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Sentidos y tensiones en torno a la movilización política de jóvenes universitarios/as de la UNP (SJB): una larga lucha

Martha Susana Díaz

Introducción

Las reflexiones que se ponen a discusión en este texto surgen a partir de la investigación que llevamos a cabo en el proyecto de investigación Nro 1533 denominado “Culturas políticas y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de la Patagonia (UNP) y en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) durante la última dictadura cívico-militar, 1976-1983”. Este proyecto de investigación se propone analizar las prácticas políticas, las materialidades, sentidos y significaciones desplegadas tanto por las autoridades, como por los y las integrantes de los claustros universitarios durante la última dictadura militar (1976 -1983) en la Universidad Nacional de la Patagonia y en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a partir de una perspectiva que combina las contribuciones teóricas de los enfoques sobre Derechos Humanos, los estudios socio-culturales sobre el poder y la historia reciente. La investigación surge a partir de la inquietud de un grupo de docentes y estudiantes de ciencias de la comunicación, de historia, trabajo social de la FHCS/UNPSJB y del equipo de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, de colocar en discusión la historia reciente universitaria en clave local, un área de vacancia en investigaciones en esta universidad. En este sentido, podemos decir que, si bien existe en el país una importante producción académica sobre el pasado universitario durante los procesos de dictaduras, aún no contábamos con investigaciones propias sobre el período 1976-1983. A nivel nacional son pioneros los estudios realizados por Rodríguez (2007, 2014), Soprano y Rodríguez (2009, 2009a), Buchbinder (2008, 2005), Soprano y Garatte (2010).

En cuanto a la metodología utilizada, esta investigación ha recurrido a la revisión de archivos universitarios (de actas, notas rectorales, resoluciones de la época), la realización de entrevistas a informantes claves y revisión de los diarios locales y toda aquella documentación escrita o visual existente sobre el tema.

Así como se busca la reconstrucción socio-histórica de las prácticas políticas, el análisis de los comportamientos y sus sentidos en consonancia contextual llevadas a cabo en el periodo mencionado, desde el marco de los Derechos Humanos, se analizan también las estrategias de resistencia protagonizadas por agentes, entre ellos, quienes hoy nos convocan: los y las jóvenes estudiantes y las prácticas de represión llevadas a cabo por agentes, sean estatales o paraestatales. Por este camino se conduce, este artículo.

Cabe destacar que como categoría teórica el concepto de Derechos Humanos se apoya en una metodología que privilegia un enfoque de valorización de “las ausencias”, “las voces acalladas”, “ocultadas intencionalmente”; una metodología inscripta en una “política contra el olvido”. En ese sentido, la indagación que nos hemos propuesto tiene un papel fundamental en la visibilización, desocultamiento e interpretación de lo sucedido en un período significativo en la historia argentina reciente, en pos de la reconstrucción de la “memoria universitaria”. Tal como proponen Elizabeth Jelin y Ponciano Del Pino (2003), el análisis micro histórico propone claves interpretativas al poner la lupa en la complejidad de los entramados locales, sus contradicciones y tensiones, tanto internas como en relación con los niveles macro, evidenciando elementos novedosos y reveladores. Según la autora (Jelín, 2003) las sociedades reinscriben los sentidos de sus pasados mediante el uso de una memoria encuadrada a ciertas lógicas, la mayoría de las veces respondiendo a distintos grados de consenso o de conflicto que subyacen en el relato del pasado y que irremediablemente (re)construyen e inciden en el presente. Por esa razón recuperar esas disputas, esos intereses contrapuestos, nos dan pistas para poder entender qué pasó y cómo se construyen nuestros procesos identitarios, en este caso, como comunidad educativa.

Dada la complejidad de la temática enunciada, y a modo de recorte, este artículo se centra en analizar las tensiones que se han producido en el camino recorrido por los jóvenes estudiantes de la UNP (SJB) tomando en cuenta algunos aspectos a considerar: nos encontramos por un lado dentro del campo de los estudios de las violencias políticas y por el otro lado nos encontramos con la necesidad de retrotraernos al pasado inmediato, es decir a los inicios de esas primeras protestas estudiantiles locales de la década del 70, ocurridas en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (UPSJB), por jóvenes que demostraban su descontento con la creada en 1961 bajo el carácter de privada, confesional y perteneciente a la orden de los Salesianos.

Por lo tanto, en este artículo incursionaremos por ese recorrido estudiantil plagado de tensiones, avances y retrocesos, presentando ese primer periodo de las protestas estudiantiles que llegaron a un punto máximo en 1973 con la toma de la UPSJB, continuaremos por el periodo de la dictadura (1976-1983) y cerraremos con las características que toma este estudiantado tras el retorno de la democracia. En este punto se buscará entender cómo el pasado está en el presente, a través de las múltiples formas que aparecen y que permanecen como “continuidades históricas” de las que nos habla Jelin (2003).

Dos dimensiones se conjugan en esta ponencia, por un lado, el devenir histórico de procesos históricos y de violencia política, y por el otro, su incidencia en el ámbito educativo de la Universidad Nacional de la Patagonia UNP(SJB).

La lucha de las/os estudiantes

El 22 de diciembre de 1973 los y las estudiantes de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (en adelante “la salesiana”) tomaron el edificio, como una forma de protesta pacífica ante la no respuesta a dos de sus principales demandas: el mejoramiento de la formación académica y mayor participación en las decisiones universitarias. Dicha toma fue el resultado de procesos sociopolíticos que llevaron a las y los estudiantes universitarios de Comodoro Rivadavia, a que desde 1972 comenzaran a demandar cuestiones estrictamente académicas, para concluir con la impugnación de la existencia misma de la universidad privada, exigiendo la instalación de una universidad nacional en la región patagónica. Tal como expresa Carrizo (2019a, 2019b), los reclamos académicos articularon demandas sociales y políticas que excedieron el ámbito universitario, en el marco de la compleja coyuntura política de la década del 70.

A nivel local, son novedosos los estudios en estos últimos años de Muriete (2016) Barros y Muriete (2018), Villafañe (2016) y Carrizo (2019). En breve referencia los estudios Muriete (2016) analizan el clima de descontento de los estudiantes que concurrían a la universidad privada de la Patagonia San Juan Bosco y las acciones de resistencia de estos al modelo educativo impuesto por los salesianos en los años previos al surgimiento de la UNP (1972). Los y las estudiantes exigen un cambio y un mejoramiento de las condiciones educativas […] en un momento en el que la universidad privada era una metáfora de una institución religiosa”. Afirma “se estuvo frente a un suceso que fue capaz de arraigar un tipo de identidad particular dislocando cierto tipo de estructuralidad político-pedagógica que implicó el fin de la hegemonía del proyecto educativo salesiano”. El autor, también analiza la fusión de 1980 de las dos universidades y el discurso del nuevo rector, afirmando “nuevamente el poder eclesial se toma revancha de los sucesos descriptos en este artículo porque se nombra al cura Norberto Sorrentino como Rector de esa nueva Universidad, ahora pública”.

El artículo publicado por Barros y Muriete (2018) examina los procesos de articulación de identidad en la creación de la Universidad Nacional de la Patagonia en 1974. Rescata los procesos de identificación y des-indetificación como partes de un mismo proceso, en una pluralidad de oportunidades identificatorias y sentidos, mostrando el carácter dislocatorio proveniente del movimiento estudiantil previo a la creación de la UNP y un carácter de retroceso social, político y educativo que implicó la dictadura cívico-militar que comenzó en 1976, y el regreso del discurso dislocado con la fusión de ambas universidades privada y pública en 1980.

Por otra parte, Carrizo (2019) analiza el posicionamiento de la Revista Cono Sur en la última dictadura militar en relación a “hechos de importancia para la Patagonia en general y Comodoro Rivadavia en particular: el conflicto de Beagle, la visita de Jorge Rafael Videla con motivo de la inauguración de la catedral San Juan Bosco, la resolución de la “cuestión universitaria en 1980, y finalmente la guerra de Malvinas” (Carrizo, 2019a). Remarca la importancia para los comodorenses en años previos (1979) en resolver la urgencia de la cuestión universitaria, tal es así que la revista trata que el único tema, por el cual es consultado Videla, con motivo a su visita a la ciudad, es la resolución de la cuestión universitaria. Sus últimos análisis (2019b, 2022) profundizan sobre el ámbito universitario al tratar el tema sobre los orígenes de la UNPSJB, de la universidad salesiana a la Universidad Nacional.[1]

El estudio de Ramiro Ignacio Villares realizado en 2013 para optar al título de grado, da cuenta de las luchas de los estudiantes de la salesiana y marca dos momentos. Explica el autor:

el conflicto puede dividirse en dos etapas, la primera caracterizada por un movimiento estudiantil que se propone conquistar la legalidad de su centro de estudiantes y varias reivindicaciones que consideraban necesarias para mejorar la calidad de la enseñanza. En este momento no se propone ni la nacionalización de la universidad ni la lucha por la universidad […] el movimiento estudiantil ante la no respuesta a sus demandas irá en su seno debatiendo acerca de su posición frente a la promoción y ahí comienza la segunda etapa signada por el fructífero encuentro con la Comisión Promotora (2013: 2).

Estos autores muestran distintos aspectos y perspectivas de análisis sobre un acontecimiento que no pasó desapercibido por la comunidad comodorense y que según Carrizo contó con todo su apoyo.

De este proceso, podemos decir, que nuestras entrevistas muestran, que si bien la demanda por reivindicaciones académicas se realizaba en contra a una institucionalidad eclesial, existió simultáneamente, en ese mismo proceso, una fuerte incidencia por parte de la iglesia tercermundista en la movilización de los grupos estudiantiles del 71 que concurrían a la universidad salesiana. Los relatos muestran la participación de estas y estos jóvenes estudiantes en acciones comunitarias y solidarias realizadas en comunidades, motivadas y motivados por el espíritu de la época, con el compromiso con las causas de los pueblos y rescatan la presencia del cura Juan Nota en ese activismo. Como señalan en las entrevistas, en estos encuentros juveniles, también se conversaba sobre la universidad que se quería tener. El clima de la época enunciado anteriormente y las experiencias que habrían tenido algunos estudiantes procedentes de universidades nacionales, participantes como estudiantes del Cordobazo del año 1968, de alguna manera influyeron en la necesidad de la demanda de una mejor educación. Estas demandas fueron profundizándose en el año 1972. Y si bien, la proximidad de las elecciones de 1973, en un escenario de convulsión política, produjo en el seno del grupo de jóvenes estudiantes distintos acercamientos a los partidos políticos, estos y estas manifiestan el carácter por fuera de la afiliación política que tenía la lucha estudiantil y la toma de la “salesiana” ese 22 de diciembre de 1973.

Como bien refiere Villares (2013), en una segunda etapa referentes estudiantiles del movimiento se incorporan a la Comisión Promotora que realizará acciones en pos de la creación de la UNP, creada a través de la ley 20.296 en abril de 1973 durante la dictadura de Lanuse e inaugurada el 4 de mayo de 1974 en el gobierno de Juan Domingo Perón. Así vemos, coincidiendo con Carrizo (2019b, 2022) como varios elementos van confluyendo en el surgimiento de esta Universidad Nacional: por un lado el descontento juvenil contra una propuesta académica salesiana, por otro lado la intencionalidad de los procesos dictatoriales de descentralizar las luchas estudiantiles de las antiguas universidades del país y por el otro el necesario interés comunitario y profesional local en la creación de una universidad nacional.

Por otro lado, es importante remarcar, desde una perspectiva de DDHH, los procesos represivos de la época. Como sabemos en el período 1973-1976, en la República Argentina tuvo especial actividad de persecución, desaparición de personas, represión, la denominada Alianza Anticomunista Argentina (AAA), conocida como Triple A; una organización terrorista parapolicial anticomunista de ultraderecha, gestada y dirigida por su jefe político José López Rega, quien ocupaba el cargo de ministro de Bienestar Social de la presidencia de la Nación durante el gobierno de J. D. Perón y María Estela Martínez de Perón. La organización contaba también con personalidades declaradas antiperonistas, miembros de la Policía Federal, las tres Fuerzas Armadas argentinas y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Los grupos de tareas de la Triple A se caracterizaron por asesinatos a referentes artísticos, sacerdotes y religiosos, intelectuales, políticos de izquierda, estudiantes, historiadores y sindicalistas, además de utilizar como métodos las amenazas. Sus acciones fueron catalogadas como delitos de lesa humanidad por el juez federal Norberto Oyarbide en 2006, definición confirmada por la Cámara Federal en 2008.

En Comodoro Rivadavia, la Triple A actuó con el denominado nombre Comando Austral, y a través de los relatos, y documentación recabada se registra la persecución a personas, a referentes sindicales, trabajadores y trabajadoras pertenecientes a partidos políticos, y entre ellos, quienes tuvieron un papel preponderante en el movimiento estudiantil y en la gestación de la UNP. Una nota tipeada en una máquina de escribir de la época y fechada el día 10 de noviembre de 1975 refiere:

El día 10 de noviembre de 1975, a las 2 horas 50 minutos, este comando inició las operaciones contra la delincuencia subversiva. Su propósito había sido enunciado tiempo atrás y esta a la vista que no fueron ilusiarias aspiraciones. Esperábamos únicamente que, tal como lo hace hoy, todo el Pueblo de nuestra PATRIA, se sume masivamente a eliminar a los traidores y mercenarios marxistas que TODAVIA respiran estos aires. Para “refrescarles” la memoria (a lo mejor forman una compañía del ERP o MONTONERO Patagónica “Héroes de Trelew”) se reitera la lista de delincuentes que serán ajusticiados (archivos propios).

La nota anónima sigue con el listado de personas amenazadas, y cierra firmada con “AA.A.A. Comando Austral”.

Previamente a esta nota intimidatoria se había producido el 25 de octubre de 1974 en el domicilio de Osvaldo Rosales, el secretario general de Petroleros Privados, la detonación de un artefacto explosivo que produce daños a la vivienda. Rosales ya había recibido anónimos e integraba la lista de nota mencionada. En noviembre del 75 se producen en forma simultánea tres atentados con explosivos que afectan viviendas y vehículos pertenecientes a la familia Morgan Roberts, empleado de la Dirección de Prensa de la Provincia y a la familia de Omar y Mabel Acosta, militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (Diario Crónica, 2022).

El modus operandi era siempre el mismo: el amedrantamiento, amenazas, ataques, desapariciones. En la ciudad provocó el exilio de algunos estudiantes, el miedo en otros y la desmovilización de los distintos movimientos que articulados habían gestado una fuerza política emancipatoria, contraria a lo que se venía gestando: la implantación de un proyecto político de terrorismo estatal de la dictadura.

La dictadura cívico-militar y la cuestión universitaria

Para el denominado “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983) tuvo especial relevancia el ámbito universitario para desplegar el proyecto ideológico/político/económico castrense y clerical. La dictadura entendía que la cuestión subversiva se gestaba en las universidades, por esa razón las universidades fueron pensadas como espacios que abrevaban y potenciaban ideas “desorganizadoras del ser nacional” y del “mundo occidental y cristiano”, ideas contrarias al proyecto ideológico de la dictadura cuyas intenciones exaltaban la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional, la vigencia de la seguridad nacional, la erradicación de la subversión (Actas de la dictadura, 2017). En este contexto, a días del golpe, el 29 de marzo de 1976 se publicó la resolución que ordenaba el cese de funciones de rectores y estructuras de gobierno y su reemplazo por “delegados militares”, siguiendo criterios de distribución entre las fuerzas militares (Rodríguez, 2014). Según explica Rodríguez (2014), los cargos rectorales fueron ocupados por las fuerzas de seguridad, en un periodo que data hasta aproximadamente mediados de 1977, y posteriormente por civiles afines a la dictadura, muchos de ellos pertenecientes al cuerpo docente de las universidades, egresados, siempre del lado ideológico de la derecha conservadora.

Sin embargo, tal como refieren los estudios sobre las universidades, las persecuciones a docentes y estudiantes se iniciaron mucho antes: a partir de julio de 1974, el giro conservador del gobierno a cargo de María Estela Martínez de Perón, con el nombramiento del ministro de Educación, Ivanissevich, inició el proceso la denominada “depuración” de la educación superior principal objetivo de Ivanissevich era disciplinar a los actores del ámbito educativo que consideraba propicios “al desorden y la rebeldía” (Mendez y Peralta, 2016).

El PEN impuso restricciones a la autonomía universitaria y aplicó sistemáticamente violencia sobre autoridades, profesores, investigadores, estudiantes, graduados y no docentes. Muchos fueron exonerados, torturados, asesinados, desaparecidos o, decidieron el exilio. Se impuso el control ideológico y la represión hacia las personas, la prohibición de autores, editoriales y contenidos de diferentes tipos de textos (Kaufmann, 2001; Invernizzi y Gociol, 2002). Esto produjo la reducción de la matrícula por medio de la restricción al ingreso con la implementación de los cupos y exámenes eliminatorios, el arancelamiento de diversos trámites administrativos y la supresión o fusión de casas de estudio, facultades y carreras (Rodríguez, 2015). El resultado fue una disminución significativa de la matrícula estudiantil en las universidades más antiguas y ubicadas en los grandes centros urbanos y un leve pero sostenido aumento en las privadas y la fusión de universidades nacionales con las privadas confesionales.

La nobel UNP también fue albo de estas medidas de cuño represivo ya enunciadas, hacia docentes y estudiantes. Inaugurada en 1974, a pocos años de su funcionamiento fue intervenida por el PEN, quedando su administración a cargo de las fuerzas navales. En un período menor de 1 año fue intervenida por 4 delegados militares, y desde marzo 1977 se suceden la delegación a cargo de cinco civiles afines: Raúl Marino, José María Anaya, Gianfranco Tronfi, Cesar Laurent, Franchini, Ing. Juan Carlos Crespo.

Entre las medidas que apuntaban a la interrupción de carreras, se produce en esta universidad el cierre de la carrera de Trabajo Social a través de la resolución 298/76 el día 9 de agosto de 1976 por orden del Capitán de Fragata Camilo A. Nabias, delegado militar. En la misma resolución también se decide dejar sin efecto la creación de la Escuela Superior de Arte y Diseño, cuya inauguración estaba prevista en 1976. Según expone la resolución mencionada, se resuelve:

Art.1- Suspender el ingreso a Primer Año de la Carrera de Trabajo Social durante el presente curso lectivo.
Art.2- Dejar sin efecto la creación de la Escuela Superior de Arte y Diseño.
Art.3. En razón de lo dispuesto en el artículo anterior, dejar sin efecto a partir del 1ero de junio de 1976, la designación de la Sra Dolores Ocampo de Morón […] como profesora Titular con dedicación semiexclusiva, a cargo de la Escuela Superior de Arte y Diseño […] (UNP, 1976: 1).

Claramente esta resolución muestra la intencionalidad de ruptura de un proyecto político setentista pensado con miras a una universidad pública abierta a las ciencias, al arte, a la investigación, al encuentro con el pueblo, a la participación, entre otros. Aún hoy a 40 años de la democracia, este proyecto truncado de la futura Escuela Superior de Arte a ser creada dentro de la órbita universitaria, no se pudo recuperar. Sin duda, estos son resabios de ese pasado violento.

Para cerrar, recuperando solo algunos de los puntos centrales trabajados en el marco de la violencia política[2], haré referencia a la fusión de la UNP/UPSJB, este procedimiento se llevó a cabo través del decreto ley 22.173/80. Para esto se nombra como rector a un sacerdote Rdo. Norberto Sorrentino. Coincidiendo con Rodriguez (2014) la fusión de las universidades formó parte del proyecto político de la dictadura desplegado en todo el país, para esto se firmaron convenios y decretos que promovían la vinculación y fusión de las universidades nacionales con las católicas privadas, relación que tendía a favorecer a estas últimas.

De hecho, en este nuevo entramado institucional, la UNPSJB es presentada con una determinada fecha de origen; nacimiento que será cuestionado, revisado y modificado por el Consejo Superior, a través de la resolución 32/1988 que decide reestablecer como fecha el 4 de mayo.[3]

Retorno a la democracia

Con el retorno a la democracia, los órganos de participación universitarios comenzaron a funcionar y la participación de los y las jóvenes se concentra en los centros de estudiantes. Desde la comunidad la efervescencia democrática y la búsqueda de “verdad, memoria y justicia”, principios del campo de los derechos humanos, estimuló que organizaciones sociales, comunitarias, estudiantiles y sindicales alrededor del año 2000 comiencen a demandar a la UNPSJB la generación de un espacio de reflexión sobre la temática de los derechos humanos, para esto crean la comisión pro cátedra de DDHH quien promovió que en 2006 mediante resolución del Consejo Superior 422/06 se crea la Cátedra Libre de DDHH.

En el año 2007, la Federación Universitaria Patagónica junto a la Cátedra Libre de DDHH presenta una nota a la UNPSJB denunciando la presencia en esta universidad de docentes cuyas conductas han sido consideradas contrarias a los derechos humanos. El día 13 de abril de 2007 durante la CXLIVª Sesión ordinaria el Consejo Superior de la cuerpo colegiado delibera, entre otros temas, sobre este pedido en el cual se solicitaba el repudio e inhabilitación de los docentes de esta universidad: el prof. de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Ciencias Económicas desde 1988 Héctor Oscar Corres, indicado como miembro de la CNU y quien habría participado del asesinato de la estudiante marplatense Silvia Filler en el año 1971. Paralelamente en la misma nota y tratada en esa sesión se denuncia a la ex decana de la Facultad de Humanidades y ex vicerrectora de la universidad, Norma Fuentes, quien, siendo funcionaria en el Ministerio de Educación durante la dictadura militar de la provincia del Chubut, registra en la ciudad de Trelew (Chubut) prohibición de libros, confeccionar listas negras y proporcionar datos familiares o de vínculos de los docentes y estudiantes a las fuerzas armadas. La resolución Nro 36/2007 menciona la documentación presentada que avalan las denuncias (UNPSJB, 2007). El pedido fue presentado por un consejero estudiantil y avalado por representantes de la FUP (acta CXLIVª CS UNPSJB). Ambos docentes, según declara el Acta CXLIVª CS UNPSJB, renunciaron antes de que el Consejo Superior tomase una medida.

Héctor Corres, abogado, según registros en los juicios por la verdad en Mar del Plata, Corres junto a otros compañeros miembros de la CNU (organización para militar) ingresa con armas a la asamblea de estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata el 6 de diciembre de 1971 y asesinan a la estudiante marplatense Silvia Filler. (ADUM, 2007). Se lo ha reconocido también como integrante de tareas de la Triple A, en la “Masacre de Ezeiza”. Era integrante del partido justicialista local al momento que fue reabierta la causa, amnistiada en 1973. En el año 2020 la fiscalía solicita 5 años de prisión (fiscalía MDP, 2020). De amplia repercusión en la zona, tras las denuncias públicas las autoridades debieron, meses antes, explicar a los medios de comunicación su presencia como docente y como asesor del Consejo Superior (Diario el patagónico, 2007).

Otro caso relacionado a la Universidad, no tratado en el seno de esta, pero que adquirió en 2008 estado público es el del ex alférez Miguel Ricardo Pessetta, quien en ese año solicitó licencia en la Facultad de Ciencias Jurídicas en la que ejercía desde 2004, para concurrir a declarar al Juicio por la Verdad en La Rioja. Fue citado por su participación en los secuestros y asesinatos en 1976 de los sacerdotes tercermundistas Carlos de Dios Murias y Rogelio Gabriel Longueville, más conocidos como “Los Mártires de Chamical” (Página 12, 2008). En el mismo año, se produce la denuncia a Hugo Cesar Espeche, quien cumplía prisión domiciliaria en Comodoro Rivadavia por el asesinato de 11 presos políticos en Salta en el año 1976 en la llamada “masacre de las Palomitas” (Ministerio Público Fiscal, 2014).

Estos registros dan cuenta por un lado del contexto de albergue y ocultamiento que supuso el Sur y la UNPSJB para siniestros personajes ligados al accionar de la Triple A y de los grupos de tareas de la dictadura militar, y por el otro lado el rol protagónico de los estudiantes en promover denuncias en torno a estos hechos. En este sentido podemos decir que el retorno a la democracia las primeras acciones, y articuladamente los estudios historiográficos apuntaban a reconstruir la historia del horror, de la represión, las detenciones y desapariciones forzadas (Cueto Rua, 2017). Los estudios de la memoria de la dictadura cobran importancia con el juzgamiento de los militares y la consolidación de una nueva cultura política capaz de apuntalar el régimen democrático (Chama y Sorgetin, 2010) y como dice Jelin (2003: 14) “[l]as luchas políticas por arreglar las cuentas por el pasado tuvieron, en el período post-dictatorial, varias caras: la búsqueda de verdad, la búsqueda de justicia, la intención de encontrar algún sentido a ese pasado doloroso”.

Consideraciones finales

En el transcurso del texto hemos recorrido las distintas performances que adquiere el movimiento de estudiantes en distintos contextos. De momentos disruptivos como la dictadura militar que apuntó a su desmovilización, a su participación activa en los orígenes de la UNP y en la democracia para la recuperación de la “Memoria, Verdad y Justicia”. Se analiza como un movimiento comprometido con el contexto histórico y geopolítico local.

El texto muestra también, la participación de la iglesia en sus distintas vertientes participando de estos procesos estudiantiles, sea acompañando las demandas por una mejor educación o siendo el albo de los reclamos.

Por último, nuestros primeros análisis dan cuenta, rompiendo con discursos de que “acá no pasó nada”, la acción de grupos de tareas. Podemos decir, que nuestros hallazgos en este sentido son incipientes, que aún quedan muchos procesos ocultos, acallados, invisibilizados y naturalizados.

Referencias bibliográficas

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Villares, R (2013). Trabajo Final para acceder al título de grado (mimeo).


  1. Análisis realizados en el marco de la redacción del Proyecto de Investigación 1533: “Culturas políticas y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de la Patagonia (UNP) y en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) durante la última dictadura cívico-militar, 1976-1983” Directora: Martha Susana Díaz, Codirector: Fernando Becerra Artieda. Asesor e integrante UE: Gabriel Carrizo.
  2. Otros puntos relacionados a violencias políticas en dictadura y cuestión universitaria serán tratados en futuros artículos.
  3. Ver artículo Carrizo Gabriel (2019b).


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