Prácticas y lógicas contrahegemónicas

Raúl Paz, María del Huerto Díaz Habrá, Andrea Gómez Herrera y Ana Eliza Villalba^[1]

Introducción

En un mundo contemporáneo de globalización económica y financiera, donde se consolidan los imperios agroalimentarios (Van der Ploeg, 2010) resulta más afanoso, pero absolutamente necesario, visibilizar, propugnar y replicar opciones económicas y sociales que impugnan los imperativos del mercado^[2]. Holloway (2011) señala que la síntesis social del capitalismo, comprendida como cohesión social de carácter sistémico y entramado, conduce a pensar y actuar en consonancia según la racionalidad regida por las leyes de mercado. En la construcción de la hegemonía neoliberal a nivel global, fueron claves los argumentos del “fin de la historia” o la inexistencia de alternativas al capitalismo. Respecto al mundo rural, en los análisis y la praxis política, ganaron terreno las tesis formuladas desde la perspectiva del desarrollo del capitalismo agrario y la modernización. Uno de los axiomas más fuerte es la prognosis sobre la desaparición inexorable del campesinado, los diagnósticos sobre su inviabilidad o ineficiencia o la interpretación de su persistencia como remanente del pasado o vestigios de la sociedad tradicional.

En el agro argentino actual tienen lugar procesos que acontecen en estrecha sintonía. Por un lado, la expansión del agronegocio y la construcción de hegemonía a partir de la estructuración de una arquitectura institucional tanto en el ámbito de la economía y de la política, escindida de las necesidades de la sociedad, para instalar la lógica del mercado en las relaciones interhumanas y con la naturaleza (Paz, 2013 y 2017). Por otro lado, el despliegue de procesos contrahegemónicos a partir de la reexistencia de formas de producir y vivir bajo otros cánones no regidos estrictamente por la lógica del mercado, pero en permanente tensión y asechados por el avance de las agriculturas empresariales (Paz, Rodriguez y Jara, 2018).

Diversos elementos tornan significativo el análisis de estos procesos en Santiago del Estero, una provincia del noroeste argentino. En primer lugar, el Censo Nacional Agropecuario (CNA) del año 2002 reveló que el 48 % del total de explotaciones agropecuarias (EAP) fueron registradas bajo la categoría “sin límites definidos”–ya que no se puede contabilizar la cantidad de hectáreas que la componen–, y que están distribuidas en un espacio de 7.000.000 de hectáreas^[3] aproximadamente (Paz et al., 2015). En segundo lugar, el registro de las explotaciones sin límites definidos permitió reconocer un actor social definido en la literatura académica por su condición de campesino ocupante (Paz, 2006; 2011; 2013), campesino con ánimo de dueño (De Dios et al., 1998; 2012) o puestero criollo (Camardelli, 2003). Además, estas tierras se encuentran bajo formas de tenencia precaria de las tierras, es decir, sus pobladores carecen de título de propiedad y despliegan prácticas de posesión y gestión comunal a lo largo del tiempo (Paz y Jara, 2014; Faberman, 2016; Paz, 2018; Gómez, Villalba y Tort, 2018). Por último, su localización coincide con áreas donde se registra mayor nivel de conflictividad agraria, ya que estas tierras son disputadas por inversores y “oportunistas” que operan el mercado de tierras (De Dios, 2010; De Estrada, 2010; Paz et al., 2015; Díaz, 2016).

En efecto, se hace necesario reconocer que tales explotaciones agropecuarias no solo son una categoría censal definida a partir de la carencia de sus límites precisos, sino también que en el interior de ellas se desarrollan prácticas y lógicas de apropiación social de la naturaleza diferentes a las que exhibe el capitalismo. En esta línea, concebir a las explotaciones sin límites definidos como sistemas comunales permite indagar, a partir de una visión holística y relacional, un conjunto de prácticas basadas, entre otros aspectos, en la gestión compartida de la naturaleza y formas específicas de organización del trabajo ligadas a la solidaridad, la reciprocidad y coproducción (Jara, Hoffman y Palomo, 2018).

En este escenario se despliegan dos experiencias que son objeto de análisis en el presente capítulo: la conformación de un encierro ganadero comunitario en el paraje El Hoyo al noreste provincial y la creación de la reserva campesina en Ojo de Agua, al sur de Santiago del Estero. Ambas se tornan objeto relevante de análisis en tanto son iniciativas que surgen para frenar la desposesión del patrimonio natural y cultural de poblaciones rurales mediante la reproducción de prácticas de uso y gestión comunal y que se recrean no al margen del Estado sino en articulación con sus instituciones y agencias.

A lo largo de este capítulo se analizan estas experiencias como procesos. Aunque el concepto de hegemonía en los términos de Gramsci (1972; 1998) haya servido para fructuosos análisis de la acción política stricto sensu, también posibilita comprender la penetración (y la resistencia) de la lógica del mercado en el agro. Gramsci plantea este concepto para aludir a la construcción de unidad en sociedades capitalistas entre fuerzas sociales y políticas heterogéneas fundada en una misma concepción de mundo. En ese trabajo, se propone entender a la contrahegemonía como un proceso que comporta el ejercicio de poder en el despliegue de prácticas cotidianas donde el capital pierde centralidad en la organización social de la producción económica, y en particular en las formas de relacionamiento hombre-naturaleza. La apropiación comunal de la naturaleza es una dimensión privilegiada en el análisis de las experiencias porque se trata de un elemento clave en la construcción de esa contrahegemonía en el espacio rural de Santiago del Estero: la coproducción.

El trabajo se compone de tres secciones. En la primera se presentan algunas reflexiones sobre las relaciones sociedad-naturaleza desde dos modelos en tensión y disputa como es el modelo campesino y del agronegocio. Los aspectos conceptuales así mostrados permitirán entender las prácticas y lógicas contrahegemónicas que subyacen en las dos experiencias. Posteriormente, en la segunda sección se exponen los estudios de caso poniendo énfasis en las nuevas formas de frenar los cercamientos privados de la naturaleza a partir de la reactualización de formas de apropiación basadas en prácticas y lógicas comunales, como también a través de la resignificación y refuncionalización de marcos jurídicos y programas estatales. Finalmente, se propone una serie de reflexiones para interpretar estas experiencias como contracercamientos (Borras y Franco, 2012; Gómez et al., 2018), ya que no solo constituyen una reacción a las tentativas de concentración, privatización, enajenación y mercantilización de la naturaleza, sino la refundación de modos alternativos de producir y vivir en el espacio rural distintos a los imperativos del capital.

El agronegocio y la agricultura familiar: reflexiones sobre las relaciones sociedad-naturaleza desde dos modelos en tensión/disputa

El agronegocio y las relaciones sociedad-naturaleza

El agronegocio es una de las máximas expresiones del capitalismo instalada en el sector de la producción y circulación de alimentos (Burbanch y Flynn, 1980). Este opera bajo ciertas lógicas donde las categorías económicas de la competencia, la maximización de las ganancias, el incremento de la productividad de la fuerza de trabajo, la rotación del capital y su infinita necesidad de acumulación, que constituyen algunos de los imperativos del mercado (Wood, 2009) que deben ser reconocidos a los efectos de su éxito en un contexto donde impera la lógica del capital. Un aspecto que entrelaza todas estas categorías económicas que están muy presentes en la lógica del agribusiness: la cosificación de la naturaleza. Ello implica considerar a la naturaleza como una simple mercancía y separada de la vida humana (Polanyi, 2011; Escobar, 2014).

En esta instancia los procesos biológicos del suelo son reemplazados por la química del suelo con el uso de fertilizantes químicos, los procesos biológicos de los animales –como por ejemplo el apareamiento natural– es reemplazado por la inseminación artificial o por la transferencia de embriones; en síntesis, los tiempos biológicos van siendo acortados por medio de procesos artificiales con el propósito de extraer a la naturaleza sus mejores cualidades para el mayor beneficio del capital. Así, cualquier tecnología que se construye a partir de este principio lleva consigo la racionalidad de la producción y la propia reproducción del capital.

Esa forma de extracción a la naturaleza, donde todo se transforma en recurso extraíble para convertirse en mercancía buscando la mayor ganancia posible, se encuentra asociada a la gran escala de los emprendimientos con importantes niveles de inversión de capitales, especialización productiva y fuerte concentración económica acompañado de importantes impactos sociales, económicos y ambientales. Esta forma de extracción podría ser pensada como un proceso extractivista (Gudynas, 2009) o de desposesión (Harvey, 2005), la cual es inherente al capitalismo y compatible con la lógica del capital. Esta lógica extractivista, donde el hombre entra en competencia con la misma naturaleza, ha dado lugar en distintas circunstancias a procesos de degradación ambiental y de ecosistemas, en detrimento de distintas formas de vida, procesos de deforestación, pérdida de la diversidad biológica y biodivesidad y con la expulsión de comunidades locales con el deterioro de las condiciones de vida de los que aún habitan esas regiones (Harvey, 2005).

La agricultura campesina y las relaciones sociedad-naturaleza

Las explotaciones sin límites definidos están asociadas, sin temor a equivocación, a sociedades donde existe un proceso de trabajo inmediato y donde preexiste una lógica de posesión comunitaria de la tierra y en consecuencia del uso de los recursos.

Aquí cabe hacer una digresión sobre el concepto de extracción para diferenciarlo del concepto de extractivismo muy presente en el agronegocio. El extractivismo como una de las expresiones más agresivas del capital concibe a la naturaleza como un medio que se inscribe sobre una lógica instrumental de medios-fines de la racionalidad capitalista para un fin, que es la obtención de la ganancia. En cambio, el proceso de extracción del modelo campesino habla de un balance entre el hombre y la naturaleza; la agricultura es entonces concebida como coproducción y no en competencia. En tal proceso de extracción se podría pensar que existe una cierta racionalidad ecológica que es inherente a ese tipo de explotación, donde “los recursos naturales son obtenidos y transformados sin provocar cambios sustanciales en la estructura, dinámica y arquitectura de los ecosistemas naturales” (Toledo, 1992, p. 203).

La tierra en estos sistemas tiene un carácter de uso comunal. A partir de esa posesión comunitaria de la tierra por parte de esa sociedad, se va configurando también una forma social de la producción de los bienes materiales con un contenido técnico-organizativo específico del proceso de trabajo (García Linera, 2010), donde en circunstancias de subsistencia el intercambio ecológico es trascendental.

A partir de un proceso de trabajo inmediato o directo conjuntamente con un intercambio ecológico con la naturaleza, se pueden obtener los medios de vida más básicos para esas sociedades como también, según se manifestó anteriormente, lograr apropiarse del producto íntegro del trabajo y que pertenezca de manera indiscutible al trabajador. Las actividades como la recolección, la caza, la pesca y posteriormente el pastoreo han sido las formas más antiguas de obtención de los bienes materiales necesarios para la vida y que aún hoy permanecen vigentes como formas productivas con un carácter técnico y organizativo particular^[4]. En estas sociedades extractivas parte de la producción que proporciona los medios materiales de vida y los medios de trabajo es creada por la misma naturaleza y aprovechada directamente con una inversión previa de energía humana (Meillassoux, 1997), en sintonía con un conocimiento de los factores locales y de las fuerzas naturales combinadas con habilidad y artesanalidad en el manejo de los instrumentos de trabajo.

Una dimensión que se relaciona con ese carácter extractivo está relacionada con los procesos de no mercantilización; precisamente no hay una necesidad real de articularse a los mercados formales con el propósito de obtener los recursos básicos para su propia subsistencia como de colocar los productos generados. La naturaleza y más específicamente la tierra, desde este esquema productivo, pasan a ser concebidas como medio de trabajo o de producción y no como factor de renta. Tales dimensiones constituyen espacios claves para que la mano de obra, tanto familiar como comunal, no se desnaturalice y pierda la capacidad potencial como uno de los elementos centrales en la reproducción y en los posibles procesos de acumulación (Suárez y Paz, 2017).

Lógicas y formas comunales en la reapropiación de la naturaleza en poblaciones rurales de Santiago del Estero: consideraciones sobre dos experiencias

Coproducción naturaleza-comunidad y estatalidades en la construcción del encierro ganadero comunitario en el paraje El Hoyo

Ante las tentativas de ser devorados y quedar subsumidos al código global del valor económico en la fase actual de globalización económica-cultural, diversos modos de vida ensayan múltiples formas y formatos para reexistir. En el sentido señalado por Porto-Goncalves et al. (2016), las reexistencias son las múltiples y recurrentes formas de ser y expresar digna rebeldía organizada, pero asentadas en racionalidades y formas relacionales sociedad-naturaleza distintas a las estructuradas a partir de la racionalidad económica ortodoxa, mercantil y depredadora.

Las experiencias de los pobladores rurales de El Hoyo, un paraje emplazado en los límites de dos departamentos (Figueroa y Moreno) al noreste de la provincia de Santiago del Estero, se tornan relevantes para analizar las singularidades de las formas comunales de apropiación social de la naturaleza con relación a cuatro aspectos. En primer lugar, las prácticas de uso y gestión compartida de la tierra, el monte y el agua extendidas y mantenidas a lo largo del tiempo entre los pobladores. En segundo lugar, sus prácticas en defensa de esos bienes naturales compartidos frente a las diversas tentativas de despojo en el marco de conflictos con empresarios principalmente por la tenencia de la tierra. En tercer lugar, sus experiencias ligadas a la constitución de un encierro ganadero comunitario, que consiste en la delimitación con alambrado perimetral de superficies de tierra rural de uso compartido por parte de un grupo de familias que allí residen, donde muchas de las actividades que despliegan, como la cría de ganado (en particular, caprinos y bovinos), la producción de carbón y postes, la recolección de frutos del monte y la caza implican coproducción comunidad-naturaleza. En cuarto lugar, los vínculos establecidos con agencias estatales, principalmente técnicos del Programa Social Agropecuario (PSA), en la reconfiguración de sus formas de relacionamiento con la naturaleza en el marco de los conflictos con los empresarios y la conformación del encierro ganadero comunitario.

Cabe destacar que en el paraje El Hoyo se constituyó el primer encierro comunitario de los diecinueve que actualmente existen en Figueroa y Moreno. Abarca aproximadamente 10.000 hectáreas de tierra de uso compartido y donde se encuentran asentadas un total de cuarenta familias. En su interior se delimitaron y construyeron tres potreros, es decir, áreas destinadas a la cría de ganado, que se encuentran gestionados por un grupo de pobladores asociados en la actividad de la cría de terneros, cuyo número de miembros oscila actualmente entre once y trece personas. Además, cuentan con tres represas de uso común donde beben los animales de la totalidad de familias.

Los orígenes de estas iniciativas se remontan al año 2004, cuando una empresa de origen extraprovincial avanzó argumentando ser la titular de dominio sobre la posesión y alambrando las tierras en las que pastoreaba el ganado de estas familias rurales. A pesar de que los pobladores de El Hoyo habitan allí hace varias décadas, no cuentan con el título de dominio de las tierras que ocupan, aspecto común a las explotaciones sin límites definidos. Por lo tanto, se han visto implicados en varios y sucesivos enfrentamientos con aquellos que reclamaban la propiedad de esas tierras en posesión aduciendo poseer la titularidad dominial.

Cuando los pobladores de El Hoyo toman la determinación de alambrar las superficies de uso compartido para constituir un encierro comunitario, el principal móvil fue la necesidad de defender lo que reivindicaban como propio frente a los intentos de ser expropiados, como lo sostiene uno de ellos en su relato:

Veníamos viendo que en otros lugares tenían problemas de tierra, que venían (los empresarios), se metían y nosotros decíamos defendemos lo nuestro […] si tenemos que enfrentar, nosotros tenemos que salir y decir esto es nuestro, nosotros tenemos delimitado […] hemos hecho aquí los potreros para hacer posesión. (Poblador de El Hoyo).

A partir de sus testimonios y prácticas, los pobladores ponen en evidencia que la conformación del encierro ganadero comunitario es una reafirmación del ejercicio de relaciones de apropiación comunales preexistentes. En otras palabras, la apropiación comunal no solo se hace efectiva en el uso compartido de bienes de la naturaleza, sino también en la negación a cualquier tentativa de cercamiento privado y mercantilización. En este sentido, se hace alusión a la apropiación en lugar de propiedad en tanto se reconoce que la acepción dominante de esta última categoría está impregnada del pensamiento liberal al definirse por el principio de exclusión, que supone además una relación entre cosas. Referir a relaciones de apropiación implica concebirlas como un conjunto de derechos que resulta de las relaciones entre las personas respecto de la naturaleza (como otros bienes no-naturales) y la satisfacción de ciertas necesidades (Montesinos Linares y Campanera Reig, 2017).

El sustento de estas relaciones de apropiación comunal lo constituye una trama de relaciones sociales entre los pobladores basada en lazos de parentesco y vecindad, sobre la que también se engendran formas y prácticas de organización del trabajo colaborativo. Estas no están regidas por el valor del precio del trabajo en el mercado, es decir que la categoría del salario se diluye y prima una lógica de reciprocidad en la reproducción de trabajo comunal. Las jornadas de trabajo comunitario que reúne a varios pobladores para realizar el mantenimiento de la represa de uso común o bien para enlazar y faenar al ternero de alguno de ellos son prácticas donde subyace la lógica de reciprocidad en sus modos de relacionamiento. Esto implica que las prestaciones de energía de trabajo, aunque voluntarias, suponen la contraprestación no monetaria en otras circunstancias.

Asimismo, la opción por afianzar actividades como la cría de terneros en el interior del encierro comunitario y asumir una modalidad asociativa en la gestión de los potreros no es azarosa. El diseño productivo y socio-organizativo a partir de la construcción del encierro comunitario se configura sobre la base del potencial endógeno de los agroecosistemas silvo-pastoriles campesinos del chaco-semiárido e implica el despliegue de acciones colectivas en el manejo ecológico de los recursos, recuperando el saber-hacer de las poblaciones rurales y la reapropiación de tecnologías exógenas.

El Hoyo se encuentra en la zona de secano donde los sistemas productivos son prevalentemente ganadero-forestal. La zona se caracteriza por las altas temperaturas, un régimen de precipitaciones marcadamente estacional con lluvias concentradas en la época estival (cuya media oscila entre los 500 a 600 milímetros anuales) y una elevada evapotranspiración potencial anual que definen un marcado déficit hídrico. El desarrollo de la agricultura se ve limitado por la baja retención de humedad de los suelos en esta zona del chaco semiárido y la escasa disponibilidad de agua, tanto para consumo humano como para el uso agrícola-ganadero (Arístides, 2009). En efecto, estas condiciones agroecológicas junto a la escasa dotación de infraestructura productiva, limitan el desarrollo de la agricultura y los rendimientos productivos en ganadería que generalmente se practica la cría a monte (De Dios y Ferreyra, 2011).

Las prácticas de intervención de agentes estatales también fueron claves en la puesta en marcha de los encierros comunitarios en al menos dos sentidos. Por un lado, en la promoción de derechos sobre la tierra entre pobladores rurales en condición de poseedores con ánimo de dueño y su reposicionamiento político frente a los intentos de desalojo. Por otro lado, brindando apoyo en términos de asistencia técnica y financiera para emprender actividades productivas que permitan el despliegue del potencial endógeno de biodiversidad y servicios ecosistémicos del monte del chaco semiárido, un saber-hacer ligado a la cría de animales, como también el trabajo de la madera y las instituciones de trabajo comunitario preexistentes.

Las mediaciones de los técnicos del PSA supusieron la circulación de recursos financieros para realizar inversiones como el alambrado de la superficie de tierra en posesión comunitaria y la adquisición de infraestructura productiva, así como también sobre prácticas “sustentables” de manejo de recursos pecuarios y forestales y de nociones de organización y comunidad.

Lo de los encierros es una construcción colectiva de todas las organizaciones y yo como técnico iba captando necesidades […] y lo de El Hoyo ha sido inédito, antes que viene el zootecnista se alambran mil cuatrocientas hectáreas en manos de pequeños productores, eso era impensado, entonces toda la comarca han levantado el avispero y han dicho, si se pueden alambrar mil cuatrocientas hectáreas podemos alambrar todo. (Técnico de terreno del PSA).

Desde la perspectiva de los técnicos del PSA, los encierros ganaderos comunitarios eran una estrategia de lucha legal y productiva, pero que involucraba una tarea de legitimación en dos sentidos: hacia el dominio de los pobladores rurales y hacia la institucionalidad estatal desde donde intervenían. Ante los primeros, porque se buscaba a través de los encierros comunitarios reafirmar el derecho a la tierra a través instrumentos jurídicos, en particular los derechos posesorios contemplados en el Código Civil de la Nación, y mediante canales institucionales como los programas estatales de desarrollo rural. Respecto al dominio estatal, se promovía la idea que la delimitación de las áreas comunes de pastoreo y los cambios en las prácticas de manejo de recursos pecuarios y forestales permitiría mejorar los índices productivos y consecuentemente los ingresos de los agricultores familiares.

Por todo lo dicho en esta sección cabe retomar algunos atributos identificados por Van der Ploeg (2008) en su caracterización de la condición campesina: la coproducción, la base de recursos autocontrolada y la cooperación como condiciones de posibilidad en la construcción de autonomía en economías globalizadas como las actuales. El autor entiende la transformación recíproca y continua del ser humano y la naturaleza como coproducción en la medida que conlleva la creación y recreación de bienes y lazos sociales. Es decir, comprende el mantenimiento y fortalecimiento de la base de recursos disponibles y el diseño de arreglos institucionales y formatos organizativos que regulen la cooperación dentro de la agricultura campesina. En efecto, se puede entender la construcción del encierro ganadero comunitario como un diseño de organización social de la producción que emerge y se proyecta en la coproducción de los pobladores rurales de El Hoyo, la ecología de los sistemas silvo-pastoriles del noreste de Santiago del Estero, los vínculos forjados con agentes estatales y en la refuncionalización de las institucionalidades estatales.

Contracercamientos y formas de reapropiación social de la naturaleza. La reserva campesina de Ojo de Agua

Las lógicas capitalistas con relación a los regímenes de propiedad privada individual de la tierra generan la creación de cercos físicos colmados de tensiones contrarias a la agroecología y la soberanía alimentaria. En estas lógicas imperan modelos de mercado que dejan de lado la agricultura campesina, el valor simbólico y ecológico de la tierra y el derecho ancestral de compartir los bienes comunes del monte. Bajo esas prácticas, los campesinos van redefiniendo sus luchas y defensa de bienes comunes con el trazado de nuevos cercos a través de diferentes estrategias colectivas.

En las páginas que siguen se analiza de qué forma la reserva campesina de Ojo de Agua responde a la privatización de los bienes comunes y al despojo. En efecto, la perspectiva analítica no se limita a las relaciones de propiedad, sino fundamentalmente a las relaciones sociales que tienen la habilidad de restringir o permitir el efectivo acceso y uso de la tierra por parte del campesinado. Esto implica reconocer que la disputa por la tierra es más que un diferendum legal por establecer los derechos de propiedad (Colque, 2014).

Surgida a raíz de un conflicto de tierras, la reserva campesina de Ojo de Agua se inscribe en un proyecto de ordenamiento territorial que busca construir un espacio protegido tanto para los bienes naturales como para los derechos fundamentales de las familias rurales que han habitado ancestralmente en este lugar protegiendo inclusive su patrimonio.

Se estima que el territorio cuenta con una superficie de 25.000 hectáreas aproximadamente. El proyecto, desde sus inicios, prevé actividades productivas de bajo impacto y la valorización de la riqueza de la zona, paisaje, cultura, arte rupestre, fuentes de agua, trabajo de artesanos y forma de producir campesinas.

Ubicada en las sierras de Ambargasta, los lotes 8, 9 y El Cajón están a 40 kilómetros de la Villa de Ojo de Agua, siendo esta la ciudad más cercana. En dichos parajes, residen actualmente alrededor de 150 familias que poseen graves dificultades de comunicación debido a la escasa frecuencia de los transportes públicos. En estos parajes existen yacimientos minerales y durante décadas la industria minera ha explotado la zona, principalmente para la extracción del manganeso. Desafortunadamente, las malas condiciones en las cuales las empresas mineras desarrollaron sus actividades extractivas ocasionaron no solo un grave deterioro de la tierra, sino que hasta llegaron a provocar la muerte de muchos campesinos que trabajaban en las minas.

La importancia de analizar la reserva campesina en conjunto con el encierro de la comunidad El Hoyo radica en que históricamente han sido el hábitat de comunidades tradicionales campesinas, que han vivido en estos territorios, desplegando estrategias de producción no necesariamente capitalistas. Tales estrategias se encuentran hoy en una lucha por mantener sus formas de vida, preservar el patrimonio natural y cultural y no ser despojados de sus recursos. En efecto, están en marcha diferentes procesos de recreación de sus identidades y un amplio repertorio de acciones colectivas antagónicas a la territorialización del capital. Las dos experiencias que se analizan en el artículo dan cuenta de la capacidad de agencia de las comunidades rurales resignificando marcos normativos y legales para poner freno a la exclusión y la depredación de los recursos naturales que comporta la estructura agraria de la región y el uso de la base comunal campesina para lograr alternativas al despojo.

La reserva campesina se trata de un tipo de área protegida en la que interactúan los seres humanos y la naturaleza, produciendo un territorio con valores ecológicos, biológicos, culturales y estéticos muy significativos. Esta experiencia reconoce su génesis en la iniciativa y gestión de la Mesa de Tierras de ese departamento provincial, el cual recibió apoyo del gobierno provincial. Ha sido considerada por especialistas en áreas protegidas como un territorio que posee interacción entre campesinos con la naturaleza que busca salvaguardar la integridad de esa interacción para proteger el área, conservar el ambiente y resaltar los valores mediante prácticas de gestión y uso tradicional de los recursos (El Liberal, 30/10/2012).

Desde principios del siglo xx los pobladores narran historias del uso común del monte, del cuidado de represas como también la libertad que tenían cada familia para que los animales puedan pastar libremente, además de recordar cómo la mayoría de los corrales estaban cerca de sus casas. Según los pobladores, la tranquilidad de su hábitat y la vida en comunidad no los alertaba en la necesidad de dividir a cada familia con títulos de tierras.

Siempre compartimos todo, el monte era de todos, el río era de todos, teníamos animales que andaban libremente, ninguno decía hasta aquí pasa usted. (Pobladora de El Cajón).

Hasta que se produjeron los primeros conflictos de tierras en las sierras de Ambargasta. Estos datan de los albores del siglo xx, cuando un empresario bonaerense compró las tierras que actualmente abarcan la reserva. Por aquel entonces, dichos terrenos eran considerados marginales en relación con las fértiles llanuras pampeanas. Por lo tanto, el objetivo de la compra era más bien financiero que productivo. Es decir que estas tierras fueron hipotecadas para invertir en el sector agropecuario de la región central del país.

En este escenario, el despojo de los campesinos no estaba signado por la expansión de la frontera agropecuaria y el “boom de la soja” como en otras partes de la provincia (De Dios 2012, Paz y Jara, 2014) sino por un mercado oportunista en el que intervinieron actores locales tales como abogados, escribanos y rentistas que identificaron condiciones propicias para el negociado de tierras ante la inseguridad jurídica en la tenencia y la falta de oposición por parte de los campesinos (muchas veces debido a la ausencia de una conciencia de derechos). Asimismo, las fuerzas policiales propiciaron el despojo de las familias campesinas con amenazas, golpizas, torturas y detenciones (Percíncula et al., 2014).

Venían con la policía, eran todos del poder y tenían caballos, armas y nosotros qué íbamos a tener, nos agarraban siempre desprevenidos y muchas veces nos prendían fuego las casas y el monte. (Poblador de Alijilán).

La reunión entre vecinos de los parajes se hizo cada vez más frecuente; los pobladores no entendían los que era una organización, consideraban a sus reuniones como un proceso “solidario” para ayudar a los vecinos que tenían conflictos latentes. Luego, se formalizó en el año 2012 como “Organización Civil Mesa de tierras de Ojo de Agua”. De esta manera, se les encomendó a los técnicos de terreno desempeñarse como facilitadores en el diseño y ejecución de proyectos productivos en cooperación con las autoridades estatales (de nivel municipal, provincial y nacional).

Desde entonces, se ampliaron los vínculos con agencias del gobierno provincial. Aunque estos vínculos no ofrecieron una solución de fondo a los conflictos de tierra, representó un avance respecto de la invisibilización y estigmatización hacia el movimiento campesino que había caracterizado a las dos décadas anteriores (Barbetta, 2009).

De esta manera, se fue forjando la idea de conformar una reserva campesina; empero en la Argentina no existe esa figura jurídica como en el caso de Colombia. Por ello, los campesinos de Ambargasta encontraron sustento en la ley nacional N.° 26331 referida al ordenamiento territorial de los bosques nativos. Si bien no existe en la ley ni tampoco como figura jurídica la reserva campesina, los pobladores se reapropian y resignifican la ley para proteger toda el área y ampliarla a categoría I (o comúnmente llamada de color rojo). De este modo procuraron evitar los desmontes y poner límites a la actividad minera intensiva. Además de ello, se recibieron subsidios amparados en el presupuesto de la ley que permitió proteger el área y tomar las bases de aquella iniciativa como guía para avanzar en un ordenamiento territorial^[5].

En el caso de la reserva campesina, desde el momento de su creación oficial en 2012, hubo una amplia convocatoria de los pobladores para formar parte de las reuniones debido a que el presupuesto público nacional (entre 2003-2015) destinado a la agricultura familiar fue mayor con relación a otras oportunidades. Sin embargo, los recortes presupuestarios y el despido de técnicos en los años siguientes hizo que la defensa a la tierra deba reorientar la estrategia mediante un fortalecimiento hacia adentro.

La intervención de las agencias estatales en la comarca contribuyó a la generación de nuevos proyectos, como el diseño de un circuito de turismo rural, que incluye lugares de gran valor histórico y paisajístico (como las cascadas o las pinturas rupestres).

Nosotros hicimos un corredor turístico, con carteles, pinturas y señales de todo lo que tenemos para mostrar de los valores ecológicos y que no lo quieran destruir más, pero también terminamos aprendiendo nosotros y nos unimos mucho más en el cuidado el monte. (Pobladora de El Cajón).

Cabe aclarar que la función de los agentes estatales no ha sido siempre facilitadora debido a la naturaleza contradictoria del Estado, el cual constituye un campo en disputa entre actores con intereses antagónicos (Paz y Jara, 2014). Por ejemplo, mientras se impulsaban las acciones orientadas a poner en marcha el plan de reserva, también se producía la reactivación de la actividad minera. Cuando los pobladores de estos parajes tomaron conocimiento, agilizaron los consensos para la creación de la reserva, considerando que la actividad minera a gran escala no solo conllevaría la agudización de los conflictos de tierra, sino también la degradación ambiental.

Por otro lado, las redes que van tejiendo los campesinos de la reserva con el propósito de afianzar este espacio protegido no solo se orienta a vínculos con agentes estatales, sino que incluye además a grupos urbanos como asociaciones de beneficencia y la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Un ejemplo de este tipo de vinculación es con actores de la Universidad Nacional, en el que se planteó promover la cooperación para el cuidado del patrimonio cultural y fomentar la investigación en el ámbito de la reserva, dado que existen sitios de gran valor histórico y arqueológico como ser las pinturas rupestres.

Fortalecer la economía familiar protegiendo y mejorando integralmente el monte, valorando también los sitios arqueológicos y el arte rupestre y recuperando costumbres para proteger la identidad es una política que convoca a la memoria y al cuidado de los recursos naturales y culturales ya que ambos se encuentran en peligro. (Director General de Patrimonio Cultural de la Provincia en una Jornada en la Reserva Campesina, agosto de 2018).

De este modo, los agentes académicos también se constituyen como mediadores que contribuyen a rescatar las características naturales, culturales y paisajísticas de la reserva, (re)creando los sentidos de la importancia de proteger el territorio campesino de las sierras. Asimismo, su acción puede contribuir a una mayor visibilidad de la lucha e interpelar a otros actores externos para ampliar el espectro de solidaridades. Estas relaciones de mediación social implicaron flujos descendentes de recursos y flujos ascendentes de categorías semánticas, visiones de mundo y prácticas desde los mediados que son transferidas por el mediador (Cowan Ros y Nussbaumer, 2011).

Algunos de estos criterios que van emergiendo sobre la protección y mejoramiento de los espacios comunes se relacionan con “un uso no voraz de los recursos naturales y la administración compartida de las maquinarias” (Ramón, técnico de Registro de Poseedores). En esta dirección, los habitantes de la reserva han instalado una cisterna comunitaria, lo cual ha permitido suplir el difícil hídrico, llevando agua (por turnos) a través del tractor que tienen en común, conseguido con un subsidio del gobierno provincial con la que se beneficiaron 20 comunidades y 4 escuelas.

Otra de las tareas donde se expresan las prácticas comunales en la reserva se relaciona con el mantenimiento de caminos internos entre los parajes. Aquellas acciones son realizadas por los vecinos. Frente a la histórica ausencia del Estado, son los propios pobladores quienes asumieron la función^[6]. Por otra parte, los campesinos están pensando en estrategias de diversificación de sus ingresos, con criterios de sustentabilidad y endogeneidad (aprovechamiento de recursos locales) que permita dar valor agregado a sus productos, por ejemplo mediante la realización del “arrope de tuna” para ser comercializado en ciudades aledañas. Este dulce es elaborado de forma artesanal con una fruta recolectada de los bosques circundantes a la reserva, pero haciendo un uso racional de la materia prima.

De este modo, el plan de Reserva Campesina Provincial sustenta sus reivindicaciones desde la retórica de los derechos posesorios y creó un “cerco institucional” a través de tácticas legales y organizativas. La intervención de agentes externos ha permitido adquirir fondos para alambrar los predios de uso particular de cada familia y consensuar criterios para el uso de los espacios comunes de carácter más bien “consuetudinario”, dado que no existe un estatuto interno.

Hoy es un producto inacabado, una experiencia en marcha, un diseño en construcción. El desafío de los actores que la están construyendo es no convertir a la experiencia en un gueto, ni reducirla a reducto exótico para el turismo ni aun área de conservación de una especie en extinción (el campesinado). Por el contrario, se trata de pensarla como un espacio de re-existencia y promoción de los lazos solidarios que están presente en la cotidianidad de sus habitantes. (Técnico de Comité de Emergencia de Santiago del Estero).

En suma, esta área forma parte de una estrategia por el control de la tierra en la que se construye una territorialidad (identidad colectiva ligada al territorio y la lucha por la tierra) que asume un discurso, acciones de defensa y promoción de la identidad campesina como protagonista de un modelo de desarrollo sustentable e inclusivo. Esto se traduce en formas diferenciadas de control sobre los bienes comunes respecto del capitalismo, donde se disputan las formas de relacionarse con la naturaleza, de gestión, de producción, de comercialización y de consumo. Asimismo, se genera una dicotomía de prácticas donde los pobladores locales son productores de territorios, pero también de prácticas estatales que configuran e influyen en la creación de un área protegida.

Algunas reflexiones finales

A la luz de las experiencias, interpretamos los casos de El Hoyo y la reserva campesina de Ojo de Agua como procesos de contracercamientos y como contrahegemonías. Podemos sintetizar dicho relacionamiento alrededor de tres aspectos centrales: en primer lugar, desde que argumentos observamos estas experiencias como contracercamientos y, a su vez, es posible mirar la contrahegemonía en términos de procesos en los cuales se encuentran inmersos aspectos materiales y relacionales. Por otra parte, en el conjunto de relaciones comunales, el intercambio con el Estado permite la reapropiación de ciertos discursos, donde el Estado puede operar como detractor o bien promotor de determinados discursos. En tercer lugar, resulta interesante retomar los vínculos con la naturaleza que entablan los campesinos entendiéndolos como procesos de coproducción naturaleza-comunidad.

Históricamente, una de las formas en las que el capital ha manifestado su hegemonía ha sido a través del “cercado”, la figura simbólica de la propiedad privada y la barrera de acceso donde se marca un “fin” al uso de los bienes comunes dando pie a su mercantilización y su apropiación irrestricta. La antípoda de dicho proceso fue la bandera del movimiento campesino “El Desalambrar” como parte de la lucha por la tierra. Sin embargo, El Hoyo y la reserva campesina dan cuenta de que en la actualidad existen experiencias donde los cercos colectivos son condición inherente para defender los bienes comunes.

Interpretamos estas experiencias como contracercamientos, porque en el devenir de la lucha por sus tierras los pobladores rurales no solo se apropian de los bienes comunes, sino que adaptan y crean tecnologías productivas cuyo anclaje se basa en prácticas ancestrales de manejo del monte y la ganadería como es el caso de El Hoyo. Por consiguiente, además de las conocidas estrategias de lucha política para resistir al despojo de los empresarios como los juicios de prescripción veinteñal y el autorreconocimiento como comunidades indígenas, están emergiendo otras formas de luchas como los encierros y las reservas.

Estas experiencias de contracercamientos no solo constituyen estrategias defensivas frente al proceso de desterritorialización provocado por el agronegocio para evitar el desalojo, sino que constituyen una lucha proactiva de (re)territorializacion para consolidar el derecho de los campesinos a la tierra y demás derechos humanos (Gómez, 2018).

Teniendo en cuenta las particularidades de ambas experiencias, consideramos que su análisis conjunto se torna significativo al menos por dos aspectos. En primer lugar, los orígenes de ambas experiencias están ligados a los conflictos por la tenencia de la tierra y las intervenciones de agentes estatales en parajes cuyos poseedores hacen uso compartido de bienes naturales como la tierra, el monte y el agua para el desarrollo de sus prácticas productivas. En segundo lugar, estas iniciativas resultan del despliegue de estrategias orientadas a establecer cercados materiales y simbólicos del patrimonio común de estas poblaciones rurales para frenar el despojo.

En un segundo plano, se pudo observar que El Estado si bien puede ubicarse en esta posición polar (de detractor o promotor de ciertas políticas públicas), empero en estos casos su rol fue clave para promover y consolidar procesos contrahegemónicos. En el caso de la reserva campesina, los agentes del Estado permitieron impulsar una batería de acciones orientadas a fortalecer el sentido de pertenencia de los pobladores y promover formas de autogobierno, tales como reuniones participativas y talleres informativos, entro otros. Ejemplo de tales procesos es la creación de un circuito de turismo rural que incluye lugares de gran valor histórico y paisajístico (como las cascadas o las pinturas rupestres), el cual está diseñado por agentes estatales promotores de desarrollo rural. Otros agentes estatales que intervienen en la zona son los “académicos”, provenientes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, quienes se ocuparon de recuperar las características naturales, culturales, paisajísticas de la reserva, (re)creando los sentidos de la importancia de proteger el territorio campesino de las sierras. Asimismo, su acción puede contribuir a una mayor visibilidad de la lucha e interpelar a otros actores externos para ampliar el espectro de solidaridades.

Por último, los casos de El Hoyo y la reserva campesina de Ojo de Agua dan cuenta de formas de relación con la naturaleza distintas a las impuestas por el agronegocio, donde la naturaleza constituye un patrimonio y un medio de vida, no una mercancía. La creación de potreros ganaderos en El Hoyo no resulta un sistema productivo al azar, sino que es anclada en una práctica ancestral de manejo del rodeo bovino junto con el monte y los recursos asociados, donde muchas de las actividades extractivas son subsidiarias de procesos productivos como ser la recolección de vainas de algarroba que se aprovecha como forraje en periodos invernales donde el alimento de las vacas escasea. Tales prácticas extractivas no están mediadas por lógicas de explotación sistemática de la naturaleza sino de coproducción, y es en esta simbiosis que es posible encontrar contrahegemonía.

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