Cuestión ambiental, recampesinización cualitativa y agroecológica en la Argentina (2003-2019)

Lucas Henrique Pinto^[1]

1. Introducción

El presente capítulo pretende visibilizar elementos para la construcción de la soberanía alimentaria en una sociedad con procesos productivos agrícolas y hábitos alimentarios globalizados como la Argentina contemporánea. Buscaremos indicar parte de los procesos y disputas políticas para la construcción de sistemas agroalimentarios agroecológicos desde la agricultura familiar (AF), campesina, regional, sustentable y ecológicamente referenciada. Esta viene siendo desarrollada teórica y concretamente –de forma protagónica pero no exclusiva– por organizaciones campesinas a partir de la agroecología^[2]. El modelo productivo agroecológico es una concreta posibilidad de adaptación de la matriz productiva agrícola familiar en la Argentina frente los retos socioeconómicos y ambientales que se imponen desde la agricultura transgénica industrial (el calentamiento global y su relación directa con la dieta [Delgado, 2016] y el modo de producción agrícola convencional, principal emisor de gases de efecto invernadero) en el actual régimen alimentario corporativo (McMichael, 2015).

Procuraremos describir y problematizar brevemente, de forma exploratorio-interpretativa, algunos discursos y estrategias de producción sustentables y de comercialización que plantean organizaciones de la AF, como la implementación –en distintas escalas– de los debates de la transición agroecológica^[3] y la construcción de espacios de soberanía alimentaria y modelos alternativos a la agricultura transgénica e industrializada convencional hoy adoptada en larga escala como paradigma de agricultura “exitosa”^[4].

La presente propuesta –como objetivo general– pretende, a partir del debate realizado por los sujetos sociales campesinos, asociaciones de pequeños productores rurales agroecológicos, redes y cooperativas, etc., visibilizar a la agroecología en su tridimensionalidad como ciencia, como práctica y como movimiento social^[5]. Las propuestas agroecológicas de la AF como parte de los sistemas agroalimentarios campesino-indígenas son alternativas concretas para el desafío de producir alimentos saludables a precios justos en la Argentina actual. La agricultura sostenible que plantean estos sujetos sociales es una síntesis entre los modos de producción tradicionales de las comunidades campesinas (previos a la revolución verde) y los procesos de transición ecológica desarrollados en los últimos 40 años, en los marcos de la construcción de sistemas agroalimentarios alternativos, que tienen en la agroecología su matriz filosófica y productiva más difundida, construyendo así la propuesta del desarrollo rural agroecológico^[6].

A partir de una discusión teórica sobre soberanía alimentaria y cuestión ambiental en el agro –la ambientalización de la cuestión agraria (Pinto, 2013a)–, el capítulo expondrá las propuestas campesinas oriundas y visibilizadas en el Primer Foro por un Programa Agrario, Soberano y Popular, realizado en mayo de 2019 en la Ciudad de Buenos Aires por más de 60 organizaciones del sector, como síntesis de varios años movilización social de la agricultura familiar en la Argentina, mostrando así a los sujetos sociales que reivindican con propuestas políticas concretas oriundas de su realidad productiva empírica, a la construcción de sistemas agroalimentarios alternativos en los marcos de un proceso mundial de recampesinización (Van der Ploeg, 2010) agroecológica en marcha^[7].

2. Soberanía alimentaria y conflictos ambientales en el agro

Los debates sobre los procesos de transición agroecológica se encuadran en un panorama más amplio de disputa sociopolítica y productiva entre el modelo hegemónico de agricultura industrializada transgénica, de un lado, y el modelo alternativo de producción agroecológica, del otro^[8]. Los debates en torno a estas dos concepciones de apropiación del territorio rural pueden ser leídos también a partir del concepto de conflictos ambientales^[9], donde la soberanía alimentaria tiene especial destaque en el enfoque ambiental de los conflictos rurales (Pinto, 2016b).

El dinámico concepto de soberanía alimentaria^[10] nace como una propuesta contrahegemónica que cuestiona la idea de seguridad alimentaria y, por consiguiente, el modo de producción convencional del sistema agroalimentario corporativo, y es así una crítica temprana a la globalización capitalista neoliberal y sus modos de producción:

La idea de soberanía alimentaria fue introducida primeramente por LVC en la Cumbre Alimentaria Mundial dentro del Foro de ONG sobre Seguridad Alimentaria en 1996. De hecho, una de las principales razones por las que LVC se negó a firmar la Declaración de las ONG fue porque no ofrecía una alternativa real; la declaración estaba constreñida a los marcos existentes. Según Wiebe, al negarse a aceptar la declaración, LVC construyó un espacio para sí misma poniendo el concepto de soberanía alimentaria en el mapa. El interés en el concepto se disemino rápidamente y la idea empezó a aparecer en documentos que abordaban la seguridad alimentaria (Desmarais, 2007, p. 209).

Por ende, al interpretar el modelo agroalimentario contemporáneo desde la perspectiva de la soberanía alimentaria y la agroecología, se está problematizando no solamente el acceso seguro a una dieta minina que posibilite un –muchas veces– deficitario funcionamiento biológico del cuerpo humano (malnutrición), sino que se está trayendo al centro del debate alimentario los aspectos sociopolíticos, socioambientales y culturales involucrados en los procesos de alimentación (producción, procesamiento, distribución, elaboración y consumo de alimentos). Haciendo hincapié en la constitución soberana de una dieta adecuada a cada grupo humano específico, basada en su agroecosistema local e historia particular (y no solo en la cantidad racionada de calorías necesarias para el funcionamiento metabólico del cuerpo humano, la llamada “seguridad alimentaria”). La constitución de una dieta pensada desde de la perspectiva de la soberanía alimentaria y agroecología significa llevar en consideración la ubicación geográfica, oferta de biodiversidad local, clima y cuestiones filosóficas, políticas y religiosas específicas de cada comunidad^[11]. Así, es un debate eminentemente político no solo por los asimétricos conflictos de intereses entre los diversos actores sociales involucrados a escala local, regional, nacional y global, sino sobre la base misma de organización sociopolítica de la sociedad.

Por esto, reivindicar la soberanía alimentaria es necesariamente reclamar por mayor “democracia alimentaría” (Calle, Soler y Rivera, 2010) y también democracia política directa, participación popular en las tomas de decisiones y formulación de políticas públicas agroalimentarias y socio-territoriales (soberanía alimentaria se traduce necesariamente en soberanía sociopolítica y territorial).

Los sujetos sociales que reivindican la soberanía alimentaria critican al control oligopólico privado o estatal de las cadenas de alimentación, que, en el mismo proceso de despojo y concentración de tierras realizada para el pleno funcionamiento del modelo convencional de agricultura industrializada, expulsa poblaciones campesinas indígenas y pequeños productores de la agricultura familiar, alienando a los campesinos de sus históricos modos y medios de producción en el campo, forzando además a un cambio en la dieta, derivado del éxodo rural y la reconfiguración de los hábitos alimentarios y de vida en la ciudad.

Estos productores despojados, acostumbrados económica y culturalmente a producir gran parte de los alimentos que consumen (soberanía productiva/alimentaria), pasan a ser rehenes de los círculos mercantiles de producción y distribución del agronegocio en las grandes ciudades y, por consiguiente, de su calórica “monotonía alimentaria” (Castro, 2011, p. 45). La pérdida de seguridad alimentaria en estos casos se vinculada directamente a la pérdida de soberanía productiva y económica, incrementada desde los procesos neoliberales de transnacionalización de la agricultura mundial y urbanización acentuados a partir de las décadas de 1960 y 1970.

La “globalización alimentaria” (Calle, Soler y Rivera, 2010), al cambiar forzosamente los modos de vida de los campesinos y pequeños productores rurales, rompe con el equilibrio metabólico y cultural que esos sujetos construyeron históricamente en el campo, ya que son comunidades territorialmente referenciadas, además de afectar la oferta de alimentos básicos frescos a precios accesibles en el mercado local, alimentos históricamente producido por los campesinos y pequeños productores de la AF.

La soberanía alimentaria viene a cuestionar no solo los efectos sociales y económicos de las políticas capitalistas neoliberales en lo ideológico, sino también a la misma base de estructuración productiva de la modernidad que, basada en la industrialización-urbanización y en el desaparecimiento de lo rural y de sus sujetos sociales, ha impuesto un modelo civilizatorio extractivo y predatorio a la naturaleza y sus ciclos de generación, limitando la capacidad de resiliencia y la adaptación-accionar de sociedades humanas dentro del capitalismo. Por lo mismo, la idea de soberanía alimentaria no es pensada solo desde lo productivo, sino que también problematiza y politiza la estancia del consumo de los alimentos, y es un potente generador de debates sobre la problemática y asimétrica relación entre el campo y la ciudad; en consecuencia, al debate de la relación sociedad-naturaleza (cuestión ambiental).

La continua reformulación del significado de soberanía alimentaria está contenida desde el internacionalismo –presente en la difusión del concepto por parte de La Vía Campesina Internacional (LVC) en Roma (1996) (Pinto, 2016a)– de una perspectiva societaria global que, no obstante, reconozca la autonomía de lo local y sus particularidades culturales y ecosistémicas. La finalidad es pensar la soberanía no como autosuficiencia aislada, sino desde las posibilidades horizontales de complementariedad productiva entre familias, comunidades, localidades, regiones, ciudades, países, etc.; desde la autodeterminación como pueblos territorialmente referenciados.

La actualidad de tal debate es definida por los recurrentes embates globales de lucha territorial, procesos conocidos como de recampesinización, que traen al centro de las discusiones la “revaluación de la cuestión agraria contemporánea” en un momento de cuestionamientos innegables respecto al impacto en el calentamiento global del modelo productivo convencional de la agricultura industrializada:

[…] el principio del siglo XXI representa una ruptura clara: la tierra volvió otra vez como problema fundamental. Esto último es evidente en la forma en que la tierra se ha convertido una vez más en el objeto de las luchas campesinas […] y de la apropiación de tierras […] de los campesinos. Más que cualquiera de éstos, también es evidente en la forma en que la tierra es ahora considerada como un capital ecológico. La agricultura está siendo de nuevo comprendida y practicada, como coproducción. La interacción y la transformación mutua de los actores humanos y de la naturaleza viva. La agricultura no sólo se basa en ‘los intercambios económicos’, sino también en el intercambio ecológico (Van der Ploeg, ap. McMichael, 2015, pp. 212-213).

Luego, el debate de la ecología política (Martínez Alier, 2009) es en gran medida el que va a reconfigurar la validez y actualidad de la cuestión agraria contemporánea, nutrido de los procesos de organización y resistencia campesina, siempre presentes en distintas intensidades a lo largo del siglo xx y principios del xxi (Pinto, 2013a), como producto de la constatación cada vez más difundida de la insostenibilidad ambiental y energética del modelo capitalista neoliberal y su dependencia de contaminantes y agotables recursos fósiles.

La búsqueda de una alternativa-transición energética y productiva necesariamente recaerá en las comunidades y procesos productivos campesino-indígenas y sus reservas de biodiversidad y tecnologías (agroecologías, milpa, etc.). La centralidad de tal planteamiento, no en una defensa romántica de la naturaleza como ente abstracto discursivo, sino como parte de una interacción metabólica necesaria que nos obliga como seres vivos a estar en constante intercambio de materiales y energía con el medio ecosistémico, que tiene en lo alimentario, como propugna la idea de soberanía alimentaria, uno de sus fundamentales centros de disputa; temas cada vez más prioritarios para los movimientos sociales del campo y organizaciones de consumidores urbanos.

Por consiguiente, vemos que las desigualdades sociales, territoriales, ambientales y alimentarias actuales representan retos estructurales del sistema agroalimentario convencional mundial y en la Argentina en particular. No obstante, los sujetos sociales campesinos proponen formas distintas de apropiación del territorio y producción de alimentos, que tiene su principal hincapié en la sustentabilidad ambiental frente al cambio climático global y, por ende, la construcción de sistemas agroalimentarios democráticos alternativos con justicia social y ambiental^[12], debates que problematizaremos en el próximo apartado.

2.1. La ambientalización y recampesinización de la cuestión agraria: nuevo accionar de los movimientos campesinos contemporáneos

Presente en los recientes debates políticos, económicos e institucionales, y en el análisis de los más difundidos procesos de conflictividad social de la actual fase del capitalismo neoliberal, el tema ecológico se impone como problemática central en la discusión de la sociedad contemporánea. Tal centralidad transversal tiende a enlazarse con el estado de evolución de las fuerzas productivas del sistema capitalista, que genera gran cantidad de “externalidades productivas negativas” (Acselrad, 2010). Estas pueden ser definidas como efectos colaterales (contaminación del aire, cuerpos hídricos, degradación de suelos; calentamiento global; agotamiento de recursos energéticos; control corporativo de semillas y demás recursos biológicos del ecosistema, etc.) de los medios y modos de producción del actual sistema económico hegemónico en la agricultura hacia la sociedad y su espacio natural. Generan por lo tanto impactos y conflictos externos e internos, pues la forma capitalista de apropiación de la naturaleza con el fin de producción de mercancías-commodities tiende a eliminar la base misma de producción (recursos naturales o bienes comunes) que el sistema necesita para su reproducción social y material (Carneiro, 2005). Las externalidades productivas del capitalismo tienden a causar conflictos también a nivel supranacional, por ser los espacios ambientales (ecosistemas) más amplios e interrelacionados que los territorios jurídico-políticos de los Estados nacionales (Fernandes, 2009), y por la amenaza que la acumulación intensiva y extensiva de capital motiva a la finita base natural (recursos naturales).

La percepción global de los efectos ambientales contraproducentes provocados por la producción capitalista (como los monocultivos del sistema agroalimentario corporativo) apareció con fuerza en la arena pública a partir de la Conferencia de Estocolmo en 1972, convocada por las Naciones Unidas (ONU) con base en la propuesta de Suecia, que padecía las externalidades de la “contaminación en el mar Báltico, por lluvias ácidas, por pesticidas y metales pesados encontrados en pescados” (Lopes, 2004, p. 19). Estos problemas no eran exclusivos de ese país, sino que eran reflejo de todo el gigantesco aumento productivo vivido por Europa en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial^[13]. Desde entonces, el tema ambiental pasó a ocupar un papel preponderante en la agenda política de gobiernos, movimientos populares, etc., tal como plantean Lago y Pádua:

Si aceptamos la idea de que el surgimiento y la difusión de una corriente de pensamiento están profundamente vinculados al momento histórico en que ella se manifiesta, podemos encarar la Ecología Social [política] como un caso ejemplar: ella es un fruto típico de nuestra época. Aunque existan raíces de ese tipo de estudio hasta en pensadores de la antigüedad, el hecho es que la percepción de su importancia crucial solamente se torna presente a partir de la enorme radicalización del impacto destructivo del hombre sobre la naturaleza provocado por el desarrollo del industrialismo. La Ecología Social, por lo tanto, no nació de la cabeza de algunos iluminados, sino de las propias contradicciones reales engendradas por la sociedad urbano-industrial” (Lago y Pádua, 1989, p. 24).

Existen, desde ya, diferentes formas de apropiación y utilización del discurso ambiental. Algunas de ellas, en procura de la manutención del orden vigente, buscan “internalizar” las “externalidades” productivas capitalistas, es decir, mensuran económicamente los desechos de los procesos productivos para mitigarlos técnicamente. Otras cuestionan desde una mirada ecológica el sistema y sus modos de producción (metabolismo social^[14]) a los que se los juzga responsables de los problemas ambientales^[15]. Desde esta perspectiva, es legitimada la cuestión ambiental en instancias políticas, académicas, técnicas y sociales, que pasa a ser termómetro de “responsabilidad” y “preocupación social”. Paralelamente, hay una clara ambientalización de los discursos de distintos actores sociales con el objetivo de adecuar sus prácticas al “nuevo fenómeno” social surgido del avance predatorio de las fuerzas productivas capitalistas, como ejemplifica Lopes:

El término “ambientalización” es un neologismo semejante a algunos otros usados en las ciencias sociales para designar nuevos fenómenos o nuevas percepciones de fenómenos. Así, los términos industrialización o proletarización (este último, usado por Marx) fueron indicativos de nuevos fenómenos en el siglo xix, como se podría hablar de tendencias de “desindustrialización” y de “sub-proletarización” desde el final del siglo xx (Lopes, 2004, p. 17).

Estos procesos de “internalización” de los “nuevos fenómenos” o “nuevas percepciones” ambientales (Lopes, 2004) se consolidan en la década de 1980 con el Informe Brutlhand (1987), que propone la idea de desarrollo sustentable, como gran síntesis y ejemplo paradigmático. En realidad, las raíces del debate se remontan a fines de la década de 1960 y principios de 1970, gracias a las discusiones perpetradas en el Club de Roma y en Estocolmo, concomitante al nacimiento de movimientos ambientalistas y a la instalación del tema ambiental en la opinión pública global. En este marco, es interesante la diferenciación que hace Acselrad (2010) entre las distintas formas y posibilidades de discursos (genérico o efectivo) que emergen del proceso de ambientalización. Ellas exhiben las disputas simbólicas y políticas en la búsqueda de legitimidad social entre distintas prácticas productivas y discursivas de grupos específicos y sus impactos en los ecosistemas y las sociedades presente y futura:

[La ambientalización] […] puede designar tanto el proceso de adopción de un discurso ambiental genérico por parte de los diferentes grupos sociales, como la incorporación concreta de justificativas ambientales para legitimar prácticas institucionales, políticas, científicas etc. Su pertinencia teórica gana, empero, fuerza particular en la posibilidad de caracterizar procesos de ambientalización específicos a determinados lugares, contextos y momentos históricos. Es por medio de estos procesos que nuevos fenómenos van siendo construidos y expuestos a la esfera pública, así como viejos fenómenos son renombrados como “ambientales”, y un esfuerzo de unificación los engloba bajo la tutela de la “protección ambiental (Acselrad, 2010, p. 103).

Por tales características y complejidades, la adopción de un discurso ambientalista no implica necesariamente un cuestionamiento a las causas efectivas de los problemas ambientales, sino que representa muchas veces un intento de resignificar y justificar ideológica y técnicamente la continuidad de los degradantes procesos productivos hegemónicos (Pinto, 2011a).

Al plasmarse en el discurso campesino actual la reforma agraria integral y la crítica al modelo productivo intensivo-extensivo del agronegocio (Pinto, 2016b), se verifica la ambientalización popular de los conflictos agrarios. No obstante, esta ambientalización no nace a partir de la pretensión de visibilidad pública (como ocurre con empresas contaminantes que financian proyectos ambientalistas), sino de demandas sociales históricas, que se expresan en el concepto de justicia ambiental:

La noción de “justicia ambiental” exprime un movimiento de resignificación de la cuestión ambiental. Ella resulta de una apropiación singular de la temática del medio ambiente por dinámicas sociopolíticas tradicionalmente involucradas con la construcción de la justicia social. Este proceso de resignificación está asociado a una reconstitución de las arenas donde se dan los embates sociales por la construcción de los futuros posibles. Y en estas arenas, la cuestión ambiental se muestra cada vez más central y vista crecientemente como entrelazada a las tradicionales cuestiones sociales del empleo y renta (Acselrad, 2010, p. 108).

La construcción del debate ambiental como una cuestión social a partir del incremento de la contaminación y, principalmente, de la percepción por parte de los actores sociales afectados hizo que el tema ambiental se institucionalizase y normalizase política y judicialmente. En estos procesos, según Lopes (2004), distintos sujetos sociales y el aparato burocrático del Estado han pasado, en mayor o menor medida, a replicar signos de lo que el statu quo llama “preocupación ambiental” y la economía ambiental de desarrollo sustentable.

Sin embargo, los movimientos sociales agrarios reflejan una construcción diferente, no tan preocupada por la legislación ambiental, sino por sus históricas demandas sociales y, en el caso de las poblaciones indígenas, vinculadas a sus cosmovisiones. La resignificación del debate ambiental que hacen los movimientos campesinos –en consonancia con el movimiento por justicia ambiental y el ecologismo de los pobres (Martínez Alier, 2009)– está ontológicamente asociada a las demandas por justicia social que les han sido históricamente negadas. Con el avance del proceso de acumulación desplegado por el capitalismo en su etapa neoliberal, viejas contradicciones sistémicas y nuevas externalidades productivas afectan en escalas inéditas los modos de vida de estas poblaciones. En respuesta, estas protagonizan conflictos ambientales que representan “nuevos lenguajes de valoración” a sus históricas demandas sociales (Martínez Alier, 2009). Los nuevos lenguajes giran en torno a la privatización y la monetarización de los bienes comunes esenciales para la reproducción social y material, antes de acceso abierto (agua potable, aire limpio, semillas, tierra, etc.) y ahora restringidos, como ocurría con la antaño exclusiva reivindicación por la tierra. Por ende, los recursos se han constituido en objeto de disputa con los nuevos protagonistas de los procesos de capitalización y privatización de los biomas naturales. Como comenta Giarracca:

Estas luchas por los recursos naturales, por la preservación de las riquezas del territorio, atraviesan el presente latinoamericano y se proyectan como uno de los ejes de conflicto de las próximas décadas. La confrontación se da contra las empresas transnacionales que, por medio de las privatizaciones, se hacen cargo del recurso, pero también contra los estados nacionales, que asumen una actitud complaciente frente a esta transferencia de riquezas (Giarracca, 2004, p. 33).

Entre las críticas contemporáneas al modelo y a las políticas agrícolas hegemónicas y a la concentración de la tierra se suma la denuncia contra de las formas contaminantes de apropiación del agronegocio y la megaminería. Las demandas por justicia social y ambiental evidencian la superficialidad con la cual muchos sujetos sociales “ambientalizan” sus discursos (pero nunca sus prácticas). Para ellos, el tema ambiental es un simple adorno a sus proyectos y no cuestionan, por ende, el sistema y sus contradicciones estructurales, generadoras del despojo y contaminación ambiental. En muchos casos, la ambientalización del discurso solamente legitima la lógica desarrollista del crecimiento lineal, no promoviendo alternativas ecológicas y productivas que contemplen los límites biofísicos. Como comentan Lago y Pádua:

No es posible una economía de crecimiento ilimitado en un planeta finito y de recursos limitados. No existe un stock infinito de materias primas para alimentar por tiempo indeterminado el actual nivel de producción. Los recursos renovables no tienen poder para auto reproducirse en la velocidad exigida por la lógica del crecimiento acelerado. […]. Esas contradicciones básicas hacen que el modelo no sea sustentable a largo plazo. Tarde o temprano el sistema se colapsará ecológicamente (Lago y Pádua, 1989, p. 48).

Los debates sobre las potencialidades y los límites de las prácticas humanas de apropiación de la naturaleza pueden ser entendidos desde el prisma del metabolismo social, por vincular conceptualmente los análisis fisicoquímicos ambientales a los procesos sociales que definen la forma humana de intervención en los biomas naturales y sus flujos de materia y energía. Por ello, las demandas y las dinámicas del debate ambiental están también vinculadas a los procesos político-económicos por los cuales las sociedades organizan la forma de actuación sobre el ecosistema y sus ciclos metabólicos. Por tales características, la llamada “crisis ambiental” refleja una fractura de la matriz político-ideológica que orienta las prácticas actuales de intervención humana sobre la naturaleza. Dicha intervención es definida por las acciones hegemónicas desarrolladas en la relación ecosistémica sociopolítica con su base natural:

[Los seres humanos por un lado] […] socializan fracciones o partes de la naturaleza, por el otro naturalizan a la sociedad al producir y reproducir sus vínculos con el universo natural. Asimismo, durante este proceso general de metabolismo, se genera una situación de determinación recíproca entre la sociedad y la naturaleza, pues la forma en que los seres humanos se organizan en sociedad determina la forma en que ellos afectan, transforman y se apropian a la naturaleza la cual a su vez condiciona la manera como las sociedades se configuran (Toledo y González de Molina, 2007, p. 4).

Por lo tanto, la apropiación humana de la naturaleza, esencial para nuestra reproducción biológica y social, puede ser, en su versión hegemónica actual, la responsable directa de los desequilibrios ecosistémicos llamados generalmente “problemas ambientales”. Estos, según Marx, serían “[…] fracturas o [fallas] en la interacción metabólica entre el ser humano y la tierra […]”^[16]. Los desequilibrios conforman también los conflictos ambientales, entendidos aquí como la disputa entre los distintos extractos humanos por las formas hegemónicas de interacción/intervención metabólica con la naturaleza.

Desde allí y en parte debido al recurrente éxodo rural vivido fuertemente a partir de la revolución verde (1960) y la mecanización del campo, que propugna una “agricultura sin agricultores”, se puede notar una creciente urbanización mundial asociada al crecimiento demográfico e industrial en América Latina. Estos procesos, vinculados a la expansión del agronegocio, tienden a disminuir exponencialmente la disponibilidad de tierra cultivada por habitantes^[17]. En parte por esta limitación en la “disponibilidad de tierras” es lógico pensar que se intente “incrementar la producción con una nueva expansión […]. Las perspectivas refuerzan la idea de que la competencia por la tierra se va a incrementar en los próximos años” (González de Molina, 2011, p. 8).

Con el crecimiento demográfico y la gradual concentración de las poblaciones humanas en espacios urbanos (donde casi nunca producen los alimentos que consumen), la cuestión agraria actual se encolumna tras dos grandes objetivos centrales: erradicar la desnutrición y reducir o eliminar los daños ambientales vinculados a las prácticas agrícolas (González de Molina, 2011, p. 9); en este sentido, la reforma agraria integral que reivindica La Vía Campesina Internacional, por ejemplo, responde (en alusión a la pregunta de Martins (2000) sobre qué reforma agraria para cuál cuestión agraria), a la cuestión agraria actual que vincula los efectos del avance del capital y su modo de acumulación ampliada en el mundo agrario a problemáticas urbanas de habitación y alimentación. Esta reforma agraria integral sería, por consiguiente, inherente a la construcción de una nueva relación con la naturaleza, que modificaría el metabolismo social desigual hacia la humanidad y contaminante a los ecosistemas. De este modo se reemplazaría el metabolismo social hegemónico en el actual estadio productivo capitalista, que tiene en la privatización y concentración de tierras (que no dejan de ser partes de biomas y ecosistemas) puntos centrales de generación de conflictos ambientales y sociales^[18]. La reforma agraria es una medida esencial en el intento de disminuir la huella ambiental humana (Martínez Alier, 2009), principalmente concentrada en las ciudades, y a la vez efectuar procesos de justicia social vinculados a las históricas demandas campesinas por la reforma agraria. Queda en evidencia que más que un problema malthusiano de crecimiento demográfico geométrico, los problemas y conflictos metabólicos ambientales, alimentarios y sociales están vinculados a la concentración de los bienes comunes esenciales para la vida humana, como los alimentos, el agua potable, los recursos energéticos y productivos, tierra, etc. Dichos bienes están representados paradigmáticamente en el acceso y la posesión de la tierra y demás bienes comunes presentes en su bioma y el uso sensato en vistas a la idea de justicia ambiental en la sociedad contemporánea y hacia generaciones futuras.

En el intento de generar alternativas tecnológicas y políticas a los retos ambientales y sociales que actualmente vivimos, la agroecología surge como un modelo alternativo propuesto desde las organizaciones de pequeños productores que visibilizan los procesos de recampesinización y construcción de un sistema agroalimentario alternativo y agroecológico en la Argentina. Diferenciamos analíticamente la agroecología popular de los movimientos sociales de la “agricultura orgánica” basada en el cambio de insumos, pero que siguen los mismos lineamientos del agronegocio: monocultivos, concentración de tierras, productos (alimentos) con alto precio para el consumo suntuoso/sano de las clases medias “ambientalizadas”. La agroecología se basa tanto en la justicia social (reforma agraria) como ambiental; no es solamente una forma individual de incrementar los ingresos agropecuarios o de consumir alimentos sanos, sino un modelo productivo para la sociedad como un todo.

3. Agroecología política en la Argentina: un movimiento ascendente y alternativo

La cuestión de la permanencia y reinvención del campesinado como sujeto social y político en el actual contexto de la cuestión agraria argentina tiene en los procesos de transición agroecología a sus sujetos sociales protagónicos. Tal proceso tuvo un momento de giro ascendente en la movilización social campesina a partir de la realización del Primer Congreso del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) en 2010, resultado de un proceso de organización campesino indígena que viene en desarrollo desde los años 1990 y su vinculación al movimiento campesino de América Latina a partir de la participación activa en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-VC) y La Vía Campesina a nivel internacional. Desde ahí se puede complejizar la esfera teórico-analítica de las dinámicas de permanencia, transformación y reinvención del sujeto social campesino en el agro argentino contemporáneo (Pinto, 2013 a y b).

Es imposible entender tal proceso de movilización social campesina ascendente –y las alternativas productivas agroecológicas que ellos proponen– sin remarcar los aspectos estructurales del sistema agroalimentario hegemónico –“entendiendo por este a la serie de actividades involucradas en la producción agropecuaria, el procesamiento industrial, la comercialización y distribución final de alimentos” (Giarraca y Teubal, 2008, p. 77)–.

El giro tecnológico, productivo, organizativo y político responsable por el ascenso y hegemonía productiva del modelo de agricultura industrializada y posteriormente transgénica se inició en los años 1970 y fue perfeccionado en los años 1990. Este representó en un primer momento la profundización de elementos de la “revolución verde”, cambios tecnológicos en la industrialización de la agricultura y posteriormente cambios políticos y organizativos de las unidades productivas y en la elaboración y comercialización de alimentos e insumos agrícolas. Cambios estructurales que abrieron paso a la extranjerización y concentración de la tierra en detrimento de los pequeños productores y de una producción agropecuaria diversificada, fomentando las bases para instalar a la agricultura extensiva e intensiva transgénica en 1996, como comentan Giarraca y Teubal:

… se intensifica la concentración, extranjerización e integración vertical al interior de los complejos que integran el sistema agroalimentario en nuestro país, redefiniéndose las características y la naturaleza de las relaciones de poder al interior del mismo, así como su perfil tecnológico. Con el aumento de la integración vertical, crecen la agricultura de contrato y otras formas de articulación agroindustrial, adquiriendo mayor poder las grandes empresas extra-agrarias con respecto a los medianos y pequeños productores agropecuarios y campesinos, quienes tendieron a perder significativamente su autonomía y decisión y/o fueron expulsados masivamente del sector, tal como lo demuestran los datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA) (Giarracca y Teubal, 2006, p. 79).

Una de las principales características que profundizó el modelo entonces establecido fue la especialización productiva. El impacto de la especialización en el sistema agroalimentario es amplio, y afecta a los dos extremos del sistema agroalimentario argentino, a lo(a)s productoras y consumidores. Tanto en la instalación del modelo de agronegocios en los años de 1970 como en su perfeccionamiento en los años 1990, el principal cultivo que siempre estuvo capitaneando a los cambios productivos ha sido la soja: en un primer momento híbrida y en un segundo momento transgénica, en cada etapa con su paquete industrial y biotecnológico, generando externalidades tanto ecosistémicas como sociales por la profundización del acaparamiento y concentración de tierras como por los impactos socioeconómicos productivos, ambientales y en la producción de alimentos básicos para los sectores sociales populares:

La producción sojera se expande a lo largo y ancho del país. Se trata de una producción que tiene dos consecuencias importantes para el perfil del agro argentino: en primer lugar, contribuye significativamente a la desaparición de una serie de explotaciones agropecuarias; y, en segundo lugar, se trata de una producción orientada casi exclusivamente hacia la exportación que sustituye en gran medida la producción de alimentos básicos orientados hacia la demanda del sector interno (Giarracca y Teubal, 2006, pp. 79-80).

Los impactos sociales y ambientales negativos del avance del modelo serán cuestionados por la organización política de los sujetos sociales productivos afectados por el avance de la agriculturización (desde mediados de los años de 1980). Las organizaciones sociales nacidas en el periodo buscaban visibilidad para un sector social no representado en las históricas entidades gremiales del agro argentino, y que no necesariamente buscaban adaptarse a los cambios productivos en la agroindustria, sino que denunciaban las consecuencias ambientales y sociales del modelo convencional que ya sufrían los sectores minifundistas.

Las dinámicas de permanencia y reinvención de estos sectores de pequeños productores y productoras, que llamaremos de campesino(a)s, por un lado, son fruto de un proceso más global de recampesinización donde los impactos negativos del modelo de agricultura industrial fomentan a la (re)construcción de sistemas agroalimentario-campesinos:

La recampesinización, en esencia, es un término moderno para definir la lucha por la autonomía y subsistencia dentro de un contexto de privación y dependencia. La condición campesina decididamente no es una situación estática. Representa un flujo en el tiempo, con movimientos tanto hacia arriba como hacia abajo. Al igual que la agricultura capitalista evoluciona continuamente (expandiéndose y simultáneamente cambiando en sentido cualitativo, es decir a través de una industrialización ulterior de los procesos de producción y trabajo), también la agricultura campesina está cambiando. Entre muchos otros cambios, uno es la recampesinización (Van der Ploeg, 2010, p. 27).

El proceso de recampesinación se da tanto por la vía económica, dado el elevado costo de seguir comprando los paquetes tecnológicos industriales, aunado a las externalidades ambientales negativas en el suelo, aire y recursos hídricos de la agricultura convencional, que tiende a requerir una cada vez mayor inversión productiva en capital, a la vez que la productividad y rentabilidad tienden a bajar con el tiempo. Asimismo, los precios volátiles de los commodities producidos con el modelo de agricultura convencional implican una constante incertidumbre a cada nuevo ciclo productivo, por lo que la retomada de la producción con baja inversión en capital y mayor inversión en trabajo de las unidades familiares campesinas se conforma en una salida económica viable. Además, la diversificación productiva que se plantea en los procesos agroecológicos aumenta las posibilidades de ingresos y subsistencia, y se constituye una alternativa para no verse directamente impedido de producir (éxodo rural) a creciente sectores de pequeños y medianos ingresos del agro.

El interés por volver al campo o por retomar métodos productivos con menor uso de agroquímicos y fertilizantes industriales, por otro lado, es también el camino tomado por sectores populares descapitalizados, que a partir del arrendamiento de parcelas en cinturones productivos frutihortícolas periurbanos o la resistencia frente al desalojo en territorios ancestrales extrapampeanos representa otra cara de la recampesinización en marcha. Nuestra hipótesis para el caso argentino se sostiene en cambios cualitativos y empíricos que están siendo estudiados no solo a nivel nacional y de América Latina, sino desde la industrializada y moderna agricultura europea, donde los campesinos vuelven a ser “significantes” desde el punto de vista productivo y también teórico-analítico:

Durante los últimos quince años Europa ha sido testigo de un proceso de recampesinización generalizado. Este proceso se expresa sobre todo en el sentido cualitativo. Implica una ampliación de la autonomía y una extensión de la base de recursos que se había reducido mucho debido al anterior proceso de especialización según patrones empresariales. La recampesinización, además, trata de ajustes que permiten lograr mayor productividad […]. En pocas palabras, trata de devolver a la agricultura su carácter campesino. […]. A pesar de que la recampesinización proviene de muchas fuentes diferentes, se produce y desarrolla como respuesta a la presión a la que se encuentra sometida la agricultura y la marginalización, privación, degradación y creciente dependencia implicadas (Van der Ploeg, 2010, p. 219).

Tal proceso para la Argentina, donde no es la única vía de transformación que se puede analizar para el agro actual, logró un reconocimiento institucional con la materialización económico-productiva de políticas públicas específicas para el sector de la agricultura familiar que se fueron generando desde el año 2004 hasta 2015 en el marco de los gobiernos kirchneristas (2003-2015), alternado distintos niveles de institucionalidad y apoyo durante el periodo^[19].

El proceso de visibilidad política del sector (en 2004 se había formado el Foro Nacional por la Agricultura Familiar, con más de 900 organizaciones filiadas) tuvo su punto de internalización institucional con la creación de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar en 2008 en el contexto “del conflicto del campo” por la Resolución 125, que pretendía por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) (2007-2015) aplicar retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias, generando un conflicto bisagra entre su gestión y los sectores concentrados de la agricultura convencional transgénica.

El conflicto con los sectores tradicionales del agro ha reconfigurado el proyecto político del gobierno en su relación con sectores de la agricultura familiar, lo que en parte ha permitido un mayor acercamiento a los sectores populares; en este caso en particular, los campesinos indígenas y minifundistas (“el otro campo”). Luego, con la elevación de la Secretaría de Estado de Agricultura al grado de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2009-2015), finalmente en 2014 suben de rango a la Subsecretaría de Agricultura Familiar, creando una Secretaría de Estado para el sector, la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF). En un proceso de institucionalización que venía en desarrollo desde el 2005, pero que a partir del conflicto político con “el campo” (sectores capitalizados de la agricultura para exportación) ganó paulatinamente otro protagonismo dentro del gobierno nacional en la gestión 2007-2015.

El ápice del proceso de institucionalización de la agricultura familiar durante el kirchnerismo se dio con la aprobación de la ley N.º 27118, titulada Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina. Sancionada en diciembre de 2014^[20] y promulgada en enero de 2015, representa la síntesis del acumulo político y de reclamos por parte de las organizaciones campesinas y de pequeños productores y productoras rurales con el gobierno de Cristina Fernández, donde temas claves para el sector fueron contemplados en el texto de la ley:

Artículo 1.° – Declárase de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva.
Artículo 2.° – Créase el Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar destinado al agricultor y a la agricultura familiar y empresas familiares agropecuarias que desarrollen actividad agropecuaria en el medio rural conforme los alcances que se establecen en la presente ley, con la finalidad prioritaria de incrementar la productividad, seguridad y soberanía alimentaria y de valorizar y proteger al sujeto esencial de un sistema productivo ligado a la radicación de la familia en el ámbito rural, sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica.

Otros de los puntos destacados de la ley en vistas a los procesos de construcción de Sistemas Agroalimentarios Agroecológicos aparecen en los artículos 3, 4 y 26:

Artículo 3.º – Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable; […] Promover el desarrollo de los territorios rurales de todo el país, reconociendo y consolidando a la agricultura familiar como sujeto social protagónico del espacio rural. A este fin, se entiende por desarrollo rural, el proceso de transformaciones y organización del territorio, a través de políticas públicas con la participación activa de las comunidades rurales y la interacción con el conjunto de la sociedad;
Artículo 4.º – Afianzar la población que habita los territorios rurales en pos de la ocupación armónica del territorio, generando condiciones favorables para la radicación y permanencia de la familia y de los jóvenes en el campo, en materia de hábitat, ingresos y calidad de vida, equitativa e integrada con las áreas urbanas;
Artículo 26 – Proponer y fortalecer formas de producción agroecológica^[21].

La promulgación de la Ley de Reparación Histórica fue un avance importante en la visibilización de la AF y campesina indígena, afianzando institucionalmente algunas de las demandas históricas del sector; no obstante, esta no ha sido reglamentada durante el 2015 (último año de gobierno de la gestión 2007-2015). Tampoco durante el gobierno de Mauricio Macri –iniciado en diciembre de 2015–, que ha desfinanciado al sector y neutralizado parte de los logros institucionales y económicos del periodo 2003-2015, sintetizados en la promulgación de la Ley de Reparación Histórica que entre otras cosas propuso un freno a los desalojos de tierras campesinas^[22]. En consonancia con la Ley 26160 de Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de las Tierras Indígenas, sancionada en 2006 y prorrogada en 2009, 2013 y en 2017 hasta 2021, que prevé que ninguna comunidad de pueblos originarios podrá ser legalmente desalojada hasta que termine el relevamiento de estas en todo el país (freno a los desalojos).

Las dos leyes representaron simbólicamente importantes avances en la posibilidad de manutención en el territorio de partes de los campesinos indígenas de la Argentina, así como otros logros en materia de programas y políticas públicas específicas para el sector. Sin embargo, estos fueron sucesos relativos dado que a los sectores del agronegocio tanto la legislación de tierra nacional y políticas provinciales, y demás incentivos productivos por parte del Estado nacional y local, subsidios, seguros, etc., siguieron siendo mayormente direccionados para el proceso de acumulación de divisas oriundas de los commodities, siendo todavía el rumbo económico adoptado como proyecto de país en detrimento de la AF.

No obstante, las políticas sectoriales para la AF han permitido el incremento en el número y visibilidad de los sujetos sociales y organizaciones representantes de la agricultura minifundista y campesina. La mayor movilización y empoderamiento del sector ha posibilitado su respuesta activa frente el congelamiento de gran parte de las políticas públicas logradas en el periodo 2003-2015, durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019). Los campesinos, junto a otros sectores de la economía popular, se caracterizaron como parte de los sujetos sociales más presentes en el espacio público, denunciando y planteando la necesidad de políticas públicas alternativas a las adoptadas por la gestión macrista.

Estas organizaciones campesinas que actualmente se encuentran políticamente muy activas y plantean la agroecología como modelo alternativo al sistema agroalimentario convencional no nacen solamente en el contexto de obtención de las políticas pública ya descritas, sino que muchas vienen de un histórico anterior de movilización desde los años de 1980 (que se puede remontar a los años 1970 con las Ligas Agrarias como antecedente más importante) (Ferrara, 2007)^[23]. La acción colectiva actual es fruto de la conflictividad en el campo que los procesos de financiarización de los territorios y contaminación ambiental del modelo convencional de la revolución verde y transgénico fueron cimentando.

Por lo tanto, hay un crecimiento sostenido de la conflictividad territorial en América Latina en las últimas décadas, y este proceso genera un terreno fértil para el nacimiento de organizaciones campesinas tanto en los espacios de las economías regionales como en las zonas periurbanas de los cinturones verdes hortícolas metropolitanos. Movimientos fundados de forma marcada por un componente variado de campesinos-indígenas y pequeños agricultores familiares, todavía en la tierra, propia o alquilada y poblaciones expulsadas del campo, que se asientan en las zonas periurbanas desde donde siguen reivindicando el acceso a la tierra alquilándola, tomándola o directamente como trabajadores rurales sin tierra. Esta variedad en la composición sociológica del campesinado del sigo xxi (Van der Ploeig, 2009) tiene la potencialidad de dar un carácter universal a las demandas de la cuestión agraria actual. Rompiendo así con el corporativismo presente en las asociaciones agrarias del agronegocio, como bien observan Giarracca y Teubal (2006) al diferenciar a las demandas de los movimientos campesinos populares de los reclamos históricos de los sectores latifundistas y de “los viejos gremios”:

Si bien hay una variedad de tipos de demandas, que van de lo estrictamente sectorial a muchas otras articuladas dentro de la sociedad, en general no piden privilegios. No son así las viejas corporaciones agropecuarias -como la Sociedad Rural Argentina, las Confederaciones Rurales Argentinas y muchas veces la Federación Agraria Argentina- que pararon el país agrario para lograr reivindicaciones tales como no pagar impuestos. Este es un reclamo de tipo corporativo que supone un mejor posicionamiento en el espacio social nacional en detrimento de muchos otros sectores (Giarracca y Teubal, 2006, p. 88).

El desafío –no exclusivamente corporativo en que se asientan los reglamos de los movimientos campesinos actuales– a la hora de dialogar con los sectores rurales y urbanos se da por la multiplicidad y complejidad de los reclamos, que no se limitan a denunciar las desigualdades del modelo del agronegocio, sino que proponen generar un modelo agroecológico alternativo. En este sentido, los reclamos exceden lo puramente corporativo: hablan de la calidad de los alimentos que llegan a las ciudades; las contaminaciones ambientales e intoxicación humana (escuelas, barrios y pueblos fumigados) generadas por el modelo de agricultura convencional en marcha; la sustentabilidad ambiental del planeta, el calentamiento global, la privatización de las semillas, la salud y la reforma agraria integral como forma de descomprimir las ciudades y generar empleo, comercio justo, etc. Se proponen así generar otras posibilidades de diálogo con los sectores populares urbanos, que se refleja en las acciones llevadas a cabo. Estas organizaciones tienen como herramientas de protestas a los “verdurazos”, “frutazos” y “feriazos”^[24] en las ciudades, donde, como forma de reclamo y al final de las marchas, donan verduras o venden a precios simbólicos a la población urbana, al tiempo que informan sobre las precarias condiciones de producción, comercialización y hábitat que enfrentan en el campo, los desalojos y la especulación inmobiliaria usurera en los alquileres rurales y periurbanos.

En el próximo apartado se discutirá sobre un importante foro realizado por más de 60 organizaciones del sector de la AF, originando como síntesis una propuesta de Plan Nacional Agrario, Soberano y Popular, donde la agroecología fue definida como propuesta alternativa para la agricultura argentina, también como respuesta popular frente los desafíos para alcanzar de la justicia social (reforma agraria, soberanía alimentaria) y sustentabilidad ambiental para la agricultura del siglo xxi.

3.1. El Programa Agrario para un Campo Popular, reforma agraria y agroecología como demandas populares

La propuesta de creación de un Programa Agrario Popular puede ser considerada el punto más visible de las articulaciones de las organizaciones sociales campesinas que vienen organizando a los sujetos sociales de la AF en los últimos años. Fue también la manifestación a nivel nacional de procesos de resistencia y de luchas locales y regionales contra el agronegocio y las políticas públicas para el campo desarrolladas desde los años 1990 con los transgénicos y el uso en larga escala de agrotóxicos, tanto en el periodo de gobiernos progresistas como en su intensificación “como única opción viable” durante el gobierno de Mauricio Macri. La organización del foro tiene como resultado a corto plazo la visibilización política del proceso cualitativo de recampesinización en la Argentina, así como de los procesos de construcción de un sistema agroalimentario agroecológico alternativo. El foro complejizó las demandas políticas de estos sectores que venían ganando visibilidad política con la realización de “verdurazos”, “feriazos” y “frutazos” como medidas de denuncia frente al vaciamiento económico y político del sector desde 2015. Ahora plantean una agenda política alternativa que propone como dos grandes temas centrales de reivindicación para las y los candidatos presidenciales a los comicios de 2019 a la Reforma agraria y Agroecología como principales reivindicaciones. Así como demuestra la convocatoria pública para el Foro:

Las Organizaciones agrarias, junto a representantes de organismos educacionales, de investigación, gremiales y sociales convocamos a los pequeños y medianos productores de todo el país, organizados e independientes, a discutir y elaborar un programa agrario para el sector y el conjunto de la sociedad. Luego de que las políticas del gobierno de Mauricio Macri nos den la espalda decidimos avanzar y diseñar un Programa Agrario Soberano y Popular. Propondremos medidas de corto y mediano plazo para resolver la emergencia del sector, así como medidas de largo plazo con cambios estructurales y productivos profundos. Nuestro objetivo no es simplemente sobrevivir; somos el actor económico activo responsable de producir la mayoría de los alimentos que consume el mercado local. Exigimos políticas que estén orientadas a garantizar nuestra calidad de vida y la de nuestra producción. […]. El Estado debe cooperar con los pequeños y medianos productores si pretende que todo el pueblo argentino pueda acceder a alimentos saludables, libres de químicos nocivos y a un precio justo. La política del gobierno de Macri, que profundiza modelos económicos y productivos al servicio de los grandes terratenientes y monopolios cerealeros, ha conducido a las economías regionales a la crisis de más profunda de nuestra historia. […]. Las políticas del actual gobierno están al servicio de los grandes terratenientes, quienes concentran el 85 % de las tierras productivas. Asociados con el capital financiero, los monopolios exportadores y del agronegocio envenenan el campo y la ciudad, expulsan de la tierra a los agricultores familiares y son responsables de los aumentos de precio […](Convocatoria al Primer Foro Por un Programa Agrario Soberano y Popular)^[25].

El foro fue un espacio amplio donde, con un ejercicio de unidad inédito, ha logrado congregar entidades campesinas nacionales, regionales, productores minifundistas, sectores técnicos y académicos, organizaciones urbanas, etc., que reflejaron el rechazo a la política macrista para el agro aunada a los reclamos históricos del sector:

Frente a esta política se ha generado un torrente de luchas campesinas y de pueblos originarios sin precedentes […], cortes de rutas, ocupación de tierras y resistencia a los desalojos. Enfrentamos este modelo para plantear rumbos diferentes y reivindicaciones puntuales. Nuestras luchas han puesto de manifiesto que no hay un solo campo y que el esquema agroexportador salvaje no es lo mejor para los intereses del pueblo en su conjunto. En este camino se fortalecieron organizaciones de productores con una larga trayectoria de lucha y se han generado nuevas agrupaciones (Convocatoria al Primer Foro Por un Programa Agrario Soberano y Popular).

El foro fue organizado por un amplio sector de organizaciones, desde fracciones independientes de la Federación Agraria hasta movimientos campesinos históricos y más recientes, como el MNCI^[26], la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) surgida en 2011 y el Movimiento de Trabajadores Excluidos-Rama Rural (MTE-R)^[27] surgido en 2015, que representa a movimientos sociales históricos y nuevas agrupaciones surgidas en los últimos años. Estas congregan entre 14.000 y 20.000 familias, y están vinculadas a otras organizaciones urbanas de la economía popular, en los marcos de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) creada en 2011. Luego, la realización del foro es fruto de un largo proceso organizativo de los sujetos sociales de la agricultura familiar y de la económica popular que conformaron en el foro un frente reivindicativo y propositivo-representativo de la multiplicidad de los sujetos sociales del sector, para proponer una alternativa económica y productiva para un vasto sector de productores y trabajadores rurales que quieren seguir o volver al campo:

Exigimos desde la unidad, para impulsar antes, durante y después de las próximas elecciones [2019], un Programa que contemple la necesidad de una reforma agraria integral y popular que garantice el acceso a la tierra a millones de pequeños productores. Que, a su vez, con el impulso de la agroecología, elimine uno de los factores que nos esclaviza bajo pautas productivas dictadas por las grandes corporaciones internacionales. De esta manera se beneficiará al conjunto de la sociedad con alimentos más sanos y económicos. Invitamos especialmente a las familias de productores familiares de las distintas economías regionales y a los pueblos originarios a participar, discutiendo democráticamente qué es lo que necesitamos para hacer realidad la consigna de Ni un campesino menos; alimentos sanos y accesibles para el pueblo.

Durante los días 7 y 8 de mayo de 2019, se reunieron aproximadamente 4000 personas en la ciudad de Buenos Aires para discutir colectivamente y plantear un programa alternativo para el agro. Las conclusiones versaron sobre la construcción de un programa popular para el campo, con la participación de las y los campesinos en la formulación y seguimiento de políticas públicas para el sector. Las discusiones fueron divididas en 23 comisiones, donde se plantearon propuestas de mediano y largo plazo. Las conclusiones iniciales del foro fueron difundidas por las organizaciones y se pueden sintetizar en algunos ejes que fueron transversales a las 23 comisiones, tales como:

1. Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. Reglamentación y aplicación con participación de organizaciones de productores/as familiares, campesinos e indígenas con asignación presupuestaria suficiente. Adhesión de las provincias a esta ley.
2. Democratización (y financiamiento) de las estructuras del sector público agropecuario con integración de las organizaciones y toma de decisiones vinculantes en sus intervenciones. Participación de las organizaciones del pueblo en el diseño, implementación y control de las políticas públicas agropecuarias.
3. Realización de foros en las 24 provincias para impulsar una Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Aplicación de Agrotóxicos.
4. Convocatoria a foros federales de discusión, análisis e implementación de una reforma agraria integral.
5. Regulaciones que impidan prácticas monopólicas en todas las cadenas agroalimentarias. Ej.: leyes como “observatorio de precios”, “antimonopólica” y “de góndolas”.
6. Mejoramiento de la infraestructura rural: caminos, servicios, comunicación.
7. Acceso a la tierra: Tierra para quien la trabaja; tierra como hábitat.
8. Fomento a la agroecología como política de Estado.
9. Compra pública: un Estado que privilegie los productos del sector y de las pymes, proveyéndose de la producción de la agricultura familiar de las diferentes expresiones asociativas.
10. Fomento del arraigo rural.
11. Fomento de las “cadenas cortas” de comercialización para todas las cadenas productivas agropecuarias, como política de Estado (Primeras Conclusiones del Primer Foro Nacional Por un Programa Agrario Soberano y Popular).

El compendio de reivindicaciones arriba expuesto representa propuestas populares para el campo argentino, que están en consonancia, a la vez, con las discusiones que se vienen dando en el ámbito internacional sobre AF, agroecología y soberanía alimentaria.

El debate internacional logró recientemente aprobar, después de 17 años de reivindicaciones por parte de La Vía Campesina Internacional, la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, en la Asamblea general de la ONU^[28]. La declaración de la ONU viene además en un contexto donde han declarado el “Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar (2019-2028)”, medidas que buscan visibilizar a los sujetos sociales responsables por la producción de cerca del 80 % de los alimentos del planeta, con acceso restricto a tierra y pocos apoyos de políticas públicas productivas, como denuncia la LVC^[29]. Por otro lado, la medida tiende a dar una importante visibilidad a los campesinos y a sus procesos de construcción de sistemas agroalimentarios alternativos, como comenta el integrante del Colectivo Internacional de Derechos Campesinos de LVC por el MNCI de Argentina, Diego Montón:

La adopción de esta Declaración termina con la idea neoliberal del ‘fin del campesinado’ y hace un fuerte llamado a los Estados, no solo a reconocer la identidad campesina, sino su rol, y a trabajar para terminar con las violaciones a sus derechos. Eso en un contexto de grave violencia rural global (Montón, 2019, p. 4).

La declaración de los derechos de los campesinos viene a reafirmar a nivel internacional las reivindicaciones productivas que el Foro Por un Programa Agrario Popular… ha remarcado para la Argentina en sus conclusiones iniciales, como la necesidad de que los campesinos puedan construir sus sistemas agroalimentarios: “El Artículo 15 resalta: ‘Los campesinos tienen el derecho a definir sus propios sistemas agroalimentarios, reconocido por muchos Estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria’”, citado en Montón (2019, p. 5). En el Artículo 17 de la declaración queda evidenciada la importancia del acceso a la tierra para la transición agroecológica:

El Artículo 17 señala: 

“Los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra, individual o colectivamente, (…) y en especial tienen derecho a acceder a la tierra, las masas de agua, y los bosques, así como a utilizarlos y gestionarlos de manera sostenible para alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un lugar en el que vivir con seguridad, paz y dignidad y desarrollar su cultura” y recomienda a los Estados “la Reforma Agraria, para facilitar el acceso equitativo a la Tierra y su función social evitando la concentración”, citado en Montón (2019, p. 5).

Otros sujetos sociales que también están aportando elementos para la construcción de un sistema agroalimentario alternativo son los pequeños y medianos productores agropecuarios, propietarios de tierras (con títulos). Nucleados en organizaciones como la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología-Argentina (RENAMA)^[30], que está presente en 14 municipios, 13 de Argentina y uno de Uruguay, y cuenta con más 150 productores filiados. Esta experiencia cuenta con el apoyo de gobiernos locales a partir de ordenanzas municipales y proyectos de fomento agroecológicos, además de la articulación entre los propios productores de forma individual o en cooperativas. La RENAMA nació en 2016 y en sus tres años de actuación ha ganando bastante visibilidad nacional e internacional. Las redes como la RENAMA organizan a productores agropecuarios medianamente capitalizados, principalmente en la zona núcleo-pampeana, donde buscan, a través de la transición agroecológica, modos de producción sustentables tanto en lo ambiental como en lo económico. Muchos de estos productores buscan transformar la producción con manejos agropecuarios más equilibrados y diversificados a partir de la agroecología, a la vez que bajan su dependencia de fertilizantes y agroquímicos externos, caros y contaminantes. Estas experiencias logran también contrarrestar la doxa de que la agroecología no es rentable ni viable en larga escala. El presidente de la RENAMA, el ingeniero agrónomo Eduardo Cerda, viene asesorando el proyecto “La Aurora” desde 1997 en el municipio de Benito Juárez en la provincia de Buenos Aires, que ha sido seleccionado en 2017 por la FAO como uno de los 52 centros de conocimiento agroecológicos más importantes del mundo^[31].

Asimismo, un sector creciente de productores de granos y cereales en la zona pampeana viene transitado hacia la producción libre de agrotóxicos. Eso se da por cambios normativos que prohíben el uso de agroquímicos, oriundos de protestas y denuncias de poblaciones que sufren fumigaciones en zonas cercanas a escuelas y pueblos rurales o zonas periurbanas, o motivados por políticas públicas específicas para la transición agroecológica, experiencias que vienen logrado grandes rendimientos y visibilidad. Un ejemplo de este proceso es la producción de 50 toneladas de Harina Agroecológica molidas en el molino de la Cooperativa Agropecuaria de Armstrong, nucleada en la Federación de Cooperativas Federadas Limitada (Fecofe), en el sur de la provincia de Santa Fe, donde los productores participan de un programa provincial:

Programa Provincial de Producción Sustentable de Alimentos en Periurbanos (PSAP) del ministerio de la Producción, que busca reconvertir las franjas de suelos linderas a los pueblos donde no se puede fumigar […] además de ofrecer alimentos sanos reduce los conflictos entre chacareros y vecinos por las aplicaciones, una tensión social muy presente en los pueblos rurales de la Pampa agroindustrial^[32].

A la producción de trigo (300 toneladas) y de harina se suma también la de verduras y hortalizas en el ámbito provincial en los marcos del PASP, demostrando la importancia de políticas públicas específicas para lograr la transición del modelo convencional hacia procesos de transición agroecológica.

No solo los productores agropecuarios medios buscan romper con el imaginario –difundido por el agronegocio– de la falta de escala o alto precio del producto final al consumidor como principales limitantes para la instalación del modelo agroecológico. También la producción campesina familiar periurbana de verduras y hortalizas viene desarrollando procesos de aumento productivo, con el apoyo de herramientas de comercialización organizadas por nodos de consumo y movimientos de consumidores urbanos (Más Cerca Más Justo, Slow Food, entre otros.), generando una demanda estable y la necesidad de ampliar la escala productiva y logística de la producción agroecológica directa al consumidor^[33]. A diferencia de las experiencias antes relatadas de la RENAMA y en la provincia de Santa Fe, en este caso la gran mayoría de los productores alquilan la tierra o carecen de títulos de posesión, sin garantías de estabilidad en la unidad productiva, hecho que complejiza la tarea de la transición agroecológica. No obstante, con el apoyo técnico de sectores del funcionalismo estatal (INTA, técnicos de Cambio Rural, profesores y extensionistas de universidades públicas, etc.) y también con la formación de sus propios cuadros técnicos, organizaciones como la UTT, MTE-R y el MNCI, viene aumentando paulatinamente su producción agroecológica y visibilidad.

Frente a los desafíos de comercialización, las organizaciones van generando una variada gama de modalidades de venta directa, como los bolsones de verdura de estación, una de las más recurrentes. Como en la herramienta Pueblo a Pueblo, que es el instrumento de comercialización directa desarrollado por el MTE-R, con entregas mensuales a partir de pedidos por Internet (redes sociales, correo electrónico), en conjunto con organizaciones sociales urbanas (en Capital Federal, Lanús, La Plata, Zona Norte del Área Metropolitana de Buenos Aires [AMBA], Rosario, Córdoba). Por su lado, la UTT se focaliza en los almacenes de ramos generales ubicados en distintos puntos de Capital Federal y el AMBA, además de nodos de consumo populares de comercialización directa (también en la modalidad de bolsones). En 2019, la UTT ha lanzado su primer Mercado Mayorista Agroecológico, según el secretario de Comercialización de la UTT, Juan Pablo Della Villa:

Representamos a 14.000 familias las cuales en algún momento todas tienen que producir agroecológicamente y no hay posibilidad de cambiar el sistema de producción en el que estamos, liberarse de los químicos, liberarse de la semillería, liberarse de un modelo de producción que va de la mano de un modelo de vida, si no tenés la última pata que es dónde vender; vender justo y a un precio que te permita crecer y a fin de mes tener un mango y poder vivir mejor^[34].

Las experiencias de comercialización alternativa que vienen creciendo de forma constante en los últimos años, tanto las de comercialización directa (locales propios y ferias) como las de canales cortos articuladas entre productores y movimientos de consumidores urbanos, carecen de escala y estabilidad en las ventas (lo que se atenuaría con políticas públicas específicas para el sector, compras públicas para hospitales, escuelas, acceso a la tierra, seguros para cultivos, etc.). Así que, para lograr el objetivo de la transición agroecológica y la posibilidad de acceso estable y económico a alimentos sin venenos por parte de los sectores populares urbanos, aportando a la constitución concreta del sistema agroalimentario local, alternativo, agroecológico y la construcción de soberanía alimentaria como plantea Juan Pablo de la UTT, es fundamental tener cada vez más puntos de venta agroecológicos manejados por las organizaciones de forma directa:

En este marco tan dificultoso de la construcción de la soberanía alimentaria en el cual salimos a la calle y nos reprimen, en el cual el pueblo está cada vez más lejos de los alimentos y los pequeños productores están cada vez más lejos de la estabilidad y la posibilidad de producir alimentos en la Argentina, esto para nosotros representa una victoria más. Representa un espacio más donde nosotros nos sentimos firmes y seguros, donde festejamos la capacidad de estar juntos y entendemos esto como el fruto de la lucha, del resultado del trabajo diario, de la organización: no hay agroecología sin organización, no hay agroecología sin lucha, sin trabajador y trabajadora poniéndole el lomo todos los días; no la hay sin miles y miles de compañeros y compañeras en los campos y en las ciudades organizándonos en la construcción de un mundo en donde la comida alcance para todos (Ídem).

Sumado al protagonismo del proceso productivo vivido por las y los campesinos en los territorios, y por la politización del consumo de alimentos en las ciudades, también desde la producción académica y la enseñanza los debates agroecológicos y, por ende, de la soberanía alimentaria ganan cada vez mayor presencia y visibilidad. Se ha conformado por ejemplo una Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria de Universidades públicas y colectivos afines de la Argentina (RedCALISAS) con más de 40 colectivos participantes. Existen maestrías, especializaciones, carreras de grado con especial enfoque agroecológico, universidades y escuelas campesinas de agroecología. Además de una creciente producción bibliográfica –no necesariamente direccionada al público académico– de libros y artículos de nutrición o gastronómicos (algunos con ventas masivas) que hacen un especial hincapié en el cuestionamiento al modelo del agronegocio y su dieta ultraprocesada y los diversos riesgos a la salud de los comensales.

Planteamos que estos ejemplos puntuales son parte de un gran proceso de cuestionamiento/transformación de los hábitos alimentarios y del modelo productivo de alimentos, formado por la crítica tenaz y persistente que desde 1996 de manera global las y los campesinos del mundo vienen haciendo al sistema agroalimentario convencional, en su etapa corporativa (régimen alimentario corporativo). Internacionalizando los cuestionamientos locales al acaparamiento de tierras, fumigaciones aéreas, monocultivos y secuestros privados de los recursos naturales de los agroecosistemas. Debates que logran –de a poco– romper el monopolio mediático e ideológico patrocinado por las grandes empresas multinacionales de las cadenas oligopólicas que controlan –gran– parte de la agricultura y los canales de comercialización de alimentos en el mundo (sistema agroalimentario corporativo). El cuestionamiento ambiental, social, nutricional (salud) al sistema agroalimentario neoliberal diagnostica por un lado los límites y externalidades ambientales del modelo (calentamiento global, desertificación de suelos, pérdida de biodiversidad, sequías, inundaciones, dependencia de recursos no renovables, etc.), aunadas a las contradicciones sociales, como la concentración de tierras, malnutrición (obesidad y subnutrición) y finalmente la hambruna (según la FAO, en 2018 había más de 821 millones de personas padeciendo hambre el mundo). Los sistemas agroalimentarios alternativos son una propuesta contrahegemónica y popular para construir formas ambientalmente sustentables de combatir el hambre (que se tienen que recrear y mejorar constantemente), garantizando la permanencia o la vuelta a la tierra (impulsada y demandada por métodos productivos campesinos como la agroecología) a campesinos y pequeños productores familiares, al paso que con la transición agroecológica la agricultura disminuya su huella de carbono y su contribución al calentamiento global^[35].

4. Consideraciones finales

La agricultura campesina agroecológica es una respuesta efectiva al cambio climático y a la construcción de la soberanía alimentaria nacional en momentos de crisis alimentarias –como la de 2008–, ofreciendo una alternativa productiva a los desafíos ecológicos que enfrenta la agricultura industrial corporativa centrada en los contaminantes –y agotables hidrocarburos– de las cadenas globales oligopólicas y sus burbujas de precios especulativos. La agroecología sintetiza la relación intrínseca entre naturaleza, agricultura, alimentación y ruralidad y tiene, además, un gran potencial de reducción del desempleo y la pobreza rural y periurbana al ser un modelo productivo centrado en la intensificación productiva del trabajo manual familiar y comunitario en detrimento de la mecanización –casi completa– del modelo industrial (agricultura sin agricultores)^[36]. La creciente búsqueda de alimentos “orgánicos” o agroecológicos por parte de diversos sectores urbanos tanto por convicción personal como por uso del principio precautorio, dadas las crisis sanitarias como la “vaca loca”, “gripe aviaria”, incierta composición de alimentos ultraprocesados y contaminación ambiental, ha aumentado la demanda de alimentos de origen campesino. Una demanda que se genera en parte por las críticas impulsadas por investigaciones científicas y denuncias públicas en medios de comunicación de la evidente presencia de agroquímicos en muchos de los alimentos oriundos de la agricultura convencional y las incertidumbres sobre los afectos en la salud del consumo de los productos transgénicos. Lo que comparativamente ha reposicionado a los productos campesinos agroecológicos como más nutritivos, saludables y seguros (confiables), según la consideración –individual y colectiva– de crecientes grupos de consumidores urbanos. Sin embargo, para sostener e incrementar tal demanda se hace necesario generar políticas públicas agroalimentarias con hincapié socio-ecológico y democrático que posibiliten la participación de los productores y consumidores en su diseño, implementación y seguimiento.

Por lo expuesto en el trabajo, creemos que se puede hablar en un proceso de recampesinización cualitativa en marcha en la Argentina. Tal proceso no se da por la existencia de una supuesta vuelta masiva al campo: al contrario, la Argentina es de los países más urbanizados de la región con 90 % de su población “urbana”. No obstante, la recampesinización cualitativa se puede ver en el proceso de institucionalización que la agricultura familiar ha tenido en los últimos 10 años, visibilizando a un sujeto social históricamente invisibilizado. La visibilidad e institucionalización relativa del sector fueron logros de los distintos procesos de movilización social y organización activa en el espacio público del sujeto social campesino (con verdurazos, ferias libres, herramientas de comercialización alternativas, visibilidad internacional, etc.). Por consiguiente, la demanda por el acceso y permanencia en la tierra vuelve a tener centralidad para los sectores sociales que confluyeron en la organización del Foro Agrario en Buenos Aires. La iniciativa de construir un proyecto popular y soberano para el campo, demanda que viene ganando crecentes adeptos en las ciudades, tiene la potencialidad de instalar en la agenda política y pública al debate de la reforma agraria integral como una demanda popular legítima.

También se fundamenta la idea de recampesinización por la retomada del carácter campesino de la agricultura en detrimento de la industrialización y bioingeniera transgénica. Con efecto, durante la transición agroecológica elementos de la agricultura tradicional (menor ingreso de materiales y energía externos al agroecosistema, diversidad productiva, semillas nativas, biofertilizantes, control biológico, etc.), junto a los avances técnicos y políticos de la discusión de la cuestión ambiental, vuelven paulatinamente más campesina a la agricultura. Fenómeno observable ya no solo para sectores descapitalizados o de pequeños ingresos (que se “recampesinan” al desarrollar la transición agroecológica), sino que también a sectores medios chacareros que han visto en riesgo su permanencia en el campo en la asimétrica y antagónica cercanía con sectores concentrados del agronegocio; luego, hay también una “reconversión de agricultores empresariales hacia agricultores campesinos” (Van der Ploeg, 2010, p. 27).

Los debates aquí levantados son bastante complejos y no nos propusimos hacer una síntesis acabada de estos, que serán temas centrales de los estudios agrarios en las próximas décadas. Lo que intentamos con la presente propuesta fue aportar elementos teórico-exploratorios y empíricos que confluyan en la hipótesis de recampesinización apoyada en la (re)construcción de sistemas agroalimentarios alternativos en el agro argentino, basándonos en la alternativa cualitativa (creciente) de reconversión de la matriz productiva agropecuaria, que, cuestionando al modelo agroindustrial transgénico, propone la agroecología como alternativa económica y ambiental, proporcionando protagonismo y visibilidad al campesinado y al sector socio productivo de la AF que la desarrolla a décadas. Debates que serán recurrentes frente a la necesidad de adaptación de la agricultura en el siglo xxi al calentamiento global y la mitigación con justicia social y ambiental del hambre.

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