Reflexiones sobre el XIV ENPO,
desarrollado en la UNCo

Suyai García Gualda^[1]

A modo de introducción

Entre los días 28, 29 y 30 de octubre de 2022 se desarrolló en la sede central de la Universidad Nacional del Comahue el 14to. Encuentro de Naciones y Pueblos Originarios. Este evento congregó a representantes de diferentes pueblos y naciones originarias que habitan el territorio de Puelmapu (actualmente Argentina) de norte a sur. Los principales objetivos que persigue el ENPO es consolidar un espacio político que favorezca y aporte a la libre determinación de los pueblos y naciones originarias; construir una agenda propia que oriente el accionar político a lo largo y ancho del país; y propiciar el reencuentro entre hermanos-as-es de diferentes pueblos y naciones con distintas historias y trayectorias de vida, aunar esfuerzos y luchas en defensa de los territorios comunitarios y otros bienes comunes estratégicos. A tal fin, el Encuentro que tuvo lugar en la provincia de Neuquén -región norte de la Patagonia argentina- se estructuró en cinco ejes temáticos, a saber: (1) Territorio; (2) Cosmovisión y Buen Vivir; (3) Mujeres de pueblos originarios; (4) Napalpi: reconocimiento del genocidio; (5) Plurinacionalidad.

En este escrito nos interesa centrarnos, espacialmente, en el debate y las conclusiones a las que se arribaron en el grupo de trabajo sobre Mujeres de los Pueblos Originarios. Pues, entendemos que, en un contexto de exacerbadas desigualdades, producto de un modelo de desarrollo económico basado en el extractivismo, los territorios-tierra y cuerpos-territorios de las mujeres indígenas (más aún de las mapuce) se convierten en zonas de sacrificio y cuerpos-sacrificables, respectivamente. Pese a ello, estas mujeres irrumpen en el escenario político como parte de Pueblos Naciones preexistentes y se atreven a cuestionar el orden establecido, tanto al interior de sus propias comunidades como de cara al Estado (en sus diferentes niveles de jurisdicción) y a la sociedad civil no indígena. Es decir, discuten las múltiples injusticias que padecen producto de estructuras de poder basadas en el género, demandan el reconocimiento de su identidad originaria y cuestionan, además, la desigualdad estructural y el empobrecimiento a la que son expuestas las comunidades, tanto rurales como urbanas.

A nuestro parecer el nodo problemático consiste en desentrañar de qué forma se pueden instrumentar políticas sensibles a la diversidad y adecuadas a las necesidades particulares y diferenciadas de la ciudadanía en clave étnica, de géneros y territorial que sean capaces de superar la violencia y el racismo epistémico, la asimetría de poder y las jerarquías que se han consolidado históricamente. Por ello, en el presente trabajo, pretendemos analizar el documento elaborado por las mujeres originarias que se hicieron presentes en el XIV ENPO, escrito que sintetiza el diálogo y la construcción colectiva que consiguieron sobre diferentes tópicos, tales como: identidad-es; violencia-s; y conocimientos. Creemos, además, que la Universidad como espacio posibilitador para el diálogo colectivo e intercultural es un hecho que merece ser atendido y puesto en valor, ya que en esta arena (como en muchas otras) todavía la interculturalidad se presenta como una deuda pendiente. A tal fin, intentaremos poner foco en tres dimensiones vitales para alcanzar la justicia social, de géneros y epistémica que estas mujeres demandan: reconocimiento-redistribución-representación (participación).

i. Identidad-es

No hablamos sólo de deudas de los Estados, sino de deuda para vivir. (Gago, 2021)

Sin ánimo de adentrarnos en los debates teóricos en torno al concepto de identidad e identidades, nos interesa rescatar esta noción a partir de la discusión que se suscitó en el encuentro. ¿De qué manera se reconocen mujeres originarias? ¿Cómo se posicionan de cara a la estigmatización y a los discursos de odio en auge? Estos fueron algunos de los muchos interrogantes que guiaron el intercambio entre las asistentes. Entendemos que las identidades son o constituyen sitios de resistencia y disputa política, son dinámicas y cambiantes, históricas y procesuales (Restrepo, 2006). Por tanto, como dice Floya Anthias (2006), la pertenencia y las identidades tienen que ver con la política y la ideología, con la práctica y la experiencia vivida. Las participantes afirmaron que son parte de pueblos y naciones históricamente avasalladas, primero por colonialismo y luego por el Estado moderno. Se trata de mujeres con identidades diversas, provenientes de diversos colectivos y organizaciones; son mujeres, madres y trabajadoras. Y, en ese sentido, como mujeres de la clase trabajadora deciden pronunciarse contra la explotación de clase.

“La deuda es con nosotras, No al FMI” fue un lema que se escuchó esos días en los pasillos de la universidad. Pero ¿por qué hablar de endeudamiento en el ENPO? En la actual etapa de acumulación capitalista, la desposesión se conjuga con el despojo al interior de las relaciones mercantiles ya instituidas y en confrontación con otras matrices civilizatorias: “el incremento de la explotación en la relación salarial y la acumulación por despojo aparecen superpuestos y combinados, aunque en una escala infinitamente superior dadas las innovaciones científico-tecnológicas” (Roux, 2008: 7). De este modo, las mujeres originarias que padecen el saqueo territorial desde épocas de conquista y colonización ven sobre determinada su situación de pobreza y agravadas sus condiciones de vida producto de la precarización laboral, los bajos salarios, la desigualdad y la brecha de género existente en el mundo del trabajo. De modo que sus experiencias de vida muestran la importancia de advertir de qué manera se imbrica el racismo estructural con la desigualdad de género y de clases.

Y, esto no es todo, como dice Verónica Gago (2021), hablar de “deuda” no remite exclusivamente al endeudamiento externo, sino que invita a pensar en cómo éste se derrama como “endeudamiento doméstico” en los hogares, comunidades y familias. En palabras de la autora:

la deuda pública estatal se traduce en políticas de ajuste, de empobrecimiento, y eso inevitablemente prepara la situación para que todes vivamos endeudades. Es decir que la deuda, como decimos nosotras, se convierte en una obligación. Ya ni siquiera para cuestiones excepcionales, sino deuda para vivir. La reproducción social de la vida personal y colectiva (Gago en Marchini y Waldhüter, 2021).

La pandemia agudizó este endeudamiento doméstico que denuncia Gago (2021), ya que supuso una profundización de las tareas de reproducción y cuidados en el seno de los hogares, lo cual recayó mayormente en las mujeres. Recordemos que, como afirma la norteamericana Nancy Fraser (2008), las desigualdades de género descansan en la división sexual del trabajo (trabajo productivo-remunerado y reproductivo-no remunerado), y en un orden de géneros androcéntrico que subordina y desvaloriza todo aquello femenino y feminizado. Por tanto, según esta pensadora, el género es una categoría bivalente que pone de relieve la imperiosa necesidad de pensar de manera articulada a las políticas redistributivas y de reconocimiento de las diferencias con el fin de alcanzar la tan añorada justicia social y de géneros. En esta dirección, entendemos fundamentales las conclusiones a las que arribaron las mujeres originarias en el ENPO al afirmar que “las mujeres originarias nos ocupamos de múltiples trabajos. Trabajamos en la siembra y la cosecha. En la producción de alimentos, en la crianza de animales. Hacemos artesanías, estamos empleadas en distintos sectores, estamos precarizadas y empobrecidas […]. Nos encontramos sobrecargadas de trabajo no pago” (Confederación Mapuce de Neuquén, 2022).

Como dijimos, la pandemia empeoró la situación de las mujeres en general y de las originarias en particular. La sobrecarga de trabajo y de cuidados se solapó también con otros derechos que se vieron vulnerados, por caso el derecho a la información y a la conectividad. Gago señala al respecto: “lo que vimos durante el año pasado fue, por un lado, una situación de aceleración y profundización de la deuda, una situación de emergencia que se convertía en fuente de nueva deuda, como la situación de emergencia habitacional, y también otra cosa que relevamos y discutimos bastante el año pasado fue, por ejemplo, cómo hay una relación muy perversa con el aumento del trabajo doméstico, como hacer la tarea escolar con les hijes en las casas. Para eso necesitas un mayor uso de conectividad en el teléfono, de datos o wi-fi, lo cual genera mayor trabajo reproductivo no pago y eso nos genera deuda” (2021). Al respecto las mujeres en el ENPO afirmaban que es fundamental garantizar el acceso a información de calidad, ya que eso también favorece la posibilidad de participar y exigirle al Estado el cumplimiento de los derechos reconocidos formalmente.

Estas mujeres no solo denuncian la doble y hasta triple jornada laboral que cargan, sino que también dejan ver de qué forma las afecta la dependencia y el control económico que los varones originarios ejercen sobre ellas. Así, la violencia económica y patrimonial comienza a ser un tema central en el debate que se anuda con otras múltiples formas de violencia que emergen en los relatos y testimonios de las asistentes, violencias que obturan sus derechos como mujeres y originarias, violencias que se erigen como murallas ante la acción política de las mujeres organizadas. Así es que ellas apalabran las injusticias y denuncian que, muchas veces, el dinero que ingresa a las comunidades, a través de programas y otras formas de aporte del Estado y organismos internacionales, es administrado casi exclusivamente por los varones que ofician de autoridades. Por ello, demandan que el Estado atienda sus demandas específicas y promueva políticas distributivas orientadas a las mujeres originarias; es decir, reclaman propuestas de desarrollo económico que fortalezcan la autonomía y el empoderamiento de las mujeres originarias, atentas a sus cosmologías y cultura.

ii. Violencia-s

La violencia es un tema de salud pública. (ENPO, 2022)

En una coyuntura marcada por al avance del modelo neo-extractivista, los cuerpos y territorios de las mujeres originarias sufren una nueva arremetida y padecen múltiples formas de opresión que obedecen a la interseccionalidad entre género, etnia, clase y también a la, histórica, fusión de patriarcado y racialización. Si bien son sujetas de derecho, hoy en día perduran numerosas barreras que imposibilitan el pleno acceso y goce a los derechos que les han sido consagrados en la normativa nacional e internacional vigente. Por tanto, son mujeres que viven una ciudadanía restringida, es decir, se trata de mujeres que se enfrentan a múltiples formas de violencia y vulneración de derechos. El avance del extractivismo en los territorios del sur global ha re-editado mecanismos de terror étnico y de géneros que datan de épocas de la conquista y colonización y que se traducen en formas de repatriarcalización de los territorios-tierra y cuerpos-territorios: “las actividades extractivas configuran en los territorios un nuevo orden patriarcal, que confluye, se enraíza, profundiza y reactualiza la existencia de relaciones machistas previas” (García Torres et al., 2020, p. 32).

No resulta llamativo, entonces, que las mujeres en el ENPO aseveraran sin más que: “padecemos violaciones, abusos sexuales, violencia física, psicológica y económica. También somos víctimas de femicidios y suicidios. Nuestras mujeres también mueren en los territorios por abortos clandestinos” y, agregan, “necesitamos poder denunciar y que se nos escuche. Carecemos de instancias específicas para hacerlo. Además de la ausencia de comisarías de la mujer o delegaciones municipales dedicadas a género que nos afecta a todas, están aún más lejos de incorporar la perspectiva y cosmovisión de las mujeres originarias” (Confederación Mapuce de Neuquén, 2022).

Aquí emerge con nitidez el valor de preguntarse si el patriarcado es o no una categoría transcultural válida y, en consecuencia, de conocer los aportes teóricos que pensadoras y activistas indígenas han hecho a los feminismos latinoamericanos. El reconocimiento de las diferencias identitarias y culturales es clave para pensar políticas para la igualdad de género; por ende, la perspectiva interseccional se convierte en una tarea todavía pendiente. También queda por delante tejer lazos, puentes y formas otras de articulación entre las agendas propias de los feminismos y las mujeres originarias. Todavía existe una profunda distancia entre ciertos sectores feministas y las reivindicaciones de las mujeres de los pueblos originarios. A su vez, vemos que la masificación de la interseccionalidad como discurso político ha contribuido a cierta despolitización del término y ha opacado numerosas alternativas comunitarias y colectivas, lo cual se observa al implementar políticas de estado tendientes a combatir y erradicar la violencia de género contra las mujeres. Muchas veces se trata de planes y programas que caen en saco roto al momento de su territorialización, pues desconocen la realidad y las experiencias vividas de un gran número de sus destinatarias. Pero esto no es todo, también de sus conclusiones se desprende la importancia que tiene la toma de la palabra, ya que esto supone apalabrar las múltiples violencias y, también, recuperar sus lenguas tradicionales, cuestión vital y estratégica en términos de la lucha identitaria que despliegan como pueblos y naciones preexistentes. La palabra es una herramienta necesaria, tanto para denunciar situaciones de violencia que obstaculizan la participación política de las mujeres como para contribuir a la lucha del Pueblo en su conjunto. La palabra posiciona a las mujeres en espacios de toma de decisiones, pues no podemos olvidar que el silencio ha sido un arma de dominación sumamente eficaz. Apalabrar, denunciar, gritar es la forma de romper el silencio que oculta e invisibiliza la violencia extrema, la apropiación de los cuerpos, comprendidos como territorios de conquistas, y con ello, la aniquilación de sus saberes. Apalabrar es también una forma de conquistar la arena del reconocimiento, ya que como dice Espinosa Damián (2010): el reconocimiento pasa por la palabra, quienes no hablan y no participan en el diálogo social, no existen.

La “voz propia”, es un instrumento político (Bidaseca en Sciortino, 2021) clave tanto para denunciar situaciones de violencia, como para cuestionar y superar las barreras que dificultan la participación política de las mujeres, sin que ello suponga poner en riesgo la lucha de sus Pueblos y Naciones. Entre sus conclusiones se puede leer “algunas pudimos decir basta a que nos violenten, las que nos organizamos y entendemos que nuestras voces se pueden escuchar. Nos estamos acompañando y fortaleciendo con nuestra propia organización como mujeres”. Aquí irrumpe la tercera dimensión de la justicia a la que refiere Nancy Fraser (2008), la representación en términos de paridad participativa.

En el documento que resume las principales conclusiones del grupo de trabajo podemos leer: “los lugares de dirigencia y autoridad de nuestras organizaciones y espacios siguen siendo ocupados por varones. Muy pocas mujeres tenemos roles políticos dentro de las comunidades” y, en relación con esta situación, agregan “queremos participar activamente de los procesos de decisión”. Cabe señalar, como expone Sosa (2014), que para Fraser la dimensión política de la justicia, la representación, no debe reducirse a la mera posibilidad de expresión y a la paridad cuantitativa, sino que requiere de sistemas normativos y de protección capaces de ser representativos de la multiplicidad social y cultural. Al respecto, las mujeres que participaron del debate hicieron énfasis en la importancia de recuperar el sentido de lo colectivo, resaltaron la importancia que tiene la toma de decisiones de forma democrática y asamblearia, es decir, una forma de participación horizontal que priorice el consenso. Esto no solo supone poner en jaque la lógica occidental e individualista de la política, sino que invita a poner fin al androcentrismo y el sexismo que prima en las organizaciones comunitarias y supracomunitarias.

iii. Conocimientos

La mujer indígena es territorio. (ENPO, 2022)

De sus diálogos se desprende que las múltiples formas de violencia que les afectan deben ser atendidas y resueltas a partir de políticas (redistributivas, de reconocimiento y participación) sensibles a la diversidad cosmológica y cultural. Por ello, se focalizan en la necesidad de elaborar protocolos de acción, que partan de entender que la violencia es un problema de salud pública que tiene múltiples consecuencias, como la depresión, los suicidios, femicidios, etcétera. Y, para esto, se requieren de transformaciones estructurales orientadas a regular la propiedad comunitaria de los territorios; pues la proyección de la vida -de las mujeres y sus comunidades- está sujeta a la defensa del territorio y otros bienes comunes estratégicos, como el agua. Sin territorio no es posible el conocimiento ancestral. Sus experiencias y relatos, muchas veces duros y desgarradores, dejan ver que se trata de mujeres que se posicionan en defensa del territorio-tierra y los saberes ancestrales de sus Pueblos. En la mayoría de sus culturas y cosmovisiones el territorio no se acota al “recurso tierra”, en tanto mera materialidad, sino que supone un concepto complejo e integral que refiere a todo el universo o mejor dicho al pluriverso, en tanto involucra a la vida humana y no humana.

Se trata de concepciones que rompen con la racionalidad occidental propia de la modernidad capitalista. Y, en consecuencia, implican formas otras de pensar y abordar los procesos de salud-enfermedad-atención-muerte, los cuerpos —y las corporalidades— y las formas de ser/estar en el territorio tierra. Es por esto por lo que identificaron las siguientes acciones como trascendentes para el resguardo del conocimiento ancestral:

1. La recuperación territorial. En este sentido, se conversó sobre los procesos de judicialización y criminalización que tienen lugar en el sur, sobre todo de la privación ilegítima de la libertad de las presas políticas mapuce en Río Negro. En esta misma dirección, se habló de la necesidad de resguardar espacios sagrados y ceremoniales del avance de sectores privados en alianza y complicidad con el Estado.
2. Propiciar métodos tradicionales de cultivo. En relación con este punto, compartieron experiencias que promueven la desintoxicación de semillas, lo cual resulta indispensable para el rescate de la medicina ancestral. Sobre esto se hizo especial énfasis en la imperiosa necesidad de fortalecer los sistemas de salud ancestrales.
3. Revalorizar el arte y recuperar los idiomas de sus pueblos y naciones.
4. Promover la educación intercultural bilingüe.

Respecto a la posesión del territorio, entendemos necesario señalar que es factible observar cómo confluyen las demandas por reconocimiento en términos sexuales y de género con las demandas por reconocimiento étnico y su correlato con la distribución de recursos materiales al interior de los pueblos. Pues, muchas mujeres denunciaron que muchas veces deben abandonar la comunidad o son expulsadas por varones violentos que niegan y desconocen sus derechos como mujeres indígenas. Esto deja ver que en muchos casos las demandas por reconocimiento de las mujeres (y otras identidades de género no heteronormadas) se han visto subordinadas a demandas colectivas de los pueblos y naciones en su conjunto (por reconocimiento y redistribución), lo cual ha generado y perpetuado desigualdades económicas y de género.

Por otra parte, respecto al punto 3, creemos que la toma de la palabra en sentido amplio es una estrategia de acción política fundamental en mano de las mujeres en tanto hacedoras y reproductoras del conocimiento ancestral. La toma de la palabra por parte de las mujeres supone la participación en procesos deliberativos, la recuperación de saberes ancestrales que incluyen la práctica del telar y el idioma tradicional y la visibilización de múltiples formas de violencias. Pensar la revitalización lingüística como estrategia política supone comprender que se trata de demandas complejas que lejos están de circunscribirse a la esfera del reconocimiento formal. Con esto, queremos decir que la revitalización de las lenguas originarias va mucho más allá de preocupaciones meramente lingüísticas, es una forma de denuncia del saqueo y un modo de resistencia activa. Aquí surge la necesidad de pensar en términos interseccionales las demandas y reivindicaciones originarias, pues entendemos que es imposible pensar en justicia social desconociendo la complejidad de la realidad que afecta a la vida y a los cuerpos-territorios de las mujeres.

Notas finales: la universidad como territorio fértil para sembrar interculturalidad

Por último, y para cerrar esta ponencia breve, respecto a la educación intercultural queremos destacar algunos aspectos que entendemos centrales. Por un lado, hay que decir que la interculturalidad que enarbolan diferentes instituciones y organismos públicos suele ser funcional a los intereses dominantes y profundamente contradictoria. En este sentido, la injusticia cultural, el reconocimiento erróneo o la falta de reconocimiento, obtura la revitalización lingüística de los pueblos indígenas. Y esto, claramente, impacta en otras esferas de la vida limitando el acceso a la educación, al sistema de administración de justicia, al mundo laboral, al sistema de salud público, etc. Es por ello, que a la par de políticas de reconocimiento se requieren, en términos de Fraser, políticas que transformen las estructuras a fin de sortear las desigualdades económicas, políticas y culturales para superar lo meramente simbólico y discursivo. En nuestro país la educación intercultural bilingüe está dirigida principalmente a las poblaciones originarias en zonas rurales, desconociendo las múltiples y diversas identidades que se experimentan en la urbanidad y reproduciendo una visión esencialista de los-as-es indígenas.

De este modo, vemos cómo la interculturalidad queda trunca y totalmente alejada de la heterogénea realidad argentina. En este sentido, como expresa Fidel Tubino, estas políticas “antes que interculturales son bilingües” (2018: 7). Y, siguiendo al mismo autor, pensamos que, en numerosas oportunidades, las denominadas políticas interculturales no son acompañadas por partidas presupuestarias acordes y tienen un escaso impacto territorial en las comunidades y población objetivo. Es por esto por lo que entendemos de vital relevancia que se logre superar la antítesis reconocimiento redistribución en las políticas cuya finalidad es garantizar la equidad y justicia social, pues las injusticias sociales son multidimensionales e interseccionales. Por tanto, como asevera Tubino: “una política intercultural de reconocimiento tiene por esto que hallarse articulada desde el inicio con políticas redistributivas y participativas de carácter transformativo, y no solo afirmativo” (2018: 7).

Por todo esto, en esta presentación, decidimos reivindicar el hecho de que una universidad pública que se erige en territorio mapuce, con logo mapuce, estudiantes y docentes mapuce, se abra a la posibilidad de ser reapropiada y resignificada por estos colectivos históricamente excluidos de los “templos del saber”. Hasta no hace mucho la UNCo dictaba clases de mapuzugun como lengua extranjera. Por ende, el izamiento de la wenu foye como, también, la realización del XIV ENPO en la sede central son una pequeña luz que nos ilusiona con la posibilidad de un real diálogo de saberes intercultural que supere lo meramente simbólico y apueste por transformaciones estructurales a mediano y largo plazo. Hasta aquí, al menos en Argentina, la interculturalidad y, en buena medida, también la interseccionalidad asoma como una deuda pendiente en la arena de las políticas públicas. Sin embargo, confiamos y apostamos a una educación ciudadana intercultural y sensible al género como base del pacto social de las democracias justas e inclusivas de la diversidad.

Referencias bibliográficas

Anthias, F. (2006). Género, etnicidad, clase y migración; interseccionalidad y pertenencia transnacional. En Rodríguez Martínez, P. (ed.). Feminismos periféricos. Discutiendo las categorías sexo, clase y raza (y etnicidad) con Floya Anthias. Granada: Ed. Alquila.

Confederación Mapuce de Neuquén (9 de noviembre de 2022). Pu zomo de la Zonal Lafkence entregan conclusiones del 14° ENPO a la ministra Ayelén Mazzina Guiñazú. Recuperado de https://confederacionmapuche.org/pu-zomo-de-la-zonal-lafkence-entregan-conclusiones-del-14-enpo-a-la-ministra-ayelen-mazzina-guinazu/

Espinoza Damián, G. (2010). Mujeres indígenas y territorios. En Rodríguez Wallenius, C (Coord.) Disputas territoriales. Actores sociales, instituciones y apropiación del mundo rural. México: UAM Unidad Xochimilco.

Fraser, N. (2008). Escalas de Justicia. Barcelona: Herder.

Restepo, E. (2006). Identidades: planteamientos teóricos y sugerencias metodológicas para su estudio. Jangwa Pana, 5(1).

Roux, R. (2008). Marx y la cuestión del despojo. Claves teóricas para iluminar un cambio de época, Herramienta, 38.

Sciortino, S. (2021). La lucha de mujeres es un camino. Prohistoria ediciones.

Sosa, R. (2014). La justicia con prisma de género en el mundo del trabajo globalizado. Notas críticas desde América Latina. En M. A. Carbonero Gamundí y S. Levín (Coords.), Injusticias de género en un mundo globalizado. Conversaciones con la teoría de Nancy Fraser (pp. 177-209). Rosario: Homo Sapiens Ed.

Tubino, F. (2018). La interculturalidad crítica latinoamericana como proyecto de justicia. Fhi. Forum historiae iuris, 27, pp. 1-12, disponible en https://bit.ly/4auZRgw

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