La Coordinadora NO+AFP nace en Chile en el año 2013 en el contexto del primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014)^[1], como un movimiento de articulación de algunas organizaciones sindicales^[2] –a la que posteriormente se le unirán nuevas organizaciones– que se pusieron como objetivo terminar con el SCI y las AFP como sistema para otorgar jubilaciones en Chile e instalar un “verdadero” Sistema de Seguridad Social de financiamiento tripartito, de reparto y con un fondo de reservas técnicas que asegure ahora y en el futro pensiones dignas para todos/as en su etapa de vejez. A su vez, en el momento de su constitución se propusieron trabajar de forma unitaria para movilizar a los/as trabajadores a nivel nacional, de modo tal de visibilizar las injustas jubilaciones que otorga el actual sistema y concientizar la necesidad de su derogación.

La Coordinadora es resultado de un largo proceso de organización y luchas de diferentes organizaciones de la sociedad civil que desde la instauración del SCI en 1981, se venían desarrollando, pero que fueron invisibilizadas tanto por la clase política como por los medios de comunicación, en articulación con los dueños de las AFP.

Por ello, para describir la emergencia de la Coordinadora partimos desarrollando el diseño e implementación del actual sistema de pensiones chileno, el Sistema de Capitalización Individual, su desarrollo y las modificaciones que se le han hecho y sus límites. Posteriormente, nos adentramos al proceso de constitución y lucha de la Coordinadora, destacando sus principales acciones, estrategias y propuestas para alcanzar una transformación del sistema previsional, y su relación con los distintos gobiernos entre 2013 y octubre de 2019.

El Sistema de Capitalización Individual como mecanismo de restitución de la naturaleza libre y responsable del/la trabajador/a^[3]

Para comprender el contexto previsional en el que la Coordinadora NO+AFP nace tenemos que remontarnos a mediados de los ’70 en Chile, cuando comienzan a gestarse los principios que regirán el actual SCI, cuya implementación ocurre en 1981, bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que en 1975 comienza a implementar políticas inscritas en el Neoliberalismo como proyecto civilizatorio para Chile, cuestión que fue reforzada y consolidada por la aprobación de la Constitución de 1980, que sentó las bases políticas de los procesos de neoliberalización, siendo la privatización del sistema de pensiones parte de ello (Undurraga, 2014).

Previamente, el sistema previsional chileno era uno de reparto y solidario, donde las cotizaciones de los/as trabajadores/as activos/as financiaban las pensiones de los/as trabajadores/as jubilados/as. Las cotizaciones estaban a cargo del trabajador y del empleador, y los beneficios del sistema eran definidos, es decir, había un monto jubilatorio que se conocía de antemano. De la administración y gestión de los fondos se encargaban las cajas de previsión, definidas por sectores económicos. A fines de 1960, el sistema previsional estaba compuesto por 35 cajas y 150 regímenes especiales y era un sistema obligatorio para empleados y obreros en relación de dependencia (Uthoff, 2001; Fundación Sol, 2012).

La reforma estructural a este sistema se justificó en problemáticas técnicas y también en cuestiones ideológico/políticas. Sobre las primeras, se señalaba que el esquema solidario era insuficiente para completar los beneficios definidos, causándole una gran carga fiscal al Estado, cuestión que se agravaba por el envejecimiento de la población y el aumento en la esperanza de vida; los bajos niveles de cotización tensionaban la sustentabilidad financiera del sistema, en tanto el Estado tenía más costos previsionales que ingresos por cotizaciones^[4]. Estas cuestiones generaban un gasto fiscal ascendente y un desequilibrio actuarial y financiero. Por otra parte, la cantidad de cajas y la diversidad de regímenes hacían ineficiente al sistema (Baduel, 2011; Mesa-Lago, 2004ª; 2004b; Cepal & Celade, 2009; Uthoff, 2011).

A estas críticas técnicas que venían con anterioridad a la dictadura, se sumaron críticas ideológico-políticas contrarias al socialismo y/al comunismo y basadas en la defensa del neoliberalismo como modelo de desarrollo.

Para el ideólogo del SCI, José Piñera^[5] (s/a), la solución a las problemáticas técnicas del reparto, podrían haber sido otras, pero no habrían resuelto el problema de fondo que tenía: violaba la ley de “sobrevivencia y responsabilidad” de la naturaleza humana, que existía con anterioridad a un Estado que organizara la protección social, y que

lleva al género humano -e incluso a varias especies animales- a ahorrar durante las épocas de abundancia para afrontar los períodos de escasez […]. El sentido de todo esto siempre es el mismo: para enfrentarse con determinadas situaciones difíciles hay que estar preparado y la preparación pasa fundamentalmente por la responsabilidad individual (J. Piñera, s/a: 16).

En cuanto en el sistema de reparto los trabajadores no son dueños de sus fondos, sino que son “las leyes las que determinan los beneficios previsionales […], las características de la jubilación no son resultado de decisiones libres de los trabajadores, sino consecuencia de las resoluciones del poder político” (J. Piñera, 1980). Y este era el “pecado original” del sistema, que, al romper la relación entre aportes y beneficios, fruto de la responsabilidad y ahorro individual, terminaba violando las leyes de la naturaleza humana. A su vez, amenazaba la propiedad privada y la libertad individual.

En consecuencia, el nuevo sistema debía tener como piedra angular la responsabilidad individual y la libertad, de modo tal de restablecer dicha naturaleza. Y, precisamente, el SCI potenciaría estas cuestiones: las cotizaciones, que ahora sólo las harían los trabajadores, se depositarían en cuentas individuales que serían capitalizadas en el mercado financiero y administradas por entidades privadas, las AFP, que actuarían en función de los intereses del cotizante y la incrementación de sus fondos. La jubilación sería resultado del ahorro alcanzado por cada trabajador/a, y de la “libertad de realizar ahorros voluntarios para mejor la pensión o adelantarla”, y de “la libertad de escoger como jubilación una renta vitalicia o un retiro programado”, constituyéndose una “verdadera cadena de libertades individuales” (J. Piñera, 1980).

El SCI, además, era un mecanismo individual de acumulación de riquezas que haría de cada trabajador un “pequeño propietario”, y como sus fondos serían invertidos en el mercado de capitales financiando diversas inversiones, también pasaría a tener un rol estratégico en la activación de la económica del país (De Castro, 1992). Incluso se afirmaba que desaparecerían o se aminorarían “las tensiones entre el capital y el trabajo, ya que […] [el trabajador] sería a su vez poseedor de importantes recursos de capital” (De Castro, 1992: 134). Como escribiera J. Piñera,

los trabajadores comprenden que a través de sus cuentas de pensiones se han transformado en propietarios y tienen un interés directo y visible en la economía. Como una fracción sustancial de las acciones emitidas por las compañías chilenas más grandes pertenecen a los fondos de pensiones privados, los trabajadores son de hecho inversionistas en la prosperidad del país (J. Piñera, s.f.).

En consecuencia, el SCI es un mecanismo que funciona sobre un círculo virtuoso entre ahorro individual, capitalización, crecimiento, desarrollo económico y creación de empleo, que permitirá corregir las principales problemáticas técnicas y políticas del sistema de reparto.

Porque, al ser el trabajador el único responsable de su pensión futura se verá incentivado siempre a cotizar, eliminándose las lagunas previsionales o la evasión. A su vez, los ahorros previsionales serán administrados por las AFP, quienes los invertirán en el mercado financiero para incrementarlos de modo tal que, al momento de jubilarse, el trabajador obtenga una tasa de retorno igual o superior al 85% de su sueldo en actividad. Aquí será clave la competencia, ya que para obtener más recursos y ganancias estas entidades “lucharán” por aumentar la cantidad de afiliados, ofreciendo menores costos de administración con mayores beneficios. Los dos puntos anteriores permitirán, por una parte, obtener buenas jubilaciones sin comprometer al Estado en dicho objetivo, manteniendo el equilibrio fiscal, reduciendo su rol a la financiación de pensiones para una pequeña parte de la población que no pueda adaptarse a las nuevas reglas del juego. Por otra parte, la inversión de las AFP en la economía permitirá el crecimiento económico y el desarrollo, generándose más empleo, más trabajadores con capacidad de ahorro previsional, es decir, más capital para invertir y activar la economía, generándose así nuevamente más empleo y sus consecuencias virtuosas para la sustentabilidad en el largo plazo del sistema de jubilación (Gill, Packard, & Yermo, 2004; Mesa-Lago, 2004ª; 2004b; J. Piñera, 1980; s/a).

Este mecanismo de ahorro y jubilación al fundarse en la libre elección también permitiría que el sistema previsional se liberara de “los cautiverios previsionales del pasado”: la burocracia y el dominio estatal. De este modo, al abrirse a la competencia, el nuevo sistema iba a

liquidar para siempre los inoperantes monopolios estatales del antiguo régimen. El sistema iba a crecer no en la dirección que quisieran los planificadores iluminados de alguna repartición burocrática sino en función de las preferencias de los trabajadores chilenos (J. Piñera, s/a: 18-19).

Por otra parte, “al establecerse beneficios proporcionales a los esfuerzos, desaparece una enorme fuente de poder estatal y de discrecionalidad, con sus secuelas inevitables de demagogia y politización” (J. Piñera, 1980). En este sentido, la reforma previsional hacia la capitalización individual sería “otro golpe mortal a la politización de la vida social y al marxismo, y, sobre todo, a la pobreza y a la injusticia” (J. Piñera, 1980).

Junto con ello, al ampliarse “drásticamente los márgenes de libertad individual, […] junto con la participación en la base social y el progreso económico”, el SCI se constituiría como una barrera infranqueable para el comunismo, y “al hacer propietario a cada trabajador, la reforma lo compromete activamente en el manejo responsable de la economía y en la búsqueda de la estabilidad política y la paz social” (J. Piñera, 1980).

Sobre la base de estos supuestos y principios se construyó el SCI chileno, mediante el Decreto de Ley Nº3.500 de 1980, basado en tres pilares: uno privado de ahorro obligatorio para trabajadores en relación de dependencia, financiado por una cotización equivalente al 10% de su remuneración. Estos ahorros serán los que en el futuro compondrán el monto de la pensión, teniendo el trabajador conocimiento de los ahorros que va acumulando, pero desconociendo el monto de su jubilación futura, dependiendo éste, de la cantidad de ahorros acumulados, la esperanza de vida y las fluctuaciones del mercado financiero durante el período de actividad^[6]. Un segundo pilar es el privado de ahorro voluntario para quienes quieran incrementar el valor de su pensión futura y para los trabajadores independientes. Y un tercer pilar asistencial financiado por el Estado y ahorros del trabajador, que otorga pensiones mínimas para personas ancianas de escasos recursos que no tengan suficiente historial previsional, con requisitos de edad y número de cotizaciones.

La administración y capitalización de los ahorros previsionales de los dos primeros pilares, estaría a cargo de instituciones privadas, las AFP, cuyo “objeto exclusivo [será] administrar Fondos de Pensiones y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios” (D.L. Nº3500, 1980: 23). Las AFP invertirán los fondos de cada trabajador en distintas actividades e instrumentos financieros para que crezcan con el tiempo, de modo tal de incrementar los ahorros que financiarán las jubilaciones. Las administradoras no podrán usar estos fondos para sus gastos, por lo que a la cotización se le sumará un porcentaje adicional a modo de costos de administración a cargo del trabajador. El monto de la comisión es determinado libremente por la administradora y debe ser igual para todos los cotizantes (D.L. Nº3500, 1980: 22bis). Respecto de los beneficios al momento de jubilarse, se podrá optar por una pensión vitalicia o por un retiro programado (DL Nº3500, 1980: 62 y art. 65)^[7]. Por último, para supervisar el funcionamiento del sistema y el cumplimiento de sus normativas, se crea la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.

Cabe mencionar, que este modelo privado de jubilación sirvió como ejemplo para la privatización de otros sistemas previsionales en Latinoamérica^[8].

Principales reformas al Sistema de Capitalización Individual

Cuando se instauró el SCI en el país, se prometió que los/as jubilados/as alcanzarían pensiones superiores o iguales al 85% del sueldo en actividad, sin embargo, mientras este mecanismo de ahorro para la vejez se iba desarrollando, esta promesa se fue desvaneciendo, siendo la calidad de las pensiones cada vez peor. Es por ello por lo que desde los ’90 hasta octubre del año 2019, cuando cerramos el trabajo de campo, había habido diversas modificaciones al sistema^[9]. Y, aun si estas reformas, especialmente la del año 2008, habían permitido mejoras relativas en la cobertura y monto de las pensiones, el SCI seguía significando el paso casi automático a la pobreza para un porcentaje importante de trabajadores/as jubilados/as.

Para muchos opositores de la capitalización individual la imposibilidad de hacer reformas estructurales al sistema es consecuencia de la obstrucción histórica que empresarios y políticos, tanto de derecha como de izquierda, han hecho para mantener esta forma de acumulación de capital^[10], cuestión que se hizo sin mayores dificultades en el contexto autoritario del régimen de Pinochet (Arenas de Mesa, 2010), pero que con el retorno de la democracia en los ’90 tampoco habría cambiado demasiado.

De hecho, en esta década se elaboraron informes técnicos que mostraban que con el nuevo sistema disminuía la cobertura, había fuertes presiones sobre las finanzas públicas y no había evidencia de que estuviera influyendo en el aumento del ahorro interno, sino que esto se podía explicar por otros factores (Arenas de Mesa, 2010), pero el terreno no era el propicio para que estas críticas se transformaran en una decisión política. Por el contrario,

cualquier crítica que apuntara a alterar su esencia tenía escasa acogida en ese período en que las AFP se convirtieron en un producto de exportación no tradicional “made in Chile”, que insufló de orgullo no sólo a sus creadores, implementadores y grupos económicos que participaban de este mercado, sino también a los funcionarios a cargo de la fiscalización del sistema, algunos de los cuales se convirtieron en entusiastas promotores del mismo (Arenas de Mesa, 2010: 27).

Las modificaciones al sistema realizadas en los ’90, en consecuencia, no apuntaron a aspectos sociales o avanzar en una acción del Estado más allá de su rol regulador o garante del funcionamiento del Mercado, sino que fortalecieron el Mercado de las AFP y al mercado de capitales, su rentabilidad, comercialización, etc., ^[11] y las discusiones en torno al funcionamiento del sistema versaron sobre cómo estas cuestiones y la acumulación de recursos afectarían el futuro de la macroeconomía chilena (Arenas de Mesa, 2010).

Ya en la primera década del siglo XXI, los límites del SCI para otorgar buenas pensiones e informes técnicos que mostraban el “drama” de las pensiones futuras y las promesas incumplidas de la capitalización, comenzaron a tener mayores efectos sobre las decisiones políticas, haciéndose evidente la necesidad de otorgarle un rol más activo al Estado en la cuestión previsional. Estas reflexiones no sólo ocurrieron en Chile, sino que en varios países de la región y del mundo^[12], realizándose importantes cambios asociados a las cuestiones previsionales, conocidos como reformas de segunda generación, o contra-reformas^[13], pues tenían como objetivo revertir las promesas incumplidas del SCI, que más que aliviar las problemáticas estructurales de los sistemas de protección para la vejez, las había agudizado (Mesa-Lago, 2004)^[14].

En este contexto, en 2008 se implementa la primera gran reforma al SCI, la cual es muy importante, primero, en términos simbólicos, ya que revertía una de las críticas más fuertes al sistema, a saber, su instauración durante la dictadura militar, sin un diálogo democrático que lo legitime. Ello pues, para la formulación de esta, el gobierno de Bachelet (2006-2010)^[15] convocó en 2006 a un diálogo ciudadano y constituyó un Consejo Asesor Presidencial –Comisión Bravo– para discutir y diseñar una reforma al sistema de pensiones, incorporando la voz de la sociedad civil (Soto Pimentel, 2015). Segundo, esta reforma es relevante en términos sociales y políticos, ya que le da al Estado un rol central como garante de las pensiones, las cuales concibe como un derecho universal –aunque esta universalidad será focalizada–, independientemente de la capacidad de ahorro de los/as trabajadores/as. Así, si bien se mantiene el SCI, se incorpora un pilar solidario financiado por el Estado que otorga pensiones para quienes no tuvieran cotizaciones o no tuvieran las suficientes para una pensión digna.

Ahora bien, la convocatoria ciudadana para discutir la reforma –donde participaron actores del sector privado, gremial, social, técnico y político– estuvo encorseta por el diagnóstico que tenía el gobierno sobre el sistema previsional^[16]: si bien tenía innumerables problemas, el SCI como forma de financiamiento no había fracasado. De hecho, para trabajadores estables, con cotizaciones regulares a lo largo de toda su vida, los ahorros previsionales les permitían financiar pensiones cercanas a sus ingresos durante el período activo (Bachelet, 2005; 2006; 2009). Los problemas de vulnerabilidad y desigualdad en la vejez se asociaron a “fallas en los supuestos claves sobre cómo se comportarían los afiliados dentro del nuevo sistema y una inadecuada estructuración de sus pilares fundamentales” (Bachelet, 2005: 29). En consecuencia, la propuesta de reforma que emanó del Consejo asesor presidencial sólo incorporó las sugerencias de la sociedad civil que concordaban con este diagnóstico gubernamental^[17].

Fruto de este proceso de discusión y diseño, se promulgó y entró en vigencia en 2008 la Ley Nº20.255, cuyas modificaciones le dan forma, en términos generales, al funcionamiento actual del Sistema previsional^[18]: un pilar de ahorro obligatorio y voluntario individual, de capitalización y de administración privada para trabajadores/as dependientes e independientes, incorporándose la obligación progresiva a cotizar para trabajadores independientes. Se reemplaza el componente asistencial, por un pilar solidario financiado por el Estado, que otorga la Pensión Básica Solidaria, para personas que no hayan realizado cotizaciones, y el Aporte Previsional Solidario, para quienes, habiendo cotizado en el SCI, tuvieran pensiones inferiores a la pensión máxima con aporte solidario. Para acceder a estos beneficios, en ambos casos, se debe cumplir con la edad jubilatoria (60 años las mujeres y 65 años los varones), integrar una familia perteneciente al 60% más pobre de la población y ser residente chileno por un mínimo de años (Ley N.º 20.255, 2008: arts. 3 y 9). Estos últimos requisitos son los que le dan el carácter de universal-focalizado al pilar solidario.

Junto a estas reformas que afectan directamente al Estado y su presupuesto, se tomaron una serie de medidas para incrementar la competencia y la rentabilidad en el mercado de las AFP.

El primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) mientras reconoce el mejoramiento de las pensiones producto de esta reforma, critica la falta de una mirada integral del mundo al que pertenecen las personas mayores. Por ello, su gobierno abordó la problemática de las personas mayores desde la perspectiva del envejecimiento, otorgándole a la “experiencia y a la sabiduría que pueden aportar nuestros adultos mayores un lugar destacado, promoviendo simultáneamente su integración social” (S. Piñera, 2009: 148). Su propuesta programática apuntó a una mayor coordinación en las políticas para adultos/as mayores en los temas de salud, transporte público y tiempo libre –incluida la incorporación al mundo del trabajo–, sin incorporar cuestiones relativas al monto de las pensiones o al sistema jubilatorio.

Esta postura del gobierno se mantuvo hasta 2013, cuando irrumpe en la escena pública la Coordinadora No+AFP. En aquella oportunidad el gobierno reconoció que el sistema no estaba cumpliendo con sus promesas originales y que las personas al jubilarse tenían una fuerte caída en sus ingresos. Se afirmó que se estaba trabajando en una reforma para mejorar el monto de las pensiones, apuntando a mejorar la competencia entre las AFP, aumentar la cotización previsional y buscar mecanismos para extender la vida laboral. Sin embargo, este anuncio se dio 9 meses antes del término del gobierno, no enviándose al Congreso el proyecto de ley respectivo.

Dejándole la posta al gobierno siguiente, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018)^[19] se crea una segunda Comisión asesora para reformar el sistema de pensiones, con participación de diferentes actores de la sociedad civil. En esta oportunidad, el objetivo del gobierno era mantener la capitalización individual, pero incorporando una AFP estatal.

Este proceso de formulación de un nuevo proyecto de ley para reformar el sistema es interrumpido en el año 2016 con el caso “jubilazo”, donde una ex funcionaria de Gendarmería recibió una pensión de jubilación de $5.000.000 de pesos chilenos (U$S 7140 aprox.) sin cumplir con los requisitos para ello, en un contexto donde casi el 91% de los jubilados recibía menos de 150.000 pesos chilenos (U$S 214 aprox.). Esto generó una gran indignación ciudadana y bajo la consigna “No+AFP”, el día 24 de julio un conjunto de organizaciones sociales, sindicales, académicas y la propia ciudadanía, se manifestaron masivamente para reclamarle a la clase dirigente un cambio estructural al sistema de jubilación (Soto Pimentel, 2016). Este hecho fue muy significativo, por una parte, porque, permitió que la Coordinadora NO+AFP adquiriera visibilidad pública y se constituyera como un interlocutor válido entre el ejecutivo y la ciudadanía, llevando el reclamo por NO+AFP. Por otra parte, porque hizo que el gobierno cambiara el foco de su propuesta inicial de reforma y se abriera, por primera vez, a incluir elementos de un sistema de reparto.

En efecto, luego de esta gran movilización, el gobierno propone una nueva reforma, fortaleciendo el carácter solidario del sistema y señalando que el sistema debía ser “verdaderamente mixto y tripartito” (Bachelet, 2016). Se propone aumentar en un 5% la tasa de cotización, incremento que estará a cargo del empleador (en un plazo máximo de 10 años), recursos con los que se crearía un pilar de ahorro colectivo solidario, para mejorar las pensiones actuales y futuras. Se establecerían límites al actuar de las AFP, que tendrían que devolver las comisiones a las cuentas individuales cuando las rentabilidades de las inversiones fueran negativas. Se mantuvo la propuesta de la creación de una AFP estatal para aumentar la competitividad y de mayor participación de los usuarios en la gestión de los fondos y de las administradoras. Por último, se reafirmaba la necesidad de sustentar estos cambios en un gran pacto nacional, que le de sustento, que incorpore las mejores ideas y que “reparta con justicia los beneficios y las responsabilidades del esfuerzo común” (Bachelet, 2016). Para ello, se iniciarían reuniones con trabajadores, empresarios, académicos, representantes del mundo social, del gobierno y de la oposición, para llegar a un amplio acuerdo. Finalmente, en abril de 2017 se anuncia el envío del proyecto de ley para mejorar el sistema previsional, para avanzar hacia un sistema “realmente mixto”. En la misma se mantiene lo anunciado en el año 2016, pero se hacen modificaciones al destino del 5% de cotización adicional a cargo del empleador: un 3% se destinará a las cuentas individuales y el 2% a un fondo de ahorro colectivo, y no se incorpora la creación de una AFP estatal.

Sin embargo, la discusión parlamentaria de este proyecto quedó diluida por las campañas presidenciales de 2017. El resultado de las elecciones a favor de la coalición de centro derecha de Sebastián Piñera, terminó sepultando esta propuesta.

En octubre de 2018 el gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022)^[20] envía al Congreso su proyecto de ley de reforma previsional. A diferencia de la propuesta del gobierno anterior, proponía un incremento del ahorro previsional de un 4% financiado por el empleador. Partiendo de la base de que “el ahorro previsional pertenece a los trabajadores y, en consecuencia, ellos y sólo ellos tienen el derecho a elegir quién y cómo administra sus ahorros previsionales” (S. Piñera, Mensaje para mejoras en el sistema de pensiones al parlamento, 2018e), el trabajador podría elegir libremente quien administrará ese 4% adicional. Para ello, se podrán crear nuevas instituciones (Cajas de Compensación, Cooperativas de Ahorro y Créditos, Administradoras Generales de Fondos, AFP, Compañías de Seguros de Vida, etc.), o se podrán escoger las ya existentes. Además de realizar propuestas para mejorar las prestaciones del pilar solidario, con esta reforma se crearía un nuevo aporte estatal para pensionados de la clase media que superen un mínimo de cotizaciones, aporte que será mayor para el caso de las mujeres y para quienes “voluntariamente posterguen su permanencia en la fuerza de trabajo y su edad de jubilación” (S. Piñera, Mensaje para mejoras en el sistema de pensiones al parlamento, 2018e). Por último, se incorpora la posibilidad de retirar la mitad del ahorro adicional devenido de postergar la edad de jubilación.

A continuación, revisamos las principales problemáticas que aquejaban el funcionamiento del SCI hasta el cierre del trabajo de campo de esta investigación, y que han sido objeto de los intentos de reforma y de la protesta ciudadana con el mismo.

Problemáticas estructurales del sistema previsional en la actualidad

El sistema previsional chileno ha sufrido de problemáticas estructurales que han sido el principal motor para la propuesta de reformas y de demandas de la ciudadanía para un cambio estructural al sistema, especialmente desde inicios del siglo XXI. Estas problemáticas tienen que ver con el incumplimiento de las promesas del SCI sobre el monto de las pensiones, las tasas de reemplazo y el rol del Estado y de las AFP frente a estas cuestiones.

Respecto de la primera problemática, en 2019, el monto promedio de las pensiones autofinanciadas fue de U$D302 aproximadamente, cifra menor al sueldo mínimo que en promedio fue de U$D419. En el monto de las pensiones por género, observamos una desigual distribución, siento el monto promedio de las pensiones más altas en varones (U$D384) que en mujeres (U$D 243). A su vez, mientras que la mitad de las mujeres recibía una pensión igual o menor a U$D163, el 50% de los varones recibió una pensión igual o menor a U$D221 (Superintendencia de Pensiones, 2020)^[21].

Estas cifran mejoran cuando las pensiones autofinanciadas son subvencionadas con el aporte previsional solidario financiado por el Estado, siendo el monto promedio de las pensiones en el caso de los varones de U$D431, un 12% superior respecto de las pensiones de vejez autofinanciadas. Si bien esta cifra sigue siendo baja, a diferencia de las pensiones autofinanciadas, en 2019 rosaron el sueldo mínimo. Para el caso de las mujeres, se repite la tendencia de las pensiones de vejez autofinanciadas: es de 275U$D aproximadamente, y si bien aumenta en un 13% respecto a las que no cuentan con dicho aporte estatal, sigue muy por debajo del sueldo mínimo y por debajo del monto de las pensiones similares de varones (Superintendencia de Pensiones, 2020).

Estos datos son elocuentes si consideramos que la línea de la pobreza en Chile –es decir el ingreso mínimo que una persona debiese tener para satisfacer sus necesidades alimentarias es de U$D218 (Casen, 2018), por lo que al menos la mitad de las mujeres que se jubilan obtienen una pensión autofinanciada que está por debajo de la línea de la pobreza–. Así mismo, si consideramos que la línea de la pobreza extrema es de U$D146 (Casen, 2018), la situación previsional para alguno de ellos es aún peor, en tanto no contarían ni siquiera con los ingresos suficientes para alimentarse.

Las bajas tasas de reemplazo, es decir el porcentaje del salario en actividad que representa el monto de la pensión, también pone en aprietos las promesas del SCI. Según la OCDE (2019), la tasa bruta de reemplazo para los varones es de entre un 30% a un 37%, y es entre un 7% y 27% mayor que la de las mujeres. Otro indicador del bajo nivel de esta tasa es la composición del ingreso de las personas mayores, que en promedio corresponde el 18% a transferencias públicas, el 27% a transferencias privadas (pensiones, indemnizaciones, subsidios por fallecimientos, etc.), el 5% a capital (ahorros previsionales personales y los interese de ahorros no previsionales) y casi el 50% a trabajo en relación de dependencia o independencia (OCDE, 2019). Esto significaría que el/la jubilado/a requiere completar su pensión con un trabajo remunerado.

Y, en efecto, la tasa de participación laboral de las personas entre 60 y 64 años es del 59% (correspondiendo un 83% a varones y un 39.9% a mujeres), mientras que la tasa de participación laboral de personas iguales o mayores a 65 años es del 21% (edad en que varones y mujeres ya están en edad de jubilar) (Casen, 2017a). Respecto de la tasa de participación laboral de la población en edad de jubilarse, esta es del 24%, siendo de un 33% en el caso de los varones y de un 24% en el caso de las mujeres (Casen, 2017b). Por último, si bien el porcentaje de adultos/as mayores en edad de jubilar que recibía una pensión y no estaba trabajando era del 61%, había un 10% de personas que seguían trabajando y recibiendo una pensión, y otro 10% continuaba trabajando sin recibir una pensión (Casen, 2017a).

El rol subsidiario y mínimo que el Estado iba a cumplir en el SCI se ve contrastado por el alto porcentaje de financiación de las pensiones que están a su cargo. En efecto, del 75% de la población en edad de jubilar que recibía una pensión (81% los varones y 71% las mujeres), sólo el 42% correspondía a una pensión contributiva (64% los varones y 31% las mujeres), financiada por el SCI^[22]. El 27% recibía una pensión totalmente financiada por el Estado, ya sea pensión asistencial o pensión básica solidaria de vejez (17% varones y 34% mujeres) (Casen, 2017b).

Por su parte, el gasto público previsional (que incluye el gasto en pensiones del pilar no contributivo, pensiones del antiguo sistema de reparto, bonos de reconocimiento, y pensiones de las fuerzas armadas) era de 6.077.810.461M$ equivalente al 4.6% del PBI (Subsecretaría de Previsión Social, 2019). A diciembre de 2018 el pilar no contributivo otorgaba un total de 1.507.592 en pensiones pagadas vigentes (entre ellas la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario) y 174.037 pensiones de las fuerzas armadas. Mientras, las AFP a la misma fecha otorgaban un total de 1.339.543 pensiones pagadas vigentes (Subsecretaría de Previsión Social, 2019).

Una de las cuestiones que también es considerada una promesa incumplida del sistema es la de que el/la trabajador/a por medio de la capitalización se convertiría en un “pequeño propietario”, con influencia en la activación de la economía y, por ende, en el mejoramiento de salarios y condiciones laborales. Primero, porque los/as cotizantes no pueden disponer de sus ahorros en caso de que quisieran sacarlos, como sí ocurre en otros países. La única forma de acceder a ellos es a través de créditos de consumo con altas tasas de interés que van desde el 20% al 40%, créditos que son otorgadas por instituciones bancarias, consorcios empresariales y financieros, receptoras de las inversiones que hacen las AFP con los ahorros de los/as mismos/as trabajadores/as (Fundación Sol, 2016). Por otra parte, el/la trabajador/a no tiene injerencia directa y efectiva en la toma de decisiones de inversión de sus propios fondos, para eso están las AFP, mientras que las instancias participativas que existen con dicho fin tienen sólo un carácter consultivo. Un ejemplo de ello es que algunas inversiones que gestionan las AFP se han hecho sobre empresas que han estado involucrados en casos “reñidos con la ley” o en causas de colusión que han sido investigadas y sancionadas por delitos vinculados a los negocios que desarrollan e incluso a casos de contaminación. Para Gálvez Carrasco & Kremerman (2020), todas cuestiones que han atentado directamente contra los/as trabajadores/as, son inversiones que, no hubiesen ocurrido si fuera el/trabajador quien decide dónde invertir sus ahorros.

La única promesa cumplida del SCI pareciera ser su capacidad para acumular riquezas, constituyéndose el fondo de ahorros previsionales y la industria de las AFP en una fuente infinita de recursos para la activación de la economía chilena y en un negocio que sin duda ha traído beneficios. De hecho, durante el año 2019, crisis social y política mediante, las 6 AFP que actualmente conforman el Mercados de fondos de ahorros de pensión obtuvieron un 59% más de utilidades que el año 2018, sumando 645 millones U$D (Diario Financiero, 2020). Por otra parte, en el año 2019 el monto total de los fondos de pensión fue equivalente al 80.7% del PBI de Chile.

Sin embargo, estos beneficios han estado lejos de completar el círculo virtuoso entre ahorro previsional, capitalización, inversión, crecimiento, creación de empleo y tasas de retorno del 85% o más. Así, por ejemplo, el 52.4% de estos fondos es invertido en instituciones que operan en el territorio nacional (extranjeras o nacionales) y de este porcentaje, el 38.4% de los ahorros previsionales son destinados a Instituciones financieras, el 34.3% a instituciones estatales, el 23.2% a empresas y el 4,1% a Fondos de inversión, fondos mutuos y fondos de capital de riesgo (Galvez Carrasco & Kremerman, 2020). Lo anterior significa que del total de ahorros previsionales sólo un 29% aproximadamente es invertido en actividades productivas nacionales (empresas e instituciones financieras), mientras que el resto se invierte fuera del país o en el mercado financiero, sectores con bajo potencial para generar un círculo virtuoso al interior de la economía chilena, de modo tal de generar más y mejor trabajo, por ende, mayores niveles de cotización e inversión para incrementar los ahorros. Así, si bien el sistema se habría convertido en el oxígeno financiero de la economía, ya que gran parte de las inversiones del país dependen de los activos ahorrados por los/as trabajadores/as en los fondos de pensión, siendo exitoso en términos de mercando, no lo ha sido en términos de protección y promoción de derechos sociales (HispanTV, 2016).

La Coordinadora NO+AFP emerge en este contexto de reformas y propuestas de cambios al sistema de jubilación y de las promesas incumplidas del SCI.

Proceso de emergencia, constitución y devenir de la Coordinadora NO+AFP. “Para conquistar el derecho a una vejez digna, debemos decir ¡NO+AFP!”

La Coordinadora NO+AFP emerge en el año 2013, fundada por organizaciones sindicales del sector público y privado y a la cual con el tiempo se incorporarán otras organizaciones de diferentes partes del país (Coordinadora NO+AFP, 2016a). Nace en un contexto donde si bien la reforma más importante que se había llevado a cabo desde 1981 al SCI había tenido un impacto positivo sobre el monto de las pensiones y la cobertura del sistema, la situación previsional seguía siendo dramática para parte importante de la población adulta mayor, siendo las bajas pensiones, las insuficientes tasas de reemplazo y el alto costo fiscal del sistema, una constante en su implementación por lo menos desde el siglo XXI. Esto, a su vez, contrastaba con el alto nivel de ganancias que obtenían las AFP a costa de los ahorros de los/as trabajadores/as.

En este marco, la Coordinadora se autodefine como un grupo de ciudadanos organizados que, como otros, no tolerarán más pensiones de miseria y lucharán para que el esfuerzo de todas/as permita “conquistar el derecho a la vejez digna. Es hora de decir fuerte No+AFP”, de hacer justicia (Coordinadora NO+AFP, s.f.). Para ello, demandan terminar con el SCI como mecanismo para otorgar pensiones en Chile, bajo “la constatación empírica y científica que en el marco del actual sistema de capitalización no será posible mejorar las pensiones de nuestros actuales compatriotas” (Coordinadora NO+AFP, 2016: 7), y peor aún, serán cada vez más precarias. A su vez, proponen instaurar un nuevo Sistema de Seguridad Social, de financiamiento tripartito, de reparto y con un fondo de reservas técnicas que asegure ahora y en el futuro pensiones dignas para todos/as. Para la Coordinadora este objetivo no es solamente práctico, en el sentido de mejorar el nivel de vida al alcanzar la vejez, sino que es un objetivo ético en cuanto se identifican entre aquellos que se resisten “a ceder ante quienes persisten en acentuar el individualismo por sobre lo colectivo; el individualismo por sobre lo solidario” (Coordinadora NO+AFP, 2016: 7-8).

Este colectivo, es importante advertir, no representa la primera organización o frente de articulación en manifestarse contra el SCI. En efecto, ya en 1985 hay registros, con la emergencia de la “Asamblea de la Civilidad de Concepción”, de un colectivo que ante la prohibición de la dictadura (1973-1990) de crear partidos políticos, reunió diferentes organizaciones sindicales, estudiantiles, poblacionales de mujeres, transportistas y comerciantes, para luchar contra el régimen. Entre ellos, se menciona la existencia del Comando de Defensa de la Previsión (Gómez Rojas, 2016). En 1995, como consecuencia de una abrupta caída de las acciones eléctricas por la guerra de gasoductos, “la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) llamó a transparentar lo que serían las jubilaciones en las AFP y, al igual que otros gremios como el Colegio de Profesores, pidió la vuelta atrás del sistema” (Arenas de Mesa, 2010: 33). En la primera década del 2000 las movilizaciones contra el sistema previsional vendrán del mundo gremial: la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (en adelante ANEF) presenta una propuesta de retorno al sistema de cajas previsionales, para reparar el daño previsional que los empleados estatales habían sufrido al ser obligados a pasar del Sistema de Reparto al SCI; en 2004 la Unión Portuaria de Chile presenta la Propuesta nacional de los trabajadores marítimos y portuarios de Chile, para constituir un fondo de propiedad común, de financiamiento tripartito, que tenga como fin otorgar pensiones, pero también otros beneficios de protección social (Mejías y Panes, 2018). En estos dos casos se estructuran

propuestas de cambio con orientaciones de retorno a las antiguas cajas de previsión social, a partir de la constatación de dos modalidades de daño previsional estrechamente vinculadas a condiciones históricas y especificas del trabajo en cada uno de los gremios (Mejías & Panes, 2018: 66).

Ya en 2008, como consecuencia de la crisis bursátil mundial, que afectó negativamente los ahorros previsionales capitalizados, comenzarán a emerger otras movilizaciones con críticas estructurales al sistema. Así, la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines (en adelante Confederación Bancaria), protesta en contra de los elementos estructurales del SCI, interponiendo demandas a las AFP por las pérdidas sufridas y la exigencia de reparación de daños (Mejías & Panes, 2018). También emerge en la ciudad de Concepción el Movimiento por la Seguridad Social y la Previsión que reúne a los trabajadores/as de la ENAP-PETROX, que además de pedir la derogación de las AFP, pide el retorno a las antiguas mutuales de trabajadores/as.

Finalmente, en el año 2013 se conformará la Coordinadora. Sin embargo, no será hasta el año 2016 cuando el reclamo por No+AFP y el propio movimiento adquirirán visibilidad pública y adhesión ciudadana, evidenciándose las principales contradicciones y promesas incumplidas del Sistema de Pensiones. A continuación, profundizamos en este proceso de emergencia y desarrollo de la Coordinadora NO+AFP.

Antecedentes. El camino hacia la articulación de esfuerzos para terminar con las AFP

La conformación de la Coordinadora, según sus integrantes, es resultado de un proceso histórico de lucha y de paulatina puesta en evidencia de que el sistema de pensiones inaugurado en dictadura no era un sistema para asegurar “buenas pensiones”.

En efecto, como relatan, las promesas incumplidas del sistema no fueron visualizadas con nitidez desde que éstas aparecieron. Por una parte, porque las bajas pensiones eran pocas y correspondían a los/as primeros/as trabajadores/as pensionados/as por el SCI, por lo que se interpretaron como un efecto de transición al nuevo sistema, en cuanto habían cotizado también en el sistema de reparto (Referente-1 CONFUSAM, entrevista, 24/9/2019).

Pero con el pasar del tiempo, esto que parecía una excepción, se hizo regla. De hecho, en algunos sindicatos antes que se fundara la Coordinadora “el tema de las pensiones ya estaba incorporado porque era una cuestión que estábamos empezando a ver a medida que más gente se jubilaba por el sistema, la condición paupérrima que son las pensiones en Chile” (Referente-1 CONFUSAM, entrevista, 24/9/2019).

En este proceso de visibilización fue crucial la participación de los/as referentes en la dirigencia sindical, plataforma que les permitió ir conociendo los casos de los/as asociados/as que se iban jubilando. Uno de los referentes de la FENPRUSS, por ejemplo, relata que desde los inicios del SCI ya se tenían aprehensiones, en tanto había sido impuesto en dictadura, sin posibilidad de diálogo, y sólo para la población civil, no para las fuerzas armadas. Pero de lo nefasto del modelo se fue dando cuenta cuando asume como dirigente sindical. En sus propias palabras:

Cuando ya asumí las labores dirigenciales, tanto en el hospital y después en la Federación como dirigente nacional, bueno, me quedó más del todo claro, digamos, que, a raíz de los compañeros que iban a jubilarse, con las pensiones que se iban jubilando, que el sistema estaba absolutamente fracasado y que había que oponerse a él y buscar alternativas (Referente FENPRUSS, entrevista, 3/9/2019).

En paralelo, había una serie de otras batallas previsionales que venían dando algunas sindicales de los/as trabajadores/as del Estado, por los efectos que las reformas estructurales de la dictadura habían tenido sobre sus ahorros previsionales y que se conoce como el “daño” previsional. Así, por ejemplo, por los procesos de descentralización administrativa que se realizaron en dicho período, los/as ex profesores/as estatales pasaron de pertenecer de la administración nacional a la administración municipal, y con ello a ser trabajadores/as privados. Esto, significó una merma en los ahorros previsionales que fue disputada con el Estado, incluso en tribunales internacionales. Como relata uno de sus dirigentes:

Pinochet el año 80 […] promulga una ley […], una que le va a reajustar el salario a todos los trabajadores públicos, […], por el deterioro que había habido entre el año 73, el año del golpe, con respecto al año 81 donde, producto de la situación económica de Chile, los salarios de todos los chilenos habían bajado. […] … Pero justamente el año 81 se municipaliza la educación, o sea, la educación sale del Estado y se va a las municipalidades, y, por tanto, los profesores pasamos a ser funcionarios privados, particulares, y eso hizo entonces […] que quedamos fuera […] de esta ley de aumento salarial, y, por tanto, el profesor chileno ha perdido triple, […]: primero, menos salario, desde el año 81 a la fecha, por una ley que está vigente que a los profesores no se les paga. Segundo, menos pensión porque hay menos previsión que se ingresa a las cajas, a las AFP o al servicio antiguo. Y tercero, porque las pensiones que está dando el sistema son muy bajas (Dirigente Colegio de Profesores, entrevista, 16/9/2019).

Para una de las referentes de la salud municipal, la lucha que dieron las sindicales por la recuperación del daño previsional “fue el puente preparatorio para lo que será la Coordinadora de trabajadores NO+AFP” (entrevista, 10/10/2019).

Las disputas previsionales que tuvieron los gremios de trabajadores/as estatales tuvieron algunos logros, sin embargo, el problema de las bajas pensiones siguió existiendo. Por ejemplo, como señala una entrevistada, el sector de salud municipal tiene mayor estabilidad laboral, permitiendo pensiones por sobre la media nacional. Pero siguen siendo pensiones insuficientes, “porque [si] la mayoría está recibiendo un tercio del salario mínimo, nuestro sector tiene pensiones de 2/3 del salario mínimo (risas), esa es la proporción” (Referente-2 CONFUSAM, entrevista, 10/10/2019).

Por otra parte, señalan que dentro del sector público la lucha por la previsión se había reducido a bonos. Así, por ejemplo, en la salud municipal se da un “incentivo al retiro” que es una bonificación al momento de jubilar de 21.5 sueldos para las mujeres y de 20.5 sueldos para los varones. Pero, para una de las referentes de la ANEF,

los bonos no resuelven el problema de la previsión, el bono es una cantidad de plata que se te da un día y al otro día ya no está, porque […] a ti no te formaron para ser empresario, pa’ hacer crecer la plata. Después puede irse en un taxi que tu compraste pa’ hacerlo trabajar, y fracasa… choca el taxi, no tenía seguro o… no sé, no sabes manejar el taxi, el uber, ahora… pero eso también significa que sigues trabajando, aunque sea con tu propio capital, sigues trabajando, entonces no resuelve el problema de la pensión (entrevista, 2/9/2019).

Los/as dirigentes/as entrevistados/as no mencionan si dentro de las luchas gremiales había una propuesta para terminar con el SCI^[23], pero, según datos de la Coordinadora, no será hasta el año 2008 en que los sindicalistas empezarán a considerar con mayor atención este aspecto del sistema. Ello, como consecuencia de la crisis bursátil y financiera mundial que se produjo ese año y que trajo enormes pérdidas en los ahorros previsionales de los trabajadores (Coordinadora NO+AFP, s.f.)^[24] y por las medidas que tomaba la clase dirigente, “aferradas a su filosofía neoliberal, dando luz verde a la especulación, estrategia que por lo demás ha sido la característica esencial del modelo económico chileno” (Coordinadora NO+AFP, s.f.).

Los/as dirigentes entrevistados/as coinciden en señalar que la Confederación Bancaria tuvo un rol determinante en el proceso de focalización en la capitalización individual como fuente del problema de las bajas pensiones y en el inicio de la lucha para terminar con las AFP. De hecho, fueron los primeros en salir a la calle a explicar lo que significaba el sistema (Referente FENPRUSS, entrevista, 3/9/2019).

Según registros de la Confederación Bancaria, efectivamente, ésta fue protagonista de diversas acciones de protesta directa contra las AFP durante el año 2008. Precisamente en octubre, junto con la Confederación de Empresas Privadas, la Federación de Trabajadores de la Construcción y la Madera, y la Federación Nacional de Trabajadores de CIMM (organización ligada a la producción cuprífera) se apostaron fuera del Ministerio del Trabajo y Previsión Social para denunciar las pérdidas en los ahorros previsionales producto de la crisis financiera (Confederación Bancaria, 2008a). En la ocasión, hicieron un llamado “a los trabajadores a formar un frente común en la defensa de nuestros fondos. Si siguen cayendo, es seguro que cientos de miles de esforzados trabajadores tendrán una vejez miserable” y, como reivindicación de fondo, se planteó “el fin de las AFP’s y el término de la especulación con nuestros ahorros” (Mesina, Declaración fuera del Ministerio del Trabajo y Previsión Social Chile, 2008).

Así también, en noviembre de ese mismo se constituye el Frente Amplio de Trabajadores en defensa de los ahorros previsionales, una joven agrupación de organizaciones sindicales de la construcción, la banca, el comercio, servicios, empleados públicos y el cobre que propone el fin de las AFP (Confederación Bancaria, 2008b)^[25]. Luis Mesina, en representación de este Frente, irrumpe en un Seminario sobre Previsión Social organizado por el Ministerio del Trabajo, con asistentes del sector público y privado, donde no tenían permiso para exponer, denunciando los límites del SCI respecto de las pérdidas y su lógica de ahorro forzoso, en tanto los trabajadores no sólo son obligados a cotizar en dicho sistema, sino que también son incentivados a cotizar en el fondo más riesgoso. Además, señala la falta de libertad de expresión para posturas diferentes a los defensores políticos y privados de la capitalización individual, expresando que

en Chile no existe democracia, porque si así fuera, usaríamos los canales de los que hoy no carecemos para expresarnos. Estamos intentando ejercer un derecho fundamental, que, lamentablemente, luego de casi 20 años después de la dictadura, todavía no podemos experimentar satisfactoriamente (Mesina, Declaración en Seminario sobre Sistema Previsional, 2008)

Entre 2009 y 2010 interpusieron, como medida inmediata y transitoria, una serie de demandas contra las AFP para que se hicieran cargo y repararan la pérdida verificada por los fondos previsionales, y que el Gobierno asumiera su responsabilidad política al respecto^[26]. Pero la gran demanda de fondo seguía siendo terminar con el régimen de ahorro forzoso

impuesto bajo la Dictadura y consolidado por la Concertación. Se trata, de luchar por un sistema de seguridad social fundado en los principios de la solidaridad y la universalidad, de manera tal de restituir el régimen de reparto, donde los más jóvenes cubren a los más viejos (Confederación Bancaria, 2010).

A partir del año 2012 “comienzan a surgir diversas iniciativas que confluirán en lo que hoy conocemos como la ‘Coordinadora Nacional de Trabajadores NO+AFP’” (Coordinadora NO+AFP, s.f.). Fue un proceso de “reagrupamiento”, mediante encuentros y reuniones que hicieron coincidir a diferentes actores del mundo sindical, social, económico y político. Por ejemplo, en marzo de 2012 en la ciudad de Los Andes se llevó a cabo el Seminario “Sistema Previsional (AFP) y el despojo a los Trabajadores Chilenos” ^[27], convocado por organizaciones sindicales y estudiantiles^[28], y al cual asistieron dirigentes sociales, sindicales, intelectuales y políticos. Ahí se discutieron las problemáticas del SCI y las contradicciones de sus pilares, la situación de los/as pensionados/as actuales y futuros y las posibles soluciones. También, se señaló la necesidad de unión entre trabajadores, movimientos sociales y la ciudadanía, y de salir a la calle para luchar, y alcanzar los cambios deseados. Como señala el entonces director nacional de la CUT, era necesario “crear un gran movimiento para poder generar un trabajo mucho más concreto hacia el cambio definitivo o las transformaciones definitivas que requiere este fondo de pensiones” (Bertín, 2012). Y ese esfuerzo implicaba una unión más allá de los colores de los partidos políticos.

En abril de ese año la Bancaria realizó en Santiago el seminario “En la búsqueda de una nueva previsión, NO+AFP”, donde se reunieron cientos de dirigentes de diversos sectores de trabajadores/as, representantes del mundo social y estudiantil (Coordinadora NO+AFP, s.f.; Confederación Bancaria, 2012). En el mismo mes, el Movimiento Ciudadanos por una Previsión Justa y Digna de la ciudad de Rancagua, convoca a dirigentes sociales, sindicales y políticos, donde reafirman su compromiso para terminar con las AFP. A ello se sumaron la conformación del Movimiento por la Seguridad Social y la Previsión de la ciudad de Concepción que aglutina a diferentes sindicatos en la región del Bío-Bío. En el Sindicato de Petrox, confluyeron diversas organizaciones que permitieron la emergencia de la Coordinación por NO más AFP y en defensa de la Mutuales, y que protagonizaron en diciembre de 2012 en la ciudad de Talcahuano una gran movilización contra las AFP (Coordinadora NO+AFP, s.f.). Posteriormente, siguieron experiencias similares en otras ciudades importantes, tales como Valdivia, Valparaíso y Arica.

Todos estos acontecimientos evidenciaron la necesidad de unir a las agrupaciones y de coordinar los esfuerzos de concientización y reclamo contra el SCI, que en todo al país se venían haciendo. En función de ello, el 5 de junio de 2013, en la sede de Santiago de la ANEF se congregaron más de 80 dirigentes sindicales en el encuentro multisindical “A terminar con las AFP”, organizado y convocado por las sindicales Confusam, Fenpruss, Anef y la Confederación Bancaria (Resumen, 2013). En el encuentro, algunas de las organizaciones regionales, que ya venían avanzando en el diagnóstico del sistema de pensiones, problemas y posibles soluciones, expusieron sus posiciones. Posteriormente, se llevó a cabo un panel, compuesto por investigadores de la Fundación Sol y del Centro de estudios –Cenda– y el secretario general de la Bancaria, Luis Mesina, donde se presentaron experiencias internacionales. Una tercera parte del encuentro consistió en el trabajo en tres comisiones donde se abordaron las siguientes temáticas: elaboración de una propuesta técnica, difusión y propaganda y movilización (Resumen, 2013).

Es en esta instancia, en el último año del primer gobierno de Piñera (2010-2014), donde nace la Coordinadora^[29]. En su declaración fundacional^[30] (2013), dirigida a los trabajadores del país, se señala el origen en la dictadura militar del sistema de pensiones actual y se explica que, con su implementación, “se ha procedido a la confiscación de las cotizaciones de los trabajadores, creando una fuente de capital disponible para financiar inversiones de los grandes grupos económicos”. En este sentido, el sistema ha sido “un éxito de expropiación de parte del salario de los trabajadores en beneficio de una minoría de saqueadores, a quiénes el Estado chileno ha entregado plena protección durante 32 años” (Coordinadora NO+AFP, Declaración fundacional, 2013).

Respecto de las causas de las bajas pensiones que los/as trabajadores/as reciben a la hora de jubilarse, la naciente Coordinadora afirmaba que no están relacionadas con la crisis financiera mundial, con los montos de las cotizaciones, con la edad de jubilación o con el comportamiento de los trabajadores, sino con

la naturaleza misma del sistema fundado en el principio de capitalización individual para el mercado especulativo. Es decir, la función de este sistema no es el de otorgar pensiones, es una industria de la especulación en el mercado financiero con los ahorros de los trabajadores (Coordinadora NO+AFP, Declaración fundacional, 2013).

Concluyen que son los/as trabajadores/as los que siempre han perdido y han visto vulnerados sus derechos, mientras que los dueños de las AFP siempre han ganado utilizando el dinero de los trabajadores. Por ello, la Coordinadora exige en su primera Declaración Pública:

• La derogación del decreto ley Nº3.500.
• […] La recuperación de los fondos de pensiones de los trabajadores, colocándolos en un Fondo Nacional de Pensiones administrado por un Instituto Previsional Público, autónomo del Estado y de los gobiernos.
• Bienes que deben ser administrados en función de un nuevo Sistema de Previsión, basado en el principio de Reparto, Solidario, Universal e Integral, de financiamiento tripartito.
• El Estado debe asumir su responsabilidad por el daño previsional provocado.
• […] rechazamos todas las propuestas que buscan mantener el sistema AFP, ya sea por medio del alza de las cotizaciones, como del aumento de edad para jubilarse para el hombre y la mujer. Incluida la propuesta engañosa de una AFP estatal.
• Proponemos como medida transitoria, cambiarse en forma masiva al Fondo E, para proteger nuestros recursos y evitar que estas empresas sigan utilizando nuestros fondos para la especulación tanto nacional como en el exterior.
• [Por último, en la declaración los “abajo firmantes” se comprometen] “a trabajar de forma unitaria para ayudar a la movilización de los trabajadores habiéndose conformado una coordinación nacional permanente” (2013).

Al momento de realizar el trabajo de campo, los/as dirigentes seguían manteniendo estos objetivos fundacionales. En sus propias palabras:

los objetivos de la Coordinadora claramente son terminar con el actual SCI e instalar un nuevo sistema basado en los principios de la seguridad social, particularmente en la solidaridad y el reparto, ese es el objetivo concreto, digamos, ir a un cambio de fondo, a una transformación de fondo en el sistema previsional en Chile (Referente FENPRUSS, entrevista, 3/9/2019).

En lo que sigue, profundizaremos en el diagnóstico de la Coordinadora sobre el SCI, que fundamenta tanto los objetivos de su conformación y lucha como sus acciones de resistencia.

El diagnóstico. El SCI está fracasado

Uno de los elementos nucleares del diagnóstico negativo que la Coordinadora menciona constantemente sobre el Sistema de pensiones, es que fue impuesto en dictadura. Así, por ejemplo, lo describe uno de los dirigentes de la FENPRUSS, al preguntarle por los objetivos de la Coordinadora:

Es que tendría que decirte, primero que nada, antes de entrar en eso, que, en Chile, el Sistema de Capitalización Individual fue impuesto en dictadura, digamos, el gobierno de Pinochet, el año 1981 aproximadamente, sin ninguna posibilidad de discusión […], ni participación por parte de los trabajadores, […] impuso […] terminar con el sistema previsional que teníamos anteriormente, que era un sistema de reparto basado en cajas de previsión, y se impuso este sistema de capitalización individual para todos los chilenos, excepto para las Fuerzas Armadas (Referente FENPRUSS, entrevista, 3/9/2019).

Como señalan los/as entrevistados/as, en este contexto dictatorial, muchos/as trabajadores/as fueron presionados a cambiarse al SCI. Pero también, la implementación del modelo fue acompañada de un despliegue comunicacional que motivó a cambiarse voluntariamente. Así, por ejemplo, uno de los atractivos era que se iba a cotizar menos, y que el sueldo se incrementaría, cuestión que “hizo caer en la tentación a mucha gente”. Y, en efecto, “la gente del viejo sistema cotizaba más del 20% en su sistema de jubilación, y en el nuevo sistema es el 10% más comisiones, que en total son como 11.5-12%” (Referente-1 CONFUSAM, entrevista, 24/9/2019). Esta disminución de la cotización se realizó liberando al empleador de su obligación de hacer aportes. Con “un costo cercano a la mitad, este sistema ‘milagroso’ generaría pensiones superiores al doble de las que se obtenían” (Coordinadora NO+AFP, 2016: 16).

Por otra parte, el actual sistema de pensiones es catalogado como un sistema de ahorro forzoso, ya que el/la trabajador/a está obligado/a a cotizar en un solo sistema privado de pensiones. En paralelo existe el sistema de reparto para aquellos que no se cambiaron cuando se instauró el nuevo sistema (administrado por el Instituto de Previsión Social) y para las fuerzas armadas y de orden. Para el resto de

los chilenos que ingresan al mercado de trabajo […], no puede[n] elegir ir al viejo sistema de reparto o al nuevo sistema, tú puedes elegir ir a una salud pública o privada, o una educación pública o una privada, pero no puedes, hoy en día, cuando ingresas al mercado del trabajo elegir tu sistema de pensiones, estás obligado a entrar a una AFP (Referente-1 CONFUSAM, entrevista, 24/9/2019).

Otra cuestión que releva la Coordinadora es que, si bien el SCI ha sido un éxito en términos de inversiones y ganancias para los dueños de las AFP, ha sido un total fracaso en la entrega de buenas pensiones. De hecho, quienes dejan de trabajar en el mercado laboral reciben pensiones miserables, significando la jubilación el paso directo a la pobreza, siendo la vida después de jubilarse una realidad “cruenta, tremenda y muy compleja” (Referente-2 CONFUSAM, entrevista, 10/10/2019) para los los/as trabajadores/as y sus familias.

Ahora bien, señalan, a inicios de la lucha por terminar con las AFP por el año 2012, las personas en su mayoría desconocían esta realidad, y había que

contar de qué se trataba este drama para aquellos que no lo conocían de fuente directa. Pero hoy día en Chile no hay que entregar reportes o contarles, todo el mundo lo vive y lo sabe de carne propia, porque tiene un familiar, un amigo, un vecino, ya viviendo el drama de pensionarse bajo el único régimen que podemos optar las y los trabajadores en este país y que es absolutamente injusto, violento, abusador […]. Todo el país sabe lo que hoy día nos sucede al momento de pensionar: pasar a la pobreza absoluta (Referente-2 CONFUSAM, entrevista, 10/10/2019)

Otra de las dirigentes, describe el fracaso del sistema en relación con su capacidad para otorgar buenas pensiones, poniendo en relación esta realidad con la necesidad de organizarse. En este sentido, afirma que

sin duda el SCI […] lo único que hace es demostrar que es un sistema que no se creó con el sentido de asegurar buenas pensiones, ese debería ser su único fin, pero es el único ítem que no cumple, y, por tanto, los trabajadores, las trabajadoras, nos hemos visto en la obligación de organizarnos (Referente Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financiero, entrevista, 10/10/2019).

Estas pensiones miserables tienen consecuencias negativas sobre la calidad de vida de las personas mayores, sobre todo si se es mujer, ya que al momento de calcular el monto de la pensión los ahorros previsionales son divididos según el promedio de años de vida, y para las mujeres la esperanza de vida es mayor. Así, por ejemplo, uno de los dirigentes de la CONFUSAM explica que para tener una buena pensión en el SCI se tiene que tener un buen sueldo, no tener lagunas previsionales y “hay que ser hombre, porque las mujeres tienen un castigo por el solo hecho de ser mujeres, ganan menos sueldos, tienen más lagunas previsionales y viven más años, entonces, siempre las mujeres reciben menos pensiones” (entrevista, 24/9/2019).

Por otra parte, señala que alcanzar los requisitos para una buena pensión es difícil porque el mercado laboral chileno es precario y precarizado, y tiene como característica la flexibilidad y los bajos salarios. Por ende,

los trabajadores […] ahorran muy poco para su jubilación y al término de su vida laboral tienen un fondo que no les permite tener una pensión decente. Y la evidencia nos dice que la inmensa mayoría de los trabajadores, hombres y mujeres, se están jubilando en una tercera o cuarta parte de sus remuneraciones en activo. Y eso condiciona el paso de la gente de una condición de vida que puede ser más o menos precaria, a una situación miserable previsional (Referente-1 CONFUSAM, entrevista, 24/9/2019).

La insuficiencia de los ahorros previsionales asociada a las características del mercado laboral es una problemática que para los/as entrevistados/as comenzó en la dictadura, donde las crisis económicas y las reformas laborales que se llevaron a cabo significaron una merma importante en la capacidad cuantitativa y cualitativa de cotización de los/as trabajadores/as. En este sentido, como señala la Coordinadora,

las AFPs fueron instaladas en un contexto de total precariedad laboral, total desregulación y bajo una sistemática represión contra el movimiento sindical que lo dejó en una extrema orfandad y vulnerable a los ataques de la dictadura Cívico-Militar (Coordinadora NO+AFP, 2016: 17).

También destacan el hecho de que, para subsanar el problema de las bajas pensiones, los/as trabajadores/as jubilados/as se ven obligados/as a seguir trabajando, muchas veces en condiciones muy precarias, o a pedir ayuda directamente en la calle. Así, por ejemplo, una de las entrevistadas cuenta que, en el cierre de las ferias de verduras y frutas, se ven “abuelitos recogiendo [los restos de comida] o están pidiendo ahí […]… piden caridad, otros hacen sus tejidos, pan amasado, salen a vender, pero… es terrible la realidad” (Referente Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financiero, entrevista, 10/10/2019). Incluso relatan casos de parejas de personas mayores que se han suicidado porque la pensión no les alcanza.

Así, a lo largo de las entrevistas se repite esta idea de que las personas mayores que se jubilan están cayendo en la pobreza y tienen que buscar diferentes alternativas para sobrevivir. Sumado a ello, señalan, otros servicios, como la salud y el transporte, tienen costos muy altos, y no están subsidiados por el Estado, o no del todo para el sector, lo que empeora su situación.

En términos estadísticos, las cifras son elocuentes para complementar las descripciones anteriores. En primer lugar, la Coordinadora señala que la mayoría de las pensiones en Chile tienen una tasa de retorno aproximada de un 30% del sueldo en la vida activa, además, que las mismas están por debajo del sueldo mínimo, siendo pensiones que están por debajo de la línea de la pobreza. En términos monetarios, según el último informe de la Coordinadora de diciembre de 2018, cuando ya había pensionados/as cuyo recorrido previsional había transcurrido totalmente por el sistema privado, el

50% de las 684 mil personas que recibieron una pensión de vejez por edad, obtuvieron menos de $151 mil [209 dólares], monto que sin el Aporte Previsional Solidario (APS), bajaría a $135 mil [186 dólares] (Fundación Sol, citado en Coordinadora NO+AFP, 2019: 6).

Además, para

desmitificar la idea de que solo las personas que no cotizan alcanzan pensiones bajas, se observa que para el tramo de aquellas personas que cotizaron entre 30 y 35 años de edad, el 50% de ellas recibió una pensión inferior a $296.332 [409 dólares], monto inferior al salario mínimo (Fundación Sol, citado en Coordinadora NO+AFP, 2019: 6).

Estas cifras empeoran por género y para los/s nuevos/as trabajadores/as jubilados/as: en 2018, el 50% de las mujeres jubiladas recibía una pensión autofinanciada menor a U$D148 y menor a U$D389 si habían cotizado entre 30 y 35 años, cifras menores al sueldo mínimo; la mitad de los/as nuevos/as jubilados/as obtuvieron una pensión menor a U$D66, y la mitad de quienes cotizaron entre 30 y 35 años, recibieron una pensión menor a U$D340 (lo que equivale a un 85% del salario mínimo). Para las mujeres, las cifras respectivas son de U$D33 y U$D298 (lo que equivale al 75% del salario mínimo) (Fundación Sol, citado en Coordinadora NO+AFP, 2019).

Según documentos y el relato de los/as referentes de la Coordinadora, esta situación va a seguir empeorando –y esto, recalcan, ha sido reconocido y constatado incluso por el Consejo Asesor Presidencial para las pensiones que convocó la presidenta Bachelet en 2015– pues la tasa de rentabilidad del sistema viene cayendo desde los ‘80, y si sigue así, las pensiones seguirán empeorando. Sobre esto, el referente del Colegio de profesores señala que en los ‘80 el sistema tenía una rentabilidad del 12% aproximadamente. En cambio, en la actualidad es de un 4%, y en tanto esto “tiende a seguir bajando”, cualquier reforma al sistema va a servir para recuperar rentabilidad, pero será insuficiente para que los/as trabajadores puedan tener una mejor pensión (entrevista, 16/9/2019). En efecto, en un escenario donde un punto menos de rentabilidad implica un 20% menos de pensión aproximadamente,

es perfectamente razonable sostener que quienes se pensionen en las próximas décadas con una contribución del 40% superior, como propone la actual reforma que se discute en el Congreso, obtengan pensiones más bajas que las actuales generaciones que lograron capturar una rentabilidad más alta (Coordinadora NO+AFP, 2019: 7).

Por todas estas cuestiones es que en la Coordinadora evitan hablar de “jubilaciones” y se refieren a los haberes previsionales con el término “pensiones”. En palabras de una de las dirigentas:

Nosotros nunca hablamos de jubilación, hablamos sólo de pensiones porque no tiene nada de júbilo llegar a la edad de retirarte de tu vida laboral porque tienes sólo miseria. […] porque aquí, o sea, debe haber un uno o dos por ciento de jubilados del estrato social alto, que sus ahorros les da para tener júbilo, pero la mayoría de las chilenas y chilenos tiene una pensión de miseria. Nosotros vemos en las plazas públicas, acá en el invierno […] abuelitos de ochenta y dos años arrastrando el carro para limpiar las plazas y uno se acerca y le conversa ¿por qué están con 2 grados de temperatura a las siete de la mañana?… porque no les alcanza la pensión (Referente Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financiero, entrevista, 10/10/2019)

Junto con este diagnóstico del “origen ilegítimo” del sistema de pensiones chileno, de su carácter forzoso, y su fracaso como distribuidor de buenas pensiones y de asegurar su funcionamiento en el futuro, se añaden también una serie de abusos con que opera el sistema y que lo hacen “tremendamente injusto”. Por ejemplo, la comisión que se le cobra al trabajador por la administración de sus fondos no está afectada por las pérdidas o ganancias que las administradoras adquieren de las inversiones. Es decir, puede que “un mes ganes mucho y al segundo mes pierdas todo, y eso se da, y aunque lo pierdas todo, igual le tienes que pagar al administrador por la gestión” (Referente Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financiero, entrevista, 10/10/2019). Además, los/as referentes señalan que, a la hora de dividir los ahorros, la cantidad de años es exorbitante, llegando a calcularse la esperanza de vida a 100 años. En contraste, quienes no se cambiaron al SCI tienen pensiones bastante mayores en relación a las que otorgan las AFP.

Por otra parte, describen el profundo contraste entre las pensiones miserables que reciben las personas mayores y las condiciones de vida en que quedan, con los beneficios que obtienen los dueños de las AFP, a partir del uso de los ahorros previsionales de los/as trabajadores/as. Señalan que las administradoras tienen a disposición un “monto de capitales que es cuantiosísimo, que hoy día son más de 200.000 millones de dólares” (Referente CONFUSAM, entrevista, 24/9/2019) y que se ha acumulado con la plata de los/as trabajadores/as. Con estos fondos, las AFP especulan en las bolsas de valores nacionales e internacionales, y le

prestan plaza a las empresas, a las empresas trasnacionales a tasas de interés bajísimas y financian el funcionamiento de estas grandes empresas de la minería, inmobiliaria, del retail, de todas las actividades económicas y productivas del país (Referente CONFUSAM, entrevista, 24/9/2019).

Y, finalmente, las utilidades de estas operaciones señalan, las reciben y administran las AFP. En contraste, los/as trabajadores/as no sólo obtienen pensiones miserables, sino que, al pedir préstamos a estas mismas empresas, “les otorgan créditos en base a sus ahorros a altas tasas de interés” (Referente CONFUSAM, entrevista, 24/9/2019).

Para la Coordinadora, lo anterior pone en tensión uno de los pilares del SCI, a saber, que bajo esta modalidad se asegura la propiedad de los/as trabajadores/as sobre sus fondos. Porque, si bien se dice que los/as trabajadores/as “somos dueños de nuestros ahorros previsionales, que nosotros somos prácticamente inversores con nuestros dineros en la industria, somos accionistas de los grandes ahorros, por nuestros ahorros previsionales” (Referente-2 CONFUSAM, entrevista, 10/10/2019), no se puede disponer a voluntad de ellos, como sí lo hacen las empresas para invertir y generar nuevas ganancias. De este modo, la dirigente de la Coordinadora de sindicatos del comercio dice que, aun cuando en la Constitución y legalmente se garantiza el derecho a la propiedad privada, es decir, que si tú dispones de un bien, tienes libre uso, gozo y disfrute del mismo, “en el caso de los fondos de pensiones, el trabajador titular del ahorro no puede usar, no puede disfrutar y jamás puede disponer dónde se invierte eso” (entrevista, 10/10/2019). Y en efecto, si un/a trabajador/a quiere sacar sus ahorros previsionales por una enfermedad o por un cáncer, relatan, “yo no puedo ir a la AFP a decirle, sabe qué, tengo que sanarme, entrégueme mi plata, porque es mi plata. Entonces, te dicen, no po, no es su plata, no se la podemos entregar” (Dirigente Colegio de Profesores, entrevista, 16/9/2019).

A esta contradicción en los pilares operativos del sistema de pensiones, donde las AFP obtienen enormes ganancias, pero donde la inversión que se hace con los ahorros previsionales del/la trabajador/a no es suficiente para dar buenas pensiones, se suma el que “el Estado termina subsidiando a las AFP”. En efecto, explican que el Estado tiene que hacerse cargo de pagar pensiones a partir del pilar no contributivo del Sistema, lo que para ellos/as significa subsidiar las ganancias de las Administradoras a partir del erario fiscal o impuestos generales, “que en algo mejoran las pensiones, en algo, porque también es muy marginal, mejorar las paupérrimas pensiones” (Dirigente CONFUSAM, entrevista, 10/10/2019).

A partir de este diagnóstico la Coordinadora afirma que en realidad el SCI no tuvo nunca como fin asegurar pensiones dignas, sino garantizar un negocio para las empresas tanto chilenas como internacionales. Así, los magros resultados de las pensiones no corresponden a una cuestión coyuntural o extraordinaria, sino que “son el resultado concreto de un sistema que jamás fue concebido para pagar pensiones” (Coordinadora NO+AFP, 2016: 11; 2019). Por el contrario, fue diseñado para “llevar a cabo la más osada, cuantiosa y espectacular privatización: la del manejo de los recursos previsionales, y colocarlos al servicio del desarrollo del mercado de capitales” (Coordinadora NO+AFP, 2016: 17).

Señalan, además, que esto fue pensado así desde la dictadura, para instalar el neoliberalismo en el país, siendo el modelo de pensiones “el pilar más importante, porque […] lo que se hizo en Chile fue constituir un fondo de capitales de magnitud total, para financiar las utilidades y para financiar las empresas chilenas” (Referente CONFUSAM, entrevista, 24/10/2019). En consecuencia, si bien para la Coordinadora el sistema ha sido exitoso en cuanto potenciación del desarrollo, no se ha cumplido el que este “pseudo desarrollo económico […] en algún momento chorrearía al resto de la población” (Dirigente CONFUSAM, entrevista, 10/10/2019). Por el contrario, “siempre ha significado inversión para el gran empresariado, pero nunca un desarrollo económico para los trabajadores y trabajadoras” (Dirigente CONFUSAM, entrevista, 10/10/2019).

Por otra parte, se señala que este sistema se construyó sobre la base de

supuestos irreales para el mercado laboral chileno y, que, además, consideró supuestos absolutamente insensatos, por ejemplo, que con una contribución del 10% y rentabilidad de U.F. más 5% se lograrían tasas de reemplazo superiores al 70%. Es más, el sistema de cuentas individuales impuesto en 1981, cometió una falta gravísima al no considerar el cambio demográfico para los siguientes años (Coordinadora NO+AFP, 2019: 5).

Este diagnóstico, que constata “las consecuencias de un sistema ineficiente, costoso e injusto” (Coordinadora NO+AFP, 2016: 13) fundamenta que la lucha de la Coordinadora tenga como “único fin, luchar por un Sistema de Seguridad Social, lo cual supone acabar con las AFP pues son la antípoda de los sistemas previsionales solidarios” (Coordinadora NO+AFP, 2016a: 13). Previo a revisar las acciones y contrapuestas que este movimiento realiza para alcanzar este fin, pasaremos a desarrollar cuáles son para la Coordinadora los obstáculos para realizarlo.

¿Por qué no se transforma el SCI? Los dueños de todo y las alianzas de poder

Para la Coordinadora que este sistema se mantenga aun cuando sólo beneficia a las administradoras, tiene que ver con el poder económico que ahí se acumula. En efecto, el Sistema de AFP ha permitido el desarrollo económico en el país, pero solamente de un sector empresarial que ha hecho crecer su riqueza con los ahorros forzosos de los trabajadores (Referente-2 CONFUSAM, entrevista, 10/10/2019). Describen este sector como

los dueños de todo, es decir, los dueños de las AFP, de la banca, de la industria, del retail de los medios de comunicación, y ahí se acumula un crecimiento. Por lo tanto, ahí uno dice, claro, las AFP han servido mucho a este sector minoritario del país que tiene el sartén por el mango a costa de la pobreza de la población (Referente-2 CONFUSAM, entrevista, 10/10/2019).

Para visualizar el poder económico que se ha concentrado a partir del sistema de pensiones, la Coordinadora señala que éste equivale al 80% del PBI de Chile. Pero, nos señala uno de los dirigentes, si a eso se suman los ahorros que se traspasan a compañías de seguro, cuando el/la trabajador/a opta por una pensión vitalicia, que “asciende hoy día a cincuenta mil millones de dólares, […] estamos en torno a los doscientos ochenta mil millones de dólares, […] que es el equivalente al 100% del Producto Interno Bruto de nuestro país” (Referente FENPRUSS, entrevista, 3/9/2019).

Este poder, invalida propuestas alternativas para pensionarse como la que propone la Coordinadora. De hecho, cada vez que irrumpen en el espacio público, las AFP con toda una “artillería artesanal” se defienden con “dientes y uñas para que nada cambie y eso obviamente con el patrocinio del gobierno actual que defiende mucho el interés empresarial” (Referente-2 CONFUSAM, entrevista, 10/10/2019). Entre otras cosas, han llevado a cabo “desde campañas publicitarias hasta encuestas, un montón de cuestiones” (Referente-2 CONFUSAM, entrevista, 10/10/2019) para decir “que la capitalización individual es la solución, aunque los hechos, en la práctica, muestra que no es así, no, pero esa ofensiva la estamos enfrentando día a día en todos los planos” (Referente FENPRUSS, entrevista, 3/10/2019).

Por otra parte, los/as entrevistados/as señalan que hay una tendencia a la invisibilización de la Coordinadora en los medios de comunicación y a la realización de campañas de desprestigio de los dirigentes de la organización, en tanto los mismos están controlados por la derecha del país, por el empresariado. En este punto es fundamental analizar el tema de la propiedad de los medios de comunicación masivos en Chile, los cuales, como señalan, están en manos de ese sector económico privilegiado, lo que obstaculiza las acciones que promueven un nuevo sistema de pensiones. Así, por ejemplo, si bien las principales acciones que han llevado cabo en el espacio público para visibilizar la demanda por NO+AFP, aparecen en la prensa, este tiempo de visibilización es corto, y posteriormente no se invita a seguir participando. Para el referente de FENPRUSS entrevistado (3/9/2019),

las órdenes editoriales, digamos, van en la línea de no informar sobre lo que hace “No+AFP”, […] lo mismo ha pasado, en general, con todas nuestras iniciativas… al principio, cuando fueron las primeras marchas, sí, algo nos cubrieron. Pero después, digamos, la estrategia del poder, hay que decirlo así, ha sido el invisibilizamiento, no entrevistas.

En el caso de la multitudinaria movilización contra las AFP que se realizó en 2016, por ejemplo, ocurrió algo similar. Como relatan, si bien “rompimos con eso por las tremendas manifestaciones y el tema se puso en la agenda, […] nuestro movimiento y de las organizaciones sociales, se nos apaciguó, se nos bajó y dejamos de aparecer en los medios” (Referente CONFUSAM, entrevista, 24/9/2019). Cuando ocurrió el plebiscito autoconvocado para que la ciudadanía decidiera SÍ o NO+AFP, pese a que estaba toda la prensa en la conferencia para dar los resultados, también el evento tuvo poco espacio televisivo (Dirigente FENPRUSS, entrevista, 3/9/2019). Y, en el año 2019, cuando dan a conocer el colectivo Unidad Social, del cual forma parte y es propulsor la Coordinadora, con una serie de cortes de ruta a muy temprana hora de la mañana, también fueron minimizados por la prensa. Como nos explica uno de los representantes del Colegio de profesores, los matinales mostraron las barricadas, los problemas con el tráfico, que la gente estaba llegando tarde a sus trabajos, pero “analizar políticamente el fenómeno, ningún medio de comunicación lo ha dicho. Entonces, orden: ‘minimizar, no darle lugar con respecto al tema, para que esto no llegue a toda la población chilena’” (entrevista, 16/9/2019).

Explican los/as integrantes de la Coordinadora, que la negación de acceso a los medios de comunicación masivos se da incluso con el canal nacional, el cual no tiene la característica de un canal público en el sentido de “que esté abierto a entregar información de todo lo que es más o menos relevante” (Referente-1 CONFUSAM, entrevista, 24/9/2019). Y esto se explica en tanto el canal estatal de televisión opera con

un consejo ejecutivo que está formado por gente de derecha y de gobierno (risas)… se reparten el poder. Así como que tratan de decir, “oye es que esto no es partidario, no tiene por qué hacerle propaganda al gobierno, tenemos que hacer una cosa neutral que tiene que ver con las comunicaciones”… pero al final todas funcionan a favor del modelo (Dirigente Colegio de Profesores, entrevista, 16/9/2019).

Esta invisibilización en los medios, según la Coordinadora, llega al punto de que cuando se están discutiendo propuestas de reforma previsional, como la del gobierno de Piñera (2018-2022), se invita a los dueños de las AFP, a los representantes del empresariado, pero no se invita al principal vocero de la Coordinadora, Luis Mesina.

Así también, ha habido campañas de desprestigio contra los/as principales dirigentes y voceros/as de la Coordinadora, con la pretensión de acallar al movimiento, con persecución y mentiras (Referente-2 CONFUSAM, entrevista, 10/10/2019).

De este modo, han tenido que

recurrir a acciones que nos permitan mantener presencia en los medios de comunicación. De hecho, esta última iniciativa que tenemos de ir a tribuales, a las cortes de apelaciones para exigir que se declare si es o no propiedad privada las pensiones, eso nos ha permitido tener presencia en los medios…. Pero por lo general estamos fuera de las pautas editoriales […], se nos bloquea sistemáticamente la visión por parte de los medios de comunicación, los grandes medios comunicación (Referente CONFUSAM, entrevista, 24/9/2019).

Consecuencia de todos estos antecedentes no es casual para ellos/as que la propuesta de la Coordinadora para terminar con las AFP, “la autoridad política, lo público, no lo conoce, no lo plantea, no es parte del debate en los niveles del poder de este país” (Dirigenta CONFUSAM, entrevista, 10/10/2019). En definitiva, al estar bloqueados en los medios formales de comunicación, en tanto son propiedad de los empresarios más relevantes del país, han tenido que optar por tener presencia en medios alternativos, tales como redes sociales, Facebook, WhatsApp, Twitter, Hashtag, correos electrónicos, entre otros.

Otra cuestión que obstaculiza la transformación del sistema previsional es lo que la Coordinadora señala como “alianzas entre el poder”, en este caso, entre el poder económico y el poder político. Es decir, la autodefensa de las administradoras es reforzada por la defensa que los propios gobiernos, de centro izquierda y derecha, han hecho al sistema. Así, por ejemplo, para los/as entrevistados los partidos pertenecientes a la Nueva Mayoría o ex Concertación –y de tendencia ideológica “supuestamente” de centro izquierda– han profundizado e incluso mejorado el modelo neoliberal heredado de la dictadura, incluido el sistema previsional. De hecho, con el presidente Ricardo Lagos (2000-2006), para mejorar el problema de las bajas pensiones, se incorporó el sistema de multifondos, para que los trabajadores/as tuvieran la posibilidad de invertir en diferentes fondos, con diferentes niveles de riesgo. Con esto, se mantuvieron los fundamentos “del SCI, incluso reforzándolo[s], porque abrieron, por ejemplo, la posibilidad de que nuestros fondos de pensión puedan ser invertidos en el exterior” (Referente-1 CONFUSAM, entrevista, 24/9/2019).

Respecto de la reforma previsional del 2008, para la Coordinadora sirvió para “ponerle un respirador artificial al sistema, para que el sistema no callara, no cayera” (Referente Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financiero, entrevista, 10/10/2019). Sin embargo, el pilar solidario que se instauró con esta reforma es para la Coordinadora totalmente insuficiente para pagar buenas pensiones, e incluso las denominan como pensiones de caridad, ya que para obtenerlas se tiene que “ser pobre, no tener casa, no tener hijos con título superior, tú no tener educación superior […]… es como una pensión de caridad, nosotros le decimos, porque te tienes que humillar a ese nivel” (Referente Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financiero, entrevista, 10/10/2019). Por su parte, también señalan que esta reforma implementó la exención de parte de los impuestos a quienes hicieran un ahorro previsional voluntario, y así aumentar la pensión, pero esto sólo lo pueden hacer los sueldos altos.

En relación a las propuestas de reforma del segundo gobierno de Bachelet (2014-2018) luego de las grandes manifestaciones en 2016, para la Coordinadora, sólo sirvieron para alentar más al sistema de AFP. En esta oportunidad el gobierno recibió la propuesta de la Coordinadora, no le hizo cuestionamientos técnicos ni observaciones, “pero quedó ahí, sin ninguna posibilidad de que la tomaran como algo serio, como que tomaron la decisión de que no es lo que queremos, y como somos educados recibimos a los voceros, porque la gente está movilizándose” (Referente-1 ANEF, entrevista, 2/9/2019). De hecho, “frente a nuestra demanda NO+AFP, la presidenta dijo que lo que iba a haber era más AFP, que se iban a ser algunas reformas, pero dentro del SCI” (entrevista, 24/9/2019). Es decir, se mantendría “la cotización del 10% entregada a las AFP, y se planteaba aumentar en un 5% la cotización en forma gradual, de los cuales sólo 2% iría a reparto, y los otros 3% seguirían yendo a las cuentas individuales” (Referente FENPRUSS, entrevista, 3/9/2019). Si bien para la Coordinadora es positivo el porcentaje destinado al reparto, la reforma, “mantenía a las AFP con sus negocios, incluso le aumentaba en un 30% los ingresos, porque […] un 3% iba directamente a las cuentas individuales administradas por las AFP” (Referente FENPRUSS, entrevista, 3/9/2019). Sin embargo, rescatan el hecho de que esta propuesta y la que posteriormente presentó Piñera en 2018, fue fruto de las movilizaciones ciudadanas de 2016 y 2017, que obligaron a la clase política a presentar nuevas reformas.

Señalan que la relación entre poder político y económico se ve más claramente con el gobierno de Piñera (2018-2022), que también plantea una reforma previsional, pero en la lógica neoliberal y de capitalización individual, cuestión que era de esperar, como señalan los/as entrevistados/as, por su afiliación de derecha neoliberal y por ser hermano del creador del sistema, J. Piñera. En consecuencia, si bien se propuso incrementar la cotización a cargo del empleador, ese 4% iba completo a las AFP, habiendo más plata para que ellas administren (Referente-2 ANEF, entrevista, 2/10/2019). Sin perjuicio de ello, a diferencia de los gobiernos anteriores, la propuesta del Sistema de reparto de la Coordinadora fue leída e incluso comentada por los asesores del gobierno. Producto de ello, es que en el año 2019 la Coordinadora actualiza su propuesta para un nuevo Sistema de Seguridad Social.

La participación de políticos de la ex Concertación y de la Nueva Mayoría en los directorios de las AFP, o su participación de la defensa de la industria por parte de políticos de estos sectores, supuestamente opositores al gobierno de Piñera, es otra dimensión de la alianza de poder entre políticos y empresarios. Por ejemplo, el ministro de hacienda del segundo gobierno de Bachelet (2014-2018) era asesor de los empresarios en el tema previsional, lo que explicaría que no hubiera en dicho gobierno una real voluntad de cambiar el sistema (Referente FENPRUSS, entrevista, 3/0/2019). Otro ejemplo es que frente a los recursos de protección que la Coordinadora interpuso para reclamar la entrega de los fondos previsionales –cuyo objetivo presentaremos en el próximo apartado– el abogado de la defensa de las AFP fue Jorge Correa Sutil, “un abogado DC [Partido Demócrata Cristiano] que trabajó para el gobierno de Ricardo Lagos, es decir, la derecha contrata a la centroizquierda para defender sus intereses y este abogado se presta, ¡se presta!” (Referente-2 CONFUSAM, entrevista, 10/10/2019). Igualmente, ex senadores, ex diputados o ex ministros, al terminar sus funciones o al no ser elegidos, se van “de director de una AFP” (Referente-1 Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financiero, entrevista, 10/10/2019).

En palabras de una de las dirigentes de la ANEF, lamentablemente “los gobiernos democráticos, así entre comillas, han seguido conculcando el sistema previsional. Los gobiernos de la concertación po’, sí eso es lo más terrible” (entrevista, 2/10/2019).

De estas cuestiones concluyen que ya no tienen esperanzas con los gobiernos,

porque ellos solamente le están rindiendo… todos, parlamentarios, políticos… pleitesía a los empresarios de este país. Si hay un monopolio económico en este país, hay muchos que son unos pocos solamente, que tienen la banca, las AFP, hasta hay algunos que son corruptos también, arman empresas fantasmas, está todo aquí concesionado, no tenemos el agua, […] está todo privatizado (Referente-2 ANEF, entrevista, 2/10/2019)

Otro de los dirigentes, con experiencia política y sindical desde la dictadura, relata esta alianza entre poder político y poder económico como algo invisibilizado cuando se recuperó la democracia. Las demandas que los/as trabajadores/as hicieron, al terminar el régimen de Pinochet, al primer gobierno de la Concertación –entre otras, demandas en salud, en educación, en trabajo, en democracia, exigiendo, por ejemplo, una nueva constitución política–, fueron pospuestas, pues se decía que estaban en una situación compleja ya que tenían todavía poder los militares y los empresarios. Sin embargo, con el tiempo y con la irresolución de las demandas, se empezaron a dar cuenta que el pacto de salida de la dictadura que hizo la oposición

supuso mantener intacto los pilares fundacionales del modelo económico, político y social que impuso la dictadura bajo mano militar […]. [Y] la Concertación y lo que es hoy la Nueva Mayoría, lo único que hicieron no solo fue administrar el modelo heredado de la dictadura, además lo perfeccionaron (Referente-1 CONFUSAM, entrevista, 24/9/2019).

En este sentido, señala la Coordinadora

En Chile, por cerca de cuatro décadas, los distintos gobiernos en el poder han implantado y desarrollado un modelo de sociedad que fomenta el saqueo de una mayoría de la población en beneficio de una minoría, que encumbra una creciente pobreza e indigencia; exacerba la discriminación y estratifica a la población, que excluye a grandes grupos y concentra la riqueza en unos pocos; y que centra en la defensa del mercado y el capital las bases institucionales que rigen al país (Coordinadora No+AFP, 2015: 206).

De este modo la gubernamentalidad ha estado

supeditada a los equilibrios macroeconómicos, focalizada en el “mercado” y en la reducción creciente del Estado, que disminuye fuertemente las políticas públicas, protegiendo los intereses del capital por sobre los de la población chilena. La evidencia muestra que la reducción del Estado y los Servicios Públicos en materias de servicios, regulación y fiscalización, ha generado recurrentemente situaciones de abuso y desprotección que afectan a importantes segmentos de la población, impidiendo el ejercicio de sus derechos más esenciales, como salud, trabajo, vivienda, educación, justicia, entre otros, creándose brechas de inequidad, daño y exclusión social (Coordinadora No+AFP, 2015: 206).

Para el dirigente del Colegio de profesores el retorno a la democracia en los ‘90 significó la consolidación del modelo neoliberal que “dejó amarrado” Pinochet por parte de los gobiernos de la Concertación y el gobierno de derecha de Piñera. En este sentido, “no hay nada que delegues, que permita decir vamos en otra línea, en una sociedad más solidaria, más justa, que tenga un mejor reparto a la riqueza” (entrevista, 16/9/2019). Como consecuencia, Chile es uno de los 10 países que peor distribuye la riqueza en el mundo, y donde el 1% más rico se reparte el 30% del PBI. Esto tiene relación con la precariedad del trabajo y el empleo en el país, factor determinante, para la Coordinadora, en la baja de los salarios y la brecha entre ricos y pobres. En efecto, “el 70% de la población recibe salarios insuficientes que le impiden tener una calidad de vida digna; sólo el 32,1% de las y los chilenos tienen un empleo decente, con remuneración justa, contrato y cotizaciones al día” (Coordinadora No+AFP, 2015: 206). La subcontratación es una característica del mercado laboral, lo que significa que una parte importante de los/as trabajadores/as quedan excluidos no sólo de la seguridad social, sino también de la protección ante la violación por parte de los empresarios de las leyes laborales y sociales para abaratar costos. La precarización también afecta el empleo público (Coordinadora No+AFP, 2015)

Este modelo injusto e inequitativo para la gran mayoría de la sociedad, que “subordina a las personas y sus derechos más esenciales a la lógica del mercado, por encima de cualquier otra valoración humana y social” (Coordinadora No+AFP, 2015: 209) se replica en el sistema previsional, donde “la abusiva apropiación de los fondos aportados forzosamente por los trabajadores a los propietarios de las AFP, […] [tiene como resultado] ínfimas pensiones, incompatibles con el justo derecho a una pensión digna y decente” (Coordinadora No+AFP, 2015: 209).

En definitiva, las reformas de todos los gobiernos han sido funcionales a la alianza entre poder político y empresarial, alianza que “trasciende los sectores entre comillas de izquierda o de centro izquierda con la derecha. Son finalmente un mismo grupo” (Dirigenta CONFUSAM, entrevista, 10/10/2019).

Ciertas características de la sociedad chilena también son puestas como un obstáculo y un desafío para la lucha de No+AFP y serían consecuencia de la imposición del orden social neoliberal en Chile, del “ráscate con tus propias uñas”, como consecuencia del “dominio absoluto del neoliberalismo, un dominio y un control, control de los medios, control de la cultura, la universidad… de todo” (Referente FENPRUSS, entrevista, 3/9/2019).

Individualismo, competencia y arribismo; desesperanza y desilusión de la clase política y de la posibilidad de hacer cambios estructurales, son factores que imposibilitarían, por ejemplo, hacer marchas masivas y reaccionar frente a los abusos constantes. En este sentido, se señala que si bien las marchas e iniciativas por NO+AFP tienen recepción y han logrado una importante adhesión, esto no ha sido suficiente para “colapsar el sistema. No, nos hemos logrado hacer tal daño ni tampoco hemos llegado al poder para hacer eso” (Referente-1 ANEF, entrevista, 2/9/2019), aun cuando el tema de las pensiones no es “un detalle, que afecte solo a una minoría y que uno diga ‘pucha, ya, total es una minoría’ la que está con el problema” (Referente-1 ANEF, entrevista, 2/9/2019).

Por otra parte, perciben que, aun si está creciendo el ímpetu para luchar y unirse por el tema de las pensiones, todavía está muy enraizado desde la dictadura el individualismo y el consumismo, donde “las personas como que velan primero por mí y después por el resto, […]. Entonces la gente dice ‘no, yo no voy a ahorrar para darle a un flojo’, y uno le tiene que decir ‘compañero, lo que usted ahorró no alcanza ni para usted, o sea no va a poder darle a nadie’” (Referente Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financiero, entrevista, 10/10/2019). Un relato similar es el de una de las dirigentes de la ANEF, quien dice que la sociedad chilena no cree en lo solidario, y la gente dice “cómo yo de mi plata le voy a estar dando a otra persona”. Y su respuesta frente a esos comentarios es comparar la pensión que recibiría con la capitalización y en el nuevo sistema de previsión social que propone la Coordinadora, donde “ganaría el doble de lo que está ganando ahora. Entonces, usted no le da ni un peso a su vecino, ningún peso, porque usted, el que gana más a lo mejor la está solventando” (Referente-2 ANEF, entrevista, 2/10/2019).

Por otra parte, cuando la gente es consciente de que los abusos sobre la sociedad chilena no vienen sólo del tema de las pensiones, la falta de participación en reclamos colectivos se asocia con una desconfianza y sentimiento de defraudación con la clase política. Como señalan, esto se ve reflejado, por ejemplo, en la baja participación electoral, donde la gente no va a votar porque dice que “izquierda, derecha, la misma cosa” o dice, “para qué, si hay que trabajar igual”. Junto con ello, como en el contexto del neoliberalismo los movimientos sociales “no son exitosos y pasan varios años luchando por una causa en donde se fracasa y se va de derrota en derrota, la gente se va yendo, se van debilitando y al final muchos movimientos desaparecen” (Dirigente Colegio de Profesores, entrevista, 16/9/2019).

Una dificultad mucho más grande que ha tenido que enfrentar la Coordinadora para lograr sus objetivos es que para muchos chilenos es más creíble la opinión de un economista que la de una trabajadora, entonces, “nos escuchan y nos creen, pero viene un economista y le creen más al economista, le dan mucho más valor al tecnicismo que a la política” (Referente Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financiero, entrevista, 10/10/2019).

Para la Coordinadora es fundamental concientizar a la ciudadanía sobre todo lo que el sistema “nos está perjudicando, y a la larga nos va a seguir perjudicando” (Referente-2 ANEF, entrevista, 2/10/2019). Y no sólo concientizar en el tema de pensiones, sino que también, en los abusos e injusticias que se dan en educación, salud, economía, política, endeudamiento, para que no se siga “permitiendo que se abuse tanto y con tanta impunidad en nuestro país” (Dirigente Colegio de Profesores, entrevista, 16/9/2019). Esa es la otra lucha “más pesada” que dice la Coordinadora tener, hacer una revolución en las mentes y que la gente empiece a cuestionar, y termine con la resignación (Referente Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financiero, entrevista, 10/10/2019), transformar esa cultura de “hacerse el leso, como dice uno, ignorar lo que está pasando, vivir hundida no más y ahí, mordértela y estar ahí solo” (Referente-2 ANEF, entrevista, 2/10/2019).

Según la Coordinadora esta cultura del individualismo permeó también al sindicalismo, siendo este otro de los principales obstáculos para la transformación de fondo del SCI. En esta línea, uno de los dirigentes describe al movimiento sindical como atomizado y destruido, cuestión que también es consecuencia de la dictadura, porque cuando fue impuesto el sistema de AFP, se impuso paralelamente una reforma laboral

que destruyó los sindicatos, que atomizó los sindicatos, donde planteó, digamos, que en cada empresa se podía formar la cantidad de sindicatos que los trabajadores quisieran formar. Por lo tanto, nos encontramos con la paradoja que, por ejemplo, en el sector bancario, en un banco, hay veinte sindicatos, digamos, y muchos de ellos creados por las propias gerencias de los bancos, con la idea de debilitar a los sindicatos más fuertes (Referente FENPRUSS, entrevista, 3/9/2019).

La cultura del individualismo, la competencia y del arribismo, ha generado un daño complejo en el sindicalismo, “porque el nivel de división y de desconfianza que hay entre los movimientos sociales y entre las dirigencias y las organizaciones, es bien poco aportador, por no decir, bien torpe, bien tonto” (Referente-2 CONSUSAM, entrevista, 10/10/2019).

Por otra parte, la ley laboral bloquea la participación de los/as trabajadores en las actividades sindicales, en tanto, los sueldos bajos son compensados por bonos, pero si los/as trabajadores/as “quisieran salir, pierden el bono de asistencia, el bono de presentarse al trabajo, el bono de puntualidad, entonces, no sólo pierden el día, pierden toda la bonificación del mes, entonces, por eso la gente dice ‘no, yo no puedo, estoy trabajando, hazla en la noche’” (Referente Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financiero, entrevista, 10/10/2019). Junto con ello, los sindicatos siguen siendo perseguidos y hasta en algunos casos los dirigentes no tienen fuero, como es el caso de los profesores. Los mismos están “desprotegidos del punto de vista de la relación que tienen que tener con los patrones o el gobierno. Eso es insólito, eso ocurre en Chile y son los resabios de la dictadura” (Referente Colegio de Profesores, entrevista, 16/9/2019).

Respecto de la demanda por NO+AFP, la Coordinadora afirma que desde las centrales sindicales más grandes del país –como la CUT o la ANEF– no ha habido apoyo, aun cuando en las asambleas los/as trabajadores han decidido ser parte de la lucha por terminar con el SCI. Señalan que esto se debe a que si bien a los/as dirigentes de estas centrales dicen tener autonomía respecto del partido político al que pertenecen, terminan siguiendo la línea de estos. Por ello, señalan los/as referentes, tanto la Central Unitaria de Trabajadores como la Asociación Nacional de Empleados Fiscales no participan oficial ni institucionalmente de la Coordinadora (Referentas de la ANEF, y de la Coordinadora de sindicatos del comercio). Esto también se da a la interna, donde no todos/as las dirigentes colaboran en la difusión y estrategias de concientización de las acciones de la Coordinadora, cuestión fundamental para avanzar en las demandas (Referente-2 ANEF, entrevista, 2/10/2019).

En consecuencia, hay un “bajo nivel de sindicalización y bajo poder de los sindicatos para generar convenios colectivos y mejoras” (Referente-2 CONFUSAM, entrevista, 10/10/2019) y, junto con ello, ha habido una falta de unidad de los trabajadores, y de los movimientos sociales, señalan los referentes de la Coordinadora, todo lo cual dificulta la posibilidad de presionar a la clase política para realizar los cambios necesarios en el sistema previsional.

En lo que sigue revisaremos, de manera cronológica, las diversas acciones que ha realizado la Coordinadora para alcanzar sus objetivos y luchar contra estos obstáculos.

Cronología de las acciones de resistencia de la Coordinadora NO+AFP

A continuación, reconstruimos la cronología de las acciones de resistencia que la Coordinadora ha realizado para terminar con el SCI y así instalar un “verdadero sistema de seguridad social”, de reparto, solidario, de financiamiento tripartito y con un fondo de reservas técnicas que asegure en el largo plazo pensiones dignas y la sustentabilidad y sostenibilidad del sistema.

Esta sistematización de sus acciones la fundamentamos en la importancia que tiene la movilización para la Coordinadora, como formas de visibilización y presión de sus objetivos, que incluso está expresada en su declaración fundacional, sobre todo en un contexto, donde sus acciones son constantemente invisibilizadas por los medios de comunicación en articulación con el poder político y económico, requiriendo continuamente idear estrategias para mantener la demanda vigente. Por otra parte, para los/as dirigentes, “todo lo que tenemos los y las trabajadores ha sido conquistado en las calles, con lucha” (Referente-2 CONFUSAM, entrevista, 10/10/2019), razón por la cual las movilizaciones son clave, en tanto “los que están arriba no se van a mover si no es cuando hay un movimiento en alza, así, permanente, que lo cerca, que no puede dar un paso sin que este movimiento no haga nada” (Referente-1 ANEF, entrevista, 10/9/2019).

Esta cronología se divide en 4 etapas según las acciones que han marcado un cambio de rumbo en las estrategias de la Coordinadora para alcanzar sus fines. Sobre ello profundizaremos a continuación.

Período 2013-2016. Estrategias de visibilización y la explosión de la demanda NO+AFP

Tomamos como primer período de análisis el que va desde la fundación de la Coordinadora en junio de 2013 hasta su visibilización masiva en el espacio público a raíz del caso “jubilazo” de Miriam Olate en el año 2016.

En los primeros años de existencia de la Coordinadora, se realizaron marchas ciudadanas e intervenciones en espacios públicos para visibilizar la demanda por el término de las AFP. También participaron en 2014 de las instancias de debate previsional ciudadano convocado por el gobierno de Bachelet (2014-2018) para reformar el sistema de pensiones, donde expusieron su demanda por el término del SCI y la instauración de un sistema de reparto^[31].

La consigna que acompañó este período fue la de “No+AFP, NI PRIVADA, NI ESTATAL”, como respuesta al Proyecto de Ley que en 2014 la entonces presidenta Bachelet había enviado al Parlamento para resolver la problemática previsional: la creación de una Administradora de Fondos de Pensión Estatal. El objetivo era “aumentar la cobertura para pensiones de la población que presenta bajos niveles de participación en el Sistema, […], introducir mayor competencia entre las AFP, respecto del nivel de las comisiones que cobran y la calidad de servicios que prestan a los afiliados” (Bachelet, 2014: 2)^[32].

Pero una AFP estatal, según la Coordinadora, no cambiaba las bases del sistema, sino que sólo alteraba aspectos secundarios del mismo, beneficiando “a los bancos y los grandes grupos económicos, que tienen acceso al mercado de capitales donde se invierten los fondos con un flujo permanente de dinero barato” (Coordinadora NO+AFP, 2016d).

Como hemos señalado anteriormente, no será hasta el año 2016 donde el reclamo para terminar con las AFP se torna multitudinario, como efecto de la situación previsional de Myriam Olate y el conocido caso “jubilazo”, donde una señora

que trabajaba en gendarmería, y que fuera esposa de un diputado socialista, que fue presidente del Congreso, recibió una pensión de muchos millones de pesos, y es una persona que no había trabajado tantos años en gendarmería, y se supo que el sueldo se lo habían arreglado los últimos meses para poderse retirar con un sistema de jubilación especial, mientras que la mayoría de los chilenos reciben una pensión miserable (Referente-1 CONFUSAM, entrevista, 24/9/2019).

Según la Coordinadora, esto generó mucha molestia en la ciudadanía y un ánimo de movilización sin precedentes: el 24 de julio de 2016 se reunieron en una gran marcha, sólo en Santiago más de 600 mil personas, hecho que ocurrió en proporciones en las diferentes regiones del país. La dimensión de este evento incluso sorprendió a la Coordinadora, que participó junto a otras organizaciones en la convocatoria a la marcha.

Si bien esta movilización no fue convocada sólo por la Coordinadora, sino que surge de grupos desarticulados que luego fueron desapareciendo, en esta instancia el movimiento “hace como de vocera y parlante de este momento de indignación popular, y, luego, [logra] tomarse y apropiarse de esa indignación, de ese descontento, de seguir promoviendo la acción colectiva, [y eso] fue un acierto” (Referente-1 ANEF, entrevista, 2/9/2019).

Y, de hecho, posteriormente la Coordinadora ocupará ese rol de disputa entre el gobierno y ciudadanía por un nuevo sistema de pensiones.

Frente a ello, el gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) anunció el diseño de una nueva reforma, para lo cual convocaría a quienes estuvieran involucrados/as en la temática previsional a construir un nuevo sistema a partir de un “gran pacto nacional”. Sin embargo, e incluso con dos multitudinarias movilizaciones realizadas los días 21 y 25 de agosto de 2016, la Coordinadora no había sido convocada por la presidenta. En cambio, el gobierno ya se había reunido con los dueños de las AFP, y si bien la Coordinadora había sido convocada por la ministra del trabajo, para los dirigentes “era justo”, “mínimamente racional”, que la propia presidenta los recibiera a ellos también.

Por ello, solicitaron formalmente una audiencia con la presidenta Bachelet, porque

así como recibió a los dueños de las AFP, nos parece del todo prudente que la jefa de Estado se digne a recibirnos, porque queremos hacerle entrega de una propuesta que es diametralmente opuesta a la que han presentado todos los empresarios en estos días (Mesina, Declaración tras solicitar reunión con la presidenta Michelle Bachelet, 2016b).

En una entrevista radial Mesina, principal vocero de la Coordinadora, señalaba, que querían reunirse con la ministra del trabajo, pero también con la presidenta

porque la ciudadanía tiene legítimo derecho (a ser escuchada), y si la presidenta no nos recibe no vamos a participar, no porque no queramos estar con la ministra del Trabajo. Muy por el contrario, creemos que ésa es la cartera más importante (en el debate), no Hacienda (Mesina, Entrevista Radio Cooperativa, 2016d).

Finalmente, el 31 de agosto de 2016 la presidenta y el ministro del interior recibieron a los voceros de la Coordinadora^[33]. En dicha instancia, se le entregó a la mandataria una “carta minuta” donde se explicitaban las “razones fundadas para pedir el término del sistema de capitalización individual y los principales lineamientos de una propuesta de reemplazo por un verdadero sistema previsional basado en el reparto solidario y con aporte tripartito” (Coordinadora No+AFP, 2016b). También se le solicitaba, como señal de voluntad de diálogo que “se congele la tramitación del proyecto de ley que modifica el Decreto Ley 3500, y cuya propuesta aumenta los riesgos sobre nuestros fondos previsionales” (Coordinadora NO+AFP, 2016c: 4) y también que “congele la negociación del TPP. Tratado que pone en riesgo la soberanía, entre otros aspectos, de nuestros fondos previsionales, y finalmente, le pedimos Sra. presidenta, que escuche a sus mandantes” (Coordinadora NO+AFP, 2016c: 4). Junto con ello, se le hizo entrega de una solicitud técnica para obtener datos duros que requiere el grupo de trabajo interdisciplinario de la Coordinadora “para elaborar una propuesta para un nuevo sistema de pensiones” y que se “ha enfrentado a la ausencia de datos en los organismos [públicos responsables]” (Coordinadora No+AFP, 2016b). Por otra parte, la Coordinadora manifestó que para ellos no existían soluciones dentro del SCI y que seguirían “activos y movilizados hasta conquistar un sistema previsional que otorgue pensiones dignas a todos los chilenos y chilenas” (Coordinadora No+AFP, 2016b). Por último, le comentaron sus próximas estrategias de acción para seguir en pie con sus demandas.

Al salir del encuentro los representantes declararon que la Coordinadora estaba disponible para el llamado a un “gran acuerdo nacional de la presidenta”, pero “ese gran acuerdo supone que quienes deben estar en el debate son justamente los propietarios de esos recursos” (Mesina, Declaración luego del encuentro de la Coordinadora NO+AFP con Michelle Bachelet, 2016a). En este sentido, se afirma que no es posible un consenso “si en la mesa siempre están sentados aquellos que tienen un interés monetario en el sistema, como el ministro de hacienda, dueños de las AFP, ex ministros de Estado, entre otros” (Mesina, Declaración luego del encuentro de la Coordinadora NO+AFP con Michelle Bachelet, 2016a). Carolina Espinoza, vocera de una de las organizaciones pertenecientes a la Coordinadora, la CONFUSAM, agregó que

estamos disponibles al diálogo partiendo de la base de terminar con el lucro de las AFP, también la solución pasa porque desde ahora en adelante la gente que está jubilada, también sean mejoradas sus pensiones, es decir, no esperamos una solución a largo plazo (Espinoza, 2016).

Con posterioridad a esta reunión continuaron las movilizaciones, lo que para la Coordinadora era consecuencia de la indignación de la ciudadanía, frente a

la constatación palpable de las consecuencias de un sistema ineficiente, costoso e injusto y la falta de respuesta del sistema político […]. Hay un pueblo expectante que reclama una solución de verdad y que no está dispuesto a que sean las AFP ni los grupos empresariales que se aprovechan del sistema los que pongan los contenidos, los métodos del debate, y generen los cambios (Mesina, Presentación propuesta previsional NO+AFP, 2016e).

En septiembre de 2016 se llevó a cabo la campaña “Cámbiate al fondo E”, cuyo objetivo fue incentivar a la ciudadanía a cambiar sus fondos previsionales al fondo de menor riesgo, para así evitar que las AFP siguieran especulando en las bolsas mundiales con los ahorros de los/as trabajadores, por ende, proteger estos dineros de las pérdidas y dar una señal al gobierno y las AFP del descontento con el sistema.

En octubre de 2016 también se lanzó una campaña para llamar a los afiliados de 2 AFP a desafiliarse masivamente y cambiarse de administradora, pues las mismas “estafaron a los chilenos, con la evasión tributaria, en 420 millones de dólares. Mañana comienza la cuenta regresiva para ellas y para todo el sistema de ahorro forzoso” (Mesina, Discurso tercera Marcha NO+AFP, 2016c)^[34]. En relación a esto, uno de los voceros del movimiento, emplazó a la ciudadanía a tomar la iniciativa para realizar los cambios: “queremos que la soberanía, que la posibilidad de hacer los cambios descanse en nosotros, de nosotros depende acabar con las AFP” (Mesina, Discurso tercera Marcha NO+AFP, 2016c). Finalmente, se hizo un llamado a un paro nacional para el 4 de noviembre ante la falta de respuesta desde la presidencia.

El año 2016 estuvo marcado por “un conjunto de movilizaciones impresionantes, que forzaron incluso al gobierno a plantear reformas previsionales, pero que en definitiva solamente dieron más aliento al sistema de AFP” (Referente-2 CONFUSAM, entrevista, 24/9/2019). En efecto, señala el dirigente de la CONFUSAM, la presidenta Bachelet habló por cadena nacional, señalando la demanda de la Coordinadora y considerándola justa y legítima, y que las pensiones eran un problema.

La siguiente acción de la Coordinadora fue el 24 de noviembre de 2016, al presentar una propuesta técnica de reforma al sistema previsional para la creación de un “verdadero” Sistema de Seguridad Social, de reparto, de financiamiento tripartito y con un fondo de reservas técnicas. Sobre éste profundizamos en el siguiente apartado.

Período 2016-2018. Propuesta técnica para un nuevo Sistema de Seguridad Social y el Plebiscito Autoconvocado “SI o NO+AFP”

En este segundo período de análisis, el foco estará puesto en la presentación y visibilización de la propuesta técnica para un nuevo Sistema previsional de la Coordinadora, estrategia que le permitirá mantener vigente su demanda por terminar con las AFP. Esto será fundamental sobre todo en el año 2017, primero, porque si bien la presidenta Bachelet en 2016 había hecho algunos anuncios sobre los contenidos de una nueva reforma previsional que no eliminaba el SCI, no había dado a conocer el proyecto de ley definitivo que sería enviado al Parlamento, por lo que había que insistir en la incorporación de la propuesta de la Coordinadora. Segundo, porque el año 2017 eran las elecciones presidenciales, y la demanda y propuestas de la Coordinadora podían quedar diluidas en la contienda electoral. En función de ello, en este período realizan una segunda estrategia de visibilización, la de un plebiscito autoconvocado para que “fuera la ciudadanía la que decidiera si quería o no +AFP”.

La propuesta técnica de la Coordinadora emerge en el contexto de las grandes movilizaciones ciudadanas contra el Sistema de AFP que se dieron a partir de julio de 2016 y ante la ausencia de una respuesta por parte del ejecutivo. Ausencia, porque para la Coordinadora cualquier solución que mantuviera la capitalización individual y la especulación financiera de los fondos previsionales, seguiría fracasando en el otorgamiento de buenas pensiones, y ya no había tiempo para seguir reformando el sistema a favor de empresas que usaban el “ahorro previsional de los chilenos en su beneficio, y obtener por su gestión utilidades descomunales del todo impropias en el marco de la administración de la Seguridad Social” (Coordinadora NO+AFP, 2016ª: 12). Esto ya había ocurrido en el año 2008 con la reforma previsional que incorporó un pilar solidario al Sistema en el primer gobierno de Bachelet.

Por otra parte, la elaboración de la propuesta técnica de la Coordinadora era una de las líneas estratégicas del movimiento, pues desde sus inicios identificaron la “necesidad de hacer propuestas, la necesidad de no sólo protestar, sino que de levantar una alternativa y hacer estudios” (Referente-1 ANEF, entrevista, 2/9/2019). Esta decisión tiene que ver con romper con lo que caracteriza, según la Coordinadora, a muchos movimientos sociales que, en general, denuncian, se oponen, “pero pocas veces levantan alternativas claras frente a lo que están denunciando” (Referente FENPRUSS, entrevista, 3/9/2019). Por eso, la Coordinadora orgullosamente señala que la misma “no es solo NO+AFP, sino también elaboradora de una forma técnica alternativa, verdadera, para dar solución al drama que viven los pensionados y pensionadas en Chile” (Referente-2 CONFUSAM, entrevista, 10/10/2019).

La propuesta tiene como objetivo

tener una respuesta, una alternativa frente al Sistema previsional de capitalización individual […]. Y construimos una propuesta para un nuevo sistema previsional para Chile, basado en los principios de la seguridad social y en particular de la solidaridad y el reparto (Referente FENPRUSS, entrevista, 3/9/2019).

La propuesta técnica parte del hecho de que el sistema actual está fracasado, sentencia que “pocos se atreven hoy a refutar […], por cierto, salvo los defensores de este modelo” (Mesina, Presentación propuesta previsional NO+AFP, 2016e): sus pensiones son insuficientes y la capitalización individual no respeta los Principios de la Seguridad Social incluso cuando algunos han sido ratificados por Chile –por ejemplo, el Art. 25 de la Declaración de los derechos humanos, la convención Nº102 de la Organización Internacional del Trabajo y la propia Constitución chilena–. Allí la protección social se considera como un deber del Estado, que debe atenderse integral y sistemáticamente en función de los siguientes principios básicos:

la cobertura a la población, la existencia de planes que cubran las contingencias básicas, la entrega de prestaciones dignas y suficientes, la gestión sin fines de lucro y con participación de los interesados y el esencial: la solidaridad, esto es, el esfuerzo conjunto de toda la comunidad en este propósito tutelar, radicada, por cierto, en la mayor contribución de quienes más pueden en beneficio de los menos pudientes (Coordinadora NO+AFP, 2016ª: 14)

Para la Coordinadora la capitalización individual era una entre otras alternativas para resolver las problemáticas que tenía el antiguo sistema, y mientras los trabajadores han pagado durante estos años con su esfuerzo parte importante del enriquecimiento de las AFP y compañías de seguro, “una destinación de esos mismos recursos a un sistema que no se hubiera apartado de la Seguridad Social y no hubiera transformado las pensiones en un negocio, nos tendría, sin lugar a dudas, en una situación sustancialmente mejor” (Coordinadora NO+AFP, 2016ª: 19).

La presentación de esta propuesta se erige en la convicción de la Coordinadora de que quienes deben estar en el debate sobre las pensiones, para que un “acuerdo nacional sea realmente democrático”, son los “verdaderos dueños de los fondos previsionales” que como tales no pueden “quedar ajenos a una decisión respecto al uso de [sus] fondos” (Coordinadora NO+AFP, 2016d). Por el contrario, en tanto las AFP, “dispensadoras de un servicio ineficiente por el cual cobran altas comisiones, […], [son] sociedades anónimas mandatadas por Ley para cumplir un determinado propósito, no están habilitadas para participar de un debate de política pública” (Coordinadora NO+AFP, 2016ª: 13).

La importancia otorgada a los derechos de la seguridad social no implica para el movimiento despreocuparse por la sustentabilidad financiera y un prudente y serio respaldo actuarial del sistema de pensiones. Pero, eso no significa,

que la Seguridad Social se construya en función y para el mercado de capitales. No, la Seguridad Social debe adecuarse a las posibilidades económicas; pero, orientarse a su rol propio de dar amparo a las personas en estado de necesidad (Coordinadora NO+AFP, 2016ª: 13).

La Propuesta Técnica de la Coordinadora Nacional de Trabajadores No+AFP para un nuevo Sistema de Pensiones para Chile se presentó formal y oficialmente el 28 de noviembre de 2016. La misma, como señala Luis Mesina,

no nace como manifestación del populismo, como señalan las AFP y sus defensores. Tampoco es la expresión de un pequeño grupo sobreideologizado que pretende en esta propuesta capturar la simpatía de millones de desencantados con este sistema mal llamado de previsión para conducirlos en una aventura sin destino. No (Mesina, Presentación propuesta previsional NO+AFP, 2016e).

Por el contrario, es

consecuencia de cientos de reuniones, de debates, foros y seminarios donde han participado también cientos de dirigentes, trabajadores y ciudadanos comunes. Recoge el aporte y la reflexión de miles de compatriotas que con sus distintas miradas han aportado a la creación de conocimiento en un tema en que precisamente involucra al conjunto de la sociedad en esta materia. También recoge el aporte de investigaciones, reflexiones que por años vienen efectuando desinteresadamente muchos intelectuales y estudiosos de diversas disciplinas, que han comprendido que la seguridad social [debe ser] entendida como un derecho fundamental (Mesina, Presentación propuesta previsional NO+AFP, 2016e)

Según la Coordinadora, son dos premisas fundamentales sobre las que se diseña y construye el nuevo sistema de pensiones: mejorar sustancialmente las pensiones de todos los pensionados actuales y también de quienes lo harán de aquí hasta que termine el siglo (2100); y cautelar el equilibrio fiscal y abrir el debate para la generación de empleo de mejor calidad en el futuro cercano, pues se entiende la seguridad social también como un contribuyente del desarrollo del país.

La propuesta de los trabajadores, en concreto, plantea la derogación del DL Nº3500 y la creación de un nuevo Sistema de Seguridad Social, moderno, “de reparto, solidario y con financiamiento tripartito de trabajadores, empresas y Estado, que reemplazará el sistema de capitalización individual de las AFP” (Coordinadora NO+AFP, 2016ª: 22). Se contempla un fondo de reservas técnicas “que garantiza el pago de las obligaciones del sistema en eventuales períodos de estrés financiero” (Coordinadora NO+AFP, 2016a: 22) y un período de transición, para que la transformación no genere desequilibrios económicos, e igualmente se puedan aumentar las pensiones hoy.

Esta propuesta no significa volver al sistema antiguo, sino que construir un nuevo sistema,

con todos los principios de la seguridad social […] que mediante cuentas nacionales, considerando el aporte que se hace desde el mundo del trabajo, pero también dando un piso de garantías mínimas, considerando pensiones no contributivas del orden del salario mínimo y de ahí para arriba considerando los aportes que cada cual haga a este sistema solidario, para poder sí dar garantías de piso, de piso, y de techo, para otorgar pensiones muy superiores a las que hoy día tenemos en Chile (Dirigenta CONFUSAM, entrevista, 10/10/2019).

Considerando la seguridad social como un derecho de los/as trabajadores/as y un imperativo ético de la previsión, la propuesta técnica se basa en los principios de: solidaridad (toda la gente, en función de sus posibilidades, contribuye económicamente al financiamiento de la protección social, incorporando una lógica redistributiva al sistema); universalidad (todas las personas participan de los beneficios del sistema, al menos para cubrir necesidades básicas); igualdad (todas las personas en la misma situación, sin distinción por género, etnia o religión, deben recibir el mismo trato en el sistema); suficiencia (las prestaciones deben garantizar al menos la continuidad de ingresos); sostenibilidad financiera y actuarial (para ello el sistema debe construirse por etapas, pero como parte de un plan general e indicando las prioridades en su implementación e ir avanzando cuando existieran los recursos. El costo de las prestaciones y de los gastos de administración debe financiarse de forma colectiva a través de cotizaciones y/o impuestos); rol del Estado y supervisión (el Estado debe asumir una responsabilidad general en la buena gestión de las instituciones y de los servicios que ayude a asegurar la protección garantizada en los convenios); dialogo social (para ser legítimo, un sistema ajustado a los principios de la Seguridad Social, debe ser construido en democracia e incorporar un proceso de participación plena de los distintos actores); y eficiencia y gastos administrativos razonables.

La solidaridad como principio fundante del sistema se entiende como

el traspaso de parte de la riqueza actual que los pensionados contribuyeron a crear, desde las presentes generaciones activas a los pasivos, con el objeto básico de mantener continuidad del poder adquisitivo del pensionado, respecto a su situación cuando era trabajador activo (Coordinadora NO+AFP, 2016ª: 22).

Esto es lo que se conoce como la solidaridad intergeneracional. Por otra parte, esta solidaridad también se entiende como que,

los sueldos altos, […] le donen un porcentaje, un medio punto, un punto, a la gente que se va a jubilar ganando el salario mínimo y que va a recibir una pensión de cincuenta mil pesos… hablamos de que la gente joven ayude a subsidiar o ayude a la gente anciana, de que el hombre se haga cargo también de ayudar a las mujeres (Referente Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financiero, entrevista, 10/10/2019).

El nuevo sistema de seguridad social ofrece una pensión basada en la “certeza de obligaciones (montos y años de cotizaciones) en relación con derechos (ingreso que recibirá el trabajador)” (Coordinadora NO+AFP, 2016ª: 23), es decir, “a las pensiones resultantes de las cuentas de capitalización individual, se añadirá el monto mensual necesario para alcanzar la pensión que le corresponda según los criterios del nuevo Sistema de Previsión Social” (Coordinadora NO+AFP, 2016ª: 23). Estos criterios tienen que ver con reconocer los años cotizados y asegurar pensiones mínimas contributivas y pensiones universales no contributivas.

Las pensiones podrán ser contributivas (para quienes hayan realizado cotizaciones) y no contributivas (para aquellas personas que no hayan realizado cotizaciones). En las pensiones contributivas, se fijan mínimos y máximos según los montos y años de cotización, con el fin de asegurar la universalidad de las prestaciones. Además, se aseguran pensiones mínimas contributivas, dependiendo de los años de cotización y con una tasa de reemplazo que aumenta con los años de cotización. En relación a las prestaciones no contributivas, se garantiza una pensión universal no contributiva equivalente al 100% del salario mínimo, independiente del monto y tiempo de las cotizaciones.

Para el cálculo de las pensiones se considera todo el período de cotizaciones del viejo sistema y el último período de 10 años de remuneraciones imponibles, “sobre las que cotizó, o en caso de no llegar a completar los diez años, el mayor período que alcanzó a cotizar el afiliado” (Coordinadora NO+AFP, 2016a: 23). Por último, a mayor tiempo de cotizaciones en el sistema la pensión resultante siempre será superior a la pensión universal y a la pensión mínima contributiva, de manera que existirá siempre un estímulo al ahorro. Por último, en la propuesta se crea un subsidio solidario a las mujeres cotizantes.

Este tipo de pensiones, aclaran, no expropia los ahorros de los trabajadores, argumento que es esgrimido por la clase política y empresarial del país para descalificar la propuesta del movimiento, ya que “para acceder a la nueva pensión, se parte del ahorro que ha logrado juntar cada trabajador y el nuevo sistema unifica hasta alcanzar el monto que le correspondería, de acuerdo a una nueva tabla que se elabora para el pago de pensión” (Referente FENPRUSS, entrevista, 3/9/2019). Esto quiere decir que, incluso, si los ahorros de un/a trabajador/a no alcanzan para financiar una pensión mínima, el nuevo sistema la completa.

En este proyecto, el financiamiento de las pensiones debe ser tripartito, es decir, se financiará con aportes del Estado –para las pensiones no contributivas–, de las empresas y de los/as trabajadores/as –para las pensiones contributivas–. Así, si en la actualidad el trabajador paga una cotización de entre el 10.41% y el 11.54% (incluido el costo de administración cobrado por la AFP) y el empleador paga en concepto de seguro de invalidez y sobrevivencia un 1.41%, lo que propone la Coordinadora es que progresivamente se disminuya el aporte del trabajador al 9%, y se aumente el aporte del empleador en un 9%. Así, la cotización previsional total sería de un 18% sobre el ingreso imponible, lo que representa solo un aumento del 5.2% de la cotización actual total. Por su parte, el aporte estatal viene del presupuesto de la Nación basado en tributos generales.

Para la administración de los fondos depositados en las cuentas individuales se propone una nueva institucionalidad: la Administradora de Seguridad y Previsión Social, que gestionará los fondos de capitalización individual acumulados hasta el cambio del sistema y los compromisos de pago de pensiones. En el caso de las pensiones de renta vitalicia, que son pagadas por compañías de seguro, el Estado asumirá la obligación de completar la diferencia, cuando la hubiera, entre la pensión otorgada y el cálculo del monto de acuerdo a las tablas del nuevo sistema.

Por último, esta propuesta se presenta con un detallado análisis macroeconómico, que permite fundamentar que un sistema de este tipo es posible y sustentable financiera y económicamente. En relación a esto, se señala que

se han utilizado supuestos conservadores, de tal manera que todos los cálculos de factibilidad que hemos realizado funcionan como un test de estrés financiero del sistema propuesto, y cualquier cambio de cifras macroeconómicas que serían esperables, solo pueden resultar en una mejora de la sustentabilidad del sistema previsional propuesto (Coordinadora NO+AFP, 2016ª: 24).

Sobre la base de ciertos supuestos económicos (Tabla Nº1), se construyó una Tabla de pago de pensiones que podrían otorgarse por medio de este nuevo sistema entre 2017 y 2100 (Tabla Nº2).

Tabla Nº1: Supuestos macroeconómicos y demográficos para el cálculo de pensiones en el nuevo sistema

Fuente: Elaboración propia en base a la propuesta técnica de la Coordinadora NO+AFP para un nuevo sistema de pensiones para Chile (2016).

Tabla Nº2: Cálculo de pensiones en tasa de reemplazo y pesos chilenos, según años cotizados

Fuente: Coordinadora NO+AFP. Propuesta técnica para un nuevo sistema de pensiones para Chile.

Junto con ello, la propuesta considera un Fondo de reservas técnicas, compuesto por el superávit resultante de los ingresos menos los gastos del sistema previsional y que tiene como base el fondo de reservas técnicas ya existente (de 9.403,44 millones de dólares). Este fondo asegurará “el cumplimiento de las obligaciones previsionales del sistema en el largo plazo y en el evento de periodos de estrés financiero, y del previsible impacto del envejecimiento de la población” (Coordinadora NO+AFP, 2016ª: 26). Las inversiones del fondo tendrán criterios éticos, prohibiéndose inversiones en empresas con prácticas antisindicales, discriminatorias por motivo de raza, étnica, género, religión, que dañen el medio ambiente, o cualquier otra. Además, no se realizarán inversiones especulativas o de alto riesgo, y el fondo “contribuirá al desarrollo de la economía y al desarrollo del país” (Mesina, Presentación propuesta previsional NO+AFP, 2016e).

Por último, se describe el gasto en que incurriría el Estado para financiar el nuevo sistema, señalándose que, si se hubiera implementado en el año 2017, el costo se hubiera reducido del actual 4% al 3.07% del PBI (incluidos los costos por lo sistemas de pensiones paralelos al de capitalización individual). También se demuestra estadísticamente la sostenibilidad de la relación entre número de cotizantes y pensiones.

En definitiva, la propuesta de la Coordinadora es enarbolada por ella como la propuesta de los trabajadores por un sistema que sea “verdaderamente un sistema de seguridad social” con garantías de piso y hacia arriba según los aportes de cada uno/a. Su funcionamiento tiene la lógica de reparto, se basa en la solidaridad y se restituyen el aporte del empleador y del Estado a los ahorros previsionales, asegurando que las pensiones puedan ser mejoradas hoy, no en 10 años como lo promete la propuesta del gobierno. Considera un fondo de reservas técnicas para darle sustentabilidad al Sistema de Reparto frente a crisis económicas o cuestiones demográficas como el envejecimiento de la población. Y, fundamental, no se expropian los fondos de los trabajadores^[35].

Volviendo al período en análisis, el año 2017 encuentra a la Coordinadora con una propuesta técnica para transformar el sistema de pensiones por capitalización individual y con algunas propuestas de la mano del ejecutivo que, si bien se abre a la incorporación de un componente de reparto financiado por un incremento de la taza de cotización a cargo del empleador, no tienen total consenso al interior del gobierno, existiendo un sector que rechazaba esta medida. De hecho, el ministro de hacienda, en el Seminario de Icare ¿Cómo viene el 2017?, declaraba que el 5% de aumento de la cotización, no alcanzaba para sostener el sistema en el tiempo, porque habrá más retirados que activos, y que no había claridad de dónde se depositaría ese ahorro extra. Además, afirmaba que los sistemas de reparto no funcionaban o sólo funcionaban por un tiempo y luego quebraban, poniendo en tensión la propuesta de la presidenta, cuestión que también levantó las alertas de la Coordinadora.

Por ello, era necesario continuar con las estrategias de visibilización de la propuesta técnica, realizándose en marzo de 2017, la cuarta Marcha NO+AFP, titulada “la marcha más grande de la historia”, donde se reunieron sólo en Santiago 800 mil personas, cuestión que se repitió, en proporción, en las distintas regiones del país. En la instancia Mesina (Discurso cuarta marcha NO+AFP, 2017a) recalca que, desde la gran movilización por el jubilazo, la agenda pública ha estado marcada por las demandas del movimiento, y por el hecho de que ya nadie defiende el “fracasado sistema de AFP”, salvo sus dueños y quienes se han beneficiado. Agrega que entre las instituciones del Estado hay un acuerdo implícito para privar a la ciudadanía, no sólo del derecho a la previsión, sino que también del derecho a la salud pública, a la educación pública y de calidad y a la vivienda digna. Agrega que en el mantenimiento de las AFP han estado involucrados todos los gobiernos, desde la centroderecha a la centroizquierda. Respecto de la Nueva Mayoría, la coalición gobernante, Mesina señala

que en el pasado nos prometieron acabar con este sistema una vez recuperada la democracia. Nos traicionaron. […]. Se han convertido en los defensores de este sistema enarbolando las banderas de lo privado como un dogma. […]. Bajo sofismas y el dogma de la propiedad privada se han convertido en esbirros del gran empresariado y han hecho lo imposible por impedir que recuperemos un derecho social que nos fuera arrancado bajo la dictadura (Discurso cuarta marcha NO+AFP, 2017a).

Sin perjuicio de ello, para la Coordinadora la propuesta del gobierno (2015-2018) de un aumento en las cotizaciones de un 5% es un pequeño triunfo, pero aún queda por hacer. En la instancia se cuestiona el rol del ministro Valdés y su falta de objetividad respecto de las reformas, en tanto “se reunió en el exterior con los dueños de las principales AFPs, de capitales norteamericanos, cometió una falta gravísima, que lo hace prisionero y le quita absoluta legitimidad para abordar una política pública como la que demandamos” (Mesina, Discurso cuarta marcha NO+AFP, 2017a). Por otra parte, los rumores de que la reforma del gobierno aumentaría la edad de jubilación de las mujeres, es interpretada como una “declaración de guerra” a los/as trabajadores/as, una provocación que se responderá como movilización (Mesina, Discurso cuarta marcha NO+AFP, 2017a).

Finalmente, en abril de este año, el ejecutivo da cuenta de la reforma que enviará al Parlamento. En la misma, se mantienen los ejes privados del sistema y la propuesta de incrementar el porcentaje de cotización a cargo del empleador, pero se reduce el porcentaje destinado a reparto que se había anunciado en 2016 al 2%. El día 10 de mayo^[36] los voceros del Movimiento llevan una carta a la mandataria expresando que su propuesta no permitirá mejorar las pensiones hoy, y denuncian que ésta mantiene la “filosofía” de la capitalización individual, contraria a los principios de la seguridad social y “no cumple con el clamor de la ciudadanía que exige un cambio profundo para garantizar seguridad social y pensiones dignas” (Coordinadora NO+AFP, 2017: 1) y que fue manifestado en cuatro multitudinarias marchas contra el actual sistema. Para la Coordinadora no tocar a las AFP significa que “el gobierno se pone del lado de éstas y de los grandes grupos económicos que seguirán disponiendo de nuestro ahorro para el financiamiento de sus negocios y no al pago de pensiones” (Coordinadora NO+AFP, 2017: 2). En consecuencia, continuarán con su plan de movilizaciones hasta alcanzar un nuevo sistema de seguridad social.

Ante la falta de respuestas por parte de la clase política y el distendido tiempo que se venía tomando el gobierno para enviar el proyecto de ley al parlamento, la Coordinadora asume que la eliminación del SCI no va a venir de la voluntad de los gobernantes. Por ello, idean la realización de un plebiscito ciudadano, autoconvocado, autogestionado y autofinanciado para consultar a la ciudadanía qué modelo de seguridad social quería, a través de la pregunta, “Sí o No+AFP”. Por medio de este mecanismo se buscaba visibilizar la voluntad real del país respecto a una materia que había generado tanto interés de la ciudadanía (Mesina, cit. en Fuentes, 2017).

Esta estrategia de movilización, como señalamos, permitiría que la demanda por NO+AFP no sucumbiera en un año electoral, pudiendo seguir comprometiendo a la gente con la necesidad de cambiar un sistema de pensiones basado en el individualismo, e instaurar un sistema de reparto solidario que otorgue pensiones dignas para todos los/as trabajadores/as (Oradora Coordinadora NO+AFP, 2018). Además, afirman, los resultados del plebiscito permitirán enfrentar la propaganda que dice que la gente no quiere terminar con las AFP, sino que lo que quiere son mejores pensiones.

El 7 de julio de 2017 se hace el lanzamiento del Plebiscito NO+AFP a realizarse en septiembre y octubre del mismo año. En la instancia una de las voceras de la Coordinadora afirmó que pese al complot que está sufriendo el movimiento, saben que tienen que continuar con la lucha, porque son mayoría y porque tienen la razón y “que es de justicia social recuperar para Chile un verdadero sistema de pensiones” (Espinoza, Lanzamiento Plebiscito No más AFP, 2017). Y el plebiscito es una forma de

movilización, de hacer participar a la familia, a los jóvenes mayores de 18 años, a los viejos, a las viejas, para que expresen si quieren seguir con este sistema de capitalización individual o si quieren avanzar hacia un sistema público, de reparto, solidario, con […] los principios constitutivos de la seguridad social (Mesina, Trasmisión en vivo de la Coordinadora No+AFP, 2017c).

La realización del plebiscito se fundamentó en el derecho de la ciudadanía a pronunciarse sobre materias que son vinculantes con la condición humana (Mesina, Trasmisión en vivo de la Coordinadora No+AFP, 2017c). Es, en definitiva, una forma de empoderar a la gente, de restituir la soberanía al pueblo, ya que la “soberanía debe descansar en la voluntad popular y ese es el principio fundamental que nos anima” (Mesina, Lanzamiento plebiscito No+AFP, 2017b). Por ello, aun cuando este plebiscito no es vinculante y está por fuera de la institucionalidad, es un acto democrático con toda la legitimidad “que le da la organización y la lucha por una causa tan necesaria como es la del sistema de pensiones para Chile” (Espinoza, Lanzamiento Plebiscito No más AFP, 2017). Así, si bien no es lícito en términos legales, tiene legitimidad, cuestiones que no siempre van de la mano, pero que, sin embargo

nos han hecho creer que los actos espurios, inmorales, si están investidos de cierta licitud, hay que tolerarlos y aceptarlos. Nosotros queremos confrontar la legitimidad de estos actos, es decir, el componente axiológico, ético con estos actos de legalidad, que no da el ancho para resolver los problemas que demandamos los chilenos (Mesina, Trasmisión en vivo de la Coordinadora No+AFP, 2017c).

Con el slogan, ¡Aquí tu voto importa!, se efectuó la campaña del plebiscito y la realización del mismo, de manera presencial y virtual, se autogestionó con el apoyo de las organizaciones sindicales, sociales, vecinales, deportivas, religiosas, entre otras, que incluso dispusieron sus locaciones para llevar a cabo la votación física. Además, esta acción, según la Coordinadora, fue autofinanciada, realizándose sin aportes del Estado o de partidos políticos, cuestión que les era fundamental para mantener su autonomía como movimiento. En la votación participaron casi un millón de personas, y un 98% votó a favor de terminar con las AFP.

Una cuestión que destacan todos/as los dirigentes entrevistados es que, pese al éxito del plebiscito, fue escasamente cubierto por los medios de comunicación hegemónicos.

En medio de esta campaña, en agosto de 2017, se envía el proyecto de ley propuesto por el gobierno al parlamento y en noviembre del mismo año la Coordinadora envía otra carta a la presidenta Bachelet. Sin embargo, estas movilizaciones quedaron diluidas por la campaña electoral. Sin perjuicio de ello, los diferentes candidatos tuvieron que definirse respecto a qué proyecto previsional proponían, o directamente si estaban a favor o no de continuar con la capitalización individual.

Periodo 2018-2019. Hacia una Iniciativa Popular de Ley

Este tercer período, que inicia en 2018, estará marcado por la asunción al poder de un gobierno neoliberal, el segundo mandato de Sebastián Piñera (2018-2022). En este marco, la Coordinadora asumió que el oficialismo iba a invisibilizar al movimiento social y sus demandas, a la vez que, persistir, como gobiernos anteriores, en la conformación de un Estado como

órgano subsidiario, que no reconoce derechos, sino que captura parte de los recursos públicos generados por los trabajadores para transferirlos focalizadamente, asegurando una suerte de asistencialismo, reforzando la lógica de la caridad por sobre la solidaridad […] a la vez que, ponerse al servicio de cautelar el interés del poderoso (Mesina, Discurso Lanzamiento Iniciativa Popular de Ley NO+AFP, 2018b).

Por eso era muy importante, como señalan todos/as los/as dirigentes, mantener un constante estado de movilización y visibilización de la propuesta de la Coordinadora, comprometiendo a la ciudadanía con la demanda por NO+AFP y sumando nuevas estrategias para incrementar su conocimiento público. Una idea para ello vino del Sindicato de trabajadores de la construcción, montaje industrial y afines, quienes propusieron “la idea de continuar la lucha convirtiendo nuestra propuesta en ley” (Oradora Coordinadora NO+AFP, 2018).

Esta propuesta se discutió en el tercer Congreso Nacional^[37] de la Coordinadora realizado en enero del 2018, y en dicha instancia se respaldó de forma unánime la idea de iniciar un proceso de Iniciativa Popular de Ley (en adelante IPL). Además, estaban

convencidos que la sola implementación de esta política exigiría a la Coordinadora mayores niveles de organización y de trabajo, por ende, nos fortalecería para enfrentar los desafías que se nos venían para enfrentar los anuncios en materia de pensiones que anunciaba ya el gobierno de Sebastián Piñera (Mesina, Discurso Cierre de campaña Iniciativa Popular de Ley NO+AFP, 2018a).

¡Qué el pueblo legisle sobre las pensiones! Con esta consigan el 12 de junio de 2018 la Coordinadora hizo un llamado a “una nueva campaña movilizadora” para generar una IPL NO+AFP, para reformar el sistema de pensiones. En el evento participaron representantes de diferentes partes del país de la Coordinadora, investigadores de la Fundación Sol –que como señala la Coordinadora son co-constructores de la propuesta para el nuevo sistema de pensiones–, abogados que han apoyado la iniciativa, representantes de la mesa nacional del Frente Amplio^[38] y de la Coordinadora feminista 8M, y dirigentes sindicales, sociales y políticos.

La diversidad de organizaciones participantes significa para uno de los voceros, la restitución a la sociedad de

la capacidad de pensar, de reflexionar; pero, por sobre todo, permite imaginarse una sociedad donde los derechos fundamentales sean efectivamente reconocidos por todos, lo cual es en sí, un cuestionamiento al modelo chileno que todo lo ha privatizado (Mesina, Discurso Lanzamiento Iniciativa Popular de Ley NO+AFP, 2018b).

Al igual que con la realización del plebiscito, la IPL no es una herramienta institucional en Chile, en tanto sólo el poder ejecutivo, de la mano del/la presidente/a de la República, tiene la iniciativa legislativa cuando la misma implica gastos del Estado, como lo es una reforma previsional. Y si bien los parlamentarios pueden presentar proyectos de ley, éstos no pueden implicar cambios en el presupuesto nacional, solo pueden presentar mociones que no impliquen recursos. En consecuencia, como señalan los dirigentes,

una reforma al sistema de pensiones es de iniciativa exclusiva del ejecutivo. No existe la posibilidad de llevar proyectos de ley de la ciudadanía al parlamento y los parlamentarios tampoco pueden […] Y eso, ningún presidente lo va a hacer (Referente-1 CONFUSAM, entrevista, 24/9/2019).

Así, afirman, en Chile no está estipulado en la Constitución política, heredada de la dictadura, el derecho para que el pueblo haga sus propios proyectos para garantizar sus derechos, mejorar su calidad de vida o generar políticas públicas y presentarlos en el parlamento. Por ello, con la IPL, se pretende “devolver al pueblo, a los ciudadanos, a los trabajadores la capacidad legislativa, secuestrada por una constitución espuria e impuesta, que impide a los ciudadanos ser partícipes de la construcción de las leyes que le afectan” (Mesina, Discurso Lanzamiento Iniciativa Popular de Ley NO+AFP, 2018b). Así, “la IPL no es un ejercicio institucional, sino que es propiamente tal un ejercicio instituyente, es decir, que instituye algo nuevo, que no existe” (Abufón, Presentación metodología IPL NO+AFP, 2018a).

La IPL implica la transformación de la propuesta técnica a un proyecto de ley, con la participación de la ciudadanía a lo largo de todo el país, y con ello en mano, exigir a las autoridades legislar sobre las pensiones en base a la voluntad popular (Mesina, Discurso Lanzamiento Iniciativa Popular de Ley NO+AFP, 2018b).

Por otra parte, la IPL es otra forma de romper con la creencia de que los movimientos sociales sólo protestan, pero no hacen propuestas. Y, además, en tanto la Coordinadora ha constatado que la propuesta “no es lo suficientemente conocida”, incluso para quienes están en la lucha y comparten la consigna por NO+AFP, salen a marchar, y participaron del plebiscito (Abufón, Presentación metodología IPL NO+AFP, 2018a), la IPL se constituye en un nuevo instrumento

de educación y movilización ciudadana […] [de] mayor legitimidad en la permanente comunicación con la gente, con los trabajadores, con los postergados, los humillados, los desdeñados, con la gran mayoría de los chilenos y de las chilenas (Mesina, Discurso Lanzamiento Iniciativa Popular de Ley NO+AFP, 2018b).

En la presentación de la metodología para la construcción de la IPL NO+AFP, se explica que ésta trata de “impulsar la movilización en torno a la recuperación de la soberanía popular mediante la elaboración colectiva y participativa de un proyecto de ley por parte de la ciudadanía a partir de la propuesta de la [Coordinadora]” (Abufón, Presentación metodología IPL NO+AFP, 2018a).

El proceso de formulación de la IPL se realizó mediante la discusión de un anteproyecto de ley basado en la propuesta técnica de la Coordinadora y sobre el cual la ciudadanía pudo hacer propuestas y críticas. Para ello, se realizaron encuentros sociales, compuestos por representantes de la diversidad nacional tales como ciudadanos, dirigentes sociales y especialistas^[39]. También se realizaron cabildos, que eran encuentros de base organizados por comunales o sindicatos de la Coordinada o autoconvocados. Las temáticas a discutir en esta instancia estaban pre-establecidas por la Coordinadora y versaban sobre las siguientes cuestiones: principios de la seguridad social, edad de jubilación, tipo de pensiones del sistema; administración y destino de los fondos, desigualdad de género; y seguridad social en general. Esta última discusión se fundamentaba en la idea de que las personas que se jubilaban no solucionarían sus problemas sólo con una mejora en las pensiones, ya que podían tener otras problemáticas (Abufón, Presentación metodología IPL NO+AFP, 2018a)^[40]. Por último, se podía participar individualmente a través la página web.

Para la Coordinadora, estas instancias participativas eran fundamentales para refrendar la propuesta, complementarla en aspectos específicos que la misma no explicitaba acabadamente, y para movilizar a las bases para que promovieran, defendieran y replicaran la propuesta y el proyecto de ley en los diferentes espacios, sociales, políticos, barriales, etc. (Abufón, Presentación metodología IPL NO+AFP, 2018a).

Entre junio y de noviembre de 2018 se registraron 735 cabildos en todo el país, en los cuales hubo 10 mil participantes y más de 2000 horas de discusión y deliberación^[41]. Para los/as dirigentes de la Coordinadora esta movilización fue un hecho histórico e inédito en Chile, que marcó un hito en la lucha del movimiento por restituir una vida digna a los “viejos y viejitas”. De hecho, uno de ellos señala que la IPL era “quizás, la única iniciativa, digamos, en Chile, en décadas, digamos, donde un Proyecto de Ley se elabora con la participación activa de la ciudadanía” (Referente FENPRUSS, entrevista, 3/9/2019).

Explicándonos el porqué de nombrar esta movilización “IPL”, uno de los referentes de las CONFUSAM, señala que tiene que ver con convocar a la gente de todas las comunas, de todas las juntas de vecinos del país a esta actividad ciudadana,

para que hicieran propuestas respecto de cómo construir un sistema de seguridad social. […]. Finalmente, a nivel nacional logramos consolidar una propuesta, junto con el apoyo de fundaciones, centros de estudios, abogados, economistas, etc. (Referente-1 CONFUSAM, entrevista, 24/9/2019).

El 10 de diciembre de 2018 en Santiago se realiza el cierre oficial de la Campaña “IPL NO+AFP”. En la instancia se reitera el que esta iniciativa permite

profundizar la democracia, ya que la actual constitución que heredamos de la dictadura, entrega la iniciativa de ley de forma casi exclusiva al poder ejecutivo, limitado incluso la acción legislativa del parlamento, y, por cierto, impidiendo absolutamente la participación ciudadana (Espinoza, Discurso cierre de Campaña Iniciativa Popular de Ley, 2018).

En este sentido, la IPL fue tremendamente significativa para la Coordinadora en términos de ejercicio democrático, sobre todo en un país “donde la democracia se ha concentrado en algunas instituciones del Estado y en ir votar por representantes cada una cierta cantidad de años”. Pero la gente está desencantada de la política y no sólo no va a votar y, sino que también se ha alejado del ejercicio de hacer valer sus ideas y sus proyectos (Mesina, Discurso Cierre de campaña Iniciativa Popular de Ley NO+AFP, 2018a). Por ello, este tipo de democracia para la Coordinadora está en crisis, no sólo porque en ella la clase política ya no tiene las herramientas para responder a las demandas del pueblo, sino porque también ha incurrido en diferentes actos de corrupción, y de represión sobre el movimiento social. Concluyen, en consecuencia, que los cambios no vendrán desde el poder.

Como consecuencia, la IPL abrió y restituyó un espacio democrático, político para que la ciudadanía debatiera y deliberara. Y, en efecto, el haber movilizado a más de “10 mil personas con autonomía del Estado, autofinanciándonos, constituye un hecho político de importancia que, nos permite tener la garantía de la independencia política de nuestro movimiento” (Mesina, Discurso Cierre de campaña Iniciativa Popular de Ley NO+AFP, 2018a).

Es interesante rescatar uno de los temas específicos abordados durante los cabildos, a saber, la desigualdad de género en el tema de pensiones. El mismo se incluyó por petición de una de las organizaciones integrantes de la Coordinadora, la Coordinadora feminista 8M, quienes habían discutido sobre estas cuestiones en el “Encuentro de mujeres y pensiones” que realizaron en mayo de 2018. Entre otros, introdujo en la discusión la creación de un sistema de pensiones que reconozca explícitamente todos los trabajos que se realizan en la sociedad, tanto remunerados como los invisibles que realizan mayoritariamente las mujeres en el hogar (Carrillo, 2018).

Por otra parte, en los cabildos, reconociéndose la maternidad, las tareas de cuidado y el trabajo doméstico como cuestiones estructurales que permean el sistema de pensiones, se planteó la necesidad de que el Estado cubriera los periodos de trabajo no remunerado, lo que para la Coordinadora resignificó la idea de “laguna previsional”, bajo un enfoque feminista que contempla que los periodos no remunerados son en su mayoría por tareas de crianza y cuidado realizadas por mujeres. Y, por otro lado, se propuso que este reconocimiento se tradujera en una bonificación de cotizaciones por labores de cuidado, independiente del género, como un incentivo a que los hombres asuman este tipo de tareas (Abufón, Presentación resultados de los cabildos IPL//NO+AFP, 2018b).

Finalmente, el 14 de marzo del año 2019 la Coordinadora NO+AFP lleva al Congreso de la Nación en Valparaíso la IPL para un nuevo sistema de pensiones. A las afueras del Congreso salieron algunos parlamentarios que apoyaban la propuesta a recibirlos, encabezados/as por el c Frente Amplio. Pero también se acercaron otros partidos políticos que no necesariamente estaban de acuerdo con la propuesta de la Coordinadora, tales como el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Comunista y el Partido Socialista. Quienes no estuvieron presentes fueron los partidos de la coalición gobernante piñerista, a saber, la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional. En la instancia, además, se convocó a la ciudadanía para una marcha el 31 de marzo de 2019 (Coordinadora NO+AFP, 2019a).

Como ya era costumbre, la presentación del proyecto, como señalan los/as dirigentes entrevistados/as, no salió en los medios de comunicación.

Período 2019. Estrategia jurídica y creación de Unidad Social

Este último período que analizamos contextualiza las acciones de la Coordinadora en el segundo año del gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) hasta el “estallido social” de octubre de 2019.

En estos tiempos, también se desarrollarán nuevas estrategias para visibilizar el fracaso del SCI y la problemática de las pensiones, pero haciendo foco en la propiedad de los/as trabajadores sobre los fondos previsionales y en la necesidad de articular la lucha por las pensiones, con otros sectores de lucha en el país. En este marco, se llevan a cabo la “estrategia jurídica” y la creación del colectivo “Unidad Social”, iniciativas que emergieron en enero de 2019 en la Conferencia Nacional de la Coordinadora NO+AFP –donde participaron militantes del movimiento de todo el país–. En la instancia se definieron tres líneas de trabajo para el año 2019: denunciar el fraude del sistema, concientizar a parlamentarios/as para rechazar la propuesta del gobierno y potenciar la movilización social (Referente CONFUSAM, entrevista, 10/10/2019).

En la Coordinadora sabían que con el gobierno piñerista no tenían ninguna posibilidad de que su propuesta fuera viable (Referente-2 ANEF, 2/10/2019). Junto con ello, reconocían que todo lo que habían hecho para alcanzar un cambio en el sistema de pensiones no había sido suficiente, porque “el poder no nos hace caso” (Referente FENPRUSS, entrevista, 3/9/2019). En este marco, la estratégica jurídica fue diseñada específicamente para atacar el carácter neoliberal del proyecto de ley de reforma previsional que había enviado el gobierno al Congreso en octubre de 2018, en cuanto cuestionará uno de los principios fundantes de la capitalización individual: la propiedad privada.

Sin perjuicio de lo anterior, la Coordinadora hará otros cuestionamientos a la reforma previsional, la cual consideran como una mentira, pues el incremento del 10% en las pensiones actuales es muy poco en relación al monto que reciben los/as jubilados. Por otra parte, la pensión destinada a la clase media también es cuestionada por la Coordinadora. Primero, porque esta mejora también es en un “monto miserable”. Segundo, porque para acceder hay que “ganar 725 UF, 750.000 pesos chilenos, y haber, en el caso de los hombres, cotizado veintidós años y, las mujeres, haber cotizado por dieciséis años” (Referente FENPRUSS, entrevista, 3/9/2019), requisitos muy alejados a la realidad de densidad de cotización y de los sueldos de los/as trabajadores/as. Junto con ello, la reforma plantea un aumento de las cotizaciones de un 4% a cargo del empleador, cuyo destino serán las cuentas individuales, porque la propiedad de los ahorros es de los/as trabajadores.

Sobre este punto de la reforma es que estará focalizada la estrategia jurídica y tendrá como fin evidenciar la “contradicción y mentira” con la que opera el Sistema de Capitalización, al señalar que garantiza el derecho a la propiedad privada. Bajo el argumento de la propia contraparte, de que los ahorros previsionales son de propiedad de los trabajadores, de que los trabajadores son inversores en la industria, accionistas de los grandes ahorros del país, “gracias a que la propiedad, […], estaría garantizada con todo el tema de AFP” (Dirigenta CONFUSAM, entrevista, 10/10/2019), se hizo un llamado a los pensionados/as a solicitar a las AFP la restitución de sus fondos^[42].

Avizorando el consecuente rechazo a las mismas, el objetivo de la Campaña “Decido Yo” –en la que participó también la Fundación “La casa común”^[43]– era poner en jaque a las AFP y evidenciar la siguiente contradicción:

la propiedad tiene como atributos el uso, goce y disposición. Los pensionados de Chile no tienen uso, goce, ni mucho menos disponen de los fondos. En cambio, las AFP hacen uso, gozan sus frutos y disponen -arbitrariamente- de ellos. Es hora de terminar con este abuso (Coordinadora NO+AFP; La casa común, 2019).

En otras palabras, lo que se buscaba era “visibilizar en la opinión pública, que si bien es cierto que nos dicen que los fondos son nuestros, […] nosotros no podemos hacer uso de esos fondos” (Referente-2 ANEF, entrevista, 2/10/2019). En consecuencia, aun cuando

la Constitución política del Estado de Chile, la constitución de Pinochet, dice que existe el derecho de propiedad privada, y el DL 3500, y las AFP dicen, y el gobierno dice y el Superintendente de Pensiones dice que el fondo de ahorro es de los trabajadores, […] eso no es realidad (Referente-1 CONFUSAM, entrevista, 24/9/2019).

Un segundo paso de esta campaña se realizó el 23 de julio de 2019, cuando la Coordinadora y la Fundación Casa Común interpusieron, en simultaneo, 14 recursos de protección en las Cortes de Apelaciones de las capitales regionales del país, solicitándoles que determinaran si son los trabajadores los propietarios o no de los fondos previsionales y si las administradoras, por ende estaban obligadas o no a devolverlos. Si la respuesta de los Tribunales era sí, como señala la referente de la Coordinadora de sindicatos del comercio, se podrían retirar los fondos. Pero si les decían que no,

le demostramos a todo el pueblo de que nos vinieron engañando treinta y siete años diciendo que los fondos son nuestros, pero no son nuestros en realidad porque nadie dispone, nadie decide ni nadie de los trabajadores goza de su ahorro, los únicos que se enriquecen y se aprovechan de eso son las sociedades anónimas (Dirigenta Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financiero, entrevista, 10/10/2019).

Del total de recursos presentados –correspondientes a personas jubiladas militantes de la Coordinadora– los de las ciudades de Arica, Antofagasta, La Serena, Santiago (San Miguel), Chillán, Valdivia, Punta Arenas y Valparaíso, fueron admisibles. Mientras que los recursos de protección presentados en las Cortes de Iquique, Santiago (Centro), Temuco y Puerto Montt fueron inadmisibles. Esto demuestra, en palabras de la Coordinadora, que “hay una controversia, la propia Corte de apelaciones tiene diferentes criterios para abordar esta petición” (Mesina, Campaña #esmiodedidoyo, 2019)

Según los/as dirigentes, esperaban que los recursos de protección fueran rechazados, por lo que lo que les sorprendió que dos de los declarados como “admisibles” (Antofagasta y Punta Arenas)^[44], además, solicitaran al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre

la eventual inaplicabilidad por inconstitucionalidad del decreto ley N3500 […], particularmente de sus artículos 23, 34 y 51, en el entendido que su aplicación en los casos concretos produciría una norma que generaría un efecto jurídico contrario a la Constitución, afectando el derecho de propiedad que las recurrentes tienen sobre los fondos previsionales de sus cuentas de capitalización individual que gestionan las AFP (Nogueira Alcalá, 2019).

Además, en el fallo se señala “que el DL 3500 no da garantía del derecho de seguridad social que también está consagrado en la Constitución política” (Referente-2 CONFUSAM, entrevista, 10/10/2019).

Este punto devela una

evidente contradicción frente al derecho de propiedad que tiene el trabajador respecto de la capitalización individual […] [en tanto] no puede utilizarla en su propio beneficio para salir de una insolvencia sobreviniente. […]. [Son] contradicciones que crea el Decreto Ley referido no solo contra el derecho de propiedad sino con la garantía constitucional […] [del] Estado que supervigile el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, lo que evidentemente en este caso no se da (Rol 2797-2019, Corte Antofagasta).

Para los/as entrevistados/as era muy difícil que el Tribunal Constitucional fallara declarando como inconstitucional el no restituir los fondos^[45], por violar el derecho a la propiedad privada y a la seguridad social. Ambos estipulados en la Constitución.

Sin embargo, esta estrategia significó para la Coordinadora poner nuevamente la demanda por el término del SCI en el espacio público y los medios de comunicación. Como señala el referente de la CONFUSAM esta estrategia abrió “un debate muy intenso, el gobierno, los empresarios, todo el mundo está opinando del tema, los medios de comunicación están hablando sobre este tema, porque hemos nuevamente puesto en cuestión el sistema de pensiones” (entrevista, 24/9/2019). Por su parte, una de las dirigentes de la ANEF (entrevista, 2/10/2019) señala que “esto va marcando precedentes y va también generando despertar en la gente”. Y como este alegato duraría muchos meses, ya era potente la estrategia “en el sentido de poner el tema a la vista, y que no sigan tapándolo” (Referente-2 CONFUSAM, entrevista, 10/10/2019). Y, en efecto, el impacto del fallo de la Corte de Antofagasta fue de tal magnitud, que incluso significó la renuncia del Superintendente de Pensiones,

porque se salió de sus cabales y como buen patrón de fundo dijo algunas frases bien agresivas hacia la ciudadanía […]. O sea, le estamos movimiento el piso con esa estrategia jurídica, que resultó ser un tremendo acierto y que hoy día nos tiene con harta visibilidad y fuerza en la pelea (Referente-2 CONFUSAM, 2/10/2019)^[46].

Durante este período, la Coordinadora postuló que su objetivo no era buscar una solución a la problemática previsional a través de la posibilidad de sacar la totalidad o parte de los ahorros de pensión. Primero, porque esta medida había sido probada en otros países, como en Perú^[47], con nefastos resultados. Pero, además, porque esa era una salida individual, y para la Coordinadora la seguridad social es solidaria y colectiva.

Por ello, si el Tribunal fallaba a favor de los/as trabajadores lo que se buscaba era que “el trabajador puede imponer que se forme un nuevo sistema de pensiones, donde haya una pensión básica solidaria para que todos tengamos una pensión más justa, más digna” (Dirigente Colegio de Profesores, entrevista, 16/9/2019). Y si se fallaba que no se podían retirar sus fondos, se develaba que hay “en Chile derechos de propiedad en letra grande para los grandes empresarios, y derechos de propiedad en letra pequeña para los trabajadores y trabajadoras” (Mesina, Campaña #esmiodedidoyo, 2019).

En definitiva, el principal fin era cuestionar los cimientos de un sistema basado en “premisas falsas”, en tanto, el DL 3500, que da origen a la ley de capitalización individual, no respeta el derecho constitucional a la propiedad privada, ni al de seguridad social. Consecuentemente, en cualquiera de los dos casos, se lograba refrendar que “el sistema de capitalización individual es un sistema de ahorro forzoso, es un modelo que no está en condiciones de entregar pensiones a la gente al término de su vida laboral, pensiones dignas” (Dirigente-1 CONFUSAM, entrevista, 24/9/2019).

Luego de estos eventos, el día 6 de octubre la Coordinadora convocó a una nueva marcha por NO+AFP, la última realizada antes del estallido social de Chile.

En paralelo a la estrategia jurídica, y a raíz del diagnóstico que se había elaborado en la Conferencia Nacional de la Coordinadora realizada en enero de 2019, donde, además de insistir en la necesidad de profundizar la movilización social y de visibilizar en el espacio público la demanda por NO+AFP, identifican la existencia de muchas luchas por diferentes derechos sociales –como los derechos de la mujeres, por el agua, el medio ambiente, la vivienda digna– que, como señalan los/as referentes, están “todos concatenados por el mismo modelo económico opresor, el neoliberalismo”, pero que se movilizan por separado, y que tampoco son escuchadas por el poder. De hecho, la clase política no “se hace problema en que la gente marche por diversas demandas, […], y se dan los permisos para marchar por la Alameda, pero, más allá de eso, no hay respuesta” (Referente FENPRUSS, entrevista, 3/9/2019).

En tanto, según la Coordinadora, las organizaciones no van a ser exitosas solas, y no pueden seguir luchando contra el sistema solos, se propusieron hacer un llamado para unirse entre estas organizaciones y sus luchas. De este modo, comenzaron un proceso de confluencia, que los/as entrevistados/as describen como muy difícil, por las diferencias y disputas históricas entre las organizaciones. Y agrega, una de las entrevistadas, que sólo la Coordinadora podría haber guiado este camino de unión, en tanto

tiene un prestigio, tiene una valoración bien transversal, [y en ese sentido] podía ser parte de ese camino de sanar esas heridas que heredamos de la dictadura, digo yo, y que hoy día nos están permitiendo sentarnos y empezar a articular a acciones conjuntas (Referente-2 CONFUSAM, entrevista, 10/10/2019).

De este proceso de articulación, el 5 de agosto de 2019 nace Unidad Social, un frente de lucha conformado, inicialmente, por aproximadamente 60 organizaciones sociales y sindicales^[48]. En su Manifiesto diagnostican un sentimiento de “rabia y molestia” que recorre el país por las injusticias que se cometen en las áreas de salud, trabajo, pensiones, educación, cultura, vivienda, territorios, agua y medio ambiente, mujeres, pueblos originarios, inmigrantes, entre otros, como consecuencia de décadas de implementación del Neoliberalismo. Por otra parte, se critica la impunidad de quienes son responsables de estas injusticias y de los niveles de corrupción que corroen a gran parte de las instituciones de Chile. Junto con ello, denuncian que los sectores políticos defensores del neoliberalismo mantienen hasta hoy una Constitución ilegítima y “un entramado social, institucional y económico, que impiden cambios democráticos y la recuperación de los derechos fundamentales” (Unidad Social, 2019).

Según Unidad Social estas cuestiones se han acrecentado en el gobierno de Piñera, con políticas públicas regresivas, represión, violación impune a los derechos humanos y con la generación de “correlaciones de fuerzas conservadoras en el parlamento, destinadas a reducir aún más los pocos derechos que nos están quedando” (2019). Así, se acrecienta la promoción del individualismo por sobre la solidaridad, y el objetivo de empresarios y dueños del poder de “maximizar sus ganancias no respetando y conculcando las libertades y derechos fundamentales –derechos humanos, políticos, económicos, sociales, étnicos, sexuales, culturales– de todas las y los habitantes del territorio” (Unidad Social, 2019).

Frente a este diagnóstico el objetivo de Unidad social es cambiar este estado de cosas, pues quienes subscriben al Manifiesto quieren una sociedad diferente, más libre y democrática, más igualitaria y justa, más solidaria y fraterna. Para ello han decidido actuar al unísono con el objetivo de defender y recuperar “las libertades y derechos fundamentales, que son los que le hacen sentido a la mujer y al hombre sencillo de nuestro pueblo que aspiramos a una vida buena, justa y acogedora” (Unidad Social, 2019).

Bajo la consigna “Nos cansamos, nos unimos”, el 5 de septiembre de 2019 se lanza públicamente Unidad Social, optando para ello otro tipo de acción diferente a las tradicionales marchas, ya que, como señalan, estas acciones ya no generaban un impacto en la contraparte e incluso eran interpretados como actos en el marco de la democracia. Tampoco, según su relato, en Chile hay experiencia de huelga general. Por ello, decidieron hacer una protesta en vez de una marcha, como nueva forma de presión, que consistió en hacer cortes con barricadas en puntos clave de distintas ciudades del país. Los/as compañeros/as que hacían las barricadas, como señala el referente del Colegio de profesores, tenían que desaparecer antes que llegaran los Carabineros, lo que permitió que nadie fuera preso. Por el caos vehicular que provocaron estas protestas, aparecieron en los medios de comunicación, desconociéndose el autor de las mismas. Al medio día se realizó una marcha no autorizada por la Alameda, principal arteria de la capital de Chile, y aun cuando la hicieron por la vereda, fueron reprimidos. En la noche se hizo un caceroleo. En las diversas instancias se lanzaron panfletos con la consigna, “nos cansamos, nos unimos”.

Unidad social tenía muchas expectativas de movilización y visibilización para el segundo semestre de 2019, sobre todo porque en Chile se iban a realizar dos eventos internacionales muy importantes, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)^[49] y la COP25^[50], instancias que veían como oportunidades únicas para irrumpir con sus demandas mancomunadas.

Sin embargo, el 18 de octubre de 2019 ocurre el “estallido social”, un proceso inédito de multitudinarias protestas y movilizaciones a nivel nacional, iniciadas por un grupo de estudiantes secundarios en reclamo por el alza del pasaje en el transporte público. En este proceso, la ciudadanía y diferentes organizaciones de la sociedad civil ocuparon espacios públicos de manera permanente hasta fines de 2019, con una diversidad de demandas, desde la renuncia del presidente Piñera, hasta el término de las AFP, el derecho a la vivienda digna y el fin del lucro en la educación y en la salud. Estos procesos de movilización, en general, fueron desarticuladas y sin un proyecto político que pudiera aglutinar todas las demandas y presentarlas de manera conjunta al ejecutivo. Pero sí, en su mayoría, simbolizaban que el alza de las tarifas del transporte subterráneo, emblema del desarrollo, el progreso, la estabilidad económica y el orden nacional, era “la punta del iceberg de una serie de injusticias, exclusiones y desigualdades signadas por un modelo civilizatorio que tiene como fin la instauración del mercado total y la protección del capital para y de unos pocos” (Soto Pimentel, 2019). Caracterizó este periodo la brutal represión^[51] con que fueron desarmadas estas movilizaciones, con un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y graves violaciones a los derechos humanos^[52].

Estos acontecimientos marcaron un cambio de rumbo en la agenda de la Coordinadora, la que tuvo que adaptar sus estrategias de visibilización, acción y resistencia frente a un estallido del cual también era parte. Al inicio del mismo, incluso llegó a ser una de las pocas organizaciones de la sociedad civil convocadas por el ejecutivo, como interlocutor de la sociedad civil, para discutir sobre la crisis social y las posibles soluciones^[53]. Así también, el Colectivo Unidad Social participó en las instancias de discusión ciudadana de soluciones a la crisis, por medio de la coordinación y realización de Cabildos ciudadanos.

Recapitulación

En este capítulo hemos presentado los procesos de emergencia, resistencia y acción de la Coordinadora NO+AFP frente a las reformas previsionales neoliberales que ha tenido que enfrentar. Para ello, contextualizamos su nacimiento en los procesos que dieron origen en 1981 al Sistema de Pensiones chileno constituido en el Sistema de Capitalización Individual (SCI), sus principales problemáticas y las reformas que han sido implementadas en éste, o bien que han sido propuestas para solucionarlas, hasta octubre de 2019. Posteriormente desarrollamos los procesos de emergencia, constitución y devenir de la Coordinadora, incluyendo sus antecedentes y su diagnóstico sobre el SCI. Finalizamos esta presentación con una cronología de las principales acciones de resistencia de este movimiento, que van desde su fundación en junio de 2013, hasta el estallido social de Chile en octubre de 2019.