Los casos de Brasil, Bolivia y Venezuela

Kátia Alves Fukushima

Introducción

la presión que se produce entre los diversos intereses, sobre el contenido de la política práctica, puede describirse como un “estira y afloja entre los grupos” para el control del aparato gubernamental.

   

Easton, 1968: 185

El presente capítulo tiene como objetivo discutir sobre los gobiernos de izquierda y el papel de una “oposición desleal” en las crisis de las democracias en América Latina, particularmente en los casos de los gobiernos de Dilma Rousseff en Brasil (2010-2016), Nicolás Maduro en Venezuela (2013-presente) y Evo Morales en Bolivia (2006-2019).

Estos casos están incluidos en lo que se conoce como “giro a la izquierda” o “marea rosa”, que tuvo lugar a finales del siglo XX y principios del XXI en América Latina. Este periodo estuvo marcado por el ascenso de diversos líderes y partidos de izquierda y centroizquierda, como Hugo Chávez en Venezuela (1998), Lula da Silva en Brasil (2002), Néstor Kirchner en Argentina (2003), Tabaré Vázquez en Uruguay (2004), Evo Morales en Bolivia (2005), Michelle Bachelet en Chile (2006), Rafael Correa en Ecuador (2006), Fernando Lugo en Paraguay (2008) y Mauricio Funes en El Salvador (2009). La mayoría de estos gobernantes fueron reelegidos o eligieron sucesores del mismo partido o coalición.

El análisis de la literatura sobre estos gobiernos de izquierda ha mostrado un consenso entre los autores sobre la existencia de distintas izquierdas en la región (Weyland, 2009; Madrid, 2008; Madrid, Hunter y Weyland, 2010; Silva, 2009; Roberts, 2008; Panizza, 2006, 2009; Lanzaro, 2007). Aunque las corrientes de izquierda convergían en la necesidad de una mayor justicia social y participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, los caminos adoptados para alcanzar estos objetivos eran diversos (Madrid, 2008). En palabras de Weyland (2009: 1), “los nuevos gobiernos van desde la cautelosa Concertación, una sólida coalición de partidos centristas y de izquierda en Chile, hasta el populismo radical de Hugo Chávez en Venezuela”. Los demás países se alineaban entre estos extremos, con Brasil y Uruguay más cercanos a Chile, mientras que Bolivia y Ecuador estaban más cerca de Venezuela.

Dentro de este marco teórico, Weyland (2009), Madrid (2008) y Madrid, Hunter y Weyland (2010), basándose en las especificidades de los países gobernados por la izquierda en América Latina, las clasificaron en izquierda “moderada”, que actuaba dentro de los límites del sistema de mercado, e izquierda “contestataria”, que rechazaba esas restricciones y buscaba implementar una transformación más audaz. Los gobiernos de Lula (2003-2011) y su sucesora Dilma Rousseff (2011-2016) en Brasil serían clasificados como izquierda “moderada”, mientras que los casos de los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (2013-presente) en Venezuela y Evo Morales (2006-2019) en Bolivia serían considerados como izquierda “radical o contestataria”. La predicción de estos autores era que la izquierda moderada sería más exitosa que la contestataria.

Sin embargo, en la segunda década del siglo XXI, especialmente después de la crisis económica de 2008 y las crisis políticas y sociales que se desataron en varios países de la región, muchos de estos gobiernos y sus políticas fueron cuestionados, y algunos de ellos fueron derrotados en las urnas o de otras formas. En varios casos, además de los gobiernos de izquierda, la propia democracia fue puesta en jaque. Ejemplos al respecto incluyen los gobiernos de Manuel Zelaya en Honduras, que sufrió un golpe de Estado en 2009; de Fernando Lugo en Paraguay, que fue destituido de la presidencia en 2012 por el Senado en un proceso de juicio político que duró menos de 36 horas y configuró un “golpe blanco”; de Dilma Rousseff en Brasil, que fue destituida del cargo en 2016 a través de un proceso de impeachment que, ante su ambigüedad, constituyó otro golpe parlamentario en la región; y de Evo Morales en Bolivia, quien fue forzado a renunciar a la presidencia en 2019 después de una serie de manifestaciones violentas en las que las Fuerzas Armadas bolivianas se negaron a impedir los ataques, exigiendo la renuncia del presidente. Además, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, aunque no ha sido destituido, no logra gobernar frente a la grave crisis económica y a un escenario de intensa polarización entre chavistas y oposición, intensificada con el episodio del 23 de enero de 2019, cuando Juan Guaidó (Voluntad Popular [VP]), uno de los líderes de la oposición, se autoproclamó presidente de Venezuela, lo cual agudizó la crisis en el país, que pasó a tener dos presidentes, cada uno reconocido por diferentes actores externos.

Este escenario mostró que, independientemente de las características de los gobiernos, el resultado fue una reacción virulenta que llevó al caos o a la caída de presidentes democráticamente electos. Así, contrastando la literatura con el contexto latinoamericano, se puede afirmar que las crisis en estos gobiernos no se deben a la radicalización o a la moderación, ya que la “opción” de la izquierda moderada de actuar dentro de los límites del sistema de mercado y del sistema político vigente, como fue el caso brasileño, no garantizó la estabilidad de los gobiernos. Entonces, ¿cómo se explica las crisis en estos gobiernos de izquierda? Para responder a esta pregunta, este capítulo se enfocará en los casos de los gobiernos de Dilma Rousseff, Nicolás Maduro y Evo Morales, los cuales pueden abrir caminos para pensar en otros casos latinoamericanos.

El argumento principal es que las crisis en estos países se deben, en gran parte, a la presencia de lo que Juan Linz (1996) llamó “oposición desleal”, en la cual partidos o grupos de intereses promueven acciones conjuntas con fines desestabilizadores para derrocar al gobierno sin ninguna posibilidad de constituir una nueva mayoría. Es decir, la oposición, insatisfecha con las políticas de tales gobiernos, pasa a actuar fuera de las reglas del juego democrático.

Este capítulo está dividido en cinco secciones, considerando esta introducción. En la segunda sección se presentarán los principales factores para el giro hacia la izquierda en América Latina. La tercera abordará la clasificación entre “izquierda moderada” e “izquierda contestataria” propuesta por Weyland, Madrid y Hunter, además de la crítica a sus análisis. En la cuarta, se buscará mostrar la correlación de fuerzas enfrentadas por los gobiernos de izquierda en Brasil, Bolivia y Venezuela, así como el papel desempeñado por una oposición desleal en las crisis de estos países. Por último, se presentarán las consideraciones finales.

1. Giro a la izquierda en América Latina

El denominado “giro a la izquierda” o “marea rosa” comenzó a finales del siglo XX con la elección de Hugo Chávez en Venezuela en 1998. Después de su victoria, una serie de otros líderes de izquierda fueron elegidos en la región, incluyendo Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y El Salvador. Además del ascenso de estos gobiernos, en otros países los partidos de izquierda también ganaron espacio como fuerzas relevantes en el escenario político, como la izquierda en México, que se convirtió en la segunda fuerza en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, y salió victoriosa en 2018 con la elección de Andrés Manuel López Obrador, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) (Cleary, 2006; Panizza, 2006).

El análisis de los procesos electorales en los que la izquierda salió victoriosa demostró que no hubo un cambio ideológico del electorado hacia la izquierda. Panizza (2009) destacó en su estudio sobre la ideología del electorado que votó por los gobiernos de izquierda que, en casi todos los casos, el porcentaje de votos por candidatos presidenciales de izquierda fue significativamente mayor que de electores que se identificaban como de izquierda. Este análisis nos ayuda a comprender el voto de este mismo electorado por la derecha e incluso por la extrema derecha en tiempos de crisis en varios países.

Panizza (2009) presentó tres explicaciones para esta paradoja, con las cuales coincide el análisis de este capítulo. La primera es el proceso de acumulación y (des)acumulación política en la democracia, según el cual la izquierda experimentó un proceso de acumulación con su acceso a gobiernos municipales y estatales, como es el caso del Partido de los Trabajadores en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay, el Partido de la Revolución Democrática en México y el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Con las experiencias a nivel local y regional, estos partidos cambiaron gradualmente sus enfoques hacia la política electoral. Por otro lado, los partidos de derecha y centroderecha enfrentaban un proceso de desgaste debido al tiempo que llevaban en el poder. La segunda explicación es que el determinante para el giro hacia la izquierda no estaba tanto en la división izquierda versus derecha, sino más bien en la división gobierno versus oposición. El descontento de las masas con los gobiernos hasta entonces vigentes se manifestó a través del “voto castigo”, con el cual los electores comenzaron a optar por gobiernos alternativos a los que estaban en el poder. La tercera explicación radica en la relación entre política e instituciones. En este caso, el autor cita como ejemplo las elecciones de Chávez en Venezuela, de Rafael Correa en Ecuador y de Evo Morales en Bolivia, quienes fueron elegidos más por su carácter antisistémico que por sus posiciones ideológicas.

Sumadas a estos factores se encuentran las variables económicas y sus efectos sobre el funcionamiento institucional y social. El contexto, marcado por la crisis del Consenso de Washington entre 1997 y 2000 y por la desigualdad económica endémica en toda América Latina, contribuyó al éxito de las izquierdas en las elecciones latinoamericanas (Cleary, 2006: 37; Panizza, 2009: 76). Como señaló Laclau (2006), el fracaso del neoliberalismo y la necesidad de elaborar políticas más pragmáticas que combinaran los mecanismos de mercado con mayores niveles de regulación estatal y participación social explican el fortalecimiento de las fuerzas de izquierda.

En algunos países, las limitaciones impuestas por la naturaleza de los pactos heredados de las transiciones democráticas latinoamericanas también favorecieron el ascenso de liderazgos de izquierda, como fue el caso del Pacto de Punto Fijo en Venezuela, que llevó a la crisis del sistema de partidos venezolano y creó un ambiente propicio para el ascenso de Chávez al Poder Ejecutivo.

Otra explicación para los ascensos de la izquierda se debe al “vacío de influencia en América del Sur”, especialmente en lo que respecta a la influencia de Estados Unidos, que en ese período tenía su atención centrada en otras regiones. Esto abrió espacio para una autonomía sin precedentes, que favoreció el giro hacia la izquierda en América Latina (Natanson, 2009).

En resumen, el giro hacia la izquierda está relacionado con cuestiones políticas, económicas y sociales latentes en el período anterior en sus respectivos países. En mayor o menor medida, fue una respuesta, por un lado, a la crisis de representación política (crisis del sistema de partidos, desconfianza en las instituciones políticas, falta de canales de participación) y, por otro lado, a las políticas neoliberales y la consiguiente crisis social (con desempleo, aumento de la pobreza y desigualdad).

2. La “izquierda moderada” en Brasil y las “izquierdas contestatarias” en Venezuela y Bolivia

Los casos aquí analizados, como se mencionó, se clasifican como izquierda “moderada” –son los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil– e izquierda “contestataria” ‒los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela y Evo Morales en Bolivia‒. Esta clasificación está presente en los trabajos de Madrid (2008), Weyland (2009) y Madrid, Hunter y Weyland (2010), basados en las características organizativas de los partidos gobernantes, el desempeño del sistema de partidos, el impacto de las reformas promercado en el periodo 1980-1990 y la abundancia de recursos naturales. Para estos autores, la “izquierda contestataria” se oponía al modelo liberal, presentando una política intervencionista, con aumento del gasto público y expansión de la intervención estatal en la economía del país. Weyland (2009: 149) señala que líderes como Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, al menos en su retórica, reemplazaron el reformismo cauteloso por una política misionera de redención y perseguían una profunda transformación del orden político y socioeconómico. En cambio, los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff adoptaron el modelo de política económica existente orientado al mercado, promoviendo cambios de acuerdo con su ideal de justicia social y mayor igualdad, pero dentro de las limitaciones impuestas por las instituciones vigentes.

Según Madrid (2008), la administración de Chávez, por ejemplo, reformó las instituciones existentes en el país, amplió las intervenciones en la economía e impulsó significativamente el gasto social. El gobierno de Evo Morales también amplió el papel del Estado en la economía, aunque adoptando políticas fiscales y salariales bastante cautelosas. Sin embargo, el autor señala que ninguno de los dos gobiernos se movió en dirección a la nacionalización de la economía ni redujo drásticamente su comercio exterior con Estados Unidos. En cambio, la “izquierda moderada” transitaba hacia el centro, actuando dentro del marco de las instituciones políticas existentes y adoptando políticas económicas orientadas al mercado, con políticas monetarias y fiscales bastante conservadoras. “La administración de Lula, por ejemplo, aumentó las tasas de interés, aumentó su superávit presupuestario anual y mantuvo las tasas del impuesto sobre la renta relativamente bajas” (Madrid, 2010: 590).

Estas izquierdas también presentaron diferencias en sus políticas exteriores, siendo la izquierda contestataria más crítica hacia Estados Unidos, buscando nuevas relaciones comerciales con los llamados rivales de Estados Unidos, incluyendo a Irán, Rusia y China (Madrid, 2010). Otro punto destacado por Madrid (2008: 587) es la estructura organizacional: mientras que la izquierda moderada estaba compuesta en gran parte por partidos más antiguos y relativamente bien institucionalizados, la izquierda contestataria estaba constituida principalmente por movimientos nuevos, fluidos y altamente personalistas.

Para explicar el surgimiento de las dos izquierdas, Weyland (2009: 148) utiliza el argumento rentista. Para el autor, el neoliberalismo no es directamente responsable del surgimiento de una izquierda radical, ni la debilidad del sistema de partidos es una verdadera causa de su surgimiento. Del mismo modo, la izquierda moderada no es resultado de un sistema de partidos fuerte. Para Weyland, el factor crucial es la bonanza de recursos naturales que ha estimulado el radicalismo tanto en Venezuela como en Bolivia. En países que carecen de una economía rentista, como Brasil y Uruguay, o que controlan su riqueza de recursos naturales a través de instituciones estatales fuertes, como Chile, la izquierda se siente obligada a trabajar dentro de los límites de la nueva economía de mercado y la democracia representativa. A partir de este análisis, Weyland nos muestra las implicaciones para el desempeño de las izquierdas, es decir: la izquierda de Hugo Chávez en Venezuela, al adoptar el modelo rentista tradicional, con un aumento drástico en el gasto y en la deuda pública, transita por un camino insostenible. En contraste con los riesgos inherentes a la izquierda radical, el proceso lento y gradual de reforma adoptado por la izquierda moderada en Brasil parece más prometedor, especialmente a mediano y largo plazo.

La abundancia de recursos naturales, utilizada por Weyland (2009) como factor explicativo, no explica las distinciones entre las izquierdas. Aunque el autor tiene razón al afirmar que la radicalización de las izquierdas en Venezuela y Bolivia, por ejemplo, se debe al auge de los recursos naturales (petróleo y gas natural) que aumentó su margen de maniobra en el proceso de implementación de políticas más radicales, también es importante recordar que otras izquierdas fueron favorecidas con el boom de los commodities y, sin embargo, fueron clasificadas como una izquierda moderada. Los partidos de izquierda de Chile, Uruguay y Brasil, por ejemplo, llegaron al gobierno en un momento de crecimiento económico muy favorable en sus países, sin embargo, no llevaron a cabo políticas radicales (Panizza, 2006: 15).

Otro punto interesante del análisis de Weyland es que señala como tendencia la insostenibilidad del modelo adoptado por la izquierda contestataria en Venezuela y Bolivia. De hecho, la economía rentista es un problema en Venezuela que los gobiernos de Chávez y Maduro no han logrado superar. Sin embargo, este modelo ha sido adoptado por varios gobiernos, incluso en el período en que Venezuela era considerada una de las democracias más duraderas y estables (Karl, 1988). Un problema antiguo y estructural se presenta como un gran obstáculo para el gobierno, pero tienen razón Ellner et al. (2018: 38) en que la afirmación de Weyland ‒al decir que las políticas de la “izquierda contestataria” no son sostenibles– “simplifica el proceso de cambio en curso en el continente e ignora ciertos avances inequívocos”.

Otra característica presentada por Madrid (2008) para distinguir entre la izquierda contestataria y la izquierda moderada es la retórica de polarización. Mientras que en Brasil los gobiernos de izquierda mantuvieron la Constitución, terreno común con la oposición, y evitaron una retórica polarizadora, la izquierda venezolana promulgó una nueva Constitución y mantuvo una relación hostil con la oposición (Madrid, 2008). Como destacó Ellner, no es sorprendente que la radicalización de la izquierda contestataria “encontrara una fuerte resistencia por parte de los defensores del statu quo y desatara una intensa polarización” (Ellner et al., 2018: 5).

Sin embargo, vale resaltar que el escenario brasileño, especialmente durante el gobierno de Dilma Rousseff, presentó una intensa polarización, lo que lleva a plantear la siguiente pregunta: si la izquierda moderada evitó una retórica polarizadora, a diferencia de la izquierda radical, ¿qué explica la intensa polarización política y social presente en ambos países? Resulta que el contexto de polarización, que parecía ser una consecuencia de la radicalización de la izquierda contestataria en Venezuela y Bolivia, no es un factor de distinción entre las izquierdas. Tanto la izquierda moderada como la contestataria han experimentado o están experimentando contextos de polarización política y social. Además, el caso brasileño mostró que la izquierda moderada no logró garantizar la sostenibilidad de su modelo.

Contrastando la literatura con el contexto actual latinoamericano, se puede afirmar que las crisis que han ocurrido en los gobiernos de izquierda no se deben a la radicalización o a la moderación. Entonces, ¿qué explica las crisis en Brasil, Bolivia y Venezuela?

3. Gobiernos de izquierda, oposición desleal y límites de la democracia liberal

Además de responder a las demandas de un amplio electorado y de los miembros del partido, los gobiernos democráticos no pueden ignorar las de los grupos de interés de importancia clave y bien organizados, que si retiran su confianza pueden ser más decisivos que el apoyo del electorado.

   

LINZ, 1996: 45

Tanto los gobiernos de “izquierda moderada” como los de “izquierda radical” llegaron al poder dentro de las reglas de la democracia liberal, sin implementar cambios estructurales que amenazaran el sistema capitalista. Sin embargo, estos gobiernos representaron un cambio en el orden institucional de regiones históricamente dominadas por fuerzas oligárquicas y conservadoras.

Al asumir el poder en América Latina, los gobiernos de izquierda, en diferentes grados, buscaron implementar políticas económicas redistributivas y promover la inclusión y participación de grupos marginados. Esto dio como resultado una mayor representación de estos grupos en instituciones como universidades y otros espacios de poder, lo que cuestionó los límites de la democracia liberal. Además, las agendas derivadas de los movimientos sociales comenzaron a resonar en la sociedad, y la cultura eurocéntrica hegemónica, basada en el machismo, el patriarcado y el racismo, comenzó a ser discutida. Estos elementos están en el centro de las reacciones contra los gobiernos de izquierda y de aquellos que movilizaron ciertos grupos para actuar fuera de las reglas del juego democrático.

Los gobiernos de izquierda de Hugo Chávez (1999-2013), de Evo Morales (2006-2019) y de Lula (2002-2010) se presentaron como gobiernos que priorizarían la inclusión y la participación, con lemas de “gobiernos participativos”. Estos líderes encontraron condiciones económicas favorables, en parte debido al boom das commodities, para implementar políticas sociales. Sin embargo, el análisis del proceso de puesta en práctica de estas políticas demostró que la correlación de fuerzas y la asimetría de recursos políticos presentes en cada contexto generaron diferentes oportunidades en el proceso de toma de decisiones, lo que resultó en gobiernos distintos (Fukushima, 2019). Esto ocurrió porque las características estructurales de las sociedades y los conflictos presentes en cada país ofrecieron “una serie de oportunidades y obstáculos para los actores sociales y políticos que pueden llevar a un resultado u otro”, como destacó Linz (1996: 15).

El gobierno de Lula da Silva se benefició de una Constitución amplia con mecanismos de democracia directa y una cercanía con los movimientos sociales y sindicatos, además de la habilidad negociadora del propio Lula, lo que facilitó la implementación de políticas sociales. Sin embargo, el sistema político brasileño, que requiere coaliciones para garantizar la gobernabilidad, presentó desafíos. Estas coaliciones no siempre eran ideológicamente consistentes, lo que obligaba al gobierno a negociar cada tema de la agenda con diversos intereses organizados. Esta conciliación de intereses contradictorios limitó la adopción de políticas estructurales necesarias para el fortalecimiento de la democracia. Además, la base social de apoyo al gobierno, en gran parte basada en el poder adquisitivo, no era lo suficientemente sólida, lo que hacía que el gobierno fuera aún más dependiente de las negociaciones parlamentarias. El gobierno de Lula da Silva puede considerarse “moderado” en comparación con los gobiernos de Hugo Chávez y de Evo Morales, que representaron una ruptura con el orden institucional anterior, promoviendo una nueva constitución con mecanismos de democracia directa y participación, ya que, al asumir el poder en un contexto de crisis del sistema político-partidario, tuvieron un margen significativo de maniobra en el proceso de implementación de políticas sociales (Fukushima, 2019).

Los tres gobiernos bajo análisis implementaron políticas de inclusión y participación, y lograron una gran legitimidad popular. A través de programas sociales, consiguieron reducir significativamente la pobreza y la situación de indigencia. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Brasil, en 2003, las tasas de pobreza e indigencia, que eran del 38.8 % y el 7.6 % respectivamente, cayeron al 21 % y el 4.4 % en 2011. En Bolivia, cuando Evo Morales asumió en 2006, las mismas tasas eran del 63.5 % y el 34.3 %, y se redujeron respectivamente al 30.9 % y el 12 % en 2019. En Venezuela, la pobreza, que afectaba al 49.4 % en 1999, se redujo al 20.9 % en 2012. En el mismo período, la tasa de indigencia disminuyó del 21.7 % al 5.1 %. Además, promovieron el acceso a la educación, con atención a los sectores marginados, lo que produjo un aumento del número de matrículas en la educación superior y una reducción de la tasa de analfabetismo. Las nuevas Constituciones promulgadas en los gobiernos de Hugo Chávez y de Evo Morales también prestaron atención a los pueblos originarios, garantizando la representación indígena en los órganos deliberativos de estos países.

No obstante, sus sucesores Dilma Rousseff y Nicolás Maduro, en Brasil y Venezuela respectivamente, y Evo Morales en Bolivia en su último mandato, enfrentaron o enfrentan crisis políticas, económicas, sociales e institucionales que afectan la propia estabilidad democrática.

Es válido, y se respalda en muchas evidencias, el argumento de que las crisis en los países mencionados están en gran parte relacionadas con la presencia de una “oposición desleal”. Según Juan Linz (1996), la oposición desleal se caracteriza por acciones conjuntas de partidos o grupos de interés con el objetivo de desestabilizar y derrocar un gobierno, actuando fuera de las reglas del juego democrático. Esto incluye ataques al sistema político, difamación sistemática de políticos legítimamente elegidos y obstrucción constante del proceso parlamentario.

Es difícil definir exactamente cuándo la oposición se vuelve desleal, pero Linz (1996) señala algunos indicadores, como buscar apoyo militar en situaciones de inestabilidad, negar legitimidad a los partidos elegidos, rechazar la participación en debates parlamentarios o en elecciones libres y utilizar presión en masa, como huelgas y manifestaciones, para dificultar la acción gubernamental. Para el autor (1996: 61), los partidos, cuando se enfrentan a la toma legal del poder por parte de un partido que temen sea antisistema, piensan que estas tácticas son el último recurso para defender el sistema.

Históricamente, la clase media ha desempeñado un papel crucial en estos escenarios. Cuando se sienten amenazados, los sectores de la clase media tienden a buscar cualquier alternativa para mantener su statu quo, incluso si eso significa romper con la democracia. Esta percepción de amenaza puede llevar a una aceptación de alternativas autoritarias, como señaló O’Donnell (1988). Los paralelos entre las acciones de la clase media en los contextos de crisis actuales y sus acciones en vísperas de la dictadura son evidentes.

La presencia de una oposición desleal puede llevar a la destitución de presidentes, como en los casos de Dilma Rousseff y Evo Morales, o al cierre del gobierno hacia cierto autoritarismo, como en el caso de Nicolás Maduro. Este tipo de comportamiento político representa una amenaza significativa para la estabilidad de las democracias y el funcionamiento adecuado de las instituciones democráticas.

En Brasil, las elecciones presidenciales de 2014 evidenciaron una intensa polarización en la sociedad entre los partidarios del Partido de los Trabajadores (PT) y los “anti-PT”. A pesar de esto, Dilma Rousseff (PT) fue reelegida en segunda vuelta con el 51.64 % de los votos (54.501.118 votos). El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), del candidato derrotado Aécio Neves, inmediatamente después de la derrota solicitó una auditoría de las elecciones, argumentando que la veracidad del resultado electoral estaba siendo cuestionada por la población en las redes sociales (G1, 2014). Esta solicitud de auditoría puede considerarse un indicio de que la oposición estaba volviéndose “desleal” al deslegitimar las instituciones democráticas. La impugnación del resultado electoral en las redes sociales y la solicitud de una auditoría fueron estrategias destinadas a socavar la legitimidad del proceso electoral y, por lo tanto, del gobierno elegido. Esta actitud revela una postura de oposición que busca desestabilizar al gobierno y cuestionar el funcionamiento de las instituciones democráticas, lo cual contribuye a la polarización política y social en la sociedad brasileña.

El segundo mandato de Dilma Rousseff (2015-2016) estuvo marcado por una significativa crisis económica, un giro hacia la derecha en su política económica y manifestaciones en contra de su gobierno. Además, la actuación desestabilizadora de la oposición y de una parte considerable de su propia base de sustentación contribuyeron a la dificultad de gobernar. El 31 de agosto de 2016, Dilma fue destituida de su cargo mediante un proceso de juicio político respaldado por la oposición, una parte significativa de la población, sectores empresariales y mediáticos, así como por partidos de su propia coalición, incluyendo al PMDB, que, en la persona de Michel Temer, ocupaba el cargo de vicepresidente. La ambigüedad del proceso mostró la configuración de otro golpe parlamentario en la región.

La presencia de coaliciones amplias e ideológicamente heterogéneas, como en el caso brasileño, puede explicar cómo un partido que forma parte de la base del gobierno puede convertirse en una “oposición desleal” cuando ya no ve beneficios en permanecer en la coalición. Según el politólogo Luis Felipe Miguel (2019: 17), Rousseff “fue derrocada porque perdió el apoyo de la élite económica, de los medios de comunicación y del Congreso, sin que se demostrara que había cometido alguna de las acciones que, según la ley, justificarían su destitución”. El autor argumenta que los Poderes Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, la Policía Federal y las Fuerzas Armadas “decidieron unilateralmente cambiar las reglas en su propio beneficio”.

Desde esta perspectiva, esos sectores se volvieron desleales al romper con las reglas del juego democrático con el único objetivo de derrocar al gobierno del Partido de los Trabajadores o, como muestra Tatagiba (2018: 115), acabar con “la cultura de izquierda de manera más amplia”, utilizando una aparente institucionalidad. Las clases medias, según señala Miguel (2019), sintiéndose amenazadas con las transformaciones en curso, se dispusieron a ser la base social del retroceso. Tatagiba observa este apoyo en las consignas presentes en las manifestaciones contra el gobierno de Dilma, como “Brasil no será otra Venezuela”, “Quiero mi país de vuelta”, “Mi bandera nunca será roja”, “Fuera Dilma y llévate al PT”, y “Vete a Cuba”. Para la autora, “la voz de las calles prestó legitimidad a actores que buscaban cuestionar los resultados de las urnas”. En una de las protestas contra Dilma, el 16 de agosto de 2015, Aécio Neves habló desde un camión en la ciudad de Belo Horizonte, diciendo: “Brasil ha despertado. Es el pueblo en la calle el que permitirá superar la crisis. No es este gobierno, que ya no tiene autoridad ni credibilidad” (G1, 2015). Este es uno de los ejemplos en los que podemos identificar una acción conjunta en situaciones de crisis, en la que estos sectores niegan la legitimidad del gobierno y difaman sistemáticamente a la presidenta Rousseff. Además, los sectores empresariales, como la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP), los medios de comunicación hegemónicos, y los sectores evangélicos con la conocida “Marcha para Jesús” también respaldaron la campaña para derrocar al gobierno de Dilma y al PT (Tatagiba, 2018: 120).

La búsqueda de apoyo militar, representada por carteles que pedían “Intervención Militar Ya”, también estuvo presente en las acciones de la oposición, lo cual es considerado un indicador de deslealtad. Estos elementos muestran cómo la oposición se unió en momentos de crisis para negar la legitimidad del gobierno y promover su caída, actuando de manera desleal dentro del sistema democrático.

En Venezuela, después de la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro, entonces vicepresidente y exministro de Relaciones Exteriores, fue elegido en el mismo año con el 50.62 % de los votos. Su gobierno ha estado marcado por una grave crisis económica que se instaló en 2014, con una de las inflaciones más altas del mundo, escasez de productos básicos e inseguridad. Aunque existen varios factores que contribuyeron a la crisis política, económica y social en Venezuela, como la dependencia del petróleo, influencias internacionales y la incapacidad de los actores gubernamentales para encontrar soluciones a la crisis económica, la oposición ha desempeñado un papel central al agudizar aún más la polarización y la crisis en el país.

La oposición política y económica se convirtió en una “oposición desleal” a lo largo de los gobiernos de Chávez (1999-2013) y Maduro (2013-presente), ya que no solo se ha opuesto al gobierno, sino que también representa una amenaza para la democracia. La ascensión de Chávez al poder en Venezuela implicó la ruptura de la hegemonía de los actores políticos tradicionales y las élites económicas. Muchos sectores comenzaron a sentirse amenazados, incluyendo partidos de oposición, sectores empresariales representados por la Federación de Cámaras de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), sectores mediáticos vinculados a periódicos y redes de televisión como El Nacional, El Universal, Globovisión, RCTV, Venevisión, líderes de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), además de sectores de la clase media.

Durante el gobierno de Chávez, la oposición política y económica incitó paralizaciones del país en 2001, articuló un golpe que destituyó a Hugo Chávez del poder entre el 11 y el 14 de abril de 2002, promovió sabotajes petroleros entre 2002 y 2003, boicoteó las elecciones parlamentarias en 2005, entre otras acciones para desestabilizar y derrocar al gobierno. Las estrategias de la oposición demostraron que, para estos actores políticos y económicos, el costo de la “democracia chavista” era mayor que el costo de derribarla. Sin embargo, ante la fragilidad de la oposición y la ausencia de un proyecto político coherente, Chávez salió fortalecido, con un gran respaldo popular (Fukushima, 2010, 2018, 2023).

Tras el fracaso de las acciones golpistas y de las medidas destinadas a la desestabilización, la oposición a Chávez adquirió un carácter más democrático en los últimos años de su gobierno. Este cambio de estrategia, en gran medida centrado en la unión de sectores opositores en torno a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), resultó en una considerable mejora en los resultados electorales. La MUD no solo conquistó el poder en estados importantes del país, sino que también aumentó sus posibilidades de victoria en las elecciones presidenciales. A pesar de la falta de una ideología nítida, la MUD logró unir a todos los sectores descontentos con el gobierno chavista, creando en torno a la candidatura del entonces gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, la personificación del líder anti-Chávez. Sin embargo, tras la derrota en las elecciones presidenciales de abril de 2013 frente a Nicolás Maduro, la oposición quedó dividida y algunos sectores volvieron al antiguo camino, sin reconocer el resultado de las elecciones (Barrionuevo, 2010).

Durante el gobierno de Maduro, la oposición incitó protestas violentas, conocidas como “La Salida” (2014), con el objetivo de exigir la renuncia de Maduro, lideradas por María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma. La estrategia de la oposición durante las protestas consistía en deslegitimar al gobierno hasta su caída, creando un clima de desobediencia civil, al mismo tiempo que establecía una narrativa mediática que responsabilizaba al gobierno por los actos violentos y por la censura informativa, mostrando una situación de ingobernabilidad y un gobierno represivo y antidemocrático como justificación para una intervención externa (Rodríguez, 2017: 38). La oposición boicoteó las elecciones de 2018, defendiendo la abstención electoral. En 2019, Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se autoproclamó presidente interino y fue reconocido por varios países, incluyendo Estados Unidos, Brasil y los países del Grupo de Lima. El intento por derrocar a Nicolás Maduro y al chavismo llevó a la oposición, liderada por Juan Guaidó, a defender una intervención extranjera en el país, con el lema “Ayuda Humanitaria Ya”. Además, a eso se suman las sanciones y el bloqueo económico de Estados Unidos contra Venezuela.

Como señala el politólogo e internacionalista venezolano Oscar Lloreda (2019), la estrategia de Estados Unidos se centra actualmente en dos dimensiones: asfixiar la economía venezolana y aislar diplomáticamente al país, apostando por el colapso interno mediante presiones externas. Según Lloreda, el interés de Estados Unidos está relacionado con el hecho de que “el chavismo y Venezuela se han convertido en la referencia de un mundo que parecía condenado al ‘fin de la historia’”. Por lo tanto, hay una necesidad de eliminar todo lo que representa el chavismo, además de la vía electoral, buscando demostrar que no es viable ni posible la construcción de una alternativa al modelo hegemónico.

Las consignas de la oposición al gobierno de Chávez y al gobierno de Maduro en las manifestaciones giraban en torno a sus destituciones, la asociación de sus gobiernos con el socialismo y el comunismo, además del estímulo al boicot en las elecciones y la búsqueda de un pasado anterior a sus gobiernos. Frases como “¡Chávez vete ya!”, “Fuera Maduro”, “Salvaremos la vida y el futuro de nuestros hijos revocando a Maduro y su gobierno”, “¡Maduro renuncia ya!”, “El pueblo no te quiere”, “Venezolano no votes en ese fraude”, “No votar y sí botar”, “El socialismo destruyó mi país” fueron frecuentemente escuchadas durante estas protestas. Al igual que en Brasil, la clase media venezolana asociaba las políticas redistributivas de Chávez al discurso de la “meritocracia”, argumentando que las personas beneficiadas con las políticas públicas chavistas no tenían valores y no habían luchado para conquistar sus posesiones, mientras que ellos mismos eran personas que habían luchado por lo que tenían y no podían perderlo fácilmente (A Revolução não será televisionada, 2003).

La relación entre el gobierno y la oposición en Venezuela se ha caracterizado como un juego de suma cero. La victoria de un lado significa la extinción total del otro, lo que ha generado un endurecimiento de las posiciones del gobierno y la oposición.

El gobierno de Morales en Bolivia, al igual que el de Chávez en Venezuela, representó una ruptura con el statu quo al colocar a un líder indígena en el Poder Ejecutivo del país. Sin embargo, este cambio enfrentó una fuerte resistencia de aquellos que se oponían a un nuevo orden institucional que buscaba incluir a los sectores marginados de la sociedad. Desde el inicio de su mandato, el gobierno de Morales enfrentó dificultades para implementar su agenda, con sectores de la oposición buscando impedir la redacción de la nueva Constitución, recurriendo a la violencia contra organizaciones campesinas e indígenas, además de restringir la participación del gobierno en los eventos en regiones dominadas por las élites agrarias (Pannain, 2019).

La Constitución de 2009 introdujo importantes cambios en Bolivia, incluyendo la institución del Estado plurinacional, la jurisdicción indígena, la reforma agraria y la nacionalización de los hidrocarburos. Los debates en torno a estos temas fueron acalorados, lo cual evidenció divisiones entre una “Bolivia tradicional y blanca” y una “Bolivia indígena”. Sin embargo, la nueva Constitución fue aprobada por referéndum con una mayoría abrumadora, lo que permitió a Evo Morales implementar políticas sociales que contribuyeron a la reducción de la pobreza y la desigualdad, a pesar de enfrentar contradicciones, especialmente relacionadas con el extractivismo y los conflictos ambientales.

El escenario de las elecciones de 2019 fue crucial, ya que Evo Morales intentaba postularse para un cuarto mandato presidencial, a pesar de una derrota en un referéndum de 2016 que rechazó una reforma constitucional que permitiera su candidatura. La decisión del Tribunal Constitucional de 2017, que autorizó su candidatura sobre la base de una interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 23), desencadenó fuertes manifestaciones en su contra. Este episodio abrió brechas para que la oposición se volviera más agresiva y desleal, cuestionando la legitimidad del gobierno y sus acciones.

La adopción de la reelección indefinida, tanto por Chávez en Venezuela como por Morales en Bolivia, fue un punto controvertido en sus gobiernos. Esta medida contribuyó a centralizar el poder en torno a sus liderazgos, debilitó así el desarrollo de cuadros políticos dentro de sus partidos y generó una dependencia excesiva de una única figura. En el caso boliviano, el intento de Evo Morales de buscar un cuarto mandato presidencial fue particularmente problemático y sirvió como el detonante que necesitaban los opositores para legitimar su comportamiento en contra de las políticas del gobierno.

En las elecciones generales de octubre de 2019 en Bolivia, Evo Morales fue declarado victorioso en primera vuelta con el 47 % de los votos, pero poco después de la votación surgieron acusaciones de fraude por parte de la oposición, con el respaldo de la OEA. Aunque estudios posteriores cuestionaron las conclusiones de la OEA, argumentando fallas en el análisis estadístico, el daño ya estaba hecho y el conflicto político se intensificó.

La narrativa de fraude electoral, combinada con la violencia política y las campañas mediáticas, alimentó a la oposición, que se unió para derrocar al gobierno de Evo y todo lo que representaba. Muchos sectores de la sociedad, incluida la clase media, expresaron abiertamente su deseo de sacar a los líderes indígenas del gobierno, asociando la noción de plurinacionalidad de la Constitución con una “indianización” del Estado y clamando por el retorno a un pasado pre-Morales, expresado en el lema “Quiero que vuelva la República de Bolivia”.

Las manifestaciones y protestas contra el gobierno de Morales, en muchos casos, adoptaron un tono racista y fascista, especialmente en regiones como Santa Cruz (Estremadoiro, 2020). Frente a una serie de manifestaciones violentas en las que las Fuerzas Armadas no solo no lograron resolver el problema sino que también pidieron la renuncia del presidente, se creó una crisis política insostenible que culminó con la renuncia del presidente en noviembre de 2019.

El discurso en contra de la plurinacionalidad también estuvo presente en el contexto político de Chile durante la campaña en contra de la propuesta de una nueva Constitución. La oposición a la institución del Estado plurinacional, presente en el texto de la nueva Carta Magna, fue una de las líneas de argumentación utilizadas por algunos sectores durante el plebiscito constitucional en Chile en 2022, que destacaba el temor a convertirse en una Bolivia.

Tras la caída de Evo Morales, Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina de Bolivia. Su gobierno estuvo marcado por lo que podría describirse como una “política del resentimiento”, caracterizada por un enfoque violento contra los militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) y por actos represivos en varias regiones del país.

Las escenas simbólicas, como la de Luis Fernando Camacho, entonces presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, ingresando al Palacio de Gobierno con una Biblia en la mano poco después de la renuncia de Evo Morales (“Una carta, una Biblia y una bandera inundaron el Palacio”, 2019), y el discurso de Jeanine Áñez al decir “No permitamos […] mucho menos que los arbitrarios, los violentos y que los salvajes puedan volver al poder […]” (“Jeanine Áñez pidió evitar el retorno de los ‘salvajes’…”, 2020), ejemplifican la narrativa adoptada por su gobierno. Además, la quema de la bandera indígena Wiphala en Cochabamba y la eliminación del Wiphala de los uniformes policiales en Santa Cruz fueron gestos que evidenciaron el desprecio hacia el Estado plurinacional y los derechos de los pueblos indígenas (Estremadoiro, 2021).

Estos eventos reflejaron no solo la polarización política en Bolivia, sino también la instrumentalización de símbolos y discursos para promover agendas políticas específicas, muchas veces en detrimento de los principios democráticos y los derechos humanos.

Los paralelos entre las manifestaciones en la crisis de 2019 y la previa a la dictadura boliviana, evidenciados por Estremadoiro (2021), resaltan la continuidad de ciertos patrones y dinámicas políticas a lo largo del tiempo, mostrando cómo ciertos grupos buscan utilizar la violencia estatal y la represión para promover sus intereses políticos. Para la autora:

se han reeditado imaginarios maniqueos anticomunistas o antiprogresistas proprios de la Doctrina de Seguridad Nacional que dominó el periodo de las dictaduras militares de los 60 y 70, junto a una interpelación religiosa y un estridente nacionalismo conservador que emulan al falangismo boliviano que, cabalmente, fue la vanguardia ideológica de la dictadura de Banzer (Estremadoiro, 2021: 76).

Durante la crisis de 2019, la oposición boliviana empleó una retórica discriminatoria y peyorativa contra los pueblos originarios y las clases bajas, asociándolos al Movimiento al Socialismo (MAS) y utilizando términos como “delincuente”, “escoria”, “ignorante”, “terrorista” y “salvaje”. Esta narrativa tenía como objetivo deslegitimar al MAS y a sus partidarios, justificando así la violencia estatal, la violación de los derechos humanos y el fortalecimiento de los aparatos represivos del Estado (Estremadoiro, 2021: 74).

Esta estrategia de estigmatización y demonización de los oponentes políticos no es única de Bolivia; puede observarse en otros contextos políticos en todo el mundo, incluyendo a Venezuela y a otros países latinoamericanos. Refleja un intento de deshumanizar y deslegitimar a los adversarios políticos, a menudo retratándolos como enemigos del país o del orden social y creando un ambiente propicio para la represión y la violencia.

Estos paralelos resaltan la importancia de entender los patrones históricos y políticos subyacentes a los conflictos contemporáneos, así como la necesidad de defender los derechos humanos y la democracia frente a tales abusos y violaciones.

Es evidente que los gobiernos de izquierda, tanto los considerados más radicales como los moderados, enfrentan desafíos significativos en términos de gobernabilidad, especialmente cuando se enfrentan a una oposición desleal. Estos desafíos incluyen una intensa oposición política, sabotaje económico, deslegitimación institucional, campañas mediáticas negativas e incluso golpes de Estado, como hemos visto en los casos analizados. Según Steve Ellner et al. (2018: 5), “el conflicto ha sido y sigue siendo una constante de los gobiernos de izquierda radical”, pero no solo de la izquierda radical, en América Latina. Y esta afirmación es aún más evidente, según el autor, en el contexto actual, en el que el avance de las fuerzas de derecha ha levantado un cerco agresivo a las experiencias transformadoras.

El avance de las fuerzas de derecha en América Latina ha sido acompañado por una intensificación de estos conflictos, lo que ha dado lugar a una polarización política profunda en muchos países de la región. Esta polarización crea obstáculos sustanciales para la implementación de políticas progresistas, así como para la estabilidad democrática en su conjunto.

Es importante reconocer que estos desafíos no son exclusivos de los gobiernos de izquierda, pero son agravados por la resistencia y hostilidad de las élites conservadoras y los sectores privilegiados de la sociedad que ven amenazados sus intereses y privilegios frente a los cambios propuestos por los gobiernos progresistas.

Conclusiones

Este capítulo ofrece una perspectiva crucial sobre los eventos políticos ocurridos en los países analizados, destacando la importancia de considerar no solo las acciones de los gobiernos, sino también el papel de la oposición, que o ya era o se volvió desleal, en la desestabilización de las democracias. El enfoque exclusivo en los errores y contradicciones de los gobiernos de izquierda puede ofuscar el impacto significativo de las acciones de la oposición en la conducción de estos eventos, corroborando la interpretación de que dichos gobiernos son representantes de todos los males del país, ignorando cualquier cambio positivo promovido por ellos.

La destitución de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, el golpe en Bolivia y el caos en Venezuela se deben en gran parte a las acciones de una oposición desleal, incluido el apoyo de Estados Unidos, cuyo interés es mostrar que no es viable ni posible construir una alternativa al modelo hegemónico, constituido por una cultura eurocéntrica, machista, racista y patriarcal, con una democracia limitada al ámbito electoral.

En este sentido, es fundamental reconocer que las crisis políticas y sociales no surgen solo de las fallas internas de los gobiernos, sino también de la resistencia y sabotaje por parte de sectores privilegiados que se sienten amenazados por los cambios propuestos por los gobiernos progresistas. La búsqueda de mantener el statu quo y los privilegios existentes a menudo lleva a acciones desleales y antidemocráticas por parte de la oposición, aliada a intereses externos.

Los discursos de estos sectores suelen apoyarse en valores tradicionales como la religión, el patriotismo y la familia, buscando evocar una sensación de legitimidad moral para las acciones de la oposición. Al mismo tiempo, estos discursos tienden a defender una visión restringida de la democracia, que enfatiza el orden y la estabilidad en detrimento de la inclusión y la justicia social. Además, minimizan o ignoran problemas históricos, como la esclavitud o las dictaduras pasadas, retratándolos como cuestiones superadas o irrelevantes para la realidad actual. Esta perspectiva a menudo refleja una visión eurocéntrica del mundo, que tiende a naturalizar la exclusión y la desigualdad social, bajo la justificación de la supuesta “meritocracia”.

Por lo tanto, es importante reconocer y analizar estas estrategias retóricas y discursivas, que a menudo se utilizan para fortalecer agendas políticas específicas y consolidar el poder de ciertos grupos sociales. Al comprender estas dinámicas, podemos desarrollar una comprensión más crítica y contextualizada de los procesos políticos en curso en diferentes partes del mundo.

En última instancia, este capítulo buscó resaltar la importancia de las luchas narrativas en la política contemporánea, destacando cómo diferentes grupos sociales construyen y defienden sus visiones del mundo y de la democracia. La lucha entre una narrativa conservadora, eurocéntrica y restrictiva, que intenta mantener las estructuras de poder existentes, y otra narrativa más inclusiva y transformadora, que persigue descolonizar la historia y promover una democracia sustantiva, es central para comprender los eventos políticos en América Latina.

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