Reflexiones sobre desigualdades en salud y la movilización/inmovilización de recursos y estrategias en un barrio informalizado del periurbano matancero
Yamila Soledad Abal
Introducción
Este capítulo se desprende de un proyecto de tesis en el que analizamos las experiencias vinculadas a los procesos de salud-enfermedad-atención-cuidado (PSEAC) de mujeres paraguayas que habitan un barrio informalizado del periurbano matancero.
El objetivo que aquí nos proponemos es presentar algunas reflexiones sobre el impacto de la pandemia por COVID-19 en el barrio en estudio. Nos interesa compartir resonancias y dejar planteadas ciertas preguntas que se desprenden de nuestro abordaje de la escala micro y que por momentos entran en tensión con las lecturas sobre la pandemia desde otras escalas de análisis.
Tomamos como caso de estudio un barrio informalizado de González Catán, localidad de la Región Metropolitana de Buenos Aires que en el censo de 2010 registró un 8,4 % de población nacida en países distintos a la Argentina y, de ese porcentaje, un 70 % había nacido en el Paraguay (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INDEC], 2010). El barrio en estudio –en adelante, Nueva Esperanza–, además de presentar una alta proporción de población migrante, nace de un proceso de toma de tierras y viviendas que tuvo lugar hace menos de una década.
Hablamos de barrio informalizado para referirnos, en términos de Herzer et al. (2008), a un barrio que se rige por “una relación de exterioridad y/o de conflicto con las normas e instituciones del Estado y/o del mercado formal” (Herzer et al., 2008, p. 176). Clichevsky (2000) distingue dos tipos de informalidad, uno definido desde el punto de vista dominial, vinculado al modo de acceso al hábitat, en el que incluye la ocupación de tierra pública o privada, de inmuebles, de espacios públicos o de propiedades de origen social, es decir, ocupaciones directas que realiza la población o su acceso a través del mercado informal del suelo y la vivienda. El segundo tipo de informalidad es planteado desde el punto de vista de la urbanización. Se trata de tierras sin condiciones urbano-ambientales para ser usadas como residenciales: inundables, contaminadas, cercanas a basurales clandestinos, sin infraestructura, con dificultosa accesibilidad al transporte público, centros de empleo, educación primaria y servicios primarios de salud, con viviendas construidas por fuera de la normativa existente y con densidades extremas (ya sea con situaciones de hacinamiento de personas y hogares o despobladas, lo cual implica altos costos de infraestructura y menor accesibilidad).
Nueva Esperanza condensa ambos tipos de informalidad referidos por Clichevsky (2000) ya que, por un lado, es un barrio que se encuentra emplazado en un área periurbana resultante de procesos recientes de expansión de la mancha urbana que se produjo sobre terrenos bajos e inundables y que se caracteriza por no cubrir las condiciones urbano-ambientales básicas necesarias para constituirse como residenciales. A su vez, está alejado de las principales centralidades y subcentralidades urbanas (Matossian y Abal, 2019), lo que se traduce en importantes dificultades para el acceso a equipamiento urbano.
Desde la perspectiva integral de la salud colectiva, partimos de entender que salud y enfermedad no son términos antagónicos sino partes de un proceso social dialéctico y continuo, un devenir histórico que incluye también las prácticas de atención y cuidado. Así entendidos, los PSEAC son procesos que se dan en un contexto particular en el que se configuran las causas de determinados padecimientos, sus formas de atención y los sistemas ideológicos que fundamentan y legitiman los modos de tratarlos (Menéndez, 1994). En cada momento histórico, los diferentes conjuntos sociales identifican sus problemas de salud, les dan una explicación y se organizan para darles respuesta (Almeida Filho y Silva Paim, 1999). En el contexto de pandemia por COVID-19, se modificaron tanto la agenda de los problemas sanitarios considerados relevantes por los conjuntos sociales con los que trabajamos como los modos de organización para darles respuestas.
En Nueva Esperanza, se combinan diferentes identidades que pueden ser leídas como posiciones de subordinación o desventaja. Para trabajar esta superposición, rescatamos la potencia del enfoque interseccional en términos políticos (Viveros Vigoya, 2016), asumiendo la necesidad de aplicarlo de manera localizada y contextualizada, evitando fijar posiciones y asumiendo las relaciones de dominación como cambiantes e históricas. Desde esta perspectiva, los procesos de subalternización vinculados a la clase, género y pertenencia étnico-nacional no solo se afectan, sino que se configuran mutuamente. No es posible leer uno sin el otro.
Entendemos entonces que la superposición de diferentes dimensiones de la desigualdad en las mujeres migrantes que habitan Nueva Esperanza no debe ser leída en clave de sumatoria sino como una configuración sociohistórica y relacional que produce experiencias singulares, y es allí donde nos queremos detener. Así, por ejemplo, el hecho de ser migrante y habitar un barrio informalizado y precarizado no son simplemente dos condiciones que se superponen aleatoriamente, sino que se implican mutuamente. En otras palabras, la alta concentración de personas migrantes en barrios informalizados y precarizados de la RMBA (Sassone y Matossian, 2014; Mera, Marcos y Di Virgilio, 2015) es el resultado de las condiciones urbanas estructurales de acceso al suelo y a la vivienda que brinda el mercado y el Estado a esta población en particular, así como de las estrategias residenciales que despliegan desigualmente los diferentes actores según los recursos con los que cuentan (Mera, 2017; Matossian, 2017).
De esta manera, podemos decir entonces que, desde una perspectiva interseccional, nos preguntamos sobre los efectos de la pandemia por COVID-19 en un barrio informalizado del periurbano bonaerense y, en este contexto, nos preguntamos también por el despliegue de estrategias de cuidados en salud de quienes lo habitan.
Apuntes metodológicos
En lo que refiere al modo de abordaje, trabajamos con un enfoque metodológico cualitativo, alternando estrategias que nos permitieran conocer las experiencias subjetivas y significados que las mujeres migrantes que habitan Nueva Esperanza atribuyen a los problemas vinculados al campo de la salud y las estrategias de cuidado que despliegan para darles respuesta.
Con la intensión de desplegar una mirada “de cerca y desde adentro” (Magnani, 2018), durante los años 2018 y 2019, llevamos adelante un trabajo de campo intensivo y no estructurado que implicó cierto involucramiento con la vida del grupo en estudio. En este, combinamos recorridos urbanos, observaciones participantes y entrevistas en profundidad a mujeres migrantes y a otros informantes clave del barrio.
Las observaciones participantes fueron realizadas en operativos territoriales organizados en las proximidades del barrio por los diferentes niveles de gobierno, mesas de articulación entre actores locales y eventos comunitarios organizados dentro del barrio.
Las entrevistas en profundidad para la construcción de relatos de vida supusieron la construcción progresiva de vínculos de confianza a partir de encuentros previos y posteriores a la entrevista propiamente dicha, lo que resulta, al decir de Ramírez Hita (2013, p. 55), en conversaciones, en una relación de diálogo más simétrica y comprometida entre las personas participantes. A diferencia de las historias de vida, entendemos los relatos de vida como narraciones biográficas acotadas al objeto de la investigación, centradas en algún aspecto particular de la experiencia de una persona (Kornblit, 2007); en este caso, a los procesos de salud-enfermedad-atención-cuidado.
Estas entrevistas fueron grabadas, transcriptas y luego trabajadas a partir de la técnica de análisis de contenido de Bardin (1979). Dentro de esta perspectiva, entre los diferentes modos de abordaje, fue elegido específicamente el temático (Minayo, 2013) con el objetivo de descubrir los núcleos de sentido que componen las textualidades trabajadas, a partir de la descripción de la presencia, ausencia o frecuencia de aparición de un determinado contenido para “inferir conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción de estos mensajes” (Bardin, 1979, p. 42).
En marzo de 2020, a partir de la irrupción de la pandemia por COVID-19 y las medidas de confinamiento subsiguientes, nos vimos obligadas a interrumpir temporalmente el trabajo de campo basado en nuestra presencia física en el barrio y reemplazarlo por estrategias tales como comunicaciones telefónicas y entrevistas virtuales con informantes clave. Asimismo, continuamos participando –ahora de manera virtual– en la Mesa Territorial “González Catán Zonal”, la cual forma parte del programa Mesas Territoriales de la Secretaría de Desarrollo Social de La Matanza, donde “participan áreas municipales, vecinos/as, instituciones educativas, sanitarias, deportivas, religiosas y sociales de la zona, referentes políticos territoriales, barriales y organizaciones comunitarias” (Secretaría de Desarrollo Social, s. f.). La posibilidad de continuar participando en estas instancias de articulación entre diferentes actores nos permitió identificar y reconstruir el devenir de las instituciones que formaban parte de las Mesas y reconocer algunas dimensiones del impacto de la pandemia por COVID‑19 en la escala local.
Algunos efectos de la intersección entre lo coyuntural y lo estructural
Durante los meses que precedieron a la pandemia, nos dedicamos especialmente a indagar sobre los modos en los que las condiciones materiales y simbólicas de la informalidad urbana atraviesan las experiencias vinculadas a la salud de quienes la habitan cotidianamente. Gran parte de los relatos de las mujeres migrantes que entrevistamos giraban en torno a la escasez de equipamiento urbano y, especialmente, de transporte público. A esto se sumaban otros problemas tales como calles de tierra que se tornaban intransitables en días de mucha lluvia, e incluso durante los días subsiguientes. Así, además de los basurales, la humedad y la contaminación ambiental que caracterizan la zona, la informalidad se expresaba en graves dificultades de acceso a los servicios de salud, así como en la imposibilidad de ingreso de las ambulancias al barrio por no contar con calles asfaltadas. Estas condiciones críticas se expresaban, por ejemplo, a través de relatos sobre fallecimientos prematuros y evitables derivados de la imposibilidad de ingreso de la ambulancia al barrio (Matossian y Abal, 2019).
Acá cuando se llueve, se inunda todo. Acá no pasa la ambulancia. El otro día falleció un hombre, y quedó la ambulancia creo que acá a dos cuadras y lo tuvieron que sacar en camilla, porque no entran. Igual que los remises. Tienen que ser un conocido, para que te traiga, sino te deja en un asfalto y vos tenés que caminar […]. El ante año pasado falleció un bebé de un año. Encima yo a ese bebé le hice respiración boca a boca, me quedé remal. Y justo el hombre acá tiene camioneta y le golpeamos a él y llevó a la mamá y al bebé. Pero ya estaba muerto. (Ana María, 43 años, referente barrial, de nacionalidad argentina).
Además de estas limitaciones materiales, emergían de las entrevistas percepciones sobre la escasa capacidad resolutiva de los centros de salud más cercanos (es decir, del primer nivel de atención), lo que empujaba a la búsqueda de alternativas a través de diferentes circuitos costosos en términos de tiempo y dinero, que muchas veces incluían múltiples traslados a efectores del segundo y tercer nivel de atención ubicados en áreas centrales de otras localidades de La Matanza o de la Ciudad de Buenos Aires (o incluso de otros municipios como Merlo) alejadas de Nueva Esperanza. En este sentido, parecía existir cierto consenso entre las entrevistadas sobre las emergencias en salud como uno de los problemas de mayor gravedad del barrio (Abal, 2021).
Acá eso es el tema más horroroso, que no te quiere entrar un remís, tenés un chico enfermo, o una persona que necesita… El otro día, que es mi vecina, se desvaneció, y no teníamos cómo llamar a una ambulancia y no pudo entrar acá. Y el marido de Noemí, no sé cómo hizo, logró, porque esta mujer es grandota. Le llevó a la fuerza hasta la ambulancia. Y acá, ese acceso no hay. Ese acceso de los chicos que se te enfermen en alta hora, ponele, que suele pasar, y no hay uno que te quiera entrar acá. Te morís. Eso. […] y somos así. Corremos y nos ayudamos. Eso por lo menos hacemos, pero ¿qué podés hacer con un caso de un profesional que no podés brindar si no conocés? (Francisca, 58 años, vecina de nacionalidad paraguaya).
Toda esta situación crítica se vio agudizada con la irrupción de la pandemia por COVID-19. En los barrios informalizados, muchas de las dificultades para cumplir con las medidas de aislamiento y prevención estuvieron vinculadas con el agravamiento de condiciones estructurales como el hacinamiento y la precariedad habitacional, la contaminación ambiental y la carencia de servicios básicos como la recolección de residuos y el agua potable (Kessler et al., 2020; Maceira et al., 2020).
Por otro lado, en estos barrios hay un gran porcentaje de cuentapropistas de subsistencia y de trabajadores asalariados de la economía informal, para quienes dejar de salir a trabajar implicó automáticamente dejar de percibir ingresos. Esto tuvo diferentes implicancias tales como la falta de medios para comprar alimentos y elementos de higiene (que se sumaron a las dificultades de distribución propias del contexto), situaciones de endeudamiento para cubrir consumos básicos y la circulación constante por comedores y por otros dispositivos en los cuales retirar viandas para resolver la alimentación (Kessler et al., 2020; Maceira et al., 2020).
Además, como planteamos en otros trabajos (Matossian y Abal, 2023), algunas de estas cuestiones también fueron especialmente problemáticas para las personas migrantes independientemente de los barrios que habitan. Por ejemplo, la discontinuidad de los ingresos laborales durante la pandemia también impactó en ellas de manera diferencial, ya que se trata de una población que está sobrerrepresentada en actividades desarrolladas en las calles y en servicios presenciales como la venta ambulante o el trabajo de cuidado remunerado (Herrera, 2021). Según la Encuesta Nacional Migrante de Argentina (ENMA) 2020, un 53 % de las personas encuestadas manifestó haber perdido parcial o totalmente sus ingresos.
La asunción del gobierno de Alberto Fernández, prácticamente en simultáneo al inicio de la pandemia, no implicó la desarticulación inmediata de las políticas regresivas en materia de derechos de la población migrante que caracterizaron al gobierno de la coalición Cambiemos (2015-2019). La derogación del DNU 70/2017 de Mauricio Macri, que pretendió modificar la Ley de Migraciones N.° 25871 vigente, ampliando los motivos de expulsión y habilitando procedimientos acelerados para la detención y deportación de personas migrantes con causas penales o con faltas administrativas en el trámite migratorio, se hizo esperar más de un año.
Por otro lado, durante este período también se registraron mayores demoras o dificultades para el acceso al DNI o a la residencia precaria y al no registro laboral (Debandi et al., 2021) y se paralizaron los procesos en curso de regularización de la población migrante (Canelo y Courtis, 2023).
El dispositivo “Módulo de Radicación a Distancia de Extranjeros” (RADEX) siguió operando y a las dificultades de acceso, dilaciones de tiempos y otras complicaciones que caracterizaron su implementación se sumaron otras complejidades propias del contexto de pandemia. La emergencia sanitaria declarada por el DNU 260/2020 prohibió el ingreso al país de personas extranjeras no residentes, lo que fomentó el ingreso irregular por pasos terrestres, dificultando posteriores trámites de regularización que exigen sellos que certifican el ingreso. A su vez, el ASPO dilató los tiempos de espera de la Administración pública en general y, en particular de aquellas instancias que exigían atención presencial (Courtis y Canelo, 2023).
Paradójicamente, de manera concomitante, el DNI adquirió una mayor centralidad que antes de la pandemia dadas las nuevas formas de control que trajo aparejada la restricción de la circulación implementada durante el ASPO y, a su vez, se tornó un elemento clave para acceder a los cuidados ofrecidos por el Estado en el contexto de emergencia sanitaria (Courtis y Canelo, 2023).
Así, buena parte de la población migrante no logró acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que el gobierno nacional instituyó como seguro social para trabajadores/as informales y monotributistas de las primeras categorías durante la emergencia sanitaria. El requisito de poseer una residencia “legal” (es decir, temporaria o permanente) mínima de dos años operó como una importante barrera. En la ENMA, solo el 18 % de la población encuestada declaró haber accedido a este (Debandi et al., 2021).
A su vez, en los inicios de la pandemia, se registró un crecimiento de reacciones xenófobas, de actitudes discriminatorias hacia personas que revestían la condición de “caso sospechoso”. Esta proliferación de estereotipos discriminatorios que recaía especialmente sobre las personas migrantes se expresó fuertemente en las redes sociales y los medios de comunicación (Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo [INADI], 2020), pero a su vez tuvo su correlato en las prácticas y dinámicas cotidianas que se desarrollaban dentro de los barrios, lo que sin duda reforzó las barreras de acceso a los servicios de salud.
Además, en el contexto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), se agudizaron otras barreras de acceso a la atención por falta de transporte, de atención en consultorios, de medicamentos e insumos en los efectores; por la focalización de la atención hospitalaria en las urgencias, los partos y las cesáreas programadas; por horarios reducidos en los centros de atención primaria y por la suspensión de las acciones de prevención y promoción (Kessler et al., 2020; Maceira et al., 2020).
Algunas implicancias simbólicas: ¿cuándo comenzó la crisis sanitaria?
En marzo de 2020, apenas iniciada la pandemia por COVID-19, Judit Butler nos decía:
El virus no discrimina. Podríamos decir que nos trata de manera igualitaria, nos coloca igualmente en riesgo de enfermarnos, de perder a alguien cercano, de vivir en un mundo de amenaza inminente. Por el modo en el que se mueve y golpea, el virus demuestra que la comunidad humana es igualmente precaria. Al mismo tiempo, sin embargo […] la desigualdad radical –que incluye el nacionalismo, la supremacía blanca, la violencia contra las mujeres, queers y personas trans– y la explotación capitalista encuentra formas de reproducirse y fortalecer sus poderes al interior de las zonas de pandemia (Butler, 2020, párr. 1).
Hoy, en retrospectiva, estas palabras adquieren aún más sentido. Lejos de expresar la democratización de las probabilidades de enfermar y de morir en el corto plazo, la pandemia por COVID-19 vino a expresar de manera contundentemente dramática hasta qué punto son desiguales estas probabilidades. Mucho se ha dicho sobre esto y lo que hasta aquí hemos planteado reafirma esta idea. Ahora bien, existen elementos vinculados con la construcción simbólica de la pandemia por COVID-19 que vale la pena seguir problematizando.
El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al nuevo brote de coronavirus (2019-nCoV) como “emergencia de salud pública de importancia internacional” (OMS, 2020). Semanas después, el 12 de marzo de 2020, el gobierno argentino, a través del decreto 260/20, declara la emergencia sanitaria en el país. Según el Reglamento Sanitario Internacional, se trata de un evento extraordinario que i) constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad y ii) podría exigir una respuesta internacional coordinada” (OMS, 2005, p. 6). Efectivamente, la pandemia por COVID-19 representó un riesgo para la salud sin precedentes por la escala y velocidad de su propagación y sus consecuencias sobre la salud de la población mundial.
Ahora bien, como dice Rebón (2020), si entendemos la crisis como cierto orden social que es súbitamente perturbado e interrumpida su normalidad, en el caso argentino, la crisis sanitaria por COVID-19 se dio en un contexto de crisis social y económica preexistente, derivada de la profundización de políticas neoliberales implementadas por el macrismo, con serias consecuencias para la salud pública. En lo que refiere al derecho a la salud, las políticas sanitarias privatistas y neoconservadoras afectaron fuertemente a los sectores populares en general, y a las personas migrantes en particular. La Cobertura Universal de la Salud (CUS), el DNU 70/2017 y las iniciativas parlamentarias (nacionales y provinciales) orientadas a restringir el acceso gratuito a los servicios públicos de salud para determinadas categorías de migrantes son solo algunos ejemplos que ilustran el clima de época (Gil Araujo, 2019; De Ortúzar, 2020; 2021; Abal, Melella y Matossian, 2020).
Recapitulando, la Emergencia Sanitaria Internacional fue declarada en un momento que ya era crítico para la Argentina, en lo que refiere a la salud pública. En particular, para algunos conjuntos sociales, la crisis o emergencia sanitaria comenzó mucho antes que la pandemia por COVID-19. Nos interesa particularmente problematizar esta cuestión porque entendemos que el espejismo de igualdad producido por la irrupción de la pandemia es una de las principales coordenadas para comprender su construcción como problema social prioritario y la magnitud de los diferentes tipos de recursos movilizados (e inmovilizados) para darle respuesta. Al respecto, a continuación, compartimos algunas reflexiones sobre lo que encontramos en la escala local.
La movilización/inmovilización de recursos y estrategias. Ecos de las crisis
Ante la precariedad de las condiciones de vida y las múltiples necesidades emergentes, las mujeres migrantes que habitan Nueva Esperanza desplegaban –según nos relataban antes de la pandemia– una multiplicidad de estrategias de cuidados en salud. Como planteamos en trabajos anteriores, la ayuda mutua y las redes de solidaridad dentro del barrio, apoyadas en familiares y personas conocidas, resultaban centrales para responder y resolver situaciones de emergencia en salud. Poner a disposición de vecines vehículos particulares, facilitar medicación en horarios en los que es imposible acceder a una farmacia, personas con mayor fuerza física ofreciéndose a cargar hasta la avenida a quienes necesitaran atención y presentaran una capacidad de movilidad reducida y la recomendación de profesionales o de posibles circuitos eficaces a los que recurrir ante determinadas necesidades son algunos de los ejemplos mencionados en los encuentros de campo que dan cuenta de cómo funcionan las redes en el barrio (Abal, 2021).
Me pasó que ella [señalando a la hija de 6 años, presente en la entrevista] sufría mucho de lo que es los bronquios, el cambio de clima, la humedad, es alérgica… yo me iba a Catán, porque conocía Catán, de ahí me iba al [km] 32 [refiriéndose al hospital Simplemente Evita] porque en Catán no había guardia o no tenía pediatra… […] decí que en ese tiempo mi suegro todavía tenía auto, pero ¿qué hace la persona que no cuenta con eso? A las 10 o 12 de la noche que te agarre eso, un pico de asma, qué hacés… porque me llaman por teléfono las mamás “tenes una cámara” o “un salbutamol?”, y yo si tengo, les doy porque usaba pero ahora, gracias a Dios, hace un año que no le agarra… (Carolina, 40 años, referente del barrio de nacionalidad paraguaya).
Durante la pandemia por COVID-19, las autoridades parecen haber reconocido la importancia de estas redes en los barrios informalizados ya que, a pocas semanas de haber decretado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), se dispuso una suerte de “aislamiento social comunitario”, que suponía que las personas no circularan por fuera del perímetro del barrio. El “quedate en casa” devino “quedate en el barrio” (La poderosa et al., 2020, p. 6).
De este modo, en un marco general de restricciones a las movilidades y agudización de necesidades básicas, el propio barrio concentró funciones y adquirió especial relevancia en lo que refiere a la búsqueda de respuestas y de recursos para resolver problemas (Matossian y Abal, 2023). Ahora bien, frente a la gravedad del contexto, esta intensificación de la importancia de las redes de cuidado ubicadas en el espacio próximo también vino acompañada –por lo menos en un primer momento de la pandemia– de una concentración de esfuerzos en llevar adelante acciones orientadas a la asistencia alimentaria y de provisión de recursos de higiene.
Ahora bien, otro de los elementos claves que identificamos en la prepandemia para dar respuesta a las necesidades en salud tiene que ver con la intervención de actores extrabarriales. Ante las dificultades de acceso a los servicios de salud, estas presencias eran uno de los recursos más valorados por quienes habitan Nueva Esperanza. Nos referimos concretamente a la presencia del Estado en la escala barrial, a sus intervenciones en formato de operativos puntuales y, por otro lado, a la intervención regular de instituciones religiosas u organizaciones de la sociedad civil en la construcción de respuestas vinculadas a la atención de la salud. Solo a modo de ejemplo, los operativos del programa nacional “El Estado en tu barrio”, en coordinación con el Estado provincial y municipal, acercaban servicios y prestaciones del Estado para que las personas pudieran resolver diferentes trámites un mismo día y lugar. Si bien no todas eran acciones específicas de atención en salud, solían participar en estos operativos stands de la Secretaría de Salud en los que se aplicaban vacunas del calendario obligatorio o se realizaban controles pediátricos y se completaba la planilla del ANSES –requisito para la gestión de la Asignación Universal por Hijo–.
Por otro lado, las jornadas comunitarias “Promoviendo Derechos”, organizadas por las Mesas Territoriales, proponían “actividades recreativas y deportivas, juegos, espacios de arte plástico y de entretenimiento para los niños, adolescentes, jóvenes y familias en distintos barrios” (Secretaría de Desarrollo Social, s. f.). En ellas estaban presentes dispositivos de información o espacios que, por ejemplo, promovían la Educación Sexual Integral (ESI) o trabajaran otros derechos vinculados a la salud. En ambos casos, estos programas funcionaban a través de operativos eventuales e itinerantes que fueron suspendidos durante el tiempo que estuvieron vigentes las medidas más restrictivas de aislamiento y, posteriormente, de distanciamiento social.
Otro ejemplo de intervenciones de actores extrabarriales, en este caso no gubernamentales, lo constituyen las jornadas de atención de la salud que organizaba en Nueva Esperanza un párroco perteneciente a la diócesis de Laferrere, quien, además, daba misa una vez por semana en un playón del barrio y organizaba torneos de fútbol y actividades con los jóvenes. Un sábado por mes, tres profesionales de la salud (un pediatra, una médica clínica y un cardiólogo) atendían voluntariamente por demanda espontánea a las familias del barrio. Esto funcionaba en la casa de una vecina, que la ponía a disposición para tal fin.
Estas jornadas también fueron interrumpidas durante la pandemia y, a diferencia de los operativos del “Estado en Tu Barrio” y las “Jornadas Promoviendo Derechos”, no fueron retomadas una vez finalizadas las medidas de aislamiento y distanciamiento.
Estos ejemplos nos devuelven la pregunta por los efectos de la pandemia y las medidas de aislamiento en lo que refiere a la movilización/inmovilización de este tipo de recursos para el acceso a la atención de esta población.
Ahora bien, ante la inmovilización de ciertos recursos, se movilizaron otros que vale la pena visibilizar. En una primera etapa de la pandemia, por ejemplo, frente a la gravedad del contexto, uno de los nuevos roles asumidos por diferentes actores, como dijimos, fue la asistencia alimentaria. Además de la multiplicación y diversificación de merenderos, ollas y comedores comunitarios gestionados por organizaciones sociales, vecines voluntaries y grupos religiosos, se incorporaron a la logística de entrega y distribución de bolsones de alimentos, viandas y elementos de higiene otros actores que responden a la gestión estatal, tales como las instituciones educativas o el ejército.
En lo que refiere a cuestiones más ligadas específicamente al campo de la salud, la difusión de información preventiva vinculada a las características de la COVID-19 y las recomendaciones en caso de contraer el virus también fue asumida como tarea por las diferentes instituciones que forman parte de las Mesas Territoriales. A su vez, durante el 2021, en el marco de la Campaña de Vacunación COVID-19, desde las Mesas Territoriales, se organizaron puntos de inscripción para facilitar el acceso de quienes no podían inscribirse de manera virtual por falta de dispositivos tecnológicos o de conexión a internet. Estos puntos estaban distribuidos en lugares y momentos estratégicos como, por ejemplo, en las escuelas, los días y horarios en los que se entregaban bolsones de alimentos. A su vez, instituciones tales como el Club Atlético Deportivo Paraguayo, cuya sede deportiva se encuentra en González Catán, cerca de Nueva Esperanza, funcionaron como vacunatorio durante la campaña.
A principios del 2022, habiendo ya superado las etapas más críticas de la emergencia sanitaria, se creó la comisión de salud de la Mesa Territorial de González Catán y desde allí se sumaron iniciativas vinculadas a la prevención y promoción de la salud que fueron más allá de la pandemia. Entre ellas, la creación de “nodos saludables”, es decir, de espacios que funcionan en instituciones que forman parte de las Mesas Territoriales donde, en articulación con la Secretaría de Salud Pública, se realizan acciones como la consejería y entrega de métodos anticonceptivos y son sede de operativos de autotoma para el test del Virus del Papiloma Humano (VPH), jornadas de vacunación, testeos de VIH y sífilis y otras acciones de promoción y prevención (Secretaría de Desarrollo Social, 2021). A su vez, volvieron a tener lugar jornadas que acercaban servicios y prestaciones del Estado a los barrios, promoviendo derechos, pero en esta ocasión centradas en la salud integral. Por ejemplo, en octubre de 2022, el Club Atlético Deportivo Paraguayo fue sede de la jornada “Cuidando la salud y el ambiente de nuestros barrios” organizada por las Mesas Territoriales “González Catán Zonal” y “LafeNorte-CastilloSur”.
Sin duda, este tipo de iniciativas expresan que la prevención, la promoción y los cuidados de la salud adquirieron una centralidad que no tenían antes del 2020 y que, de alguna manera, expresan parte del impacto simbólico que tuvo la pandemia.
A modo de cierre, más preguntas
Lejos de restarle importancia o gravedad a la pandemia por COVID-19 en el 2020, lo que nos interesa es poner en evidencia su impacto sin precedentes pero destacando el carácter selectivo y desigual de sus efectos, pensándolos en clave de profundización de una crisis sanitaria que existía desde antes de la aparición y diseminación del virus en el 2020.
En Nueva Esperanza, antes de la pandemia, era posible identificar cierto consenso sobre las emergencias en salud como uno de los problemas de mayor gravedad del barrio. Incluso, las dificultades de acceso y el aislamiento asociados a la informalidad urbana ya condicionaban la vida cotidiana de quienes lo habitan desde antes de las medidas de ASPO adoptadas por el gobierno nacional en marzo de 2020.
Nueva Esperanza forma parte de lo que en otro trabajo llamamos “no centralidad”: una zona alejada en términos espaciales y funcionales de las centralidades urbanas y, sobre todo, relegada de las políticas urbanas gubernamentales, es decir, fuera de su centro de prioridades (Matossian y Abal, 2019, p. 91). En tanto “no centralidad”, se trata de un barrio notoriamente postergado también en lo que refiere a las políticas que promuevan el acceso a la salud y las condiciones urbano-ambientales básicas necesarias para residir allí.
A su vez, más allá de estos condicionamientos estructurales, como dijimos, la crisis sanitaria por COVID-19 se dio en un contexto de precariedad de la salud agravado por la crisis social y económica derivada de la implementación de políticas neoliberales del macrismo.
Ahora bien, a partir de la pandemia, parece haber ocurrido –por lo menos en la escala local– un desplazamiento a partir del cual la salud adquirió una centralidad que antes no tenía en los ejes de trabajo y en el relato que organiza gran parte de las estrategias de intervención estatales a nivel local. Llegado a este punto, emerge una pregunta que quedará abierta y nos desafía a seguir analizando el devenir de estos territorios postergados: ¿en qué medida este efecto simbólico de la pandemia se traducirá en políticas que prioricen la salud desde una perspectiva integral que contemple, por ejemplo, la mejora de las condiciones de acceso a la tierra y a las viviendas?
Cuando reflexionamos sobre las resonancias y aprendizajes que la pandemia nos dejó, las respuestas no son muy alentadoras. A la luz de la coyuntura política actual, lejos parecen haber quedado aquellas lecturas que veían en la pandemia por COVID-19 la oportunidad de reconstruir los consensos que el neoliberalismo desarticuló sobre la importancia del rol del Estado para el cuidado de lo común. En cambio, vemos cada vez más cercana la posibilidad de un nuevo triunfo del relato neoliberal legitimador de desigualdades.
En este escenario, y en clave de resistencia, retomamos y reafirmamos la importancia que tuvo la intervención del Estado –en sus diferentes niveles de gestión– para contrarrestar, en alguna medida, la desigual distribución de los riesgos y costos de la emergencia sanitaria. Por último, también consideramos necesario resaltar el rol que históricamente –y en particular, durante la pandemia– tuvieron las organizaciones sociales, así como la centralidad de las estrategias desplegadas por la población basadas en la solidaridad y el compromiso comunitario.
Bibliografía citada
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