Imaginarios de las dictaduras militares en la crisis política boliviana de 2019-2020

Rocío Estremadoiro Rioja

Introducción

A fines de 2019, en Bolivia se generó una crisis política que implicó la renuncia de Evo Morales y las principales autoridades de su gobierno. Hubo movilizaciones que desconocieron los resultados de las elecciones de octubre de ese año y tildaron de “fraude” el triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS). A su vez, el MAS consideró que lo acontecido fue un “golpe de Estado” por la asunción de Jeanine Áñez al poder.

Algo para resaltar de las mencionadas movilizaciones y de su concreción política en el gobierno de Áñez fue que, en discursos, simbolismos y otras manifestaciones de sentido político se hicieron intensivos un estridente patriotismo militar, un ferviente anticomunismo, un regionalismo racista y otros imaginarios excluyentes. No escasearon las expresiones conservadoras y militaristas que pasaron a tomar la palestra junto a enunciaciones racistas y de casta que se creyeron superadas. Igualmente, la interpelación religiosa cristiana se hizo notoriamente presente en los imaginarios.

Estas pautas ideológicas no son nuevas en Bolivia. Durante las dictaduras militares bolivianas de las décadas de 1960 y 1970, se posicionó el eje ideológico del falangismo, emulación boliviana del franquismo español. Además, se sumaron imaginarios anticomunistas fundamentalistas de la Doctrina de Seguridad Nacional, presentes en las dictaduras latinoamericanas de ese tiempo. Así, era habitual la interpelación religiosa, el chovinismo militarista, el anticomunismo maniqueo, el regionalismo recalcitrante y otros imaginarios excluyentes; todos con materialización política en prácticas represivas y autoritarias típicas de estas dictaduras.

Se esperaba que luego de la ardua transición democrática en Bolivia, estos imaginarios se sepultaran en la marginalidad. Entonces, fue sorprendente que hayan vuelto con nuevos bríos en el meollo de la crisis política de 2019-2020, al punto de concretizarse en una irrupción democrática y en la asunción de un régimen “transitorio”.

Por eso, este capítulo se enfoca en la comparación de los imaginarios expresados en discursos, simbolismos y otras manifestaciones de sentido que se generaron durante las movilizaciones de 2019 y en el gobierno de Áñez, y los imaginarios característicos de las dictaduras militares bolivianas de las décadas de 1960 y 1970, lo que incluye el análisis de su concreción en prácticas políticas. Eso también para vislumbrar la huella del pasado boliviano que continúa vivo en su presente.

1. Ideología e imaginarios sociales

Antonio Gramsci resumió el concepto de ideología como la visión del mundo que tiene una colectividad y una propia manera de interiorizar los hechos objetivos. Según este enfoque, lo ideológico debe considerarse como una realidad tangible y dotada de eficacia propia que tiene gran importancia en la lucha política, porque es el terreno donde los/as humanos/as se mueven y adquieren conciencia de lo que son. Toda persona en sociedad se convierte en un ser colectivo a través de la ideología y es ahí donde adquiere conciencia de sí mismo y de su entorno. A la vez, la ideología se materializa cuando se convierte en práctica social.

Por su parte, los imaginarios sociales son definidos como “referencias específicas en el vasto sistema simbólico, donde una colectividad se autorrepresenta y genera una identidad” (Baczko, 1990: 28), siendo fundamentales en la construcción y divulgación de la ideología. De esta manera, los imaginarios también convierten lo social, lo político y lo histórico en manifestaciones de construcción de sentido. Los imaginarios sociales, entonces, presentarían un conjunto de representaciones colectivas que implicarían que

[…] los individuos, grupos y colectivos sociales dan sentido al mundo por medio de representaciones que construyen sobre la realidad. Las representaciones no tienen un correlato objetivo real, aun cuando pueden conllevar procesos de percepción, identificación, reconocimiento, legitimación y exclusión. Las representaciones son también portadoras de lo simbólico, dicen o narran más que aquello que muestran o enuncian […].
Las representaciones corrigen sentidos ocultos que construidos social e históricamente se internalizan en el inconsciente colectivo o se representan como naturales, dispensando la reflexión. Desde este punto de vista, la fuerza de las representaciones se da no por su valor de verdad, o de correspondencia discursiva con lo real, sino por su capacidad de movilizar acciones y de producir reconocimiento y legitimidad social (Subercaseoux, 2007: 30-31).

En consecuencia, los imaginarios sociales, al conformarse por una serie de representaciones colectivas, dotan de sentido y significación a lo sociopolítico e histórico:

El concepto de imaginario implica un conjunto más o menos coherente o articulado de representaciones. El imaginario es histórico y datado, puesto que en cada época, o más bien en cada escenificación del tiempo histórico, las sociedades constituyen representaciones para referirse o conferir algún sentido a lo real. En cuanto régimen de representaciones, el imaginario es una proyección mental que no reproduce lo real, pero que sin embargo induce a pautas de acción que operan en la realidad. Los imaginarios están sujetos a disputas y aquellos que se imponen expresan una supremacía lograda en una relación socio-histórica de fuerzas. El poder simbólico de hacer creer algo sobre el mundo y de utilizar un régimen de representaciones implica un cierto control de la vida social, expresa por lo tanto una hegemonía (Subercaseoux, 2007: 31).

Al ser los imaginarios sociales la base para la identidad de las colectividades, la relación imaginarios, discurso, ideología y poder es innata ya que los grupos se rodean de representaciones que los legitiman y establecen redes de pertenencia y oposición, entendidas como la identificación de uno mismo (identidad) y del “otro” que no pertenece al grupo, siendo muchas veces asumido como adversario (alteridad). Por ejemplo, para el caso que atañe a este trabajo, es claro el ejemplo de la representación de la identidad/alteridad en los imaginarios de las dictaduras militares para eliminar o contener al adversario político y que se replicaron en la crisis política boliviana de 2019-2020.

2. Imaginarios de las dictaduras militares enmarcadas en la Doctrina de Seguridad Nacional

2.1. Contexto de las dictaduras militares bolivianas enmarcadas en la Doctrina de Seguridad Nacional

En 1964 el golpe de Estado de René Barrientos y Alfredo Ovando dio inicio a las dictaduras militares enmarcadas en la Doctrina de Seguridad Nacional en Bolivia. Barrientos gobernó hasta 1969 en dos periodos, uno a partir del golpe y otro a través de unas cuestionadas elecciones democráticas. Sus políticas incluyeron el cercenamiento de derechos laborales obreros conseguidos con la revolución de 1952, persecución y amedrentamiento a dirigentes sindicales, cooptación y vigilancia de los organismos obreros y populares, prohibición de funcionamiento a partidos y fuerzas políticas de izquierda. Asimismo, intentó dar un viraje al estatismo que se impuso con la revolución de 1952 hacia una economía más abierta a la inversión privada. El punto culminante de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional en estos regímenes fue el vencimiento por las Fuerzas Armadas (FF.AA.) bolivianas a la guerrilla del Che, quien llegó a Bolivia con el deseo de instaurar el primer foco revolucionario de América Latina. Al mismo tiempo, el gobierno ordenó una masacre de trabajadores mineros del campamento “Siglo XX” en Catavi ocurrida en plena celebración de la fiesta de San Juan de 1967 y que arremetió por igual contra mujeres, niños/as, ancianos/as, en “respuesta” a un supuesto apoyo que los trabajadores mineros organizados hubieran otorgado a la guerrilla del Che.

En 1969, Barrientos estaba haciendo uno de sus habituales viajes presidenciales populistas a provincias del área rural, cuando el helicóptero que él mismo manejaba se precipitó y perdió la vida. El deceso de Barrientos allanó el camino para que Alfredo Ovando tomara el poder. Se creyó que Ovando implicaría una continuidad del barrientismo, no obstante, poco tiempo antes Ovando ‒como comandante en jefe de las FF.AA. bolivianas‒ había viajado al Perú de Velazco Alvarado, quedando muy impresionado por la “revolución militar” (en términos de Rouquie) que significaba ese gobierno y el viraje a la izquierda de las FF.AA. peruanas.

Así, cuando Ovando tomó el poder en 1969, se decidió por un gobierno que, en lugar de seguir la Doctrina de Seguridad Nacional, se inclinaría hacia la izquierda. No solamente dejó de perseguir a los líderes obreros y de izquierda, también colocó como ministros a figuras claves del movimiento de izquierda y hasta nacionalizó los hidrocarburos en manos de la Gulf Oil Company. Además, el movimiento obrero y de izquierda totalmente reconstituido conformó el Comando Político, organismo que aglutinaba a sectores obreros, universitarios y partidos izquierdistas y en miras a tomar el Estado para “instaurar el socialismo”; todo ello en el contexto de la Guerra Fría.

Las reacciones conservadoras contra Ovando y sus políticas no se dejaron esperar. Finalmente, en octubre de 1970 se gestó un golpe de Estado comandado por el general Rogelio Miranda. Sin embargo, el golpe fue sofocado cuando miles de personas se movilizaron en El Alto por llamado de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Comando Político, que lograron que subiera al poder otro militar ligado a la tendencia izquierdista del régimen de Ovando: el general Juan José Torres.

Torres resultó más radical que Ovando. Entre sus políticas estuvo la nacionalización de la industria azucarera cruceña, una rica mina de zinc y otros minerales adjudicados a empresas estadounidenses, la expulsión del Cuerpo de Paz de Estados Unidos, además de constantes y calientes arengas “antiimperialistas”. Igualmente, Torres buscó cogobernar con la COB y el Comando Político; hasta les llegó a ofrecer un 70 % de los ministerios. La COB y el Comando Político no aceptaron y en su lugar instalaron la Asamblea Popular, alias el “parlamento obrero” o “primer soviet latinoamericano”, un organismo compuesto por los trabajadores mineros, fabriles, universitarios y todos los partidos considerados de izquierda, que ejecutaba paralelamente al gobierno políticas públicas a través de la acción directa. Adicionalmente, los militantes izquierdistas (principalmente jóvenes universitarios) realizaban “tomas” de medios de comunicación, empresas, haciendas, etc., a nombre del “socialismo”. Sin duda, entre 1970 y 1971 se dio la mayor efervescencia izquierdista en la historia de Bolivia.

Como era de esperarse, en este contexto de Guerra Fría, la reacción llegó. El 21 de agosto de 1971 se puso fin al gobierno de Torres y a la Asamblea Popular cuando, después de tres días de combate, se instauró la dictadura de Hugo Banzer, que duró casi ocho años. Esta dictadura se enmarcó, más decididamente que Barrientos, en la Doctrina de Seguridad Nacional y asumió otras pautas conservadoras.

En un inicio, la dictadura de Banzer fue respaldada principalmente por la burguesía agroindustrial cruceña, la empresa privada, parte de la clase media, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la Falange Socialista Boliviana (FSB). En términos de Rouquie, era un “Estado contrarrevolucionario”, en el sentido de ser un régimen militar autoritario con cierto apoyo civil. Se caracterizó por un intento de liberalización económica a favor de la empresa privada nacional y extranjera, aunque sus principales políticas económicas fracasaron tal vez por la ineficiencia y corrupción pública que caracterizó a los gobiernos autoritarios de entonces.

Igualmente, a la usanza de las dictaduras enmarcadas en la Doctrina de Seguridad Nacional, fue un gobierno implacable en sus operaciones represivas contra los opositores políticos, que encerraba en la bolsa del “comunismo” expresiones de izquierda y progresistas diversas, desde las variantes de las interpretaciones marxistas, hasta la social democracia, feminismos y nacionalismos. Todo ello se tradujo en persecuciones, asesinatos, torturas, desapariciones, exilios, etc., en el intento de eliminar, literalmente, cualquier expresión que se acercara a la izquierda. Justamente, la mayor concreción práctica de los imaginarios sociales de las dictaduras militares enmarcadas en la Doctrina de Seguridad Nacional fueron los hechos de violación a los derechos humanos a partir de la constitución de una “otredad” que había que eliminar a nombre de la lucha contra el “comunismo”, “extremismo” e, incluso, a través de apelaciones nacionalistas contra lo “extranjero”.

Precisamente, los primeros años de la dictadura de Banzer, bajo el argumento de la existencia de incursiones guerrilleras en Bolivia contra “el gobierno nacionalista”, se realizaron distintas operaciones represivas bajo advertencia de que “por cada nacionalista que caiga, caerán diez extremistas” (citado en Mendoza, 1973: 188).

Varias decenas de perseguidos políticos murieron fusilados en enfrentamientos con la unidad militar “Rangers” en el norte de Santa Cruz. La dictadura justificó estos hechos señalando que el grupo guerrillero Unión de Campesinos Pobres (UCAPO), comandado por el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), “estaba en afanes conspirativos” y que la mayoría de los fallecidos eran “extranjeros”, principalmente “cubanos”.

A partir de entonces, el Ministerio del Interior contantemente allanaba domicilios de supuestos “guerrilleros del ELN”, “encontrando” “material subversivo y de agitación comunista” e inculpando con estas “pruebas” a opositores políticos diversos. Continuamente las autoridades del régimen salían en la prensa denunciando supuestos planes conspirativos de la “extrema izquierda” y la “guerrilla castrocomunista”. Hablaron de la “aparición” de grupos “subversivos” que denominaron “Zafra Roja”, “Loto Rojo” y “Cóndor Negro”, este último supuestamente al mando del expresidente Torres en “alianza” con el ELN y el filósofo francés y exguerrillero Regis Debray. Hasta hoy, nada comprobado.

A la hora de los muertos y detenidos siempre se argumentaba que eran “extranjeros” o “malos bolivianos” y que, además, eran “fomentados” por el gobierno de Salvador Allende en Chile, que fue calificado por Banzer como “mal ejemplo para Bolivia” (citado en Mendoza, 1973: 190).

Otra acción represiva relevante fue el cierre de las universidades públicas hasta fines de 1972, con el fin de “reestructurarlas”, argumentando que “se convirtieron en escuelas de guerrilleros, terroristas y asaltantes inspiradas por mercenarios extranjeros” y “arsenales de armas y literatura castrista y marxista” (Mendoza, 1973: 115-116). Se decomisaron miles de libros considerados un “peligro para el nacionalismo” y en más de una ocasión fueron incinerados en sitios públicos. Asimismo, intervinieron en órganos de prensa, radios, sindicatos e incluso la Iglesia católica. El Ministerio de Gobierno justificó:

Harto era lo que había que hacer pues los extremistas habían logrado posiciones no solamente en las direcciones sindicales y en las dependencias del Estado, sino que habían logrado incrustarse, inclusive, en la prensa independiente, en las radios comerciales, en las instituciones públicas y privadas, en las entidades cívicas, en las escuelas y colegios y, aún, en núcleos insospechables, como la Iglesia, los clubes sociales y los comités de beneficencia (Solicitada del Ministerio de Información y Deportes. En Anuario de 1971 de Hoy).

De igual manera, por las medidas económicas liberales del gobierno que encarecieron los productos de primera necesidad y elevaron el costo de vida de los sectores de la población más desfavorecidos, los intentos de protesta fueron duramente reprimidos con saldos de muertos y detenidos. Un ejemplo claro fue la represión de obreros fabriles cuando protestaron en 1974 contra la devaluación monetaria que elevó los precios de la canasta familiar.

Otro hecho ilustrativo fue la masacre de campesinos en el área rural de Cochabamba, que, protestando por la eliminación de subsidios a los productos de primera necesidad y el congelamiento de los precios de los productos agrícolas, iniciaron un bloqueo de caminos. El gobierno ordenó que se ejecutara una “barrida total de los subversores” (citado en Dunkerley, 2003: 262), encomendada al regimiento militar Tarapacá utilizando tanques, aviones de caza y armas automáticas de vehículos blindados contra campesinos apenas armados con piedras. El saldo fue estimado entre un total de 80 a 200 muertos y 65 desaparecidos, todos campesinos sin ninguna baja militar (Dunkerley, 2003). Como era costumbre, el régimen indicó que “los muertos no eran campesinos sino extremistas” (citado en Prado, 1983: 365), y responsabilizó de la protesta y su desenlace a “cubanos” en “combinación” con el dirigente de izquierda chileno Carlos Altamirano (Dunkerley, 2003). Esta masacre, conocida como “la masacre de Tolata”, fue calificada como el “San Juan de Banzer”, haciendo alusión a la masacre de mineros de Barrientos. También fue calificada como el “My Lai boliviano”, comparándola así con el asesinato en masa de civiles vietnamitas producido por las tropas estadounidenses el 16 de marzo de 1968.

Aquello acabó con el pacto militar-campesino iniciado con Barrientos. Aunque se siguió firmando el pacto cada año con los caciques del sector favorecidos por el régimen con tierras y otras prebendas, carecía ya de credibilidad en las bases campesinas. Banzer, para contrarrestar estos lamentables sucesos, los días siguientes a la masacre organizó varias reuniones con sectores campesinos en su propio despacho, a los cuales les explicó que las protestas fueron provocadas por “agitadores políticos”, por lo tanto

a ustedes hermanos campesinos voy a darles una consigna como líder. Al primer agitador comunista que vaya al campo, yo les autorizo, me responsabilizo, pueden matarlo. Si no, lo traen aquí para que se entienda conmigo personalmente. Yo les daré una recompensa (citado en Prado, 1983: 366).

La masacre de Tolata, justificada por esa cita, revela a plenitud la práctica de los imaginarios de la Doctrina de Seguridad Nacional.

Para resumir el saldo de muertos, detenidos, exiliados y desaparecidos durante la dictadura banzerista, hay distintas versiones. Aguiló (1993) detalló 39 asesinatos políticos, 429 muertos en enfrentamientos y masacres, 3.059 detenidos, 1.259 confinados. Dunkerley (2003) totalizó un mínimo de 200 muertos entre octubre de 1971 y diciembre de 1977, indicando que alrededor de 14.750 personas fueron encarceladas sin juicio alguno, luego de ser “interrogadas” con las “técnicas” comunes de las dictaduras de la época. Otras 19.140 fueron obligadas a salir al exilio político.

A pesar de la represión y abuso de poder descarnado, luego de cinco años la dictadura de Banzer ya no pudo sostenerse, entró en franca decadencia e inició su ocaso, que culminó en 1978, aunque ello no significó que Bolivia se librara de la sombra autoritaria, que se imprimió en una turbulenta transición democrática, que sufrió varios golpes de Estado, una elección dudosa, dos elecciones democráticas reales, diferentes gobiernos transitorios y hasta una nueva dictadura aumentada y corregida frente a las anteriores.

El régimen de García Meza fue una continuación de las políticas de Banzer y Barrientos, pero amplificadas en la violencia y represión política que se ejerció, el cercenamiento de las libertades civiles, la violación a los derechos humanos, la corrupción sin medida, el manejo irresponsable del Estado y su relación directa con el narcotráfico. Obviamente, sustentaba los mismos ejes discursivos e imaginarios sociales de la Doctrina de Seguridad Nacional.

Luego de más de un año de dura dictadura, García Meza fue derrocado por las mismas FF.AA. En 1982, después de 18 años en el poder desde 1964, las FF.AA. dieron paso a la transición democrática.

2.2. Imaginarios sociales de las dictaduras militares bolivianas enmarcadas en la Doctrina de Seguridad Nacional

Patriotismos militaristas

Un imaginario social muy arraigado en los pueblos es la “patria”, como la comunidad imaginada (Anderson, 1993) a la que se pertenece. Cuando en política se hace uso de la interpelación de la “patria”, generalmente se abstraen las contradicciones sociales y conflictos propios de la formación social de cada país a nombre de algo mucho más grande: esa comunidad a la que se le debe la nacionalidad. Junto con la educación cívica impartida en las escuelas, se puede decir que es en los cuarteles donde se refuerza y se idealiza, como en ningún otro lugar, esta pertenencia, en el entendido de que son las fuerzas militares las que deben estar dispuestas a morir por este ideal abstracto. Por eso mismo, el patriotismo militar está basado en una identidad nacional que se encuentra y comprende en la construcción y reforzamiento de alteridades excluyentes.

En las décadas de 1960 y 1970, en el marco de la Guerra Fría, el patriotismo militar reforzó el antagonismo de la Doctrina de Seguridad Nacional que enfrentaba a la “patria” contra el “comunismo” o “extremismo” como “enemigos internos” y “amenazas foráneas”, a través del “comunismo internacional”. Se aseguró que “malos bolivianos” y “extremistas” intentaban propagar “ideas exóticas” ajenas a la “bolivianidad” y como sinónimo de “invasión”.

Por ejemplo, fue ilustrativo al respecto el primer discurso de Banzer dado a conocer a la luz pública en diciembre de 1970, cuando aún no era dictador. Este discurso, realizado para los cadetes del Colegio Militar que Banzer dirigía cuando se encontraba en plena conspiración contra el gobierno de Torres, presentaba la disyuntiva de este modo: “o se está con la patria o contra ella”:

Con actitud pasiva e indiferente hasta hoy, venimos siendo testigos de apetitos ideológicos extranacionales, la extrema izquierda y la extrema derecha, ambas han hincado los dientes en la entraña patria, ocasionando el vasallaje mental de algunos malos bolivianos […] es hora de poner coto a esta vergüenza nacional, es hora de que nos demos cuenta de que la patria resurgirá como fruto de la paz social, el trabajo fecundo y la comprensión ciudadana, es hora de poner fin a la actitud de los traficantes de ideas ajenas, demagogos que mil veces han engañado al hermano campesino, al hermano minero, al hermano trabajador, al hermano pueblo. Esta debe ser la hora de la verdad: o con la patria o contra ella, o respetando las leyes o atropellándolas, con el orden o con el caos y la anarquía, con la sinceridad o con el fraude y el engaño, con la paz o con la guerra, con la hombría o con el servilismo, con la honestidad o con el latrocinio. Es pues la hora de la verdad y nosotros los militares depositarios del honor nacional debemos exigirla a quienes nos comandan y gobiernan (citado en Presencia, 10 de diciembre de 1970. El resaltado es mío).

En este sentido, hasta los golpes de Estado que originaron las dictaduras fueron llamados “revoluciones” como una alusión a la “revolución nacional” que en 1952 se enfrentó a la “antinación”. El régimen más longevo, el de Banzer, explicó que una vez más la “unidad nacional” había vencido “al escuálido andamiaje levantado por rojos y guerrilleros para gobernar el país con estilos importados”, a través de un “frente de clases”, que representaba a “casi todos los hombres y mujeres de Bolivia”, mediante “un gran movimiento de integración” que conformaban “las Fuerzas Armadas de la Nación, el MNR y FSB que constituyen en la realidad todo el pueblo boliviano en su conjunto” (citado en Solicitada del Ministerio de Información y Deportes del gobierno de Banzer. En Anuario 1971 de Hoy).

Siguiendo esta lógica discursiva, todos los opositores a las dictaduras fueron considerados “extremistas” o “vasallos del imperialismo ruso-chino-cubano”, que además en su mayoría eran “extranjeros” con la excepción de “unos cuantos malos bolivianos” que conformaban “las Asambleas del Pueblo integradas por la ociosidad que han hecho de la dirigencia sindical una profesión a la cual no se llega sino es por la afiliación a la mano izquierda, dueña y señora de los sindicatos nacionales” (citado en Solicitada del Ministerio de Información y Deportes del gobierno de Banzer. En Anuario 1971 de Hoy).

Falangismo a la boliviana

Tanto en los gobiernos de Barrientos, Banzer, como en el de García Meza fueron frecuentes las interpelaciones a nombre de la tríada “Dios, patria, familia”. Como equivalente, la reacción a lo que implicó la revolución de 1952 manifestada en el golpe de Barrientos, tuvo en parte una vanguardia ideológica de FSB, partido fundado a finales de la década de 1930 e inspirado en el falangismo español, los conceptos corporativistas del fascismo europeo y un “nacionalismo” expresado en un anticomunismo radical (Mesa, 2003). Asimismo, este partido cogobernó con Banzer hasta 1974, colocó los principales ministros y figuras de confianza del régimen e imprimió la vanguardia ideológica del banzerato; algo similar ocurrió a la dictadura de García Meza.

Eso se hizo evidente en los imaginarios sociales de estas dictaduras que marcaron fuertes redes de oposición frente al “comunismo”, o lo que se entendía como tal. Empero, en los discursos, el antagonismo “nación-patria” versus “comunismo internacional” se convertía, de igual forma, en “Dios-patria-familia” contra el “comunismo ateo”. Propugnaban que el “peligro comunista” que acechó a Bolivia desde la década de 1950 amenazaba con destruir “los grandes baluartes de la patria”, como la familia y la religión. La solución la resumían en un antagonismo sui generis: “O socialismo nacionalista o socialismo comunisante, están en juego los grandes valores nacionales: Dios, Patria y Hogar” (citado en Presencia, 18 de enero de 1971).

En plena dictadura de Banzer, a mediados de 1971, apareció una organización terrorista paramilitar llamada Ejército Cristiano Nacionalista (ECN), que encarnó fielmente estos imaginarios. En un comunicado de prensa que fue filtrado en los locales de radios y periódicos, advirtieron que “hemos nacido para terminar con el extremismo y no habrá fuerza ni poder humano que nos detenga”, e hicieron un llamado a las FF.AA. para que se “unan a sus propósitos de lucha” (citado en Presencia, 23 de junio de 1971). Cuando ya estaba instaurada la dictadura, el propio Banzer agradeció a esas “fuerzas nacionalistas” por contribuir a la “gestación” de la “revolución cristiana de agosto” (citado en Hoy, 24 de agosto de 1971. El resaltado es mío). En otro momento, Banzer aseguró que “Dios también es nacionalista y me consta” (citado en Sivak, 2001: 18).

Se agregó a la “unidad nacional” que representarían los militares en el poder el adjetivo de “cristiana”, explicando que hasta los sindicatos nacionales son “curiosamente cristianos en un 100 % en las bases y comunistas en las directivas”, cosa que pensaban “erradicar para siempre” (citado en Solicitada del Ministerio de Información y Deportes del gobierno de Banzer. En Anuario 1971 de Hoy).

“Anarquía y caos”

Otros de los imaginarios sociales que se plasmaron en los discursos más recurrentes de las dictaduras enmarcadas en la Doctrina de Seguridad Nacional giraron en torno al reforzamiento de las redes de oposición, calificando a gobiernos anteriores, y principalmente el de Torres, como escenarios de “caos y anarquía” que sumirían a Bolivia en un “desorden total” y que acabarían con la “destrucción de todas las instituciones”. Inclusive, fue vista con desconfianza la democracia; por ejemplo, no faltaron los militares que cuestionaron los intentos eleccionarios de transición democrática de 1979 y 1980 como un “peligro”.

Otro referente de ese discurso fue lo que dijo Banzer sobre el gobierno de Torres:

Durante ese régimen se fueron introduciendo los elementos del desorden y la anarquía en todos los campos de la vida nacional. La ley dejó de tener vigencia y los órganos de la autoridad se convirtieron en dóciles instrumentos de los agentes del caos y la violencia. Nada fue respetado, ni la propiedad, ni el derecho, ni la honorabilidad, ni la vida misma (citado en Presencia, 4 de enero de 1972).

Hicieron eco de esta interpelación los sectores afectados por las medidas de Torres y la Asamblea Popular, principalmente la empresa privada, que protestaba por “el caos y la anarquía” y alentaba a los militares a “resolver” el problema. La Confederación de Empresarios Privados, en pronunciamientos públicos, alertaba a la población contra “los despojos” y “asaltos a la propiedad”. Decían que toda persona que fuera dueña de algo corría el riesgo de ser “despojada”, por lo que todo ciudadano debía sumarse a la lucha contra “los afanes comunistas”. En un comunicado, la Confederación argumentó:

Todo aquel que sea dueño de algo que codicien los demás debe empezar a escarmentar en cabeza ajena, pues ha quedado de hecho expuesto el riesgo de la incautación armada, sin forma ni figura de juicio. Esto es lo que pretenden quienes se empeñan en la destrucción de Bolivia, mediante fórmulas y procedimientos que han demostrado su inutilidad en otros países que ya están uncidos al mecanismo de las expropiaciones y colectivizaciones (citado en Presencia, 18 de enero de 1971).

También, desde finales de 1960 en los Clubes de Leones, de damas rotarias y afines se reforzaba la presencia simbólica del creciente “caos” que vivía el país. Los comités cívicos de diversos departamentos expresaron su “preocupación” y realizaron una serie de protestas que parecían un franco boicot al gobierno de Torres. Estas mismas acciones, junto con la “respuesta” de los sectores de izquierda, el Comando Político y la Asamblea Popular, cebaban la idea de que realmente el “caos y anarquía” se apoderaba de Bolivia, principalmente entre 1970 y 1971.

Anecdótico es que sobresalieron una serie de rumores que indicaban que Torres instauraría el socialismo en Bolivia “por decreto”, nacionalizando la banca, el comercio exterior, las empresas telefónicas y toda institución privada, lo que propagaba más pánico en los sectores empresariales y entre las clases medias que finalmente fueron la base social de las dictaduras, especialmente la de Banzer.

Exaltación regionalista cruceñista

Como característica de la formación social boliviana, históricamente, el intento de construcción de una “conciencia nacional” ha conllevado la imposición hegemónica de las regiones que se han catapultado como centros de poder; por consiguiente, la lucha política ha trascendido las clases sociales y los partidos políticos al interactuar y mezclarse con intereses e imaginarios regionales o departamentales, como expresión de la complejidad y diversidad societal y cultural.

Mediante los cambios que trajo la revolución de 1952, se hicieron una serie de reformas destinadas a incorporar a la vida económica y política del país al oriente boliviano, particularmente al Departamento de Santa Cruz. Esto transformó la urbe cruceña, que experimentó una fuerte migración de todo el país y se consolidó como una región de crecimiento económico acelerado, con la formación de una burguesía agroindustrial y la constitución de una élite más allá de la tradicional plutocracia minera andina.

Como acontece en las regiones de desarrollo económico acelerado, sumado a la autodiferenciación cultural que se asumía desde y hacia el occidente boliviano como centro de poder, en Santa Cruz se tendió a un regionalismo creciente que elaboró una propia lectura de la historia y realidad de Bolivia. Se concibió al eje del poder histórico (“el occidente”, “lo altiplánico”, “lo andino” o “lo colla”) como el opresor permanente de las regiones nororientales y como culpable del “atraso” del país, lo que venía a contraponerse con el “progreso” cruceño.

Algunos de los imaginarios regionalistas adquirieron un fuerte contenido racista contra los habitantes del occidente del país, principalmente contra los campesinos de origen quechua y aymara, denominados, despectivamente, “collas”, que pasaron a considerarse como “los que no prosperan” e, incluso, la parte “fea” de Bolivia, tal como declaró una reina de belleza de Santa Cruz.

En tal medida, las redes de pertenencia de la identidad cruceña giran en torno a lo que Zavaleta (1987) llamó la “clase social camba” y cuyo referente de oposición es el “occidente boliviano” o el “centralismo colla”. Se marcaron redes identitarias tan sólidas como la “nación” o la “patria”. Como secuela, la interpretación histórica en y desde Santa Cruz ha ido construyendo la identidad “cruceñista”, alimentando los imaginarios regionalistas y reforzando las redes de pertenencia y oposición basadas en la región y la “antirregión”.

A fines de la década de 1950, nació el Comité Pro Santa Cruz, entidad cívica que se creó con el fin de conseguir del gobierno central la consecución de demandas regionales de Santa Cruz. En él confluyeron gran parte de las organizaciones sociales y políticas de ese Departamento. Igualmente, del Comité Pro Santa Cruz emergió la Unión Juvenil Cruceñista, que suele ser la cara más violenta de sus actividades.

Paradójicamente, el Comité Pro Santa Cruz se gestó como una reacción a la revolución del 52 con fuerte influencia de FSB, ya que en Santa Cruz se atrincheraron sus opositores para evitar que la Reforma Agraria alcanzara las tierras de los hacendados del oriente. Así, el oriente boliviano tendió a ser el parangón de las posiciones más conservadoras del espectro político boliviano. Lo interesante del caso es que en Santa Cruz y, en cierta medida, en los departamentos de Beni, Pando y Tarija, la ideología de los sectores dominantes ha tendido a ser hegemónica: sus intereses pasaron a verse como las demandas de todo habitante de esos departamentos bajo la vanguardia de los comités cívicos, en especial del Comité Pro Santa Cruz.

Al mismo tiempo, en términos ideológicos, el polo cruceño representa una visión liberal de la economía que se opone al tradicional estatismo boliviano que dominaba desde la revolución de 1952. En Santa Cruz, son valores hegemónicos el “emprendimiento”, la libre empresa y la iniciativa privada, que suelen ser enaltecidos en las movilizaciones sociales e interpelaciones políticas de Santa Cruz contra el Estado central. Se fortaleció el imaginario de la “prosperidad cruceña” con el predominio del mercado en el manejo de la economía. Entonces, implícitamente, se reforzaron las diferencias con la alteridad “colla”, que es percibida como “los que no prosperan” o los que al vivir en “permanente conflicto”, “no trabajan” y menos permiten el desarrollo normal de los “negocios”.

En la década de 1970, algunas de las acciones realizadas en los gobiernos de Ovando y Torres afectaron los intereses de la burguesía agroindustrial cruceña, como la nacionalización de la Gulf, que permitía obtener el 11 % de las regalías petroleras al Departamento de Santa Cruz, a la que se opuso públicamente el Comité Pro Santa Cruz. De la misma forma, la estatización del azúcar y la toma de haciendas en el régimen de Torres provocaron fuertes protestas del Comité y de la empresa privada cruceña. Cuando se estatizó la industria azucarera mayormente manejada por empresarios cruceños, la Cámara de Comercio de Santa Cruz se pronunció contra el gobierno de Torres, demarcando redes de oposición y anteponiéndolo a los “intereses de Santa Cruz”. Parte del documento decía así:

La disposición gubernamental que estatiza la industria azucarera, significa un freno más al desarrollo económico de Santa Cruz […].
La Cámara de Comercio e Industria apela al sentimiento cívico del pueblo cruceño en el deseo de unir fuerzas en defensa de los altos intereses del departamento (citado en Presencia, 20 de diciembre de 1970).

Aquello hizo que la participación de los grupos dominantes del oriente boliviano fuera decisiva en la conspiración que culminó con el golpe de Banzer y posteriores, lo cual aportó a los imaginarios de las dictaduras de la Doctrina de Seguridad Nacional un componente simbólico y discursivo regionalista.

FSB fue el partido que más secundó los imaginarios regionalistas, principalmente a través de su jefe nacional, el cruceño Mario Gutiérrez, que después fue uno de los hombres claves del golpe y de la dictadura banzerista. Gutiérrez, en distintos comunicados a la opinión pública, explicó que el “centralismo colla”, que además conllevaba el “peligro comunista”, se quería “comer vivo al país”, pero, en especial, a los “pueblos pujantes y desarrollados como Santa Cruz” (citado en Presencia, 29 de enero de 1971). En otra ocasión, Gutiérrez explicó que Bolivia estaba dividida en dos zonas geográficas que eran radicalmente diferentes, una que pertenecía al Pacífico y otra al Atlántico, por lo tanto “era natural” que el oriente boliviano tuviera “más en común” con Brasil (en plena dictadura) que con el occidente boliviano (Gallardo, 1991). Después negó tajantemente las acusaciones que le hicieron de fomentar el separatismo, exclamando: “Nosotros no hemos inventado la división de Bolivia en dos zonas geográficas, y las denuncias sobre separatismo de Santa Cruz es una excusa para la intervención punitiva del imperialismo colla” (citado en Presencia, 29 de enero de 1971).

En este discurso se confirmó la referencia de pertenencia de la “región” al anteponerla ya no a una “antinación” sino a una “antirregión”: el “imperialismo colla”. Se reforzaron con mayor intensidad y énfasis las redes de pertenencia y oposición sobre la “región” y la “antirregión”, que se concretaron en un amplio apoyo de sectores de la ciudadanía cruceña al golpe y a la dictadura de Banzer y otras posteriores, interpelados por dichos imaginarios.

Durante el régimen banzerista, los grupos dominantes cruceños, que nunca habían participado directamente en el manejo del Estado, se beneficiaron por las medidas económicas con eje en la producción agroindustrial e hidrocarburífera, además de una Ley de Inversiones que priorizaba a la empresa privada. También en Santa Cruz se formaron los más recalcitrantes y violentos grupos de choque del autoritarismo. El centro de acumulación capitalista del oriente tuvo la oportunidad de presionar para reorganizar la constitución territorial del poder con base en el nuevo “polo dinamizador” de la economía, lo que fue concedido por Banzer mediante las facilidades y beneficios que dio a estos sectores.

En efecto, el aporte simbólico y discursivo de los imaginarios regionalistas cruceños a la ascensión de Banzer se consolidó en políticas estatales que inauguraron oficialmente la influencia y protagonismo de los grupos económicos dominantes de Santa Cruz en el manejo del Estado.

El ocaso de la dictadura de Banzer no implicó que la élite dominante cruceña y el Comité Pro Santa Cruz mermaran sus actividades; al contrario, en el incierto periodo previo a la transición democrática definitiva iniciada en 1982, no es de extrañarse que simpatizaran con las tendencias militares conservadoras y reacias a la transición democrática mientras el “peligro comunista” fuera una “amenaza”.

Después de la transición democrática, su principal blanco fue el gobierno de la Unidad Democrática Popular (UDP), a quienes acusaban de ser parte del “comunismo” o el “extremismo colla”, y de contribuir al acortamiento de su mandato en 1985.

3. La crisis política boliviana de 2019-2020 y la vuelta de los imaginarios de las dictaduras militares enmarcadas en la Doctrina de Seguridad Nacional

3.1. Contexto de la crisis política de 2019-2020

Después de catorce años de gobiernos sucesivos y de una hegemonía partidaria que parecía invencible a la cabeza del Movimiento al Socialismo (MAS), el 10 de noviembre de 2019 Evo Morales y otras autoridades presentaron públicamente su renuncia luego de varias semanas de movilizaciones por un supuesto fraude que habría ocurrido en las elecciones del 20 de octubre de ese año y que le daban la victoria al MAS en primera vuelta.

Este desenlace suele ser interpretado desde dos polos: para los militantes, simpatizantes del MAS y principales líderes, la renuncia del presidente fue motivada por presiones principalmente de los aparatos represivos del Estado encarnados en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la policía, ya que, en el primer caso, su máximo comandante le “sugirió” al mandatario su renuncia y, en el segundo, la policía se había amotinado contra el gobierno en varias regiones del país, sumándose a las protestas civiles. Al amparo de esos argumentos, habría ocurrido un golpe de Estado cívico-policial-militar.

En cambio, para los “pititas” (la oposición al gobierno del MAS y sectores que se movilizaron en contra del resultado eleccionario), lo ocurrido fue consecuencia de la presión de las movilizaciones ciudadanas que protestaban contra la continuidad en el poder del MAS, a través de lo que concibieron como un fraude electoral.

En este periodo convulso hubo de todo: quemas de cerros, árboles, bienes públicos y privados (incluyendo casas de periodistas), asesinatos en la embriaguez de la turbamulta, humillación y tortura, todo lo cual denotó que la pugna por el poder parecía despertar la cara más violenta y autoritaria de la cultura política boliviana. A la violencia hecha praxis se sumaron los imaginarios sociales que constantemente hicieron alusión a “soluciones” de la crisis en las que el adversario político debía desaparecer.

Tiempo después, asumió el gobierno Jeanine Áñez, lo que dio lugar a un régimen “transitorio” cuyo único fin era llamar a elecciones, pero que por la irrupción de la pandemia de covid-19 se prolongó varios meses, ejerció prácticas autoritarias y trastocó la violencia maniquea de las calles en violencia institucionalizada.

3.2. Imaginarios sociales excluyentes y prácticas políticas

Si bien la movilización “pitita” fue heterogénea y respondió también a una reacción ciudadana frente a las prácticas autoritarias de los gobiernos del MAS, al final se impuso una vanguardia conservadora, militarista y belicista que tuvo manifestación político-institucional en el gobierno de transición de Jeanine Áñez, en la mayoría de partidos opositores al MAS y en grupos violentos con tinte paramilitar o parapolicial que replicaron imaginarios de las dictaduras militares enmarcadas en la Doctrina de Seguridad Nacional que se indicaron anteriormente.

A medida que estallaba una polarización violenta entre quienes pugnaban por el poder, se hizo intensivo un estridente patriotismo militar como parte importante de los discursos y simbolismos de quienes se alzaron contra el gobierno del MAS y los resultados de las elecciones de octubre.

Al son de los típicos himnos y marchas militares, era común ver a los manifestantes ataviados en las espaldas con la tricolor boliviana como alusión constante a la “defensa de la patria” o la “República de Bolivia” y en desconocimiento del Estado Plurinacional como “antipatriótico”. Se articularon fuertes maniqueísmos en los que todos los males de la historia de Bolivia se debían única y exclusivamente a los gobiernos del MAS, calificados, imprecisamente, como “dictadura” y en concordancia con los regímenes “comunistas” de Cuba o Venezuela. Estas expresiones, en no pocas ocasiones, conllevaban tintes racistas contra el origen étnico de Morales y otros militantes del MAS. Esta tendencia, literalmente, enunciaba proscribir al MAS, borrarlo, sacarlo de la carrera electoral y, si fuera posible, de Bolivia y su historia, lo que incluyó procesos institucionales que se llevaron a cabo, como el intento de anulación de su sigla.

Más allá del éxito o fracaso de estos mecanismos formales para proscribir al MAS de la carrera electoral, desde la oposición partidaria y civil al MAS se hizo frecuente alusión a que la “solución” para todo mal boliviano era la desaparición de ese partido. Fue ilustrativo el hecho de que militantes partidarios y ciudadanos clamaran por un “voto útil” para las nuevas elecciones de octubre de 2020, situando un objetivo político cuasi único (que el MAS no vuelva a gobernar), desechando un voto consciente por un voto defensivo.

Desde esas redes de pertenencia/oposición, el MAS, sus militantes y simpatizantes fueron tildados de “delincuentes”, “narcotraficantes”, “terroristas”, “ignorantes”, “mafia”, “escoria”, “hordas”, “salvajes”, “simios”, “inmorales”, etc., y desde esos enunciados se justificaron su eliminación y proscripción al mejor estilo de la Doctrina de Seguridad Nacional y sus políticas contra la “izquierda”.

Resalta dentro de estos imaginarios el rebrote del pensamiento político gamonal del siglo XIX, cargado de representaciones racistas, castistas y que se posicionaban sobre la base de la dicotomía “civilización versus barbarie”. Si bien el racismo explícito es muy mal visto en pleno siglo XXI, desde estos discursos, el “adjetivo” “masista” fue relacionado con lo “indio”, “cholo” o “moreno”, pero en un sentido negativo y despectivo, ya que “masista” sería sinónimo de un “indio” o “cholo” “delincuente”, “ignorante”, “terrorista”, “salvaje”.

Resurgieron los clivajes “derecha versus izquierda” o “patria versus comunismo” junto a expresiones antifeministas, antidiversidades sexuales, anti Estado laico, etc., todos imprecisamente colocados en la bolsa del “masismo” como sinónimo de “comunismo”, “ateísmo”, “delincuencia”, “inmoralidad”, con el fin de recordar el espíritu del patriotismo militarista y los enunciados de la “izquierda” como sinónimo de “anarquía y caos” de las dictaduras enmarcadas en la Doctrina de Seguridad Nacional.

Bajo esa lógica de que se enfrentaba a “salvajes”, “inmorales”, “delincuentes” o “comunistas antidemocráticos”, incluso se formaron grupos violentos armados con tinte paramilitar o parapolicial. Fue el caso de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), primero con sede en la ciudad de Cochabamba y después con intenciones de extenderse al resto del país, o de ciertas acciones de la Unión Juvenil Cruceñista en Santa Cruz.

En el caso de RJC, esta agrupación se particularizó por transportarse en motocicletas (por lo que también se los denominó “motoqueros”) y por portar armas caseras; fue una de las caras más violentas de las movilizaciones de los “pititas”. Ante el amotinamiento de la policía, se atribuyeron labores propias de los aparatos represivos institucionalizados, como “vigilancia” y “protección” de los movilizados ante la reacción ‒también belicista‒ de grupos afines al MAS.

Desempeñaron varios hechos de violencia y violación de los derechos humanos, como la agresión a la alcaldesa por el MAS del municipio de Vinto en Cochabamba, quien fue interceptada, echada con pintura roja, obligada a caminar de rodillas y a quien le cortaron los cabellos. Otro caso fue el intento de asesinato de un periodista, quien recibió tres puñaladas a la salida de una discoteca, acto perpetrado por un miembro que fue denunciado como parte de la RJC.

Asimismo, y ya en el gobierno transitorio, frente a anuncios de movilizaciones por parte de militantes del MAS en el marco del aniversario del Estado Plurinacional el 22 de enero de 2020, la RJC amenazó con reactivarse y “responder”, aunque para ese entonces ya estaban en funcionamiento los aparatos represivos institucionalizados.

Otro suceso notable fue la expulsión de mujeres de pollera y otras personas de rasgos indígenas que se encontraban en la plazuela de Cala Cala en Cochabamba por parte de miembros de la RJC. La plazuela de Cala Cala fungía como centro de reuniones de la RJC, pero no dejaba de ser un espacio público, por tanto, ese hecho fue clara manifestación de actitudes segregacionistas, racistas y feudales que remontan al siglo XIX.^[1]

Yendo a lo acontecido en el gobierno transitorio, son ilustrativas declaraciones de la expresidenta Áñez que expresan los imaginarios citados:

No permitamos que ninguna ambición personal, por un lado, disperse el voto y se salga con la suya y mucho menos que los arbitrarios, los violentos y que los salvajes puedan volver al poder, creo que eso es responsabilidad de todos.^[2]

En mayo de 2020, el entonces ministro de Minería Fernando Vásquez aseguró que no tenía los requisitos y especificaciones para ser “masista” debido a que “tengo ojos verdes, pelo crespo, soy blanco. No quiero discriminar, pero esas mis condiciones no hacen que yo sea compatible con el resto de las personas del Movimiento Al Socialismo”.^[3]

Esos imaginarios maniqueos y excluyentes se concretizaron en políticas públicas represivas y autoritarias a título de “pacificación”. Aparte de asignar presupuesto adicional destinado al equipamiento de las FF.AA., se aprobó un polémico decreto en el que se eximía de responsabilidad penal a militares que participaran de operativos de “restauración del público” en el marco de la crisis política que rodeaba a su administración. La misma expresidenta declaró que “el Gobierno tuvo que asumir la medida porque enfrentó acciones violentas que nunca antes habíamos visto en nuestra historia y nunca quisiéramos verlas de nuevo” (citado en Los Tiempos, 28 de noviembre de 2019). Posteriormente, el Decreto fue abrogado debido a que “esta determinación ha sido tomada en consideración a que, gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país, hemos logrado la ansiada pacificación” (Ibid.). Otra medida que fortaleció a los aparatos represivos fue el incremento de sueldos y otros beneficios a favor de la policía.

La “pacificación” incluyó incidentes de cruda represión y violaciones a los derechos humanos, como lo ocurrido en las localidades de Senkata y Sacaba, donde las fuerzas del orden se enfrentaron con militantes del MAS en condiciones sumamente desiguales y violentas para estos últimos. Estos episodios fueron catalogados como masacres por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Fallecieron más de una treintena de personas.

En el meollo de esa coyuntura, el entonces ministro de Gobierno no dudó en expresar la “necesidad” de fortalecer los aparatos represivos: “… hay compras (de armas) que se van a hacer y que se tienen que hacer, cuál es el problema. Nosotros compramos para nuestra Policía nacional, para nuestro ejército, para defender la democracia”.^[4]

En cuanto a la interpelación religiosa presente en el falangismo a la boliviana reeditado entre 2019 y 2020, hay que recordar que en las movilizaciones de los “pititas” eran comunes los rezos en las esquinas y el contenido religioso cristiano se hizo notoriamente presente en el discurso político. Hasta en los cabildos no faltaban oraciones contra lo que denominaron (erradamente) un “gobierno ateo”.

Bastante simbólico fue el hecho de que el gobierno de Áñez haya asumido su mandato con una Biblia en mano. Poco tiempo antes, el líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho, uno de los actores más visibles que encarnaban los levantamientos de finales de 2019, había prometido que llevaría una carta de renuncia de Evo Morales y una Biblia a las infraestructuras del poder político: “Dios tiene que volver al Palacio y con Él nuestra fe se fortalecerá. ¡Se acaba la tiranía! ¡Dios bendiga, ilumine y llene de sabiduría a los bolivianos!”.^[5] Días después, se vio a Camacho junto a la presidenta transitoria y otras autoridades del nuevo régimen con el famoso “libro sagrado” al inaugurar su mandato.

Este distintivo suceso fue continuado por otros similares durante esa gestión gobiernista transitoria. No solo en alocuciones públicas la presidenta y altas autoridades enunciaban a Dios y a los postulados cristianos constantemente, sino que llegaron a ejecutarse acciones públicas inauditas, como contratar helicópteros para rociar con agua bendita algunas ciudades ante la pandemia del covid-19 y no faltaron declaraciones gubernamentales que aseguraron que el “ayuno y oración” vencerían al virus. Llama la atención que, ante la prohibición de reuniones masivas para evitar los contagios de esa enfermedad, solamente se tuviera tolerancia con las celebraciones religiosas, aunque, ante las críticas, se retrocedió con la medida.

También estuvo el hecho de que por lo menos dos candidatos a las elecciones de octubre de 2020 fueron fundamentalistas religiosos, lo cual personificaba en Bolivia una corriente que en estos últimos años se dispersa por América Latina: la religión en el poder y el ascenso de fuerzas ultraconservadoras al estilo de Jair Bolsonaro en Brasil.

Con un documento visual sobre la interpelación religiosa fue como se presentaron haciendo campaña en Cochabamba para las elecciones de 2020 los candidatos por CREEMOS (notar nombre de la sigla), Luis Fernando Camacho y Marco Pumari: la caravana estuvo presidida por los dos candidatos montados en un jeep militar que colgaba de frente y en letras bien grandes la palabra “fe”.^[6]

Otro ejemplo ilustrativo fue un panfleto de compaña de CREEMOS que señalaba: “¿Porque [sic] deben apoyar a Camacho los cristianos?”. Y se prometía la defensa del “matrimonio natural” y “la vida desde la concepción”, un “Ministerio de la Familia”: “Luis Fernando Camacho cree los pastores y las iglesias tienen la autoridad, capacidad y experiencia para ayudar en este Ministerio”.

Sobre la interpelación regionalista cruceñista, hay que recordar que en el siglo XXI el Comité Pro Santa Cruz y la elite dominante cruceña se siguieron posicionando como “defensores de los intereses de Santa Cruz” a partir los imaginarios descritos:

El Comité Cívico como institución que galvaniza la identidad cruceña es clave para entender la dinámica política regional: el Comité agrupa a las fuerzas vivas y aunque están representados también la central obrera local, además de universidades o fraternidades folklóricas, la hegemonía la tienen los gremios empresariales, e históricamente sus posiciones han sido reactivas a los gobiernos nacionalistas y de izquierda. Si bien en toda Bolivia hay comités cívicos, solo en Santa Cruz tiene un papel tan central en la vida política y la identidad locales (Stefanoni, 2023).

Con la asunción del MAS a partir de 2005, la polaridad nación/región se incrementó en Bolivia nuevamente. El MAS justamente representaba al “comunismo colla” indeseado que tomaba el poder con mayoría absoluta. Es por ello por lo que desde 2005 hubo pugnas constantes entre los representantes de los poderes regionales de Santa Cruz y el Estado central; uno de los momentos más álgidos fue cuando se instauró la Asamblea Constituyente mientras los poderes cruceños demandaban la instauración de las autonomías para ampliar las facultades decisorias de los Departamentos ante el histórico centralismo. Efectivamente, se logró instaurar las autonomías en la nueva Constitución boliviana, pero con menos competencias que las que proponían los cruceñistas.

En 2016, ante el arbitrario desconocimiento que hizo el MAS del referéndum cuyos resultados no apoyaban una modificación constitucional que legitimara la repostulación de la dupla del MAS que gobernaba, los ánimos políticos en Bolivia otra vez se caldearon y, por supuesto, los poderes cruceñistas se movilizaron:

Conviene subrayar que luego del referéndum constitucional de 2016, se sucedieron tres años de articulaciones ciudadanas en plataformas colectivas, marchas, paros y cabildos que activaron la creación de condiciones de lo posible en Santa Cruz: la renuncia a la presidencia de Evo Morales en noviembre de 2019 (Peralta, 2022).

Así, todo rebalsó nuevamente durante la crisis política de 2019-2020; de alguna manera, las manifestaciones en Santa Cruz fueron la vanguardia ideológica de las movilizaciones “pititas” y generaron uno de los principales líderes en ese entendido, Luis Fernando Camacho, quien representaba el ala regionalista más recalcitrante del Comité Pro Santa Cruz, organismo que presidía desde ese mismo año:

La polarización política básicamente es distanciamiento ideológico. Por ejemplo, los comicios nacionales fallidos de octubre del 2019 posicionaron a Evo Morales y Luis Fernando Camacho como dos liderazgos políticos ampliamente separados en el espectro político nacional-regional. Mientras Morales representaba el campo indígena-popular del centro y extrema izquierda a escala nacional desde su condición de presidente-candidato, Camacho representaba el campo de la clase media urbana y elites económicas del centro y extrema derecha a nivel regional desde su condición de dirigente cívico […].
La disputa de relatos entre Evo Morales y Luis Fernando Camacho, en 2019, es un ejemplo tácito del conflicto irresuelto Estado-región que contiene connotaciones ideológicas y prácticas discursivas políticamente irresolubles, que en determinados momentos han intensificado las movilizaciones políticas de los ciudadanos en Santa Cruz concitados por los liderazgos mencionados (Peralta, 2022).

En ese entendido, en Santa Cruz, entre 2019 y 2020, fueron masivos los paros, cabildos y movilizaciones con una presencia retórica, visual y simbólica regionalista que trajeron a la memoria los imaginarios de las dictaduras militares enmarcadas en la Doctrina de Seguridad Nacional y los días del golpe banzerista en agosto de 1971 que tuvo como epicentro a Santa Cruz.

Al mismo tiempo, por esos aprestos, se posicionó Camacho como líder político cruceño, y aunque no logró una votación considerable en las elecciones nacionales de 2020, sí ganó la gobernación de Santa Cruz, aunque actualmente esté encarcelado justamente por participar en lo que el MAS concibió como “golpe de Estado”.

A manera de conclusión: ¿y la otra cara?

Este capítulo ha mostrado cómo las movilizaciones “pititas” de la crisis política boliviana del 2019-2020, y su concreción institucional en el gobierno de Áñez, reeditaron imaginarios sociales de las dictaduras militares bolivianas enmarcadas en la Doctrina de Seguridad Nacional. Como en las dictaduras, reforzaban ideas donde las salidas a las crisis políticas en Bolivia estaban en la eliminación o supresión del otro, es decir, del contrincante político. No obstante, ¿qué pasó con la otra cara de la polarización, la cara que representaba y apoyaba al MAS?

En concordancia con el militarismo y prácticas autoritarias que exhibieron en sus gobiernos, la actuación de militantes y simpatizantes del MAS en este periodo de crisis fue también violenta, en pie de guerra y con similar ímpetu de eliminar al otro.

Después de la renuncia de Evo Morales y la asunción de Jeanine Áñez, y en medio de la escalada de violencia que enfrentaba el país, fueron los militantes del MAS quienes llamaron a la “guerra civil” como salida a la crisis, y al grito de “¡Ahora sí, guerra civil!”, protagonizaron episodios que parecían apuntar a ese objetivo extremo. Incendiaron bienes públicos que representaban a los adversarios políticos, como los buses Puma Katari en La Paz, casas de periodistas, agredieron a líderes rivales, en Cochabamba prendieron fuego el cerro San Pedro y se registraron víctimas de agresiones por turbamultas compuestas por supuestos simpatizantes del MAS.

En su retórica y otras manifestaciones de sentido, los militantes y afines al MAS tampoco se quedaron cortos en imaginarios sociales belicistas y excluyentes. Si bien reclamaron por los excesos y arbitrariedades del grupo paramilitar RJC, militantes y simpatizantes del MAS presentaron sus propios “motoqueros” armados en localidades del altiplano paceño, en municipios del trópico de Cochabamba y en el barrio de Kara Kara de la ciudad de Cochabamba, donde se organizó la Juventud Revolucionaria de Kara Kara. Lo paradójico es que tanto el discurso, el lenguaje corporal, la vestimenta, etc., se veían calcados del militarismo evidente de la RJC.

Actualmente en Bolivia parecen haberse calmado un poco las aguas, aunque sigue rondando un clima político polarizado y maniqueo que posiblemente ilustre un fenómeno más generalizado, profundo y estructural: la constante presencia de una “otredad” que combate en formaciones sociales desiguales y con una larga historia de prácticas autoritarias, lo que se traduce en una cultura política belicista en potencia.

Bibliografía

Anderson, Benedict (1993). Comunidades imaginadas. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Aguiló, Federico (1993). Nunca más para Bolivia. Cochabamba: Coligraf.

Antezana, Luis H. (1983). Sistema y proceso ideológico en Bolivia, 1935-1979, en Zavaleta, René (comp.), Bolivia Hoy. México: Siglo XXI.

Backsco, Bronislaw (1990). Los imaginarios sociales. Memorias y esperanza colectivas. Buenos Aires: Nueva Visión.

Dunkerley, James (2003). Rebelión en las venas: La lucha política en Bolivia 1952-1982. La Paz: Plural.

Estremadoiro, Rocío (2021). Racismo y sexismo en un contexto de polarización, en Desarmar la guerra, cuidar la vida. Las tramas de la autonomía feministas para repensarnos y retejernos en un mundo en crisis. México: Territorio Feminista.

Estremadoiro, Rocío (2020). Apuntes para comprender la caída del MAS más allá de la polarización, Revista Reflexión Política, N.° 45. Instituto de Estudios Políticos, Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB).

Estremadoiro, Rocío (2018). La influencia de la Guerra del Pacífico en la constitución de identidades nacionales y alteridades en Bolivia, Perú y Chile. Tesis doctoral en Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca (USAL).

Estremadoiro, Rocío (2018). Movimientos 21 F. Hegemonía partidaria y contrapesos, Revista Cuarto Intermedio, N.° 120.

Estremadoiro, Rocío (2011). La construcción de imaginarios en la identidad cruceña (2 partes), Revista Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria, La Paz.

Estremadoiro, Rocío (2008). Algunas dimensiones de análisis a partir de la matriz ideológica de la dictadura de Banzer en Bolivia. Tesis para optar al grado de Máster en Estudios Latinoamericanos. Universidad de Salamanca (USAL).

Gallardo, Jorge (1972). De Torres a Banzer: Diez meses de emergencia en Bolivia. La Paz: G.H.

Grebe, Horst (1983). El excedente sin acumulación. La génesis de la crisis económica actual, en Zavaleta, René (comp.), Bolivia Hoy. México: Siglo XXI.

Klein, Herbert (1998). Historia general de Bolivia. La Paz: Juventud.

Knight, Alan (2003). Las tradiciones democráticas y revolucionarias en América Latina, Bicentenario. Revista de Historia de Chile y América, Vol. 2, N.º 1. Santiago, pp. 5-52.

Laclau, Ernesto (1986). Discurso, hegemonía y política, Teoría 5.

Lazarte, Jorge (1989). Movimiento obrero y procesos políticos en Bolivia. Historia de la COB 1952-1987. La Paz: ILDIS.

Lora, Guillermo (1973). De la Asamblea Popular al golpe del 21 de agosto de 1971. Buenos Aires: OMR.

Mendoza, Samuel (1973). Anarquía y caos. La Paz: Universo.

Mesa, José; Gisbert, Teresa y Mesa, Carlos D. (2003). Historia de Bolivia. La Paz: Editorial Gisbert.

Mouffe, Chantal (1986). Hegemonía e ideología en Gramsci, Teoría 5.

Peralta, José (2022). Santa Cruz: el nuevo epicentro de la política en Bolivia 2001-2020, pero no del poder, Revista de Ciencia y Cultura, Vol. 26, N.° 48. La Paz.

Prado Salmón, Gary (1984). Poder y Fuerzas Armadas: 1949-1982. Cochabamba: Los Amigos del Libro.

Quiroga Santa Cruz, Marcelo (1973). El saqueo de Bolivia. La Paz: Ediciones Puerta del Sol.

Quiroga Santa Cruz, Marcelo (1982). Juicio a la dictadura. La Paz: Ediciones EP.

Rouquie, Alain (1989). Los militares en la política latinoamericana desde 1930, en Bethell, Leslie, Historia de América Latina. Barcelona: Grijalbo Mondadori.

Roca, José Luis (1980). Fisonomía del regionalismo boliviano. La Paz: Los Amigos del Libro.

Sandoval, Isaac (1979). Culminación y ruptura del modelo Nacional-Revolucionario. Torres en el escenario político boliviano. La Paz: Urquizo.

Selser, Gregorio (1983). Bolivia: El cuartelazo de los cocadólares. México: MEX-SUR.

Sivak, Martín (1997). El asesinato de Juan José Torres. Buenos Aires: Serpaj.

Sivak, Martín (2007). El dictador elegido. Biografía no autorizada de Hugo Banzer Suárez. Buenos Aires: Plural.

Stefanoni, Pablo (2023). Bolivia: Ajustes de cuentas con 2019; batallas políticas hacia 2025, Análisis Carolina. https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2023/01/AC-1.-2023.pdf.

Stefanoni, Pablo (2020). Las lecciones que nos deja Bolivia, Nueva Sociedad. https://nuso.org/articulo/Bolivia-Evo-Morales-elecciones/.

Strengers, Jeroen (1988). La Asamblea Popular. Bolivia, 1971. La Paz: SIDIS.

Subercaseoux, Bernardo (2014). Historia de las ideas y la cultura en Chile. Santiago: Editorial Universitaria.

Zavaleta, René (1987). El poder dual. La Paz: Los Amigos del Libro.

Periódicos y revistas consultados

Presencia, años 1970-1978.

El Diario, años 1970-1978.

Hoy. Anuario de 1971.

Especial de Presencia: 36 años, 1952-1988.

Revista De Frente. Número 3, 31 de enero de 1980.

Página Siete, 2019-2022.

Los Tiempos, 2019-2023.

Opinión, 2019-2023.

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