La pandemia de COVID-19 desató una crisis económica mundial de envergadura casi sin antecedentes. La Cepal estimó una contracción regional de 9,1 % del PBI para el 2020 en América Latina y el Caribe, incremento del desempleo con un efecto negativo sobre los ingresos de los hogares y su posibilidad de contar con recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas (Cepal, 2020). El Banco Mundial previó una caída de la actividad económica del 7,2 %, lo que causará una recesión más profunda que la que ocurrió con la crisis financiera mundial de 2008 y 2009 y la de la deuda de 1980 (BM, 2020). El impacto será más gravoso en aquellos países que dependen del comercio internacional, el turismo, las exportaciones de productos básicos y el financiamiento externo. El FMI también previó una crisis económica, social y humana similar a la financiera del año 2008. Estos números que presentamos al momento de escribir este libro incluso podrían agravarse. Que la pandemia de COVID-19 causará estragos económicos, sociales y humanos a esta altura es un hecho que nadie duda.

Las desigualdades prexistentes se hicieron visibles. La falta de condiciones infraestructurales para realizar aislamiento, hacinamiento, falta de agua, pobreza, indigencia, informalidad laboral, déficit en los accesos tecnológicos y desigualdad de género ocuparon la agenda de los debates no solamente en los espacios académicos, sino también en los medios de comunicación y en la política. La distancia de algunas élites frente a la sociedad se hizo evidente con la declaración del ministro de Salud de Sebastián Piñera en Chile, quien sostuvo: “Hay un sector de Santiago donde hay un nivel de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga, del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía” (La Tercera, 28/05/2020).

En 2018, según datos de Latinobarómetro, el 80 % de la población en América Latina consideró injusta o muy injusta la distribución de los ingresos. Si ese porcentaje tan alto considera que la distribución es injusta, ¿no es un buen momento para estudiar las causas de la inequidad?

Durante la década de los noventa, en pleno auge de aplicación de políticas de ajuste estructural, nos volvimos expertos en pobreza e indigencia. Mientras se implementaban políticas neoliberales que modificaron de manera drástica las economías, en paralelo los gobiernos, las instituciones e incluso los organismos multilaterales ofrecían programas y propuestas para mitigar la pobreza. Porque, claro, resolver el problema de los pobres también era una preocupación para las élites, pues de esa manera había garantías de continuidad del modelo.

Se habla de desigualdad cuando hay dos partes o dos individuos que tienen niveles diferentes respecto de alguna o varias cosas. O, dicho en otros términos, la desigualdad es un concepto relacional, donde existe concentración hay un conjunto de perjudicados y perjudicadas. Durante los gobiernos progresistas del siglo XXI, la desigualdad se redujo de manera ostensible, disminuyó la pobreza y mejoraron todos los indicadores sociales (Cepal, 2004). Los salarios aumentaron, el empleo informal bajó en términos relativos, disminuyó el desempleo, el gasto social se acrecentó y la pobreza se redujo. El coeficiente Gini, que mide desigualdades poniendo en relación porcentajes de población y porcentajes de ingreso, también se redujo. Pero el ingreso no es el único indicador. Por caso, la diferencia salarial que perciben hombres y mujeres o el llamado “techo de cristal” que limita las posibilidades de acceso de las mujeres a los altos puestos de mando en diferentes órbitas no se resolvieron. Tampoco las desigualdades en el acceso a la educación y a los instrumentos tecnológicos, habitacionales, acceso a la tierra, al agua potable y los servicios básicos, por citar algunos ejemplos.

Según Salama (2015), aunque en los últimos años hubo una mejora en la distribución de los ingresos, el sistema fiscal no se cambió en profundidad y, si bien hubo modificaciones, se volvió demasiado complejo, más opaco y en algunos casos más regresivo. Más que una reducción de las desigualdades, hubo una modificación de la curva de la distribución del ingreso de la población: mientras que el 30 % más pobre experimentó una mejora en su nivel de vida, la proporción de sus ingresos en el ingreso global aumentó, lo mismo sucedió con los más ricos (Salama, 2015).

La concentración económica ha sido uno de los rasgos del capitalismo latinoamericano, y uno de los efectos de esta cuestión es la conformación de un sistema regresivo que, además, tolera la evasión tributaria, donde el Estado no ejerce o no desea ejercer autoridad para recaudar impuestos (Durand, 2019). Según datos publicados por OXFAM en 2020, en América Latina y el Caribe el 20 % de la población concentra el 83 % de la riqueza. El número de milmillonarios ha pasado de 27 a 104 desde el año 2000 (OXFAM, 2020).

En su libro Economía de las desigualdades, el economista francés Thomas Piketty (2015 [1997]) propuso estudiar la desigualdad social en relación con la “cuestión fiscal”. La “herramienta privilegiada de la redistribución pura es la redistribución fiscal, que permite corregir mediante gravámenes y transferencias la desigualdad” (Piketty, 2015: 159). Esta propuesta de Piketty invita a considerar políticas distributivas que permitan disminuir las desigualdades a través de la imposición de gravámenes y políticas fiscales progresivas que –agregamos aquí– tienen mayor sostenibilidad en el tiempo y fortalecen las capacidades estatales.

Desde la transición democrática, y con excepción del período de los gobiernos progresistas, los Estados latinoamericanos se encontraron en situación de captura. La captura se conoce como el mecanismo por el cual se distorsiona la formulación de leyes, normas y regulaciones en favor de algunos grupos económicos contradiciendo el bienestar general. Los mecanismos de captura son diversos, y entre los más comunes se cuentan el lobby y la puerta giratoria (Garay Salamanca, Salcedo, León-Beltrán y Guerrero, 2009; Castellani, 2018; Durand, 2019). Existen otros, que no estudiaremos particularmente en este libro, pero que en lo general actúan en simultáneo con los primeros, como la financiación electoral y la captura de los medios de comunicación. En la captura de medios, existen cuatro mecanismos: el económico (se moviliza dinero con el objetivo de modificar o suprimir información), la estrategia de propiedad (se adquieren grupos de medios), las estrategias políticas (donde se busca imponer el encuadre de la información) y el mecanismo de la violencia (conmoción a través del uso de la fuerza y la intimidación) (Robles Rivera, 2021). La opacidad de los flujos financieros, la desviación de fondos públicos y la corrupción son zonas grises de especial relevancia que debieran atenderse junto con la concentración de la riqueza (Waxenecker, 2017). Aunque no es objeto de este libro, el accionar del poder judicial, conocido como lawfare, también se convirtió en una forma de captura indirecta, al actuar como mecanismo de presión a través de causas judiciales sobre personalidades de la política con orientación progresista.

La captura de las decisiones estatales tiene como objetivo cercenar la libertad de acción de los Estados. Como sostiene Aldo Ferrer (2012) acerca del neoliberalismo, crea restricciones tales que la libertad de maniobra de las políticas públicas queda severamente recortada. Dado que el objetivo político del neoliberalismo es permitir el libre despliegue de las fuerzas del mercado y consolidar los intereses hegemónicos establecidos, es imprescindible maniatar al Estado (Ferrer, 2012). En esta investigación sostenemos que el análisis acerca de los mecanismos concretos de captura debe plantearse en relación con el modelo de acumulación económica. Porque, de lo contrario, corremos el riesgo de “girar en falso” sobre un debate que nos conduce una y otra vez al mismo lugar: captura-élites-captura-élites. Las formas y estrategias de las élites para capturar las decisiones de política pública son el instrumento para favorecer a determinados grupos económicos. Pero luego debemos develar la naturaleza del capitalismo, o, dicho en otros términos, develar cuáles son los patrones de acumulación en cada uno de los momentos sociohistóricos y los sujetos históricos que se ven favorecidos, en un mundo cada vez más complejo y globalizado.

En Latinoamérica, una de las formas que adoptó la captura fue a través de presidentes empresarios y la conformación de estructuras o gabinetes estatales con fuerte impronta empresarial, mediante el llamado “mecanismo de la puerta giratoria”. En 2015 la llegada a la presidencia del empresario Mauricio Macri en Argentina agitó los debates acerca del giro conservador y el carácter de las derechas latinoamericanas del siglo XXI (Ansaldi, 2017). El debate nacional se amplificó por tratarse del primer país donde un gobierno progresista perdía en las urnas; luego vinieron el golpe contra Dilma Rousseff en Brasil, el giro conservador de Lenin Moreno en Ecuador, la segunda presidencia de Sebastián Piñera y, más acá, el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, que terminaron de sellar el cambio de época.

En el siglo XXI, varios países fueron o son gobernados por empresarios: Vicente Fox en México (2000-2006), Elías Antonio Saca González (2004-2009) en El Salvador, Sebastián Piñera (2010-2014/2018-actualidad) en Chile, Horacio Cartes (2013-2018) en Paraguay, Mauricio Macri (2015-2019) en Argentina, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) en Perú y dos casos emblemáticos, que son importantes aunque este libro no los estudie, Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019) en Panamá. En Colombia, Álvaro Uribe Vélez (2002-2006/2006-2010), si bien no es el típico empresario industrial o financiero, es un terrateniente que diversificó sus intereses en el mundo empresarial e introdujo varios elementos novedosos en la política colombiana. En Brasil, Michel Temer (2016-2018) es un hombre que proviene de la histórica clase política, pero sus estrechos vínculos con el empresariado y el giro conservador que llevó adelante tras el golpe de Estado lo convierten en un caso que merece ser estudiado. Hubo también candidatos con perfil empresarial que disputaron elecciones, Samuel Doria Medina en Bolivia, Álvaro Fernando Noboa Pontón en Ecuador, Edgardo Novick y Juan Sartori en Uruguay, Antonio Álvarez Desanti en Costa Rica y Carlos Calleja en El Salvador. Nayib Bukele (2019-actualidad) es presidente en ese mismo país. 

El libro estudia ocho países que tuvieron presidentes empresarios o, específicamente en el caso de Brasil, presidentes con un sesgo empresarial, que agruparemos de la siguiente manera. Argentina, Brasil y México son países con las economías más grandes, con mayor desarrollo económico y diversificación productiva, amplias capacidades estatales y una historia de disputas por la construcción de modelos alternativos, con sectores subalternos con capacidad de generar pesos y contrapesos. En los años treinta y cincuenta, en los tres países hubo experiencias nacional-populares donde se produjo una alianza de clases en el Estado entre la burguesía y el movimiento obrero, y en el caso de México la alianza se produjo entre la burguesía y el campesinado. Por su parte, Chile, Colombia, El Salvador, Paraguay y Perú los caracterizamos como países con menor grado de desarrollo económico y productivo, capacidades estales más débiles y unas élites acostumbradas a hegemonizar el Estado.

¿Por qué tantos empresarios en este siglo XXI? Las explicaciones que ponen foco en la dimensión política, como la crisis de los partidos, el temor por el avance de las experiencias progresistas, entre otras, y los enfoques individuales, que apuntan a indagar por qué un empresario optó por ingresar a la política, son productivos para pensar esta época. Son argumentos eficaces para analizar para cada caso, pero encuentran ciertos límites a la hora de pensar el fenómeno de conjunto y analizar en clave de proceso sociohistórico.

Los empresarios optaron por ejercer el poder de manera directa, sin delegar la posesión de los resortes del Estado y la representación política. Además, construyeron un discurso que depositaba la confianza en los supuestos expertos (sean empresarios o técnicos), es decir, en “los que saben”. Así, proliferaron declaraciones donde se exaltaba esa condición: “el mejor equipo de los últimos 50 años” (Argentina), un “gobierno de notables” (Brasil), “Tendré un gabinetazo” (México), “los mejores, los más preparados” (Chile), “experiencia política y técnica” (El Salvador), “la selección nacional” (Paraguay), “un gabinete de lujo, de la mejor gente de todo el Perú” (Perú)^[1].

Francisco Durand (2010) sostiene que los cambios que se produjeron en las estructuras económicas durante el neoliberalismo de los noventa facilitaron la llegada al poder de los empresarios a la política. Esa participación se efectuó mediante partidos o candidaturas con un perfil popular (por caso, Carlos Saúl Menem en Argentina, Alberto Fujimori en Perú, Salinas de Gortari en México). En otros países, aunque no hubo gobiernos con discurso popular, la participación de empresarios y tecnócratas en puestos claves fue evidente. Y en otros países hubo presidentes empresarios como Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, Juan Carlos Wasmosy en Paraguay, Fernando Collor de Melo en Brasil, Alfredo Cristiani en El Salvador, Álvaro Arzú Irigoyen en Guatemala y la saga de presidentes empresarios donde descuella Enrique Bolaños en Nicaragua, ya en el siglo XXI. Según sostiene Aníbal Viguera (1996), en los noventa el vínculo de los empresarios y la política se ciñó a lobbies o políticas públicas concretas sin llegar a establecerse mecanismos institucionalizados, por ello no se puede hablar de una transformación sustancial del patrón histórico de acción política empresarial en aquellos años.

Las transformaciones implementadas por el modelo de acumulación neoliberal a partir de los años setenta o noventa redefinieron la composición de los grupos de poder económico. Así, favorecidos por la política de las privatizaciones y los estímulos al mercantilismo, surgieron conglomerados emergentes y los viejos grupos se reinventaron a tono con las transformaciones propias del capitalismo globalizado.

Desde comienzos del 2000, esos grupos conformaron estrategias de ocupación del poder del Estado sin mediación de los históricos elencos políticos. Ya sea para dar continuidad del consenso neoliberal, o bien con el objetivo de frenar el desarrollo y avance de gobiernos de corte progresista, los empresarios entendieron que era el momento de avanzar hacia la ocupación del poder sin intermediarios. Frente a la pérdida de eficacia de ciertos elencos dirigentes de ser los agentes mediadores, las clases económicamente dominantes optaron por controlar directamente el Estado. Se dio un proceso que podríamos analizar como un formato de institucionalización capitalista (Therborn, [1979] 2016), una definición que trae Waldo Ansaldi (2017) para reflexionar sobre este tema. En ese marco, ciertas fracciones de las clases dominantes –tomando los conceptos de Nicos Poulantzas ([1968] 2007)– se hicieron del Estado para desplegar sus intereses y, al mismo tiempo, modelar un tipo de democracia funcional a ese modelo. Mediante este formato de dominación, los dirigentes estatales fueron reclutados entre el personal que ocupaba los aparatos económicos.

Luego de la primera fase neoliberal de los años noventa, el siglo XXI se presenta como una segunda etapa, con rasgos diferentes. En la década de los noventa, el propósito del modelo era reducir el Estado y desmantelar la matriz productiva que se había desarrollado durante la industrialización por sustitución de importaciones; en cambio, en esta segunda etapa, caracterizada por un capitalismo financiarizado y mayormente globalizado, se atribuyó una función distinta. Ya no se esperaba del Estado la instrumentación e institucionalización de las reformas de ajuste estructural, sino una institución que pudiera garantizar la libre circulación de bienes y del capital. En términos de Pierre Salama, en el prólogo al trabajo compilado por Martín Schorr y Andrés Wainer, “la financiarización es el umbral a partir del cual el sector financiero, más lucrativo que el industrial, se desarrolla a expensas de este último” (Salama, 2018: 14). Existe así un viraje hacia la “financiarización” donde se atraen y desarrollan nuevos productos financieros en desmedro del sector productivo. Esta mundialización económica

no consiste solamente en superar las fronteras geográficas […]; debe también transferir ciertas funciones ejercidas por la gobernancia pública nacional hacia arenas transnacionales privadas, y desarrollar, en el seno de los Estados-nación, los mecanismos propios para garantizar los derechos del capital mundial mediante actos legislativos, judiciales, circulares administrativas, etc. (Sassen, 2000).

Estos fenómenos complejos requieren esfuerzos metodológicos de igual magnitud y nos obligan a combinar conceptos clásicos con perspectivas novedosas que permitan captar la dinámica actual de la relación entre economía y política.

El concepto de “empresario” define a un individuo que posee al menos una parte del patrimonio de una o varias empresas. En esta investigación mediremos de manera similar a un director, CEO o un individuo que ocupa un cargo gerencial en una compañía porque, en la actual dinámica del capital, quienes ocupan esos cargos jerárquicos poseen acciones de la empresa y además tienen un compromiso que la mayoría de las veces trasciende el mundo económico. Cuando un empresario, CEO o gerente de una compañía se encuentra en un cargo estatal, desarrolla el mismo comportamiento: en el primer caso, defiende a su propia compañía y, en el segundo, cuida celosamente sus intereses. Además, cualquier individuo que ocupa un puesto muy alto en el mundo privado comparte una sociabilidad, educación y un conjunto de redes. Habría que distinguir también entre las empresas nacionales y extranjeras. En el caso de las corporaciones globales, existe una separación entre propiedad y gestión, donde los ejecutivos tienen gran poder de decisión; en el caso de los grupos latinoamericanos, el gerencialismo es menos pronunciado, y hay mayor peso de redes y conexiones familiares y amicales. En la variante latinoamericana del capitalismo, prima la jerarquía de jefes capitalistas que combinan propiedad y gestión familiar, y también poder social sobre empresas conglomeradas (Durand, 2019).

“Tecnócratas” refiere a personas del Estado que han recibido formación científica, técnica o gerencial en las instituciones de la élite y que, en general, poseen una formación en las áreas de economía e ingeniería. Son también quienes toman decisiones orientadas por consideraciones técnicas o vinculadas con una aparente eficiencia. En los últimos tiempos, los economistas han sido quienes más lugar ocuparon en el grupo de profesionales de las burocracias estatales y quienes desplazaron a grupos más antiguos como principales asesores de los ministros (Markoff y Montecinos, 1994).

En esta investigación haremos dialogar dos conceptos que históricamente “compitieron” (Martuscelli, 2009) en el mundo de las ciencias sociales: “élites” y “clases”. El sociólogo marxista Ralph Miliband ([1969]1991) planteó la posibilidad de vinculación entre los conceptos de “clase dominante” y “elitismo”. El término “Estado” designa a cierto número de instituciones particulares que, en su conjunto, conforman el sistema estatal. A través de esas instituciones, se ejerce el “poder estatal”, mediante las personas que ocupan las posiciones más destacadas: presidentes, miembros del gabinete y administradores del Estado en general. “Sistema estatal” no es sinónimo de “sistema político”, sino un modo de definir la dinámica del poder estatal. Aunque hay muchos hombres y mujeres con poder fuera del sistema estatal, no son ellos quienes en última instancia tienen la definición de la política pública; por ello, para analizar el poder del Estado en estas sociedades, es importante estudiarlo como una entidad distinta. Como plantea Miliband, esos hombres y mujeres que ocupan los distintos estamentos de los organismos estatales son quienes constituyen la élite del Estado. Luego, es fundamental estudiar la relación del Estado con la clase económicamente dominante, o las fracciones de las distintas clases dominantes, es decir, investigar si quienes detentan el poder estatal son, además, los agentes del poder económico.

Una mirada que solo enfoque en el sujeto puede resultar una buena descripción de los perfiles ministeriales, pero ni el más acabado cuadro de un gabinete ministerial puede dar cuenta del carácter de un gobierno. Como planteó Göran Therborn ([1978] 2016), el carácter de clase de un Estado determinado no se refiere necesariamente a quien mueve las cuerdas entre bastidores, sino al efecto sobre la sociedad de las acciones del Estado, y, por consiguiente, pone de manifiesto quién es la clase dominante en esa sociedad. El poder político y el poder del Estado deben analizarse en relación con los procesos de reproducción de la acumulación capitalista y las transformaciones sociales. Entonces, la tarea es doble y compleja, identificar por un lado a los sujetos que “mueven las cuerdas entre bastidores” y, por el otro, los procesos de acumulación capitalista.

Denominamos “grupos económicos” a aquellos conglomerados de empresas en que los dueños y las familias ejercen control propietario y directivo (Schneider, 2004; Bull, Castellacci y Kasahara, 2014). Estas empresas realizan transacciones entre sí de manera regular, que les permiten bajar costos, pagar menos impuestos, evitar controles y fiscalización estatales, controlar con mayor éxito movilizaciones laborales y elevar sus influencias en el Estado. La dimensión de estos grupos les permite ejercer ciertas influencias en las distintas órbitas (Durand, 2017).

En esta investigación trabajamos con una combinación de estrategias metodológicas cuantitativas y cualitativas. Realizamos entrevistas a 19 ministros y ministras, 5 funcionarios de primera línea y 8 periodistas e investigadores. Todas las entrevistas, incluso las de los especialistas, fueron anonimizadas, y el nombre se sustituyó por un seudónimo. Asimismo, se trabajó con la base de datos del Observatorio Electoral de América Latina, con sede en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con un total de 381 ministros y ministras de los ocho países estudiados. Se tomó en consideración el período de gobierno completo y se incluyeron las rotaciones de las personas al frente de las carteras. La información sobre los perfiles se obtuvo en su totalidad en todos los países, con excepción del caso de El Salvador, donde, por cuestiones vinculadas a las causas judiciales de varios de los ministros del gobierno, los CV no se hallaban en disponibilidad. La base se construyó a partir de una serie de fuentes primarias: sitios oficiales, consulta directa a los ministerios, redes sociales personales (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram), medios periodísticos, entre otras.

En el capítulo uno analizamos las transformaciones de los grupos económicos en cada país. En América Latina es posible identificar tres etapas en la historia de los grupos económicos:

1. el desarrollo de los grupos bajo el impulso del modelo de industrialización sustitutiva (1930-1973/1980),
2. las transformaciones en los grupos y emergencia de nuevos sectores en el momento neoliberal (1973/1980-2000), y
3. la coexistencia y disputa entre viejos y nuevos grupos económicos en un capitalismo globalizado y financiarizado (2000-actualidad).

Estudiamos las transformaciones neoliberales que se implementaron desde los años setenta y noventa que redefinieron las características de las clases económicamente dominantes. Los históricos grupos económicos se reinventaron y surgieron nuevos. Estas fracciones de las clases económicamente dominantes que no habían tenido la conducción del bloque hegemónico comprendieron que era el momento de ocupar el Estado de manera directa.

En el capítulo dos analizamos la relación entre los empresarios y la política. Realizamos una semblanza de los ocho presidentes: Mauricio Macri, Michel Temer, Vicente Fox, Sebastián Piñera, Álvaro Uribe Velez, Elías Antonio Saca, Horacio Cartes, Pedro Pablo Kuczynski. ¿Quiénes son? ¿De dónde provienen? ¿A qué sector empresarial pertenecen? ¿Tenían experiencia política previa? ¿Crearon partidos nuevos o utilizaron los ya existentes? Los presidentes estudiados, salvo el caso de Temer, son empresarios provenientes de distintas fracciones que se vieron favorecidos por transformaciones neoliberales de la década de los noventa, con las características singulares de cada país. Asimismo, hallamos elementos que ponen en cuestión algunos sentidos instalados, como por ejemplo la crisis de los partidos políticos como un factor explicativo del ascenso de los empresarios. Solo en Perú y Colombia se crearon partidos “a medida”, y quizás el caso argentino podría incluirse en este grupo, aunque se trata de una experiencia híbrida, porque la coalición de gobierno tenía entre sus componentes a un partido centenario como la Unión Cívica Radical. En el resto de los países, o bien se utilizaron las viejas estructuras partidarias, como en Brasil, El Salvador y Paraguay, o se hicieron cambios de nombres estratégicos para la campaña sobre las fuerzas políticas prexistentes, como en México y Chile.

El capítulo tres estudia la conformación de los gabinetes en cada país. El histórico comportamiento de las élites, las capacidades estatales y la fortaleza o debilidad de los partidos influyeron en el proceso de designación de los cargos, junto a factores de coyuntura como conveniencias y oportunidades políticas. Aunque las estrategias de designación de las élites estatales fueron distintas, hubo un elemento común en todos los presidentes: la novedad en el mecanismo y el perfil de quienes eligieron al frente de las carteras. Se observa la incorporación de ministros y ministras con procedencia del ámbito privado (CEO, consultores, tecnócratas), quienes introdujeron un sesgo y una visión proveniente de la lógica empresarial.

En el capítulo cuatro, realizamos una caracterización del perfil socioeducativo, ocupacional y sociodemográfico de los gabinetes. Analizamos la ascendente incorporación de personas con formación en economía, finanzas y administración de empresas, en los niveles de grado y posgrado y una marcada tendencia a formarse en los Estados Unidos. Este perfil que hallamos en el gabinete es similar al de los propios presidentes. Salvo el caso de Michel Temer, que se recibió de abogado, una carrera históricamente asociada al mundo de la política, el resto presenta trayectorias educativas que no son las típicas del político tradicional. Con excepción de Temer y Saca, este último porque no completó ningún estudio superior, todos los otros se formaron en los Estados Unidos en alguna etapa de su vida. No estamos frente al caso de un político que designa a un economista “exitoso” en la cartera de economía, sino frente a un empresario presidente que no solo expresa en sí mismo una visión de mercado, también imparte esa misma perspectiva en la designación de su equipo de gobierno. En cuanto al perfil ocupacional, analizamos la presencia de personas con antecedentes en el ámbito financiero, los servicios empresariales, consultorías internacionales. Asimismo, estudiamos la existencia de carteras económicas con un enfoque ortodoxo, colonizadas por figuras que participaron en los organismos multilaterales financieros.

En el capítulo cinco llevamos a cabo un balance de las principales políticas implementadas en estos gobiernos. De las ocho experiencias analizadas, Uribe es el único que fue electo de manera inmediata. En Argentina, Macri fue derrotado. En los otros países o bien no existe relección o esta no puede ser de manera inmediata, y en esos casos ninguno de los presidentes pudo imponer un candidato propio, siendo derrotados en las propias internas partidarias o en las elecciones generales. En este capítulo se intentará ofrecer claroscuros sobre estas formas de la dominación política. Porque, si bien aún es pronto para conclusiones, pareciera improbable que este tipo de experiencias, que trascienden las aventuras individuales de sus protagonistas, queden en el olvido. Más bien parecieran estar a tono con la lógica del funcionamiento del capitalismo global y su impacto en América Latina.

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