Jacques Ramírez y Andrea Mila

Introducción

Desde inicios del siglo xxi, los asuntos migratorios han sido un eje central dentro de la política electoral ecuatoriana. En la primera década prevalecieron los temas emigratorios, recordando permanentemente la “estampida migratoria” de ecuatorianos que salieron al exterior como consecuencia del feriado bancario y la crisis económica. En la segunda década, cobró importancia el tema inmigratorio a raíz de la llegada de extranjeros ya no solo de los países vecinos, sino de diferentes latitudes. Sin embargo, el arribo de migrantes provenientes de Venezuela ocupó no solo la atención de la agenda migratoria de los últimos cuatro años, sino que también se convirtió en un tema nodal de la política internacional y nacional, y se produjo una suerte de “venezolanización”.

La velocidad y la cantidad de personas provenientes de Venezuela que se asentaron en el país en un corto período de tiempo (aproximadamente 510.000, según cifras oficiales hasta mediados de 2022), la visibilidad que adquirieron las y los migrantes venezolanos en varias ciudades del Ecuador (muchos ocupando el espacio público en las veredas, parques, calles y carreteras) y sobre todo el uso geopolítico de esta migración forzada (convirtiéndose en un tema de discusión dentro del Grupo de Lima y motivando la creación de un espacio regional solo para tratar esta problemática: el Proceso de Quito) dan cuenta de la centralidad que adquirió la migración venezolana en la política nacional e internacional, tal como vimos en los capítulos anteriores.

En este contexto, Ecuador experimentó un cambio de discurso en las dos décadas. Inicialmente, el relato se refirió a los (e)migrantes como los expulsados de la “larga y triste noche neoliberal”, y como los “héroes” que salvaron al país dolarizado, gracias al envío de remesas^[2]; posteriormente, se comenzó a denominar a los (in)migrantes venezolanos primero como las víctimas del llamado “socialismo del siglo xxi”, y luego también como una amenaza para el país y los causantes de varios problemas.

El presente capítulo pretende indagar sobre este último punto para desentrañar la siguiente cuestión: ¿cómo se ha construido la relación entre inmigración, emociones negativas y política? ¿Qué papel jugó el tema migratorio en las elecciones presidenciales de 2021? Planteamos la tesis de que con la llegada de venezolanos no solo se incrementaron las actitudes antiinmigrantes de la ciudadanía, sino que se dio paso a la estigmatización por parte de los actores políticos, y llegó a constituirse una xenofobia social y gubernamental.

Vale recordar que la llegada masiva de las y los venezolanos al Ecuador se da en 2018, en un contexto en el cual el gobierno del expresidente Moreno implementaba medidas de austeridad a través del denominado “Plan de Prosperidad” (2018-2021), en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de febrero de 2019. Estas medidas de corte neoliberal produjeron políticas de ajuste, recortes presupuestarios –sobre todo en el área social– y el consecuente incremento del desempleo y de la pobreza. En efecto, al analizar el nivel de pobreza por ingresos entre 2007 y 2016 se observa que 1,14 millones de ecuatorianos dejaron de ser pobres. Por otra parte, entre 2016 y 2019 casi 541.000 personas caen en esta condición y, finalmente, en 2020 se incorporan 1,33 millones de ecuatorianos a la pobreza. Eso implica que en casi cuatro años (durante el gobierno de Lenín Moreno) se habrían incorporado 1,87 millones de personas a la pobreza, una cifra superior a la de personas que salieron de esta condición en diez años (Báez, 2020).

A esa situación ya compleja se sumó la crisis política –con las conocidas movilizaciones de octubre de 2019– y más tarde con la crisis sanitaria consecuencia del COVID-19, en marzo de 2020. En todas estas crisis, el tema migratorio aparece en escena, a lo que se suma la proclama constante –sobre todo de diferentes actores del espectro político de la derecha– de “no queremos ser como Venezuela”. A esto denominamos la venezolanización de la política, que constituye el caldo de cultivo para emociones, prácticas, actitudes y políticas antiinmigrantes.

Metodológicamente se hace una entrada cualitativa por medio del análisis etnográfico de eventos emblemáticos –por su impacto en la opinión pública–, ocurridos en el país en los últimos años, en los que se evidencia un rebrote de xenofobia, con atención a la migración como issue en las agendas de las campañas de las últimas elecciones. El estudio se complementa con algunos datos de la encuesta sobre “Percepción política poselectoral -1era vuelta- Elecciones Presidenciales”, realizada por el Equipo de Investigaciones Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela en marzo de 2021, de la cual se recuperan las principales percepciones de la sociedad ecuatoriana hacia los migrantes^[3].

I. Emociones, política y migración

La incorporación de las emociones en los estudios de la política ha estado influenciada por la histórica separación racionalidad-emocionalidad y por la especial atención que se ha dado a la primera –entendida como la guía orientadora de la política– por encima de la segunda (Rivera et al., 2021), presuntamente irruptora y distorsionadora (Marcus, 2000). Partiendo de que la condición humana es tan racional como emocional, en el debate se ha llegado a un consenso en el que ambas se complementan.

Según Marcus (2000) hay un cambio orientado a una visión más funcional –y menos sesgada normativamente–, que reconoce el papel “omnipresente” de la emoción en la política. Desde las ciencias políticas, su desarrollo incluye diversos ámbitos académicos y disciplinares, entre ellos la identidad nacional, el comportamiento político y electoral, las campañas, el marketing, la comunicación política y el liderazgo (Rivera et al., 2021).

Su relevancia ha sido tal que la academia anglosajona ha liderado el llamado “giro afectivo”, que recoge el interés en vincular las emociones y los afectos a la vida pública y a la política (Arias Maldonado, 2016; Massumi, 2002), especialmente en lo que se refiere a la personalidad de los líderes políticos y a la forma en que las personas perciben y evalúan las características significativas que las rodean. Esto ha dividido a los investigadores en dos tendencias: los que estudian a los líderes y los que analizan al público (Marcus, 2000). Dentro de este contexto, algunos autores describen a un “ciudadano sentimental” (Neuman et al., 2007; Arias Maldonado, 2016) o un sujeto político “postsoberano” (Arias Maldonado, 2016) que, a la vez que reconoce su naturaleza racional y reflexiva de los fenómenos de orden social y político (Marcus et al., 2000), es capaz de integrar las influencias afectivas que lo someten, en el marco de una democracia que es por antonomasia también “sentimental” (Arias Maldonado, 2016).

Las emociones son construcciones sociales (Rivera et al., 2021) y culturales (Moscoso, 2015; Beiger y Mesquita, 2012) que “encarnan maneras de interpretar el mundo”, y “los sentimientos que las acompañan van ligados y se apoyan en creencias o juicios que constituyen su base o fundamento” (Nussbaum, 2003: 459). Según la clasificación de Damasio (2009: 48-49), “el miedo, ira, asco, sorpresa, tristeza y felicidad” son las emociones primarias –o básicas, innatas y universales– mientras que las secundarias –o altamente cognitivas– son aquellas que resultan de estímulos con componente social, como “la turbación, la vergüenza, la culpabilidad, el orgullo, los celos, la envidia, la gratitud, la admiración, la indignación y el desdén”. Finalmente, las emociones de fondo son el reflejo de las reacciones reguladoras: dolor, placer o apetito.

Arias Maldonado (2016: 20) advierte sobre el retorno a la vida pública de los nacionalismos, la xenofobia y el populismo que “apuntan en una misma dirección: hacia un movimiento de introversión agresiva dominado por las emociones antes que por la razón” y combinados o individualmente se orientan a la sentimentalización irracional, a la vez que son percibidos por un sector de la ciudadanía como una forma de canalizar y satisfacer sus demandas. Su rasgo afectivo común es que pueden servir de cultivo para emociones negativas como la ira, el enfado, el desprecio, el resentimiento, el miedo, la envidia o el asco por parte de las sociedades hacia individuos o colectivos en condiciones de vulnerabilidad. A tenor de Nussbam (2004), cada sociedad contiene su propia lista de grupos estigmatizados, entre los cuales las minorías raciales, étnicas, religiosas –y migratorias– son la constante.

Migración y emociones: “nosotros” y “ellos”

Los esfuerzos por vincular el estudio de la política y las emociones a la migración evidencian un claro vacío. Los abordajes se han realizado principalmente desde la antropología, la sociología y la psicología por medio de casos etnográficos o entrevistas (Hirai, 2014; Puyana y Rojas, 2011; Piras, 2016; Bjerg, 2019; Scheibelhofer, 2020; Mai y King, 2009; Svasek, 2012) con el objeto de describir o analizar las experiencias de vida del migrante a nivel individual, familiar y grupal, en los lugares de tránsito y destino, así como las interacciones transfronterizas con los países, comunidades y familiares en origen; es decir, las tensiones características de las ambigüedades entre las conexiones emocionales del “aquí” y “allí” (Boccagni y Baldassar, 2015).

Frente al debate presente en las ciencias sociales, que intenta responder hasta qué punto las emociones deben entenderse como fenómenos fisiológicos y biológicos, o si se trata de fenómenos sociales e intersubjetivos, en lo que respecta a la migración los estudios han abordado ambas dimensiones (Boccagni y Baldassar, 2015). No obstante, la importancia de los procesos migratorios y de movilidad para el estudio social y político de la emoción continúa siendo un desafío teórico y empírico, sobre todo el análisis de las múltiples influencias afectivas de las sociedades de acogida y de los gobiernos en diversos entornos socio-geográficos frente al colectivo que ejerce la movilidad.

El hecho migratorio posee cuestiones inherentes, que son profundamente emotivas, a la vez que profundamente históricas y políticas. Algunos ejemplos son las capacidades de las sociedades de acogida para integrar las denominaciones multiétnicas, multirreligiosas y multiculturales de las comunidades migrantes, ante imaginarios colectivos de extremismo y terror; el aumento de las políticas del miedo y la xenofobia que han llegado a ser parte central de campañas electorales; la pertenencia, la identidad y el revivir de los sentimientos pro y antinacionalistas (Boccagni y Baldassar, 2015).

En este contexto, los imaginarios colectivos tienen la capacidad de estructurar “características valorativas positivas o negativas en torno a las migraciones, así como pueden tener un carácter dominante o marginal; esto dependerá desde dónde sean observados y caracterizados con base en el tratamiento discursivo que se realice” (Aliaga y Oller, 2012: 164). Especialmente, la construcción de relatos xenófobos incide en el afianzamiento de estigmas, estereotipos negativos e incluso “imágenes deformadas” (Taylor, 2003), que connotan al sujeto migrante –“el extraño”– como “alguien menos apetecible –en casos extremos, en una persona casi enteramente malvada, peligrosa o débil” (Goffman, 2008: 14)–, que puede ser una amenaza. Existe así un “hábito global” con una clara tendencia a relacionar la “existencia de extraños” con miedos difusos de inseguridad (Bauman, 2011; Tazreiter, 2015) en un “inextricable vínculo entre inmigración y delincuencia” que contribuye a percibirlos como “delincuentes” o “problemáticos” (Rea, 2006: 176), al mismo tiempo que funcionan como un “chivo expiatorio” en el sentido clásico (Appudarai, 2007) y moderno (Tazreiter, 2015).

Desde esa perspectiva, el inmigrante es valorado negativamente como agente de doble culpabilidad: como responsable de los problemas de las sociedades de acogida y como causante de algunas situaciones en sus lugares de origen como la pobreza, la conflictividad o la desintegración familiar. Esa violencia simbólica generada en torno al migrante –en clave de “minoría”– puede ser el “origen de la ira extrema contra ‘otros’ étnicos seleccionados como objetivo” (Appadurai, 1997) y la justificación de persecuciones con resonancia colectiva que se expresan como “violencias del tipo de la caza de brujas, legales en sus formas, pero estimuladas generalmente por una opinión pública sobreexcitada” (Girard, 1986: 21).

La migración se ha convertido en un “área de política pública donde las pasiones se despiertan rápidamente y tardan en descansar” (Tazreiter, 2015: 102). Dentro de sí, las emociones son importantes porque permiten delimitar la frontera “natural” o “institucional” –o étnica (Wimmer, 2013)–, entre los nacionales y los extranjeros: “las diferentes constelaciones emocionales tienden a reflejar el grosor variable de los límites entre las poblaciones mayoritarias y minoritarias, así como el enfoque predominante en los discursos y en las políticas públicas” (Boccagni y Baldassar, 2015: 5). Para normalizar la diferencia entre ambos grupos, las agendas gubernamentales pueden apropiarse de tales fronteras; por ejemplo, con discursos o medidas frente a migrantes indocumentados, basados en retóricas nacionalistas defensivas del Estado-nación (Wimmer y Glick, 2002).

La tesis del “Estado seguro”, como enfoque analítico, explora la emoción como una estructura latente de afecto dentro de una macroestructura política (el Estado), lo que exige al analista intentar comprender cómo un impulso individual a nivel micro (emoción) se puede relacionar con procesos y resultados colectivos a nivel macro (política) (Berenzin, 2002). De esta forma, el Estado, “lejos de encarnar un árbitro imparcial y neutral que utiliza varios mecanismos de dirección del cuidado y del debido proceso, gobierna a través del miedo y la ansiedad generados en relación con los forasteros” (Tazreiter, 2015: 99), siendo capaz de crear “emociones y pasiones públicas” a través de las políticas o sus discursos.

Las emociones también son evidentes en las acciones y reacciones del Estado en forma de comportamiento ritualizado: formas estandarizadas o rutinarias de realizar tareas administrativas que se inscriben con una lógica institucional a lo largo del tiempo. Los rituales institucionales (o actuaciones de control) se promulgan como desapasionados y racionales. El reino del afecto está sumergido, aparentemente ausente en la arquitectura weberiana de orden y control burocrático, legitimado a través de la autoridad legal (Tazreiter, 2015: 100).

Existe una tendencia, que tiene causas histórico-estructurales, a creer que la migración amplifica emociones como el orgullo y la identidad nacional en sociedades receptoras, así como reacciones desfavorables que van desde la indiferencia hasta la hostilidad y la xenofobia. No obstante, la politización de las emociones –en lo que respecta a los migrantes– no debe percibirse únicamente como una simple herramienta discursiva para las agendas políticas nacionalistas o xenófobas: puede ser el reflejo de la relevancia emocional de la inmigración en los contextos de asentamiento, más allá de ser un tema polarizador en los debates públicos y hasta en las relaciones cotidianas. Sin embargo, vale señalar que las emociones negativas no son la única “moneda de cambio emocional” de las interacciones generadas por las migraciones, aunque sí las más visibles (Boccagni y Baldassar, 2015)^[4].

II. Xenofobia gubernamental y social

Como se indicó en el capítulo 5, hasta el año 2015 los venezolanos no se registraban dentro de los principales grupos de inmigrantes. Es a partir de 2016 que las cifras aumentan, se incrementan significativamente en 2017 y continúan creciendo exponencialmente hasta alcanzar casi un millón de personas que ingresaron al Ecuador en 2018. De manera concomitante, en el contexto socio-político antes descrito, se habló de un aumento de hechos delictivos en muchos de los cuales se responsabilizó a los migrantes, que fueron utilizados como “chivos expiatorios” de los problemas sociales, económicos y hasta políticos. A continuación, se presentan tres viñetas etnográficas que dan cuenta de emociones negativas que han dado paso a un rebrote xenofóbico. Posteriormente, se analiza el uso de los migrantes en la última campaña electoral presidencial.

Viñeta etnográfica 1. Marchas, feminicidio y “limpieza social”

En mayo de 2018 se registró la primera marcha en contra de inmigrantes venezolanos en Ambato, organizada por la Unión de Taxistas de Tungurahua, a raíz del asesinato de un conductor. Posteriormente, se replicaron otras movilizaciones en varias ciudades del Ecuador, en las que se observó no solo una hostilidad antiinmigrante, sino un discurso abiertamente xenófobo y a favor de la securitización de las fronteras. Varias de estas consignas también se empezaron a encontrar en los medios de comunicación y redes sociales (Pugh y Moya, 2020), que enfatizaban la idea de “nacionalidades peligrosas” (Gómez, Mila y Márquez, 2018).

Uno de los casos de mayor cobertura mediática y repercusión social ocurrió el 19 de enero de 2019 en Ibarra (provincia de Imbabura) por el asesinato de Diana Carolina Ramírez a manos de su expareja. El hecho ocurrió en el centro de la ciudad, lo que permitió que varios de los testigos realicen la transmisión en vivo a través de las redes sociales por alrededor de 45 minutos, tiempo en el que el feminicida mantuvo de rehén a Diana y los cuerpos de seguridad presentes no fueron capaces de evitar la tragedia.

Aunque varios de los titulares de las noticias de los medios de mayor circulación no destacaron la nacionalidad del feminicida, en el cuerpo de estas ahondaban en su condición de migrante venezolano, asunto que también era eje central en las redes sociales, con constantes interacciones de los usuarios (Vásconez, Lomas y Ocaña, 2019). En medio de la conmoción social, el (entonces) presidente Lenín Moreno, a través de su cuenta oficial de Twitter, emitió un comunicado –con el hashtag #TodossomosDiana– en el que señalaba:

Ecuador es y será un país de Paz. No permitiré que ningún antisocial nos arrebate […]. He dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera. Analizamos la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país. Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la integridad de nadie. Es deber de la Policía actuar duramente contra la delincuencia y la policía tiene mi respaldo (Moreno, 19 de enero, 2019).

Inmediatamente después de este evento y las declaraciones del presidente, se impusieron mayores restricciones de ingreso y se desencadenaron una serie de sucesos violentos en los que grupos de ecuatorianos, bajo el lema “limpieza social”, salieron a las calles de Ibarra a perseguir venezolanos, sin distinción de edad o sexo; también en sus domicilios, quemando algunas de sus pertenencias, insultándolos, apedreándolos y desalojándolos de albergues, hostales y residencias. Tal situación obligó a que en esa y otras ciudades los venezolanos no salieran de sus hogares y que algunos de ellos decidieran –forzosamente– abandonar el país andino, por temor a ser agredidos^[5]. La mayoría de los inmigrantes que experimentaron esta persecución destaca su condición de vulnerabilidad y precariedad, lo que suma una variable adicional que vincula el rechazo a la pobreza: la aporofobia (Ramírez, Linares y Useche, 2019; Bustos, 2020).

El feminicidio de Diana Rodríguez muestra la construcción de un relato xenófobo catalizador de emociones negativas y estigmatizante en doble vía: desde un sector de la sociedad de acogida y desde la élite política gobernante, responsable de establecer una clara relación entre la violencia y los ciudadanos venezolanos, que generó que un caso que debía ser juzgado por violencia de género –cuyas cifras siguen en ascenso^[6]– se convierta en un problema vinculado a la nacionalidad como criterio para la estigmatización, criminalización y la reproducción de prejuicios y discriminaciones (incluyendo a los medios de comunicación de mayor circulación, cuyo relato, que destaca la nacionalidad, contribuye a infundir temor y odio en el público)^[7]. Aunque no se debe menoscabar la reacción de otro sector de la ciudadanía ecuatoriana que se movilizó en los días posteriores para exigir el cese de las persecuciones y la justa valoración del hecho como crimen de violencia machista, el llamado del jefe de gobierno a conformar “brigadas” instó a la violación generalizada de derechos y a la creación de un “permiso especial de ingreso al país”, lo que legitimó una forma de xenofobia presidencial o gubernamental.

Viñeta etnográfica 2. Octubre de 2019 y los migrantes “del país del señor de los bigotes”

El 1 de octubre de 2019 el expresidente Lenín Moreno anunció el decreto 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles –vigente durante 40 años–, como parte de las medidas económicas acordadas con el FMI. Un hecho por destacar es que Moreno llegó al poder comprometiéndose con la continuidad del gobierno predecesor y para 2019 se evidenciaba un giro significativo –orientado hacia el espectro político de la derecha– (ver capítulo 7), por lo que el acuerdo con el FMI fue visto por la ciudadanía como un nuevo “paquetazo” de medidas de corte neoliberal.

Tras el anuncio, las movilizaciones iniciaron con un paro de transportistas, al que se sumaron progresivamente otros actores –estudiantes, trabajadores, indígenas, campesinos, obreros y sectores diversos de la sociedad civil como profesionales y desempleados, entre otros–. La movilización fue repelida de forma violenta por los representantes de las carteras de seguridad del Estado y las fuerzas del orden público –la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el ex ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín–, y se constituyó como la mayor represión estatal desde el retorno a la democracia^[8]. Los altos niveles de violencia contribuyeron a la expansión de la protesta del 9 al 12 de octubre (Ramírez Gallegos, 2020).

La movilización popular logró bloquear la puesta en marcha del decreto 883. En ese contexto, el gobierno señaló como responsables a dirigentes del movimiento político de la Revolución Ciudadana –algunos de ellos fueron encarcelados y acusados de rebelión–y también dirigentes del movimiento indígena. El gobierno también hizo responsables a los migrantes, especialmente los “infiltrados venezolanos que vienen a desestabilizar el país”. Acto seguido, fueron detenidos 41 venezolanos en la ciudad de Quito y otras 17 personas más (15 venezolanos, un cubano y un ecuatoriano) dedicadas al servicio de transporte de las plataformas Uber y Cabify, quienes fueron acusadas de tener participación en la agenda de movilización del presidente y de presunto atentado contra la caravana presidencial. Las principales autoridades del gobierno (vicepresidente y ministros) señalaban al respecto:

Más que sospechas o temores es realidad. Hay decenas de ciudadanos de otra nacionalidad […]. Del país del señor de los bigotes […]. Ciudadano extranjero que se presente para generar el caos, la violencia y la delincuencia en el Ecuador, que es un territorio de paz. Extranjero que no cumpla con las leyes del país y ofenda a los ecuatorianos, no podrá seguir en el Ecuador (Otto Sonnenholzner, exvicepresidente de la República del Ecuador).

Diecisiete detenidos en el aeropuerto de Quito esta mañana. La mayoría de ellos venezolanos. En su poder la movilización del presidente y vicepresidente […]. Serán puestos en los próximos minutos a órdenes de la justicia. Cada nuevo evento confirma todos los intereses que están detrás del caos del país (María Paula Romo, exministra de Gobierno).

Los actos de violencia mostraron una gran coordinación y preparación táctica perpetrados por partidarios del ex presidente Correa […] hay una serie de pruebas muy preocupantes que vinculan a Venezuela con los disturbios violentos […] de las 1330 personas detenidos durante los doce días de protestas, 41 de ellos son de nacionalidad venezolana (José Valencia, exministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana).

Alrededor de tres decenas de ciudadanos venezolanos han participado en protestas en el Ecuador que ahora están a las órdenes de la justicia. Nosotros estamos agilizando los procesos para poder deportarlos y encarcelarlos […] las personas que vienen a sumarse a destrozos, a saqueos, a extorsión, esas personas van a tener el castigo que la ley ecuatoriana lo prevé (Juan Sebastián Roldán, exsecretario particular del presidente).

Como se observa, el gobierno cambió su discurso en relación con los migrantes venezolanos: de recibirlos “con los brazos abiertos” (Cook, 2021), la narrativa se trasladó a la asociación directa entre fuerzas políticas del correísmo, infiltrados del gobierno venezolano y un grupo de migrantes venezolanos como actores que idearon y ejecutaron un “intento de golpe de Estado”. Esta situación trajo consigo dos consecuencias: la primera, legitimar el uso de la fuerza y la represión a la ciudadanía. La segunda, una apropiación de connotaciones negativas en torno al grupo migrante en el lenguaje de algunos representantes del Ejecutivo y funcionarios públicos asociadas a la idea de “amenaza” a la seguridad nacional, desestabilizadores del orden y violentos, que permite así su detención, encarcelación y judicialización. Adicionalmente, como señala Vásquez (2020), durante los días del paro nacional, Ecuador vio que el gobierno planteó la deportación como una de las soluciones posibles a una crisis política.

Una vez concluidas las investigaciones, todos los migrantes venezolanos detenidos fueron declarados inocentes por no existir pruebas de delito, siendo relevante el hecho de que a pesar de que algunas asociaciones de migrantes venezolanos exhortaron al gobierno y sus representantes a pronunciarse públicamente por las declaraciones emitidas, esto no sucedió y tampoco se extendieron formas de reparación de daños.

Viñeta etnográfica 3. Covid-19, Guayaquil y la culpa de la “gente ignorante y primitiva”

El primer caso de SARS-COVID-19 reconocido oficialmente en el Ecuador se presentó el 14 de febrero de 2020 en Guayaquil^[9]. El 11 de marzo, mediante el Acuerdo Ministerial No. 00126-2020, se declaró Estado de Emergencia Sanitaria en el Sistema Nacional de Salud por la llegada del virus (Ramírez y Ortega, 2020). Luego de la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el presidente Lenín Moreno anunció nuevas medidas para evitar el contagio, entre ellas: control en los puntos de ingreso al territorio nacional, prohibición de la entrada de vuelos internacionales al Ecuador, restricción del transporte terrestre y marítimo internacional, cierre de algunos pasos fronterizos y restricciones para eventos masivos, entre otras.

Ecuador fue el país con mayor número de contagios per cápita de Suramérica y el segundo en toda América Latina, por detrás de Panamá. Al finalizar el mes de marzo de 2020 ocupaba el primer lugar en número de muertes en la región por cada millón de habitantes: 4,31 muertos por millón^[10]. El epicentro de la crisis sanitaria se ubicó en la provincia de Guayas (70 % del total de contagios), sobre todo en Guayaquil, ciudad cuyas cifras de contagios superaban a casi todos los países latinoamericanos (debajo solo de Brasil, Chile y Panamá).

Pese a la prohibición de realizar eventos masivos en dicha ciudad, se celebró un partido de fútbol a inicios de marzo –al cual asistieron 19.850 personas–, se permitió el retorno de algunos ciudadanos guayaquileños sin pruebas PCR y otras celebraciones sociales particulares^[11]. Así, Guayaquil comenzó a tener un impacto mediático a nivel nacional e internacional: primero por la decisión de la alcaldesa Cynthia Viteri (Partido Social Cristiano) de impedir el arribo de un vuelo comercial vacío procedente de España que tenía el objetivo de retornar a ciudadanos españoles a su país; segundo, por las imágenes de cadáveres expuestos en las calles, hacinamientos en hospitales y los ataúdes de cartón provistos por la alcaldía.

El gobierno central responsabilizó a la ciudadanía por no acatar las medidas. Por su parte, un representante del Municipio de Guayaquil –el director de Cultura del Municipio de Guayaquil, Melvin Hoyos– emitió una carta pública en la que culpó a los migrantes:

Desde hace muchísimos años, fue a Guayas donde vino a parar la gente más ignorante y primitiva del país (no lo digo de manera peyorativa, porque no todos lo eran pero si [sic] una gran mayoría), para ver como [sic] mejoraban sus condiciones de vida, valiéndose de los Guayacenses y particularmente de los GUAYAQUILEÑOS para lograrlo.
Esta enorme migración de gente, extremadamente ignorante –en su generalidad– indolente e indisciplinada (entre los que incluyo a los miles de venezolanos que se afincaron en nuestra ciudad para vivir como parásitos).
Esa es la gente que hoy se resiste a acatar las medidas dispuestas por el gobierno, convirtiéndose en peligrosísimos vectores de contagio y agravando enormemente la situación de nuestra ciudad y la población de sus “MONOS”, verdaderamente concientes y disciplinados, que cuidan de si [sic] mismos y de sus familias… Y hazle ver que la culpabilidad recae en el espíritu generoso de “LOS MONOS”, que dejaron entrar a su ciudad a esa “POBRE GENTE” de adentro y fuera del país para que puedan tener una vida mejor… Ahora resulta que están de VACACIONES PAGADAS Y CON COMIDA INCLUIDA. ¡ATENTO REGIONALISTA DIFAMADOR! (Melvin Hoyos, 24 de marzo del 2020).

Tras las críticas recibidas, la carta fue retirada^[12]. Sin embargo, no hubo disculpas, declaraciones ni medidas correctivas por parte del funcionario público (García, 2021). Como se observa en la misiva, destacan cuatro elementos: a) racismo explícito al considerar “ignorantes y primitivos” a los migrantes indígenas; b) xenofobia, al señalar expresamente a los venezolanos que residen en Guayaquil “como parásitos”; c) aporofobia en relación con los migrantes de los estratos sociales más bajos, “que están de vacaciones pagadas y con comida incluida”; y d) regionalismo, en su clara defensa a los “monos” –guayaquileños– en detrimento de ciudadanos de otras regiones del país.

III. #VotaBien: la campaña electoral de 2021

En su primera contienda electoral de 2013, el candidato Guillermo Lasso propuso una política de “fronteras seguras”. En aquella ocasión, manifestó: “Abriremos las puertas de Ecuador a todos los que quieran contribuir a su desarrollo y reestableceremos requisitos de ingreso para aquellos que quieran sembrar violencia”. Cuatro años más tarde, al cierre de la campaña electoral de 2017 –primera vuelta–, al dirigirse a los médicos, señaló: “Ecuador para los ecuatorianos, Cuba para los cubanos”. Como se observa en las dos contiendas electorales pasadas, el ahora presidente de la República mantuvo un discurso nacionalista –“Ecuador para los ecuatorianos”– y securitista –“fronteras seguras”–, en clara contraposición a las políticas implementadas durante la época de la Revolución Ciudadana, periodo en el que se planteó la “ciudadanía universal” y una política más abierta hacia la migración (Ramírez, 2022).

De acuerdo con Lomnitz et al. (1990), las campañas electorales son ritos de pasaje, pues en su entorno opera una sucesión presidencial capaz de generar –entre otras cosas– procesos de renegociación entre los diferentes actores políticos en el interior de los partidos y de los mismos equipos gubernamentales. Dicho carácter transicional hace de las campañas lugares ambiguos, fronterizos y potencialmente disruptores del orden social. Algunos de los aspectos señalados por los autores se experimentan en la actual coyuntura postelectoral, luego del triunfo de Guillermo Lasso. Siguiendo el hilo conductor, es necesario detenerse en el análisis de uno de los eventos que más captó la atención en la segunda vuelta electoral de 2021.

Como antecedente, es necesario resaltar que en la mayoría de contiendas electorales en América Latina se ha utilizado a Venezuela como ejemplo del “fracaso del socialismo del siglo xxi” y para criticar a los candidatos de izquierda o progresistas. La usaron así Jair Bolsonaro en el Brasil, Ricardo Anaya en México, Mauricio Macri en la Argentina, Sebastián Piñera en Chile, Carlos Mesa y Luis Camacho en Bolivia, Iván Duque y Federico Gutiérrez en Colombia, Keiko Fujimori en el Perú y Guillermo Lasso en el Ecuador, por señalar los más conocidos. La “venezolanización” de la política electoral se ha vuelto un lugar común por parte grupos políticos y líderes vinculados al espectro político de la derecha en el marco de las disputas políticas, con poco éxito a la luz de los resultados electorales.

En el caso ecuatoriano, el 29 de marzo de 2021, a menos de dos semanas para el balotaje, aparecieron unas imágenes de migrantes venezolanos (que en poco tiempo se viralizaron en redes sociales) en las cuales se enviaban mensajes a los ecuatorianos con la consigna de “votar bien” y haciendo alusión a su situación personal y familiar de migrantes sin recursos económicos que “perdieron todo”. En las cuatro imágenes^[13] se visualizan algunas características relevantes: la misma “escenografía” –alguna calle de la ciudad–, hombres y mujeres migrantes portando carteles escritos con la misma tipografía y color que enunciaban lo siguiente:

“Por votar por el socialismo, estoy aquí pidiendo limosna. Vota bien”.

           

“Ecuatoriano, abre los ojos. Esto es lo que quieres para tu familia. Yo te digo vota bien”.

                    

“Yo tenía una casa y trabajo. Votamos mal y aquí estoy. ¿Esto quieres para tu futuro? Vota bien”.

                      
“Votar nulo es negarte la posibilidad de tener un mejor país. Que no te pase lo que a mí. Vota bien”.

La instrumentalización de las y los migrantes venezolanos fue ampliamente criticada en redes y condenada desde las campañas de ambos líderes (incluso desde la tienda de Lasso se deslindaron de tales actos). No obstante, el mensaje “Vota bien” fue utilizado hasta el último día de la contienda y lo relevante del caso es que los sujetos de enunciación fueron los migrantes venezolanos en condición de vulnerabilidad. En este proceso de “venezolanización de la política” la estrategia no solo fue criticar a un gobierno en particular –el venezolano–, sino establecer una relación directa entre el socialismo por una parte y la migración, la pobreza, la mendicidad, el desempleo y las pocas expectativas de futuro por otra, como consecuencias directas de votar por el candidato de izquierda. Así, se condenó a una ideología y se introdujo el miedo en la ciudadanía. El mensaje final, resaltado en negrita, era claro: “VOTA BIEN” (vota por Lasso).

Vale señalar que en materia de migración el candidato ganador propuso un enfoque de gobernabilidad migratoria (ver capítulo 1). En el Plan de Trabajo del binomio Lasso-Borrero (CREO-PSC, 2021) se insertan los temas migratorios dentro del eje institucional, en el que se entiende a la migración como un “fenómeno que trae grandes oportunidades y beneficios para los actores involucrados”, pero que también conlleva “desafíos y dificultades”. En el diagnóstico se enfatiza a los migrantes, sobre todo venezolanos, que ingresaron al Ecuador por pasos irregulares –frontera norte– y “no cumplen con el proceso de regularización para su estadía”, lo cual “dificulta llevar el control migratorio”, por lo que es necesario “avanzar en el proceso de regularización del estatus migratorio ordenado”.

De igual manera se señala la importancia de la cooperación internacional, tanto multilateral como bilateral, y se hace énfasis en establecer un “convenio de cooperación intergubernamental con Colombia para así prevenir los delitos transfronterizos tales como la trata de personas y el narcotráfico”. En el plan se resalta el impacto de la migración en el mercado laboral, sobre todo el informal (CREO-PSC, 2021: 69-70). Como se observa en dicha propuesta, destacan la mirada costo-beneficio, la necesidad de una migración ordenada y una apertura regulada, la importancia de la cooperación interestatal y el diálogo multilateral, temas que pertenecen al enfoque de la gobernabilidad migratoria, analizado en profundidad por Domenech (2021).

Un día después de haber triunfado en las elecciones, el presidente Lasso hizo declaraciones en materia migratoria en las que ratificaba que haría una regularización más amplia de venezolanos en el Ecuador (en relación con la que hizo su antecesor), y que trabajaría de cerca con la ONU respecto a este tema. Finalmente, apeló a que hay que actuar “humanitariamente con los venezolanos que han llegado al Ecuador”. En el capítulo 5 se analizó el caso del expresidente Moreno y la oferta declarativa de un “gobierno humanitario”, en el cual los migrantes venezolanos son vistos como víctimas que sufren las consecuencias de una mala gestión de gobierno. Las primeras declaraciones del actual presidente apuntaron en la misma dirección, aunque transcurrido su primer año de gobierno no se realizó ningún proceso de regularización y actualmente, según los datos de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes Venezolanos (R4v), hasta marzo de 2022, el 61,8 % de los venezolanos en el Ecuador no poseen visa o tuvieron pero se venció.

En su informe a la nación, el presidente no hizo ni una sola mención al tema; por el contrario, anunció la creación de una nueva visa llamada “visa nómada”, pensada para profesionales del mundo que trabajan de manera virtual para un empleador internacional y que deseen venir a residir en el país. Al respecto señaló: “Cada ‘nómada’ que venga al país significará consumo… Potencialmente, estamos hablando de millones de dólares adicionales que pueden ingresar cada mes a nuestra economía”. El anuncio resulta paradójico, dado que el país está viviendo una nueva ola migratoria (Ramírez, 2021b) que ha dado como resultado que, en el primer año de Lasso –mayo 2021 a abril 2022–, migren 91000 personas.

IV. Percepciones y emociones de la sociedad de acogida respecto a la migración

Los casos presentados en la anterior sección dan cuenta de cómo se ha construido una imagen negativa sobre los migrantes venezolanos desde las instancias legitimadas de poder y en el discurso de líderes políticos, funcionarios públicos y candidatos. En esta sección final se analiza cuantitativamente cómo han sido percibidos los migrantes venezolanos y en general los extranjeros en la sociedad de acogida.

La actitud antiinmigración ha sido una constante en el comportamiento de los ecuatorianos, sobre todo con los grupos “no deseables”, considerados sujetos perniciosos (Ramírez, 2012). Ya para 2014, según el proyecto regional “Ecuador, las Américas y el mundo” (Zepeda y Carrión, 2015), los encuestados señalaron estar muy de acuerdo en que “los extranjeros que viven en el Ecuador quitan empleo a los ecuatorianos” (60,2 %) y “generan inseguridad” (65,2 %). En relación con los inmigrantes indocumentados que vienen al Ecuador, el 92,8 % de los encuestados respondió a favor de que se aumenten los controles fronterizos; un 73,3 % se mostró también favorable a la “deportación a su país de origen”, y un porcentaje importante, el 36,8 %, estaba de acuerdo en “construir muros en las fronteras”. Solo el 14,1 % del público encuestado favoreció la opción de “permitir su entrada sin obstáculos”. Estos datos mostraban que gran parte de la sociedad ecuatoriana presenta una actitud de rechazo hacia los inmigrantes, con claros rasgos de xenofobia.

Estudios recientes siguen demostrando que la tendencia al rechazo se mantiene (Umpierrez de Reguero et al., 2022), tal y como se observa en la encuesta de 2021. Al preguntar si consideran que “la migración de venezolanos es una amenaza”, la mayoría está “muy de acuerdo” (media 7,25). La misma tendencia se observa al preguntar si los extranjeros que han llegado al país han empeorado los niveles de delincuencia (media 7,43).

Tabla 1. Percepción sobre venezolanos e inmigrantes en el Ecuador

Pregunta	Med.	Des. est.	Mín.	Máx.
¿Considera Ud. que la migración de venezolanos es una amenaza para el Ecuador?	7,25	2,774	0	10
Los extranjeros que han llegado en los últimos años, ¿han empeorado los niveles de delincuencia en Ecuador?	7,43	2,678	0	10

Fuente: Encuesta sobre “Percepción política poselectoral. Elecciones Presidenciales 2021”. (N: 961 y 954)

Vale señalar que no se encontraron diferencias entre las valoraciones de hombres y mujeres (medias de 7,26 y 7,23 respectivamente); no así entre grupos etarios, en donde aumenta la percepción de “empeoramiento de los niveles de delincuencia en el Ecuador” y de “amenaza” en las personas de más de 65 años (medias de 8,26 y 8,39) y disminuye en los jóvenes entre 16 y 17 años (medias 6,93 y 6,50).

La encuesta también explora las percepciones de las y los ecuatorianos en función del recuerdo de voto en la primera vuelta, destacando que, al ser consultados sobre si “los venezolanos han empeorado los niveles de delincuencia en el Ecuador”, las medias son mayores en los que votaron por Yaku Pérez-Pachakutik (media de 7,83), lo que se repite al ser consultados al respecto de la percepción de “amenaza” de los migrantes, siendo la media más alta la de los votantes de candidato/partido del movimiento indígena (media de 7,90).

Un estudio reciente de corte cualitativo (Celag, diciembre 2021) apunta en la misma dirección, en la cual la inseguridad se achaca principalmente a la llegada de migrantes venezolanos. Según dicho estudio los relatos hacia los inmigrantes son inflexibles, y caen en una estigmatización totalizadora –“todos son delincuentes”– y abogan por soluciones punitivas.

Conclusiones

El capítulo se preguntó, en primer lugar, cómo se construye la relación entre inmigración, emociones negativas y política. A través de relatos etnográficos de eventos ocurridos en el Ecuador, se observó una clara relación entre la narrativa de la élite política gubernamental y las percepciones e imaginarios de la sociedad ecuatoriana. De esta forma, se observaron coincidencias sustanciales en cuanto al rechazo al otro “extranjero”, sobre todo cuando las condiciones de vulnerabilidad determinan sus condiciones materiales. El uso del migrante como “chivo expiatorio” de los problemas domésticos –crisis políticas, económicas, sanitarias, delincuencia común o feminicidios–ha dado lugar a persecuciones individuales y colectivas, así como enjuiciamientos de personas cuya presunción de culpabilidad se asocia a su nacionalidad. En especial, los discursos gubernamentales entienden y sitúan la migración como un problema de política pública. Sin embargo, como sostiene Tazreiter (2015), si el Estado se ubica en una posición parcial y gobierna por medio de emociones negativas, como el miedo o la ansiedad hacia los migrantes, da origen a brotes xenófobos cada vez más agresivos.

Como hemos analizado en el capítulo anterior, el tema se complejiza cuando se introduce la variable ideológica. En efecto, la llegada de gobiernos orientados hacia el espectro político de la derecha ha dado paso a políticas y prácticas gubernamentales de exclusión hacia los inmigrantes en varias latitudes. A esto hay que sumar el contexto de las múltiples crisis (sobre todo la económica), el incremento del desempleo, la violencia y la pobreza, donde se desarrollan los sentimientos de rechazo hacia los extranjeros. Y, finalmente, no se pueden dejar de lado las explicaciones estructurales de larga duración vinculadas con el legado colonial, donde las variables de clase y raza dieron origen a una delimitación que aún perdura entre “nosotros” y “los otros” y entre quienes son considerados migrantes “deseables” y “no deseables”, como se analizó en el primer capítulo.

Por otro lado, al interrogarnos al respecto de qué papel jugó el tema migratorio en las últimas elecciones presidenciales, se pudo observar la instrumentalización de los migrantes como agentes de enunciación política y de mensajes canalizadores de rechazo a una de las opciones políticas de la contienda –siendo además un lugar común en las agendas políticas latinoamericanas e incluso de otros continentes–. En este sentido, el discurso en torno al migrante cambia: de ser “peligroso” o “amenaza” de la seguridad nacional a “víctima de un sistema político” que sirve de proyección como posible consecuencia al elegir una opción ideológica. En particular, el uso de los venezolanos funciona como instrumento para generar “miedo” en la sociedad ecuatoriana (y regional) que decidiera optar por la izquierda o el progresismo.

Lejos de intentar establecer pautas emocionales o un análisis predictivo del comportamiento de los ciudadanos y los líderes políticos en relación con la migración, el presente estudio intenta servir de aporte a la escasa producción científica existente en el ámbito de las emociones y la migración en el Ecuador y la región. La vinculación de las emociones, la política y la migración sigue siendo una tarea pendiente para académicos e investigadores, especialmente en América Latina, caracterizada por la constante salida y recepción de grandes grupos de personas en movilidad humana y de alta convulsión política.

Su abordaje debe incorporar esfuerzos multidisciplinares que exploren las diversas aristas que permitan conocer a través de estudios de casos y análisis comparados cómo las élites políticas y las sociedades de acogida perciben –desde la perspectiva emocional– a estos grupos minoritarios. Bajo ese prisma, se abren algunas líneas de investigación; sobre todo consideramos fundamental estudiar la estructura de las emociones con base en la economía política de la cultura. Es decir, vincular la construcción subjetiva de las afectividades con las miradas cuantitativas de las emociones basadas en estadísticas avanzadas para conocer los cambios y continuidades en las percepciones que vayan más allá de los resultados descriptivos.

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