Colonialidad del saber, saberes otros y disputa de saberes

El impulso moderno/colonial en las reformas previsionales del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019)

Como describimos, las reformas previsionales del gobierno de Macri, a saber, el Programa de Reparación Histórica y la Reforma al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se habían fundamentado en las problemáticas estructurales del Sistema de jubilación. Éstas eran las de la sustentabilidad a largo plazo, el de la erosión de las prestaciones y la judicialización del sistema previsional por las deudas que mantenía el Estado con un sector de las personas jubiladas.

Estas reformas en sí mismas no constituyeron proyectos de neoliberalización del sistema de pensiones, pues no tuvieron como objeto su privatización ni la transformación del sistema de reparto y solidario en uno de cuentas individuales y capitalización de los ahorros. Sin embargo, las mismas se enmarcaron dentro de un proyecto político de corte neoliberal y estuvieron fundamentadas en una concepción del individuo y del trabajo en articulación con la concepción de la acción humana del neoliberalismo. Concepción que es el elemento de la colonialidad del saber que le permitió al gobierno legitimar estas reformas aun cuando su implementación era perjudicial para la sostenibilidad del sistema y el monto de las jubilaciones.

En efecto, la Reparación Histórica contemplaba el pago de la deuda a los/as jubilados/as con una financiación mediante una ley de sinceramiento fiscal, que de no ser suficiente se iba a completar con recursos del Estado –sobre los detalles de este plan hablaremos en el siguiente apartado–. Pero, al mismo tiempo, planteaba medidas para reducir los ingresos al sistema previsional, una reforma tributaria en la misma línea y una habilitación para vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del SIPA^[1]. Por otra parte, la Reforma al SIPA contemplaba un cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria que hacía que el ajuste a las pensiones fuera menor a la fórmula vigente, y establecía flexibilizaciones para el acceso al trabajo de las personas mayores y la garantía del 82% móvil para trabajadores/as con al menos 30 años de aportes.

Independientemente a los perjuicios que podían traer estas reformas, ambas fueron aprobadas por el Parlamento, no sin resistencias, y con un apoyo importante de la ciudadanía. Pero ¿cómo fue posible legitimar reformas previsionales que prometían el bienestar de las personas mayores y la sustentabilidad del sistema si una de ellas arriesgaba los recursos con que se garantizaba el pago de las jubilaciones y la otra erosionaba el monto de las pensiones?

Desde la perspectiva de la Colonialidad del saber postulamos que la legitimidad de estas reformas se desprende de una concepción neoliberal de la acción humana, que permite presentarlas como único camino para alcanzar el bienestar universal de las personas mayores, manteniendo la sustentabilidad del sistema jubilatorio y aportando al desarrollo del individuo, de la familia y del país. Esta concepción, a su vez, se constituye como diferencia colonial que separa los saberes o propuestas de reforma que son legítimos para entrar al debate sobre las pensiones, en función de su cercanía o lejanía con dicha concepción, ejerciéndose violencia epistémica sobre todo otro saber que no le sea funcional, deslegitimándolas, negándolas o invisibilizándolas.

En lo que sigue revisamos y profundizamos en estas cuestiones.

Fundamentos neoliberales de las reformas previsionales del gobierno de Mauricio Macri

Las reformas previsionales que fueron impulsadas por el gobierno de Macri, se inscribieron en una preocupación del oficialismo por definir una política integral para los adultos mayores, que contemplara tanto “políticas relacionadas con el envejecimiento activo en general, y políticas para adultos mayores en situación de vulnerabilidad social en particular” (Alianza Cambiemos, s/f), como cuestiones estructurales del sistema de jubilación, como su sustentabilidad en el tiempo, sus problemas de judicialización, de calidad de las prestaciones y de dispersión institucional y territorial (Alianza Cambiemos, s/f).

Dentro del diagnóstico del gobierno, se afirma que los jubilados han sido muy maltratados por el gobierno anterior de Cristina Fernández (2007-2015). Así, por ejemplo, identifican problemas estructurales y desigualdades que afectan la obra social de los/as jubilados/as, el Pami. En esta institución “responsable de cuidar a nuestros queridos abuelos” se ha “encontrado despilfarro y corrupción como en las peores épocas, siguiendo el uso de los recursos para la militancia política” (Macri, Discurso en la 134º apertura de sesiones ordinarias del Congreso, 2016a).

Por otra parte, la inflación producida por el anterior gobierno la pagaban “nuestros abuelos”, ya que ésta siempre afecta primero a “aquellas personas más débiles, más vulnerables, y esos son siempre nuestros jubilados” (Macri, Declaraciones en Jujuy, 2015a). Por su parte, según el gobierno, la actualización semestral de los haberes jubilatorios con la fórmula del año 2008 no era suficiente para alcanzar a la inflación.

Frente a este estado de la cuestión Cambiemos afirma que en su gobierno “no habrá ni un abuelo del que el Estado no se ocupe”, y este compromiso es fundamental porque cuidar de ellos, significa “cuidar nuestro futuro; porque un país que no se acuerda de sus abuelos es un país que no sabe cuidar su historia y si no cuida su historia no generará un mejor futuro” (Macri, Declaraciones en Jujuy, 2015a).

Las propuestas y promesas del gobierno para las personas mayores se materializaron en dos proyectos principalmente: la creación del Programa de Reparación Histórica y un proyecto de Reforma al SIPA. Según el gobierno, ninguna de estas reformas tenía como fin privatizar las jubilaciones, las cuales seguirían en manos de la Anses, pero se decía que “su manejo no será una herramienta de política partidaria como lo es hoy. Todos tienen el derecho a una jubilación digna sin sufrir el apriete de algunos políticos” (Alianza Cambiemos, 2015). También, señalaban que se mantendrán los remedios gratuitos para quienes reciban la pensión mínima y los abuelos podrán conservar su obra social de por vida, y se trabajará sobre la recuperación del Pami, con el fin de “sacar la corrupción” de esta institución, devolverle su eficiencia y terminar con lógicas clientelares que han generado la disminución de prestaciones.

Respecto del Programa de Reparación Histórica, si bien tuvo como fin saldar los juicios por recomposición de haberes vigentes de jubilados/as que habían sido congelados y/o que no alcanzaban el 82% móvil estipulado en las leyes, contenía otra serie de políticas a implementar que por su envergadura y multiplicidad se le conoció como la “ley ómnibus”. Entre ellas estaban: la creación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de un Consejo de Sustentabilidad Previsional, la armonización de sistemas previsionales provinciales, la ratificación del acuerdo fiscal entre el Estado y algunas provincias; los cambios en el manejo de los recursos del FGS, el régimen de sinceramiento fiscal, la regulación de deudas impositivas, los beneficios para contribuyentes cumplidores, la modificación de impuestos sobre bienes personales y sobre el impuesto a las ganancias y la creación de una comisión para revisar la reforma tributaria del gobierno.

De igual modo, el principal fin de esta reforma era lograr acuerdos que permitieran “reajustar los haberes y cancelar las deudas previsionales con respecto a aquellos beneficiarios” (Proyecto de Ley, 2016: 1) que habían iniciado un juicio, tuvieran o no sentencia firme, o para quienes no lo hubieran iniciado. Pagando estas deudas, se terminaría con décadas de atropello, de estafa por parte de un Estado que le había faltado el respeto a “nuestros jubilados” y “no los ha cuidado”. Porque para el gobierno, la reparación histórica no es solamente una cuestión de dinero

es una cuestión de dignidad, es una cuestión de respeto, es una cuestión de entender que si no respetamos a aquellos que nos trajeron a este mundo, a aquellos que marcaron un camino, nunca vamos a poder construir esa Argentina que soñamos (Macri, Presentación del Programa Nacional de Reparación Histórica, 2017g).

Para financiar esta reforma el gobierno propone dos fuentes de recursos: parte de lo producido por el FGS de la Anses y fondos del presupuesto nacional. En caso de que estos recursos no sean suficientes, se podrá disponer de la realización de activos del FGS (Proyecto de Ley, 2016: 78). La segunda fuente es el llamado “sinceramiento fiscal”, un mecanismo para declarar voluntaria y excepcionalmente la tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior (Proyecto de Ley, 2016: 36). Quienes declaren estos recursos, serán exentos de multas e impuestos por no haberlo hecho con anterioridad, pero se establece un impuesto especial sobre el valor de los bienes declarados y en el caso de moneda nacional o extranjera que en efectivo sea depositada en entidades bancarias del país, deberán permanecer depositadas a nombre del titular por un período de seis meses mínimos o hasta el 31 de marzo de 2017^[2].

Estas dos fuentes de financiamiento significaban para el gobierno, que el reconocimiento a los jubilados es algo que se podía hacer entre todos, ya que con esos recursos “que van a entrar, nosotros vamos a poder cumplir con nuestros queridos abuelos, que se merecen el respeto de todos los argentinos” (Macri, Palabras en un acto con jubilados en Santiago del Estero, 2016c).

Ahora bien, para el gobierno, este respeto y reconocimiento está dirigido a quienes han tenido “una vida de trabajo”, de dedicación, que tuvieron la oportunidad de crecer y la tomaron, con esfuerzo, y “sin que nadie les regalara nada”. Esta es la “cultura del trabajo” y refiere al “empleo verdaderamente genuino”, que se distingue de la creación de empleo público, catalogado como una mentira, o un parche, que impide a las personas proyectar sus vidas y cumplir sus sueños. Porque “al que le va a ir bien es al que trabaja, se esfuerza, se supera, no al que viola la ley, miente, toma el atajo” (Macri, Entrevista en TN, 2018a). El “empleo verdaderamente genuino”, en cambio, es el que se crea en el sector privado, el que se constituye como eje estructurante de la vida de las personas en cuanto les permite construir sus sueños y alcanzar sus metas, a través del esfuerzo, la confianza en sí mismas, y la libertad de elegir qué quieren hacer de sus vidas y qué oportunidades pueden tomar para crecer y desarrollarse. El trabajo genuino refuerza el creer que “se puede, que no estamos condenados a absolutamente a nada, que realmente cada uno puede, aportando su granito de arena, construir su propia historia” (Macri, Palabras en la inauguración de un hogar para abuelas, 2017d). Esta fuerza emprendedora es una de las riquezas de la Argentina, y “solo hay que desatar los nudos que nos tienen maniatados para poder liberar toda esa potencialidad latente en nosotros” (Macri, Palabras en la presentación de las propuestas para promover un acuerdo nacional, 2017e).

Es aquí donde identificamos la articulación con los principios de la acción humana enarbolados por el Neoliberalismo. En efecto, en esta figura del individuo que merece reconocimiento pues ha proyectado su vida escogiendo libremente qué quiere hacer de su vida, y ha actuado con libertad, aprovechando las oportunidades que se le presentan, para cumplir sus sueños, observamos la idea del ser actuante que opera teleológica y causalmente, es decir, en función de la satisfacción de deseos –fines– que sabe que puede satisfacer. A su vez, en cuanto la cultura del trabajo se asocia al “empleo verdaderamente genuino”, que es el que se crea en el sector privado, identificamos en la concepción de este individuo al ser deseante de bienes reales, en cuanto ha cumplido sus sueños y proyectado la vida, con dedicación y esfuerzo, y sin que nadie le regalara nada. Y eso lo ha logrado trabajando en el sector privado, acumulando capital, que es la forma genuina de proyectar la vida. Es decir, para satisfacer sus deseos el individuo es consciente de que requiere de la propiedad privada. Así también, el foco en el individuo como eje estructurante de sus sueños y la posibilidad de alcanzarlos a través del empleo verdaderamente genuino, se articula con la idea neoliberal de que es la libertad de elegir y la propiedad privada la que definirá la forma de integración a la sociedad de cada individuo y sus posibilidades para cambiar de estatus.

En este marco, este programa es una forma de agradecer y destacar públicamente esa historia de esfuerzo, de trabajo, de aporte al país y que la sociedad que ha recibido estos aportes “les devuelva lo que les corresponde”. Pero también, “es reconocer la importancia de la cultura del trabajo, porque desde ahí es que vamos a progresar, trabajando” (Macri, Palabras en encuentro con jubilados de San Isidro, 2017c). En efecto, para el gobierno de Cambiemos la “cultura del trabajo” y el “empleo verdaderamente genuino”, son “el único camino, no hay otro”, para superar la pobreza, distribuir las riquezas, alcanzar el desarrollo y el crecimiento personal y familiar, cultura heredada de los abuelos y padres que cruzaron el océano buscando una oportunidad, construyendo una “etapa maravillosa de la Argentina” (Macri, Palabras presentando el proyecto de Ley de Primer Empleo, 2016e; Encuentro Empresarial Iberoamericano, 2016b; Discurso al ganar las elecciones, 2015b).

La creación del empleo genuino se hace mediante la inversión, no la intervención estatal al mercado o la creación de empleo público, que son sólo un paliativo que reemplaza el trabajo que dignifica, que abre oportunidades y que le da un lugar a cada argentino, para que pueda desarrollarse a sí mismo y su familia. Por ello, se requiere de un Estado que garantice el libre mercado, la competencia y la inversión en el sector privado, que es lo que genera empleo de calidad (Macri, Palabras presentando el proyecto de Ley de Primer Empleo, 2016; Palabras en la apertura del Encuentro Empresarial Iberoamericano, 2016b)

Lo que necesita el país para salir adelante, es creer en lo que cada uno/a es capaz de hacer, ya que

no hay milagros, este es un trabajo de todos los días, […] [y que] necesitamos que haga cada argentino, que cada uno encuentre desde qué lugar va a hacer su aporte para que construyamos de una vez por todas esa Argentina que soñamos y que nos merecemos (Macri, Palabras en centro de investigación aplicada para la industria energética, 2018b).

En la relación que establece Cambiemos entre esta concepción del empleo y el desarrollo individual, familiar e incluso del país, en cuanto es el único camino para alcanzar la pobreza cero y el progreso nacional, observamos también la idea neoliberal de que esta figura del ser actuante, deseante de bienes reales y libre es condición de posibilidad del orden moderno de mercado. Y en cuanto la libertad tiene un lugar central en la creación del trabajo verdaderamente genuino que permitirá lo anterior, la misma se constituye en la “roca” que permitiría constituir la “Buena Sociedad”, es decir la Argentina que todos sueñan y merecen.

Volviendo a la discusión sobre el programa de Reparación Histórica, el mismo está fundamentado en la concepción neoliberal del individuo, en cuanto es un reconocimiento al esfuerzo de quienes han tenido una vida de trabajo y esfuerzo en el sector privado, que han vivido en la “cultura del trabajo”, que es, a su vez, la del empleo verdaderamente genuino. Por ello, pagar la deuda con los/as jubilados/as es para el gobierno no sólo una cuestión de dignidad, sino que de respeto a quienes marcaron un camino para construir el futuro del país.

Ahora bien, a partir de esta conceptualización se establecen algunas diferencias en el porcentaje mínimo garantizado por el Estado para el cálculo de las pensiones, entre quienes cumplieron con el mandato del trabajo genuino y quienes no lo hicieron, razón por la cual no pueden acceder a los mismos beneficios. En efecto, para quienes tengan más de 30 años de servicios con aportes efectivos, se garantiza el 82% del salario mínimo, vital y móvil, de modo tal de poder premiar el esfuerzo de cotización realizado durante toda una vida de trabajo. En cambio, para quienes no cumplan con este historial se les otorgará la PUAM, cuyo monto corresponderá al 80% del haber mínimo garantizado con sus ajustes correspondientes (Proyecto de Ley, 2016: 14).

La PUAM es una pensión universal, no contributiva, vitalicia y no heredable, para todas las personas mayores a 65 años, que cumplan, entre otros, con los siguientes requisitos: ser ciudadano o residente argentino, no ser beneficiario de una pensión o retiro contributiva o no contributiva, no percibir una prestación por desempleo y mantener la residencia en el país^[3](Proyecto de Ley, 2016: 13). En la versión original del proyecto, esta pensión sería compatible con actividades en relación de dependencia o por cuenta propia, con el fin que estos aportes y contribuciones, sean “computados como tiempos de servicios a los fines de poder, eventualmente, obtener beneficio previsional de carácter contributivo” (Proyecto de Ley, 2016: 16). Pero, en la versión aprobada por el Parlamento, la PUAM es incompatible con actividades laborales en relación de dependencia o por cuentapropismo.

A partir de la concepción del empleo verdaderamente genuino se da un efecto clasificatorio, diferenciador, respecto de quiénes son y pueden ser beneficiarios de una jubilación, y cuál debe ser la calidad de la misma, cuestión que se observa, en el diferencial de la pensión mínima garantizada por el Estado en relación a los años de cotización alcanzados. Esto es consecuente con la idea neoliberal de que depende de cada individuo la forma en que se inserta en la sociedad, siendo el/la jubilado/a responsable de su situación previsional, dependiendo el acceso a un salario diferido y la calidad del mismo, del esfuerzo y dedicación que puso para proyectar su vida, y, por ende, su futuro a través del trabajo basado en la relación capital/trabajo instaurada por el mercado.

Respecto de la Reforma al SIPA, la misma contemplaba un cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria, la garantía adicional para los haberes jubilatorios equivalente al 82% del salario mínimo, vital y móvil para quienes hayan cumplido con 30 años de servicios con aportes efectivos, y la facilitación de “la opción de permanencia en actividad a quienes estén en condiciones de acogerse al beneficio previsional por haber cumplido la edad mínima requerida y contar con el número de años de servicios exigidos por ley” (Mensaje Poder Ejecutivo Nacional, 2016).

El cambio en la fórmula de movilidad fue fundamentado por el gobierno en que el cálculo vigente y su actualización bianual no le aseguraba a los/as jubilados un ajuste que le ganara a la inflación. De hecho, esa fórmula era considerada “un engendro producto de que había un Indec^[4] que mentía sobre la inflación” y se mezclaban “cosas que en ninguna parte del mundo se ponen” (Macri, Entrevista de TV “Animales sueltos”, 2017b)^[5].

La nueva fórmula, en cambio, basada en las variaciones del nivel general del Índice de Precios al Consumidor nacional (en adelante IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (en adelante Indec), de aplicación trimestral, y cuya movilidad se iría incrementando en junio de cada año con un 5% de la variación porcentual real del producto interno bruto^[6], según el gobierno, le garantizaría a los/as jubilados estar siempre seguros y protegidos contra la inflación, en tanto sus ingresos crecerían entre un 4 y un 6% sobre ella. Esto permitiría darles previsibilidad y tranquilidad.

Uno de los argumentos para justificar este cambio en la fórmula, que sería menor al otorgado por la fórmula vigente, era que iba acompañada de otras medidas que apuntaban a disminuir la inflación, tales como, el pacto fiscal con los gobernadores, donde Nación y Provincia se comprometían a reducir el gasto público y los impuestos, que “habían incrementado notablemente en los últimos años”; la reducción de los impuestos al trabajo para promover la inversión y la creación de empleo; el término de las pensiones de privilegio^[7]; y la realización de una reforma tributaria^[8], para rebajar los impuestos. Y, en efecto, según el gobierno, la reforma al SIPA es parte de la reforma tributaria, en cuanto contribuirá a mejorar la previsibilidad y sostenibilidad del gasto público financiado por el sistema tributario.

Estas medidas permitirían, por una parte, disminuir la inflación al reducirse el gasto público. Por otra parte, la disminución de impuestos permitiría mayor inversión del sector privado, produciéndose más empleo y con mejores salarios, lo cual impactaría positivamente al sistema de jubilación, en cuanto habría más trabajadores en condiciones de formalidad haciendo aportes al mismo. Esto último, más la disminución de recursos del Estado en el pago de pensiones, contribuirían a la sustentabilidad del sistema previsional, a la vez que, terminarían colaborando en la reducción de la inflación. A su vez, la nueva fórmula venía a salvaguardar la disminución en el ajuste de los ingresos de las personas mayores que hubiese ocurrido con la fórmula del 2008, al haberse disminuido los impuestos.

En estos argumentos también observamos una fundamentación basada en la conceptualización que antes describíamos sobre el individuo, articulada con el neoliberalismo. En efecto, el cambio en la fórmula se fundamenta en que esta política de reducción del ajuste previsional será beneficiosa para las personas mayores en cuanto va a ir acompañada de otras medidas que potenciarán la creación del empleo genuino, como condición de posibilidad del desarrollo del país y de sustentabilidad del sistema. Así, la disminución de impuestos a los empleadores les permitirá contratar más personas en condiciones de formalidad, y a los empresarios les permitirá hacer más inversiones sobre la economía, creándose más trabajo. Esto permitirá hacer más sustentable al sistema previsional en el tiempo, al crearse más empleo formal y, por ende, generarse más ingresos para éste.

Aquí identificamos también la conceptualización neoliberal del Estado, el cual debe responder al despliegue de la naturaleza del ser actuante, deseante de bienes reales y libre, para lo cual se debe garantizar el desarrollo del libre mercado y de la iniciativa privada. Y, en efecto, esta idea de potenciación de la economía mediante reformas tributarias se fundamenta en la idea de Cambiemos de que para que Argentina progrese se requiere “transformar las reglas, que eran trabas, en reglas que permitan el desarrollo” (Macri, Discurso en la 134º apertura de sesiones ordinarias del Congreso, 2016a). Y esas trabas eran consecuencia de un Estado –de un Estado arbitrario diría el neoliberalismo– gobernado por el kirchnerismo que pensaba que, “como modelo de nuestra economía, como modelo de nuestras vidas, tiene que haber un Estado que nos someta a todos. Porque ellos creen que los argentinos no podemos vivir en libertad” (Macri, Palabras por el veto a la ley de emergencia ocupacional, 2016d).

Otra conceptualización neoliberal que se incorpora en las argumentaciones a favor de la reforma a la fórmula de movilidad es la que afirma que la inflación es producto del gasto público, por lo que las otras políticas que apuntan a disminuirlo, incluida la fórmula de cálculo del ajuste, permitirán reducirla. En consecuencia, la nueva fórmula de cálculo, aunque prevé un ajuste menor a la anterior, permitiría alcanzar la inflación o incluso superarla pues contribuye a disminuirla. Además, para Cambiemos la inflación no es resultado del incremento de los precios, ni de la especulación, sino que es un instrumento de la política, asociado a creer “que se puede gastar más de lo que se tiene”, cuestión que coincide con la definición que los neoliberales hacen de la misma, siendo la inflación responsabilidad de los gobiernos, que para ceder a las presiones de la ciudadanía, que cree que el gobierno debe resolver todo, responden a sus demandas incrementando el gasto público financiado con impresión de dinero, incrementándose así el déficit fiscal.

En relación con el segundo punto de la reforma sobre garantizar el equivalente al 82% del salario mínimo vital y móvil para quienes hayan cumplido con 30 años de aportes efectivos, el gobierno señala que lo que se busca es “reforzar el principio de proporcionalidad premiando el esfuerzo de cotización realizado” (Mensaje Poder Ejecutivo Nacional, 2016: 2), por lo que identificamos aquí nuevamente el argumento de reconocer a los individuos que han proyectado sus vidas por medio del empleo verdaderamente genuino y que depende de ellos/as la forma en que se podrán integrar a la sociedad y mejorar o empeorar su estatus una vez que llegan a la edad de jubilación.

Sobre el tercer punto, facilitar la opción de permanencia en actividad para personas que cuenten con los requisitos para jubilarse, el gobierno señala que, en la actualidad, si bien estas personas pueden seguir trabajando, y no están obligadas a jubilar, el empleador puede hacerlo. Y aun cuando hay quienes continúan con su vida laboral “a determinada edad es más dificultoso conseguir un nuevo empleo, provocando en la mayoría de los casos la expulsión compulsiva de las personas mayores del mercado de trabajo” (Mensaje Poder Ejecutivo Nacional, 2016: 2). Por ello, en la reforma al SIPA se propone que la facultad legal del empleador sea después que el trabajador haya cumplido los 70 años,

facilitando su participación en la vida económica de la sociedad, en atención a que el trabajo, además de ser un medio de generación de ingresos, es un ámbito de integración y desarrollo de la persona humana (Mensaje Poder Ejecutivo Nacional, 2016: 2).

Según el gobierno, esta ley facilita el deseo de las personas mayores a seguir trabajando, y también va en línea con los enfoques internacionales sobre la vejez, que apuntan a la formalización de los derechos de las personas mayores con carácter integral, entre los cuales está, el derecho al trabajo de la persona mayor en igualdad de oportunidades y de trato que otros trabajadores (Convención Interamericana sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores: 18, citado en Mensaje Poder Ejecutivo Nacional, 2016).

Nuevamente en esta ley identificamos la fundamentación en la figura del individuo que puede proyectar su vida en función de su deseo libre y subjetivo de participar en el mercado de trabajo privado y del empleo verdaderamente genuino, razón por la cual se requiere la extensión de la edad en que el empleador puede obligar a un trabajador a jubilar. También esta ley, al asociar el trabajo a la integración y el desarrollo de la persona humana, se articula con la idea neoliberal de que el ser actuante, deseante de bienes reales y libre puede escoger la forma en que se integrará a la sociedad y cambiará su estatus. De este modo, aparece nuevamente la potenciación de una forma genuina de acción del individuo anclado en la búsqueda de bienes reales para satisfacer determinados fines, como construir su vida o lograr sus sueños, para lo cual se requiere poseer capital obtenido en el mercado del trabajo.

A continuación, analizaremos en qué medida estas conceptualizaciones que están a la base de estas reformas, se constituyen como la diferencia colonial que permitirá legitimar, desde la lógica modernidad/colonialidad, esta propuesta por sobre otras alternativas para mejorar las prestaciones del sistema y garantizar su sustentabilidad a largo plazo.

Impulso moderno/colonial de las reformas previsionales del gobierno de Macri

Como vimos anteriormente, las reformas previsionales del gobierno de Macri se fundamentan en un concepto de individuo en articulación con los principios de la acción humana de la teleología y la causalidad y de la libertad, ya que lo que lo define es el hecho de que proyecta su vida escogiendo libremente sus fines y aprovechando las oportunidades que se le presentan para alcanzarlos. A su vez, como esta concepción está articulada con el empleo verdaderamente genuino producido en el sector privado, identificamos la figura del ser deseante de bienes reales, que es consciente de que para alcanzar sus fines requiere de la adquisición de la propiedad privada en el mercado, pues nadie le ha regalado nada. Estas características del individuo, a su vez, son la condición de posibilidad del desarrollo individual, familiar y del país, en tanto es el único camino para progresar, para alcanzar la pobreza cero y la Argentina que soñamos. Y en cuanto para ello hace falta que cada uno/a crea en lo que es capaz de hacer, las posibilidades de insertarse a la sociedad y cambiar de estatus dependen del ser actuante, deseante de bienes reales y libre.

Esta figura del individuo fundamenta de manera directa la Reparación Histórica, la garantía del 82% móvil de la jubilación para quienes cumplan con 30 años de aportes y la extensión de la obligación del empleador a la jubilación de un trabajador. Y de manera indirecta, a las otras medidas previsionales que tomó el gobierno, relacionadas con la forma en que debe operar el Estado y el Mercado para desplegar dicha figura del individuo y la prosperidad el país: el cambio en la fórmula de movilidad y las diversas reformas tributarias que se realizaron.

Estas premisas sobre el individuo se constituyen como la diferencia colonial que determina qué saberes o propuestas de reforma son legítimas para entrar al debate sobre las pensiones, en cuanto éstas son asociadas a formas genuinas y verdaderas de trabajo y de desarrollo, y por ende se constituyen como el “único camino, no hay otro, para alcanzar la Argentina que soñamos”. De hecho, las reformas previsionales del gobierno forman parte de la promesa de campaña de “hablar siempre con la verdad” para así alcanzar el crecimiento del país y la pobreza cero.

En este sentido, la fundamentación de las reformas previsionales en el reconocimiento de quienes cumplieron con el “empleo verdaderamente genuino”, le otorga objetividad y neutralidad, en cuanto único camino para alcanzar el desarrollo individual, familiar y nacional.

Para el gobierno, estas medidas pueden ser dolorosas, y plantean un camino difícil y duro, “porque no es fácil cuando vas en la dirección equivocada dar la vuelta y empezar a construir en la dirección correcta, empezar a dar los pasos en la dirección hacia el desarrollo del país, hacia un país más justo, donde nos digamos la verdad” (Macri, Palabras en reunión con jubilados en la Provincia de Buenos Aires, 2017f). Pero lo contrario a decir la verdad, es volver al mundo de magia y de mentiras del gobierno anterior, de no poner los problemas sobre la mesa y enfrentarlos, como era, por ejemplo, el problema de la deuda a los jubilados. De hecho, el propio gobierno señala que esta primera gran reforma es el primer paso en ese camino de verdad.

Como reflejo de la neutralidad y a-politicidad de sus propuestas previsionales el gobierno estuvo dispuesto a discutirlas y a dialogarlas con todo el espectro político, razón por la cual las envió al Parlamento. Esto, señalan, no significa dejar de lado las ideas y formas de ver el mundo, sino que significa ponerlas en función de un proyecto común para lograr la construcción de un país donde todos puedan alcanzar diversas formas de seguridad. Ahora bien, este debate sobre las pensiones debe estar basado en la verdad, el respeto y la confianza, la buena convivencia, el trabajo en equipo y la libertad de expresión, y no en el fanatismo, la división y la confrontación, la incapacidad de razón y la falta de amor (Macri, Palabras ante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación, 2015c).

Sobre la base de estas premisas verdaderas y objetivas, todo otro saber que se opusiera a estas reformas y que obstruyera la construcción de ese camino genuino y verdadero, sufrió de violencia epistémica, e incluso física. En efecto, el gobierno interpreta las movilizaciones ciudadanas contra la Reforma al SIPA y la resistencia de parte del Congreso a aprobarla, a hechos de violencia organizada, donde un “grupo cree que puede tomar la violencia para imponer sus ideas y para desestabilizar el funcionamiento democrático del país”. Recordemos que las jornadas de discusión de esta reforma estuvieron marcadas por largas sesiones parlamentarias, multitudinarias movilizaciones y acciones contra la reforma por parte de la ciudadanía y una fuerte represión a éstas últimas por las fuerzas de seguridad –entre éstas las más significativas fueron las de las jornadas del 14 y 18 de diciembre de 2017–.

Pero, en palabras del presidente, estos hechos no lograron desestabilizar la democracia,

porque –la mayoría– hemos decidido que queremos vivir, justamente, en acuerdo, que queremos vivir mejorando […] el diálogo todos los días, porque creemos que a las sociedades que les ha ido bien son aquellas que han apelado a esos valores: dialogar en base a la verdad (Macri, Conferencia de prensa, 2017a).

Pese a estos hechos de “violencia y extorsión”, el gobierno destaca el que igualmente se haya aprobado la reforma, gracias a su posición dialogante, democrática y pacífica y a su actitud de hablar siempre con la verdad, muestra de lo cual son las “diecisiete horas de sesión donde catorce horas habló la oposición, con lo cual se pudo expresar dando todos sus puntos de vista” (Macri, Conferencia de prensa, 2017).

Junto con ello, el gobierno está consciente de que estos cambios generan incomodidades, pero que son parte de un proceso necesario y global de reforma continua, para crecer y reducir la pobreza, de entregar herramientas y oportunidades para salir adelante. Y si bien todavía hay mucha gente que no siente que se va en un camino de inclusión con estas medidas, se les pide comprensión ya que “esto es un proceso, no se hace de un día para el otro, eso sería magia, yo les dije que no sabía hacer magia” (Macri, Conferencia de prensa, 2017).

En definitiva, esta concepción del individuo merecedor de pensiones asociado al empleo verdaderamente genuino permite deslegitimar, de manera objetiva y neutral, las oposiciones y propuestas alternativas a las reformas previsionales del gobierno, pudiendo catalogarlas como antidialógicas, antidemocráticas, violentas o extorsivas, en cuanto van en contra de mecanismos incuestionables para resolver las problemáticas estructurales del sistema previsional. Otra forma de deslegitimar las alternativas a sus reformas previsionales es mediante la descalificación que el gobierno realiza sobre las políticas previsionales del kirchnerismo, las cuales se asocian al despilfarro, la corrupción, al uso de los recursos públicos para la militancia política y a un descuido de los/as adultos mayores, quienes habían sido maltratados por ellos. En este sentido, estas alternativas se contraponen a las reformas emanadas de la posición a-política y de hablar siempre con la verdad del Macrismo.

Pero, en cuanto las políticas del kirchnerismo sí permitieron mejorar la situación de parte importante de los/as jubilados/as, el gobierno de Cambiemos termina negando a cierto sector de las personas mayores. De hecho, en el fundamento de sus reformas, visibiliza sólo a aquellos/as que cumplieron con la “cultura del trabajo”, destacándolos, además, como quienes marcaron un camino para construir el futuro de la Argentina. En consecuencia, si el reconocimiento a “nuestros abuelos” se asocia a aquellos que hicieron un aporte a la historia del país sin que “nadie les regalara nada”, también con esta definición se excluye de dicha construcción a aquellas personas mayores que no habrían cumplido con el mandato del “trabajo genuino”.

A la vez, y en cuanto la potenciación de la libertad del individuo pasa por eliminar las trabas que impiden la inversión, la competencia y la libertad de mercado, que permite la creación de empleo genuino que terminará fortaleciendo el sistema previsional, las consecuencias negativas de las medidas previsionales que tienen como fin potenciar estas cuestiones, como el cambio en la fórmula de movilidad y las reformas tributarias, son interpretadas como cuestiones derivativas, es decir como costos o sacrificios que se deben asumir para alcanzar el bienestar universal de las personas mayores y tener un sistema previsional sustentable en el tiempo y sin procesos de judicialización que obstruyan sus operaciones.

En lo que sigue pasaremos a identificar cómo el FPM emerge en los intersticios de estas reformas impulsadas desde la lógica modernidad/colonialidad de la colonialidad del saber y los saberes que construye para luchar y disputar la hegemonía de los saberes neoliberales que están a la base de dichas reformas.

Saberes de resistencia del Frente de Personas Mayores

El Frente de Personas Mayores utiliza una diversidad de saberes para resistir y disputar la hegemonía de las reformas previsionales del gobierno que se imponen desde la lógica modernidad/colonialidad, negando, invisibilizando o deslegitimando las resistencias y/o propuestas alternativas a las mismas.

Y, en efecto, el Frente interpreta el impulso por parte del gobierno y la aprobación de estas reformas en el Parlamento como una muestra de que la clase política y la sociedad invisibilizan a las personas mayores y sus intereses, y los excluyen de participar en el debate sobre los asuntos que les competen, puesto que de lo contrario no habrían aprobado transformaciones que los/as perjudicaban. A su vez, como veremos, las formas hegemónicas en que son definidas las personas mayores, como “abuelos/as”, “pobres” y “pasivos/as”, los invisibiliza como sujetos políticos con derecho a formar parte de dichas decisiones de manera directa. Estas concepciones están en la sociedad, las políticas públicas y los medios de comunicación.

Para revertir esta situación, entonces, en los procesos de emergencia, resistencia y acción del FPM identificamos saberes con los que luchan para disputar estas y otras cuestiones relativas a las reformas previsionales. En lo que sigue describimos estos saberes, para luego analizar cómo a partir de ellos el Frente disputa los conocimientos que fundamentan las reformas previsionales del gobierno.

La experiencia política como fundamento de los saberes del FPM

A partir de los procesos de emergencia, resistencia y acción del Frente que desarrollamos previamente, un primer saber que emerge para disputar las reformas previsionales del gobierno, es la experiencia, entendida como acumulación de saberes de una realidad particular en un determinado tiempo histórico. En este sentido, tanto la acumulación de conocimientos y saberes devenidos de la experiencia del neoliberalismo en Argentina, incluidas sus formas dictatoriales y violentas, que cercenaron y negaron toda experiencia social y política que no se adecuara a dicho modelo, como la experiencia de saberse como sujetos/as políticos y como sujetos/as de derechos pertenecientes al campo de lo nacional y popular, y el pertenecer a la generación de los ’70, fueron elementos fundamentales para constituirse como movimiento de articulación para resistir a las reformas previsionales del macrismo.

De hecho, la conformación del FPM tiene sus orígenes en el reconocimiento de sus militantes de que el gobierno de Macri al ser neoliberal venía con un proyecto económico, político y social que no sería bueno para el pueblo, y por lo tanto vendría a barrer con el proyecto nacional y popular que se venía desarrollando en el país en los últimos 13 años. Esta aseveración viene de la experiencia de vida de los/as militantes del Frente que precisamente por ser personas mayores, ya habían vivido bajo el contexto de gobiernos neoliberales y muchos de ellos/as también habían resistido a los mismos. Esto les hacía suponer, que un gobierno con dichas características enarbolaría medidas para alcanzar el bienestar de toda la Argentina, pero que terminarían beneficiando a un sector minoritario de la población, mientras que otra, sufriría las consecuencias de dichas políticas. Entre ellos/as estaban las personas mayores, que bajo este modelo de desarrollo ya habían sido víctimas de políticas contra los derechos del sector y del sistema previsional, utilizándose los recursos de los ahorros de la seguridad social para fines distintos a los previsionales.

Junto con la experiencia del neoliberalismo, tenían también la experiencia de 70 años de peronismo^[9], de gobiernos del campo nacional y popular, que según quienes pertenecen al Frente, los/as había empoderado como sujetos políticos/as y de derechos, con mirada y voz propia. A su vez, también dentro del movimiento había algunos/as que, por su experiencia de militancia en la juventud, se consideran parte de una generación especial, la generación de los ’70, la generación diezmada, que era muy combativa y que tiene claridad en cuanto a la defensa de sus derechos y de la sociedad. En definitiva, quienes integran el Frente cuentan con una experiencia de conciencia y lucha de los derechos humanos, adquiridos y garantizados dentro del campo nacional y popular, que es parte de su identidad y que no se termina cuando dejan de trabajar, o cuando jubilan. Por el contrario, esta identidad se interpreta como un deber ser que le da sentido a la vida. Y en efecto, en una de sus declaraciones afirman que “seguiremos construyendo los por qué [nos conformamos como FPM], alimentando la esperanza que en el año 2019 el proyecto nacional y popular nos devuelva una vida ordenada y en paz” y que “resistimos y resistiremos de pie en las calles luchando por nuestros derechos y los derechos de las próximas generaciones”.

Ambos saberes, tanto el del neoliberalismo como el del campo nacional y popular, fueron cuestiones que los/as motivaron a organizarse y articularse para defender los derechos humanos obtenidos en los gobiernos anteriores para las personas mayores, y que podían verse en peligro, y que de hecho así fue, con las políticas del gobierno de Macri. En este sentido, postulamos que esta experiencia fundante del Frente tiene una particularidad: es una experiencia política, donde se articulan generaciones políticas y ethos militantes, que se constituye como motor propulsor vital de la lucha para transformar la realidad y recuperar, defender y garantizar los derechos de las personas en general y, en particular, los de los/as adultos/as mayores. Experiencia política que, además, concibe que dicha transformación debe ser a partir de una lucha colectiva, “porque individualmente no sirve”, la “salvación”, es decir, obtener el bienestar como un derecho es algo que se va a lograr de manera colectiva.

Esta experiencia política se constituye en el puntapié para proponer una nueva definición de personas mayores, que como ahondaremos en el próximo capítulo, disputará la conceptualización hegemónica de ellos/as presente tanto en las reformas previsionales, como en la clase política y la sociedad en general. Para el Frente, las “personas mayores” son y pueden ser “todo lo que somos” y lo que quieran ser. Y eso tiene muchas variantes: algunos/as son abuelos/as, otros/as son pobres, algunos/as pueden ser “pasivos/as”, pero también las personas mayores son “sujetos políticos”, es decir, trabajadores/as jubilados/as, personas activas con derecho a participar de las decisiones políticas que les competen, y personas sexuadas.

La relevancia para el Frente de esta redefinición de la conceptualización de las personas mayores es que incluye a un sector de ellos/as que en la concepción hegemónica permanece invisibilizado, y que refiere a quienes tienen un compromiso activo en lo social y en lo político y que luchan en las calles por recuperar y garantizar sus derechos para tener una vejez digna, saludable y diversa. Por ello, rechazan ser identificados como pasivos, porque están en la calle luchando, activamente y de diferentes formas, y en función de ello prefieren ser llamados trabajadores/as jubilados/as, porque “no han perdido su compromiso con el trabajo” y porque quieren marcar el hecho de que “hay vida después del mismo”. Otro punto interesante de la conceptualización propuesta por el Frente es que quieren incluir las cuestiones relativas al género, poniendo sobre la mesa que las personas mayores no sólo son sujetos/as políticos, sino también sujetos sexuados/as que tienen derecho al placer y a disfrutar de su sexualidad en toda su diversidad. Es por ello, de hecho, que escogen el nombre “Personas” mayores, y no de adultos mayores.

El concepto de persona mayor como sujeto político que enarbola el Frente se relaciona también con el concepto de participación política como un derecho humano. Esto implica que las personas mayores deben ser reconocidos/as como personas pensantes con el derecho a participar e incidir en instancias de toma de decisiones sobre los asuntos que les competen y las políticas públicas diseñadas e implementadas para ellos/as. Visibilizar esta arista de la conceptualización de persona mayor es fundamental para el Frente, dada la evidente falta de representación de sus intereses, no sólo de parte de quienes dicen hacerlo, como parlamentarios, dirigentes o políticos/as, sino también de quienes son sus representantes directos en instancias como el Pami, la Anses o la Confederación de jubilados y pensionados. La inacción en estos espacios para defender sus derechos quedó en evidencia cuando se aprobaron e implementaron las políticas macristas que afectaron directamente al sector, como las reformas previsionales, pero también por otro tipo de medidas, como la disminución del gasto público, que llevaron al incremento de la inflación, y a la quita de algunas garantías para la compra de medicamentos o la atención médica de las personas mayores.

Esta dimensión participativa del concepto de persona mayor como “sujeto político”, para el FPM, se contrapone a la idea de que las personas mayores son “objeto de política”, “espectadores” de aquello que deciden por y para ellos/as, constituyéndose una noción de personas mayores como “actores” y actrices de las decisiones sobre política pública que les van a afectar. Este ser “sujeto de políticas” no tiene que tener sólo una forma de realización, puede ser con un cargo de representación con poder en la toma de decisión, o por mecanismos de consulta y discusión. Lo importante es que esta participación tenga efectos sobre lo que posteriormente se decide, y que se considere de primera mano el sentir de los/as afectados/as, de manera directa y no a través de terceros. Esta arista participativa del concepto de personas mayores como sujetos políticos, es también otra forma de reivindicarlos como personas lúcidas y enteras, que pueden seguir aportando, creciendo y ayudando a los/as que vienen atrás, y en este sentido, es parte de la ruptura de paradigma sobre qué significa ser jubilado/a: no significa que te fuiste de la vida, no significa que dejaste de vivir.

Junto con estos saberes, identificamos otros que permean la lucha política del Frente y la amplían más allá de las cuestiones que afectan al sector de las personas mayores. Nos referimos a la conceptualización que manejan sobre las jubilaciones y la seguridad social.

En primer lugar, la jubilación y la seguridad social son consideradas derechos humanos. Ello implica, que la jubilación no puede ser comprendida como un “gasto” que el Estado tiene que hacer o una “dádiva” que tiene que dar, sino que es un derecho en función a los aportes que se hicieron durante el trabajo en actividad, como un salario diferido, como que a todos/as las personas en edad de jubilarse se les debe asegurar una jubilación.

Por otra parte, la seguridad social se comprende desde una perspectiva sistémica, es decir, que contempla todos los riesgos que pueden vivir las personas desde antes de nacer hasta después de morir, y, por lo tanto, incluye no sólo a los/as jubilados/as, sino que también a los niños/as y adolescentes, a las personas adultas y por supuesto a las personas en edad de jubilar. Dentro de esta mirada sistémica, por otra parte, la cuestión previsional para el Frente no sólo incumbe a quienes tienen la edad para jubilarse o a quienes ya jubilaron, sino que es un problema que a todos/as les va a llegar o que les va a afectar en alguna medida de manera previa a la jubilación, en cuanto los años de aportes, el nivel de salarios y el tipo de relación laboral de los/as trabajadores tiene efectos sobre las pensiones futuras. Por ello, la concepción de previsión del FPM involucra a los/as trabajadores/as en actividad, y, de hecho, para sus militantes “una jubilación digna sólo es posible con pleno empleo y salarios justos”.

Ahora bien, esta visión ampliada también deriva de una concepción de la sociedad anclada en una lucha que no sólo busca derogar tal o cual ley, sino que recuperar un modelo de país donde “entren todos”, como lo es el proyecto nacional y popular en el cual basan su ímpetu de lucha.

Esta ampliación conceptual de la seguridad social y de la jubilación, arraigada en los derechos humanos y en el campo de lo nacional y popular, define a su vez el carácter solidario de la lucha del Frente. Ésta no puede ser sólo por ellos/as y sólo por las jubilaciones; tiene que ser por las próximas generaciones y por las problemáticas asociadas al trabajo. En efecto, algunos/as señalan que al estar ya jubilados/as, o al pertenecer a los regímenes especiales de jubilación, como el de los/as docentes, las políticas públicas de Macri relativas a las pensiones, no les van a afectar. Pero es necesario movilizarse y organizarse por aquellas personas mayores que por cuestiones relativas a su edad no pueden hacerlo, o para las próximas generaciones de jubilados/as que sí se van a ver afectados/as por estas medidas. Esta, además, es una argumentación para sumar gente a la causa: “no pelees por vos, hacelo por tus hijos/as o por tus nietos, para que no trabajen hasta los 80 años”. Incluso pelean por quienes no quieren hacerlo, pues la jubilación es un derecho que no tiene que estar condicionado.

Otro concepto que junto con lo anteriormente dicho hace que el Frente le de relevancia a que la lucha no sólo tiene que ser por las jubilaciones o las condiciones de vida de las personas mayores, es la comprensión del neoliberalismo como un proyecto que para implementarse penetra en diferentes ámbitos de la vida social, no es que sólo va por un sector, quiere ir por todo para beneficiar a un sector minoritario de la población. Por ello es fundamental para el Frente, y así lo hace, que su lucha no sea por soluciones aisladas o parciales para los/as jubilados, sino que es necesario luchar por la defensa de los derechos de las personas de otros sectores y junto con ellos. La parcialización de las problemáticas, señalan, es la forma neoliberal de ver las problemáticas sociales, y, por ende, luchar así sólo le hace el juego a quienes tienen el poder.

En lo que sigue analizamos como estos saberes construidos por el Frente disputan los fundamentos epistemológicos a la base de las reformas previsionales.

Desafíos a la hegemonía epistemológica de las reformas previsionales neoliberales

Desde la perspectiva de la colonialidad del saber, hemos sostenido que el FPM utiliza y construye saberes que permiten disputar en términos epistemológicos la hegemonía de proyectos previsionales que se imponen desde la lógica modernidad/colonialidad durante el gobierno de Macri. Es decir, que se imponen como único camino para alcanzar el bienestar de las personas mayores manteniendo la sustentabilidad del sistema, sobre la base de un concepto de jubilado/a asociado a quienes han tenido “una vida de trabajo”, de dedicación, que tuvieron la oportunidad de crecer y la tomaron, con esfuerzo, y “sin que nadie les regalara nada”. Esta “cultura del trabajo” refiere al “empleo verdaderamente genuino”, como condición de posibilidad del desarrollo individual, familiar y nacional. Este concepto, en cuanto verdadero y objetivo, permite establecer una diferencia colonial entre saberes legítimos y no legítimos para entrar al debate sobre las pensiones, ejerciendo violencia epistémica sobre todo otro saber cuya propuesta previsional se aleje de estos principios. Entre estos saberes, identificamos los que construye el FPM.

Específicamente vemos en la experiencia política y las concepciones sobre las personas mayores, la jubilación y la seguridad social que propone el Frente elementos para una disputa epistemológica contra los saberes hegemónicos y las formas de construirlos que están a la base del proyecto previsional de Mauricio Macri.

Respecto de la experiencia política, en cuanto la misma se constituye como fundamento de la lucha del Frente contra las reformas previsionales neoliberales, pero también como eje estructurante de la vida de sus militantes, como pertenecientes a una generación combativa y con claridad en la defensa de sus derechos, permitiría poner en tensión la concepción del individuo enarbolado por Cambiemos en las reformas previsionales, de que el único camino para proyectar la vida y alcanzar el desarrollo individual, es mediante la acumulación de capital en el mercado laboral privado, es decir, mediante el empleo verdaderamente genuino. De hecho, esta concepción del individuo dejaría sin posibilidades de proyectar la vida a las personas mayores jubiladas, que dejan de participar en el mercado laboral. En este sentido, la experiencia política como eje estructurante de la vida de las personas y la conformación del Frente como constatación fáctica de que sí hay vida después del trabajo, y que incluso hay compromiso con el trabajo una vez que las personas se jubilan, también viene a cuestionar la idea de que sólo la relación capital/trabajo cumple esta función en las personas.

Por otra parte, la experiencia política de quienes pertenecen al Frente y que los hizo conscientes de sus derechos humanos y políticos, no sólo representa una alternativa para proyectar la vida, sino que también los hace conocedores de otros caminos para alcanzar el desarrollo individual, familiar y nacional distintos a la de la “cultura del trabajo” y del “empleo verdaderamente genuino”. Este otro camino es el del campo nacional y popular, mediante el cual y de manera colectiva, se puede estructurar la vida de las personas, proyectarlas y cumplir sus sueños.

Adentrándonos en las reformas previsionales del gobierno, la experiencia política también les permite cuestionar que el único camino para mejorar las prestaciones del sistema previsional y mantener su sustentabilidad sean la Reforma al SIPA y las reformas tributarias estipuladas en el Programa de Reparación Histórica, las cuales, por lo demás, disminuyen el porcentaje de las jubilaciones y ponen en riesgo la capacidad de financiamiento del sistema, cuestión que se condice con la experiencia de gobiernos previos de corte neoliberal, que habían atacado el sistema previsional y sus recursos. En cambio, la experiencia de los gobiernos kirchneristas hacía a los/as militantes del Frente conocedores de políticas que permitieron una mejora sustantiva en las condiciones de vida de las personas mayores y que no pusieron en riesgo la sustentabilidad del sistema, aun cuando esta mejora se dio mediante el apoyo financiero estatal y la intervención del mismo en la generación de empleo –privado o público–.

Esta definición de que quienes son un aporte para el desarrollo del país son los que participan del trabajo verdaderamente genuino y que, por ende, merecen un reconocimiento en el sistema previsional, es puesto en tensión por el Frente mediante su definición de jubilación y seguridad social como un derecho humano de todas las personas, desde antes de nacer hasta después de morir. De hecho, el concepto de individuo merecedor de pensiones es cuestionado en cuanto la idea de universalidad contempla a quienes que por razones que no dependen de su esfuerzo o voluntad para tomar las oportunidades que se le dieron en la vida, no lograron cumplir con los requisitos de la “cultura del trabajo”. En este sentido, si bien reconocen que la jubilación está articulada al trabajo, afirman que no se la puede hacer depender sólo de la capacidad del individuo para obtenerla, sino que se requiere que le sean garantizadas las condiciones para acceder al enarbolado “empleo verdaderamente genuino”. Y de no obtener dichas condiciones, el Estado debe garantizar de igual modo una pensión que le permita vivir a una persona cuando deja de trabajar. Esto no quiere decir que el Frente no considera que el trabajo y el ahorro previsional no sean importantes en la vida de las personas y para la jubilación de los/as trabajadores en el futuro. Pero recalcan que es necesario tomar las medidas de política pública que permitan que ese trabajo se genere, con buenas condiciones laborales y buenos salarios, que es lo que precisamente con el macrismo no se estaría generando.

Por otra parte, y en cuanto la jubilación representa un derecho de toda persona en edad de recibirlo, no puede ser considerado como un gasto, conceptualización que le daría el gobierno de Macri a la hora de discutir la reforma al cálculo de movilidad jubilatoria, en cuanto para reducir la inflación era necesario reducir el gasto público, y la jubilación en este sentido fue considerada un gasto.

El concepto de jubilación propuesto por el Frente, que no sólo contempla a las personas mayores, sino que también a los/as trabajadores/as, y el concepto de seguridad social que se concibe como un mecanismo de protección que recorre todo el proceso de la vida, desde antes de nacer hasta después de morir, y que define el carácter solidario de la lucha que llevan a cabo, nuevamente permite cuestionar la concepción de individuo a la base de las reformas previsionales. Al ser la lucha del Frente por los/as jubilados/as que no pueden o no quieren movilizarse, por los/as futuros jubilados/as y por otros sectores de la sociedad, se volvería a cuestionar la idea macrista de que el individuo que se esfuerza y acumula capital para proyectar su vida y cumplir sus sueños, es el único camino para el desarrollo individual, familiar y nacional. Por el contrario, es también posible, como ocurrió en otros tiempos y circunstancias, alcanzar el bienestar de todos/as a partir de un proyecto de vida que se construye desde lo colectivo y lo popular. En consecuencia, considerar la jubilación y la seguridad social como un derecho universal garantizado por un proyecto político inserto en el campo popular y nacional, permite visibilizar otras formas de ser y de integración a la sociedad basadas en la solidaridad y en un modelo de país donde “entren todos”.

El concepto de personas mayores que elabora el Frente es otra herramienta epistemológica que permite cuestionar aspectos de las reformas previsionales. En este caso, el cuestionamiento es a la definición de adulto/a mayor que está presente en dichos proyectos, la cual, además, tendría efectos sobre quienes son considerados actores y actrices legítimos para construir saberes sobre estas materias. De hecho, en las reformas impulsadas por el gobierno aparece una visión de los/as adultos mayores que los identifica sólo como “nuestros abuelos”, como los “más vulnerables” frente a la inflación y la corrupción de las instituciones públicas, como los que han sido atropellados e irrespetados por el gobierno anterior. Esta concepción, que, además, para el Frente es la visión hegemónica en la sociedad y los medios de comunicación, es cuestionada por su carácter reducido y limitado respecto a otras dimensiones existentes del ser persona mayor.

En efecto, desde una concepción de las personas mayores como sujetos políticos, el Frente cuestiona las imágenes que los recluye a un rol familiar, a un lugar de cuidado, protección y de lástima, que los transforma en objetos de política en cuanto son personas a las que hay que “cuidar”, “proteger”, “recordar”, “hacerse cargo”, etc. Esto sería reflejo, según el Frente, de una concepción hegemónica de personas mayores presente tanto en el gobierno como en la sociedad en general, que asocia a los/as adultos mayores con el ser abuelo/a, pasivo/a, y con el pobre abuelito/a. Para ellos/as estas concepciones reducen el “ser adulto/a mayor” a tareas de cuidado o reproductivas, como el “ser abuelo” o “ser abuela”; los/as describe como personas pasivas a las que hay que entretener y/o cuidar; y también los/as denigra a una posición de inferioridad en la sociedad, toda vez que al calificativo de “abuelo/a” se le agrega el de pobre, o se habla de ellos/as solamente en relación a sus precarias condiciones de vida.

Todas estas son categorías que naturalizan sólo una posible forma de ser personas mayores y que son en sí mismas excluyentes, no sólo porque no todos los/as adultos/as mayores son abuelos/as, pasivos/as o pobres, sino porque también invisibilizan y/o niegan la posibilidad de que las personas mayores puedan, quieran y sean otra cosa diferente a lo que estas definiciones hegemónicas determinan. A su vez, estas conceptualizaciones invisibilizan uno de los principales ejes de lucha del Frente, cual es ser reconocidos como sujetos políticos, y, por ende, activos y pensantes, y que como tales tienen derecho a representarse a sí mismos y participar de las decisiones de política pública relativas al sector.

En este sentido, y tal y como lo señala el Frente, lo que quieren visibilizar con esta crítica a la concepción hegemónica de persona mayor, es que ellos/as son sujetos activos, y como tales, quieren luchar para ser reconocidos como “sujetos de política”, y para que les sea garantizado su derecho a participar de los espacios de toma de decisión, para que las políticas para el sector realmente los beneficien y sus derechos sean resguardados. En esta línea es que rechazan el concepto de “pobres abuelitos/as” que se presenta de ellos/as en las reformas y en los medios de comunicación, ya que, si bien es una realidad que las políticas del macrismo han afectado fuertemente al sector de las personas mayores, empeorando considerablemente sus condiciones de vida, la tristeza y la desesperanza no han sido la única forma de reacción frente a ello. Por el contrario, hay un grupo de personas mayores que está reaccionando con militancia y acción. Y también, rechazan el concepto de abuelo/a, porque no todos/as quienes participan del Frente tienen nietos/as y porque es un rol familiar que los/as invisibiliza de su rol político, por lo que deja afuera a todos los trabajadores jubilados que están militando y activando políticamente en las calles.

Estas conceptualizaciones, como señalaban los/as integrantes del Frente, no pretenden negar otras formas de ser adulto/a mayor, sino que ampliar y desprejuiciar la mirada hegemónica existente, visibilizando su injustificada descalificación y exclusión, sobre todo porque estas categorías hegemónicas no representan ni siquiera todas las formas de ser y de hacer de las personas mayores, y, además, les niega el derecho a ser sujetos políticos, con voz y participación en las tomas de decisiones de las cuestiones que les competen.

Para el Frente, esta concepción de las personas mayores como abuelos o como a quienes hay que proteger y cuidar, se articularía con el tipo de política que el gobierno se propone diseñar para las personas mayores: políticas para el envejecimiento activo, pero que apuntan a saciar necesidades económicas y culturales de las personas mayores, pero no a potenciar su dimensión como sujeto político –así han sido, por ejemplo, las políticas para las personas mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires–. En consecuencia, la concepción de las personas como sujetos políticos que enarbola el Frente permitiría visibilizar que las políticas “integrales” del gobierno de Cambiemos al no contemplar la dimensión política de las personas mayores, tienen sus limitaciones en cuanto excluyen mecanismos que permitan potenciar la participación directa en la discusión y diseño de las políticas públicas que les competen.

Así también, la concepción de sí mismos/as propuesta por el Frente, tensiona los espacios institucionales para participar de la construcción de los conocimientos necesarios para diseñar e implementar políticas públicas previsionales: el Congreso, como instancia de representación de los/as jubilados/as. El reclamo del FPM por ser reconocidos como sujetos políticos deviene precisamente de su objetivo por dar cuenta del agotamiento de estas instancias para representar sus intereses, pues ha sido a través de estos y otros canales institucionales de toma de decisión que se han visto perjudicados, por la aprobación de reformas y políticas que han mermado las condiciones de vida del sector, y frente a las cuales sus representantes no los han defendido. En este sentido, quieren disputar estos espacios, para proponer y demandar otras vías directas de participación política para las personas mayores, como la consulta, los foros y, por supuesto, la habilitación de cargos de representación para las personas mayores, pero que sean usados/as por quienes realmente se identifican como pertenecientes al sector, y que quieren defender efectivamente sus derechos e intereses.

Desde la perspectiva de los propios referentes del Frente esta conceptualización de personas mayores como pasivos, abuelos y pobres, también se articula con los intereses económicos que hay sobre los ahorros previsionales de parte de algunos sectores de la población, como los representantes del neoliberalismo que también están en el gobierno, que ven en estos recursos una gran fuente de acumulación de capital de la cual pueden echar mano para incrementar sus riquezas. Porque, como señalan, no es lo mismo usar el dinero de los ahorros previsionales cuando sus dueños, que son más de 4 millones de argentinos/as, son considerados/as como sujetos pasivos/as o abuelos/as, que si son reconocidos como sujetos políticos capaces de defenderlos. En consecuencia, este discurso sobre las personas mayores que enarbola el gobierno sería funcional a quienes tienen el poder, que no quieren que haya sujetos políticos que pelean, reclaman, ocupen espacios de poder, porque se los quitan a ellos.

Por ello es tan importante para el Frente la construcción de otras formas de entender el ser adulto/a mayor, porque sería justamente la definición de la persona mayor como abuelo, pasivo, u objeto de política, la que neutraliza la lucha por no ser desposeídos de sus ahorros previsionales. O, en otras palabras, dicha concepción arraigada en las políticas públicas, las reformas previsionales y la sociedad, que además es replicada por los medios de comunicación y los adultos/as mayores que ocupan cargos de poder, es funcional a reformas y políticas públicas que los/as perjudican en función de beneficiar a la elite económica de la sociedad. En cambio, si este imaginario social sobre el adulto/a mayor incorporara a quienes están movilizados, que son activos, que quieren luchar por sus derechos y participar e inferir en las políticas públicas, no sería, como ellos/as mismos/as comunicaron, tan fácil aprobar leyes que les quitan sus derechos.

Recapitulación

En este capítulo analizamos desde la perspectiva de la colonialidad del saber al Frente de Personas Mayores, como movimiento de resistencia y acción que desafía la hegemonía de las reformas previsionales neoliberales del gobierno de Mauricio Macri, impulsadas desde la lógica modernidad/colonialidad. Para ello, partimos describiendo los fundamentos epistemológicos de dichas reformas, identificando la concepción neoliberal del individuo, la cual la encontramos en la figura del jubilado asociado a la cultura del trabajo y el empleo “verdaderamente genuino”. Luego, vemos como esta definición se constituye en la diferencia colonial que permitió ejercer violencia epistémica sobre conocimientos alternativos para reformar el sistema previsional y solucionar sus problemáticas estructurales, deslegitimándolos e invisibilizándolos. Posteriormente revisamos los saberes que utiliza el Frente para desafiar esta forma hegemónica de construcción del saber y de saberes, entre los cuales encontramos, la experiencia política –como la articulación entre generaciones políticas y ethos militantes–, la concepción de la jubilación como un derecho universal y del sistema de protección social como global y sistémico, y la concepción de las personas mayores como sujetos políticos con derecho a participar de las decisiones de política que les afectan. Estos saberes son los que le permiten cuestionar los fundamentos neoliberales de las reformas previsionales, plantear alternativas al mismo, y visibilizar la articulación de éstas con los intereses económicos y políticos de un sector minoritario de la población.

---