Informes de la verdad y la justicia en los casos de Argentina, Chile y Guatemala

Sonia Angulo Brenes

Consideraciones preliminares

No busques lo que no hay: huellas, cadáveres

que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa,

a la Devoradora de Excrementos.

No hurgues en los archivos pues nada consta en actas.

Más he aquí que toco una llaga: es mi memoria.

Duele, luego es verdad. Sangre con sangre

y si la llamo mía traiciono a todos.

Recuerdo, recordamos.

   

(Memorial de Tlatelolco, Rosario Castellanos,
2015, pp. 165-166).

  

Los informes de la verdad y la justicia surgen en diferentes partes del mundo para responder a mandatos o decretos del Estado después de dictaduras o de acontecimientos violentos con la finalidad de que coadyuven en los procesos de transición a la democracia.

Los informes de la verdad y la justicia, en términos generales, buscan reconstruir lo ocurrido y proponer reparaciones para las personas víctimas de la violencia. En el caso de América Latina, a partir de la caída de la segunda ola de dictaduras en las décadas de los sesenta y setenta, se organizaron las Comisiones de la Verdad y la Justicia y comenzaron a generarse sus respectivos informes. En términos cronológicos, la primera aparece en 1982 en Bolivia, por el Decreto Supremo N.° 241 del gobierno de Hernán Siles Suazo. En 1983, en Argentina, se crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) a partir del Decreto 187, la cual presentó el informe Nunca Más, que representa uno de los documentos más importantes para comprender la situación de la dictadura argentina (Hayner, 2008 y CONADEP, 1984).

En 1990, en Chile, aparece el tercer informe, conocido como Rettig y llamado así porque quien presidía la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR) era el exsenador Raúl Rettig. Posteriormente, en el año 1991, se organiza la Comisión de la Verdad en El Salvador y su informe De la locura a la esperanza, mientras que el informe Guatemala Memoria del Silencio, realizado por parte de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) se presenta en el año 1994.

Estos informes son analizados desde tres categorías, a saber: tiempo, memoria y testimonio, las cuales son problemáticas y complejas. En este sentido, Beatriz Sarlo (2006) afirma que la relación entre pasado y presente, memoria e historia es conflictiva, en tanto:

El pasado es siempre conflictivo. A él se refieren, en competencia, la memoria y la historia, porque la historia no siempre puede creerle a la memoria, y la memoria desconfía de una reconstrucción que no ponga en su centro los derechos del recuerdo (derecho de vida, de justicia, de subjetividad) (p. 9).

En esa relación entre historia y memoria, la recuperación del pasado contiene una mirada del presente, es decir, la recuperación de los hechos envuelve al mismo tiempo una lectura del pasado y del presente en una convergencia contradictoria. A partir de este conflicto es que surgen las preguntas que fundamentan la propuesta analítica:

1. ¿Cómo los informes de la verdad y la justicia estudiados recuperan el pasado y cómo asumen el conflicto entre pasado y presente?
2. ¿Cuál es el tratamiento de los testimonios en los tres informes?
3. ¿Cuál es el vínculo o enfrentamiento entre la memoria y el testimonio?

Esta última cuestión representa particular complejidad toda vez que, dada la naturaleza de los informes, al ser leídos y recuperados en su función política, ética e histórica, son también representaciones del pasado, tal como lo expone Sarlo (2006) cuando se pregunta “¿Qué relato de la experiencia está en condiciones de evadir la contradicción entre la fijeza de la puesta en discurso y la movilidad de lo vivido?” (p. 27). El testimonio se convierte en una narración que posee una temporalidad, que no es el presente y que contiene el pasado, el cual se recupera desde su recuerdo y al mismo tiempo desde el olvido: “la narración inscribe la experiencia en una temporalidad que no es la de su acontecer (amenazado desde su mismo comienzo por el paso del tiempo y lo irrepetible), sino la de su recuerdo” (Sarlo, 2006, p. 29).

Por otro lado, la memoria, entendida como una mirada social y colectiva, permite historizar el “pasado vivo”^[1], pues:

En efecto, si la memoria permite los usos del pasado para el futuro y, a su vez, si el proyecto como futuro revisita la memoria, asimismo el olvido permite abrir el futuro hacia lo nuevo, lo diferente, escapando a la repetición y, simultáneamente, reconfigurar la memoria del pasado (Calveiro, 2008, p. 70).

A partir de estos puntos de vista teóricos, el presente artículo se divide en cuatro partes:

1. El contexto histórico y la síntesis de los informes analizados.
2. El conflicto entre el pasado y el presente en los informes de la verdad y la justicia estudiados.
3. Un recorrido por los testimonios de los tres casos estudiados.
4. El vínculo o contradicción entre memoria y testimonio.

Con estos cuatro puntos se establece una lectura de los informes a través de la recuperación del pasado en el presente, en tanto, y como expone Sarlo (2006), “el tiempo propio del recuerdo es el presente: es decir, el único tiempo apropiado para recordar y, también, el tiempo del cual el recuerdo se apodera, haciéndolo propio” (p. 10). En este sentido, el retrato de los tres informes escogidos se establece como un juego, de ir y venir, entre el pasado que ya no está y el presente que constantemente olvida.

1. El contexto histórico y los informes de la verdad y la justicia en Argentina, Chile y Guatemala

Los informes de la verdad y la justicia son diversos entre sí, tanto en su estructura como en su tratamiento de los hechos ocurridos, y cada uno de ellos responde a un contexto histórico determinado. Sin embargo, su finalidad se centra en la posibilidad de reconstruir un pasado que, al mismo tiempo, sea recordado y olvidado para poder transitar de una dictadura a un proceso democrático. En este sentido, es necesaria una breve contextualización de cada uno.

1.1. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y el Nunca Más

De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en diez días según manda una ley que fue respetada aun en las cumbres represivas de anteriores dictaduras (Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, Rodolfo Walsh, 1977, p. 138).

Para entender el surgimiento de la CONADEP y su informe Nunca Más es necesario remitirse al 24 de marzo de 1976 cuando la Junta Militar, a través de las fuerzas armadas, tomó el poder en Argentina e impuso la dictadura. La situación cada vez se volvió más violenta y se propagó un ambiente de terror. Así, en un solo año, para 1977 había “quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de miles de desterrados (…)” (Walsh, 1977, p. 137).

En esta dictadura, los medios para imponer el miedo y el terror fueron muchos y tuvieron muy variadas formas: se produjeron secuestros, detenciones, desapariciones y torturas, además de la constitución de centros clandestinos de detención, los cuales, según la CONADEP (1984), fueron aproximadamente 340 en todo el país.

Así, por ejemplo, se efectuaron, desde 1976, cerca de 600 secuestros, 8.960 personas fueron privadas de libertad ilegítimamente y se calcula la desaparición de entre 10.000 y 30.000 personas, las cuales sufrieron torturas y fueron asesinadas (CONADEP, 1984 y Hayner, 2008). La desaparición se transformó en una maniobra para generar el miedo y las detenciones podían tener lugar en diversos contextos, como se muestra en el cuadro 1:

Cuadro 1. Formas de detención en la dictadura militar Argentina

Tipo de detención	Porcentaje aproximado
Detenidos en su domicilio ante testigos	62,0
Detenidos en la vía pública	24,6
Detenidos en lugares de trabajo	7,0
Detenidos en lugares de estudio	6,0
Desaparecidos que fueron secuestrados en dependencias militares, penales o policiales, estando legalmente detenidos en estos establecimientos	0,4

Fuente: elaboración propia de acuerdo con CONADEP, 1984, p. 17.

La dictadura argentina se constituye en una de las primeras cuya finalidad es lograr generar miedo a través de los desaparecidos, de la tortura y de la muerte. En este sentido, Calveiro (2001) explica:

La población masiva de los campos (centros de detención) estaba conformada por militantes de las organizaciones armadas, por sus periferias, por activistas políticos de la izquierda en general, por activistas sindicales y por miembros de los grupos de derechos humanos. Pero cabe señalar que, si en la búsqueda de estas personas las fuerzas de seguridad se cruzaban con un vecino, un hijo o el padre de alguno de los implicados que les pudiera servir, que les pudiera perjudicar o que simplemente fuera un testigo incómodo, ésta era razón suficiente para que dicha persona, cualquiera que fuera su edad, pasara a ser un “chupado” más, con el mismo destino final que el resto (pp. 44-45).

Asimismo, las formas de tortura fueron creadas para provocar el máximo sufrimiento de las personas detenidas y generar un ambiente cada vez más fuerte de miedo e impunidad. En tanto, el Estado se convertía en represor y ejercía la violencia para propiciar la deshumanización, el debilitamiento y la concentración de poder. Se conformaba, de este modo, el terrorismo de Estado:

El típico campo de concentración de la dictadura argentina fue el “chupadero”, constituido como una estructura flexible y operativa para el ejercicio de la tortura y la decisión sobre la eliminación o la eventual libertad de los detenidos-desaparecidos (…). La tortura era un elemento central en el dispositivo de represión y aniquilamiento (…) (Alonso, 2014, pp. 193-194).

Para cuando en 1983 la Junta accede a convocar a elecciones y Raúl Alfonsín llega al poder, creando el 15 de diciembre de ese año la CONADEP, el panorama era desolador. La Comisión recuperó 7.000 testimonios que documentaban los casos de las 8.960 personas desaparecidas y 1.500 más que habían sobrevivido a los campos de detención (Hayner, 2008).

La Comisión estuvo conformada por diez miembros,^[2] fue dirigida por el escritor Ernesto Sábato y organizada a través de cinco secretarías, en las cuales se recibían las denuncias y se realizaba su procesamiento. Contó con el apoyo de diversas organizaciones de derechos humanos y de documentación de las desapariciones por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (CONADEP, 1984).

Esta Comisión se centró en la figura de los desaparecidos, su período abarcó nueve meses, en los que se retomaron los hechos ocurridos desde 1976 hasta 1983. Así, producto de este trabajo se generó el informe Nunca Más, el cual fue publicado en 1984 por la editorial de la Universidad de Buenos Aires convirtiéndose

[…] de inmediato en un éxito de ventas: el primer día se vendieron 40.000 ejemplares y en las primeras ocho semanas se llegó a los 150.000. Hasta ahora ha habido más de 20 reimpresiones, ha vendido más de 300.000 ejemplares y uno de los mayores éxitos de venta en la historia de Argentina (Hayner, 2008, pp. 65 y 66).

El informe se constituye en un texto de 490 páginas y entre algunos de sus aportes fundamentales se encuentran, primero, la cantidad de entrevistas y testimonios recolectados por la Comisión tanto en Buenos Aires como en las provincias, lo que permitió una comprensión amplia de lo sucedido, como el intento de recuperar todos los testimonios de las personas exiliadas. Segundo, la inclusión de los testimonios a lo largo del texto que permiten comprender la dimensión de la violencia acaecida. Tercero, el detalle de los hechos ocurridos, de la desaparición de las personas y, especialmente, el recuento de los diferentes centros clandestinos de detención; en este sentido la CONADEP (1984) recopiló 7.380 legajos que contenían denuncias, testimonios y declaraciones de la represión.

Finalmente, el cuarto aporte fundamental corresponde al señalamiento contundente sobre el terrorismo de Estado, su impunidad y el lucro a la violencia y a la represión, así en el capítulo I se retrata quiénes eran los represores y su modus operandi, por ejemplo:

Mi esposo “se desempeñaba como Oficial Inspector de la Policía Federal en el Departamento de Asuntos Políticos de la Super-Intendencia de Seguridad Federal”. “Era un idealista dentro de la Policía, estaba en contra de la tortura y de todo lo que pudiera ser negociado o trampa. Su foja [sic] de servicios era impecable y a los 25 años ya era Inspector”. Su único error consistió en brindar información a familiares sobre la desaparición de detenidos. “Apenas trascurridos dos días desde la desaparición de Carlos María… la esposa de un Suboficial de Policía… me hizo saber que ‘no lo busque más porque ya lo mataron’” (Mónica De Napoli de Aristegui-Legajo N.° 2448) (CONADEP, 1984, p. 254).

La estructura del informe es la siguiente:

Esquema 1. Estructura del informe Nunca Más

Fuente: elaboración propia de acuerdo con CONADEP, 1984.

A lo largo del documento se van tratando los diferentes aspectos, intercalando los testimonios recogidos por la Comisión. En este sentido, el tratamiento de los testimonios se llevó mediante la asignación de un número de caso a cada una de las denuncias, y así se elaboró una carpeta o legajo con toda la información que se recabó, lo que se puede observar al finalizar cada extracto del testimonio. Esta información se complementó con entrevistas y declaraciones de testigos y la búsqueda de información complementaria. El procedimiento para recabar información y testimonios fue el siguiente:

1. Reconocimiento in situ de centros clandestinos de detención, con la concurrencia de liberados de dichos campos.
2. Visita a las morgues para recabar información sobre ingresos irregulares.
3. Diligencias en vecindarios y en lugares de trabajo, enderezadas a determinar la ubicación de centros clandestinos de detención o sobre las modalidades y formas en que se procedió a secuestrar a personas que figuran como desaparecidas.
4. Recepción de declaraciones testimoniales de personal en actividad o en retiro de las fuerzas armadas y de seguridad, fuera del ámbito físico de la Comisión.
5. Revisión de registros carcelarios.
6. Revisión de registros policiales.
7. Investigación de delitos cometidos en bienes de desaparecidos (CONADEP, 1984, pp. 449-450).

Una vez recolectada la información, los testimonios en el informe Nunca Más se presentan con las siguientes características: a) se encuentran específicamente en los capítulos I, II y lll, b) se agrupan dos o más testimonios en función de un título colocado por la Comisión, c) se transcriben o parafrasean según sea el caso, d) se incluye el nombre del testimoniante y e) se transcribe el número de legajo, tal cual se muestra como ejemplo en el siguiente cuadro.

Cuadro 2. Ejemplo de testimonio en el informe Nunca Más

Título del apartado	“El traslado”
Cantidad de testimonios transcriptos	Tres extractos
Transcripción de uno de ellos: “En un traslado que se realizó en febrero-marzo de 1977 se llevaron a un hombre llamado ‘Tincho’. Lo bajan al sótano, le aplican la vacuna y un rato después comienza a sentirse sin fuerzas y mareado. Oye cómo los demás vomitan e incluso se desmayan y son sacados a la rastra. Una vez, después del traslado a unas compañeras les llamó la atención encontrar en el piso del sótano marcas de zapatos de goma arrastrados (evidentemente ese día no habían realizado bien la habitual limpieza). A Tincho lo sacaron con los demás por una puerta a la derecha de la entrada principal del sótano. Lo subieron a un camión y lo llevaron a un lugar que supone ser el Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires. Lo obligaron a subir las escalerillas de un avión y arriba le preguntaron su nombre y su número y evidentemente al haberse equivocado de persona lo bajaron y lo regresaron al tercer piso de la ESMA (Norma Susana Burgos-Legajo N.° 1293).

Fuente: elaboración propia de acuerdo con CONADEP (1984, p. 137).

Como se puede observar, el informe retrata un cuadro de la violencia y del terror ejercidos por parte del Estado y recaba información numerosa de la cantidad de desaparecidos en la dictadura militar.

1.2. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación Chilena (CNVR) y el informe Rettig

Después de un rato volvemos a mirarnos, atónitos. Nadie parece comprender. Atropelladamente, en voz muy baja, comenzamos a narrarnos cada caso, las circunstancias de nuestras detenciones, buscando la explicación común de nuestra suerte. Nadie sabe exactamente por qué ha sido detenido. Cada cual tiene sus suposiciones, sus sospechas, pero nadie se considera sorprendido en ningún delito (Tejas Verdes, Hernán Valdés, 1974, p. 54).

El 11 de setiembre de 1973 tuvo lugar el golpe de Estado contra Salvador Allende y el inicio de la dictadura chilena, la cual se constituiría en una de las más largas y violentas de América Latina, llegando a su fin solo en 1990. Fue Augusto Pinochet quien, a través de medidas represivas y autoritarias, se impuso en el poder y creó todas las condiciones para mantener la dictadura a lo largo de este período a través, primero, de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y, posteriormente, de la Central Nacional de Inteligencia (CNI):

La coerción fue ejercida con gran fuerza en las primeras semanas posteriores al golpe militar, resultando muertas centenares de personas y otras miles detenidas y encarceladas en diversos recintos: Estadio Nacional, Estadio Chile, en Santiago y en la isla Dawson, en el extremo sur del país, entre otros, donde fueron enviados ex ministros y altos personeros del derrocado gobierno de Allende. Más tarde, la represión actuó de modo más selectivo con el objetivo de diezmar a las agrupaciones de izquierda, especialmente al Partido Comunista y al MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario) (Huneeus, 2003, pp. 167-168).

En este contexto, se produjo la constante violación de los derechos humanos, a través de la desaparición, la detención, la tortura y la muerte, tanto de militantes políticos, allegados a Salvador Allende o cualquier persona que fuese considerada un enemigo por los militares, además de la creación de centros de detención.

Todo esto llegó a su fin con el plebiscito de 1988, que dio paso a las elecciones democráticas de 1989, en las que se impuso el candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Aylwin, quien establece el Decreto Supremo N.° 355 del 9 de mayo de 1990, que crea la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación Chilena (CNVR) y su informe Rettig, que cubre el período comprendido entre el 11 de setiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Este tuvo por objeto: “[…] contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años, con el fin de colaborar a la reconciliación de todos los chilenos” (CNVR, 1996, p. 1).

A lo largo de su gestión y en el informe, esta comisión se centra particularmente en la reconciliación nacional, pues desde el punto de vista de sus integrantes, esta se convertía en una tarea moral. De ahí la importancia desde su punto de vista de la reconstrucción de la verdad desde la objetividad, pues era el punto de unión para la superación de la violencia de la dictadura militar.

Por esto, de las ocho personas que integrarían la Comisión, el presidente “[…] seleccionó a propósito a cuatro que habían apoyado a Pinochet, entre ellos antiguos funcionarios del régimen y cuatro integrantes de la oposición, con lo que se evitaba la sospecha de que la comisión era parcial” (Hayner, 2008, p. 67).

La comisión estaba conformada por Raúl Rettig Guissen, presidente, y algunos de sus integrantes fueron representantes de la defensa de los derechos humanos, tales como Jaime Castillo Velasco y José Luis Zalaquett Daher, además de José Luis Cea Egaña, Mónica Jiménez de La Jara, Ricardo Martín Díaz, Laura Novoa Vásquez y el historiador conservador Gonzalo Vial Correa (Espinoza y otras, 2003).

Otro aspecto de la comisión fue la definición de derechos humanos ya que su trabajo se enfocó en aquellas violaciones, tales como la detención, la desaparición, la tortura y la ejecución de personas cuyo destino fue la muerte a manos de agentes del Estado (CNVR, 1996). En este sentido, se excluyó a todas las personas que fueron torturadas pero que no habían muerto.

Estos tres elementos, a saber, la constante búsqueda de reconciliación a través de la objetividad de la verdad, la conformación de la comisión con integrantes que apoyaban la dictadura y el hecho de que las únicas víctimas consideradas fueran aquellas que murieron limitaron el impacto del documento ante la sociedad chilena. Además, el documento presentaba una estructura compleja, organizada en tres tomos de la siguiente manera:

Esquema 2. Estructura del informe Rettig

Fuente: elaboración propia de acuerdo con CNVR, 1996.

El informe se puede dividir en tres grandes momentos: el primero, del capítulo I al IV (primera y segunda parte), describe los antecedentes históricos y metodológicos de la dictadura, en la que se retratan linealmente los hechos ocurridos en el periodo de septiembre de 1973 a marzo de 1990; el segundo expone cronológicamente los hechos ocurridos en todo el período (capítulo I al V de la tercera parte); y, finalmente, el tercero, donde se recomiendan las medidas de reparación para todas las personas víctimas.

Sin embargo, la organización del informe es confusa y presenta limitaciones. Por ejemplo, en su recuento, reconoce oficialmente solo 2.279 casos de ejecución y desaparición en el período de estudio (Dobles, 2009) y se excluyen los casos de tortura que no hubieran ocasionado muerte:

[…] aunque la comisión describe torturas con cierto detalle en su informe, los que las sufrieron pero sobrevivieron no figuraban como víctimas y no se investigaron sus casos, por lo que sigue habiendo falta de claridad sobre el número total de personas que sobrevivieron a la tortura (los cálculos oscilan entre 50.000 y 200.000). Los que sobrevivieron a la tortura tampoco recibieron reparaciones en el programa que se aprobó para aplicar las recomendaciones de la comisión (Hayner, 2008, p. 67).

Con respecto al tratamiento del testimonio, se presenta de dos maneras, en los tomos I y II del volumen I se intercala lo sucedido con la persona en un tipo de formato de ficha policial con aspectos más generales del contexto y en el tomo III del volumen II se retoma con información más suscita. Así, en el tomo I y II se presentan los siguientes elementos en cada síntesis: a) fecha en que la persona murió, b) datos de la persona, c) descripción de lo sucedido y d) dictamen de la Comisión, como se ejemplifica en el cuadro 3.

Cuadro 3. Ejemplo de testimonio en el informe Rettig

El 15 de noviembre de 1973 fue muerto Luis Heriberto CONTRERAS ESCANILLA, de 43 años, técnico eléctrico, militante del Partido Socialista. El 10 de noviembre fue detenido Contreras Escanilla en su domicilio por una patrulla militar, quienes también arrestaron, aunque en otro lugar, a un hijo del afectado. Ambos fueron llevados al centro de detenciones de Cerro Chena. La prensa informó que había sido aprehendido por “actos sospechosos”. El día 15 de noviembre de 1973, de acuerdo a declaraciones de testigos prestadas ante esta Comisión, después de haber sido torturado durante su detención fue ejecutado de dos balazos por los militares dentro de Cerro Chena. Su cuerpo fue abandonado en la vía pública, desde donde fue enviado al Instituto Médico Legal. Las torturas y la causa de la muerte quedaron plenamente acreditadas en el protocolo de autopsia, donde se constaron múltiples lesiones y escoriaciones. Encontrándose acreditada la detención, la permanencia de la víctima recluida en un recinto militar, las torturas infligidas, habiendo sido muerto mediante disparos mientras permanencia en tal calidad y no existiendo constancia de haberse seguido proceso judicial o Consejo de Guerra en su contra, la Comisión adquirió la convicción de que la muerte de Luis Contreras constituye un caso de violación a los derechos humanos, al haber sido ejecutado al margen de todo proceso por agentes estatales.

Fuente: elaboración propia de acuerdo con CNVR, 1996, p. 228.

Como se puede observar, más que un testimonio en sí, es una descripción por parte de la Comisión de lo sucedido, en tanto, como ya se mencionó, el objeto del informe son las personas asesinadas, lo que limita los testimonios a testigos indirectos. Sin embargo, sus palabras, representaciones y lecturas no se retoman en el informe. Además, el recuento de lo sucedido se expresa desde una mirada supuestamente objetiva, fría y remitiéndose a los hechos sucedidos. Finalmente, en cada uno de ellos, la comisión realiza su veredicto.

En cuanto al tomo III, “los testimonios” se recopilan de forma más sucinta; nuevamente se retoma el nombre, edad, su ocupación, la fecha y el lugar donde murió y lo sucedido. La diferencia con los otros tomos es que en este no se transcribe el dictamen de la comisión. En este sentido, los límites del tratamiento de los “testimonios” en el informe no permiten reflejar la voz de los que sufrieron la dictadura militar.

1.3. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) y el informe Guatemala Memoria del Silencio

Todo se hacía con la seriedad del caso, tal como nos enseñaron los gringos. Sabía que si alcanzaba el tiempo, vendría lo mero bueno. Hay que vengar a nuestros hombres que murieron ayer. ¡Démosles sin piedad, matémoslos! –pensaba. Entonces mandé traer a una joven mujer que estaba embarazada. La desnudamos y la amarramos en el suelo, en cruz. “¡Pásenle!”, dije. Los hombres se empezaron a pelear por quién iba de primero. “Momento ‒dije‒, yo voy primeras”. Como la mujer no quería, le pegué sus talegazos. Ella se retorcía y peleaba con los dientes (…) (Huracán corazón del cielo, Franz Galich, 1995, p. 103).

En el caso de Guatemala el establecimiento de la comisión surgió en el año 1994 como parte del acuerdo de Oslo entre el gobierno de la República, encabezado por Álvaro Arzú Irigoyen, y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) para reconstruir las violaciones a los derechos humanos y los hechos violentos ocurridos en la dictadura guatemalteca desde el inicio del enfrentamiento armado en 1962 y el golpe de Estado de 1963, hasta 1994 con el acuerdo de paz (CEH, 1999).

En este sentido, en el caso guatemalteco se recupera un período extenso de enfrentamiento social y de imposición del terror por parte del ejército, el cual se agudizará llegando a su punto más álgido con la dictadura de Efraín Ríos Montt.

En el caso de Guatemala el inicio se presenta en 1962 con el enfrentamiento armado entre diferentes grupos guerrilleros, entre ellos el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y el Partido Unión Revolucionaria (PUR), los cuales confrontaron al gobierno, momento que marca el inicio de la agudización del conflicto. Con el golpe de Estado de 1963 el ejército toma el poder y crea las condiciones para un régimen militar contrainsurgente. Además, la intervención de Estados Unidos hizo posible el fortalecimiento de este régimen militar, y en 1966 la creación de los denominados “escuadrones de la muerte” propició con mayor fuerza la violación de los derechos humanos (CEH, 1999).

Posteriormente, en los años setenta el terrorismo de Estado y la impunidad fueron cada vez más intensos: “El clima de terror fue permanente y fueron numerosas las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia que se cometieron. Según registros periodísticos de la época fueron asesinados y desaparecidos alrededor de 7.200 guatemaltecos” (Torres, Edelberto, 1994, citado en CEH, 1999, p. 151).

En los años ochenta surgen con mayor fuerza el movimiento indígena y las diferentes expresiones guerrilleras; sin embargo, es hacia finales de los setenta y principios de los ochenta que se agudiza la militarización del Estado y la entrada de Ríos Montt.

Todo esto genera que en el caso guatemalteco las cifras de muertes, violaciones, desapariciones y torturas que la comisión recogió fuese significativamente mayor que en los casos anteriores. La comisión recopiló “(…) 6.500 testimonios, dando cuenta de 55.023 víctimas de violaciones a los derechos humanos” (Dobles, 2009, p. 245) y “alrededor de 200.000 personas muertas y desaparecidas” (Hayner, 2008, p. 80).

En este sentido, la Comisión del Esclarecimiento Histórico toma como punto de partida los casi 30 años de enfrentamiento armado y de ahí que una de sus finalidades fue “[…] esclarecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca, vinculados con el enfrentamiento armado” (CEH, 1999, p. 24).

Al igual que en el caso de la comisión chilena, nuevamente se impone el objetivo de ser imparciales, por lo que la comisión estuvo integrada por tres miembros:

• Christian Tomuschat como moderador no guatemalteco, profesor alemán de derecho y que se designó por medio de la Secretaría General de las Naciones Unidas.
• Otilia Lux de Cotí, académica maya en representación de una persona de conducta irreprochable, designada por el moderador.
• Edgar Alfredo Balsells Tojo como un académico elegido también por el moderador (CEH, 1999 y Hayner, 2008).

Según Hayner (2008), en conjunto con las tres personas que conformaron la comisión trabajaron alrededor de 200 integrantes, entre personas guatemaltecas y extranjeras, con la finalidad de brindarle objetividad e imparcialidad al proceso.

Así, a partir de una recopilación sistemática de diversas fuentes, las cuales fueron los testimonios de las personas víctimas de violencia, colectivos de comunidades o testigos, fuentes de carácter documental y hemerográfica, así como información proveniente de instancias oficiales, gobiernos, entre otros (CEH, 1999), se estructuró un informe de 12 tomos, en el cual se recuperan los testimonios en seis de ellos, divididos en casos ilustrativos y presentados, como se muestra en el siguiente esquema.

Esquema 3. Estructura del informe Guatemala Memoria del Silencio

Fuente: elaboración propia de acuerdo con CEH, 1999.

En el caso del informe guatemalteco el tratamiento de los testimonios, como ya se mencionó, se establece de dos formas: los casos ilustrativos y los presentados. Los primeros se encuentran en los tomos VI (53 casos) y VII (35 casos) y los segundos se presentan en los siguientes cuatro tomos.

Cada caso ilustrativo se divide en los siguientes apartados: antecedentes, reconstrucción de los hechos en el pasado y en el presente, conclusiones, listado de las víctimas y cantidad. Asimismo, cada caso lleva un número, un título y un epígrafe. La descripción de cada caso puede alcanzar alrededor de 12 páginas.

Por otro lado, los casos presentados son tipo ficha policial, en donde se presenta lugar, responsable, tipo de muerte, año, caso, descripción de lo sucedido, víctimas identificadas y grado de certeza por parte de la Comisión de lo sucedido.

En este sentido, se intenta recuperar con detalle lo sucedido, sin embargo, en ninguna de las dos formas se presenta el testimonio completo, sino por fragmentos entrelazados con la descripción o, en el segundo caso, específicamente por la Comisión, por lo que se pierde la voz de las personas.

Como se puede observar, tanto la organización de cada una de las comisiones como de sus informes presenta particularidades y preocupaciones sobre la forma de reconstrucción del pasado en el presente.

2. El conflicto entre el pasado y el presente en los informes de la verdad y la justicia estudiados

Que la historia que pasamos quede en las escuelas, para que no se olvide, para que nuestros hijos la conozcan (Un testigo ante la CEH, CEH, 1999, s.p.).

La existencia de los informes de la verdad y la justicia contiene en su naturaleza la contradicción, en tanto su finalidad es recuperar el pasado en el presente (desde una determinada manera), para construir un futuro de reconciliación social. Por ello, en estos documentos se presenta una elección consciente y específica de cómo recuperar este pasado para que sea leído en el presente de esa manera.

Como señala Sarlo (2006), hay una constante pugna entre un tiempo (del pasado) que lucha para imponerse sobre otro (el presente), pero en esa disputa constante, simultáneamente también el presente se manifiesta sobre el pasado, lo que Aravena (2014) ha llamado el “presentismo radical”:

en donde las lógicas culturales globalizadas refuerzan sus efectos al engarzar con unas condiciones materiales de existencia que impiden la más mínima proyección a futuro, es decir, en donde la sobrevivencia se ha convertido en la norma de la mayor parte de la sociedad (…) (p. 78).

El informe producto de cada una de las comisiones de la verdad y la justicia contiene estas contradicciones que le son inherentes e ineludibles. En los tres casos estudiados se encuentran presentes con algunas particularidades específicas. Sarlo (2006), para complejizar la discusión, propone la siguiente pregunta: “¿Qué relato de la experiencia está en condiciones de evadir la contradicción entre la fijeza de la puesta en discurso y la movilidad del pasado?” (p. 27). El acercamiento a los casos estudiados permite clarificar algunas características de esta contradicción o conflicto:

1. El constante interés por la búsqueda de objetividad e imparcialidad para reconstruir lo vivido y al mismo tiempo su función social de romper con el silencio.
2. La elección consciente de la forma de relatar los hechos ocurridos y la determinación sobre qué hechos se construyen.
3. La relación entre los actores sociales, es decir, las personas que conformaron cada comisión, las organizaciones de derechos humanos y la población víctima de la violencia.
4. La finalidad de reconciliación, la cual implica las medidas de reparación y el objetivo de que al recuperar lo vivido se pueda transitar a un proceso de democracia.

La primera característica sobre la búsqueda de objetividad e imparcialidad remite principalmente a los casos de Chile y Guatemala, en los cuales tanto en sus finalidades y objetivos como en la conformación de las comisiones se expresa una profunda necesidad de reflejar la objetividad y la imparcialidad, aunada a la constante búsqueda de la verdad. Así, por ejemplo, en el informe guatemalteco:

El primer fundamento inspirador del mandato es la necesidad de satisfacer el derecho del pueblo de Guatemala a conocer plenamente la verdad sobre lo ocurrido durante el enfrentamiento armado (…). En otras palabras, las partes del Acuerdo concibieron que no es posible construir una paz firme y duradera sobre la base del silencio sino sobre la base del conocimiento de la verdad (CEH, 1999, p. 42).

Este acuerdo de objetividad por parte de la comisión implica la reconstrucción de la verdad desde una determinada manera, en esta constante búsqueda se pierde de vista la complejidad de los hechos históricos y de lo que implica recuperar la memoria, en medio del conflicto constante entre recordar y olvidar. Por ejemplo, el informe chileno refleja una preocupación constante en brindar una imagen imparcial, de ahí su conformación con representantes vinculados a la dictadura pinochetista, como el historiador Gonzalo Vial.

También esta búsqueda de la objetividad proviene de la conformación de las comisiones y sus informes, las cuales generalmente surgen de decretos oficiales que se establecen por diferentes razones, principalmente el deseo de reconciliación de un país; entonces, tal como expone Hayner (2008), lo que reconstruyen es una verdad oficial:

Para algunas víctimas y sobrevivientes, una comisión de la verdad, más que decirles una nueva verdad, sirve para reconocer formalmente la que en general ya sabían. En el proceso de recogida de testimonios y de publicación de un informe oficial una comisión proporciona un reconocimiento también oficial de hechos largo tiempo silenciados (p. 56).

En este sentido, los tres informes estudiados son complejos, en tanto, si bien cumplen con su cometido, que es retratar lo ocurrido, recuperan testimonios que permiten comprender lo vívido de la violencia y de los años de terror que sufrieron muchas personas, con el fin de romper el silencio sobre estos hechos. Sin embargo, al reconstruir el pasado desde la búsqueda de la objetividad se limitan las voces de quienes vivieron estos hechos y se intenta retratar desde el punto de vista de actores con diversos intereses (el Estado, el gobierno, los organismos internacionales y los integrantes de la Comisión), lo que produce una intervención forzada a los testimonios y a la memoria. Esta situación se evidencia en el tratamiento de los testimonios brindados a la Comisión del Esclarecimiento Histórico guatemalteco. Como se muestra en el siguiente ejemplo, en el cual la primera parte (sin cursiva) es la introducción que brinda la Comisión y en la segunda parte se encuentra el extracto del testimonio (cursiva):

Con estos esfuerzos se intenta contribuir a esclarecer los casos específicos, rescatar la dignidad de las víctimas y poner de manifiesto la profunda necesidad de resarcir y reparar el daño causado. El siguiente relato es elocuente al respecto; al dar su testimonio, un declarante sacó de su morral unos huesos y parte de la dentadura de una de las víctimas que cargaba consigo y dijo:
“Me duele mucho cargarlos… como cargar la muerte… no voy a enterrarlos todavía… Sí, quiero que descanse, descansar yo también, pero todavía no puedo… Son la prueba de mi declaración… no voy a enterrarlos todavía, quiero un papel que diga a mí: ‘lo mataron las patrullas por culpa del Ejército y que no tenía delito, que era inocente…’ entonces vamos a descansar” (testigo CEH. C 16503. Mayo de 1982) (CEH, 1999, p. 262).

En general, a lo largo de los informes estudiados, especialmente en el caso argentino y guatemalteco, la presentación de los testimonios en fragmentos intervenidos por la mirada de la Comisión y de sus colaboradores limita la posibilidad de comprender en profundidad la experiencia de quienes sufrieron las peores consecuencias.

La segunda característica remite a la estructura de los informes y la selección de qué aspectos de los hechos vividos en las dictaduras se incluían en ellos, pues como ya se retomó, cada uno los recuperaba y desarrollaba de forma diferente. De igual manera, cada comisión definió cuáles serían sus principales actos documentados. En este sentido, de los tres informes, en el caso chileno una de las decisiones más controversiales fue centrarse solamente en aquellos que habían sufrido tortura y que habían muerto, pues esto limitó la posibilidad de recuperar la voz de los sobrevivientes y excluyó a una parte la sociedad.

Asimismo, el informe argentino se centró en los desaparecidos o en quienes sufrieron detención y tortura, mientras que el guatemalteco recuperó con mayor amplitud lo sucedido a lo largo del enfrentamiento armado. Una breve síntesis sobre la recopilación de cada informe sobre la violación de los derechos humanos se presenta en el siguiente cuadro, tomado textualmente del estudio realizado por Priscilla Hayner:

Cuadro 4. Síntesis sucinta de las violaciones a los derechos humanos recuperadas en los informes estudiados

Informe	Principales actos documentados por la Comisión	Violaciones a los derechos humanos o actos significativos no investigados por la Comisión o no incluidos en su informe final
Argentina	Desaparecidos	-Asesinatos cometidos por las fuerzas armadas en “enfrentamientos armados” reales u orquestados. -Desapariciones temporales (en las cuales las personas eran puestas en libertad o su cuerpo apareció y fue identificado). -Exilio forzoso. -Detención y tortura (la comisión entrevistó a los sobrevivientes e incorporó sus relatos (…), pero no lo hizo en la lista de víctimas). -Actos de violencia por la oposición armada. -Desapariciones realizadas por fuerzas gubernamentales antes del establecimiento del régimen militar en 1976.
Chile	-Desapariciones. -Tortura con resultado de muerte. -Ejecuciones realizadas por fuerzas gubernamentales. -Uso indebido de la fuerza, con resultado de muerte. -Muerte de combatientes y no combatientes en el fuego cruzado posterior al golpe de Estado.	-Torturas sin resultado de muerte (se describieron las prácticas de tortura, pero los sobrevivientes no figuraron en las listas de víctimas). -Detenciones ilegales que terminaron con la liberación del detenido vivo. -Exilio forzoso.
Guatemala	-Actos de genocidio por las fuerzas gubernamentales contra la población maya. -Masacres y asesinatos arbitrarios realizados por dichas fuerzas y por la oposición armada. -Desapariciones y secuestros perpetrados por fuerzas estatales y por la guerrilla. -Actos de violencia cometidos por las fuerzas económicas (terratenientes o empresarios) con el apoyo de fuerzas estatales. -Desplazamientos forzados y masivos y reasentamientos militarizados perpetrados por el Estado. -Reclutamiento forzoso por parte de la guerrilla.	No se excluyeron actos significativos

Fuente: Hayner, 2008, pp. 388, 389, 391 y 392.

Igualmente, la decisión por diferentes motivos^[3] de las tres Comisiones de no plasmar en los informes los nombres de los perpetradores limitó la posibilidad no solo de conocer lo que ocurrió, sino también quién lo hizo, y esto en muchos casos promovió la impunidad. Sin embargo, es importante mencionar que en el caso argentino y guatemalteco se concluyó y se determinó la culpa de los crímenes al Estado y del ambiente de terrorismo al ejército; por ejemplo, la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) (1999) concluyó que

La CEH ha constatado que la militarización del Estado y la sociedad constituyó un objetivo estratégico definido, planeado y ejecutado institucionalmente por el Ejército de Guatemala, a partir de la Doctrina de Seguridad Nacional y su peculiar interpretación de la realidad nacional. La militarización presentó características diferentes a lo largo de los años del enfrentamiento armado. Empezó durante los años sesenta y setenta con el dominio que el Ejército impuso sobre las estructuras del poder ejecutivo.
Luego asumió el ejercicio casi absoluto del poder mediante su penetración en todas las instituciones y espacios políticos, sociales e ideológicos del país durante media década en los años ochenta, hasta llegar ‒en la etapa final‒ a tener un control paralelo, semivisible, de bajo perfil, pero de alto impacto, en la vida nacional (Tomo V, p. 30).

Por otro lado, y a diferencia de los dos informes citados, el caso chileno es ambiguo, pues el informe Rettig, si bien se posiciona en favor de las víctimas y sus sobrevivientes, no deja claro sobre la responsabilidad de lo ocurrido, por ejemplo en una de sus recomendaciones se manifiesta: “la verdadera causa de la violencia de los Derechos Humanos fue, según se dijo al comienzo de la introducción, la insuficiencia de una cultura nacional de respeto a estos derechos” (CNVR, 1996, p. 1269).

La cantidad de información y de datos que se recolectaron en cada informe evidencia los hechos aberrantes de violencia contra quienes se opusieron al régimen militar. Así, para el caso argentino se recogieron 7.380 legajos, los cuales contenían denuncias, testimonios, declaraciones, entre otros aspectos, lo que logró determinar que 8.960 personas continuaban desaparecidas, que existieron 340 centros clandestinos de detención, 1300 personas fueron vistas en esos centros antes de su desaparición y la “formulación de denuncias ante la justicia, comprensivas de 1086 legajos” (CONADEP, 1984, p. 481).

Para el caso guatemalteco se registró “un total de 42.275 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños. De ellas, 23.671 corresponden a víctimas de ejecuciones arbitrarias y 6159 víctimas de desaparición forzada. De las víctimas plenamente identificadas, el 83 % eran mayas y el 17 % eran ladinos” (CEH, 1999, p. 21).^[4]

En este sentido, como se ha mencionado, lo que se refleja es la naturaleza contradictora de los informes, ya que por un lado demuestran y denuncian los hechos de violencia, pero limitan esta perspectiva a lo que oficialmente los gobiernos requieren para poder caminar hacia la transición a la democracia, de ahí que en muchos casos no se detallen los responsables.

La tercera característica remite al surgimiento de las comisiones y a su conformación. En el caso de las tres estudiadas surgen por decreto gubernamental y se encuentran organizadas por diferentes personas que representan actores de la sociedad.

Específicamente, la relación con las organizaciones de derechos humanos se encuentra en la información brindada por estas y no necesariamente en la participación de ellas en esta entidad. En algunos casos, estas organizaciones no estuvieron de acuerdo con los intereses, conclusiones y recomendaciones de los informes, lo que conllevó que parcial o totalmente las comisiones y sus informes no fueran acogidos por estas. Uno de los ejemplos más representativo fue las Madres de la Plaza de Mayo, quienes se opusieron a trabajar con esta entidad debido a “(…) sentirse decepcionadas de que la comisión la hubiera nombrado el presidente y no el Congreso” (Hayner, 2008, p. 306) y además por su posición política de que los desaparecidos deberían ser devueltos vivos.

Otro caso fue el guatemalteco, en dos sentidos, por un lado, porque cuando se estableció el acuerdo de Oslo ya existía en el año 1995 por iniciativa de la Oficina de Derechos Humanos del arzobispado el informe Guatemala: Nunca Más o Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (Informe REMHI). Por otro lado, la presión de las organizaciones de derechos humanos fue fundamental para establecer ese acuerdo, aunque al final no quedaron satisfechas con sus términos.

Finalmente, la última característica que permite explicar este conflicto entre el pasado y el presente es la constante preocupación de que a través de la recuperación de los hechos violentos y su representación se logre recordar y esto permita no repetir lo sucedido, pero al mismo tiempo la búsqueda de reconciliación necesita el olvido. Por lo que los informes por su propia naturaleza conllevan el recuerdo del pasado y al mismo tiempo el olvido en el presente.

En los informes estudiados, por su naturaleza se materializa tanto la memoria y el olvido, pues por medio de la reconstrucción de los hechos se recupera el recuerdo del pasado y al mismo tiempo la memoria se reaviva. Sin embargo, por la necesidad de “cerrar” las heridas y de que la sociedad supere lo sucedido, los informes poseen también la necesidad del olvido, como señala Sarlo (2006) en el caso argentino:

La memoria ha sido el deber de la Argentina posterior a la dictadura militar y lo es en la mayoría de los países de América Latina. El testimonio hizo posible la condena del terrorismo de Estado; la idea del “nunca más” se sostiene en que sabemos a qué nos referimos cuando deseamos que eso no se repita. Como instrumento jurídico y como modo de reconstrucción del pasado, allí donde otras fuentes fueron destruidas por los responsables, los actos de memoria fueron una pieza central de la transición democrática, sostenidos a veces por el Estado y de forma permanente por organizaciones de la sociedad (p. 24).

Los informes de la verdad y de la justicia son al mismo tiempo una forma de recordar y olvidar. Una defensa del olvido, la cual se expresa a través de la recuperación de los testimonios, pero al mismo tiempo la constitución de una “memoria intervenida” y vinculada a los fines necesarios para la reconciliación nacional, aunque esto sea imposible principalmente por todas aquellas personas que sobrevivieron las peores consecuencias de la dictadura, pues cómo olvidar a los desaparecidos, la tortura, la violencia y la muerte.

3. Un breve recorrido por los testimonios de los tres casos estudiados

Ahora bien, esos discursos testimoniales, como sea, son discursos y no deberían quedar encerrados en una cristalización inabordable (Beatriz Sarlo, 2006, p. 62).

A partir de este conflicto constante entre el tiempo pasado y el presente, los cuales coexisten en los informes de la verdad y la justicia en su propia naturaleza, es necesario analizar brevemente el tratamiento de los testimonios en los tres casos estudiados. Así como ya se expuso, cada uno de ellos los retrata de una manera particular, sin embargo, coinciden en que cuando se busca en los documentos la voz de aquellas personas que sufrieron las peores consecuencias de las dictaduras, lo que se encuentra son fragmentos de esas voces. Estos extractos de los testimonios, principalmente en el caso argentino y en el guatemalteco, son elecciones de quienes conformaron la comisión. En el caso chileno, lo que se presenta es una síntesis de la información recogida, pero no necesariamente el testimonio como tal.

Siguiendo a Taracena (2013), se proponen cuatro niveles de tratamiento del testimonio:

Primero, el lugar y el papel del testimonio en la etapa de la investigación documental. El testimonio resulta una extensión de la memoria, en su expresión narrativa. Indudablemente, todo testimonio se ve reforzado si se cumple la promesa de repetir el ejercicio, pues ello ayuda a lograr la fiabilidad en lo expresado por el testigo, muchas veces retenido en su primer testimonio. Segundo, el testimonio tiene que ser contrastado con otros testimonios para darle más fiabilidad. Tercero, el testimonio debe pasar también la prueba documental; es decir, ser también contrastado con los documentos escritos que se refieren a los hechos que éste narra. ¿Por qué? Por el carácter selectivo de la memoria y por el hecho de que los mismos hechos no son memorizados de la misma forma por cada individuo o colectivo. Cuarto, las memorias varían según los períodos (p. 5).

Desde esta perspectiva, si se revisan críticamente los tres informes, se pueden observar algunos aspectos, tales como su tratamiento, uso y función dentro del texto. En el caso argentino, la recuperación del testimonio se trata a través de fragmentos o extractos a lo largo de todo el documento, en donde se utilizan para justificar o evidenciar lo sucedido. Se presentan, además, los nombres de los testigos y se entrelazan para formar el cuadro deseado, así en un mismo tema aparecen varios testimonios, por ejemplo:

Por su parte, Isabel Cerrutti (Legajo N.° 5848), secuestrada el 12 de junio de 1978 y alojada sucesivamente en el Banco y en el Olimpo hasta enero de 1979, nos proporciona elementos para reconstruir la disposición interna del campo:^[5]
“Era un centro clandestino construido sobre una gran plaza de estacionamiento. Tenía tres o cuatro salas de tortura, llamadas ‘quirófanos’, y a la izquierda de las mismas estaban las oficinas del GT2. En el sector de incomunicados las ventabas estaban tapiadas con ladrillos (…)” (CONADEP, 1984, p. 164).

Como se puede observar, el testimonio no se presenta de manera completa y la mirada está direccionada fuertemente por la CONADEP, esto limita la comprensión de su complejidad.

Por otro lado, en el caso chileno el tipo ficha policial (ver cuadro 3), en el cual se retrata cada situación de las personas asesinadas y torturadas, es una descripción que realiza la Comisión a partir de los testigos indirectos y de otras fuentes de información; sin embargo, por la lógica del informe, solamente recupera los casos donde hubo muertes. La voz de los testimoniantes no aparece, lo cual es uno de los aspectos que limita el acercamiento al recuerdo de lo vivido.

El informe de Guatemala estudiado al registrar dos tipos de casos (ilustrativos y presentados) complementa la mirada de lo sucedido. Además, los casos ilustrativos recuperan distintas situaciones tanto individuales como colectivas. Sin embargo, al igual que en el informe argentino, los testimonios se encuentran fragmentados y su ubicación y transcripción se manifiesta como una decisión de la Comisión. En los casos presentados no se encuentran los testimonios en sí, sino nuevamente un tipo de ficha policial redactada por la Comisión. En los casos ilustrativos, los extractos aparecen en el epígrafe, en los antecedentes, en los hechos con la finalidad de confirmar lo descrito, tal cual se presenta en el siguiente ejemplo en el cuadro 5.

Cuadro 5. Síntesis de un caso ilustrativo del informe
Guatemala Memoria del Silencio

Título	Caso ilustrativo N.° 64 Privación de libertad, tortura, tratos crueles e inhumanos, violación sexual, destrucción de bienes y desplazamiento forzado de Faustina Lorenzo Cruz
Epígrafe (transcripción de un extracto del testimonio)	“Yo vivía en Buena Vista; a mi hijo lo mataron los soldados en Guatemala; me quemaron mi casa; me golpearon mucho en el destacamento; me detuvieron casi dos meses y me hicieron mucho daño; me quitaron mi tierra y por eso no quiero regresar a Guatemala. Mejor me quedo en México. El sufrimiento ha sido mucho. Hay muchas cosas que uno no puede terminar de contar”.
Antecedentes (son más extensos, aproximadamente dos páginas). En este apartado se utilizan tanto extractos de testigo directo (Faustina Lorenzo) y de referencia (el ejemplo citado es de referencia)	Como consecuencia de la represión indiscriminada que el Ejército ejerció sobre la comunidad, la mayoría de los pobladores de Buena Vista se vieron obligados a refugiarse en México:[6] “… En el año 1982, el 21 de septiembre, la gente ya no aguantó; el Ejército lanzó una gran ofensiva; eran muchos batallones que iban barriendo la zona; cubrían todo lo que era Huehuetenango. Entonces la gente ya no podía; hubo bombardeos y sacaron a toda la gente que estaba en los lugares más empinados, corrieron todo el día en desbandada, iban bajo el agua, caminaban en la noche, ya no había otro camino que salir para México y, lo peor, era salir sin nada…”
Los hechos (se desarrollan aproximadamente en dos páginas y se combinan con fuentes secundarias)	A Faustina Lorenzo Cruz le ocasionaron daños irreparables en su integridad personal a causa de las torturas recibidas: “… Yo pensaba que ya no iba a vivir; me quebraron mis costillas, me daban muchas patadas, me daban golpes en todo el cuerpo. Yo ya no podía comer, porque me dolía mucho mi pescuezo al tragar la comida. Los soldados me abrían con mucha fuerza mis piernas; me las estiraban muy duro, como que querían desprendérmelas. Me quemaban los brazos con unos alambres; eso daba mucho dolor; todavía tengo señas de las quemadas. Casi como dos meses me detuvieron en ese destacamento”.
El desplazamiento hacia el refugio en México (alrededor de dos páginas)	“… Yo salí muy enferma de Buena Vista; a mi hijo lo mataron los soldados en Guatemala; tanto sufrimiento pasó allá conmigo; quemaron mi casa y no tenía dónde vivir. Ahora lo he pensado: ya no quiero regresar. Hay muchas cosas que uno no puede terminar de contar. Ahora tengo 65 años; hace como 16 años que pasó todo eso. Cuando pasó todo eso, yo estaba en Guatemala, cuidando a mi mamá. Mi esposo ya estaba viviendo en México y estaba muy enfermo y lo cuidaban sus hijas porque se iba a morir. Solita yo estaba con mi mamá. Después nos venimos, porque la gente de la aldea salió huyendo por el miedo…”
Conclusiones (en este apartado no se presenta testimonio pues es propiamente el dictamen de la Comisión)	Dictamen de la Comisión

Fuente: elaboración propia de acuerdo con CEH, 1999, pp. 365-372 (Tomo VI).

En este sentido, el tratamiento de los testimonios presenta en los informes tres graves limitantes, el primero remite a la voz de los testimoniantes, en tanto, en ninguno se logra visualizar el testimonio en sí, sino solamente extractos establecidos por las comisiones. El segundo se refiere a su uso, ya que más que presentar los testimonios como una forma de retratar lo vivido, con la finalidad de recordar, en muchos casos su función se presenta para justificar lo que la Comisión logró investigar, especialmente el caso del informe Nunca Más. El tercero es la complejidad del testimonio, pues como bien lo señala Sarlo (2006), en esa transcripción el testimoniante representa al mismo tiempo lo colectivo y lo individual de lo sucedido, por lo que es al mismo tiempo testimonio y memoria.

4. El vínculo o contradicción entre memoria y testimonio

Llorábamos y llorábamos calladito, de tanto llorar algunos casi no podíamos ver (Testimonio de sobreviviente, CEH, 1999, p. 147).

El vínculo entre memoria y testimonio conlleva un enfrentamiento entre ambos, pues la reconstrucción del pasado desde la subjetividad del testimoniante implica esa lectura individual y social. Esta relación/contradicción en el caso de los informes de la verdad y la justicia estudiados se visualiza a través de algunos aspectos importantes que expondré brevemente.

Aun con todos los límites expuestos en el tratamiento de los testimonios, los informes son un instrumento para recordar los hechos atroces de las dictaduras, tal como señala Sarlo (2006), se convirtieron en un mecanismo de denuncia ante el silencio de los perpetradores, es decir, el aporte de estos documentos fue relatar los actos de desaparición, tortura, secuestros, muerte y en general todas las violaciones de derechos humanos a la población. Al mismo tiempo los informes son complejos pues reflejan la constante contradicción entre la necesidad de recordar y olvidar, tal cual señala Calveiro (2008):

Memoria y olvido constituyen un trabajo de recomposición permanente, uno sobre el otro, que refleja, a su vez, la tensión entre el retorno hacia el pasado, el comienzo y apertura del futuro y la expectación del presente (…). En efecto, si la memoria permite los usos del pasado para el futuro y, a su vez, si el proyecto como futuro revisita la memoria, asimismo el olvido permite abrir el futuro hacia lo nuevo, lo diferente, escapando a la repetición y simultáneamente, reconfigurar la memoria del pasado (p. 70).

La complejidad de la representación del pasado para la construcción de la memoria colectiva, en tanto el pasado es construido desde el presente para repensar el futuro, convierte al tiempo, como indica Sarlo (2006), en “tiempo pasado”. En esta reconstrucción del pasado para pensar el presente y el futuro, otro de los aportes de los informes es la confianza en los testimonios de las personas víctimas y sobrevivientes, que aunque no se encuentran en su totalidad, si permiten en los fragmentos o extractos recuperar el pasado y aportar a la creación de la memoria colectiva, lo que permite preguntarse ¿para quién?, y ¿por qué construir memoria?

Sin embargo, los aportes y los límites de los informes deben seguir siendo analizados y, principalmente, pensar en cuáles son las posibilidades de estos informes para la recuperación del pasado en términos de superar la impunidad de lo sucedido y evitar el “presentismo”, que olvida al pasado.

Conclusiones

Recuerdo, recordamos.

Ésta es nuestra manera de ayudar a que amanezca

Sobre tantas conciencias mancilladas,

sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta,

sobre el rostro amparado tras la máscara.

Recuerdo, recordamos

Hasta que la justicia se siente entre nosotros.

   

(Memorial de Tlatelolco, Rosario Castellanos, 2015, p. 166).

Las conclusiones remiten, principalmente, a dos aspectos. La función social de los informes estudiados y su intención de revisitar el pasado con la finalidad de repensar el presente. Esta función permite preguntarse cuál es la posibilidad de estos informes y de los testimonios inmersos en el texto para lograr el recuerdo, y que este se convierta en una forma de caminar históricamente hacia un futuro diferente.

Sin embargo, a partir de esta esperanza de una sociedad diferente surgen varias preguntas: ¿es posible olvidar?, ¿es posible perdonar?, ¿es la memoria la materia prima de la indignación? Realmente son preguntas difíciles de responder en sociedades como la argentina, la chilena o la guatemalteca, en las cuales la violencia marcó la cotidianidad de miles de personas por décadas y cuestiona si el recuerdo por más que se quiera olvidar permanece siempre: ¿es posible olvidar la oscuridad?

En este sentido, la respuesta ante la pregunta cuál debe ser la función de los informes de la verdad y la justicia es compleja, en tanto estos documentos recuperan el recuerdo vívido de lo sucedido, generan reparaciones y recomendaciones, aportan a la comprensión de la violencia, buscan justicia y brindan voz a quienes no la tuvieron. Sin embargo, estas funciones pueden ser negadas en virtud de la restauración y de la reparación de una sociedad ansiada por el discurso oficialista en el proceso de transición a la democracia, convirtiéndose este objetivo en su única función.

Al mismo tiempo, la pregunta que surge es en cuanto a su finalidad pues, como señala Primo Levi (2017), es necesario comprender todo lo sucedido o el comprender se convierte en una forma de justificar. Ante esto, el cuestionamiento es si estos informes no se convierten en una forma de olvidar, al explicar, al detallar y al comprender lo sucedido. Aun cuando los informes también permiten la relación entre testimonio y memoria colectiva ‒la cual transciende la preocupación de la objetividad y la imparcialidad y complejiza al mismo tiempo la recuperación del pasado individual, que se vuelve memoria histórica, en un juego constante entre necesidad humana de recordar y de olvidar‒, generan que en las sociedades latinoamericanas ese recuerdo permita luchar contra la constante impunidad de la violencia y del terrorismo estatal que viven.

En síntesis, la importancia del análisis crítico de los informes estudiados recae en la necesidad de comprender su complejidad, en términos de su propia naturaleza, pero también de su relación dialéctica y contradictoria con el pasado, presente y futuro, y la manera en que su constitución como fuentes puede aportar a una lectura crítica de esa complejidad y más que generar respuestas, abrir múltiples posibles de repensar la relación entre la memoria y el olvido.

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