La existencia de la población que pernocta en las calles no es reciente ni exclusiva de la CABA, hay caracterizaciones que pueden ser remitidas a principio de siglo XX en varias grandes ciudades del mundo.
En la bibliografía disponible existen múltiples formas de denominar a la población que se encuentra viviendo en la calle: sin techo, sin hogar, situación de calle, errantes, nómades urbanos, indigentes, desafiliados, situación de vulnerabilidad social, de/en riesgo, parias urbanas, habitantes de calle, atorrantes, linyeras, callejeros, crotos, entre otras (Spradley, 1988; Castel, 1995; Marchese, 2006; Boy, 2009; Bachiller, 2010). En este aspecto, cabe señalar que estas conceptualizaciones no son sinónimas y pertenecen a distintos marcos teóricos producidos en diferentes contextos socio-históricos. No obstante, fueron tomados como punto de partida para poder pensar la particularidad de la situación de las mujeres que pernoctan en las calles, plazas, paradores y hogares del gobierno en la CABA. Para luego, finalmente, indagar respecto de las formas y los sentidos en que las propias mujeres enuncian de su problemática.
Debido a las condiciones marginales en las que desarrollan sus vidas cotidianas, las personas en situación de calle presentan un alto grado de vulnerabilidad, que se expresa en la susceptibilidad al desarrollo de problemas de salud (Zaldúa y col, 2002). En ese aspecto se destacan: obstáculos en la accesibilidad a los servicios socio-sanitarios, enfermedades respiratorias, dolencias de los músculos esqueléticos, infecciones cutáneas, malestares digestivos, consumo problemáticos de sustancias psicoactivas y sufrimiento mental (Médicos del Mundo, 2010). Estos padecimientos se ven agravados y complejizados por la situación de exclusión social, incidiendo en la esperanza de vida. Asimismo, las personas en situación de calle en la CABA se encuentran expuestas a distintas situaciones de violencia tanto estructurales, como episodios cotidianos de malos tratos que se han caracterizado por la represión y criminalización (Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, 2009; Boy, 2010).
El sinhogarismo en los países centrales
En la actualidad aún en los países también llamados del “primer mundo”, en los que se supone que debería haber una mayor garantía de derechos y equidad social, se observan personas que habitan las calles. La bibliografía revisada abarca investigaciones de Estados Unidos, Canadá, países de Europa, inclusive Escandinavia, y Australia.
Una de las principales corrientes de investigación sobre la temática proviene de la Escuela de Chicago, ligada en principio a la investigación sociológica empírica de problemáticas urbanas producidas entre 1915 y 1940 en la ciudad de Chicago (Estados Unidos) frente a los distintos cambios sociales, como el crecimiento poblacional y el aumento de la delincuencia (Azpurúa, 2005). Hacia fines del siglo XX, con la caída del Estado de Bienestar sus trabajos se focalizaron en el estudio de la marginalidad urbana. En este contexto, a partir de los años setenta surgieron diversos aportes de esta Escuela a los estudios de homelessness. Los más emblemáticos han sido realizados desde la Antropología Social y basados en el método etnográfico que implica una observación participante por parte del investigador en el campo. Spradley (1988) realizó una descripción densa de las distintas prácticas de subsistencia que las personas producen en el contexto de la calle. El autor los describe como nómades urbanos poseedores de una subcultura caracterizada por la movilidad, la alienación, la pobreza y un conjunto de estrategias de subsistencia.
En su trabajo sobre el sinhogarismo en España, el antropólogo argentino Santiago Bachiller (2010) realizó un relevamiento histórico sobre los estudios de la temática y destacó la labor de Howard Bahr, quien en la década del setenta interpretó a esta situación de exclusión en términos de desafiliación con una orientación individualista que se diferencia de las concepciones de Castel (1995). De este modo, al igual que Spradley, la gran tradición de estudios sobre la temática focalizó su análisis en el carácter nomádico y el aislamiento social de esta población, supuesto que continúa en muchas investigaciones actuales (Bachiller, 2010).
Otro abordaje es el que plantea el sociólogo francés Loic Wacquant (2001) en su libro Parias urbanos, donde analiza lo que denomina nuevo régimen de marginalidad urbana como fenómeno en todas las sociedades “avanzadas” del occidente capitalista, y toma el caso de Estados Unidos y Europa. Ambos tienen lógicas similares pero también un tanto diferentes respecto de las modalidades de nueva pobreza que se desprenden de la caída del Estado de Bienestar y de las políticas. Aún en países socialdemócratas en donde estas políticas neoliberales se dieron en forma atenuada, como Escandinavia, se visibiliza igualmente el impacto en la población. Wacquant (2001) distingue cuatro lógicas que alimentan la marginalidad:
- La macrosocial, ligada al resurgimiento de la desigualdad social, relata casos emblemáticos como el de la ciudad de Nueva York, que tiene la clase alta más grande del planeta pero también la mayor cantidad de personas sin hogar. En este aspecto el mayor crecimiento económico en las ciudades supone un declive para una parte de la población.
- La económica, relacionada con la mutación en las formas de trabajo asalariado y el desempleo. Miles de empleos han sido automatizados y, a su vez, las condiciones se han visto flexibilizadas, precarizadas y deterioradas. Se trata de la superfluidad de la clase obrera que constituye “población excedente absoluta”.
- La política, asociada con el achicamiento y desarticulación del Estado de Bienestar. Los Estados, además de ser propulsores de políticas para paliar algunas dificultades, son también constructores de estratificación y desigualdad.
- La espacial, en términos de concentración y estigmatización. Describe la segregación de una parte de la población dentro de los espacios de las ciudades, atravesada por grandes desigualdades sociales. Esta forma de exclusión urbana también se relaciona con la discriminación racial, y el autor describe las problemáticas que atraviesan las minorías en relación a la violencia y los daños a nivel físico y psíquico de vivir en una zona desmoralizada y que experimenta una caída del sentido de comunidad que caracterizaba a muchos barrios obreros.
Estos procesos de marginalidad urbana atravesaron la realidad de la mayoría de los países capitalistas occidentalizados, lo cual generó preocupación entre algunos investigadores comprometidos con las cuestiones sociales y también desencadenó estrategias por parte del Estado y la sociedad civil para hacer frente a esta problemática. En primer lugar resultó necesario poder definir la problemática y a la población. El vocablo inglés es homelessness que se traduce como sinhogarismo para varios autores en España (Bachiller, 2010). La literalidad del término implica la falta de home u hogar, que ya presenta una ambigüedad ya que según el Diccionario de la Real Academia Española, puede ser entendida como casa/ domicilio o en tanto familia y/o grupo de personas que viven juntas. Entonces, tradicionalmente se apela a la primera implicando la falta de vivienda.
En la actualidad, las definiciones de sinhogarismo incluyen distintas formas que no se circunscriben únicamente a la falta literal de techo, sino también toma la inestabilidad habitacional y considera la percepción subjetiva respecto a su situación. La Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan con las Personas sin Hogar (FEANTSA) desarrolló una tipología sobre la situación de exclusión habitacional que denominó European Typology on Homelessness and Housing Exclusion. Esta clasificación fue creada originalmente para poder comparar estadísticas entre los distintos países, ya que incorpora diversos elementos e identifica cuatro tipo de sinhogarismo: sin techo (rooflessness); sin casa/hogar (houselessness) que implica vivir en lugares temporarios como hoteles o instituciones del estado; vivienda insegura (insecure housing), que incluye vivir con amigos/familiares bajo el riesgo de ser desalojado; y por último viviendas inadecuadas (inadecuate housing) que incluye los asentamientos precarios y situaciones de hacinamiento (Johnson, Ribar y Zhu, 2017). Según el último reporte de FEANTSA, el escenario de las personas en situación de calle se ha profundizado en la mayoría de los países de Europa. Destacan que, según el análisis y los datos disponibles, el único país de la región que ha abordado la problemática en forma integral y exitosa es Finlandia. En este país las políticas sociales apuntaron a implementar programas a largo plazo (que ya llevan más de 20 años) para reducir el sinhogarismo. En este caso han puesto el foco en proporcionar viviendas accesibles y apoyo especializado para los sectores más vulnerables (FEANTASA, 2017). Por su parte, el reporte del Ministerio de Ambiente, describe el proceso de implementación de estos programas y cómo han logrado la reducción cuantitativa de la población sin hogar en el país (Pleace, Culhane, Granfelt y Knutagård, 2015). También, la estrategia basada en Housing First, de vivienda permanente, reducción de daños y el derecho de las personas de elegir sobre los servicios sociales. En Finlandia se focalizaron además en términos preventivos para evitar desalojos de las viviendas y se destinó un gran presupuesto a la construcción de viviendas sociales permanentes.
Otro de los modelos para el abordaje es el llamado escalera, que enmarca la problemática dentro de las políticas sociales creando dispositivos específicos para la atención de esta población, como albergues o paradores transitorios de pernocte. A su vez, plantea un modelo de intervención individual e interdisciplinario en un primer momento y luego el pasaje a un alojamiento. En cambio, el Housing First contempla que la problemática puede ser mejor abordada una vez que la persona posea una vivienda estable.
En Estados Unidos también se amplió la definición a partir del Homeless Emergency Assistance and Rapid Transition to Housing Act, de 2009, en el que además de la definición literal se incluyó a las personas que está en riesgo de perder la vivienda o padece violencias en relación al género y otras situaciones.
Latinoamérica: una problemática creciente
Al igual que los países centrales, los periféricos o del “tercer mundo” también fueron objeto de la devastación de las políticas neoliberales implementadas en los ochenta y noventa, que propiciaron procesos cada vez más exacerbados de exclusión, expulsión y exterminio social de una parte de la población (Breilh 2010). En la actualidad, los países latinoamericanos presentan una gran desigualdad social, que se expresan en indicadores socioeconómicos (CEPAL, 2016) y se visibiliza claramente en las grandes ciudades, donde conviven edificios de lujo junto a asentamientos precarios que no cuentan con servicios básicos y presentan gran cantidad de personas que pernoctan en las calles. Nuevamente existen dificultades para precisar este número por la discrepancia en formas de cuantificar y definir el problema (Rosa, 2013). Se destacan diversas investigaciones en la región con una vasta producción en Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina. Los entramados en los que se presenta la problemática cuentan con particularidades propias en cada uno de los países, según la coyuntura político-económico-social; en Colombia se relaciona también con la situación de los desplazados y las comunidades indígenas y en Chile históricamente ha sido abordada por el Estado haciendo hincapié en la variable habitacional.
En Brasil, uno de los países con mayor diversidad social y mayor desigualdad de la región, es probablemente donde más ha estudiado la problemática, que ha sido abordada desde una diversidad de enfoques, estrategias metodológicas y campos de estudio, entre los que se destacan los del área de la salud. En 2015 se calculó que había alrededor de 101.000 personas que vivían “en” y “de” la calle, a quienes cotidianamente se los denomina moradores de rua o sem-teto (habitantes de calle, sin techo). Esta población sin embargo prefiere ser conocidas como pessoas em situação de rua (personas en situación de calle), concepto que visibiliza el carácter de transitoriedad de este proceso de absoluta exclusión social (Rosa, Cavicchioli y Brêtas, 2005). Como forma de afrontamiento surgió en 2005 el Movimento Nacional da População de Rua, que puso en cuestión la creencia que estas personas prefieren sobrevivir por instituciones ligadas a la lógica asistencialista y de caridad. También se generó una forma de organizarse y reivindicar sus derechos a través de la movilización política (Moraes, 2017). Este movimiento se convirtió en un espacio de lucha colectiva y construcción de conciencia política que habilitó la conformación de un actor social relevante con incidencia en las políticas públicas y las vidas de las personas. Luego de la formación del Movimento, la formulación de políticas intersectoriales involucra a distintos sectores del Estado, instituciones de asistencia de la sociedad civil y la participación activa de las personas en situación de calle.
Argentina: de linyeras a personas en situación de calle
A partir de 1920, se comenzó a denominar crotos y linyeras a varones que se definían como propios de una cultura itinerante y dueños de su propia fortuna, viviendo a los márgenes de la sociedad (Pallares, 2004). Eran personas a las cuales el gobierno les permitía viajar gratis en los ferrocarriles en busca de empleo, y también eran conocidos como trabajadores golondrinas. Se los vincula entonces con la construcción de un individualismo romántico basado en una visión del hombre libre (Rubinich, 2008). A estos linyeras y crotos también se los asociaba con rasgos personales socialmente condenados, como ser vagos, sucios, delincuentes, alcohólicos o locos (Pallares, 2004). Hacia fines de los noventa, en un contexto de crisis socio-económica y desempleo masivo, surgió en Argentina un nuevo fenómeno social, el de las personas en situación de calle, que se diferenciaba de las caracterizaciones del linyera aunque algunos de los antiguos supuestos respecto de ellos siguieron operando como centrales en el imaginario social (Boy, 2009; Biaggio, 2010).
En 2011, Martin Boy analizó lo que denominó “la nueva cuestión social” que se observaba en la CABA, caracterizada por el incremento de la exclusión social y la vulnerabilidad de algunos de sus habitantes. Su trabajo parte de las transformaciones sociales producidas luego de la caída de algunas instituciones que cohesionaban a la sociedad, como lo eran el pleno empleo y la escuela pública, que suponía la posibilidad de movilidad social. Dio cuenta de la construcción política del problema de las personas que viven en la calle en la CABA, y cómo a partir de 1997 el incremento cuantitativo de esta población impulsó un conjunto de políticas sociales orientadas a la atención de lo que se denominó en ese entonces como los sin techo. El autor propone entonces un acercamiento a la problemática desde una mirada a las políticas implementadas para la atención de las personas que viven en la calle (Boy, 2010). Este trabajo, aunque circunscripto a la CABA, reflejaba la realidad que se comenzaba a percibir en otros ámbitos.
En la actualidad, esta cuestión social se manifiesta también en ciudades del Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Chaco y Mendoza, aunque con distintas idiosincrasias. No obstante, aún ahora la mayoría de las investigaciones encontradas fueron realizadas en CABA y en menor medida en la Ciudad de Rosario. En el ámbito científico-académico se destacan algunos estudios realizados desde la Antropología, el Trabajo Social y la Psicología Social (Di Iorio et al, 2014; Lenta, 2013; Boy, 2010; Biaggio, 2006; Biaggio y Verón, 2010 Pallares, 2004; Rubinich, 2008; Saizar, 2002). Esta temática también ha sido trabajada desde documentos presentados por funcionarios del GCBA (Malanca, 2003) y otros organismos públicos (Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, 2012). Y las ONG y asociaciones civiles han producido informes y documentos al respecto de este tema como Médicos del Mundo, SIPAM, la Comunidad de Saint Egidio, Red Solidaria y Red Otro Lugar.
CABA: una población dinámica y heterogénea
Como sabemos, en la CABA se encuentra la mayor concentración demográfica del país, y también la mayor concentración de la riqueza. Sin embargo, no todos sus habitantes gozan de los mismos beneficios socioeconómicos. Por el contrario, a partir de las últimas dos décadas del siglo XX se observó una multiplicación de las desigualdades y un acrecentamiento de los extremos de pobreza y riqueza similar al de otros grandes centros urbanos (Auyero, 2001). Una de las manifestaciones de esta polarización la constituyen las personas que se encuentran viviendo en la calle.
Los datos más difundidos sobre esta población de la CABA provienen de fuentes oficiales del GCBA y de la sociedad civil, y distan mucho de ser coincidentes. A partir de que se instaló esta problemática en la agenda política y en 1997 se crearon programas específicos desde el GCBA para su asistencia, cada año se realiza un conteo en el que las cifras de personas en situación de calle se mantienen relativamente estables, entre 705 y 1.356. Este cálculo incluyó solamente a las personas adultas que se encontraban pernoctando físicamente en la vía pública al momento de realizar el conteo ocular nocturno. Los indicadores y metodologías utilizadas por el GCBA han ido variando a lo largo del tiempo, lo que dificulta la validez de estos conteos (Rosa, 2013). En 2010 Médicos del Mundo realizó un relevamiento tomando en consideración otros factores –personas adultas sobreviviendo físicamente en la calle; a chicos y chicas en situación de calle; personas alojadas en hoteles o albergues por medio de subsidios habitacionales; personas en hogares o paradores de tránsito; cartoneros con pernocte en la calle; población afectada por desalojos y personas en asentamientos precarios y viviendas ocupadas– y calculó que esta población ascendía a 15.253 personas (Boy, 2010; Médicos del Mundo, 2010). En 2014, el GCBA estimó en 876 las personas en situación de calle y Médicos del Mundo en 16.353.A pesar de las discrepancias en las cifras de las dos entidades, se observan algunos patrones comunes: mayoritariamente son hombres adultos solos, aunque se ha detectado que la cantidad de mujeres y grupos familiares fue aumentando desde los primeros registros (Pallares y Ávila, 2014; Rosa, 2013).
En 2017 el GCBA informó la presencia de 1.066 personas en situación de calle. Al mismo tiempo se realizó, por parte de organizaciones sociales, políticas y vecinales, el primer censo popular de personas en situación de calle en la CABA: contactaron a 4.590 personas que dormían diariamente en la vía pública; si se considera la definición ampliada que contempla a las personas en albergues transitorios, hogares, etc. a estas se suman 1.478 personas, además de 20.000 que estarían en riesgo. En conclusión, en la CABA hay más de 25.000 personas encuadradas en lo que la Ley 3706 considera en situación de calle y riesgo (Censo Popular de Personas en Situación de Calle, 2017; La Nación, 2017).
Por otra parte, es de destacar la heterogeneidad de personas que sobreviven en y de la calle en la CABA; entre ellas algunas que atravesaron situaciones de encierro en instituciones penales o en hospitales monovalentes psiquiátricos, chicos y chicas con experiencia de vida en la calle, víctimas de la política de desalojo del GCBA y sobrevivientes de situaciones de violencia. Además de quienes duermen diariamente en la calle, en ranchadas o solas, hay recolectores/as de materiales con pernocte esporádico en la calle. Asimismo, hay personas alojadas en paradores y hogares del gobierno, otras que perciben un subsidio habitacional transitorio otorgado por el GCBA para alquilar un cuarto de hotel y las que se encuentran en riesgo de situación de calle habitando viviendas ocupadas y asentamientos precarios (Biaggio, 2006; Boy, 2009; Pasamonik, 2009; Médicos del Mundo, 2010).
El incremento cuantitativo de personas en situación de calle evidenciado en la CABA a partir de 1997 el GCBA impulsó un conjunto de políticas sociales, en el marco bajo el cual lanzó el Programa Sin Techo, orientado a brindar asistencia a las que entendía como necesidades básicas de esta población (Boy, 2009). Estas políticas consistían en armar una red de hospedaje nocturno transitorio y luego otorgar subsidios habitacionales por un lapso de seis meses, entendiendo que en ese período las personas iban a revertir su situación de calle. Esto visibiliza cómo el Estado, a través de sus políticas sociales, define y construye un determinado tipo de problema, en este caso en términos de emergencia habitacional y también mediante sus tecnologías produce un objeto-sujeto de su intervención: los sin techo (Boy; 2009; Biaggio, 2010).
Desde entonces a esta parte, se han ido implementando algunas políticas. focalizadas principalmente desde el área de Desarrollo Social del GCBA (Boy, 2009), que incluyen la creación de dispositivos específicos para la asistencia: Programa Buenos Aires Presente, Subsidio Habitacional para Familias en Situación de Calle, Nuestras Familias, Ciudadanía Porteña, Hogares y Paradores. No obstante, las políticas son asistencialistas y reducen el problema a la variable habitacional, estigmatizando y excluyendo de recibir beneficios sociales a gran parte de la población (Biaggio, 2006; Pallares y Ávila, 2014).
Asimismo también se optó por una política represiva. Durante 2009 se registraron múltiples denuncias en las defensorías porteñas hechas por personas en situación de calle, respecto a un grupo denominado UCEP (Unidad de Cuidado del Espacio Público, dependiente del GCBA) por ejercer violencia física hacia ellos (Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, 2009; Veiga, 2010a; Boy, 2010). En el invierno de 2010, altos funcionarios del GCBA decidieron iniciar causas legales en contra de los padres de un bebé de 25 días que falleció de una neumopatía, culpabilizándolos y criminalizándolos por encontrarse en situación de calle (Veiga, 2010b).
En lo que atañe a las instituciones públicas de la CABA, tanto en el sector Salud como en Desarrollo Social, es necesario mencionar las lógicas de vaciamiento y desfinanciamiento implementadas por el gobierno local, como así también las situaciones de precariedad y flexibilidad laboral de los/as trabajadores/as (Zaldúa, 2011). Además de las prestaciones estatales, existen ONG, entidades religiosas y diversas organizaciones laicas que tradicionalmente han brindado ayuda a esta población. Estas diferentes respuestas de atención aparecen en forma fragmentada y aislada, muchas veces ubicando a las personas en situación de calle como objeto de las prácticas biomédicas (Menéndez, 2009; Spinelli, 2010), la filantropía privada, la caridad de las instituciones religiosas o de la tutela del Estado (Da Silva Rosa et.al., 2005) que atribuye beneficios sociales para los pobres en vez de Derechos (Fleury, 2007).
Es decir que las políticas sociales implementadas para el abordaje de las problemáticas de la situación de calle en la CABA han sido mayoritariamente de corte neoliberal. Se caracterizan por ser focalizadas, asistencialistas y paliativas en tanto no proponen modificaciones a los motivos que suscitaron la situación de calle (Saizar, 2002; Rosa, Cavicchioli y Brêtas, 2005, Boy, 2010).
Es interesante observar cómo a partir de la implementación de los programas sociales del GCBA se fue construyendo una identidad merecedora de asistencia tal cómo lo describen las autoras Biaggio y Veron (2010), quienes brindan un estudio etnográfico que pone su foco en la creación del programa Atención a Familias en situación de calle producido a través del Decreto 690/06. El artículo citado analiza las implicancias de esta política social desde dos ámbitos: el Ministerio de Desarrollo Social del GCBA y el Parador Nocturno Bepo Ghezzi de la misma dependencia.
Esta acotada definición sobre quienes serían los destinatarios de los beneficios sociales en muchos casos implica que para tener acceso a una prestación social, que debería ser un derecho, es necesario demostrar que la persona o grupo familiar se encuentra en una situación crítica y de suma precariedad (Biaggio, 2010). La categorización que estas políticas proponen deja por fuera de muchas prestaciones sociales a la diversidad de personas que viven en la calle. A su vez, se trata entonces de procesos estigmatizantes de esta población en los que se da una dinámica de atribución “rasgos que se imponen por la fuerza a nuestra atención y que nos llevan a alejarnos de las personas que los portan, anulando el llamado que podrían hacer los restantes atributos” (Goffman en Biaggio, 2010, p. 44). El ser catalogado con estos estigmas traería aparejado prácticas discriminatorias tanto entre las personas que comparten esos rasgos como los que no. Estos procesos operan en muchos casos en términos de violencia simbólica, asociada a cristalizaciones de sentido instituidas en el devenir cotidiano (Fernández, 2007).
Reforzando estos procesos estigmatizantes, se encuentra la conformación de circuitos de calle que consisten en la recorrida diaria que las personas realizan por diferentes instituciones que brindan asistencia básica para la subsistencia, tales como comer y dormir, incluyendo ONG e instituciones del GCBA. Este circuito funciona como círculo vicioso y se caracterizan también por cronificación de la situación, agudizando los procesos de exclusión social (Da Silva Rosa et al., 2005; Biaggio, 2006; Biaggio, 2010; Biaggio & Verón, 2010).
Sin embargo, a pesar de la heterogeneidad, algunos rasgos aparecen insistentemente entre diversas investigaciones: la pérdida de la identidad social, la ruptura de los lazos familiares, el desempleo y la carencia del Estado para dar respuestas a largo plazo (Saizar, 2002; Boy, 2009). A su vez, siguiendo el legado de Spradley (1988), varios estudios describen detalladamente las estrategias, tanto materiales como simbólicas, que las personas en situación de calle idean para poder garantizar su subsistencia (Pallares, 2004). Al respecto, pueden distinguirse tres grupos: los que desarrollan estrategias individuales de supervivencia, los que optan por la estrategia de agrupación y los que aún no han desarrollado estrategias (Saizar, 2002). Algunas de estas se encuentran relacionadas con la construcción de redes barriales y vínculos afectivos de soporte material-económico, que implican la utilización del espacio urbano como recurso (Bufarini, 2006).
En materia legislativa de la CABA, se destaca en 2010 la sanción de la Ley N° 3706 de “Protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle”, lograda como resultado del trabajo colectivo e intersectorial de ONG, trabajadores/as del Estado, personas en situación de calle (tanto organizadas como auto-convocadas), legisladores/as y académicos/as. Esta ley, reglamentada en 2013, propuso una definición de situación de calle que comprende a personas que “habiten en la calle o espacios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma transitoria o permanente y/o que utilicen o no la red de alojamiento nocturno” (Ley GCBA 3706). A su vez también delimita lo que se considera “riesgo a la situación de calle”, incluyendo en ese conjunto a personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: por egresar de alguna institución y estén en condiciones de vulnerabilidad habitacional, que hayan recibido notificación de desalojo, que habiten en estructuras temporales, en asentamientos, sin acceso a los servicios o en forma hacinada. También explicita los derechos de las personas en situación de calle como ciudadanos, y especifica los deberes y garantías del Estado frente a esta problemática. Sus artículos otorgan centralidad a la realización e implementación de políticas públicas en salud para esa población, pero existen pocas estrategias institucionales diseñadas para intervenir con las problemáticas que atraviesa (Palleres & Ávila, 2014).
Aportes significativos para abordar la problemática de situación de calle en CABA
Actualmente, desde el campo de la Antropología Social varios abordajes ponen en tensión la asociación de la situación de calle con un proceso de total desvinculación social (Bachiller, 2010; Biaggio, 2011). Desde esta perspectiva, visibilizan “los límites del discurso que asocia la exclusión con la disolución de sociabilidades” (Biaggio, 2011, p. 178) y describen cómo las personas van estableciendo relaciones y redes en los nuevos territorios que habitan, aunque conservando en muchos casos vínculos familiares. De este modo, se observan procesos de reafiliación social y recomposición de las redes territoriales. Esos vínculos sociales, que en muchos casos se transforman en recursos esenciales para la adaptación cotidiana y subsistencia tanto en lo material como emocional (Bachiller, 2010), plantean una reformulación de los modos de interpretar la problemática y en consecuencia interpela los modelos de intervención e investigación con personas en situación de calle.
En este aspecto, los estudios sobre el campo de infancias en situación de vulnerabilidad otorgan herramientas significativas para nombrar certeramente y definir a esta población, teniendo en cuenta las características heterogéneas de cómo desarrolla la vida en calle, que no puede reducirse a una definición ontológica. Y proponen un abordaje desde la experiencia de vida en calle, dando cuenta de una realidad dinámica en la que puede haber períodos breves o más prolongados de estadía que se van configurando de manera diferente cada vez (Llorens, 2005; Pasamonik, 2009). Estas experiencias dejan marcas que pueden ser transformadas y resinificadas en las trayectorias de vida.
El análisis de esas trayectorias ha sido una forma de investigar los procesos sociales a partir de cómo se inscriben y se relacionan con el entramado social en el que se desarrollan. A su vez, en contextos de vulnerabilidad, estos estudios han permitido, a través de las experiencias personales, dar cuenta de los procesos que llevan a esa situación y las estrategias desarrolladas por los/as sujetos/as para sobrellevarlo (Litichever, 2009). Las trayectorias de vida son posiciones ocupadas por los/as sujetos/as atravesadas por procesos de significación y resignificación en un espacio en devenir (Bourdieu, 2011; Lenta, 2013; Litichever, 2009).
En investigaciones con chicos y chicas se ha trabajado mediante la construcción de relatos con el objetivo de recuperar los procesos subjetivantes de esta población que muchas veces no es escuchada (Lenta, 2013). En los relatos analizados se destaca que la cotidianeidad de estos jóvenes se desarrolla en actividades de sobrevivencia extrema, atravesada por procesos de exclusión social, que los aleja del ejercicio de ciudadanía. Sin embargo, también se han registrado momentos de clivaje que generaron la apertura para la producción de nuevos sentidos. Esto pone en cuestión la fatalidad de los destinos de exclusión expresados por algunos discursos sobre la infancia callejera.
Siguiendo los aportes de los estudios de infancias en situación de calle, resulta pertinente tomar los que vinculan las trayectorias institucionales y la construcción de ciudadanía. A través del análisis de material empírico, se propone una clasificación posible para las trayectorias institucionales (Litichever, 2009):
- Funcionales: en ellas el pasaje por la institución se utiliza de manera instrumental o funcional para satisfacer algo que se percibe como necesidad.
- Participativas: son similares a las anteriores, pero se diferencian en que existe el registro de espacios en los cuales se pueden negociar las necesidades e intereses en forma participativa.
- Estratégicas: en ellas se destacan la vivencia de situaciones de restitución y de defensas de derechos.
Tanto las primeras como las segundas tienen en común de que se dan sin el reconocimiento de que los/as chicos y chicas son sujetos/as de derecho, mientras que en la tercera se ubica un hito de restitución y a partir de eso se propician procesos de construcción de ciudadanía (Litichever, 2009).
La incorporación de la noción de experiencia pone el énfasis en el carácter transitorio y el concepto de situación permite enfatizar el carácter procesual dinámico, en el que se produce un acotamiento del tiempo y del espacio en un aquí y un ahora. En esta situación se configura una lógica singular que establece una manera particular de vincularse. Se trata entonces de una situación compleja, con múltiples atravesamientos y diferentes modalidades subjetivas de habitarla (Duschatzky y Corea, 2002; Pipo, 2011). Se caracteriza por la transitoriedad y supone la construcción de un territorio complejo y diverso en el que se encuentran en tensión diferentes dimensiones (Pipo, 2011). Algunas de las que configuran este proceso de exclusión social son: pobreza estructural, desempleo, desalojos, déficit de viviendas, migraciones, políticas neoliberales y procesos de vulneración de derechos (Saizar, 2002; Biaggio, 2006; Médicos del Mundo, 2010).
