre 1998 y 2006, se habían perdido 821.283 hectáreas y que la deforestación, lejos de detenerse, se incrementaba. Entre 1998 y 2002, la deforestación en Santiago del Estero avanzó a una tasa promedio anual del 1,18 %, mientras que entre 2002 y 2006 lo hizo a una tasa del 2,17 %. Los datos disponibles para Salta, Chaco, Córdoba o Formosa definen similares escenarios de deforestación e idénticos modelos causales.

El modelo agroindustrial llevó a la degradación e incluso destrucción de los ecosistemas naturales en las áreas de expansión de la frontera agrícola donde se extendieron los procesos de deforestación, degradación de suelos, avance de la desertificación y pérdida de la diversidad biológica en todos sus niveles.

En Primera estimación del pasivo socio-ambiental de la expansión del monocultivo de soja en Argentina (2014) se analiza el impacto económico del extractivismo agrícola que se manifiesta con un particular tipo de pasivo que raras veces es contabilizado y que equivale a la suma de todos los daños no compensados producidos en forma directa e indirecta por las actividades productivas a las comunidades locales o a la sociedad en general y al ambiente, como así también el valor de los servicios recibidos del ambiente, que hacen posible las actividades productivas y que no son compensados o contabilizados como costos de producción. El pasivo ambiental es en realidad una deuda hacia los titulares del ambiente, hacia la comunidad o país en su conjunto (Merenson, 2014).

En la mencionada estimación del pasivo socio-ambiental se determinó que, computando deforestación, pérdida del servicio ambiental de secuestro y almacenamiento de carbono, erosión de suelos y exportación de nutrientes, el pasivo del monocultivo de soja en la Argentina para la campaña 2007/2008 totalizó unos cuatro mil quinientos millones de dólares.

Mediante la importación de un modelo basado en el despliegue intensivo de energía, capital y tecnologías agrícolas, involucrando métodos de producción ajenos a la región, no solo se impactó sobre la base natural de la producción, sino también en la estructura social, al marginar a las comunidades locales y aborígenes. Téngase en cuenta que en la extensa región del Parque Chaqueño y su área de influencia habitan más de 140.000 pobladores originarios^[34]. El explosivo avance del monocultivo sojero a expensas de las masas forestales nativas impactó sobre pueblos originarios y muchas comunidades tradicionales que dependen de los bosques, en tanto ellos proporcionan todo lo que necesitan, desde alimento y cobijo hasta herramientas y medicinas, desempeñando también un papel crucial en su cosmovisión.

Si bien antes de la irrupción de la soja ya se experimentaban procesos de deforestación en la región, la aceleración experimentada por el avance de la frontera agropecuaria no reconoce precedentes, motivando una preocupante degradación y pérdida de la diversidad biológica en todos sus niveles. Así, las explotaciones mixtas e intensivas, que son las que arraigan a los productores y sus familias a la tierra, fueron sucumbiendo frente a la descontrolada agriculturización que desplazó a los productores e hizo que abandonen sus chacras, tambos y pequeñas producciones regionales.

Pérez-Carrera, Moscuzza y Fernández-Cirelli (2008) afirman que “la tendencia al monocultivo no es sustentable ni desde el punto de vista ecológico ni económico” y que las explotaciones no sustentables “condicionan el desarrollo socio-económico de los pobladores, produciendo migraciones, aumento de problemas sanitarios, y un detrimento en la calidad de vida de la población” (p. 6).

Para considerar sostenible un proceso de producción basado en el uso de recursos naturales renovables, se requiere ajustar las tasas de recolección a las tasas de regeneración de estos recursos, de allí que sea necesario analizar la forma en la que el modelo agroindustrial impacta sobre los suelos.

En las monoculturas transgénicas, las demandas de nutrientes superan sus tasas de regeneración, razón por la cual se hace indispensable recurrir al empleo de fertilizantes. El Ing. Agr. Fernando Miguez, en su trabajo Análisis de la rentabilidad del cultivo de soja en Argentina, aporta datos sobre los niveles de exportación de nutrientes implicados en el monocultivo de soja, citando a Flores y Sarandón (2002), que estimaron que entre 1970 y 1999 se exportaron 23 millones de toneladas de nitrógeno, fósforo y potasio de la pradera pampeana y que la soja fue responsable del 45,6 % de esa pérdida. El costo de reposición de los nutrientes exportados, mediante el empleo de fertilizantes en esos 30 años, fue equivalente al 20,6 % de los márgenes brutos promedios de las décadas de los 80 y los 90, a pesos constantes de enero de 2000.

Además del empobrecimiento del suelo, existen numerosos antecedentes que demuestran que el modelo agroindustrial ha conducido a episodios de compactación, erosión, desertificación, contaminación o mineralización del suelo fértil.

En materia de recursos naturales renovables, también tenemos que mencionar los impactos del modelo sobre un recurso vital como el agua, con episodios de sobreexplotación y contaminación de acuíferos, sobreexplotación de aguas superficiales y despilfarro del agua.

La eutrofización de ecosistemas acuáticos es claro ejemplo de superación de la capacidad natural de asimilación de la contaminación de los suelos y acuíferos con fertilizantes inorgánicos de origen industrial o extractivo.

La masiva difusión de tóxicos biocidas es otra característica del modelo agroindustrial. En la campaña 2007/2008 de soja, se utilizó el equivalente a 200 millones de litros de glifosato, herbicida que se vincula con numerosos casos de cáncer, malformaciones y alergias de todo tipo, así como enfermedades autoinmunes y “raras”, que afectan a los pobladores sometidos a los efectos de las fumigaciones realizadas en masa en las cercanías o en forma directa sobre los poblados.

Degradación y erosión de suelos, pérdida de diversidad biológica, gravísimos daños a la salud humana y biosférica, cambio climático, agotamiento de los bienes necesarios para el futuro, concentración de la riqueza, desplazamiento de poblaciones humanas, fomento a la especulación^[35] y la total dependencia de los menguantes combustibles fósiles son los que definen la insostenibilidad del modelo agroindustrial.

Pese a la existencia de claros y contundentes indicadores que definen la conveniencia de iniciar una acelerada transición hacia modelos agroalimentarios que no se conciban como una guerra bioquímica contra la naturaleza, el modelo agroindustrial tiende a expandirse impulsado por la limitación de la oferta^[36] y el crecimiento de la demanda^[37] de granos, tendencias que conducen a un aumento en el ritmo con el que se practican las actividades agropecuarias y también la amplitud geográfica donde se desarrollan, con severas modificaciones en el nivel de intervención gracias al flujo energético fosilista aún disponible; mientras que, combinando los avances en electrónica, informática, tecnologías satelitales y biotecnología, se modifica también la profundidad de transformación de la naturaleza que motiva la agroindustria.

En este contexto, muchos ponderan el modelo de producción agroindustrial como un alarde tecnológico y destacan su contribución al crecimiento económico, pero muy pocos son los que opinan sobre sus graves y crecientes costos sociales y ecológicos, como si tales cuestiones no hicieran al desarrollo y buen vivir del pueblo argentino.

Hasta la fecha, ha prevalecido la idea de mejorar la seguridad alimentaria mediante la introducción de cambios tecnológicos en el modelo agroindustrial, dejando de lado los cambios político-sociales indispensables para proteger la base de recursos naturales, asegurar su más justa distribución y promover la soberanía alimentaria.

Un agromodelo sostenible

Así como el modelo agroindustrial es la lógica consecuencia del productivismo y su economía de “crecimiento perpetuo”, un sistema agroecológico solo puede ser el resultado de un cambio hacia una organización socioeconómica diferente, hacia una sociedad convivencial y sostenible, construida a partir de la transición desde una economía de siempre más hacia una de lo suficiente; desde el consumismo al consumo responsable; desde el darwinismo social hacia la solidaridad generacional (sincrónica y diacrónica). Se trata de un cambio copernicano, indispensable para llevar a la práctica los desarrollos teóricos para el diseño y manejo de sistemas agropecuarios sostenibles.

El a-crecimiento, tal como lo propone Serge Latouche^[38], y el enfoque entrópico de la economía^[39] son los fundamentos que impulsan a la ecología política a plantear que la economía de crecimiento continuo no es sostenible, ni tampoco lo es la de contracción continua, de allí su propuesta para evolucionar hacia una economía en estado estacionario.

Ya a mediados del siglo xix, John Stuart Mill (1848) se refería al estado estacionario de la economía sosteniendo que

La condición estacionaria del capital y de la población no implica el estado estacionario del mejoramiento humano. Habría tantas oportunidades para todo tipo de mentalidades culturales, para el progreso moral, social, para perfeccionar el arte de vivir si las mentes dejasen de enfrascarse en el arte de medrar.

Herman Daly, en los años 80 del siglo xx, introduce la idea de mantener un acervo constante de riqueza física y un acervo constante de personas, con una baja tasa de sustitución tanto de materia como de energía, lo que a su entender permitiría alcanzar un estado de equilibrio biofísico y crecimiento moral, un estado sostenible óptimo de la economía humana al que denomina economía en estado estacionario de equilibrio dinámico (DESSE), ya que el estado estacionario “no es ni estático ni eterno; es un sistema en equilibrio dinámico dentro de la biosfera entrópica que lo contiene y lo sostiene”. Una DESSE es la que usa la energía y los recursos a niveles que están dentro de los límites ecológicos y en la que el objetivo de maximizar la producción económica es reemplazado por el objetivo de maximizar la calidad de vida.

En una economía en estado estacionario, la población y el consumo tienden a estabilizarse, estabilizando la cantidad de alimentos por producir, terminando con la alocada carrera por producir y acumular cada vez más alimentos a costa de graves impactos ambientales, en un sistema que –por otra parte– no los hace disponibles a los hambrientos. El estado estacionario de la economía conduce a la desconcentración y descentralización, favoreciendo el desarrollo de sistemas locales de producción, distribución y consumo con una sensible baja en la intensidad de carbono de la energía^[40] y en la intensidad energética de la economía^[41] en las etapas de cultivo, riego, fertilización, recolección, envasado y distribución de alimentos, definiendo una menor dependencia de los menguantes combustibles fósiles, del empleo de agroquímicos, del transporte y del uso intensivo de plásticos para embalaje.

Entre quienes proponen sistemas alternativos al sistema-mundo productivista con una mirada ecologista se destaca Ted Trainer (2007), quien plantea la necesidad de adoptar estilos de vida más sencillos, niveles de vida material mucho menos opulentos que los existentes en el mundo industrializado y maneras de vivir más comunitarias y cooperativas, destacando la importancia de desarrollar tanta autosuficiencia local como razonablemente podamos; todo ello en un marco económico muy diferente al actual –no manejado por fuerzas de mercado o por el afán de lucro– que ofrezca la posibilidad de escapar de la rueda económica y dedicar nuestras vidas a cosas más importantes que meramente producir y consumir.

Los ecologistas Bill Mollison y David Holmgren (1978) introducen –por primera vez– el término permacultura como contracción de agricultura permanente y de cultura permanente, sintetizando así la indispensable visión holística.

Otro intento por avanzar en la construcción de sistemas alternativos al sistema hegemónico lo constituyen las denominadas iniciativas de transición^[42] impulsadas por Rob Hopkins, quien plantea como objetivo central la reconstrucción de la resiliencia local, la reconstrucción de la capacidad de recuperación local para responder a las interactuantes presiones del cambio climático, la reducción de combustibles fósiles y el aumento de la contracción económica. Su convocatoria a organizar comunidades en transición se basa en cuatro supuestos básicos:

• Que es inevitable vivir con un consumo de energía mucho más bajo, y que es mejor planearlo en lugar de ser tomados por sorpresa.
• Que nuestras comunidades y asentamientos han perdido la resiliencia que les permitiría adaptarse al dramático cambio de paradigmas que acompañarán al descenso del petróleo.
• Que tenemos que actuar de manera colectiva, y hay que hacerlo ahora.
• Que liberando nuestra creatividad y capacidad colectiva podremos construir nuevas formas de vida más enriquecedoras, más conectadas a lo comunitario, y reconociendo los límites biológicos del planeta.

Las propuestas de Trainer, Mollison, Holmgren y Hopkins (2010) se encuadran dentro de las estrategias demostrativas y de estilos de vida, basadas en construir sistemas alternativos dentro del propio sistema. En tal situación, como lo advierte Trainer, muchos se pueden preguntar si el sistema, al identificarlos como una amenaza a su supervivencia, no aniquilará estos intentos alternativos, pero la verdadera pregunta que se deberían formular es si será capaz de hacerlo en la era de la escasez que se avecina. El sistema-mundo productivista no tendrá capacidad para afrontar la convergencia de los irresolubles desabastecimientos de petróleo, agua, alimentos, tierra y minerales básicos, todo ello acompañado de una población en aumento, los efectos del cambio climático y una acelerada descomposición social. En el corto tiempo disponible, antes de 2030, la gente debe darse cuenta de que el sistema ya no tiene respuestas y, en la transición, desarrollar sistemas alternativos, verdaderos salvavidas frente al inevitable naufragio que se avecina; entre ellos, el diseño y puesta en práctica de modelos agropecuarios convivenciales y sostenibles, empleando el término sostenible no como maquillaje para seguir con más de lo mismo, sino como la expresión de un modo de vida verdaderamente diferente.

Más allá del contexto socioeconómico indispensable para que un modelo agroecológico sea posible, su aplicabilidad descansa en su potencial productivo para alimentar a la población mundial. José Luis Porcuna (2001) –cálculos mediante– afirma que se requiere producir 1,7 toneladas de alimento por hectárea para asegurar la alimentación de una población mundial de diez mil millones de habitantes, rendimiento que la agroecología puede alcanzar para todos los tipos de productos, incluyendo los cereales.

Para erigirse en método alternativo a la producción agroindustrial, además de ser productiva, la agroecología debe satisfacer las siguientes condiciones:

• emplear energía solar;
• funcionar en un ciclo cerrado (todos los nutrientes se producen in situ);
• no hacer uso de herbicidas;
• no hacer uso de insecticidas industriales; y
• no requerir insumos externos al sistema.

Un modelo agropecuario convivencial y sostenible, en el que las relaciones entre los consumidores y los productores resultan en alto grado personales, conduce a una mayor seguridad y calidad alimentaria. El modelo agroindustrial, hegemonizado por propietarios corporativos ausentes, conduce a la toma de decisiones basadas solo en la rentabilidad económica inmediata, muy alejada de la toma de decisión de aquellos agricultores y sus familias que viven en las unidades de producción. Un modelo agroecológico provee de soberanía alimentaria, multiplica las oportunidades de trabajo y motoriza la aparición de potentes economías locales fruto de las interacciones directas e indirectas entre agricultores y consumidores, con una fuerte reinversión de la riqueza en la economía local.

La sostenibilidad del modelo agroecológico involucra también cuestiones éticas vinculadas a la forma de alimentarnos, tales como las referidas a las prácticas productivas que causan sufrimiento animal, cuestión en la que es bien conocida la opinión del ecologismo político e involucra cuestiones vinculadas a la indispensable evolución hacia una dieta predominantemente vegetariana.

El ecologismo político plantea que la seguridad alimentaria de la humanidad requiere del abandono del insostenible modelo agroindustrial y su reemplazo por un modelo agroecológico capaz de combinar ecoeficiencia, biomímesis, equidad, dieta baja en carne y autolimitación.

Conclusiones

En la Argentina se ha impuesto un modelo agroindustrial que no puede garantizar en el tiempo sus condiciones de reproducción y que solo beneficia con enormes ganancias económicas a muy pocos, mientras que muchos se ven perjudicados por sus impactos sociales, culturales y ambientales. Se trata de un modelo agroindustrial del que depende la economía y seguridad alimentaria, pero que resulta totalmente dependiente de fuentes energéticas fósiles y de las condiciones climáticas, en momentos en los que urge abandonar los combustibles fósiles (tanto por limitaciones de fuentes como por saturación de sumideros) y en momentos donde se hacen presentes los impactos del cambio climático antropogénico.

Pese a la fragilidad del modelo agroindustrial, la inercia económica y cultural que ha adquirido lo hace capaz de neutralizar cuanta crítica o advertencia se haga sobre su futuro. El gran desafío es poder vencer esa inercia que nos hace ir a contramano del verdadero progreso y tomar la decisión de reemplazar el actual insostenible modelo agroindustrial por uno agroecológico, intensivo en conocimientos, trabajo y diversidad, caracterizado por hacer uso de la energía solar, basado en imitar muchas de las estrategias que utiliza la naturaleza para dar estabilidad a los sistemas (en lugar de contrariarla), un modelo de producción que no requiera del empleo de agroquímicos ni de insumos externos al ecosistema y que, en definitiva, sea realmente sostenible.

Las decisiones que permitieron el arrollador avance de la frontera agropecuaria dejaron de lado aquellos valores que pertenecen a la esfera socio-ambiental y que no son reductibles a unidades monetarias, de allí que resulte urgente y necesario un cambio copernicano del paradigma económico dominante y, en tal dirección, habrá que pensarnos como sujetos activos y no como sujetos pasivos librados a las leyes de un supuesto mercado inteligente, ni a sus efectos socio-ambientales. Como artífices de un modelo de desarrollo diferente en el que protección ambiental, desarrollo social y progreso económico sean alcanzados en forma conjunta y equilibrada, en el que se desvincule al progreso económico de la degradación ambiental y en el que se combata la pobreza, modificando las insostenibles modalidades de producción y consumo, mientras se protege y ordena la base de recursos naturales del desarrollo económico y social.

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