Propuesta analítica para pensar
la representación social y mediática de las víctimas de desaparición en México

Darwin Franco Migues

Tenemos que construir una memoria colectiva frente a las desapariciones porque si no lo hacemos, los poderosos (el Estado) vendrán a decirnos que esto no pasó… que no fue cierto (Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera, desaparecido de manera forzada, el 11 de enero de 2011 en San Nicolás de Los Garza, Nuevo León).

Introducción: la grave crisis de derechos humanos que se repite a diario en México

Aunque están aquí eternamente presentes, es poco lo que se habla de las y los desaparecidos en México, pues para muchos –incluyendo al Estado– resulta ínfimo conocer quiénes son las 90.196 personas que actualmente están desaparecidas. Todos ellos, mujeres, hombres, adultos, jóvenes y niños, que un buen día vieron coartado su derecho humano a la libertad en el marco de una fallida estrategia de seguridad que comenzó el 11 de diciembre de 2006, cuando el entonces presidente de México, Felipe Calderón, realizó una declaración de “guerra” contra todos los grupos del narcotráfico que operaban en el país.

En el marco de esta estrategia ha sido la sociedad civil el sector más vulnerado y violentado en sus derechos humanos, pues en México, entre 2006 y 2021,^[2] han sido asesinadas 348.879 personas (SESNSP, 2021);^[3] 89.599 han sido desaparecidas (RNPDNO, 2021) y 347.69 son víctimas de desplazamientos forzados (CMDPDH, 2020).^[4] (Ver Gráfico 1).

No obstante estas alarmantes estadísticas, el Estado mexicano, durante tres administraciones, a saber, las de Felipe Calderón (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018 a la fecha), ha negado de manera sistemática la existencia de una crisis de derechos humanos e, incluso, ha reiterado en diversas ocasiones ante organismos internacionales, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en el país existe un marco de derecho que garantiza el goce y el respeto de todos los derechos humanos.

En contraparte, estos mismos organismos han señalado que en México se cometen de manera sistemática violaciones a los derechos humanos que han derivado en la comisión de delitos de lesa humanidad, tales como: asesinato, tortura, desaparición forzada, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.

El artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (suscrito por México desde enero de 2006) define crimen de lesa humanidad como: “un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. El mismo estatuto precisa que este ataque es “una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos […] contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización para cometer ese ataque” (CPI, 2002, p. 3), lo cual hace evidente que los crímenes de lesa humanidad pueden ser perpetrados tanto por fuerzas gubernamentales como por grupos armados organizados (Open Society Justice Initiative, 2016).

Algunos de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en México, conforme los principios internacionales en materia de derechos humanos, son: la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero; la ejecución extrajudicial de 15 civiles a manos del Ejército mexicano sucedida en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014; las “violaciones graves” sufridas por 49 migrantes localizados sin vida en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012; la desaparición, tortura y homicidio también cometidos contra 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, entre el 22 y 23 de agosto de 2010. Esto por citar algunos de los casos que más connotación social y mediática cobraron en los últimos años.

Hay que recordar que los crímenes de lesa humanidad son delitos que no prescriben ni tampoco pueden ser sujetos a ningún tipo de amnistía o inmunidad legal, y en los cuales no solo se tiene que juzgar y consignar a los autores materiales, sino a todos aquellos que hubiesen participado en la comisión del delito, principalmente a los responsables superiores jerárquicos que por acción, omisión, inacción o colusión tuvieron vinculación con los hechos. A la fecha, todos los crímenes señalados como de lesa humanidad permanecen impunes.

A este adverso panorama habría que incorporar también que México es uno de los países en el mundo donde mayor riesgo se corre si se defienden los derechos humanos y la libertad de expresión, ya que en los últimos 11 años han sido asesinados en el país 127 activistas o defensores de los derechos humanos (Red TDT, 2017); a la par, han perdido la vida 133 periodistas y 24 están actualmente desaparecidos (Artículo 19, 2020).

A pesar de que existe una Ley de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas,^[5] y un Mecanismo de Defensa y Protección que se desprende de esta misma ley, estos crímenes no solo están impunes, sino que además en la mayor parte de ellos no se vincula el activismo o el ejercicio periodístico como una de las posibles causas de dichas muertes o desapariciones.

El último informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que recupera las violaciones a los derechos humanos en México durante 2019, instancias públicas como la Fiscalía General de la República (PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la extinta Policía Federal son quienes más fueron denunciadas por delitos de lesa humanidad y actos de tortura; sobre las personas víctimas de estos delitos se señala que su promedio de edad oscila entre los 16 y 29 años de edad.

Ser joven y desaparecer en Jalisco, México

Javier Salomón Aceves Gastélum (27 años), Marco Francisco García Ávalos (20 años) y Jesús Daniel Díaz García (20 años), todos estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV), fueron desaparecidos el 19 de marzo de 2018 en el municipio de Tonalá, Jalisco. Su desaparición generó una serie de inéditas manifestaciones en Jalisco, lo cual propició que la sociedad civil rebautizara la Glorieta de Los Niños Héroes^[6] como Glorieta de las y los Desaparecidos de Jalisco.

El perfil de una persona desaparecida en México es un joven entre 14 y 29 años, de clase media o baja que, regularmente, vive en las periferias de las zonas conurbadas.

Ilustración 1

Foto: Darwin Franco (23 de abril de 2018).

En México, oficialmente, se reconoce la existencia de 90.196 personas desaparecidas; en esta última actualización, el foco de este artículo se centrará en la desaparición de 36.166 jóvenes, que corresponden al 40 por ciento del total de desapariciones en el país; de estos jóvenes desaparecidos, 25.235 son hombres, 10.786 mujeres y 145 de los que se desconoce su sexo.^[7] (Ver Gráfico 2).

Esto significa que en México la generación nacida entre 1991 y 2014 se ha convertido en la principal víctima de desaparición; estados como Jalisco (5.282 desapariciones), Tamaulipas (4.190), Estado de México (3.760), Nuevo León (2.178), Sinaloa (2.064), Michoacán (1729) y Sonora (1625) concentran el 57 por ciento de todas las desapariciones de hombres y mujeres jóvenes del país.

¿Por qué o, mejor dicho, para qué se desaparece a los jóvenes en México?

Las aristas no solo son complejas sino también múltiples y dependen de diversos factores, como: 1) la zona en donde ocurre la desaparición; 2) el género del desaparecido; 3) las autoridades que gobiernan en ese estado o municipio, pero sobre todo, 4) el grupo de la delincuencia organizada que domina el territorio donde un hombre o mujer joven fueron desaparecidos; no porque los jóvenes tengan vinculación con el narcotráfico, sino porque son las actividades delictivas del crimen organizado las que generan y propician las desapariciones en la mayoría de los casos con la colusión de las autoridades municipales, estatales y federales.

Buscaré explicar esto en el estado donde he dedicado más de siete años a investigar las desapariciones: Jalisco.^[8]

Este estado es dominado y controlado a través del terror por el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)^[9] desde 2007. Este grupo criminal –que surgió, creció y se consolidó en plena “guerra contra el narcotráfico”– posee un dominio territorial sectorial; es decir, tiene encargados regionales que realizan no solo las tareas de control, sino también las de producción y trasiego de droga, principalmente metanfetamina.

Este control incluye la protección del territorio de grupos rivales, las relaciones de colusión y corrupción que se establecen con autoridades estatales y municipales, y la comisión de delitos como extorsión, desaparición y homicidios.

A lo largo de las 13 regiones geográficas en las que se divide Jalisco, el CJNG ha logrado diversificar tanto sus actividades ilícitas que la mano de obra que requieren para funcionar como la maquinaria transnacional que son resulta incuantificable. Esta sería una explicación del porqué son los jóvenes, más que cualquier otra población, a quienes más se les desaparece; su fuerza laboral es para esta organización criminal un bien invaluable que se requiere para 1) el funcionamiento de la trata de blanca y el comercio sexual; 2) la siembra de marihuana o amapola; 3) la producción química de drogas sintéticas; 4) el trasiego de la droga; 5) las labores de sicariato (vigilante) dentro y fuera del territorio dominado; y 6) la extracción ilegal de minerales, principalmente hierro, para ser intercambiados en el mercado negro por los precursores químicos que el cártel utiliza para elaborar metanfetamina.

Existe, sin embargo, una última desaparición que implica la deshumanización del cuerpo y la disolución de la dignidad humana como si se tratasen, las y los desaparecidos, de cuerpos desechables en el marco de una “economía de muerte” (Mbembe, 2011), economía donde las personas: “ya no se conciben como seres irreemplazables, inimitables e indivisibles, sino que son reducidas a un conjunto de fuerzas de producción fácilmente sustituibles” (p. 15), ya sea que se usen como fuerza laboral forzada o como estafetas de un mensaje de terror y poder.

A continuación, se presentan algunas historias^[10] que dan cuenta y, a la vez, confirman la desaparición de jóvenes en Jalisco para el trabajo y esclavitud forzada en el marco de una economía de muerte impulsada por prácticas de necropolítica y “capitalismo gore” (Valencia, 2016).

Juan, de 19 años, es originario de la región serrana de Jalisco. Sus labores cotidianas se dividían entre el negocio familiar y sus estudios hasta el día en que fue desaparecido, junto con otros jóvenes, en el municipio de San Gabriel.

Él permaneció poco más de tres años en grandes sembradíos de amapola que el CJNG posee en la serranía jalisciense hasta el día en que una distracción en sus captores le permitió escapar. Corrió durante tres días, vivió trepado en la copa de un árbol otros dos; tenía miedo de ser descubierto, ya que sabía que la muerte era lo que le esperaba; así les pasó a otros jóvenes que pelearon por su libertad dentro de esos campos de trabajos forzados. Hoy sus cuerpos están en las fosas clandestinas que alguna vez Juan tuvo que cavar para enterrar a quienes, como él, solo fueron desaparecidos para satisfacer la producción de amapola de la organización criminal.

Otra historia de terror fue la que vivió Luis, 21 años, quien acudió a una cita de trabajo en el municipio de Tala. La falta de oportunidades y de recursos lo hizo trasladarse a este municipio para obtener el empleo que le permitiría seguir estudiando. Todo pintaba bien, el empleo era atractivo y se lo habían otorgado; el problema surgió cuando le dijeron que antes de regresar a casa lo llevarían a conocer “la empresa de seguridad” que lo acababa de contratar; él aceptó ir y fue ahí cuando se le desapareció.

Estos empleos como guardia de seguridad resultaron ser la fachada para los campos de adiestramiento forzado que el CJNG posee en diversos puntos de Jalisco; ahí llegan decenas de jóvenes para ser entrenados en el manejo de armas y convertirse, así, en la primera línea de choque que el cártel usa en su combate contra grupos enemigos o contra elementos del Estado. La amenaza directa es que si no hacen lo que les dicen asesinarán a su familia.

Luis sabía que les había entregado todos los datos para localizar a su familia cuando se presentó en la supuesta entrevista de trabajo. Más de dos años vivió siendo un sicario a las órdenes de la organización criminal; como él, muchos otros jóvenes eran obligados a matar y desaparecer. Sus vidas y cuerpos eran desechables para el cártel. Son la necropolítica (Mbembe, 2011) y el capitalismo gore (Valencia, 2016) en su máxima expresión, aunque aquí no se trata de un poder soberano, sino un poder fáctico que

concibe a los cuerpos como productos de intercambio que alteran y rompen las lógicas del proceso de producción del capital, ya que subvierten los términos de éste al sacar del juego la fase de producción de mercancía, sustituyéndola por una mercancía encarnada literalmente por el cuerpo y la vida humana, a través de técnicas predatorias de violencia extrema como el secuestro, el asesinado por encargo (Valencia, 2016, p. 25).

La historia de Luis se inscribe en estas lógicas de muerte que la filósofa Sayak Valencia (2016) ha construido para explicar que hoy en día México está subsumido en un proceso de “narcoempoderamiento”, donde lo que transforma todo contexto o situación no es la posibilidad de acción o autopoder, sino el alto grado de vulnerabilidad y/o subalternidad que se configura a través de “acciones distópicas y de auto-afirmación perversa logradas por medio de prácticas violentas” (p. 31). El narcopoder como una de las máximas expresiones de un capitalismo gore donde “la muerte se ha convertido en el negocio más rentable” (p. 26).

El caso de Joaquín, de 18 años, refleja de manera clara este narcoempoderamiento, ya que fue víctima de la barbarie que impera en las lógicas del narcopoder. A él no se le desapareció para forzarlo a realizar ningún trabajo, solo se le desapareció para utilizar su cuerpo como mensaje. Días después de que él y sus compañeros, todos trabajadores de la construcción, fueran desaparecidos de la colonia San Juan de Ocotán en Zapopan, sus cuerpos torturados fueron hallados sin vida, el 24 de noviembre de 2011, debajo de la obra escultórica “Los Arcos del Milenio”, ubicada en la ciudad de Guadalajara. Su desaparición y muerte solo se redujo a ser el medio para que Los Zetas^[11] mandaran un mensaje en contra del CJNG.

Esta violencia “fantasmagórica, ilocalizable y difusa” que opera desde lo que Rossana Reguillo (2011) ha denominado la “narcomáquina”, dispositivo de violencia que apuesta por la disolución de lo humano a través del ejercicio constante del miedo y el terror que se ejerce desde el crimen organizado, es, lamentablemente, una de las constantes que más acecha a los jóvenes tanto en Jalisco como en todo el país. Juan, Luis y Joaquín son víctimas de esta narcomaquinaria que hace difícil entender el origen real de esta violencia, pues no es posible ejercer el narcopoder, como sostienen Reguillo y Valencia, sin la vinculación o colusión de la maquinaria institucional que dadas las condiciones históricas de la primera (la narcomáquina) terminan haciendo casi siempre nebulosa la diferenciación entre la violencia criminal y la violencia política (Robledo, 2016).

Esta narcomaquinaria y su necropolítica no solo definen qué cuerpos son desechables, sino que también deciden cuáles podrían ser reutilizables y bajo qué condiciones podrían serlo, ya sea para ser el medio de un mensaje de terror o para formar parte de la red de trata de personas que, igualmente, es operada por los diversos cárteles del narcotráfico en sus territorios.

Ana, de 16 años, solo fue desaparecida porque “era muy bonita”, eso le dijeron sus captores. Pasó varios meses en casas de seguridad del CJNG para luego ser trasladada a diversos burdeles que el mismo cártel opera. Ana tardó cuatro años para pagar su libertad. En México, existen 8.798 mujeres desaparecidas; 5.034 (el 57 por ciento) son jóvenes que, como Ana, podrían ser una de las 21.000 mujeres que cada año son víctimas de trata (HIP, 2017).

Las historias aquí descritas podrían seguir, pues lo que pasa en Jalisco forma parte del modus operandi de la mayoría de grupos criminales de México. Además, es parte de las políticas y estrategias económicas transnacionales de producción y tráfico de drogas en las cuales, como sostiene Valencia (2016), se generan estados de excepción donde el capitalismo gore –lado b del modelo neoliberalismo– usa la violencia como principal articulador del poder y el terror causado no solo a los cuerpos violentados (las víctimas) y a los cuerpos como medio de expresión de la violencia per se, sino también sobre aquellos cuerpos que se conciben como mercancías a las cuales se les puede desaparecer, asesinar o intercambiar con fines económicos y de control territorial.

De ahí que la desaparición, pilar analítico de este texto, sea un delito que se emplea como una estrategia de terror, pero también como una forma moderna de esclavitud donde los jóvenes son las principales víctimas, ya sea por su fuerza laboral o por su capacidad de ser moldeable, utilizable y reutilizable en la infinidad de delitos que los cárteles del narcotráfico controlan dentro y fuera de México.

La imperante necesidad de conceptualizar los términos desaparición y desaparecido

La desaparición, en términos jurídicos, es un delito que consiste en “el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad”; de hecho, en la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas se precisa que este delito puede ser “obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”, y que sin importar cuál sea el caso se considera que existe una desaparición cuando se da “la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley” (ONU, 1993, p. 1).^[12]

En este sentido, aunque rayemos en la obviedad, es necesario decir que ninguna persona desaparece sola; sino que la desaparecen y, en consecuencia, es la víctima de un delito, no solo alguien que padece una condición de ausencia o no localización, como generalmente señalan el Estado mexicano y sus diversos órganos de gobierno. Por tanto, a alguien se le puede considerar como desaparecido o desaparecida cuando, producto de una acción violenta y violatoria de sus derechos humanos, una persona o un grupo de ellas de manera premeditada deciden privarla de su libertad. En este sentido, la desaparición constituye un delito que no solo es permanente, sino que se prolonga cada día en que la persona está desaparecida; por ello, es imprescriptible y, como precisa Ferrándiz (2010), supone per se “la indefensión jurídica absoluta de las víctimas” (p. 165).

Gran parte de este reconocimiento jurídico internacional sobre la desaparición y la desaparición forzada se lo debemos a la lucha, denuncia y organización de colectivos de familiares de detenidos-desaparecidos^[13] que denunciaron de manera sistemática la comisión de este delito, principalmente, en el marco de las dictaduras militares de América Latina^[14] en países como Argentina, Brasil, Chile y Guatemala, por citar algunos de los casos que fueron llevados ante la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU.

La desaparición, en cuanto delito, genera una serie de obligaciones al Estado en que sucedió y sigue ocurriendo la desaparición, ya que este es la autoridad responsable de generar las políticas y estrategias para generar y llevar a cabo acciones que propicien: 1) la no comisión del delito de desaparición; 2) la investigación del delito para dar con el paradero de los responsables directos e indirectos; 3) la dictaminación de las sentencias para castigar a quienes cometieron este delito; y lo más relevante, 4) la localización con vida de las personas desaparecidas; si la localización no se diera de esta manera, el Estado también tiene la obligación de localizar el cuerpo o los restos de las personas desaparecidas para entregarlos de manera digna a sus familiares.^[15]

Esta serie de conceptualizaciones de orden jurídico-político siempre deberían estar acompañadas de disertaciones sociopolíticas y sociohistóricas que sitúen a la desaparición y a los desaparecidos en marcos contextuales y de significación que permitan entender no solo por qué desaparecen (como se explicó líneas atrás en el caso de la desaparición de jóvenes en Jalisco), sino también cuáles son las representaciones sociales (e, incluso, mediáticas) que se utilizan para significar, nombrar y representar tanto a la desaparición como a las y los desaparecidos; esto es relevante porque cada víctima de desaparición tiene derecho a que se respete su dignidad e integridad personal pero también porque cada momento histórico y cada contexto otorgan un matiz específico a la desaparición tanto en términos sociopolíticos como socioculturales, pues la connotación –a veces un tanto genérica– que se tiene de la desaparición y el desaparecido en los tratados y legislaciones internacionales de derechos humanos corresponden a un tipo de desaparecido que ya no está englobando todas las formas actuales de desaparición, las cuales, alejadas de la denominación detenido-desaparecido, dan cuenta de otro tipo de desapariciones orquestadas desde la criminalidad y el narcotráfico (Dulitzky, 2017); tal como ocurrió en los años ochenta en Colombia y como actualmente se manifiesta con fuerza y terror en México.

Al respecto, Carolina Robledo (2016) es clara al pensar que la desaparición y los desaparecidos no deben desanclarse de la vida social que los contiene porque es en este marco de referenciación que se asientan las acciones que a diario sus familias hacen tanto por su búsqueda como por el deseo de justicia, que se expresa no solo en la construcción de sus dispositivos de memoria (Souza, 2018), sino también en la lucha jurídico-política y político-social que realizan para que se reconozca la existencia del delito, la inocencia de su ser querido desaparecido y la incapacidad del Estado para hacer frente a esta crisis humanitaria.

Gabriel Gatti (2017), uno de los principales teóricos de la desaparición en América Latina, precisa la relevancia de crear una genealogía conceptual para establecer qué se quiere decir cuando se habla de desaparición y qué cuando se nombra a una persona como desaparecido o desaparecida. En su revisión sociohistórica de ambos términos, y apoyándose de Mahlke (2017), establece que “el tipo ideal” de desaparecido no solo atraviesa una fase jurídico-penal, sino también criterios estéticos, psicoclínicos, políticos-sociales y sociohistóricos, a los cuales más tarde añadiré la denominación mediática.

Lo estético se refiere a las representaciones universales con las que se significa a la desaparición, al desaparecido y a los dolores que ambos hechos generan en sus familias; las imágenes de madres que portan los rostros de sus seres queridos desaparecidos en sus pechos es, quizá, una de las representaciones más potentes, como también lo son las fichas de búsqueda que con la leyenda “desaparecido” se pegan en plazas públicas o se distribuyen de manera masiva en redes sociales digitales como Facebook o Twitter (Franco, 2016).

Lo psicoclínico hace referencia a las formas de materialización psicosocial y psicoemocional que propicia el duelo inacabado, la ruptura del proceso biográfico y la fragmentación de la vida cotidiana que se gestan tras la desaparición. Aquí, la condición de víctimas y su empoderamiento (en contraposición directa del narcoempoderamiento del que hablamos líneas atrás) es el criterio analítico para pensar el trastrocamiento y los efectos que “persisten en los sobrevivientes y en su entorno social, inscribiendo el dolor en campo de disputas y relaciones de poder en el que es posible hallar formas de solidaridad y también prácticas de estigmatización y rechazo público” (Robledo, 2017, p. 21).

Este proceso está íntimamente conectado con lo político-social, que corresponde al espacio de articulación de la movilización que produce el reconocimiento público de la ausencia, pero también del no acceso a la justicia. En este sentido, Judith Butler (2006) ha analizado la distribución del valor de las vidas perdidas o ausentes en los espacios públicos, sobre las cuales existen formas de organización social donde “el carácter desestabilizador y democratizador del duelo” ayuda a visibilizar tanto la tragedia como el dolor que esta gesta (p. 45).

En este sentido, las miles de manifestaciones públicas de las familias de las y los desaparecidos en México constituyen acciones no solo de exigencia pública, sino también de memoria, ya que su incidencia no acaba en la visibilización pública que da cuenta de la existencia de las desapariciones, sino también de las causas sociohistóricas que las están provocando; de ahí que el componente sociohistórico sea clave para pensar en las causas vinculadas a la comisión de este delito. En el pasado (aunque esto sigue manifestándose en el presente), la mayor parte de las desapariciones que se generaron en México entre los años sesenta y ochenta tenían componentes político-ideológicos, es decir, a las personas las desaparecía, principalmente, el Estado mexicano por considerar que sus acciones y pensamientos políticos constituían un riesgo para el orden político establecido.

En el periodo conocido como “La Guerra Sucia”, que abarcó las décadas de los sesenta y setenta en México, se tiene conocimiento de 532 casos de desaparición forzada (CNDH, 2001), aunque de estos, la autoridad solo confirmó su participación en los hechos que violentaron los derechos humanos de 275 personas que fueron víctimas de detención, interrogatorios y eventual desaparición forzada por parte de elementos del Estado mexicano. Pese al reconocimiento oficial, no existe ningún tipo de condena por estos actos.

El actual escenario sociohistórico que ha propiciado la desaparición de 61.637 personas en México se caracteriza por la presencia y dominio del crimen organizado, factor decisivo para pensar las desapariciones como una estrategia de terror, pero también a las y los desaparecidos como víctimas de una violencia que se inscribe en el marco de una guerra contra el crimen organizado, cuyo crisol no se ubica necesariamente en un campo político-ideológico, sino en un escenario de necropolítica donde “la violencia es el negocio más rentable” (Valencia, 2016). Esto es así pues se desarrolla dentro de un entramado de relaciones donde el narcopoder y el narcoempoderamiento son operados por una narcomáquina (Reguillo, 2011), la cual –como ya precisamos– es un dispositivo de violencia que apuesta por la disolución de lo humano a través del ejercicio constante del miedo y el terror que se ejerce desde el crimen organizado en colusión directa con elementos del Estado.

Los desaparecidos, al menos en el México actual, son el resultado de la mercantilización del cuerpo y los cuerpos donde las violencias utilitarias y expresivas, como sostiene Reguillo (2011), concatenan toda violencia social y simbólica al crear lógicas utilitarias donde “se mata por matar” o “se desaparece por desaparecer” siempre y cuando el fin –principalmente económico– lo permita y justifique, pues las personas no son vistas como humanos, sino como meras mercancías que pueden ser desechables o reutilizables según convenga a la actividad criminal, lo cual es factible por la existencia de

un complejo sistema de persecución de ganancia que, sin embargo, permanece oculta, cifrada o escondida como un elemento residual en el mensaje que se entrega a través de los miles y miles de cuerpos rotos que acumula la guerra contra el narco (p. 31).

Aseveración que tiene sintonía con los conceptos de necropolítica y capitalismo gore de Mbembe (2011) y Valencia (2016), respectivamente.

Si sustraemos, conceptualmente hablando, a la desaparición y al desaparecido de la vida social que los contienen, resultará muy complicado entender por qué se comete dicho delito, pero, más importante aún, qué factores hacen que este se sostenga por largos periodos de tiempo y bajo marcos socioinstitucionales que parecen generar las condiciones para que las personas desaparezcan en flagrancia y con total impunidad.

A la vez, al minimizar esta densidad social lo que se pierde también es la crisis humanitaria que se gesta tras una desaparición y la cual, como sostiene Gatti (2017), es “una catástrofe social” porque implica la desestabilización no solo de la estructura y el tejido social, sino también de las relaciones humanas que ahora reconfiguran la presencia con la ausencia, la vida con la muerte, todo a través de narrativas donde el presente no puede mezclarse del todo con el pasado porque el desaparecido es una persona que no está ni viva ni muerta: está desaparecida, y es esta incapacidad de tener certeza lo que incide en la generación de duelos inconclusos, aunque, paralelamente, en luchas por la memoria, la paz y la justicia que se sostienen en una esperanza de búsqueda situada en el ver regresar a su ser querido, ya sea vivo o no, tal como sostiene Mirna Nereyda Medina,^[16] líder del colectivo Las Rastreadoras de El Fuerte, formado por familiares de desaparecidos que en el norte de Sinaloa realizan dos veces por semana búsqueda de “tesoros” desaparecidos.

Ellas llaman “tesoros” a las y los desaparecidos que el crimen organizado ha enterrado en fosas clandestinas; los denominan así porque identifican que cada uno de ellos es lo más preciado que tiene una familia y que localizarlos, entre tanta barbarie, es similar a quien encuentra un tesoro bajo tierra; así lo explica Myrna:

Mi vida ahora es buscar. Las Rastreadoras ya no tenemos vida: esta es nuestra vida. Nosotros no somos solo un grupo, somos una familia y a esta familia aún le hacen falta muchos tesoros. Yo vengo a las búsquedas para encontrar tesoros, así lo hago cada miércoles y domingo porque esta es mi vida. Yo encontré a Roberto, mi hijo, pero me hacen falta los tesoros de mis compañeras… Mi Roberto es de ellas y míos son cada uno de sus tesoros, y hasta que no los encontremos a todos yo no dejaré de buscar. Buscar es ahora mi vida.^[17]

Por lo tanto, al hablar de desaparición y al situar al desaparecido no se puede ni se debe obviar el contexto (estético, psicoclínico, político-social y sociohistórico) en el que se le desapareció, porque es ahí donde reside la clave analítica para entender este lamentable hecho no solo como un delito (que es y seguirá siendo), ni tampoco como una condición (el desaparecido es y seguirá siendo una víctima de la violencia), sino como una terrible expresión de un momento social en donde el poder del Estado o de la narcomáquina establecen criterios de exclusión en los que la necropolítica actúa haciendo más vulnerables y tortuosas las vidas de unas personas por sobre otras; propiciando esquemas de terror que, como en el caso mexicano, tienen a los jóvenes como sus principales víctimas.

La cuádruple desaparición: propuesta analítica para analizar la representación social y mediática de las víctimas de desaparición en México

Al comienzo de este artículo, precisé que una víctima de desaparición en México no desaparece una sola vez, sino cuatro; la primera de ellas, no solo es la principal, es también la más dolorosa de las desapariciones: la física, en la cual el derecho humano a la libertad se ve trastocado por una acción criminal que se gesta para desaparecer a una persona con o sin fines específicos determinados aunque, en este caso, siempre anclados al narcopoder y la narcomáquina que se superponen a toda lógica y estrategia de seguridad de los poderes del Estado.

Esta desaparición física le ha truncado el plan de vida a 61.637 personas. El impedirles ser y estar es una condición que vulnera sus derechos humanos, por lo cual deberían volcarse todos los esfuerzos del Estado en su búsqueda.

Sin embargo, esto no sucede así porque las y los desaparecidos en México tienen que padecer un robusto sistema burocrático en materia de procuración de justicia, lo cual propicia su segunda desaparición: la jurídico-administrativa, pues en esta el factor más relevante no son las acciones de búsqueda derivadas de la integración de un expediente de investigación, sino la configuración de un marco jurídico que permite administrar políticamente la tragedia; es decir, antes que ver personas se observan expedientes y cifras que marcan la frecuencia estadística de la comisión del delito; en algunos casos, la relevancia pública o mediática de una desaparición puede romper la inercia burocrática, pero no el fondo de su concepción pues al dar mayor prioridad a un caso por encima de otros,^[18] se están violentando los derechos humanos de las y los desaparecidos a la igualdad y seguridad jurídica, pues conforme a la ley y los tratados internacionales en materia de derechos humanos no deben existir diferencias en la investigación y búsqueda de quien es víctima de una desaparición forzada.

No obstante, la búsqueda jurídico-administrativa de las y los desaparecidos en México es de escritorio; es decir, se busca a los desaparecidos a través de un proceso burocrático que le da prioridad al intercambio de solicitudes de colaboración que a la búsqueda e investigación en campo; con ello, lo único que ocurre es que muchos expedientes judiciales generados tras la desaparición de una persona en México están llenos de hojas que en nada ayudan a los procesos de búsqueda y justicia:

En más de dos años, el expediente de investigación de mi hijo tiene más oficios que reportes de búsqueda en campo. Mi Ministerio Público me presume que el expediente cada vez está más gordo (grueso) pero nada de lo que está ahí está enfocado en encontrar a Juan Carlos… Hay veces que mi expediente ni siquiera avanza porque están todos concentrados en los casos nuevos… Es como si unos desaparecidos fuesen más importantes que otros.^[19]

El anterior testimonio corresponde a la reflexión de Adriana, madre de Juan Carlos Zaragoza Gaona, de 19 años, que fue desaparecido a las afueras de su casa por un grupo de hombres armados, el 16 de mayo de 2015, en Zapopan, Jalisco. Ella pertenece al colectivo Por Amor A Ellxs, el cual, desde 2016, realiza acciones de acompañamiento y búsqueda de las y los desaparecidos de Jalisco. En diversas ocasiones ha denunciado las trabas jurídico-administrativas que existen en la búsqueda de sus familiares, algunas de estas son:

1. Rotación excesiva de ministerios públicos y policías investigadores en el área de investigación de personas desaparecidas de la Fiscalía General de Jalisco, lo cual hace que una y otra vez sus casos tengan que iniciar de cero, pues el nuevo funcionario requiere leer el expediente para conocer el caso y, así, comenzar a trabajar en este.
2. No acceso al expediente, lo cual violenta su derecho humano a la información e impide saber si, efectivamente, la autoridad está buscando a su familiar o si ha realizado acciones periciales para encontrar a los culpables de la desaparición. Al no poder revisar o tener copia del expediente no existe la posibilidad de ser coadyuvantes en la investigación que se realiza para encontrar a su ser querido desaparecido.
3. Trato indigno del personal que encabeza la investigación; en la mayoría de los casos, las familias tuvieron que padecer el acoso y hostigamiento de la autoridad que dedicó las primeras horas de búsqueda en hallar la responsabilidad del o la desaparecida en su propia desaparición, así como la posible vinculación de la familia en el hecho.
4. Generalización en las declaraciones o comunicaciones oficiales sobre las desapariciones en las cuales de manera sistemática se criminaliza al desaparecido al vincularlo con el crimen organizado o con la comisión de actividades delictivas, enfatizando que son estas acciones, de las cuales nunca se presentan pruebas, la causa principal de la desaparición de las personas.

Estos dos últimos puntos propician lo que yo denomino la desaparición social-simbólica, esta tercera desaparición es la que se gesta cuando la narrativa social dominante para hablar de la desaparición y, por ende, de los desaparecidos, está sujeta a criterios de estigmatización y criminalización que derivan en dos procesos: 1) la no vinculación con la víctima de desaparición al considerar que esta es responsable de su propia desaparición, y 2) la ruptura de los lazos sociales de los familiares de desaparecidos con sus comunidades primarias y secundarias, ya que el estigma propicia y genera la creación de barreras, rechazo y abandono de las familias cuando estas confiesan de manera pública que tienen un desaparecido.

Mónica, también integrante de Por Amor A Ellxs, busca a su esposo e hijo desde el 19 de septiembre de 2013, día en que ambos fueron desaparecidos en Guadalajara, Jalisco. Sobre el estigma de la desaparición que recae en sus hombros y los de su hija precisa:

Yo me siento como una apestada. Las familias de los desaparecidos somos unas apestadas porque en cuanto dices que tienes un familiar desaparecido rápidamente salen corriendo las personas, te abandonan porque creen que si están cerca de ti les va a pasar lo mismo, o se van porque creen que tú consentías los malos pasos de tus seres querido… Pero la realidad es que muchos no saben lo doloroso que es estar en esta situación… Estamos muertas en vida pero ellos solo ven el estigma que la cabrona autoridad alienta cuando señala que nuestros desaparecidos eran delincuentes o estaban involucrados con el narcotráfico.^[20]

Gloria Inés Peláez (2007), en el marco de la violencia generada por el narcotráfico en Colombia, precisa que el estigma social sobre las víctimas de la violencia es algo que se traslada de manera directa a sus familias pues están “contaminadas por la muerte violenta de sus allegados, sus dolientes portan la sanación social correspondiente, siendo segregados y temidos por el contagio de su condición” (p. 92).

Este “sentirse apestada”, como narra Mónica, es parte de esta sanación o ceguera social que surge y se alimenta no solo del estigma sobre la desaparición y el desaparecido, sino también de la autoafirmación de bondad e inmunidad que nos hace creer que esto (la desaparición) solo le pasa a la “gente que anda en malos pasos”, y la cual casi siempre imaginamos como personas con pocos estudios que viven en las periferias de la ciudad donde existe no solo violencia, sino también pobreza extrema que los conduce a unirse al narcotráfico.

Esta desaparición social-simbólica, en consecuencia, crea mecanismos de inclusión y exclusión donde algunos desaparecidos, en comparación con otros, adquieren más relevancia pública, social y mediática, ya que estos “son más parecidos a nosotros” ^[21] y, en consecuencia, no existen dudas de que se trata de buenas personas, lo cual lleva a muchos a compartir sin dudarlo sus fichas de búsqueda o los convence de acudir a las acciones públicas (marchas, concentraciones, actos de memoria, etcétera), porque no hay sospechas de que ellos no debieron desaparecer jamás y, por tanto, es obligación del Estado localizarlos con vida.

La ambivalencia alrededor del estigma social sobre la desaparición y los desaparecidos incide en la invisibilización de miles de casos sobre los cuales se da una sospecha automática, pero también funge como una bisagra que articula el sentir de muchas de las familias de las y los desaparecidos que buscan físicamente a sus seres queridos, pero que, a la par, también disputan en el espacio público abiertamente la producción social de sentido que, desde los ámbitos gubernamentales, sociales y mediáticos impulsan el sentido criminalizante y estigmatizante con el que socialmente se vincula a la desaparición y al desaparecido.

Estos procesos tienen a los medios de comunicación como un salvoconducto natural de la producción y reproducción del estigma, pues no son pocas las veces en que desde el ámbito mediático/periodístico se da prioridad a los discursos oficiales que sitúan al desaparecido como responsable de su desaparición, y a la desaparición como una acción que solo es ejercida en el marco de una disputa entre integrantes de bandas rivales del narcotráfico; esta cuarta desaparición, la mediática, supone el establecimiento de lógicas comunicacionales e informacionales donde el estigma se presenta como una categoría que homogeniza y despersonaliza al desaparecido al otorgarle y atribuirle una “identidad social” que no corresponde con su identidad personal (en tanto víctima). Cuando el estigma opera de esta manera, como sostiene Goffman (2006): “dejamos de ver a la persona total y corriente para reducirlo en un ser inficionado y menospreciado” (p. 12).

¿Qué imaginamos cuando vemos el rostro de un desaparecido en algún medio de comunicación o red social digital? ¿Qué nos dicen los medios de comunicación sobre las razones por las que las y los desaparecidos, así como sus familias, se convierten de manera forzada en víctimas? ¿Cómo se construyen las representaciones mediáticas de las víctimas de desaparición? ¿Cómo los colectivos de familiares de desaparecidos disputan estas mismas representaciones a través del uso y apropiación que hacen de sitios de socialización en línea?

Una representación mediática puede ser entendida como una formación cultural sintética que busca situar y fijar un tipo de significado particular sobre un sujeto, hecho o proceso que es nombrado o visibilizado a través de un medio de comunicación (Franco, 2019a); es decir, es una producción mediática que no solo hace visibles las representaciones sociales que ya se tienen sobre “un conjunto de conceptos, declaraciones y explicaciones originadas en la vida cotidiana y en el curso de las comunicaciones interindividuales” (Moscovici, 1981, p. 180), sino que a estas añade elementos discursivos y simbólicos con los cuales se busca disputar o imponer determinado sentido o significado respecto de aquello que se representa/produce.

A diferencia de las representaciones sociales, pero sin alejarse de ellas, las representaciones mediáticas utilizan los mitos y sistemas de creencias de las sociedades para posicionar determinados significados mediante los cuales buscan superponer otros sentidos que, en diversas ocasiones, pretenden que la materia de referencia y representación no sean ni los sujetos ni los hechos o procesos en sí mismos, sino aquellas representaciones propuestas desde quienes tienen la capacidad de modificar las formas simbólicas que estas contienen; en este sentido, John B. Thompson (2006) precisa que

[…] la inserción de las formas simbólicas en los contextos sociales implica que, además de ser expresiones de un sujeto, estas formas son producidas generalmente por agentes situados en contextos socio-históricos específicos y dotados de recursos y habilidades de diversos tipos; las formas simbólicas pueden portar, de distintas maneras, las huellas de las condiciones sociales de su producción (p. 217).

Al respecto, Robledo (2015) precisa que

Dada la ausencia de este marco, las relaciones históricas actúan como el verdadero soporte de la existencia y permanencia del estigma, que niega las biografías de los desaparecidos y los enmarca en una serie de atributos y marcas sociales ajenos a su existencia (p. 100).

De ahí que la desaparición mediática que sufren las y los desaparecidos en México, así como sus familias, es un elemento clave para entender las luchas que los colectivos de familiares de desaparecidos hacen para revertir el estigma del desaparecido vigente en la sociedad y los medios de comunicación en el marco de “la crisis de representación” que hoy rodea la crisis humanitaria de las desapariciones en México:

En el marco de la guerra contra las drogas, gran parte de la lucha de los familiares de desaparecidos, desde el inicio de su presencia en el terreno público en 2011, ha consistido en la recuperación de la honra de sus seres queridos y el cuestionamiento a los discursos que señalan a las víctimas como daños colaterales, como partícipes o cómplices del conflicto. Esta lucha se sostiene en el propósito de superar la crisis de representación mediante la cual el sujeto ha sido despojado de su identidad para ser consignatario de atributos generales que lo desubjetivan. En este proceso se presenta un doble discurso de culpabilización y victimización en el que se juega el reconocimiento de los desaparecidos (Robledo, 2015, p. 101).

Este esfuerzo por reconfigurar la representación gubernamental, social y mediática de sus desaparecidos ha sido para ellos una tarea vital por la presencia de “un estigma criminalizante” sobre las desapariciones y los desaparecidos. Erradicar el estigma, pensado desde la óptica de Goffman (2006), ayudaría a eliminar la manera en que mediáticamente se niegan los rasgos del desaparecido para otorgarle una característica genérica, la del criminal.

La lucha contra el doble discurso que estigmatiza a los desaparecidos y a quienes los buscan constituye una de las principales enseñanzas que los colectivos de familiares de desaparecidos en México nos han dejado. Todo este esfuerzo debiera ser recuperado para generar acciones que devuelvan a los desaparecidos su nombre, identidad e historia de vida.

Por ello, es importante que del campo disciplinar de la comunicación se cuestione de manera seria: 1) ¿qué tipo de representaciones generan los medios de comunicación en México alrededor de la desaparición y los desaparecidos?; 2) ¿cómo es que las representaciones mediáticas (y las formas simbólicas contenidas en ellas) de las desapariciones y los desaparecidos son “valoradas, evaluadas, aprobadas o refutadas” por las familias de estas víctimas?; y 3) ¿qué tipo de insumos comunicacionales generan las familias y los colectivos de desaparecidos en México para disputar la producción de sentido alrededor del estigma social que proviene de las narrativas gubernamental y mediáticas?

Esta última pregunta es muy relevante porque la actual condición comunicacional (Orozco, 2014) que experimentamos como sociedad ha llevado a que la mayoría de los colectivos de familiares de desaparecidos en el país posean no solo sus propias páginas web, sino también diversas cuentas en redes sociales digitales (Facebook, Twitter, Instagram o YouTube) desde las cuales emiten sus propios comunicados, posicionamientos y producciones audiovisuales (fotografías, videos y grabaciones en vivo) para dar cuenta por sí mismos, independientemente de los medios, de sus acciones, búsquedas y exigencias de justicia (Franco, 2019b).

De ahí que se proponga el modelo analítico de la cuádruple desaparición como una apuesta teórico-metodológica para pensar las fases de desaparición que en México atraviesa no solo la víctima de este delito (el desaparecido y la desaparecida), sino también los familiares que le buscan y exigen al Estado búsqueda y justicia.

En el Gráfico 3 se presenta un esquema de la cuádruple desaparición de personas en México; estas fases o procesos ocurren de manera concatenada y siempre están anclados al espacio vital de vida y lucha que las familias o colectivos emprenden en la búsqueda de las y los desaparecidos. Por ello, cualquier indagación siempre requerirá del acercamiento a la vida e historias de vidas de las víctimas de este delito de lesa humanidad.

Gráfico 3

Fuente: Producción del autor.

El modelo se compone de cuatro fases de análisis que parten del hecho delictivo para dar cuenta del tortuoso camino que se tiene que transitar para exigir que las autoridades cumplan con su obligación de búsqueda y justicia; por ello, se hace énfasis en los procesos sociohistóricos y socioculturales que se circunscriben a la construcción de la representación social y mediática del desaparecido, pues se cree que en estas fases de la desaparición de una persona se articulan los estigmas con los que se piensa social y mediáticamente a las y los desaparecidos, lo cual es clave en su desaparición social-simbólica y en su invisibilización mediática (Franco, 2019b).

El modelo, en este sentido, propone que, al analizar estas cuatro diferentes desapariciones que experimenta un desaparecido y su familia en México, se podrá dar cuenta de la complejidad social y simbólica que existe alrededor de la comisión de este delito; se trata, entonces, de una concurrencia fragmentada donde cada una de estas desapariciones no solo constituye una parte de la catástrofe (Gatti, 2017), sino también un elemento central del duelo y el drama social (Robledo, 2017) que implica la desaparición de una persona.^[22]

A manera de conclusión

En este texto se realizó un esfuerzo por presentar una propuesta analítica (in becoming) para analizar tanto la desaparición como a las y los desaparecidos a través de la vida social que los contiene y ancla a un contexto social específico; se sostiene que en México no se desaparece solo una vez, sino cuatro veces, ya que el contexto social en que tienen lugar las desapariciones se enmarca en una grave crisis humanitaria propiciada por un deterioro institucional donde no existe la voluntad humana ni política para hacer frente a esta problemática que vulnera, a diario, los derechos humanos de los desaparecidos y sus familias.

Las diversas manifestaciones de la violencia política y criminal que hoy coexisten en México y que están siendo operadas a través de la narcomaquinaria y sus prácticas de necropolítica y capitalismo gore hacen evidente la necesidad de edificar, de manera transdisciplinar, modelos teórico-analíticos que permitan la compresión del terrible momento que vivimos.

Momento que debe ser analizado no solo a través del narcoempoderamiento con el que Sayak Valencia (2016) explica que opera el capitalismo gore, sino también a través de la presencia y lucha ciudadana que en el espacio público genera acciones “contramáquina” que, siguiendo la propuesta teórica de Reguillo (2011), son “un conjunto de dispositivos, aunque frágiles, intermitentes y poco expresivos”, que nos han permitido desplegar una serie de acciones con las cuales se ha logrado “resistir, visibilizar y sustraer poder a la narcomáquina”, pero también a la maquinaria institucional que de forma sistemática niega la crisis que padecemos.

Por ello, también debemos dar cuenta de la sustracción de poder que las familias de las y los desaparecidos han generado como reacción, respuesta y contrarrespuesta a los ejercicios de violencia de los que son víctimas. El camino es largo, pero la lucha por el respeto a los derechos humanos de todas y todos los desaparecidos (y las víctimas de la violencia en general) merecen que nuestras acciones contramáquina, contranarrativa oficial y mediática sigan creciendo en forma y sentido, ya que la grave crisis de derechos humanos en México nos obliga a dejar “la fragilidad, la intermitencia y la no expresión” para dar paso a acciones personales y colectivas capaces de revertir las múltiples violencias que nos constriñen.

El reto está en pensar que las desapariciones, así en plural, nos atañen porque en ellas radica un “yo desaparecido” que propone dos opciones: la indolencia o la esperanza. La primera nos separa de las y los desaparecidos e incrementa el estigma que existe sobre ellos, pero la segunda tiende un puente humanitario entre ambos, el cual hace posible el entendimiento de los derechos humanos como un acto colectivo y no únicamente individual.

¡Porque vivos se los llevaron: vivos los queremos!

Referencias

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