La demarcación del “otro” en la crisis de 2019

Gabriela Canedo Vásquez

Introducción

En las últimas décadas, Bolivia ha sufrido una serie de transformaciones. Desde el siglo pasado, fue cobrando fuerza en la agenda nacional la demanda de derechos de los pueblos indígenas a sus territorios, culturas y cosmovisiones ancestrales, lo que desembocó en la construcción colectiva de una propuesta de reforma constitucional que fue incluida en la Asamblea Constituyente. Con la llegada del Movimiento Al Socialismo (MAS) al poder en 2005, el partido enarboló la bandera de la identidad indígena y, al igual que en el Ecuador, se reformó la Constitución Política del Estado (CPE). Se transversalizó en ella una serie de reconocimientos, propios de los pueblos indígenas. Este trastocamiento supuso una recomposición de las élites políticas. La democracia avanzó, puesto que de hecho fueron reconocidas en la CPE una pluralidad de democracias, que ensanchaban y nutrían la inclusión, la participación y la toma de decisiones. En definitiva, cierta esperanza cundía, y se creía que las cosas podían ser distintas. Sin embargo en 2019, producto de la acumulación de una serie de factores y descontentos, se desató una crisis política que puso al descubierto una serie de tensiones irresueltas en la historia social boliviana.

El drama de este acontecimiento son las repercusiones y consecuencias que aún se viven en el país, respecto a la fractura que se produjo en el tejido social. Uno de los factores que jugó un papel crucial en la polarización y la formación de extremos fue el discurso racializado utilizado como dispositivo de defensa y ataque, principalmente por la clase política. El discurso apuntaba a la construcción de un “nosotros” frente a “los otros”. Es decir, a la demarcación de la alteridad, de un “otro” con el que pareciera nada se tiene en común.

Por tanto, en lugar de posibilitar la creación de una comunidad, de tender puentes, crear lazos y orientarse a la conformación de una nación, este discurso está produciendo el ahondamiento de la polarización. En su momento, el sentido de esa división se basó en intereses concretos y particulares: el de permanecer en el poder. De esta manera, un escenario y ambiente de polarización anula la disidencia, la pluralidad de otras voces, que son condición esencial para la democracia, para nutrirla y profundizarla.

Este capítulo pretende abordar el contexto de polarización que viven los bolivianos como consecuencia de una de las crisis políticas más fuertes de su historia contemporánea. En esta etapa, la utilización de un discurso de confrontación entre “nosotros” y “los otros”, con base en diferencias raciales, regionales y de clase ha jugado un papel importante en la confrontación. Más allá de que las partes en conflicto sean partidos políticos y juegos de poder de una clase política, lo que preocupa es la repercusión de la polarización en el tejido social.

En primera instancia, se brinda un panorama general con antecedentes necesarios que consisten en una serie de apuntes sobre las transformaciones que permitieron el ascenso del “primer presidente indígena” al poder en Bolivia. Seguidamente, se abordan los episodios que mostraron el declive del partido de gobierno y la utilización de un discurso racista como instrumento para la demarcación del “otro”. Se describe lo sucedido durante la crisis de 2019 y, finalmente, los efectos de la polarización que produjo.

Cabe señalar que el capítulo se basó en la investigación sobre el uso del discurso del racismo en la política de Zegada y Canedo (2023) y en la primera Encuesta Nacional de Polarización (2023). Ambas fuentes han arrojado insumos que posibilitan analizar el papel que juega el discurso del racismo y del antirracismo, principalmente en momentos álgidos que ocasionan la fractura social.

1. Antecedentes necesarios

A lo largo de su historia, Bolivia se ha caracterizado por tener una composición social y cultural heterogénea y diversa que no guardaba correspondencia con la construcción del Estado y su institucionalidad. Antes de su fundación como Estado Plurinacional, y en su condición de Estado Republicano, Bolivia era presentado oficialmente como un Estado homogéneo y unitario que no reconocía las diferencias étnicas. De ahí que, de forma permanente, la exclusión cultural y política haya generado la crisis del Estado boliviano junto a la lucha de actores principalmente indígenas.

El ingreso al siglo XXI supuso que el país atravesara por profundos procesos de transformación. Se dio el cuestionamiento a los ejes nodales del ciclo estatal anterior, la democracia representativa y el modelo económico neoliberal, así como a sus actores principales (los partidos políticos en el poder), lo que dio lugar a un momento de profunda crisis estatal y reconfiguración política. El proceso implicó remover y cuestionar estructuras estatales y generar una nueva CPE, la misma que está ligada al surgimiento de nuevos sujetos políticos que irrumpieron desde la sociedad civil y posicionaron otras propuestas, cambiaron los sentidos y significados de aspectos que constituían ejes importantes del Estado. Les dieron un contenido distinto. Asimismo, fue cobrando fuerza en la agenda nacional la demanda de derechos de los pueblos indígenas a sus territorios, culturas y cosmovisiones ancestrales, lo que desembocó en la construcción colectiva de una propuesta de reforma constitucional que fue incluida en la Asamblea Constituyente llevada a cabo entre 2006 y 2009.

Cabe destacar que, con la llegada del MAS al poder en 2005 encabezado por el dirigente campesino e indígena Evo Morales, el partido enarboló la bandera de la identidad indígena. Se hizo énfasis en las reivindicaciones y derechos de la población indígena originaria campesina, aludiendo a la situación de constante de marginación, discriminación y desigualdad en la que se encuentran. Fue así como, al igual que en el Ecuador, se dieron una serie de avances que fueron incluidos en la CPE. Se produjo una recomposición de las élites políticas. La democracia avanzó; de hecho, fueron reconocidas en la CPE una pluralidad de democracias que ensanchaban y nutrían la aplicación de esta organización política. Nos referimos a la democracia representativa, participativa y comunitaria, lo que Exeni llama demodiversidad, concepto que rescata de Santos y Avritzer: “por demodiversidad entendemos la coexistencia pacífica o conflictiva de diferentes modelos y prácticas democráticas” (Santos y Avritzer, 2004: 65, en Exeni, 2021: 230).

¿Cómo se puede entender la emergencia de nuevos actores en el presente siglo? El siglo XXI inició con nuevos sujetos colectivos portadores de nuevos referentes discursivos e identitarios, como los movimientos de mujeres, los actores territoriales y, fundamentalmente, los pueblos indígenas y los sindicatos campesinos, que fueron incursionando en el campo político electoral con renovadas formas de representación social y política, y fueron desplazando progresivamente de los escenarios de representación a los partidos antes dominantes, hasta consolidar su gran victoria electoral en diciembre de 2005, bajo la bandera del MAS, dando curso al mandato del primer presidente indígena.

No cabe duda de que la emergencia de nuevos actores y su inclusión fortalecían la gobernabilidad del Estado y mejoraban la calidad del sistema democrático. En la década de 1990 ya se había producido la inclusión y el reconocimiento formal de los pueblos y naciones indígenas, lo cual fue plasmado en la reforma constitucional de 1994 y en varias de sus leyes secundarias, como la Ley INRA del Instituto de Reforma Agraria, la Ley de Participación Popular y la Ley de Reforma Educativa. Sin embargo, estas reformas resultaron limitadas, en muchos casos meramente enunciativas y formales, y no se orientaron a resolver el problema central del sistema democrático boliviano, que era su creciente desvinculación de las necesidades y expectativas de la sociedad. Es así como se consolidó un sistema político elitista y excluyente funcional a los intereses de los grupos de poder ligados a los partidos dominantes, mientras la sociedad civil se debatía en un conjunto de necesidades irresueltas y demandas fragmentadas de carácter corporativo, pues, como producto de la aplicación del modelo neoliberal, se había producido el desmontaje de uno de los actores aglutinadores más importantes de la historia boliviana, la Central Obrera Boliviana (COB) (Zegada, Arce, Canedo y Quispe, 2011: 10).

En 2005 salió electo Evo Morales; sin embargo, antes de este triunfo ya las elecciones del 30 de junio de 2002 constituyeron la llamada sorpresa indígena, pues un indígena aimara cocalero pasaba a ser líder de la oposición. Ningún país de la América poscolonial contaba con tan buena representación parlamentaria campesina e indígena (Canedo, 2012: 291).

La presencia indígena en las instancias políticas, como el Parlamento, demostraba que la democracia boliviana estaba tomando un camino diferente. En los comicios municipales de 2004, el MAS se convirtió en la primera fuerza electoral del país gracias al 18.48 % de la votación total, y tuvo la oportunidad de acceder a más de 300 municipios que tenía en ese momento el país (Komadina y Geffroy, 2007: 69). En diciembre de 2005, el partido ganó las elecciones presidenciales con una votación inédita en Bolivia: 53.7 %, lo que significa una mayoría absoluta. Logró 84 de 157 escaños parlamentarios, es decir, la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Congreso Nacional (Komadina y Geffroy, 2007: 78).

En la historia del país, más allá de las connotaciones simbólicas, el hecho de que un indígena haya llegado a la presidencia marca un hito, pues significa, aunque sea de manera inicial, el trastocamiento de las relaciones de poder. El Parlamento se diversificó y, por primera vez de manera numérica y preponderante, la Bolivia diversa se hacía presente en el hemiciclo parlamentario, donde a fin de cuentas se toman las decisiones para el país.

Como señala Albó (2008), la inauguración del Parlamento presentó por primera vez en sus 173 años de historia también la otra imagen del país, con ponchos, polleras y hasta un arco y flechas de la Chiquitanía. Aunque todos sabían también castellano, muchos prefirieron expresarse, con orgullo, en quechua, aimara y bésiro, para lo que hubo que instalar equipos de traducción simultánea (p. 70). En estas elecciones presidenciales, el panorama electoral apareció inundando de símbolos campesinos e indígenas en todos sus rincones (Canedo, 2012: 291).

Es preciso entender que el surgimiento del MAS como opción política se dio, por una parte, como respuesta a la crisis de los partidos políticos y, por otra, como expresión política de la histórica demanda de inclusión social de los pueblos indígenas. La raíz identitaria cobraba vitalidad, pues en la vida política del país y su entendimiento, es una característica insoslayable. Se articulaba con el discurso corporativo de los sindicatos campesinos; luego se encarnó en la figura emblemática de Evo Morales como presidente indígena y, al mismo tiempo, se unificó en el Pacto de Unidad, que consistió en la articulación de cinco organizaciones de origen campesino e indígena que jugaron un gran papel en el marco de la Asamblea Constituyente y enfrentaron el desafío de las transformaciones estatales, conformando un bloque histórico claro, con un proyecto político.

De acuerdo con García, el partido MAS, por más de dos décadas bajo la conducción de Evo Morales y de los campesinos interculturales,

había sido el vehículo de concreción de una hegemonía nacional-popular construida desde abajo. El resultado era la llegada y empoderamiento de las estructuras de autogobierno territorial que se insertaban virtuosamente con las estructuras de la democracia representativa (García Yapur, García Orellana y Soliz, 2014; García, 2022: 271).

2. La asunción del presidente indígena al poder

La llegada de Evo Morales a la presidencia se produjo en un contexto en el que el movimiento indígena, sobre todo de tierras bajas, había posicionado de manera ascendente los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la demanda histórica de participar en los escenarios de decisión. Esta reivindicación reavivó el tema étnico cultural, que fue asumido como bandera política por el MAS, al mismo tiempo que se instaló como factor nodal de su identidad política. La victoria electoral del MAS en 2005 conllevó hechos políticamente trascendentes, como la sustitución física de las viejas élites en el poder, la presencia directa de los movimientos indígenas y campesinos a través de sus organizaciones y representaciones en el mundo institucional de la política, y el protagonismo del Pacto de Unidad mediante su participación en la Asamblea Constituyente aportando con el contenido central del nuevo texto.

El impacto mediático fue muy potente; los titulares de la prensa revelaron la construcción del relato sobre el arribo de Evo Morales a la presidencia. Por ejemplo, un titular señalaba: “El indígena Evo Morales es ya el nuevo presidente de Bolivia” (El Mundo, 23/01/2006, en Zegada y Canedo, 2023: 70).

Frente a este impacto, la reacción política de los sectores cívico/empresariales y de los partidos que habían monopolizado el ámbito público durante las décadas anteriores fue hostil y adversa, tanto por el desplazamiento que sufrieron del poder, como por la amenaza simbólica que significaba el MAS como expresión de los movimientos sociales indígenas y populares, además de un discurso fuertemente impregnado por la ola izquierdista y progresista, que se instalaba en varios países de América Latina.

En la primera parte de su discurso de toma de posesión, Morales fue muy enfático en relación con el tema indígena. Recordó que el 62 % de los bolivianos son indios ‒refiriéndose a los datos del censo realizado en 2001‒ y que, sin embargo, históricamente han sido “marginados, humillados, despreciados, condenados a la exclusión”. “Jamás nos reconocieron como seres humanos siendo dueños absolutos de esta noble tierra”. Y continuó: “toca ahora a los pueblos indígenas, a los más nobles, a los más verdaderos de nuestra patria, a la gente sencilla ocupar el mando de la nación y conducirla por un camino de unidad, de integridad nacional” (El Mundo, 23/01/2006, en Zegada y Canedo, 2023: 71). El discurso de victoria de Evo Morales, en enero de 2006, trazó una frontera muy clara entre quienes se consideraban indígenas y quienes no lo hacían, que luego pasarán a ser denominados o estigmatizados como q’’aras (blancos), de derecha, racistas y fascistas. Y, por tanto, se marcará una línea divisoria que se vivió con fuerza desde la crisis de 2019.

De hecho, desde su llegada al mando del país, el énfasis discursivo de Morales tuvo una fuerte impronta de autoidentificación indígena, expresada en su propia imagen versus el otro, que representaba el mundo no indígena. Este constituye un capital simbólico muy poderoso y que fue muy efectivo sobre todo durante los primeros años de su gobierno para contraponerse a la vieja política y a las tradicionales élites dominantes, en particular del oriente boliviano.

El énfasis en la identidad étnica estuvo acompañado de una serie de elementos culturales y simbólicos. El contexto simbólico de posesión del presidente Morales estuvo enmarcado por una serie de rituales y ceremonias realizadas en el centro arqueológico de Tiwanacu; o la boda del entonces vicepresidente Álvaro García Linera en el lago Titicaca y en el templo andino de Kalasasaya en Tiwanacu rodeado de artefactos culturales ancestrales aymaras, reflejados en su vestimenta, ceremonias y recorridos por lugares sagrados con la presencia de amautas, y otras autoridades religiosas/étnicas.

Los rituales juegan un papel importante en la manifestación de un discurso, en este caso, de dar énfasis a elementos indígenas, que por cierto se fueron repitiendo en las siguientes posesiones de mando. Estos pretenden mostrar y dejar por sentado la identidad del nuevo grupo de poder. Por lo menos en clave simbólica, como señalan Wolf (2001) y Turner (1999).

De ahí en adelante, se inició una fase de polarización política entre los defensores del nuevo gobierno indígena y del proceso de cambio versus la denominada élite conservadora neoliberal, que se refería sobre todo a los cívicos y empresarios del oriente del país. Los elementos en disputa estaban matizados por varias dimensiones de la realidad: fracturas socioeconómicas y de clase, territoriales de corte regionalista, político-ideológicas y socioculturales, asociando a sectores sociales indígenas y campesinos con la lucha por la descolonización; y en la otra orilla, a los sectores cívico-empresariales articulados a la élite blanca sobre todo anclada en Santa Cruz, que había instalado su propia agenda de reivindicación estatal, como la descentralización y las autonomías, para contrarrestar las demandas de los movimientos sociales (Zegada y Canedo, 2023: 75).

La lucha por las autonomías del oriente también estuvo acompañada por una impronta étnica, pues ciertos intelectuales de la élite “blanca” de Santa Cruz, Beni y Tarija, afirmaban ser racialmente diferentes del resto del país, en particular del occidente (refiriéndose a los descendientes de quechuas y aimaras), exaltaban su identificación con la descendencia europea o, en el caso de los grupos ancestrales, de los Tupi Guaranís; dadas estas argumentaciones se podría confirmar que existía, en ciertos sectores cruceños, la conformación de un discurso con tintes de “racismo separatista”, como Schavelzon afirma en la etnografía que realizó sobre la Asamblea Constituyente (Schavelzon 2012: 8).

De acuerdo con la investigación de Zegada y Canedo (2023), se muestra que fueron varios los acontecimientos en los que se expresaron hechos de racismo, tal como lo sucedido en Sucre en la Asamblea Constituyente, en la que se protagonizaron enfrentamientos por la zona de la Calancha, que terminó con 3 muertos y 300 heridos. Meses más tarde, la población sucrense protagonizó un hecho vergonzoso, al forzar a ponerse de rodillas a los campesinos, obligándolos a pedir perdón por aquel conflicto. “Llamas, pidan disculpas” fueron las consignas impuestas por grupos de jóvenes armados con palos, piedras, gases lacrimógenos y dinamita, que maltrataron a los campesinos quechuas. El gobierno calificó este acto de “vergonzoso” y se convirtió en un episodio más de la “escalada de violencia racial” (El Universo, 26 de mayo de 2008, en Zegada y Canedo, 2023: 88).

Otro ejemplo es el conflicto de enero de 2007, conocido como enero negro, en el que habitantes del área rural y urbana se enfrentaron en la ciudad de Cochabamba, y que finalizó con un resultado luctuoso, pues dos personas fallecieron. O el episodio por la pugna por la autonomía y separatismo en Santa Cruz, o los enfrentamientos violentos en Pando. O el conflicto del TIPNIS, que tuvo repercusión internacional. De una u otra manera en cada acontecimiento el racismo y el discurso racializado se hicieron sentir. Ese racismo cotidiano y estructural que arrastra Bolivia como país.

3. Pérdida de poder, uso del racismo y la construcción del “otro”

Como se indicó antes, el discurso que acompañó la llegada del MAS al poder estuvo marcado por el énfasis indigenista; de hecho, el propio presidente Morales le otorgó legitimidad a ese discurso por su origen indígena y por la incorporación de sectores históricamente excluidos tanto en el ámbito público como en la Asamblea Constituyente a través del MAS. Así, el discurso tuvo eficacia, no solo por lo que decía, sino también por quién lo dijo y cómo lo dijo (Bourdieu, 2014).

Lo que llama la atención es que diez años después, precisamente en el contexto político de declive de la gestión política del gobierno de Evo Morales, agravado por la insistencia del partido de gobierno en la repostulación del entonces presidente para su cuarta gestión consecutiva, y que tuvo su núcleo en el Referéndum del 21 de febrero de 2016, reapareció la apelación al tema étnico en los discursos oficialistas, pero esta vez no con énfasis en la autoidentificación y afinidad con los pueblos indígenas, como al principio, sino en el enfrentamiento al “otro” mediante la exaltación del racismo entre los opositores políticos al gobierno, la derecha conspiradora y conservadora, el imperio, la élite blanca (Zegada y Canedo, 2023: 113).

La lectura del exmandatario sobre el resultado del Referéndum 21F fue que se trataba de un veto al indio. Lo cierto es que se impuso una votación popular que no estuvo en manos de los opositores al MAS, ni de la “casta señorial” que había sido desplazada del poder a inicios de siglo, sino de los ciudadanos que acudieron a las urnas. Es así que, en el marco de la (re)polarización política instalada a partir del contexto que rodea al Referéndum de 2016, la aplicación de discursos racializados cobró vigor, sobre todo en el entonces partido de gobierno, y se constituyó en un potente dispositivo de defensa y ataque, de demarcación de la alteridad en el marco de la disputa sobre la democracia (Zegada y Canedo, 2023: 230).

De esta manera, el racismo o el discurso antirracista fue utilizado en momentos claves de crisis, o en momentos en los que el partido de gobierno perdía fuerza y legitimidad. Así, se le dio un uso político, de parte de los actores, como un potente dispositivo para antagonizar, para crear una demarcación de un “nosotros” frente a “los otros”, particularmente en momentos de crisis. De ahí que en una vereda se ubica el q’ara (blanco), racista, derechista, regionalista, rico e instruido, mientras que en el otro lado de la vereda ‒afín al partido de gobierno‒ está el indígena pobre, humilde, discriminado y con escaso nivel de instrucción; cuando la realidad social es mucho más compleja, entretejida y diversa, contiene matices y está marcada por las relaciones de poder. El discurso del racismo ha recrudecido desde el momento en que entró en crisis el proyecto de poder del MAS. El declive de su hegemonía comenzó con el Referéndum de 2016, y a partir de allí el uso discursivo del antirracismo se convirtió en un factor de poder y de demarcación de frontera entre el partido de gobierno, junto a sus sectores sociales afines, y aquellos opositores que constituían una amenaza para el continuismo en el poder (Zegada y Canedo, 2023: 230-237). Al decir de García, fueron los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 el punto en el que la hegemonía del gobierno de Morales empezó a decaer: “La decisión de buscar la reelección presidencial a pesar de los resultados del 21F marcaría el itinerario de la crisis política que estalló en octubre de 2019” (García, 2022: 277).

El discurso contrarracista tiene alta eficacia y capacidad de interpelación social debido a factores presentes en la sensibilidad social, ya sea activada por acontecimientos inmediatos, como actos de agresión o agravios directos, o porque simplemente apelan a la memora colectiva. No hay que olvidar que, desde la época colonial, el racismo se ha convertido en uno de los clivajes centrales por la relación de dominación a la que sometieron los españoles.

Asimismo, es importante establecer quién dice y cómo lo dice; como afirma Bourdieu, es importante que el emisor “cuente con las credenciales adecuadas”. En el caso del MAS, el “presidente indígena” o quienes reclamaban en las calles por los agravios racistas del otro.

Teniendo estos antecedentes de la emergencia de la utilización y eficacia del discurso antirracista, se puede describir el episodio de crisis que el país vivió en 2019.

Después de las elecciones fallidas de octubre de 2019, y peor durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, la intensidad con que Evo Morales y Álvaro García Linera apelaron al racismo acentuó la división de la sociedad boliviana en dos bloques, lo que estableció una frontera inquebrantable: de un lado los indios ‒pobres, humillados, gente humilde, indígenas del área rural‒ versus los blancos ‒ricos, letrados, clase media oligarcas, golpistas, fascistas y por supuesto racistas‒.

4. Crisis de 2019 y discursos de división

En este apartado, se exponen las causas que explican el desencadenamiento del conflicto de 21 días, y luego se repasan algunos acontecimientos simbólicos de la confrontación, en que entran en juego variables étnico-culturales, así como la forma en que estas son interpretadas y asumidas por los actores políticos, y las “fronteras de exclusión” establecidas por los intereses políticos. Se enfatiza en la manera en que el racismo jugó como artefacto que refuerza la división entre actores, los confronta y tiene efectividad porque agrava la polarización política.

Después de que un partido gobernara Bolivia, a la cabeza de Evo Morales como mandatario, durante 14 años consecutivos, el país vivió en 2019 una de las peores crisis políticas. Con ella se han puesto al descubierto una serie de tensiones irresueltas en la historia social boliviana, entre ellas la exclusión sociocultural y los agravios raciales marcados por la memoria larga de colonización contra la población indígena.

La crisis que se desencadenó en octubre de 2019 con las elecciones generales derivó en un conflicto sin precedentes, que culminó con la renuncia del entonces presidente Evo Morales y la asunción de Jeanine Áñez a la presidencia.

Así, desde inicios de siglo la etnicización del discurso político, bajo la égida del movimiento indígena campesino y sus demandas históricas, fue apropiada por el partido MAS junto a un conjunto de significados compartidos y una construcción ideológica persuasiva.

Si en el primer gobierno del MAS primó un discurso indigenista, a favor de los derechos de los indígenas, hacia fines de la segunda década, y con más énfasis durante la crisis política, se concentró en el racismo y el antirracismo. De esta manera, ser indígena y ser racializado van de la mano, pero el énfasis varía de acuerdo con el contexto.

Asimismo, se ha destacado, con base en la investigación de Zegada y Canedo (2023), que en momentos de crisis como los que se dieron en la Asamblea Constituyente, en los conflictos de 2007 en Cochabamba, en el caso de Porvenir en Pando, o en otros de esta primera etapa, cuando el partido de gobierno se sintió amenazado y consideró que el ejercicio de poder estaba en peligro, el primer argumento que emergió en autodefensa fue la estigmatización de los “otros” como racistas y la defensa de los indígenas apelando al “nosotros”. Por tanto, se dio un proceso de victimización que se centró en la condición de indígena del gobierno, que era amenazada por los opositores.

¿Qué sucedió en la crisis de 2019? De manera concreta, en el contexto de las elecciones generales que se llevaban a cabo en octubre de 2019, se dieron una serie de irregularidades que las antecedieron. La democracia estaba en crisis y peligro, principalmente por la pretensión de perpetuación en el poder del primer mandatario, Evo Morales, aquel que en 2006 había asumido la presidencia. Y a quien, por medio de un referéndum, se le había negado el derecho de reelección.

Las elecciones del 19 de octubre de 2019 se llevaron a cabo en un ambiente de desconfianza hacia el TSE y de malestar ciudadano por la repostulación ilegítima de Evo Morales. La suspensión intempestiva del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) generó susceptibilidad en la población; y a medida que los resultados parciales avanzaban y otorgaban la victoria a Evo Morales, se produjeron reacciones de protesta que implicaron la quema de oficinas electorales en algunos departamentos, vigilias y movilizaciones en contra del supuesto fraude electoral. El gobierno, con el fin de apaciguar a la población, acordó con la OEA la realización de una auditoría de las elecciones; sin embargo, la desconfianza de la población no detuvo las protestas. Otras lecturas sostenían que detrás de estas movilizaciones se escondían intereses golpistas que más adelante desencadenaron en un motín de la policía y la preocupación de las Fuerzas Armadas por la violencia, que llevó a la recomendación de renuncia al expresidente. Esto coincidió con la entrega del resultado parcial de la auditoría de la OEA, que revelaba una serie de irregularidades en el procedimiento electoral y, el mismo día, con la sugerencia del dirigente principal de la Central Obrera Boliviana (COB) al presidente Morales de que debía alejarse de la presidencia. Frente a esta sucesión de acontecimientos y una indetenible movilización y enfrentamientos en las calles, Evo Morales renunció y abandonó el país. Así se dio paso al gobierno transitorio que debía pacificar el país, garantizar la renovación total de las autoridades del OEP y velar por la realización de nuevas elecciones generales (Brockmann, 2020; Zegada y Canedo, 2023).

Si bien el discurso del racismo se había comenzado a posicionar en la agenda gubernamental como estrategia para neutralizar la amenaza opositora en los conflictos políticos después del Referéndum de febrero de 2016, se visibiliza con mucha más potencia en los 21 días de estallido poselectoral de 2019. En los episodios de enfrentamiento se evidenciaron actos de racismo cotidiano, en los que pesó el estigma de la discriminación propia de una sociedad que arrastra rasgos fuertemente conservadores y que se reavivan en medio del enfrentamiento político. Como, por ejemplo, la denuncia de una mujer de pollera que fue agredida por un grupo de motociclistas en Cochabamba, lo que causó mucha indignación. Justamente los hechos de racismo sirvieron de argumento al MAS para instalar y reforzar una narrativa que reducía las causas de las protestas opositoras a la arremetida de una derecha racista y fascista que quería dar fin al gobierno indígena, sin reparar en la complejidad de los hechos y en la presencia de otras variables y actores. De esta manera, los hechos políticos teñidos de racismo que impactaron en la opinión pública respondieron a causas políticas, la confrontación se dio en el marco de las elecciones generales llevadas a cabo en octubre de 2019; es decir, el conflicto se originó por una disputa de actores sociales y políticos en pugna en torno a la institucionalidad democrática vulnerada en el referéndum de 2016 y puesta en duda en la elección de 2019. A ella se sumaron, sin duda, los otros factores sociales y culturales; pero la narrativa que sostiene al racismo como principal motivo y factor de conflicto, basado en la victimización de indígenas y campesinos, es una explicación parcial y políticamente intencionada.

En la crisis de los 21 días se impuso la violencia y la confrontación con sectores sociales afines al MAS que salieron a las calles en defensa de Morales. Pese a que inicialmente los bloqueos eran pacíficos, al existir polos políticos enfrentados no se pudo evitar la provocación y la escalada de violencia que derivó en muertos, heridos y detenidos.

La crisis detonó porque Evo Morales se había presentado como candidato para un cuarto periodo de gobierno, con el fin de poder postularse y superar la limitación de dos únicos períodos sucesivos establecida en la Constitución Política del Estado, en 2016 el partido de gobierno promovió un referéndum en el que había ganado el NO a la modificación constitucional. Pese a este resultado, y el rechazo a la modificación constitucional, en noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional autorizó la repostulación ilimitada de autoridades electas con el argumento de que era un derecho humano individual; sin embargo, esto implicaba ir contra la soberanía popular.

Es así como la crisis política poselectoral de 2019 tenía un contexto ya de por sí difícil. Una sociedad polarizada desde arriba y desgarrada desde abajo, que se vio enfrentada a un escenario electoral ampliamente descompuesto en el marco de una desconfianza generalizada, resultado de varios años de ensañamiento por el poder, corrupción y cada vez mayores rasgos de autoritarismo, que incluso llevaron a desconocer la Constitución política del Estado que el propio gobierno de turno había promulgado antes (Salazar, 2022: 122).

Por otra parte, se agudizaron las contradicciones entre las políticas públicas del gobierno del MAS y los derechos de los pueblos indígenas en las semanas previas a la elección general, cuando ocurrió el incendio de los bosques amazónicos de la Chiquitanía. Se responsabilizó al gobierno del extenso incendio de una de las áreas más importantes de la Amazonía debido a que el presidente Evo Morales había promulgado dos disposiciones amenazantes, una que autorizaba desmontes en predios agrícolas, y la otra que legalizaba las “quemas controladas”, además de la dotación improvisada y no planificada de tierras en la zona protegida a campesinos interculturales provenientes de otros departamentos de occidente, lo que afectaba la seguridad de los bosques y territorios indígenas.

Por tanto, señala Salazar (2022), existieron factores que antecedieron al conflicto de 2019 o que lo abonaron. Entre ellos, un proceso de descomposición del gobierno del MAS que se hundiría en una contradicción cada vez más abismal entre el discurso y los hechos, y un resurgimiento, no solamente de una derecha política tradicional, sino también de la actualización de sus imaginarios conservadores, clasistas, racistas y patriarcales (p. 122).

5. Polarización política y su repercusión en el tejido social

Ahora se abordará el tema de la polarización política que ha repercutido en especial en el tejido social, como consecuencia de la crisis de 2019. Este acápite será desarrollado con base en una de las primeras publicaciones que abordaron la polarización política en Bolivia. Se trata de la primera Encuesta Nacional de Polarización (2023), en el marco del proyecto Unámonos.

Salazar señala que realizar la lectura de la crisis suscitada en 2019 es difícil, pues cuesta nombrar todo lo que pasó y significarlo sin quedar insertos y/o reducidos en una de las narrativas hegemónicas que terminan siendo instrumentalizadas por una lógica de confrontación con el poder estatal. Un elemento interesante que resalta Salazar es que estas narrativas generan un manto de opacidad sobre las principales dinámicas y formas de operar de la dominación boliviana. De esta manera, se actualizan credulidades que legitiman la reproducción de desigualdades y clivajes históricos, beneficiando a distintos intereses que, en realidad, buscan sacar provecho del clima de polarización política (Salazar, 2022: 123). A cuatro años de haber vivido el conflicto de 2019, las heridas persisten. Se continúa leyendo el evento desde uno de los polos, que no nos conduce a ninguna salida.

Con polarización política “se refiere a una situación en la que los miembros de una sociedad se dividen en dos o más grupos con opiniones políticas extremas y opuestas, lo que resulta en una falta de consenso y en una creciente tensión y hostilidad entre los grupos” (Proyecto Unámonos, 2023: 1). De esta manera, se generan polos irreconciliables y se impide la existencia de opciones en el centro.

De acuerdo con el análisis de Machaca, la polarización se expresó en las redes sociales. Ese autor señala que las elecciones de 2019 y 2020 han demarcado las posiciones políticas de uno y otro bando con características regionales, étnicas y urbano-rurales. Un elemento particular de este momento fue que gran parte de la conflictividad se manifestó en el internet, a través de las redes sociales virtuales, que generaron una gran oportunidad para la conversación pública, donde, si bien en ocasiones pudieron emerger conversaciones democráticas que implicaban reconocimiento de los derechos del otro, información de calidad y argumentación, se observó lo contrario: ofensas, desinformación, discursos de odio y racismo (Machaca, 2022: 369). Asimismo, la desinformación no ayuda y más bien colabora con la polarización. En los procesos electorales, la difusión deliberada de información falsa empobrece el debate público, hace más difícil que los ciudadanos ejerzan su derecho a recibir información de diversas fuentes y es un obstáculo para la participación de las decisiones democráticas (Magallón, 2019, en Machaca, 2022: 376).

Siguiendo la primera encuesta nacional de polarización, a diferencia de los conflictos que pueden manejarse a través del diálogo y el consenso, la polarización lleva a pensar que cualquier intento de diálogo o búsqueda de consenso es una derrota y una señal de traición al grupo al que se pertenece. En este sentido, las lógicas maniqueas de la polarización afectan al tejido social:

Características como las diferencias ideológicas, culturales o sociales de una sociedad se convierten en marcadores identitarios necesarios en una sociedad polarizada, llevándonos a la falacia de creer que son estas, nuestras diferencias las que en verdad nos han dividido, cuando ha sido la fuerza centrífuga de la polarización la que lo hizo (Proyecto Unámonos, 2023: 1).

Una de las formas más peligrosas, difíciles y profundas en las que la polarización aísla a las personas es la manera en la que puede alterar los lazos sociales. Si la diferencia se convierte en algo imposible de tolerar y de sostener socialmente, el tejido social comienza a debilitarse. Los datos de la encuesta señalan que el 19.09 % afirma haber cortado lazos con familiares, amigos o colegas por su postura política referente a la crisis de 2019-2020. Por lo que 2 de cada 10 bolivianos han pagado un precio personal muy alto por la violencia política (Proyecto Unámonos, 2023: 14). Este no es un dato menor, pues muestra cómo la política ha invadido y debilitado la convivencia entre personas allegadas.

El temor al enfrentamiento violento con otras personas suele estar anclado en alguna experiencia propia o cercana de violencia relacionada con la política. En la encuesta se puede observar que un 24 % admite haber insultado o haber sido insultado por temas políticos en redes sociales y 33 % afirma que alguna vez han sido agredidos usando como insulto la palabra “masista”, que hace referencia a los seguidores del partido del MAS, o “pitita”, que alude a los ciudadanos que salieron en protestas y que realizaron los bloqueos, el impedimento del paso con lazos, pitas ‒de ahí el denominativo que el entonces presidente Evo Morales les dio, y que se convirtió desde entonces en un insulto, producto de la polarización‒ (Proyecto Unámonos, 2023: 16; Página Siete, 2019).

Por otro lado, algo preocupante es que la polarización produce efectos psicosociales a consecuencia de la violencia política, y los datos señalan que el 63 % recuerda los hechos de 2019-2020 con miedo, 58 % con rabia. No se trata únicamente de las emociones que se sintieron en ese entonces, ya que aún hoy 40.8 % tiene miedo a lo que les pueda pasar personalmente por el alto nivel de racismo e intolerancia política en el país, y 48 % cree que Bolivia corre el riesgo de dividirse. La mitad del país siente miedo tanto cuando recuerda el pasado como cuando piensa en el futuro (Proyecto Unámonos, 2023: 18). Aquí queda una tarea pendiente del Estado y de la sociedad en su conjunto, la de generar elementos comunes a todos los bolivianos, de forma tal que se devuelva la confianza de que se puede hallar una solución que no suponga el camino de la violencia, el enfrentamiento y la división.

Cuando la polarización se instala, se simplifica la realidad y se tergiversa su complejidad. Por tanto, ocasiona que quienes se sientan identificados con las posturas e identidades de alguno de los polos tengan la sensación de estar solos o de ser una minoría insignificante. Es decir, todos toman una postura en uno de los polos y quienes no lo hacen, se sienten relegados. No identificarse con uno de los polos constituye una decisión que conduce a la invisibilización de las propias ideas y la realidad de quienes no se sienten identificados por los discursos polarizantes (Proyecto Unámonos, 2023: 22).

Otro dato de la encuesta que llama la atención es que cerca de la mitad de los encuestados, un 41.6 %, no se siente representada ni por discursos del gobierno central ni por los de su gobierno regional, es decir, está en un estado de orfandad política, puesto que ninguno de los discursos la interpela (Proyecto Unámonos, 2023: 23). Este dato refleja la pérdida de credibilidad tanto del gobierno central como de los gobiernos regionales. Además, tiene que ver con la oposición que se ha generado entre ambos, especialmente del gobierno central con algunas gobernaciones que responden a fuerzas opositoras.

Un efecto invisibilizador de la polarización consiste en proponer narrativas que se convierten en ejes cohesionadores de las identidades polarizadas. Por este motivo, quienes han adoptado alguna de las identidades polarizadas deben defender estas narrativas como verdades absolutas mutuamente excluyentes y en pugna. Tal como se ve en los datos, la opinión pública se ha dividido casi por la mitad cuanto se trata de tomar una postura en el debate golpe vs. fraude. Ante la pregunta si en 2019 se produjo un golpe de Estado, un 45.53 % responde que sí lo hubo y casi un porcentaje similar, 44.80 % considera falsa esta narrativa.

Fuente: elaboración propia con base en datos de Proyecto Unámonos, 2023, p. 26.

Fuente: elaboración propia con base en datos de Proyecto Unámonos, 2023, p. 26.

De igual forma, ante la pregunta de si en 2019 hubo un fraude electoral, casi la mitad de los encuestados, un 49.48 %, respondió que sí, frente a un 39.78 % que considera falsa esa afirmación (Proyecto Unámonos, 2023: 26 y 27). Estas narrativas no se refieren a la preponderancia de una sobre otra, sino a la división que refleja una polarización, e invisibilizan a un grupo importante de personas que hacen matices al respecto o que no creen en ninguno de los dos relatos.

De acuerdo con la encuesta: “Uno de los efectos más perniciosos de la polarización es la radicalización política de algunos sectores de la población”. Se entiende radicalización como el proceso mediante el cual las personas tienden a interpretar que quienes no comparten sus ideas, creencias y posturas son personas muy diferentes a ellos mismos, lo que por lo tanto ayuda a justificar la exclusión, la violencia y hasta la deshumanización de quienes piensan diferente (Proyecto Unámonos, 2023: 22). Sin duda, cuando se da la polarización, esta se basa en elementos construidos y exacerbados que no tienen total asidero en la realidad. Tiene que ver mucho con la interpretación que se les da a los hechos y con las posturas ideológicas que se creen irreconciliables y justifican el uso de la violencia y la marginación.

Frente a este panorama, sin embargo, la encuesta arroja un dato interesante. A pesar del énfasis que puso el gobierno del MAS en las identidades étnicas y que en la crisis de 2019 jugó un papel como frontera, dividiendo entre indios y q’aras (blancos), llama la atención ‒según la encuesta‒ que el 83 % de los encuestados pone en primer lugar su identidad boliviana. Es decir, la primera autoidentificación es la boliviana. Solo el 8 % y el 5 % de los bolivianos antepone su identidad regional o étnica a su identidad boliviana, respectivamente (Proyecto Unámonos, 2023: 2). De alguna manera, este dato señala que hay elementos en común bajo la identidad boliviana que dan pistas de que se pueden tender puentes.

Uno de los pilares de la democracia es la protección de la diversidad y la libertad de pensamiento. La diversidad debe ser gestionada para que no se convierta en un óbice para la cohesión social, al contrario, debe vérsela como una de las grandes fortalezas de la democracia. Cuando no se logra la administración de la diferencia, la divergencia de pensamiento se convierte en una amenaza, puesto que lleva al aislamiento y a buscar estar a buen resguardo (Proyecto Unámonos, 2023).

Conclusiones

Los cambios políticos ocurridos desde el inicio del nuevo siglo han promovido que el sujeto indígena y su presencia sean nodales en las transformaciones de la nueva Constitución y el nuevo Estado plurinacional. Esto, sumado al ascenso del MAS al poder, ha reavivado la identidad étnica cultural, pues el “primer presidente indígena” llegaba al poder. Se ha producido un énfasis y realce de la identidad junto a los elementos simbólicos que han rodeado el ascenso político. A la vez, produjo la confrontación con una oposición política.

Hemos visto que el conflicto y la disputa política se dieron con especial énfasis, motivados por la insistencia del partido de gobierno de conseguir que Evo Morales fuera a la cuarta elección para permanecer en el poder. Ocurrió una situación de polarización con la reacción de quienes no estaban de acuerdo con esta pretensión. Y de parte del partido de gobierno, la utilización del discurso del racismo y antirracismo resultó útil para estigmatizar al otro como racista. La demarcación de la alteridad como el otro totalmente distinto.

El otro representaba al enemigo, al racista que “odia al indio”. La racialización del discurso se hacía en momentos en los que la hegemonía se veía en peligro y tenía un resultado eficaz, pues lograba que se diera el antagonismo político y social.

Sin embargo, como se ha señalado, la realidad es mucho más compleja, tiene muchos más matices y rebasa los discursos políticos. Tanto en las contradicciones políticas producto del Referéndum de 2016 y el conflicto de 2019, el discurso que recaía en el odio al indio supuso la demarcación de fronteras, a un lado los indígenas, pobres, humildes, víctimas de discriminación, y al otro lado el blanco, racista, fascista, derechista, discriminador. Las narrativas construidas en torno a la crisis de 2019, de si lo que se dio fue “fraude” o “golpe de Estado”, solo buscan reforzar algunos de los polos de confrontación discursiva instalados en el ámbito público. Sin embargo, son inertes, pues tienden a simplificar la realidad en dos visiones ideológicas mutuamente excluyentes, que solo corroen el tejido social y no lleva al país a ningún lado. Con estas posiciones polarizadas, no se ve un horizonte común que se pueda construir y al cual dirigirse.

De hecho, la crisis de 2019 ocasionó fisuras sociales y sobre todo políticas que no han logrado entrar en una fase de resolución o no han trascendido el antagonismo marcado por la relación oficialismo versus oposición.

El discurso y los dispositivos utilizados tuvieron efectos perniciosos, puesto que dividieron y polarizaron a la población. La encuesta sobre polarización así lo demuestra. Sin embargo, también da señales de que los bolivianos pueden encontrar elementos en común que les permitan la convivencia. El hecho de que gran parte de los encuestados se identifique preponderantemente como boliviano, da pistas de que se pueden tender puentes y de alguna manera, salir de una polarización estéril, que lo único que hace es desgarrar el tejido y la cohesión social.

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