Los efectos del maniqueísmo político
en América Latina

Günther Maihold

Introducción

Los giros ideológicos de la política en América Latina (de derecha durante el periodo 1980-1990; de izquierda en la coyuntura 1998-2015; de derecha entre 2015-2018; de izquierda entre 2018-2022) han estado en el centro de interés de la percepción pública de la región y han llamado la atención también las correspondientes vertientes de transformaciones a nivel nacional. Sin embargo, es de especial interés observar que, detrás de estos virajes, la deriva autoritaria y la creciente presencia de democracias fatigadas han estado profundizándose como expresión de una misma sintomatología de la crisis o de las crisis que aquejan simultáneamente a los sistemas políticos de América Latina. Sin embargo, en el presente capítulo se intentará evidenciar que el giro autoritario generalizado que se puede advertir en la región, y la manera en la que los partidos políticos se vuelven contra la democracia (Levitsky y Ziblatt, 2024), corresponde a una situación política que va más allá del fenómeno de las democracias fatigadas. En este contexto, como democracia fatigada (Alcántara, 2019) se entiende el lento desgaste que sufren diferentes componentes de la democracia: liberal, electoral, participativa, deliberativa e igualitaria. Así, en este cuadro de crisis se identifica un fortalecimiento del principio de personalización de la política, que actúa en clave movimientista frente a la idea de institucionalización, más de acuerdo con las pautas de una legitimidad legal racional hoy fuertemente cuestionada, acompañada por sociedades cansadas (Alcántara, Rivas Pérez y Rodríguez Balmaceda, 2024).

La diferencia entre estos dos fenómenos es evidente en el modus operandi político actual tanto en la Argentina como en El Salvador: el porvenir de la Argentina se decide en la lucha entre un gobierno proceloso, de características destructivas y con anhelos de poder centralizado, el de Javier Milei, y las manifestaciones del “pueblo en la calle”, que al parecer no sufre síntomas de fatiga porque teme por sus derechos y prestaciones sociales. Por el otro lado, está el caso de El Salvador, donde la población, exhausta de los embates de la violencia y del crimen, se muestra dispuesta a entregar electoralmente el país a un régimen autoritario como el que representa Nayib Bukele con un 84.7 % de los votos válidos en las elecciones del 4 de febrero de 2024, a sabiendas de que renuncia así a una democracia, ciertamente defectuosa, pero lograda después de una guerra civil durante la crisis centroamericana del siglo pasado. Estos dos casos ofrecen diferentes dinámicas del desgaste democrático que se pueden apreciar también en otros países de la región: por un lado, están aquellos elementos relacionados con el rendimiento institucional de las democracias que incluyen fenómenos como el desencanto ciudadano, que desemboca en la fatiga democrática. Esta se manifiesta en problemas tales como la persistencia de la violencia, la desigualdad, una creciente gran vulnerabilidad ecológica, la pobreza y el bajo crecimiento económico, aunados a temas referentes a la calidad de las democracias y los políticos en la región que van más allá de los giros ideológicos de las últimas décadas (Barragán y Aldeguer, 2023), pero allende la infraestructura institucional y su capacidad de resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía. Por el otro lado se discuten problemas de la sistemática expansión del Ejecutivo (executive aggrandizement) como estrategia para subvertir la separación de poderes y las rupturas constitucionales perseguidas por líderes elegidos democráticamente, con claras intenciones antiliberales y alta aprobación pública, que forma parte de la literatura cada vez más amplia sobre el retroceso democrático (Cameron, 2022).

No obstante, paralelas a estos fenómenos se han desatado protestas, p. ej. contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua en la primavera de 2018, al igual que ha habido amplias movilizaciones en la región como expresión en contra del aumento de precios en Ecuador por el gobierno de Lenin Moreno, la insatisfacción con la gestión de gobierno del presidente Iván Duque en Colombia, un descontento generalizado con la forma de gobernar en Chile, masivas manifestaciones de la sociedad civil en Bolivia y varias destituciones presidenciales y enfrentamientos violentos en Perú. Los nombres de presidentes como Bolsonaro (Brasil), Boric (Chile), Bukele (El Salvador), Lasso (Ecuador), Kuczynski, Vizcarra, Sagasti y Castillo (Perú), etc., ponen en evidencia la alta heterogeneidad de las situaciones nacionales y la (in)capacidad de revolver conflictos. El desenlace en la reconfiguración del poder en la región varía desde un avance del autoritarismo de la derecha, así como el de la izquierda, hasta intentos de refundar la democracia en términos más participativos y menos populistas; esto es, el uso de la democracia directa ha engendrado más bien un “potencial destructivo”, exacerbando aún más las crisis de representación existentes.

En el presente capítulo revisaremos la situación de las democracias en la región con un doble enfoque: primero señalaremos algunos temas centrales en el impasse democrático, como la debilitación de las instituciones y la polarización y el avance de las políticas disruptivas, nos abocaremos posteriormente a casos especiales como el fenómeno de Milei en Argentina, la situación en Guatemala y Colombia y el fujimorismo en el Perú, para concluir con algunas reflexiones acerca de la situación de la democracia más allá del “backsliding democrático” o la creciente autocratización en la región.

1. La reconfiguración del poder en América Latina

Resistir el embate autoritario implica aumentar la capacidad de resiliencia de instituciones independientes y autónomas que son esenciales para hacer valer la legalidad y los contrapesos democráticos. Contrarrestar el fenómeno de las democracias fatigadas implica restituir a los partidos políticos como actores permeables a los cambios que se registran en la sociedad y en el marco institucional de la política y restablecer los vínculos rotos de confianza de la gente con los partidos y su alejamiento en términos identitarios. El escenario está dominado por el fenómeno de candidatos sin partido o de candidatos que, aun teniendo partido, desarrollan una campaña basada en la personalización, una opinión pública sin confianza en las instituciones, retraída de lo público e insatisfecha con la propia democracia. La expresión formal de esta situación se refleja en que los gobiernos entrantes, tras tomar posesión, rompen con el legado de su predecesor y mentor, para situarse en las antípodas políticas ‒como lo reflejan los casos de El Salvador, México, Colombia, Guatemala y Perú‒. Orientados en el personalismo y la concentración del poder en el Ejecutivo, como López Obrador en México o Bukele en El Salvador, se puede detectar claramente un quiebre de las expectativas sociales ante fenómenos como la corrupción y la violencia, lo cual se verifica con la gente en las calles expresándose en movimientos de protesta en medio de un clima de radicalización del conflicto social. Los datos de las encuestas evidencian un aumento de la desconfianza en las instituciones y una menor valoración positiva sobre la democracia. Según el Informe 2023 del Latinobarómetro, se ha detectado un aumento de la indiferencia al tipo de régimen: así, a la sentencia “No me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas”, en Honduras el 70 % respondió afirmativamente, seguido por Paraguay (68 %), Guatemala (66 %), República Dominicana (63 %) y El Salvador (63 %) (Latinobarómetro, 2023: 41).

En el mismo estudio, se analiza la tendencia de los presidentes de la región por transgredir las reglas democráticas, ya que “cuentan más los personalismos, que terminan opacando a los partidos políticos. Esta debilidad conduce a la atomización del sistema de partidos y al desplome de su imagen y legitimidad” (Latinobarómetro, 2023: 49). Con la pérdida de legitimidad de los partidos se está afectando un actor central del sistema democrático y el desarrollo institucional, en fin, de la política institucional en la región. Las protestas que iniciaron en 2018 en Nicaragua y culminaron en una ola de movilizaciones en Ecuador, Colombia y, de manera más visible, en Chile expresaron no solamente la insatisfacción de la gran mayoría de la población con la gestión de los respectivos gobiernos, sino que también reflejaron la creciente distancia de la élite política y de los mismos partidos para con la vida cotidiana de los ciudadanos “de a pie” (Buben y Kuba, 2024). El posterior fracaso de dos intentos de reforma constitucional en Chile, en los referéndums para la aprobación de los textos elaborados en 4 años por diferentes gremios, dejó sin resultado el anhelo histórico de superar la constitución pinochetista y fue atribuido a una “fatiga” o “hastío” constitucional provocado por la larga duración del proceso (Rodríguez, 2023). Al parecer, en Chile el “momento constitucional” pasó y ahora otros temas, como la seguridad ciudadana, son prioritarios en el debate político, de manera que el afán refundacional no pudo mantenerse a través del tiempo. Otro ejemplo de esta situación es el caso peruano, en donde la naturaleza politizada de los procedimientos de destitución de un presidente que no ha cometido un delito imputable (Kuczynski y Vizcarra) se ha convertido en un instrumento para desestabilizar al Ejecutivo con base en un sistema de partidos fragmentado y polarizado. Nuevas versiones de conflictos Ejecutivo-Legislativo, con participación de la rama judicial, caracterizan actualmente la situación de Bolivia y Perú con enfrentamientos entre diferentes liderazgos (Arce vs. Morales) o una situación de mutuos bloqueos, como en el caso de la presidencia de Dina Boluarte, después de la destitución del presidente Pedro Castillo con el argumento de “vacancia por incapacidad moral permanente”.

La respuesta a estas debilidades institucionales ha sido la introducción de elementos plebiscitarios, como la posibilidad de revocación presidencial, y referendos con el argumento de querer aumentar la responsabilidad vertical de los titulares mediante el uso de la democracia directa; sin embargo, “estos mecanismos han sido activados por los presidentes para perseguir sus propias agendas y han debilitado el sistema de controles y equilibrios al permitir a los ejecutivos eludir a las legislaturas” (Buben y Kuba, 2023: 98). De allí se alimenta la tendencia de los gobernantes a usar su poder y su influencia para convencer a los ciudadanos de entregarles sus derechos democráticos y permitir a otras instancias (p. ej. por medio de la militarización de funciones anteriormente resueltas por autoridades y actores civiles) que asuman funciones gubernamentales. Esto refleja, al mismo tiempo, el interés de retomar temas que se consideraban “resueltos” y ponerlos de nuevo en la agenda para poder movilizar lealtades y ganar apoyo por medio de la polarización de opiniones. Tal estrategia ha dado como resultado un estancamiento con malestar ciudadano, no solamente de la política, sino también en la vida social en muchos países de la región, lo que se ha resumido de manera llamativa en la fórmula de las “repúblicas defraudadas” (Vergara, 2023).

2. Instituciones vs. “el pueblo”

“El pueblo es bueno y sabio” (AMLO, 2021); esa es una frase emblemática del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que no solamente hace referencia al concepto de la sabiduría popular, sino que refleja también el interés del líder por presentarse a sí mismo como la encarnación del “pueblo”, con la finalidad de marcar una diferencia con “los conservadores” y “neoliberales” como enemigos de ese “pueblo”. Con su proyecto político denominado la 4.ª Transformación, AMLO está tratando de construir una continuidad histórica con otras transformaciones de su país, como lo fue la Independencia, la Reforma y la Revolución, que desde su lectura poseen el distintivo de que se hicieron desde abajo, con todos, de manera pacífica y con mucha profundidad. Para él se trata de “un momento histórico” que le coloca al mismo nivel de los líderes históricos de su país, algo que incluso se ha incorporado ya a la narrativa del pasado y a los libros de texto de las escuelas de México.

Una variante de este discurso del “pueblo” la presentó el presidente salvadoreño Nayib Bukele el 1 de junio de 2024, el día en el que asumió su segundo mandato, a pesar de que estaba constitucionalmente prohibida la reelección inmediata. Al igual que en junio de 2019, al finalizar su discurso, Bukele les pidió a los asistentes a la plaza Gerardo Barrios que levantaran su mano y juraran con él y recitaran las siguientes palabras: “Juramos defender incondicionalmente nuestro proyecto de Nación, siguiendo al pie de la letra cada uno de los pasos, sin quejarnos. Y juramos nunca escuchar a los enemigos del pueblo”. Como reportaron los periódicos, “la plaza juró”, dejando en claro que la base del Estado no es la Constitución, sino la lealtad al proyecto de Bukele, quien así quiso hacer visible el apoyo de la ciudadanía para con su persona. Aparte de convertir a los ciudadanos en súbditos, el gobierno de Bukele no deja espacio para la expresión de opiniones propias de las personas, por lo que pidió en su discurso “que el pueblo vuelva a defender a capa y espada cada una de las decisiones que se tomen […], sin titubeos” (Bukele, 2024). Para el periódico digital El Faro, en el caso de El Salvador, con la toma de posesión, “se ha iniciado una dictadura”, un ejercicio de poder sin límites al completarse la adopción de todos los elementos de este tipo de regímenes, como son:

el control de los tres poderes del Estado; nula rendición de cuentas y ocultamiento de información pública; utilización política de los cuerpos de seguridad y del aparato judicial; persecución a la oposición y a las voces críticas; presos políticos; torturas sistemáticas en las cárceles; ausencia de Estado de derecho, demanda de pleitesía por parte de Bukele y también una convicción creciente de parte de la población de que es necesario suplicar en las redes sociales a Bukele para obtener un favor: la liberación de un pariente arrestado injustamente o algún resarcimiento ante el atropello de cualquier funcionario público (El Faro, 2024).

Estos discursos con énfasis en el “pueblo”, ya sea en la forma de una encarnación propia o de una alianza inquebrantable de lealtad, se han convertido en un dispositivo para actuar de manera antiinstitucional, en tanto que las instituciones son presentadas como instancias que se interponen entre el líder y las bases, ayudando así a tergiversar las sensaciones y sentimientos reales del “pueblo”. Los ecos que el actuar y el discurso de Bukele han generado en el resto del continente son una señal no solamente de alerta sino también del estado precario en el cual se encuentra la democracia en la región.

3. La polarización perniciosa

La década pasada puede considerarse en América Latina como una década de polarización política, en la cual se pasó de la disposición hacia posturas de pluralismo, moderación y acuerdos a una tendencia de oposición fundamental, obstrucción generalizada, bloqueos políticos y descrédito mutuo (Schedler, 2023: 339). La conflictividad política entre el personal político y sus seguidores ha sido llevada a una situación de tan alta polarización que ha adquirido carácter de “pernicioso”, entendiendo por ello “la división de la sociedad en campos mutuamente desconfiados de Nosotros contra Ellos en los que la identidad política se convierte en una identidad social” (Somer, McCoy y Luke, 2021: 930). Como consecuencia, los sistemas políticos caen en bloqueos y parálisis, de manera que su capacidad de resolver problemas críticos queda limitada o completamente impedida. Un tema en el cual la ciudadanía reacciona de manera inmediata ante esta disfuncionalidad es la seguridad ciudadana, llamando de inmediato a emprender políticas de “mano dura” o hasta la intervención de las fuerzas armadas para controlar las agresiones criminales que está sufriendo.

La erosión de las reglas e instituciones democráticas se está dando “desde dentro”, es decir que la misma población está dispuesta a renunciar a sus derechos democráticos a cambio de lograr mayor seguridad en la vida ciudadana. Entregar la lealtad a líderes que prometen terminar con el flagelo de la violencia se ha convertido, en muchos países de la región, en una vía para aumentar el poder central en detrimento de los derechos básicos. La polarización como instrumento político empleado por “emprendedores políticos”, quienes alcanzan la más alta investidura del país con base en nuevos y heterodoxos estilos políticos que activan divisiones sociales para consolidar sus apoyos en la sociedad, ha demostrado ser un arma de doble filo: por un lado, el centro político tiende a desaparecer, ya que las preferencias de los ciudadanos terminan posicionándose en extremos políticos; por otro lado, aumenta la intensidad y la calidad del conflicto más allá de una mera confrontación, y alcanza niveles que sobrepasan la capacidad de que se resuelvan por procedimientos democráticos (Schedler, 223: 10 f.). Al tratar al adversario como enemigo, se establecen condiciones de intolerancia que minan la confianza básica de la convivencia democrática. Estableciendo demarcaciones y fronteras dentro de la misma sociedad y reduciendo las actividades de organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional (shrinking spaces), se generan dinámicas que hacen que la polarización se esté “autopropagando” (Somer y McCoy, 2019: 14). Aunque la polarización desemboca en una simplificación de las posturas políticas, lo cual genera la sensación en la ciudadanía de que es más fácil identificar esas posturas, hay que considerar el efecto pernicioso de que, a partir de ciertos momentos, ninguna de las partes tiene incentivos para pasar a una estrategia despolarizadora, ya que las voces más radicales logran dominar las audiencias, no solamente a nivel nacional sino también hasta el nivel local. Los puntos extremos se alcanzan cuando, como consecuencia de crecientes antagonismos, se retira el reconocimiento democrático a los adversarios.

En las democracias latinoamericanas se perfilan claras indicaciones de que, en algunos países como Nicaragua o Venezuela, se está pasando por una ola de autocratización entendida como “retrocesos graduales bajo una fachada legal” (Lührmann y Lindberg, 2019: 1095), con el cierre de universidades y representaciones de ONG, la expropiación de sus bienes inmuebles o el control de su financiamiento hasta el exilio y la detención arbitraria de opositores. Este disfraz legal caracteriza a aquellos sistemas democráticos que se mueven desde la zona gris entre la democracia y el autoritarismo hacia regímenes abiertamente autocráticos, practicando medidas de acoso a la oposición y subversión de la rendición de cuentas, es decir, violando las reglas básicas de la transparencia en el ejercicio de gobierno y suspendiendo de facto los derechos democráticos de la oposición.

4. “Strongman politics” y el atractivo de la disrupción

Ya en 2018, el Wilson Institute en Washington D. C. publicó un volumen titulado In the Age of Disruption: Latin America’s Domestic and International Challenges, editado por Cynthia Arnson (2018), que resaltaba los escándalos de corrupción y las políticas comerciales de Estados Unidos en la era de Donald Trump como los mayores síntomas de una ola disruptiva que estaba afectando la región.

Al año siguiente a las protestas y manifestaciones que marcaron la vida política en muchos países, al quehacer político también se le atribuyó un carácter disruptivo, por ejemplo, con el proceso constituyente en Chile como marca más visible de su impacto. Sin embargo, lo que ha sido calificado como “el carácter divisivo” (Carothers y Feldman, 2021) y de confrontación de las disputas subsiguientes (marcadas por la deslegitimación de los oponentes, la gravitación hacia los extremos y los altos niveles de desconfianza) no puede contemplarse como parte de las políticas disruptivas, tal y como las que practica la presidencia de Javier Milei en Argentina. De estas políticas se esperan “desnormalizaciones”, debido a momentos de irritación, la reestructuración adaptativa del orden o alteraciones masivas, e incluso el desarrollo de compulsiones hasta irreversibles en el marco de una reorganización sistémica integral del orden (alteración como destrucción). En América Latina esta corriente de personalismo autoritario, acompañado por la implementación de políticas disruptivas, está presente, pese a las diferencias, en los presidentes Andrés Manuel López Obrador (México), Jair Bolsonaro (Brasil) o Javier Milei (Argentina). Ante las turbulencias que generan sus acciones disruptivas se ha tratado de aplicar estrategias de “securitización” como forma de protección contra acontecimientos perturbadores, la “inmunización” para aumentar la resistencia interna siguiendo el principio de cautela y el fortalecimiento de la “resiliencia” para poder salir de zonas de peligro (Bröckling, 2012). Sin embargo, los resultados de tales esfuerzos no han sido los deseados, en gran parte debido a la debilidad institucional creada por estas personas en el ejercicio del poder. La resiliencia solamente fue visible en el abatimiento del levantamiento inducido y orquestado por Bolsonaro el 8 de enero de 2023, con la asonada a las instancias de poder en Brasilia.

En el ámbito político, siempre han existido eventos disruptivos con los cuales había que lidiar, ya fueran catástrofes naturales, guerras, etc., los cuales obligaban a redefiniciones de posiciones y acciones. Pero a diferencia de estas situaciones, se han propagado experiencias asociadas a la gestión de Donald Trump que siguieron la lógica de no acatar ninguna norma que no hubiera sido creada por él mismo, sin aceptar límites de poder o contrapesos al poder propio. Eso es lo absolutamente opuesto a una comprensión democrática de la política. Este estilo de gobernar de manera disruptiva está asociado a políticas de decreto y a la transgresión de competencias asignadas a diferentes poderes, lo cual en muchos casos sigue terminando en conflictos entre los poderes del Estado. De allí ha sido delineado un debate sobre los efectos constructivos o destructivos de políticas disruptivas, su capacidad de innovación y desestabilizadora, de representar momentos de destrucción creativa, reorientación radical o innovación, justamente situaciones óptimas para “emprendedores políticos” (De Vries y Hobolt, 2020). Lo que señalan estos actores, siempre en sus discursos redentores, es la necesidad de la centralización del poder y de reunir, alrededor suyo, individuos leales (en el discurso de Milei, “gente de bien”), frente a personas que representan la “casta”, las cuales han perdido toda la capacidad moral de actuar responsablemente. Así, el presidente argentino Javier Milei presentó un “paquete de leyes anticasta”, según el cual eliminaría las jubilaciones de privilegio y habría elecciones libres en los sindicatos (Milei, 2023a). De forma similar, López Obrador en México estableció un discurso contra los conservadores, neoliberales y “fifís”, “un grupo identificado con vaguedad que incluye a empresarios, periodistas, intelectuales, feministas, activistas de derechos humanos y hasta a la ‘clase media’ en su conjunto” (Beck e Iber, 2022: 67).

El disruptivo estilo político que se practica ha sido atribuido a un tipo de “strongman politics”, que viene sacudiendo las históricas alianzas políticas establecidas, rompe con las rutinas de la escenificación y las convenciones políticas existentes y fomenta la desconfianza en las instituciones estatales (Bröckling, Safaian y Spakowski, 2023: 5). Estos strongman construyen su poder sobre una marcada personalización del campo político, que se acentúa heroicamente. Con su estilo político logran imponer el cuadro de un mundo antagónico de amigos y enemigos, obligando a la población a tomar parte de uno o de otro bando. Los efectos de este tipo de strongman politics han sido devastadores para las instituciones y las reglas del juego político, porque su transgresión es el mensaje y la afirmación de su propio quehacer. La continua práctica de subversiones disruptivas de órdenes y constelaciones discursivas está erosionando las bases de una convivencia social no-confrontativa, y los discursos de la perturbación están minando el funcionamiento de las instituciones mismas, por ejemplo, con un enfrentamiento permanente con lo judicial, considerado un poder que limita el accionar propio. Tales efectos serán un lastre en el futuro, ya que la restitución de la confianza en las instituciones tomará mucho tiempo ante la fijación de la población en el atractivo de ciertas personalidades políticas. Hasta en países como Costa Rica, cuya democracia se consideraba fundamentada en un fuerte andamiaje institucional, se están resintiendo efectos de esta índole en las acciones y discursos del “gobierno rupturista” del presidente Rodrigo Chávez, quien ha emprendido una campaña en contra de la “aristocracia tradicional” de su país, posicionándose especialmente contra los otros poderes del Estado (Díaz González, 2024).

5. La reedición de la grieta en la Argentina con la presidencia de Javier Milei

Desde diciembre 2023, cuando asumió la presidencia de Argentina, Javier Milei se ha empeñado en encontrar una vía para implementar las reformas que considera indispensables para reencauzar este país azotado por múltiples crisis. El diagnóstico por parte del presidente no podía ser más demoledor cuando, durante la apertura de sesiones del Congreso en mayo de 2024, habló de la Argentina como “un sistema en absoluta bancarrota moral e intrínsecamente injusto; un sistema que solo puede generar pobres y a costa de eso produce una casta privilegiada, que viven como si fueran monarcas, que llega a absurdos obscenos de impunidad” (Milei, 2023). Su propuesta política está resumida en la “Ley Bases”, considerada como “desguace del Estado”. La aprobación parlamentaria de este catálogo de medidas, que Milei ha tenido que negociar con las instancias legislativas, va acompañada de protestas masivas en las calles. Su partido, La Libertad Avanza, solamente dispone de 39 asientos de los 257 en la Cámara Baja y de 8 de los 72 en Senadores. Aun con los múltiples cambios que le han realizado a la Ley para que pudiera pasar la votación en el Senado del país, sigue reflejando la visión y la misión del presidente argentino. Sus medidas políticas y su estilo de gobernar ponen a prueba el sistema político argentino. Bajo el lema de que “los fallos de mercado no existen” (Milei, 2023b), Milei desea reducir el tamaño del Estado, los omnipresentes subsidios y equilibrar con estas medidas las finanzas públicas. Con esta estrategia inflexible se está confrontando a los tradicionales estratos peronistas, pero también a amplias agrupaciones sociales que sufren por la inflación y el alza de precios de productos y servicios básicos. Así, el proyecto de Milei tiene un claro perfil refundacional de la Argentina y se construye sobre la tradicional línea divisoria del país entre el peronismo y sus adversarios.

Milei sigue construyendo su poder sobre la tradicional grieta argentina, extendiéndola al mismo tiempo a la sociedad. La grieta es sinónimo de la división irreconciliable de un “nosotros contra ellos”: la grieta es la metáfora de la división, que se ancla históricamente en la década de 1950, para denominar la división binaria entre los militantes del Partido Justicialista (peronismo) y los militantes de otros partidos políticos. Surgida en la primera década del siglo XXI, ha sido causa de un enfrentamiento político y cultural generalizado, que se alimenta de altas dosis de intolerancia mutua y un fanatismo exacerbado entre las dos agrupaciones (Artese, Castro y Tapia, 2019).

Al profundizar la grieta, Milei contribuye a que se generen condiciones perjudiciales para la convivencia y debilita el sistema democrático, de modo que disminuye la confianza en las instituciones, lo cual contribuye a su parálisis o bloqueo. Con Milei, Argentina parece ser un país que no puede tomar decisiones ni encontrar los consensos necesarios para el cambio, no solamente porque la grieta lo impide, sino también porque practica un estilo de gobernar que polariza incluso aquellos problemas que no necesitan politizarse. La extravagancia de la personalidad de Milei y su discurso de confrontación desmedida no ayudan a lograr acuerdos en el Congreso ni tampoco con los gobernadores. Al parecer, falta también la voluntad política del presidente para descender de su posición ideológica y aceptar posiciones contrarias en el camino hacia una solución de los graves problemas del país. Eso se manifestó muy bien en su temprano fracaso en lograr la aprobación de su paquete de reformas “Ley Ómnibus” en febrero 2024, tanto por su falta de trabajo parlamentario en legislaturas anteriores como por su inexperiencia política. Mantener el statu quo es de interés primordial para las partes altamente politizadas del peronismo, mientras que los electores de Milei, especialmente los votantes jóvenes, sin identidad política y enojados, esperan un cambio que les abra más oportunidades para la vida. Pero los efectos del ajuste tocan también a este electorado leal a Milei, que antes argumentaba con la repetida frase “No sé si lo van a dejar”, y ahora también resiente no tener energía para aguantar el ajuste (Barral Grigera, 2024). A esto puede contribuir el recorte de los presupuestos universitarios que afectan seriamente las posibilidades de movilidad social de los estudiantes, que se justificó con el discurso de querer enfrentar el “marxismo cultural” que se enseña en las entidades públicas educativas y culturales (Vessuri, 2024).

¿Qué puede hacerse para cerrar la famosa grieta, cuando el mismo presidente contribuye continuamente a aumentar el nivel de violencia verbal, dificultando la convivencia entre ambos bandos? Todos los argentinos saben que hay asuntos que no se deben hablar con algunos miembros de la familia, amigos o compañeros de trabajo para evitar confrontaciones infructuosas que afecten la interacción, de tal manera que se puedan romper las relaciones sociales. Pero la polarización, basada en la grieta, siempre vuelve a dispararse, ya que las fuerzas en pugna buscan sacar réditos de su enfrentamiento mutuo. Así la grieta parece ser un obstáculo insalvable, que se reedita siempre de nuevo por los desacuerdos entre los políticos y su incapacidad de llegar a compromisos en tiempos de crisis. La grieta se ha convertido en un negocio político del quehacer cotidiano de los políticos, quienes no toman en cuenta que fomentan así la corrosión de la democracia.

Ahora con Milei se corre el gran peligro de que a la grieta política se le añada una brecha social, a raíz de su insistencia en que únicamente el mercado puede resolver los problemas del país. No hay duda de que existen cantidades de formas de cooptación del Estado por parte del peronismo y que hay un sistema exponencial de subsidios a diferentes grupos y estratos sociales; sin embargo, esto no desvirtúa la necesidad de la intervención del Estado cuando los desequilibrios sociales se vuelven un riesgo para la convivencia social. Milei y sus seguidores ideologizados se resisten, hasta el momento, a reconocer este ejemplo que han seguido muchos países; a lo mejor la realidad de su país los obligará a aprender esta lección de que el “negocio” de la polarización solamente retribuye de manera cortoplacista, pero no puede llevar a un nuevo nivel de convivencia a una sociedad desgarrada y en conflicto consigo misma.

6. Los golpes blandos: una nueva modalidad de destitución en democracias formales

En Venezuela en 2002 y 2019, en Honduras en 2009, en Ecuador en 2010, en Paraguay en 2012, en Bolivia en 2019, por solo poner algunos ejemplos recientes, se dieron distintos tipos de golpes de Estado, fallidos o consumados, que no concitaron el mismo rechazo general que los actos vandálicos que sucedieron el 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando una movilización incitada por el expresidente Jair Bolsonaro atentó contra el Congreso, el Palacio de Planalto y el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileños. Ya no se trata de los casos clásicos de la intervención de los militares en la política, típicos de la Guerra Fría, sino más bien de “golpes con adjetivos” (Marsteintredet y Malamud, 2020) que parten de otras instancias de la vida política y social. Esta nueva tradición golpista que se pone en práctica en situaciones críticas de transición de poder también apareció en el caso de la asunción a la silla presidencial por parte del ahora presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, en la primavera de 2024. A tal variante se añadió la dimensión del llamado lawfare (Smulovitz, 2022), es decir, el uso del aparato judicial para impedir el ascenso a la posición electoralmente ganada o para inhibir el ejercicio del poder. También en este caso fue central la presión por parte de la comunidad internacional, para lograr que se llevara a cabo una transferencia de poder de manera ordenada.

Además, se presentan casos de “golpes blandos” por parte de los gobernantes y los usan como fórmula para describir aquellas acciones que les hace difícil lograr implementar sus políticas, debido a las resistencias de grupos de poder establecidos. Un caso muy llamativo es el del presidente colombiano, quien reclama continuamente ser víctima de este tipo de tácticas. Cuando le arrebataron al oficialista Partido Pacto Histórico la presidencia del Congreso, el primer presidente colombiano señaló que se trataba de un golpe blando, inspirado en el interés por obstaculizar o torpedear iniciativas o ideas adelantadas por parte de su gobierno. La crítica del presidente (Petro, 2023) al parecer estaba dirigida contra el Consejo de Estado, que había tomado la decisión de retirar la elección de Roy Barreras, un operador central de la campaña electoral del presidente Petro, como presidente del Senado de la República, imponer la sanción a un senador del partido gobernante y la suspensión de un congresista. El argumento central se basa en alegar que las instituciones actúan con el objetivo de cambiar con sus decisiones la voluntad popular expresada en las urnas. Los choques del presidente con las actuaciones de la Procuraduría y del mismo procurador desde entonces han ido en aumento, sin que esta situación tenga algo novedoso en las complejas relaciones interinstitucionales en Colombia. Es evidente que estos elementos no permiten hablar de un “golpe blando”, expresión que se ha utilizado en casos de gobernantes tan diversos como Fernando de la Rúa en Argentina, Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Nicolás Maduro en Venezuela, Dilma Rousseff en Brasil, Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia y Pedro Castillo en Perú. Todos estos casos tienen su origen en situaciones especiales y en contextos específicos de cada país, pero se suman a una serie de destituciones (reales o intencionadas) o renuncias (forzadas o voluntarias), de manera que no se prestan para un análisis serio.

Guatemala parece ser un caso diferente y novedoso con respecto al proceso que recientemente vivió después de la victoria electoral de Bernardo Arévalo de León como nuevo presidente del país, quien asumió su cargo el 14 de enero de 2024. Desde el momento en que se informó sobre su sorpresivo segundo lugar en la primera vuelta electoral y su éxito rotundo con más del 60 % en el balotaje del 20 de agosto de 2023, ha habido una gran cantidad de intervenciones jurídicas por parte de la Fiscalía y ciertos jueces de su país para poner en duda el resultado de las urnas. Así, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral anuló a su partido, Semilla, por un supuesto caso de firmas falsas durante su creación y se trató de impedir que se presentara en la segunda vuelta electoral. Las acciones judiciales contra el resultado electoral siguieron con el claro objetivo de mantener abierta una acusación contra Arévalo que pudiera incluir una dimisión forzada de su cargo. El mismo Arévalo insistió en que “estamos viendo un golpe de Estado en curso en el que el aparato de justicia está siendo usado para violar a la justicia misma, burlando la voluntad popular expresada libremente” (Vega, 2023). Su análisis de la situación fue explícito y claro: “Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia”. Se ha hecho evidente que se siguen llevando a cabo acciones contra el presidente desde las instituciones que deberían de garantizar la justicia, especialmente la Fiscalía, cuyas limitaciones habían sido expuestas durante la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) (Maihold, 2016), expulsada del país en 2019. Por su actuación arbitraria, decenas de periodistas y jueces anticorrupción tuvieron que optar por el exilio. Al presentar una iniciativa que reformara la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), el nuevo presidente desea remover de su cargo a la titular del Ministerio Público (MP) de Guatemala, Consuelo Porras, porque “la fiscal general ha ignorado casos graves de corrupción y narcotráfico y se ha enfocado en atacar la democracia y la voluntad del pueblo plasmada en las elecciones” (Arévalo, 2024).

El uso de las instituciones para legitimar los intentos por controlar el poder por parte de élites que, tradicionalmente, ostentaron la capacidad de regular el acceso a las instancias superiores de toma de decisión no es algo nuevo en América Latina. Siempre han existido intentos de manipulación de instituciones formales, al igual que el recurso a elementos adicionales como estrategias de deslegitimación, debilitamiento de los apoyos sociales, calentamiento en la calle y la fractura institucional. Que las oposiciones quieran promover el desgaste de un gobierno es, en este sentido, una táctica establecida para producir la desvinculación sistemática entre los gobernantes y los estratos sociales que los apoyaron. Sin embargo, en este punto es muy delgada la línea que separa la crítica y la acción legítimas de lo que sería un “golpe suave” (Dorado, 2023), ya que sería erróneo considerar que cualquier amplificación de reclamos sociales, o la continua crispación de controversias y enfrentamientos políticos, sean ya parte de un intento golpista que algunos políticos tratan de invocar con cierta facilidad en un ambiente de ingobernabilidad. Trabajar en condiciones de malestar en la sociedad es parte convencional de cualquier gobierno en el mundo. Cosa diferente es utilizar la institucionalidad del Estado de derecho en contra de gobiernos o actores políticos que cometieron la osadía de cuestionar el statu quo interno y externo de las sociedades latinoamericanas. El caso guatemalteco demuestra que el diseño institucional de los sistemas políticos formalmente democráticos y representativos sigue siendo permeable a la capacidad de dominio de ciertos estratos sociales que no conocen límites en su esfuerzo de quitarle el poder del Estado a gobiernos o actores políticos que les resultan incómodos, o cuyas posiciones estén en contra de sus intereses. La retórica golpista –también en su variante “blanda”– habrá que utilizarla con cautela y limitada a aquellos casos donde es visible el abuso de las facultades institucionales contra posturas políticas cuyo avance se desea frenar desde el inicio.

7. El continuismo en el poder: el caso del fujimorismo

No existe duda de que, en muchos casos, los expresidentes se han convertido en una justificación para mantener ciertas cuotas de poder, lo cual impide que sus sucesores logren disponer de todas las posibilidades para ejercerlo plenamente. No ha sido en balde que el kirchnerismo, el evismo y el uribismo hayan sido considerados casos ejemplares, en los cuales el interés personal de ejercer el criterio propio más allá del tiempo de la respectiva presidencia se haya convertido en un problema para lograr un fructífero desarrollo político en sus países (Cagley, 2022). La intromisión de los predecesores socava la independencia de los sucesores y merma su capacidad para hacer frente a los retos del futuro, ya que se construye desde su trayectoria una dependencia de los caminos que pudieran ser encauzados. Muy pocos están dispuestos a dejar el poder, y muchos de los que se fueron intentan regresar, por lo cual el continuismo y el reeleccionismo se han convertido en una plaga en América Latina. Solamente hay que recordar las reelecciones de Hugo Chávez, en octubre de 2012, y de Rafael Correa, en febrero de 2013, precedidas por las reelecciones de Cristina Fernández de Kirchner y de Daniel Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007, está en su quinto periodo y presenta un formato de dinastía familiar con su esposa como vicepresidenta. Se ve con preocupación, en una perspectiva comparativa latinoamericana, que en aquellos países que padecen una institucionalidad débil, la reelección indefinida del presidente, e incluso la inmediata, ha servido para concentrar el poder político en el Ejecutivo, con una grave afectación al principio moderno de la división de poderes y, sobre todo, a la independencia de los órganos del poder público, a los cuales les corresponden funciones de control jurisdiccional y político (Zovatto, 2014). Que la posibilidad de volver a reelegirse haya tenido que ser lograda por medio de un cambio constitucional refleja los casos de los presidentes Menem, Cardoso, Fujimori, Mejía, Chávez, Morales, Correa, Uribe y Ortega, quienes modificaron las reglas de juego para lograr su cometido.

Hay pocos gobernantes que han tenido un impacto tan profundo en su país como Alberto Fujimori en el Perú, y no solamente él, sino también el papel que han tenido los conflictos internos de la familia Fujimori, especialmente entre sus hijos Keiko y Kenji. Aun a pesar de haber sido condenado a 25 años de prisión, Fujimori y su familia han creado un destacado “componente político” que ha contribuido al declive y al desencanto con los mandatarios y el parlamento peruanos. Además, sus secuelas inmediatas penetran todas las instituciones del país. Así, siguen impregnadas del estilo y del abuso que ha creado el impacto del fenómeno “Fujimori”. El legado del fujimorismo ha infiltrado el sistema político peruano de manera tan profunda que ha sido

marcado por la debilidad del Estado y de los actores políticos y sociales, por las orientaciones de política económica establecidas bajo el Consenso de Washington y por la importancia de un discurso que impregnó la cultura política de elementos antipolíticos y antiinstitucionales (Tanaka y Vera Rojas, 2010: 92).

No fue sorpresa que la misma concesión del indulto en 2017 contribuyó a la destitución del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, la restitución del perdón ha afectado también al presidente Pedro Castillo, quien no logró sobrevivir a los intentos de suspenderlo de su cargo. A lo largo de los años, Perú se ha convertido en cuna de los políticos más impopulares de América Latina, y muestra inestabilidad en el ejercicio gubernamental, destituciones o dimisiones forzadas, especialmente cuando los presidentes eran outsiders y no contaban con una base real en el electorado más allá del momento de su propia elección.

La crisis institucional sin precedentes que padece el Perú es asociada íntimamente con el nombre de la familia Fujimori, con sus artimañas políticas, el influyentismo y la corrupción empleados de manera continua y, lo más grave, su total irrespeto a la institucionalidad y a la división de poderes. Siempre tratan de moldear la política y el Estado de acuerdo con sus intereses personales, no sin la capacidad de generar una y otra vez el apoyo popular para sus acciones. Así, se ha generado una forma de captura política de Perú con base en la interacción entre las estructuras fragmentadas de la sociedad civil, unos medios de comunicación complacientes, unos partidos políticos sin peso ideológico y la agencia del Estado envuelta y permeada por redes corporativas legalmente protegidas (Crabtree y Duran, 2017: 3). A pesar de no haber podido suceder a su padre en el ejercicio de la presidencial del país con su partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori ha contribuido a desarticular gobiernos y a entorpecer la relación armoniosa entre los poderes políticos del país. El fujimorismo ha demostrado ser una fuerza segura para promover la polarización del país e impedir la creación de consensos, más allá de aquellos pactos negativos para bloquear la gestión de presidentes y gobiernos electos.

De nuevo, fue una decisión del Tribunal Constitucional la que desencadenó una crisis interna en el Perú, debido a la anulación de la decisión judicial en contra del indulto humanitario que recibió el expresidente Alberto Fujimori el 24 de diciembre de 2017 por parte del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). La decisión de PPK estuvo ligada al interés del presidente por mantenerse en el poder ante las acciones para declarar una vacancia de poder por parte de una mayoría adversaria en el Parlamento. Lo mismo se repitió con respecto al presidente Pedro Castillo, solamente que él fue instrumentado por la vía judicial y policial. Castillo está amenazado por el mismo procedimiento por irregularidades que, en muy corto tiempo, han sucedido en su gestión de 8 meses con 4 gobiernos y un flujo de 21 ministros destituidos o que tuvieron que retirarse por abusos de poder, desorganización gubernamental o por simples conflictos personales. No se observa ningún avance en la gestión gubernamental, sino más bien una situación continua de desavenencias, inconformidades e incapacidad política, que afectaron al propio presidente, quien llegó al poder sin equipo propio y, al parecer, sin un plan político para poder cumplir los cinco años de su ejercicio en el cargo.

De nuevo juega un papel importante la justicia en tanto que el Ministerio Público inició varias investigaciones por la presunta comisión de delitos de corrupción, tráfico de influencias, organización criminal y colusión en los diferentes gobiernos que pasaron por las oficinas entre 2016 y 2023. El mismo partido del presidente, Perú Libre, se alejó de su candidato en las elecciones pasadas, en las cuales había alcanzado en la primera vuelta el 18.92 % de los votos, superando en el balotaje a Keiko Fujimori, con el 50.13 %. La aceptación del presidente en las últimas encuestas antes de la destitución había bajado al 25 %.

La restitución del indulto a Alberto Fujimori, concedido por razones humanitarias que obviamente fueron políticas en su momento, siempre ha conmovido a la sociedad peruana. En vista de que se trata aquí de crímenes contra la humanidad cometidos por Fujimori (Ambos, 2011), se discutió mucho si debía ser excarcelado, lo cual finalmente sucedió en diciembre de 2023. La suerte del expresidente, que jamás se arrepintió de sus actos, vuelve a conmover al país y aumenta una vez más la falta de credibilidad en el sistema judicial. El “componente político” de la decisión del Tribunal Constitucional afecta, de forma profunda, la memoria y el derecho a la justicia de las víctimas de la dictadura fujimorista de la década de 1990. Se acrecienta el clamor de que “se vayan todos”, rige la desafección política entre la gente, un problema que la pandemia agudizó. Paradójicamente, esta nueva polarización podría contribuir a desarticular el frente común en el parlamento que sigue con amenazas de destituir a la sucesora de Castillo, su vicepresidenta Dina Boluarte. Probablemente, se trata una especie de tregua, porque las alianzas pueden volver a configurarse en su contra y ella misma ser objeto de “vacancia” a raíz de alguna decisión polémica tomada, o por actos de corrupción cometidos por ella o sus gobiernos en el ejercicio de sus funciones.

Conclusiones: el pasado que no cesa y el futuro que no llega

La creciente presencia de tendencias autoritarias en la región latinoamericana –a pesar de un ejercicio democrático formal– tiene raíces múltiples y no puede ser resuelta con la invocación de las bases normativas que animaron la transición hacia la democracia en las décadas pasadas. Queda en evidencia que con posturas que invocan el pasado y tratan de restablecer las condiciones pasadas no será posible alcanzar el futuro, ya que muchas instituciones, como las universidades y los entes autónomos, se encuentran a la defensiva ante unas dinámicas disruptivas que han dañado profundamente tanto el andamiaje institucional como el tejido social. Posibles estrategias para evitar un avance mayor en la erosión de la democracia y sus instituciones necesariamente tienen que pasar por una revisión de patrones de comportamiento político y la contención de procesos que ya se encuentran en marcha, como por ejemplo las tendencias anticientíficas y de rechazo al discurso abierto que profundizan las divisiones sociales. No hay más que mirar hacia las realidades de países como Nicaragua o Venezuela para advertir la devastación social, económica, política y cultural a la que los han llevado sus respectivos regímenes. A primera vista, hay viejos “ideologemas” que siempre reaparecen, imaginarios sociales que se repiten, tensiones irresueltas, al igual que fantasmas recurrentes que no sueltan a muchas de estas sociedades; sin embargo, no hay que dejarse guiar por los registros del pasado, sino interpretarlos en los contextos de hoy y en las condiciones de mañana. La fatiga de las democracias puede explicarse, en parte, por esta tentación permanente de no poder soltar los pasados y cerrar así los caminos del futuro.

La administración del patrimonio del futuro es la tarea central que tienen que afrontar las sociedades latinoamericanas y del Caribe, lo que implica también asumir el debate de la distribución de costos y beneficios que pueden presentarse en horizontes temporales diferidos. Asumir esta situación es una dificultad a la cual se ven expuestas muchas democracias a nivel mundial, sin haber logrado con éxito el manejo de las expectativas de la ciudadanía. Vemos esto específicamente en el caso del cambio climático y en las acciones de adaptación y resiliencia que son esenciales y urgentes a corto plazo. La pregunta acerca de cuánto tiempo aguantarán los presupuestos públicos y las capacidades administrativas para la implementación de las necesarias políticas públicas es una cuestión abierta, especialmente ante la precaria legitimidad con la cual cuentan muchos actores políticos. La tendencia de copar y cooptar espacios públicos es una amenaza real para poder abrir caminos hacia el futuro que no deje atrás el pasado, sino que sea capaz de su revisión crítica. Generar desde allí enseñanzas útiles para un futuro, ciertamente poco claro, pero que necesita de la concurrencia de la ciudadanía que asume y recupera sus derechos para poder abrir caminos hacia una democracia que da espacios para muchos intereses en la forja de la “cosa pública”, con criterios que facilitarían convergencias y acuerdos transparentes. Los repertorios democráticos están allí, necesitan actualizarse y ser aplicados por actores con ánimo ciudadano y actores conscientes de su responsabilidad social, para que la democracia se despierte de nuevo.

Bibliografía

Alcántara, Manuel (2019). Los partidos y la fatiga de la democracia, especial referencia al caso de América Latina, Revista de Derecho Electoral (28), pp. 1-24.

Alcántara Sáez, Manuel; Rivas Pérez, Cristina y Rodríguez Balmaceda, Cecilia Graciela (2024). Sociedades cansadas y democracias fatigadas en América Latina, Revista Mexicana de Sociología 86, N.° 1, pp. 145-178.

Ambos, Kai (2011). El juicio a Fujimori: responsabilidad de un presidente por crímenes contra la humanidad como autor mediato en virtud de un aparato de poder organizado, Revista de Derecho Penal y Criminología, 3a época, N.° 5, Madrid, pp. 229-272.

Andrés Manuel López Obrador (2021). Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, agosto 26. https://lopezobrador.org.mx/2021/08/26/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-597/.

Arévalo, Bernardo (2024). Presidente Arévalo insta a diputados a aprobar reforma a ley del MP. https://bernardoarevalo.presidencia.gob.gt/presidente-arevalo-insta-a-diputados-a-aprobar-reforma-a-ley-del-mp/.

Arnson, Cynthia (ed.) (2018). In the Age of Disruption: Latin America’s Domestic and International Challenges, Washington, DC: Wilson Institute.

Artese, Matías; Castro Rubel, Jorge y Tapia, Hernán (2019). Explorando “la grieta”. Representaciones de la conflictividad social en miembros de la pequeña burguesía urbana, Estudios Sociales, año XXIX, N.° 56, pp. 131-154.

Barragán, Mélany y Aldeguer, Bernabé (2023). Democracia en América Latina: Ciclos políticos y rendimiento institucional, en Salvador Martí i Puig y Mélany Barragán (coords.), América Latina. Democracias frágiles y conflictividad, Valencia, pp. 19-44.

Barral Grigera, Noemi (2024). Las encuestas insinúan un quiebre: ¿los jóvenes y los pobres le restan apoyo a Milei? https://cenital.com/las-encuestas-insinuan-un-quiebre-los-jovenes-y-los-pobres-le-restan-apoyo-a-milei/.

Beck, Humberto e Iber, Patrick (2022). AMLO y sus contradicciones, Nueva Sociedad, N.° 299, mayo-junio, pp. 57-69.

Bröckling, Ulrich (2012). Dispositive der Vorbeugung: Gefahrenabwehr, Resilienz,,Precaution, in: Daase, Christopher; Offermann, Philipp & Rauer, Valentin (eds.), Sicherheitskultur. Soziale und politische Praktiken der Gefahrenabwehr, Frankfurt a.M., pp. 93-108.

Bröckling, Ulrich; Safaian, Dorna & Spakowski, Nicola (2023). Strongman Politics. Autoritäre Personalisierung im 21. Jahrhundert, Mittelweg, N.o 36, 3-4, pp. 3-12.

Buben, Radek & Kouba, Karel (2024). Democracy and Institutional Change in Times of Crises in Latin America, Journal of Politics in Latin America, 16 (1), pp. 90-109.

Bukele, Nayib (2024). Palabras del Presidente Nayib Bukele en la toma de posesión, 01 de junio de 2024. https://diario.elmundo.sv/politica/el-discurso-completo-de-nayib-bukele-en-su-investidura-presidencial-2024-2029.

Cagley, Casey (2022). The Curse of the Ex-Presidents, Journal of Democracy. https://www.journalofdemocracy.org/the-curse-of-the-ex-presidents/.

Cameron, Maxwell A. (2022). Strongmen and the dispute over democracy, en Cameron Maxwell, A. & Jaramillo, Grace M. (eds.), Challenges to Democracy in the Andes. Strongmen, Broken Constitutions, and Regimes in Crisis, Boulder, pp. 199-220.

Carothers, Thomas & Feldmann, Andreas E. (2021). The intensification of divisive politics, en Carothers, Thomas & Feldmann, Andreas E. (eds.), Divisive Politics and Democratic Dangers in Latin America, Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, pp. 1-3.

Crabtree, John & Durand, Francisco (2017). Peru: Elite Power and Political Capture, London: Zed Books.

De Vries, Cathrine & Hobolt, Sara (2020). The Rise of Challenger Parties, Political Insight, 11 (3), pp. 16-19.

Dorado, Fernando (2023). Golpes blandos y duros, Revista Sur. https://www.sur.org.co/golpes-blandos-y-duros/.

El Faro (2024). Ha nacido una dictadura, 01 de junio de 2024. https://elfaro.net/es/202406/columnas/27434/ha-nacido-una-dictadura.

Latinobarómetro (2023). Informe 2023: La recesión democrática de América Latina, Santiago de Chile. https://www.latinobarometro.org/LATDC/DC00716/F00016664-Latinobarometro_Informe_2023.pdf.

Levitsky, Steven y Ziblatt, Daniel (2024). La dictadura de la minoría: Cómo revertir la deriva autoritaria y forjar una democracia para todos, Barcelona.

Lührmann, Anna & Lindberg, Steffan. I. (2019). A third wave of autocratization is here: what is new about it?, Democratization, 26 (7), pp. 1095-1113.

Maihold, Günther (2016). Intervention by Invitation? Shared Sovereignty in the Fight against Impunity in Guatemala, European Review of Latin American and Caribbean Studies, N.° 101, pp. 5-31.

Marsteintredet, Leiv & Malamud, Andrés (2020). Coup with Adjectives: Conceptual Stretching or Innovation in Comparative Research?, Political Studies, 68 (4), pp. 1014-1035.

Milei, Javier (2023a). Palabras del Presidente de la Nación Javier Milei al inaugurar el 142 período de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, desde el Congreso de La Nación, 01 de marzo de 2024. https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/50380-el-presidente-inaugura-el-142-periodo-de-sesiones-ordinarias-del-congreso.

Milei, Javier (2023b). Los fallos de mercado no existen. https://www.tiktok.com/@finanzascongabriel/video/7273671462899223814.

Petro, Gustavo (2023). Petro denuncia un intento de “golpe blando” y apura al Congreso, 8 de junio de 2023. https://www.youtube.com/watch?v=RNouiI9Xh-M.

Rodríguez, Juan Pablo (2023). Plebiscito constitucional: un juego de escasa convocatoria. https://www.ciperchile.cl/2023/12/12/plebiscito-constitucional-un-juego-de-escasa/.

Schedler, Andreas (2023). Rethinking Political Polarization, Political Science Quarterly, Vol. 138 (3), pp. 335-359.

Smulovitz, Catalina (2022). Del “descubrimiento de la ley” al “lawfare” o cómo las uvas se volvieron amargas, Revista SAAP (Sociedad Argentina de Análisis Político), vol. 16 (2), pp. 231-259.

Somer, Murat & McCoy, Jennifer (2019). Transformations through Polarizations and Global Threats to Democracy, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 681 (1), pp. 8-22.

Somer, Murat; McCoy, Jennifer & Luke, Russel (2021). Pernicious polarization, autocratization and opposition strategies, Democratization, Vol. 28(5), pp. 929-948.

Tanaka, Martín y Vera Rojas, Sofía (2010). La dinámica “neodualista” de una democracia sin sistema de partidos: la situación de la democracia en el Perú, Revista de Ciencia Política, Santiago, Vol. 30 (1), pp. 87-114.

Vega, Juan Manuel (2023). Bernardo Arévalo denuncia intento de golpe de Estado y señala al MP, juez Orellana y Congreso, Prensa Libre, Cd. de Guatemala, 01 de septiembre. https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/bernardo-arevalo-denuncia-intento-de-golpe-de-estado-y-senala-al-mp-juez-orellana-y-el-congreso/.

Vergara, Alberto & Watanabe, Aaron (2019). Presidents without Roots: Understanding the Peruvian Paradox, Latin American Perspectives, 46 (5), pp. 25-43.

Vergara, Alberto (2023). Repúblicas defraudadas. ¿Puede América Latina escapar de su atasco? Lima. Editorial Planeta.

Vessuri, Hebe (2024). Milei charges against Argentine science, Tapuya: Latin American Science, Technology and Society, 7 (1). https://doi.org/10.1080/25729861.2024.2334185.

Zovatto, Daniel (2014). Reelección, continuismo e hiperpresidencialismo en América Latina, Washington, DC: Brookings Institution.