El debate sobre los bienes comunes

Adrián Gustavo Zarrilli

Introducción

Es evidente desde hace algunas décadas, pero presente en la propia naturaleza del sistema capitalista, que no hay lugar en el mundo donde un profundo descontento no se manifieste frente al crecimiento de la inequidad social, los abusos de poder y la destrucción de la naturaleza. La consciencia social sobre estos procesos va en aumento. El modelo de desarrollo económico está en el origen de los desequilibrios.

La multiplicidad de crisis que se agudizaron en los últimos tiempos son el resultado de la misma lógica de fondo: (1) una concepción del desarrollo que ignora las “externalidades” (es decir, los daños naturales y sociales); (2) la idea de un planeta inagotable; (3) la prioridad dada al valor de cambio sobre el valor de uso y (4) la identificación de la economía con la tasa de ganancia y la acumulación del capital, que crea consiguientemente enormes desigualdades económicas y sociales.

Este modelo que resultó en un desarrollo espectacular de la riqueza mundial ha entrado en una crisis estructural de su función histórica, por su carácter destructor de la naturaleza y por la desigualdad social que ha provocado.

Los ejes de la vida humana en el planeta pueden sintetizarse en cuatro cuestiones: la relación con la naturaleza; la producción de la base de la vida (economía); la organización colectiva, social y política y la lectura y la expresión simbólica de lo real. La crisis actual demanda sin embargo una reflexión compleja (que va a la raíz) (István Mészarós, 2008) y que expresa una reorientación profunda frente al paradigma en la base del capitalismo.

Cada sociedad desarrolla un vínculo específico con la naturaleza a fin de lograr satisfacer sus necesidades. Las normas jurídicas y los acuerdos sociales en general, así como la legislación ambiental en particular, determinan las reglas que permiten a los actores sociales acceder o hacer uso de los recursos.

Los recursos y bienes en general pueden estar sujetos a cuatro regímenes de uso y apropiación: a) propiedad privada, b) propiedad estatal, c) libre acceso, o d) propiedad comunal (bienes comunes). En este último, el derecho de uso y restricción pertenece a una comunidad identificable, la que a su vez excluye a los externos y regula el aprovechamiento por parte de sus miembros (Feeny et al., 1990). La propiedad comunal es más una relación social que una forma de propiedad ya que son los acuerdos entre los miembros de una comunidad los que determinan de qué modo se deben gestionar los bienes comunes (Helfrich y Hass, 2008).

En este contexto, las formas de gestión son dinámicas y las comunidades son susceptibles de verse privadas del acceso a los bienes comunes a través de procesos de cercamiento, que pueden configurar nuevos órdenes económicos como los descriptos por Marx (1976) y Harvey (2004) bajo los conceptos de acumulación originaria y acumulación por desposesión, respectivamente. En las últimas décadas, los procesos de cercamiento y privatización de bienes comunes se han intensificado en el marco de la estrategia de acumulación por desposesión bien descripta por Harvey (2004). El neoliberalismo, como teoría de prácticas político-económicas que promueve ampliar las libertades empresariales y establecer un marco institucional que garantice los derechos de propiedad privada, mercados fuertes y libertad de comercio, afecta los bienes comunes y favorece las condiciones para el proceso de desposesión (Harvey, 2004). Estos los procesos de acumulación por desposesión no requieren obligatoriamente la contingencia de cambios en los derechos de propiedad. No obstante, deterioran el acceso a ciertos recursos por parte de algunos actores sociales (en especial, desde ya a los más socialmente vulnerables) (Cabrol y Cáceres, 2017).

Los bienes comunes y la cuestión rural

Los bienes comunes son aquellos recursos que son compartidos y utilizados por todos los miembros de una comunidad, como el aire, el agua, la tierra, la biodiversidad y la cultura. Estos bienes son esenciales para el bienestar humano y para la supervivencia de la vida en la Tierra. Sin embargo, a menudo se los considera como algo dado, algo que siempre estará ahí y que no requieren ningún tipo de cuidado o protección especial. Es importante reconocer que los bienes comunes son recursos limitados y que su uso y explotación sin límites puede tener consecuencias graves y a largo plazo para las generaciones presentes y futuras. Cuando los bienes comunes son explotados de manera irresponsable, se produce una degradación del medio ambiente, una disminución de la calidad de vida de las personas y una pérdida de la diversidad cultural (Flores-Xolocotzi, 2015).

Por lo tanto, es esencial tomar medidas para proteger y gestionar adecuadamente los bienes comunes. Esto implica la implementación de políticas públicas que promuevan su conservación, la participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre su uso y gestión y el reconocimiento de los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas sobre estos recursos.

Además, es importante tener en cuenta que los bienes comunes no son solo recursos naturales, sino también culturales. La diversidad cultural es una forma de riqueza humana y su pérdida puede tener consecuencias graves para las sociedades. Por lo tanto, es fundamental proteger y promover la diversidad cultural y reconocer su importancia como un bien común.

En resumen, los bienes comunes son recursos esenciales para el bienestar humano y la supervivencia de la vida en la Tierra. Su protección y gestión adecuada son fundamentales para asegurar su sostenibilidad a largo plazo y para garantizar la justicia social y la equidad. La importancia de los bienes comunes debe ser reconocida y valorada por todos, y debemos trabajar juntos para protegerlos y promover su uso sostenible (Coriat, 2020).

En el contexto contemporáneo latinoamericano, es importante abordar el tema de los bienes comunes (tierra, agua, recursos naturales, etc.) vinculados a formas de gestión de las comunidades rurales en una circunstancia en que el proceso de valorización capitalista de los recursos naturales se halla probablemente en uno de sus puntos más altos de las últimas décadas. Partiendo de esta idea, podemos retomar las reflexiones que sobre los comunes realiza Coriat (2020, pp. 13-14), quien nos ofrece tres significativos puntos de partida que pueden aplicarse al caso latinoamericano: a) los bienes comunes como recursos colectivos (detrás de estos siempre hay una comunidad), b) la acción colectiva como sustento del bien común, y c) las diversas clases de gobernanza que responden a la diversidad de actores e intereses implicados en el bien común (Martínez y Cielo, 2017).

Debemos, a partir de este enfoque, analizar críticamente la visión que sobre el medio ambiente tiene el pensamiento hegemónico conservador, que reduce las políticas ambientales a cuestiones conservacionistas sobre áreas protegidas y olvida o minimiza el proceso de privatización de los recursos o bienes comunes (tierra, agua bosques y otros recursos del territorio). En el caso argentino, por ejemplo, la presión sobre bienes comunes –agua, suelo, bosques– es intensa. Por ejemplo, es bien conocido este proceso que genera la extranjerización de la tierra (en el noroeste, la Patagonia y el noreste) donde se ubica el mayor porcentaje de tierras públicas y de frontera agrícola. La puesta en manos extranjeras de estos recursos se da en conjunto en muchos casos con el Estado, en contra de los intereses principalmente de comunidades indígenas y campesinos, que pasan a ser expulsados directamente de sus territorios (Martínez y Cielo, 2017).

Por otro lado, una perspectiva sustancial en el contexto de cambio que se aprecia es la defensa de lo común, la apuesta por prácticas sociales basadas en la solidaridad, adhesión y participación conjunta; los bienes comunes o “the commons” (Ostrom, 1990) y su defensa, los que se han convertido en uno de los puntos cruciales de lucha en Latinoamérica y Argentina, especialmente en el sector rural. En esta cuestión, Latinoamérica se ha transformado en una región referente, dada su experiencia y conflictos sostenidos en el tiempo y en muchos casos ganados; sin embargo, el impulso de la lógica capitalista demuestra que se trata de un conflicto estructural, irremediable, en el marco de esta lógica capitalista.

Un aspecto fundamental de este tema, en el marco latinoamericano, es la forma en que se ha logrado comprender a los “bienes comunes”, a través de la tradición sostenida por los pueblos originarios, por las culturas populares regionales y el campesinado, cuya cosmovisión ronda alrededor de los bienes que pertenecen a la comunidad. Puede entonces verse a Latinoamérica ubicada en la lucha de los comunes como una región dinámica, perceptiva y de vanguardia en estas cuestiones, y que ha conseguido afirmar las bases de un debate en torno a lo común, especialmente en relación con los bienes naturales.

La lucha por la defensa de los bosques, mares, semillas y demás bienes naturales, así como culturales, y por un conocimiento científico sin restricciones legales y económicas componen un campo de discusión extenso y necesario en Latinoamérica. Los bienes comunes y las prácticas comunales y solidarias componen, también, una de las causas más distintivas e identitarias de Latinoamérica, donde es clave sostener esfuerzos sociales, institucionales y gubernamentales para consolidar los proyectos que busquen resguardar aquello que pertenece a la sociedad en general, y fuera de la lógica de mercado como único mecanismo regulador de las relaciones materiales (Martínez y Cielo, 2017).

Esta perspectiva es visible también a partir de las normativas que están influyendo grandemente en nuestro continente; desde principios del siglo xxi, la mayoría de las constituciones latinoamericanas han sido cambiadas en los artículos referentes a la garantía de los bienes naturales bajo uso y acceso comunal. Recursos como los bosques, los territorios, el agua, las semillas, los recursos pesqueros que el marco normativo anterior, y de fuerte influencia liberal, ponía en disputa estos bienes. La historia y trayectoria de pequeños agricultores, familias campesinas, pueblos originarios y pescadores artesanales constituye el patrimonio biocultural común por defender, y que hoy se encuentra bajo la amenaza de un despojo por el capital, que además pone en riesgo la pérdida de soberanía alimentaria.

Quizás uno de los ejemplos más representativos de esta cuestión sea el de las transformaciones en la ley del acceso y uso de las semillas. El sentido de estas variaciones ha sido controlado por los propios gobiernos nacionales en un discurso de progreso y modernidad, acordando en muchos casos la privatización. Estos cambios han inducido una gran inquietud para el devenir de las sociedades de agricultores familiares. El control de los diversos recursos fitogenéticos es clave para que exista una verdadera posibilidad de sostenimiento de soberanía alimentaria. Si el control queda en manos de los pequeños productores, se sostendrán los cimientos para constituir los lineamientos de una soberanía alimentaria con cimientos en las tradiciones culturales agroalimentarias, tradición de las comunidades latinoamericanas. Y desde ya, si el control permanece en manos de las corporaciones transnacionales, la pérdida de las posibilidades para constituir vías alternativas a la soberanía alimentaria sería evidente. La propiedad intelectual de estos están conformando vulnerabilidades sociopolíticas en el interior de las organizaciones sociales campesinas al no poder garantizar el dominio sobre sus propias semillas y así la reproducción de sus sistemas agroalimentarios (CLACSO, 2016).

Uno de los mayores retos ambientales de nuestro tiempo es el del cambio global, con la comprensión de que vivimos en la “Era del Antropoceno” (Crutzen y Stoermer, 2000). Los humanos nos hemos convertido en una fuerza de la naturaleza que afecta al planeta, a escala geológica y a un ritmo mucho más rápido que la velocidad lenta y a veces imperceptible del cambio tradicional. Tenemos el poder de afectar la robustez y la resistencia de la Tierra, con impactos en todas las escalas espaciales, desde la local hasta la global (Padilla, 2021).

Muchos son los ejemplos de este dramático impacto, desde la disminución de los sedimentos en los ríos hasta la aceleración de la extinción de especies, la contaminación de la tierra, el agua dulce, los océanos y la atmósfera, entre otras consecuencias evidentes. Nuestras actividades tienen profundos efectos en todos los continentes y en nuestros océanos, y plantean amenazas evidentes, especialmente para la alimentación mundial y el acceso al agua dulce.

El resultado es que nuestro planeta se ha convertido en efecto en un bien común global. La atmósfera, los océanos, el sistema oceánico-atmosférico y la capa de ozono son ejemplos de bienes comunes mundiales.

El clima global y, por lo tanto, la resistencia y la integridad de nuestro planeta no pueden ser compartimentados. Ver la Tierra como un bien común global que todos compartimos no requiere que lo consideremos como propiedad común que poseemos. Muchas políticas, como para los recursos energéticos, agrícolas y de agua, se deciden y se ponen en efecto a nivel local, nacional o regional. Y, sin embargo, juntos afectan el acceso y calidad de los recursos y la resistencia e integridad de la Tierra.

Diversidad biológica y agua dulce, aunque de carácter local o regional, y sujetos a la jurisdicción nacional, son, en un sentido más amplio, una preocupación común de la comunidad global. La doctrina jurídica internacional de la preocupación común de la humanidad, que se estableció para el cambio climático y la biodiversidad en 1992, debería extenderse a los bienes comunes mundiales, para que reconozcamos explícitamente nuestras responsabilidades para conservar los bienes comunes.

Debemos ver los bienes comunes globales a través de dos perspectivas: la intergeneracional, que abarca desde la próxima generación a largo plazo a décadas o incluso siglos, y la que es un enfoque ascendente que centra su perspectiva en las acciones de aquellos que afectan a los bienes comunes y se ven afectados por ellos (Houtart, 2013).

El marco intergeneracional

Todas las generaciones, pasadas, presentes y futuras, están vinculadas en los bienes comunes globales de la Tierra. Somos parte de la Tierra y ambos afectan profundamente la Tierra y se ven afectados por ella. Ya que somos los seres vivos con mayor capacidad de transformación del ambiente y a la vez de mayor conciencia de esta condición, se podría argumentar que la Tierra constituye una propiedad común para nosotros, pero esto no implicaría que podamos hacer con la Tierra lo que queramos. Somos parte intrínseca del sistema y, en este sentido, somos apenas beneficiarios de los bienes comunes mundiales.

La equidad intergeneracional es un principio fundamental del desarrollo sostenible, que implica tomar decisiones responsables y asegurar la protección y uso sostenible de los recursos naturales y culturales para garantizar que las generaciones futuras puedan satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida. Este enfoque no solo se enfoca en los aspectos ambientales del desarrollo sostenible, sino que también considera los aspectos sociales y económicos, y cómo estos se relacionan con el bienestar y la justicia intergeneracional. Se basa en la idea de que los recursos naturales son limitados y que su explotación y uso irresponsable puede tener graves consecuencias para las generaciones futuras. Por lo tanto, se requiere una gestión responsable de estos recursos para garantizar su sostenibilidad a largo plazo y permitir que las generaciones futuras disfruten de los mismos beneficios que las generaciones actuales (Morel, 2000, p. 5).

Además, la equidad intergeneracional también se relaciona con la justicia social y económica. En muchas sociedades, existen desigualdades económicas y sociales que pueden afectar el acceso de las generaciones futuras a los recursos y oportunidades necesarios para un desarrollo sostenible. Es necesario abordar estas desigualdades para garantizar que las generaciones futuras tengan acceso a las mismas oportunidades que las generaciones presentes. Para lograr esto, es necesario tomar medidas para promover la sostenibilidad a largo plazo de los recursos naturales y culturales. Esto implica la implementación de políticas públicas que fomenten la conservación de los recursos y su uso sostenible, y la participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre su uso y gestión. Además, se debe promover la inversión en tecnologías y prácticas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, y fomentar la educación y conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad y la equidad intergeneracional (Morel, 2000, p. 7).

El principio de equidad intergeneracional sostiene que todas las generaciones son socias en el cuidado y uso de la Tierra. La generación actual debe pasar la Tierra y nuestros recursos naturales y culturales para las generaciones futuras en al menos tan buen estado como los recibió para que puedan solventar sus propias necesidades. Esta obligación se aplica tanto a la diversidad como a la calidad. Conduce a la robustez y la resistencia del entorno humano.

El concepto de equidad intergeneracional ha sido desarrollado y elaborado por muchos autores y pensadores a lo largo de los años, por lo que es difícil atribuir su origen a un solo autor. Sin embargo, algunos de los primeros autores que abogaron por la equidad intergeneracional incluyen al economista noruego Ole Hamre y al filósofo alemán Hans Jonas, quienes escribieron sobre la responsabilidad hacia las generaciones futuras en los años 1970. En su obra El principio de la responsabilidad, Hans Jonas argumentó que la responsabilidad moral no se limita solo a las generaciones presentes, sino que también se extiende a las generaciones futuras que no pueden defenderse por sí mismas. Este enfoque ético ha sido influyente en el desarrollo de la teoría de la equidad intergeneracional (Jonas, 1995).

En tanto la técnica engrandece su poder hasta el punto en que se vuelve sensiblemente peligrosa para el conjunto de las cosas, extiende la responsabilidad del hombre al futuro de la vida en la tierra, que ahora está expuesta indefensa al abuso de ese poder. Con ello la responsabilidad humana se vuelve cósmica por primera vez (porque no sabemos si el universo ha producido antes una cosa igual (Jonas, 1995, p. 36).

La cuestión de si están autorizadas las generaciones presentes a apropiarse de sus recursos sin ningún tipo de regulación –la Tierra (el ecosistema y su contexto ecológico)– no pertenece a nadie en concreto. Las palabras de Jonas son muy claras al respecto: “No podemos hipotecar la vida de las generaciones futuras, apoltronándonos tranquilamente ahora” (2001, p. 86).

Conceptualizando los bienes comunes de esta manera y explorando cómo los bienes comunes se reproducen con el tiempo, en relación con cambios sociales más amplios, uno puede obtener una comprensión no solo de los dilemas de los recursos, sino también de cómo se construyen lugares e identidades específicas. Por lo tanto, el concepto de comunión infiere un proceso dinámico que integra la historia, la interacción social y el medio ambiente. Tales conceptualizaciones tienen implicaciones importantes sobre cómo comprendemos la dinámica de los bienes comunes. No se trata simplemente de explicar cómo el uso de los recursos afecta a los bienes comunes, sino más bien de explorar cómo los diferentes procesos en común coevolucionan y cómo están integrados en las sociedades que los usan.

En este sentido, en América Latina los emprendimientos extractivistas^[1] adoptaron la categoría de neoextractivismos fijando ideas de desarrollo asociadas a la generación de empleos y al progreso material y económico mediante la exportación de commodities. Bajo un esquema global de acumulación capitalista y subordinación colonial, los extractivismos se convirtieron en elementos centrales de las estrategias de desarrollo en Latinoamérica y en el origen de una profunda transformación ambiental de la Tierra.

El avance de estas actividades necesariamente demanda –y exige cada vez más– la expansión de las fronteras de explotación de los bienes naturales cada vez más escasos. En este sentido, los últimos 50 años marcaron una nueva forma de apropiación, acumulación y mercantilización de la naturaleza, presionando fuertemente sobre los territorios y las poblaciones rurales del Sur global. A lo largo de la región latinoamericana, se acentuaron las megaexplotaciones mineras a cielo abierto, la extracción de hidrocarburos de manera convencional y no convencional (fracking), la sobreexplotación pesquera y los monocultivos para la exportación desde el modelo de los agronegocios. Los bajos costos en los procesos de producción y la mano de obra, como también la flexibilidad en el control y las regulaciones en el sur, facilitaron la instalación y la extensión de las actividades extractivas, reconfigurando los territorios bajo nuevas formas de dominación, actores intervinientes y modos de acumulación conformes a las demandas del capitalismo contemporáneo (Ezquerro-Cañete y McKay, 2022).

Hacia la década de los 90, en América Latina comenzó a expandirse un modelo agrario caracterizado por el uso intensivo de biotecnologías en gran escala y sistematizado bajo estándares internacionales (manipulación genética de semillas e incorporación de agroquímicos). Este desarrollo acuñó el inicio de un período de alta innovación con maquinaria más eficiente y a su vez un proceso de concentración de tierras y capital.

La tecnificación permitió incrementar notablemente la extracción de bienes naturales en volumen, intensidad y escala, modificando el sostén y regeneración de los ciclos naturales de los ecosistemas y su equilibrio dinámico. Esta lógica se plasmó en el agronegocio, convirtiéndose en uno de los principales componentes constitutivos de los extractivismos por la magnitud de su expansión espacio-temporal, la demanda material terrestre y su participación en el sistema agroalimentario global (Ezquerro-Cañete y McKay, 2022).

Particularmente, el sector agroalimentario globalizado se despliega a partir de 1990 bajo procesos productivos con fuerte tendencia al monocultivo bajo las lógicas económicas del capitalismo. Este esquema se expandió fuertemente a lo largo de la región latinoamericana destruyendo amplias extensiones de bosques nativos –y otros sistemas ecológicos– y las funciones ambientales asociadas, como a su vez el desplazamiento de economías regionales, modelos de producción tradicional y comunidades campesinas e indígenas de sus tierras. En razón de ello es que se comprende que entre los atributos propios del modelo de los agronegocios se halla la concentración económica y la degradación socioambiental que da lugar a una reconfiguración social y ecosistémica con nuevos usos sociales de la tierra.

Esta transformación de los territorios rurales se expresó fuertemente en zonas como el Cerrado en Brasil, en Centroamérica para la producción de caña de azúcar, aceite de palma y palta, y en la Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia para el cultivo de soja. La frontera sojera sostuvo un auge en América del Sur a inicios del siglo xxi, en que se aumentó la superficie cultivada en varios millones de hectáreas. En este contexto se acentuaron las desigualdades preexistentes en las regiones productivas puesto que ya desde mediados del siglo xx se registraba una tendencia hacia la concentración de la tierra en pocos propietarios y el desplazamiento de poblaciones y producciones de menor escala. En razón de ello es que entre los puntos más discutidos sobre la expansión de los agronegocios se encuentran la propiedad y el uso de la tierra, pues se ajusta a un modelo capital-intensivo demandante de extensos territorios adquiridos por grandes empresas agrarias de gran capacidad financiera y tecnológica.

En tanto aumentan los conflictos sociales asociados a la acumulación del capital en las actividades productivas, también se ponen de manifiesto los límites ecológicos del sistema capitalista conforme se hace más evidente la incapacidad para sostener el modelo de producción y consumo que lo respalda. La fuerte transformación ambiental en Latinoamérica se expresa en la problemática ecológica, que se traduce transversalmente en los conflictos sociales de los territorios agroproductivos de gran escala e intensidad. El desarrollo de las externalidades socioambientales es advertido en cambios de las dinámicas naturales de los ecosistemas que terminan por afectar el bienestar de las especies humanas y no humanas en las áreas intervenidas. Entre ellas se destacan la contaminación del agua y los suelos, la pérdida de afluentes y merma de caudales, la pérdida de biodiversidad y fertilidad de los suelos, cambios en la frecuencia de incendios, sequías e inundaciones, entre otros. Frente a este marco emergen problemáticas locales que se traducen en el incremento de patologías sanitarias, cambios en el acceso al agua, la tierra y la alimentación, entre otros factores, afectando así la calidad de vida e incrementando la vulnerabilidad social en los territorios latinoamericanos. Estos impactos se enmarcan bajo procesos de injusticia ambiental que son reflejo de la crisis sistémica –y por ende civilizatoria– de escala planetaria.

Latinoamérica llega así a la contemporaneidad con una compleja herencia histórica. La exclusión social y económica y sus consecuencias siguen siendo norma corriente, como la apropiación oligopólica de los recursos naturales y la depredación ambiental al servicio de un modelo capitalista excluyente. En este contexto hay desde ya elementos positivos. Uno de ellos es que la propia heterogeneidad, como condición concreta de existencia y reproducción de la sociedad, posibilita articulaciones plurales y un riquísimo intercambio de experiencias socioambientales alternativas a la lógica del mercado, así como de lazos sociales cooperativos y solidarios. La cultura latinoamericana, que siempre ha estado abierta al diálogo y al intercambio pero no a un lugar de subordinación, posee un espacio enorme disponible para llevar adelante la búsqueda y elaboración de alternativas para la crisis planetaria (Zarrilli, 2017).

Mirando nuestra realidad hoy, vemos que los proyectos neoliberales han reverdecido. Y esto creo que nos plantea un enorme desafío. Este modelo plantea soluciones a los problemas ambientales que se basan, como dije antes, en profundizar la hegemonía del mercado y la responsabilidad individual en los problemas ambientales y que, trasladado a nuestra manera de hacer historia, nos hace partícipes de un excesivo particularismo y especialización casi individualista. Más allá de analizar y deconstruir estas tendencias, así como sus consecuencias, la historia ambiental debe plantear alternativas válidas para alcanzar una sociedad ecológicamente más sostenible y socialmente más justa, que escape de la dinámica permanente de crisis económica y ecológica

Bibliografía

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