Roberto Briceño-León

Introducción

En horas del mediodía del jueves 17 de octubre de 2019, una comisión de la Policía mexicana rodeó la casa donde se encontraba escondido Ovidio Guzmán, uno de los hijos del famoso narcotraficante Chapo Guzmán, en la ciudad de Culiacán, al norte de México.

Eran cerca de cincuenta policías fuertemente armados quienes tomaron las calles cercanas a la vivienda en espera de una orden judicial para poder ingresar. No lejos de allí, otros tres grupos policiales y militares aguardaban también para darles apoyo.

El retraso en la recepción de la autorización judicial postergó el inicio de la operación, lo cual permitió al hijo del Chapo Guzmán avisar a sus hermanos y a los grupos armados de su banda que operan en la ciudad. En pocos minutos, cientos de jóvenes armados bloquearon las calles y avenidas de la ciudad con vehículos incendiados y sicarios amenazantes.

Los distintos medios de comunicación reportaron casi en vivo lo que sucedía en la ciudad. De manera simultánea, otro grupo de la banda criminal aprovechó la situación y se dirigió a la prisión de Aguaruto, donde liberaron a 49 presos, varios de ellos miembros de la banda. Un tercer comando se dirigió al peaje de la carretera que comunica la ciudad con el balneario de Mazatlán, para bloquear la salida y acceso a la ciudad, tomando como rehenes a los soldados que allí se encontraban destacados (Bustamante, 2019). Una cuarta mesnada se apostó frente al conjunto de viviendas de los militares y comenzaron a disparar hacia las casas de las familias, al mismo tiempo que un piquete de estos sicarios buscaba ingresar a los apartamentos para secuestrar a sus ocupantes.

La ciudad estaba bloqueada. Los tres grupos de apoyo militar que debían proteger al grupo de captura no pudieron llegar al lugar del operativo y cuando un helicóptero militar intentó aproximarse al lugar, fue repelido con armas de guerra de alto calibre. Por lo tanto, fue el grupo de uniformados que rodeó la casa de Guzmán el que terminó rodeado por los hombres fuertemente armados del narcotráfico (El Universal, 2019). El cazador había sido cazado.

Al finalizar la tarde, la operación de captura se suspendió y el hijo del Chapo Guzmán quedó en libertad. El gobierno de México tuvo que rendirse ante el ataque de los milicianos del narcotráfico, y fue una rendición incondicional.

Pocos días después, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la decisión diciendo que se había actuado de ese modo para “salvar vidas”. En su alocución expresó: “No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas”. Y el presidente tenía razón. Aquel día se logró reducir la violencia en Culiacán, pues, aunque hubo 14 personas fallecidas y 21 heridos, el presidente manifestó que temía que hubiesen sido muchas víctimas más.

Seis semanas después, en una alocución con motivo de su primer año de gobierno, pronunciado desde un templete instalado en la inmensa explanada de la Plaza de la Constitución, el Zócalo, en el centro de Ciudad de México, hizo referencia a lo ocurrido en Culiacán poco tiempo antes (López Obrador, 2019). Al hablar sobre la nueva estrategia de seguridad que procuraba llevar adelante su gobierno para enfrentar la violencia, el presidente dijo que había sido una verdadera “prueba de fuego”, y pasó a explicar las razones por las cuales “se prefirió detener el operativo y liberar al implicado”. Allí manifestó:

La vigencia de la nueva política de seguridad se demostró con claridad ante la crisis de terror que se vivió la tarde-noche del jueves 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, con motivo de la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera; en esa verdadera prueba de fuego en la que la delincuencia salió a la calle con armas de alto calibre y se vivió un alto riesgo, se prefirió detener el operativo y liberar al implicado para evitar una masacre en la que habrían perdido la vida centenares de personas, la mayoría civiles, gente inocente, según el cálculo de las Fuerzas Armadas. Podrán decir nuestros adversarios que demostramos debilidad, pero nada vale más que la vida de las personas (López Obrador, 2019).

En ese mismo discurso, el presidente destacó que la política del gobierno estaba orientada a conseguir la paz buscando atender las causas que originan la violencia: “el desempleo, la pobreza, la marginación y la falta de espacios laborales y educativos para los jóvenes”. Afirmó que la paz era el fruto de la justicia y se mostró confiado cuando expresó: “Estamos seguros que vamos a serenar a México” (López Obrador, 2019).

El presidente López Obrador tiene razón al considerar que con el repliegue de ese día el gobierno logró reducir las víctimas de la violencia. Sin embargo, las preguntas que surgen son: ¿fue la sociedad mexicana más pacífica luego de ese día? ¿Es el caso que con acciones como esa se está más cerca de “serenar” a la sociedad mexicana y construir la paz?

Las demandas de seguridad

Situaciones dramáticas como la antes relatada no son exclusivas de la sociedad y la política mexicana, sino que también ocurren en otros países de América Latina, en los que se repiten las amenazas y dilemas que enfrentan las políticas de seguridad de los gobiernos.

América es la región con el mayor número de homicidios en el mundo. El número de fallecidos supera ampliamente no solo a los países europeos, sino también a muchos otros países pobres o de inferior renta media del África o del Sudeste Asiático. El Informe Mundial de Homicidios que publicó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen en 2019 calcula para América una tasa de 17,2 asesinatos por cada cien mil habitantes, mientras que para África la estima en 13,0; para Europa en 3,0 y para Asia en 2,8. La tasa de América es casi tres veces superior a la media global de homicidios, que fue calculada en 6,1. Hay que destacar que la alta tasa de homicidios de América se debe, principalmente, al aporte de las víctimas de América Latina y El Caribe, pues las tasas de Estados Unidos y, sobre todo, las de Canadá, son muy bajas (UNODC, 2019).

En México, el Centro Nacional de Información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana contabilizó en 2019 la cantidad de 34.582 asesinatos y una tasa de 27 homicidios por cada cien mil habitantes (Centro Nacional de Información, 2020). México, sin embargo, ese año no fue el país más violento en América Latina. La tasa de víctimas de El Salvador fue de 36, la de Honduras 41,2, la de Jamaica 47,4 y la de Venezuela 60,3. Otros países, al contrario, mostraron una tasa muy baja, como el caso de Argentina, con 5, o de Chile, con 2,6 homicidios por cada cien mil habitantes (Insight Crime, 2020). En este dominio, América Latina es una región con diversidad.

Sin embargo, con ese panorama de criminalidad, existe en la región un temor generalizado de la población a ser víctima de la violencia. El Latinobarómetro, encuesta que cubre la mayoría de los países, señala que alrededor del 43 % de la población declaraba tener miedo del delito “todo el tiempo” y un porcentaje menor al 26 % dijo que lo había sentido ocasionalmente (Latinobarómetro, 2019).

Consecuentemente, en muchos países existe una demanda creciente hacia las autoridades de mayor protección y seguridad. Las encuestas de opinión señalan que la inseguridad es uno de los principales problemas que identifica la ciudadanía. En México, la encuesta del AmericasBarometer, que lleva a cabo la Universidad de Vanderbilt, arrojó que en 2019 el 52 % de la población mexicana consideraba que la inseguridad era el problema más importante del país. Y esa percepción venía creciendo por más de una década. Cinco años antes, en 2014, un 35 % de los entrevistados lo había señalado como el problema más importante, y diez años antes, en 2004, un porcentaje cinco veces menor al de 2019, a saber, el 11,5 % (Casell, 2019).

Las demandas por una mayor protección y seguridad personal son una de las aspiraciones más evidentes de la población de todos los sectores sociales (Bayley, 2014). En otras palabras, las personas quieren tranquilidad, quieren paz, pues están cansadas de vivir con miedo a ser víctimas del delito y la violencia. Quieren poder trabajar y regresar tranquilos a su casa.

La violencia cotidiana durante las últimas dos décadas ha golpeado tan duro a la mayoría de los países de América Latina, que ha llevado a una demanda creciente y desesperada de la población para que se reduzca la violencia, sin importar mucho las condiciones en las cuales se alcance esa meta, sea cediendo parte de sus libertades personales o permitiendo que quebranten los derechos humanos. En este sentido, la meta social de reducir la violencia es valiosa, los modos de alcanzarlo son variados, pero las consecuencias pueden ser indeseadas.

En la frontera Venezuela-Colombia

Guasdualito es una ciudad de Venezuela ubicada en los llanos que ocupan una parte de la extensa frontera con Colombia. A pocos kilómetros de distancia, del otro lado del río, se encuentra la ciudad de Arauca, capital del departamento del mismo nombre de Colombia.

Este plano y vasto territorio es una zona de ganadería para la producción de carne, leche y quesos, además de ser una zona petrolera. En esta área se instalaron y han actuado por varias décadas los dos grupos guerrilleros más importantes de Colombia: las FARC y el ELN.^[1] Luego de la firma de los Acuerdos de Paz entre las FARC y el gobierno de Colombia, en septiembre de 2016, se mantienen activos los grupos disidentes que no se acogieron a la pacificación. Estos grupos guerrilleros controlan el territorio a ambos lados del río que marca la frontera y se desplazan de una ribera a otra de su cauce, dependiendo de la presión militar, los momentos políticos o de las oportunidades de negocios que se presentan (Briceño-León y Camardiel, 2015).

A pesar de eso, Guasdualito ha sido una zona tranquila y con poca delincuencia. En una entrevista que realizamos durante nuestra investigación con el Laboratorio de Ciencias Sociales en 2018, un próspero ganadero de la zona describía la ciudad como la “más segura” de Venezuela. “Usted puede ir al banco ‒nos decía‒ y retirar millones de bolívares, y salir a la calle y estar seguro de que nada le va a pasar, que nadie se va a atrever a robarlo”.

El empresario tenía razón. A él no lo iban a robar nunca en la calle, pues nos había confesado que mensual y diligentemente les pagaba a los dos grupos guerrilleros una suma importante de dinero para su protección y la de su familia. Los delincuentes de la calle no le robarían, pues mensualmente le robaban los grupos guerrilleros en cómodas cuotas.

En este territorio, la guerrilla ejerce un control social completo: establecen las normas de trabajo, comercio y de familia. Controlan el contrabando de gasolina hacia Colombia, el comercio del gas doméstico que usan las familias para cocinar, el tránsito de los migrantes por los caminos ilegales, las “trochas”, entre un país y otro, y, por último pero no menos importante, el paso de la droga producida en Colombia hacia Venezuela. Todo se realiza bajo reglas estrictas de distribución de mercados y de cobro de tarifas, y quien comete alguna falta es castigado severamente.

En una zona cercana al pueblo, en el camino hacia la ciudad de Elorza, otro productor de leche de la zona se mostraba muy satisfecho con los resultados del pago de la extorsión (llamada “vacuna” en la jerga local) que debía mensualmente realizar a la guerrilla. “A mí nunca se me ha perdido una vaca”, nos dijo. Estaba satisfecho con el servicio de protección que le ofrecía la guerrilla.

En Guadualito y sus alrededores se produjo una reducción importante de los homicidios, los robos e incluso de las riñas. La guerrilla no permitía que los demás delinquieran, ellos tenían monopolizado el uso de la fuerza y la comisión del delito, y los infractores eran castigados con una crueldad considerada ejemplarizante. Ese control de la población también aplica para las faltas que pueden ser consideradas menores: las borracheras o el adulterio son castigados con “trabajo comunitario”. Los infractores deben cortar la vegetación de los bordes de las carreteras como punición.

Hay también castigos mayores. En un caso emblemático, unos campesinos de una finca aledaña recibieron la visita de unos compadres. Andaban de juerga y querían organizar una celebración mayor, así que robaron una ternera de una de las haciendas de la zona para hacer una fiesta llanera. El dueño se quejó y los denunció ante la guerrilla y en menos de tres meses todos aparecieron muertos; habían sido ejecutados. Nadie dijo nada, todo el mundo entendió.

Las personas de este apartado lugar de la frontera están contentas con la labor de la guerrilla. Pero ¿es posible decir que en Guadualito reina la paz?

La tregua de las maras

A fines de 2011 el gobierno del presidente Mauricio Funes de El Salvador permitió, o apoyó de manera no oficial, los acuerdos de una “tregua” entre su gobierno y las dos pandillas de crimen organizado de Centroamérica: la Mara Salvatrucha y la Mara 18. En ese momento, El Salvador aparecía como el país con la tasa de homicidios más alta del mundo. La tregua buscaba reducir la violencia.

Se sabe que en el acuerdo participaron tanto altos funcionarios del gobierno como representantes de la Iglesia católica. Nunca hubo una firma ni una fotografía, pero a comienzos de 2012 ocurrieron dos eventos significativos (Cruz, 2018).

Por un lado, los líderes de las dos pandillas que se encontraban detenidos juntos en una prisión de alta seguridad en Zacatecoluca fueron separados y trasladados a prisiones distintas, donde tenían mayores comodidades y no estaban obligados a convivir con sus competidores. Los de la Mara Salvatrucha fueron llevados a la cárcel de Ciudad Barrios, mientras que los de la Mara 18 fueron desplazados a la cárcel de Cojutepeque.

En los meses siguientes, el número de homicidios en el país se redujo de manera significativa. De un promedio de entre 12 y 14 homicidios diarios, se redujo a la mitad, entre 5 y 6 homicidios diarios. Los acuerdos secretos que llevaron a la tregua entre las bandas y el Estado estaban dando resultados (Cruz y Duran-Martínez, 2016).

Sin embargo, el dominio territorial de las bandas y su participación en el delito distinto del homicidio no se redujo. Por el contrario, existían evidencias de que se estaba incrementando y la sensación de los pobladores era la de vivir entre “dos Estados”.

Las maras ejercen un control territorial similar y paralelo al Estado. Estas imponen las normas de relacionamiento social, las actividades comerciales, regulan, permiten o prohíben las fiestas. Los territorios están simbólicamente marcados con grafitis e intentar borrarlos puede acarrear castigos severos y hasta la muerte. La norma generalizada exigida a la población es el silencio: “ver, oír y callar” (Hernández-Anzora, 2016). En la zona se cobra el impuesto de las maras, que se aplica a los sueldos de los trabajadores, a las remesas que envían los familiares del exterior y a las empresas. La entrada o salida de las personas es vigilada por grupos de adolescentes, y ante algunas circunstancias las maras pueden decretar toques de queda, es decir, la prohibición de salir a la calle para las personas y de trabajar para el transporte público. En los casos de conflictos internos en los territorios que controlan, pueden también decretar la expulsión, el desplazamiento forzado de personas hacia otras ciudades u otros países. Es el exilio de las maras.

Sin embargo, durante ese periodo de “tregua” se logró reducir la violencia.

Las zonas de paz de Venezuela

En 2013 José Vicente Rangel Ávalos, viceministro de Seguridad, declaró a la prensa que se había reunido con 280 bandas delictuales y que había llegado a algunos acuerdos para preservar la paz y reducir la violencia (Pardo, 2015). En la prensa nacional se difundieron fotos y videos donde aparecía el viceministro fotografiado en compañía de un grupo de esos jóvenes con el rostro cubierto y fuertemente armados. Se prometía la reducción de la violencia y se aseguraba el advenimiento de la paz.

Nunca hubo un documento ni un plan oficial sobre lo que eran las Zonas de Paz que se habían establecido entre el gobierno nacional y los grupos delincuenciales. Lo que se sabe, por los efectos prácticos, es que el gobierno nacional se comprometió a entregarles el control territorial de dichas zonas a esos grupos, y no permitir la entrada de los cuerpos policiales, bajo la condición de que, en reciprocidad, los primeros se encargarían de reducir la violencia y los homicidios. En definitiva, les delegaban algunas funciones del Estado.

La medida no era nueva. Ya en años anteriores, una zona importante de Caracas, llamada 23 de Enero, había sido entregada para su control social y político a los denominados “colectivos”, a saber, grupos paramilitares que controlan esas zonas y que tienen un dominio territorial muy amplio y variado. Los colectivos de ese sector de la ciudad se presentan como una organización política, con fuerte carga ideológica, que cree en la lucha armada y apoya la guerrilla colombiana y la lucha de los movimientos Hamas y Hezbolla en el Oriente Medio. En una plaza ubicada en su territorio y a poca distancia del palacio presidencial de Venezuela, los colectivos de la zona erigieron una estatua en honor a Tirofijo Marulanda, el fundador de la guerrilla colombiana. Para la ceremonia inaugural y el acto donde se develó con sencillo protocolo el busto del jefe guerrillero, asistieron dirigentes políticos y diputados de la Asamblea del partido de gobierno, quienes tomaron la palabra para glosar elogios al homenajeado.

El control territorial de los colectivos es completo, aunque restringido a una parte de la ciudad, zona donde hay, efectivamente, paz. Allí no pueden ingresar los vehículos de los cuerpos policiales, ni tampoco los funcionarios policiales o militares que viven en la zona llevando su uniforme de reglamento. Con apoyo financiero del gobierno nacional, los colectivos instalaron un circuito cerrado de televisión que vigila las 24 horas la entrada y salida de personas y vehículos. Cuando, por equivocación, un vehículo policial quiso entrar a la zona, fue fuertemente atacado con armas de guerra.

La relación con el crimen común es variada, pues en algunas zonas han impedido y controlado el tráfico de drogas, mientras que en otras hicieron todo lo contrario. En este caso, en un primer momento desplazaron a los traficantes y vendedores minoristas locales que existían en el sector, incluso por la fuerza y la violencia; pero luego comenzaron a apropiarse del negocio, controlando tanto la recepción y acopio de la droga para su posterior distribución en la ciudad como la venta al detalle en su propio vecindario. Se hicieron los dueños de la “plaza”.

Frente a los conflictos políticos del país, los colectivos han actuado en apoyo al gobierno nacional, realizando tareas de represión o amedrentamiento de la población. En las áreas que controlan no se pueden realizar protestas políticas en las calles y las familias que, desde sus apartamentos, se atreven a golpear las cacerolas en protesta por la falta de comida y los bajos salarios reciben como respuestas disparos a sus ventanas o visitas a sus puertas con amenazas de desalojo y expulsión de la zona si persisten en la protesta.

El territorio de los colectivos se convirtió en un lugar seguro. Y llegó a ser tan seguro para algunos que, incluso, permitió la instalación y funcionamiento de casinos clandestinos, los cuales están prohibidos en el resto de la ciudad. Salas de juegos de mesa donde se realizan apuestas de grandes sumas de dinero en bolívares u otras divisas en condiciones de total seguridad. En años pasados los apostadores de alto rango tenían un servicio personalizado de alta calidad. Como no conocían y quizá nunca habían pisado esos vecindarios, esos venezolanos o extranjeros –muchos de ellos asiáticos– fueron trasladados en carros especiales desde los puntos de encuentro en otras partes de la ciudad, muchas veces hoteles, al garito y, horas después, regresados a su lugar de origen con carros escoltados, para que pudieran viajar tranquilos de vuelta sea rumiando sus pérdidas o con la alegría de sus ganancias.

Las operaciones de liberación del pueblo

En julio de 2015, en medio de una campaña electoral conducente a una votación en la cual se debían elegir los diputados que integrarían la Asamblea Nacional, el gobierno del presidente Maduro lanzó una vasta operación militar-policial en las zonas pobres de Venezuela destinada a buscar y “dar de baja” a los presuntos delincuentes. Los sondeos electorales no le eran favorables al gobierno y se anunciaba que podía perder la mayoría parlamentaria que por años había detentado. En consecuencia, resultaba imperiosa una acción que impactase a la población y pudiese alterar las intenciones de voto.

En este caso, las encuestas de opinión mostraban que el principal problema identificado por la población en ese momento era la violencia y la inseguridad, por lo tanto, era necesario emprender una acción llamativa y dar una respuesta contundente al delito, que permitiese mostrar en el corto plazo una reducción de la violencia y mostrar a un gobierno exitoso y protector que pudiera llamar a votar por sus candidatos. La acción escogida fue la ocupación masiva y ostentosa de barrios informales, de las favelas, así como de los edificios de apartamentos de interés social, donde habita la población pobre de las ciudades. Estos despliegues de cientos de funcionarios policiales y militares estaban dirigidos a la búsqueda, detención y eliminación física, la ejecución en el sitio, de presuntos delincuentes. En un diseño programado, horas o días después, las autoridades informaban con frialdad y orgullo el número de individuos a los cuales se había “abatido” o “dado de baja” por haberse resistido a la autoridad.

A estas operaciones se les asignó el pomposo nombre de Operaciones de Liberación del Pueblo, OLP, cuyas siglas evocan la conocida organización política palestina. El pomposo nombre se debía a que las autoridades postulaban que, con esa acción, el gobierno nacional iba a “liberar” a la población pobre del yugo de la delincuencia (Antillano y Ávila, 2017).

En 2017, fueron asesinadas por los cuerpos policiales y militares al menos 5.535 personas por haberse “resistido a la autoridad” (Observatorio Venezolano de Violencia, 2017). En uno de los casos que analizamos en la investigación sobre letalidad policial realizada por el Laboratorio de Ciencias Sociales en 2017, los familiares nos contaron cómo había sido uno de los procedimientos. Nos refirieron que, a eso de las tres de la madrugada, varias decenas de funcionarios uniformados, de negro y con pasamontañas oscuro que les cubría el rostro, llegaron a la zona y rodearon el edifico. Luego, tomaron las escaleras y pasillos del piso donde ellos vivían, llamaron a la puerta y, al abrirles, ingresaron bruscamente al apartamento donde se encontraba el individuo que andaban buscando. En una acción rápida, sacaron de la vivienda a todos los familiares y llegaron a la habitación de un joven de 23 años. La familia cuenta que escuchó una discusión y luego varios disparos. El cuerpo del joven lo sacaron del apartamento y se lo llevaron al hospital. Les dijeron que estaba herido, pues se había resistido a la autoridad y le habían disparado. Por varias horas ningún familiar ni vecino pudo entrar ni salir del edificio. La tarde de aquel día, y luego de ir de un lado a otro, los familiares encontraron al joven muerto en la morgue de uno de los hospitales de la ciudad capital. La familia protestó, denunciando que él no era ningún delincuente, que los policías habían abusado. Pocos días después enterraron a su muerto.

Había transcurrido poco más de una semana después del entierro cuando los cuerpos policiales y militares regresaron al mismo edificio y ocuparon la zona y el piso. Repitieron la operación, pero esta vez no tocaron la puerta, sino que la abrieron por la fuerza. La familia se despertó sorprendida: ¿por qué volvían otra vez los hombres de negro? Los funcionarios se habían equivocado de hermano. Al joven que andaban buscando tenía 26 años y no 23 años; buscaban a su hermano mayor. El procedimiento fue similar, sacaron a los familiares de la vivienda, impidieron que los vecinos salieran o se asomaran en sus puertas, y fueron a buscar al joven quien se encontraba en su habitación junto con su novia. Al parecer la novia también se “resistió”, y ambos fueron “abatidos” por los cuerpos policiales.

Al finalizar el primer año de las Operaciones de Liberación del Pueblo, los vecinos y organizaciones de derechos humanos, varias de ellas muy cercanas ideológicamente al partido de gobierno, protestaron por sus actuaciones. El gobierno decidió cambiar el nombre y le agregó una H, para llamarlas a partir de entonces Operaciones Humanitarias de Liberación del Pueblo. Sin embargo, sus víctimas se incrementaron y en 2017 los cadáveres cuya causa de muerte fue catalogada como “resistencia a la autoridad” sumaron 7.300 personas. En 2018 hubo 7.540 víctimas. Ese año cada día fueron asesinadas 18 personas por los cuerpos policiales bajo el argumento de que habían resistido a la autoridad.

En esos años las tasas de homicidios se redujeron en el país.

La difícil construcción de la paz

Los casos de violencia y paz presentados hasta aquí son muy diferentes entre sí. Sin embargo, todos han tenido en común una voluntad por reducir la violencia, aunque con formas, procedimientos, estrategias y banderas ideológicas completamente distintas. La pregunta que debe plantearse desde la sociología y la ciencia política es si estos procesos efectivamente conducen a la paz y a una mejor sociedad, a lo que Jeffrey Alexander se atrevió a llamar una “buena sociedad” (Alexander, 2000).

Los resultados ofrecidos muestran que la reducción de la violencia no es suficiente para la construcción de la paz. La reducción de la violencia puede significar una mutación de las formas del crimen y del sometimiento social, pero no la construcción de la paz como seguridad ciudadana basada en derechos. A la luz de las experiencias presentadas no podemos concluir que la ausencia de violencia es la paz. La paz es mucho más que la ausencia de violencia.

Cuando en 1946, y con motivo de la creación de la Organización Mundial de la Salud, los delegados de países reunidos en Nueva York quisieron elaborar una definición de la salud que pudiesen incluir en el preámbulo de su Constitución, escribieron que la salud era un estado de “bienestar físico, mental, social”, pero quisieron subrayar y dejar muy claro que esta no podía ser simplemente la “ausencia de la enfermedad” (World Health Organization, 2020). Si la salud no es la ausencia de la enfermedad, ¿es posible acaso definir la paz como la “ausencia de guerras” o la “ausencia de violencia”?

La definición negativa de la paz, establecida como la ausencia de ciertos eventos o condiciones, no es suficiente para ilustrar sus bondades, ni tampoco para establecer metas sociales deseables. La ausencia de guerras, homicidios o conflictos puede ser una condición necesaria para la paz, un presupuesto de su existencia, pero no una condición suficiente.

Y, aun así, en los diversos casos que hemos expuesto, ¿es posible imaginar que a partir de allí se pudiera avanzar hacia la paz? En estos casos ni siquiera es posible pensar que esa es una condición necesaria, pues la forma en cómo es alcanzada y construida no es conducente hacia relaciones sociales que puedan brindar algo más que la disminución de las muertes. La ausencia de violencia que puede ofrecer el crimen o la opresión no puede ser un sustento fiable sobre el cual sea posible construir la paz.

La “verdadera paz” a la cual se refería Martin Luther King no puede ser la de opresión generada por los grupos criminales o de la pérdida de los derechos y la libertad. Cuando King refería que para alcanzar la paz debía existir justicia, se entiende históricamente el sentido particularista que tenía la justicia en su mensaje ubicado en el fragor de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos de los años sesenta (Oates, 1982). Pero en su sentido más universal, lo que estaba reclamando era la prevalencia de un sentido positivo de la paz. Así, una definición positiva de la paz debe incluir presencias, no solo ausencias. Presencias de justicia, de libertad, de derechos, de diálogo, pluralismo, perdón, consenso.

En este sentido, la propuesta teórica de este trabajo es que la paz y la seguridad ciudadana en la buena sociedad no puede fundarse en la reducción de la violencia por la “pax criminal”, sea de las bandas delincuenciales o de las dictaduras, de los gobiernos, clases, ideologías, religiones.

Considerar la reducción de la violencia como meta social y política plausible en sí misma y en cualquier circunstancia puede dar lugar a medidas de populismo criminal que tengan resultados ostensibles en el corto plazo, pero que no contribuyan para que esa sociedad sea más libre, ni más democrática, ni se obtenga una paz verdadera. Y esto aplica tanto a la acción de los grupos criminales como a la acción criminal de los cuerpos de seguridad policial o militar. La construcción de la paz como seguridad ciudadana basada en derechos no puede estar vinculada ciegamente a la supuesta legitimidad que de antemano se supone tiene la acción del Estado. En un texto muy provocador de hace varias décadas, Charles Tilly se preguntaba cuál es la diferencia en la aplicación de la violencia entre los grupos criminales y la del Estado (Tilly, 1985).

En ese texto, Tilly se respondía echando mano a la teoría del Estado que escuetamente había formulado Weber al afirmar que este ejercía el uso legítimo de la coerción física teniendo el monopolio de la violencia (Weber, 1965). La diferencia, entonces, podía encontrarse en la “legitimidad” de las acciones, no en las bondades de sus razones ni en el profesionalismo o fiereza en su ejecución. Pero Tilly mismo, unas líneas después, reconocía las limitaciones de tal afirmación, pues la legitimidad de una acción violenta solo se puede observarse en el largo plazo (Tilly, 1985, pp. 172-173).

La pregunta que nos queda sería: ¿es suficiente juzgar la diferencia entre los crueles asesinatos de los grupos guerrilleros de Colombia y las maras de El Salvador respecto de las matanzas de los cuerpos policiales de Venezuela, en el supuesto de que estos últimos tienen una “legitimidad” porque son funcionarios del Estado?

Beetham, en su análisis sobre la legitimidad del poder, destaca que la legitimidad de las acciones violentas no puede ser vista de una manera monodimensional, como sería asumir que son válidas por el simple hecho de ser ejecutadas por un Estado, sino que la legitimidad es multidimensional y se relaciona con otros aspectos, como son las normas o leyes de la sociedad y la manera en cómo estas fueron establecidas; con la justificación que las acciones violentas puedan encontrar en las creencias de esa sociedad y en las expresiones públicas de consentimiento que puedan realizar las personas hacia esas acciones del poder (Beetham, 2006).

Con todo, esto genera otros problemas éticos, pues en muchos casos las acciones extrajudiciales de los cuerpos policiales son aprobadas por la población, muchas veces victimizada y temerosa, que puede interpretar esas acciones de “limpieza social” como una justa venganza y como un medio de defensa anticipada.

Sostenemos entonces que para que el uso de la violencia por parte del Estado tenga legitimidad, debe demostrar que es sustancialmente distinta y superior a la violencia ejercida por los grupos criminales. Y para ello debe mostrar apego a valores considerados universales de respeto de los derechos humanos, del debido proceso, de la presunción de inocencia, de la deliberación democrática.

Pero el Estado democrático debe demostrar también que es eficiente en la protección de los ciudadanos y en el castigo de los criminales. Pues si la democracia no logra demostrar que su utilización de la violencia es diferente y superior a la que ejercen los delincuentes, nos encontraremos con el problema que se vive en muchas partes de América Latina, donde la población no logra percibir diferencias sustanciales entre la actuación de los criminales y de los policías, al punto de llegar a escenarios en los que, incluso, los criminales pueden quedar mejor evaluados.

Las organizaciones criminales han sustituido al Estado en muchos territorios de América Latina, bien sea por la falta de presencia y ejercicio de la soberanía del Estado en zonas distantes o aisladas, bien sea por el desplazamiento que las armas del crimen han provocado en las fuerzas de seguridad de los gobiernos.

En esos territorios, rurales o urbanos, la criminalidad puede ser un factor de pacificación. El crimen se puede encargar de la tarea de pacificación de la sociedad que en Europa le correspondió al Estado nacional (Giddens, 1985). En ese sentido se puede afirmar que la criminalidad organizada puede “serenar” la sociedad, para usar la expresión del actual presidente de México. También pueden ofrecer protección a las personas; además, con su acción pueden ofrecer bienestar, y con sus turbios negocios prosperidad a la población que se encuentra bajo su dominio.

El crimen organizado puede también crear reglas que establezcan una institucionalidad perversa pero funcional, que por un lado les garantice a ellos regularizar el ejercicio de su dominación, mientras que a las personas que somete les permite hacer previsible el comportamiento de los demás y orientar su propia acción en consecuencia. Esa institucionalidad perversa, una vez instalada en un territorio, puede incluso casi cumplir con la función que Luhmann le atribuía al derecho, es decir, la función de estabilizador de las expectativas sociales (Luhmann, 2005).

Los ganaderos que en la frontera de Venezuela con Colombia se sienten satisfechos con el pago de la extorsión que hacen a los grupos guerrilleros están contentos porque reciben beneficios con su sumisión y pago. Con el dominio y la imposición de la institucionalidad perversa, los grupos guerrilleros lograron reducir la incertidumbre de los ganaderos y administrar un pacto más civilizado que la victimización por la delincuencia pura. Los ganaderos saben exactamente cuánto les están robando cada mes, y no hay sorpresas, pueden planificarlo e incluirlo en su estructura de costos. Y, además, lograron superar el estadio más brutal de la violencia que amenazaría no solo sus bienes, sino su vida y la de sus familias.

Las bandas criminales tienen, adicionalmente, otros aspectos a su favor. Ellos pueden ofrecer a los demás actores de la sociedad un acatamiento de las normas y una disuasión en los potenciales infractores de las “leyes del crimen” que las leyes de la democracia no tienen. Los grupos criminales lograr reducir la desobediencia y el incumplimiento de sus normas, pues establecen severos castigos a los infractores y con mucha más eficiencia que los cuerpos de seguridad o los tribunales del Estado. Asimismo, poco les importa el exceso o las equivocaciones.

En una entrevista que realicé a un capitán de la policía militar de Brasil, este afirmaba que en las favelas y periferias dominadas por las grandes agrupaciones criminales llamadas facções, presentes en muchas ciudades brasileñas, los jóvenes violentos o ladrones de calle obedecen más y mejor las normas establecidas por las bandas que a las leyes o la policía. Ellos conocen las leyes, lo que está prohibido por la ley y aquello que es correcto, pero no lo acatan. Y esto es así no porque esos jóvenes tengan un comportamiento bizarro, sino por un comportamiento racional. Ellos saben muy bien que los líderes de las facções aplican castigos crueles e inmediatos a quienes osan violar la regla del “morro” que, por ejemplo, establece que en una zona demarcada ninguém aqui rouba [aquí nadie roba]. Temor y disuasión que no logran inspirar las leyes ni los tribunales de la república.

La construcción de la paz por la democracia debe tener fundamentos distintos y demostrar todo el tiempo que es cualitativamente superior a la paz criminal. La paz democrática debe pacificar la sociedad, pero basándose en la difícil y esquiva tarea de la construcción de una institucionalidad fundada en el consenso, la participación y la deliberación (Habermas, 1998).

En otras palabras, deben buscar la construcción de relaciones sociales fundadas en reglas abstractas y universales, y no en la arbitraria voluntad de individuos. Reglas que tengan capacidad para procesar los inevitables conflictos que existen en la sociedad de una manera dialogada y solidaria, respetuosa de la libertad del individuo (Briceño-León, 2016). Nada de eso existe en los territorios que son controlados por el crimen organizado. Allí lo que existe es la imposición totalitaria, donde lo que se impone es la voluntad caprichosa de un dictador criminal llamado jefe de banda, líder de guerrilla, capo de la droga o comisario político.

Recientemente, en América Latina se ha utilizado, y a veces abusado de ella, la tesis de Giorgio Agamben sobre la singularidad del estado de excepción para interpretar las medidas autoritarias de diversos gobiernos contemporáneos. Ahora bien, cuando se analizan las formas de dominación que establece el crimen organizado en sus territorios, nos encontramos que allí se ejerce la forma pura y desnuda del estado de excepción, pues, como dice Agamben, lo que allí ocurre “no es una forma especial del derecho, como sería el de la guerra, sino la suspensión del orden jurídico en sí mismo” (Agamben, 2016, p. 180).

La paz, como un proceso continuo para lograr vivir juntos los desiguales y diferentes, y para resolver los conflictos con la política y sin la violencia, solo puede lograrse a partir de la construcción de una institucionalidad, de un derecho, de un orden normativo formal e informal, que permita aumentar la confianza y la predictibilidad social, garantizando los derechos ciudadanos (North, Wallis y Weingast, 2009; Messner, Rosenfeld y Karstedt, 2013).

Si entendemos la democracia en el sentido de Habermas, a saber, como la capacidad de la sociedad para autoorganizarse (Habermas, 1998), en la paz debemos incluir entonces la renuncia voluntaria a la violencia y a la venganza, la cesión del derecho a la venganza personal y el castigo a un tercero abstracto y ajeno; debemos incluir el esfuerzo permanente e inacabado de personas y fuerzas sociales por establecer una alianza por medio de la palabra para contener la agresión y la muerte.

La paz sería, entonces, la capacidad de la sociedad para resolver los conflictos con la palabra y la política, con la construcción de una institucionalidad formal e informal, que permita aumentar la confianza y la predictibilidad social y que garantice la libertad, la democracia y los derechos de los individuos. Y no solo la reducción de la violencia.

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El sábado 25 de enero de 2020, los vecinos de la plaza de armas de Culiacán advirtieron un movimiento extraño alrededor de iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Un grupo de hombres habían acordonado con una cinta plástica amarilla los alrededores de la catedral de Sinaloa. Las puertas de la basílica fueron cerradas para sus visitantes habituales y otros jóvenes armados se apostaron en las esquinas para controlar el acceso de las calles cercanas a la plaza. Los vecinos observaron los carros de lujo y camionetas blindadas que llegaban para la celebración de lo que sería una lujosa boda. Lo que no sabían era que se trataba del matrimonio de una de las hijas del Chapo Guzmán.

Todo, tanto el sacramento como la posterior fiesta de celebración, trascurrió con orden, boato y seguridad. Se rumora, pero nadie tiene certeza, que al casamiento también asistió su medio hermano Ovidio, el mismo a quien tres meses atrás habían intentado fallidamente apresar las fuerzas policiales y militares, lo cual había provocado un caos de enfrentamientos, muertes, heridos y la paralización de la ciudad. Pero la tarde de la boda de enero no hubo violencia, y algunos se atrevieron a decir que reinó la paz.

Referencias

Agamben, G. (2016). Homo Sacer. L´Intégrale 1997-2015. París: Éditions du Seuil.

Alexander, J. (2000). Theorizing the Good Society: hermeneutics, normative and empirical discourses. The Canadian Journal of Sociology, 25 (3), 271-304.

Antillano, A. y Avila, K. (2017). ¿La mano dura disminuye los homicidios? Revista CIDOB d´Afers internationals (116), 77-100.

Bayley, J. (2014). Crimen e impunidad. Las trampas de la seguridad en México. México: Debate.

Beetham, D. (2006). Political Legitimacy. En K. Nash, y A. Scott (eds.), The Blackwell Companion to Political Sociology (pp. 107-116). Oxford: Blackwell.

Briceño-León, R. (2016). La teoría sociológica de la institucionalidad y el pacto social. En R. Briceño-León (ed.), Ciudades de vida y muerte (pp. 117-142). Caracas: Editorial Alfa.

Briceño-León, R. y Camardiel, A. (2015). Delito organizado, mercados ilegales y democracia en Venezuela. Caracas: Alfa.

Bustamante, J. (18 de octubre de 2019). Culiacán bajo fuego, dejan libre a un hijo del chapo ante ofensiva criminal. Recuperado el 20 de noviembre de 2019, de Excelsior: https://www.excelsior.com.mx/nacional/culiacan-bajo-fuego-dejan-libre-a-un-hijo-de-el-chapo-ante-ofensiva-criminal/1342655.

Casell, K. (2019). Spotlight on Insecurity in Mexico. En E. J. Zechmeister (ed.), Pulse of Democracy (pp. 68-69). Nashville: LAPOP, Vanderbilt University.

Centro Nacional de Información. (2020). Víctimas de delitos del fuero común 2019. Ciudad de México: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Cruz, J. M. (06 de agosto de 2018). The Politics of Negotiating with Gangs. The Case of El Salvador. Bulletin of Latin American Research.

Cruz, J. M. y Duran-Martinez, A. (2016). Hiding violence to deal with the state: Criminal pacts in El Salvador and Medellin. Journal of Peace Research, 53 (2), 197-210.

El Universal (03 de febrero de 2020). La sonada boda de la hija del Chapo que paralizó Culiacán. Recuperado el 08 de febrero de 2020, de El Universal: https://tinyurl.com/3c95ywwe.

El Universal (30 de octubre de 2019). Así fue la detención minuto a minuto. Recuperado el 15 de noviembre de 2019, de El Universal: https://tinyurl.com/ewax78fe.

Foucault, M. (2000). Surveiller et Punir. Naissance de la Prison. Paris: Gallimard.

Giddens, A. (1985). The Nation-State and Violence. Volume Two of a Contemporary Critique of Historical Materialism. Berkely: University of California Press.

Habermas, J. (1998). The Inclusion of the Other. Studies in Political Theory. Cambridge: The MIT Press.

Hernandez-Anzora, M. (mayo-junio de 2016). Las maras y la nueva guerra salvadoreña. Nueva Sociedad, 263, 96-106.

Insight Crime (28 de enero de 2020). Balance de Insight Crime de los Homicidios en 2019. Recuperado el 05 de febrero de 2020, de Insight Crime: https://tinyurl.com/4trm2dtz.

Latinobarómetro (2019). Informe 2018. Corporación Latinobarómetro. Santiago de Chile: Latinobarómetro.

López Obrador, A. M. (2019). Discurso completo primer año de gobierno. Recuperado el 5 de diciembre de 2019, de Animal Político: https://www.animalpolitico.com/2019/12/discurso-completo-amlo-zocalo-primer-ano-gobierno/.

Luhmann, N. (2005). El derecho de la sociedad. Barcelona: Herder.

Messner, S. F.; Rosenfeld, R. y Karstedt, S. (2013). Social Institutions and Crime. En F. T. Cullen y P. Wilcox (eds.), Criminological Theory (págs. 405-423). Oxford: Oxford University Press.

North, D. C.; Wallis, J. J. y Weingast, B. R. (2009). Violence and Social Order. A conceptual Framework for interpreting Recorded Human History. Cambridge: Cambridge University Press.

Oates, S. B. (1982). Let the Trumpets Sound. The Life of Martin Luther King. New York: Harper and Row.

Pardo, D. (28 de julio de 2015). Así se vive en las zonas de paz. Recuperado el 17 de septiembre de 2019, de BBC: https://tinyurl.com/43s9fx34.

Tilly, C. (1985). War Making and State Making as Organized Crime. En P. Evans, D. Rueschemeyer y T. Skocpol (eds.), Bringing the State Back (pp.169-187). Cambridge: Cambridge University Press.

UNODC. (2019). Global Study on Homicide. Homicide trends, patterns and criminal justice. Vienna: UNODC.

Weber, M. (1965). Economia y sociedad. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

World Health Organization (2020). Constitution of the World Health Organization. En WHO (ed.), Basic Documents. Forty-ninth Edition (pp. 1-19). Geneva: WHO.

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