Javier Valente y Fernando Higuera

Introducción

Cuando, en el marco de las disertaciones iniciales del grupo de investigación que nos convocaba, empezamos a elaborar propuestas y preguntas de investigación que colocara a las y los jóvenes como protagonistas, nos surgió una preocupación que tenía que ver con el vínculo entre juventud, narcotráfico, consumo, sociedad y Estado.

De acuerdo iban sucediendo las reuniones de equipo, la pregunta se definía más y la problemática quedaba cada vez más clara. ¿Qué grado de incidencia tiene (si es que la hay) la participación comunitaria de las y los jóvenes en el consumo problemático de sustancias psicoactivas en dicha población?

Para avanzar en esta pregunta, se hizo necesario establecer qué entendemos por “consumo problemático de sustancias psicoactivas”, porque definitivamente no todo consumo es problemático, y de lo que se trata no es de hacer una condena “moral” de la droga per se ni de su consumo, sino de identificar ciertos factores que inducen a prácticas problemáticas relacionadas con formas específicas de consumo, para poder así trabajarlas. Básicamente, consideramos que este tipo de consumo problemático es aquel consumo de sustancias que, por su alto grado de toxicidad o de adicción, afecta tanto al consumidor en su estado psicofísico, en su capacidad de desarrollo personal y capacidades de integración colectiva, como al conjunto del entramado social que lo rodea. La adicción es ciertamente una enfermedad que requiere de un proceso para desarrollarse, no emerge de un día para el otro ni de forma automática; en este proceso intervienen múltiples factores que van propiciando el espacio para el surgimiento de dicho problema de carácter individual y colectivo (Bergman, 2016; González, 2017; Pautasi, 2017).

Nuestro análisis parte de un nivel macrosocial y comunitario, en cuanto comprendemos que la distribución desigual y la acumulación de desventajas estructurales^[1] son un elemento central de la ecuación que da lugar a múltiples problemas sociales como la violencia, el crimen y el consumo problemático de drogas. En contraste con las perspectivas que parten en sus análisis desde el plano de las carencias y falencias psicológicas-conductuales para explicar el comportamiento de los individuos, nosotros entendemos –en sintonía con la perspectiva de Sampson y Wilson (1995)– que los contextos ecológicos/comunitarios en los que se desenvuelven y desarrollan las vidas cotidianas de nuestros sujetos son parte elemental para explicar tanto la existencia –y persistencia– de ciertas problemáticas sociales, como también de las capacidades para amortiguar sus efectos en la comunidad.

En este sentido, esta perspectiva comunitaria no busca indagar o elaborar explicaciones sobre las conductas y los comportamientos desde un plano de las motivaciones o valoraciones de las y los jóvenes; sí busca, en cambio, avanzar en la comprensión de las características estructurales y comunitarias que dan lugar a los posibles dispositivos con los cuales la comunidad intenta sortear sus impactos y efectos.

Consumo problemático y sociedad

Si bien es necesario aclarar que es un pequeño porcentaje de las personas que consumen las que desarrollan un consumo de carácter problemático, cuantiosas evidencias marcan que es en la etapa juvenil donde se define qué tipo de vínculo establece el consumidor con la sustancia en cuestión. Adicionalmente, esta problemática está íntimamente ligada a variados elementos, entre los cuales el socioambiental resulta de un peso gravitante. Las situaciones de vulnerabilidad, que afectan de múltiples formas a las y los jóvenes y que refuerzan el quiebre de los lazos comunitarios, son parte estructural de este factor contextual (Pautasi, 2017; Bergman, 2016).

Veamos esquemáticamente cuáles son los elementos que constituyen, en líneas generales, lo que los especialistas consideran el “daño total” –tanto físico, psíquico y social hacia uno mismo y hacia su entorno– por el “consumo de sustancias” y, a continuación, cuáles son las “sustancias” más “peligrosas” y en qué grado (y la factibilidad de su adicción):

Esquema 1. Elementos que componen el daño total
por el consumo de sustancias

Fuente: González, 2017.

Tabla 1. Escala de peligrosidad de las distintas sustancias

Sustancia	Tasa segura	Efectos de intoxicación	Depen­dencia	Adicción potencial	Grado de dependencia psíquica	Amenaza social
Cannabis	1.000 fm	Cuarto	Quinta	**	Débil	Débil
MDMA	16 or	s.d.	s.d.	**	s.d.	Débil
Estimulantes	10 or	s.d.	s.d.	***	Medio	Débil con excepciones
Tabaco	s.d.	Quinto	Primera	***	Muy fuerte	Ninguna
Alcohol	10 or	Primero	Cuarta	***	Muy fuerte	Fuerte
Cocaína	15 in	Tercero	Tercera	***	Fuerte pero intermitente	Muy fuerte
Heroína	6 iv	Segundo	Segunda	*****	Muy fuerte	Muy fuerte

(Referencias: fm= fumado; or= oral; in= intranasal; iv= intravenosa. Tasa segura = dosis efectiva habitual/dosis letal).
Fuente: Bergman, 2016.

Con base en la información precedente, resolvimos partir de dos conceptos primarios. Por un lado, el concepto de “vulnerabilidad” en cuanto recurso analítico/conceptual nos permite situar en el centro de la escena al Estado dada su responsabilidad política en la aplicación de las garantías y los derechos de las y los jóvenes.

Sostenemos –tal como argumentan Javier Auyero (2021; 2013) y Sabina Frederic (2020)– que la gestión de ciertas poblaciones y determinados espacios territoriales son definidos y constituidos por la oscilación entre una nula y una errática presencia del Estado, lo que configura prácticas y traza fronteras sociales que impactan en las realidades comunitarias en general y en la cotidianeidad de las y los jóvenes en particular.

La vulnerabilidad, comprendida no desde el plano individual, sino también estructural, da forma a aquella acumulación de desventajas que se cimenta a nivel macrosocial, pero se hace tangible en la vida cotidiana de cada uno de los miembros de la comunidad. Desventajas que actúan como factores de presión, refuerzan la desigualdad, y dan forma a patrones macrosociales que derivan en el quiebre de los lazos sociocomunitarios y la persistencia de problemáticas estructurales.

Por el otro lado, tomamos prestado el concepto de “eficacia colectiva” de Sampson (2008) para comprender el carácter mediador del entramado sociocomunitario en cuanto espacio de socialización, articulación de demandas, definición de problemáticas, contención colectiva y, en definitiva, control informal. Presuponemos que las dinámicas construidas en la comunidad pueden ser promotores consistentes de cohesión, integración y contención social, lo cual redundaría en la generación de recursos con los cuales afrontar –o, en todo caso, amortiguar en algún punto– los factores y procesos de vulnerabilización y acumulación de desventajas.

Por tanto, las prácticas de consumo problemático de sustancias psicoactivas por parte de las y los jóvenes las comprendemos necesariamente en su vinculación –siempre compleja y dinámica– con los procesos de vulnerabilización social, derivadas de determinadas interacciones entre el entramado social, cultural y económico en el que se encuentran los sujetos y sobre las cuales se conforman sus condiciones materiales, subjetivas y contextuales. Es sobre esta población que muchas de las prácticas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas se encuentran enmarcadas en conductas de alto riesgo, con un alto deterioro de la salud y bajísimas expectativas de futuro (Innamoratto, 2015)

A estos problemas de salud e integración asociados a la problemática estudiada, debemos sumar a la ecuación la violencia circundante a la presencia del mercado ilegal de drogas y su consumo problemático. Múltiples investigaciones han dado cuenta de la vinculación entre la droga y la violencia en los espacios comunitarios. El modelo analítico más difundido al respecto es el propuesto por Goldstein (1985) y sucesivamente recuperado. Tal como destaca Tokatlian (2017) y actualizando dicho modelo, pueden destacarse cuatro vínculos dinámicos posibles entre los delitos cometidos por adolescentes y “las drogas”, especialmente concentrados en los segmentos poblacionales más desfavorecidos:

1. una vinculación psicofarmacológica, caracterizada por actos de violencia o delictivos cometidos bajo la influencia de los efectos del consumo de sustancias (alcohol o drogas);
2. una vinculación económico-compulsiva, en que los actos de violencia o delictivos se cometieron a fin de conseguir recursos para comprar drogas –un joven que roba los bienes de su familia para obtener dinero y con ello poder comprar drogas es un ejemplo característico de este caso–;
3. una vinculación sistémica, en la que entran en juego el mercado ilegal y la violencia propia de esta práctica –como disputas territoriales, secuestros y el sicariato, por ejemplo, pero también la violencia ejercida por un “transa”^[2] hacia los consumidores que les adeudan–;
4. una vinculación legal, donde entra el amplio espectro de infracciones a las leyes de estupefacientes vigentes.

Estas formas de violencia vinculadas –no unilateralmente– a las drogas, lejos de ser excluyentes, se encuentran enlazadas, y muchas veces sus fronteras se diluyen en las prácticas sociales, sumergiendo a las y los jóvenes en un entramado social de violencia^[3].

Sostenemos que la disolución de los lazos colectivos y comunitarios en un complejo proceso de acrecentamiento de la brecha social y la pauperización profundiza ciertamente la vulneración que sufren las y los jóvenes. La violencia –tanto institucional como social–, la disolución familiar –en muchos casos con violencia intrafamiliar–, la deserción escolar, la incertidumbre e imprevisibilidad, la expulsión del mercado de bienes, la precarización laboral, la desocupación, la estigmatización y la criminalización –entre otras– de amplios sectores de las juventudes hacen que este espacio poblacional se vuelva un sector expuesto a situaciones de profunda vulnerabilidad y fuertes presiones estructurales, ante lo cual se evidencia cierta ineficacia colectiva.

En conclusión, si ciertas condiciones de desventajas se concentran diferencialmente entre los distintos barrios –niveles de violencia, desocupación, segregación social, marginalidad, desigualdad, fracturas de las instituciones comunitarias– de manera perdurable en el tiempo, es esperable que sus implicancias tengan su impacto sobre los aspectos colectivos de la vida comunitaria. El punto clave en este aspecto está puesto en las capacidades colectivas de ejercer el control social informal sobre determinados aspectos de la vida en comunidad y que se crean sobre la confianza recíproca y la disposición conjunta para la intervención sobre problemáticas específicas –colectivamente definidas–; es decir, desarrollar la “eficacia colectiva”. El sentido de “participación ciudadana” formado en el entramado comunitario, en intersección con la confianza colectiva –cohesión/integración– y la articulación de múltiples redes sociales –más o menos institucionalizadas–, cumple aquí un rol central (Sampson, 2008).

En este cuadro de situación, creemos que la participación comunitaria puede ser entendida como una forma de intervención en la que se ponen en juego y se negocian percepciones, autorrepresentaciones, sentidos e identidades colectivos, desde los cuales se problematiza la realidad y se elabora agenda pública. De este modo, en la práctica podemos hallar múltiples intersecciones de diversas pertenencias comunitarias, las cuales van –de conjunto– prefigurando los sentidos y las expectativas de los sujetos; aportando así en la reconstrucción de los tejidos sociales con base en el mutuo reconocimiento (Arévalo, 2004). Con este sentido de pertenencia colectiva –en torno a los espacios comunitarios y la cotidianeidad– sobre los cuales se problematizan experiencias y se elaboran percepciones, la acción colectiva se impone como una herramienta de disputa y resolución a las demandas que en ella se elaboran.

Por tanto, y de acuerdo con Briceño-León (1998), más allá de que este tipo de involucramiento puede estar orientado desde el estímulo del Estado –promoviendo o incentivando dichas formas de movilización– (de arriba hacia abajo) o bien puedan ser originadas desde un plano profundamente autogestivo y autónomo (de abajo hacia arriba), en cualquiera de los casos puede pensarse como un reforzamiento de la democracia mediante la organización de la sociedad civil, bien como un recurso contestatario y crítico frente a la desatención del Estado o como una rearticulación del vínculo Estado-sociedad^[4].

La multiplicidad de espacios y experiencias de participación e intervención comunitaria puede, en este sentido, estar o no dirigida directamente a trabajar temas específicos de prevención y tratamiento del consumo problemático de sustancias psicoactivas, puede estar directamente asociada a la salud o ser de índole social, deportiva, cultural o política; pero, de conjunto –y en ocasiones de forma articulada–, representa una herramienta en la promoción de la salud, el bienestar, el tejido social y la (re)vinculación comunitaria (Kornblit et al., 2016).

Con todo esto en mente, la posibilidad de trazar un vínculo causal posible entre la participación de las y los jóvenes en el espacio comunitario –más o menos institucionalizado– y el consumo problemático abre una ventana de oportunidad para diseñar políticas públicas claras, orientadas a la cuestión del consumo problemático en los jóvenes a través de mecánicas y recursos que no recaigan en el reforzamiento de la estigmatización y la criminalización, sino en la ampliación de ciudadanía. El espacio comunitario se transforma, en este sentido, en un espacio de (re)articulación social que actuaría no solo en el importante plano de la prevención y la contención, sino también en el del tratamiento, la integración y el desarrollo.

Por otro lado, es posible pensarlo también como una política dirigida a combatir el negocio del narcotráfico desde un plano que exceda la agenda securitaria, cuyo eje estructural está encuadrado en la racionalidad punitiva y represiva, y la cual tiene serias implicancias sociales y políticas como el acrecentamiento de la desigualdad y la violencia institucional (CELS, 2017).

Siendo que del total global de consumidores solo el 20 % es de carácter problemático y que es sobre este porcentaje sobre el que se desenvuelve el 80 % de la demanda global (Bergman, 2016), generar políticas públicas orientadas a motorizar y promover la vinculación y participación comunitaria puede ser considerado una política viable más (necesariamente de la mano de las políticas laborales, de salud, educación, seguridad y habitacionales, entre otras) en la lucha contra el negocio del narcotráfico y su flagelo sobre los sectores más vulnerables de la juventud.

Recuperando el modelo ecológico propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) y tomado por Chioda (2016), pretendemos –como mencionamos antes– enfocar el consumo problemático de drogas a nivel comunitario y como parte de los múltiples factores de riesgo que presionan sobre segmentos poblacionales específicos y las posibles intervenciones desde el plano comunitario en la problemática que nos atañe. Si bien es cierto que la preocupación está perfilada hacia la salud pública en general, y de los jóvenes en particular, partimos –como se dijo– del presupuesto de que el fortalecimiento de los entramados comunitarios representa un aspecto básico de cualquier política preventiva integral desarrollada por el Estado.

Gráfico 1. Factores de riesgo/factores de prevención,
desde la perspectiva ecológica

Fuente: elaboración propia con base en Chioda (2016) y Rendón (2019).

Precisiones metodológicas

A los fines prácticos de esta investigación, trabajamos en el territorio comprendido por las Comunas 8 y 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; más precisamente sobre los barrios de Villa Soldati, Villa Riachuelo, Villa Lugano, Liniers, Mataderos, Parque Avellaneda.

Al definir este espacio territorial sobre el cual trabajar, somos conscientes de que cada barrio tiene su particularidad, y por tanto sus problemáticas y resoluciones pueden ser específicas. Sin embargo, consideramos que, sin perder de vista dicha especificidad, podíamos acceder a información valiosa que nos acercase a una respuesta provisoria de la pregunta inicial.

Como datos relevantes podemos decir que estas comunas son parte del área geográfica de la Ciudad de Buenos Aires –zona sur– y en conjunto representan, según proyecciones al 2021, un aproximado del 14 % de la población total joven –de 15 a 29 años– de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por su parte, según las mismas proyecciones, se estima que las y los jóvenes –de 15 a 29 años– representan aproximadamente un 20.8 % de la población total de las Comunas 8 y 9^[5].

Por otro lado, es un territorio en el cual la desigualdad impacta con severidad, representando el ingreso per cápita familiar promedio más bajo de toda la ciudad (tabla 2), mientras que el ingreso medio calculado para el año 2021 en las Comunas 8 y 9 fue de $41.523 y $61.357 respectivamente, siendo las más bajas de la ciudad juntamente con la otra comuna del sur –Comuna 4–, que registró un ingreso promedio de $53.080 (tabla 3). Esto aporta a la construcción de un panorama de situación, si lo contrastamos con el valor de la canasta básica total –alimentación más servicios básicos– calculada para una familia de cuatro miembros el mismo año por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de $76.146^[6].

Tabla 2. Ingreso per cápita familiar medio de los hogares (pesos a valores corrientes) según zona. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Primer trimestre de 2021 / primer trimestre de 2022

Periodo	Ingreso per cápita familiar
	Total	Zonas
		Norte	Centro	Sur
1.º trimestre 2021	47.197	65.497	45.493	29.783
2.º trimestre 2021	48.205	67.174	46.698	29.409
3.º trimestre 2021	61.191	90.527	56.744	37.946
4.º trimestre 2021	65.554	90.115	64.073	39.319
1.º trimestre 2022	82.345	117.506	78.342	49.981

Fuente: extraído de la base de datos de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA).

Tabla 3. Ingreso medio de la población de diez años y más según comuna. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Año 2021

Comuna	Promedio de ingresos
Total	$ 79.956
1	$ 74.045
2	$ 104.878
3	$ 64.085
4	$ 53.080
5	$ 80.039
6	$ 96.948
7	$ 69.468
8	$ 41.523
9	$ 61.357
10	$ 63.968
11	$ 82.689
12	$ 91.130
13	$ 114.245
14	$ 107.097
15	$ 78.145

Fuente: extraído de la base de datos de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). EAH 2021.

Podemos afirmar, además, partiendo de los datos suministrados por la Dirección General de Estadística y Censos dependiente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que la zona sur de la ciudad concentra una combinación alarmante en términos de integración y vulnerabilidad: tienen las tasas más bajas de actividad y empleo, al tiempo que las más elevadas de desempleo de la ciudad (tabla 4). Cuando miramos a las y los jóvenes –según datos arrojados en el último informe de juventudes elaborado por el Observatorio de la Juventud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2015–, estas comunas tuvieron en conjunto las tasas más elevadas de desocupación y de precariedad laboral entre las y los jóvenes^[7]. Si bien algunos de estos datos pudieron verse afectados por el contexto del covid-19, lo cierto es que, mirados en perspectiva, podemos suponer que no hubo grandes cambios en cuanto a las tendencias generales.

Tabla 4. Tasas de actividad, empleo y desocupación de la población según zona. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primer trimestre de 2021/primer trimestre de 2022

Periodo	Actividad
	Total	Zona
		Norte	Centro	Sur
1.º trimestre 2021	53,6	55,7	55,6	48,0
2.º trimestre 2021	53,1	56,3	54,0	48,7
3.º trimestre 2021	53,3	56,9	55,1	46,9
4.º trimestre 2021	56,4	58,6	58,5	50,5
1.º trimestre 2022	55,3	57,2	57,3	49,6
Periodo	Empleo
	Total	Zona
		Norte	Centro	Sur
1.º trimestre 2021	48,2	52,2	50,4	40,8
2.º trimestre 2021	48,1	53,2	49,3	41,8
3.º trimestre 2021	48,3	53,5	49,5	42,0
4.º trimestre 2021	52,1	55,3	54,5	44,8
1.º trimestre 2022	50,4	54,5	52,3	43,7
Periodo	Desocupación
	Total	Zona
		Norte	Centro	Sur
1.º trimestre 2021	10,0	6,3	9,3	15,0
2.º trimestre 2021	9,4	5,4	8,8	14,2
3.º trimestre 2021	9,3	5,9	10,2	10,4
4.º trimestre 2021	7,7	5,7	7,0	11,3
1.º trimestre 2022	8,7	4,7	8,8	12,0

Fuente: extraído de la base de datos de la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA). ETOI.

Respecto a la educación, podemos marcar que conjuntamente las comunas de la zona sur tuvieron en 2021 los valores más altos de habitantes con secundario incompleto y los más bajos en transitar (completos o incompletos) el nivel superior de toda la ciudad^[8].

Asimismo, esta zona concentra de manera desproporcionada respecto al resto de las comunas –pero en sintonía con los datos antes mencionados– la mayor parte de las villas, los asentamientos o los núcleos habitacionales transitorios de la ciudad^[9]. En este cuadro, es de destacar que la Comuna 8 –conformada por los barrios de Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo– es el espacio territorial en el cual se encuentra desplegado el mayor número de barrios de emergencia^[10], llegando a ser relevados un total de dieciocho barrios en 2015. Entre los cuales podemos mencionar al barrio Ramón Carrillo 1 y 2, los asentamientos La Esperanza y Los Piletones, los barrios Fátima y Pirelli (o Villa 17), Ciudad Oculta, y las Villas 20 y Dulce.

Según el censo de 2010, entre los barrios de emergencia, las villas miseria y las unidades transitorias de dicha comuna, vivían aproximadamente 63.590 habitantes^[11]. Si consideramos que, desde los años noventa a la fecha, la población en estos territorios fue en ascenso, es de esperar que datos más actualizados arrojen un número mayor.

En tanto, el relevamiento censal del 2016 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires registra en la Comuna 9 –conformada por los barrios de Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda– un barrio de emergencia: La Villa 6, o también conocida como Cildáñez, en referencia a la cuenca del arroyo del mismo nombre. Ubicamos, sin embargo, mediante otras fuentes no oficiales –la ONG Poblaciones^[12]–, un pequeño asentamiento lindante a la autopista Perito Moreno sin registrar. Este panorama refuerza las fronteras sociales trazadas por la desigualdad, la vulnerabilidad, la estigmatización, el desamparo, la precariedad y una presencia errática del Estado sobre el territorio y en la gestión poblacional (Auyero, 2013 y 2021; Frederic, 2020).

En cuanto al recorte de nuestra población de estudio, enfocamos nuestra investigación a fines prácticos, sobre un segmento representativo de la población entre los 18 y 29 años, así como sobre aquellos actores claves que previamente surgieron de un mapeo que realizamos en relación con la problemática en cuestión. Estos últimos fueron tanto de carácter institucional como comunitario, pero en todos los casos representaban algún grado de incidencia en la comunidad y en la problemática que trabajamos.

A su vez, si bien comprendemos que el concepto de “sustancias psicoactivas” incluye una vasta variedad de compuestos químicos que –pudiendo ser o no ilegales– son capaces de ocasionar alteraciones psicomotrices, emocionales y sensoriales, nos centramos en el consumo de drogas ilícitas, ya que socialmente pareciera haber una elaboración más formada y compartida sobre la gravedad que representa su consumo problemático entre las y los jóvenes^[13].

Para el desarrollo de esta investigación, partimos –en sintonía con Irene Vasilachis de Gialdino (2006)– del siguiente supuesto: un abordaje cualitativo puede proveernos mayor profundidad en la comprensión fenoménica y causalística que la que podría ser lograda por medio de datos cuantitativos.

En este sentido, mediante el modelo cualitativo, creemos que se puede comprender –a través de marcos metodológicos, teóricos y conceptuales definidos– casos, interacciones y significados sociohistóricamente inscriptos en contextos específicos que pueden, a su vez, guardar significados y características similares o comparables con otros casos. Por tanto, privilegiamos la profundidad por sobre la extensión. Depositamos sobre esta decisión epistemológica la expectativa antes mencionada, de que sus resultados puedan inspirar y guiar intervenciones prácticas sobre la realidad social, incidiendo en la toma de decisiones y políticas públicas.

Como sostuvimos previamente, decidimos concentrar esfuerzos sobre un espacio territorial concreto –los barrios de Villa Soldati, Villa Riachuelo, Villa Lugano, Liniers, Mataderos, Parque Avellaneda–, esperando que dicho recorte sea representativo de otros casos. Si bien el estudio de caso consiste en el abordaje de lo particular priorizando el caso único, consideramos posible hacer un aporte en el sentido de abrir las puertas a futuros estudios de diseño de “casos múltiples” que permitan extender las explicaciones causales (Neiman y Quaranta, 2006).

En este marco recurrimos al método etnográfico mediante técnicas dirigidas a percibir dicha complejidad fenoménica y su contexto con la mayor riqueza posible, respetando la mirada de los actores sociales involucrados (Hammersley y Atkinson, 1994).

A estos fines, desarrollamos una serie de entrevistas en profundidad semiestructuradas y reflexivas –guiadas por un conjunto de preguntas y cuestiones de orden general más o menos directas, estando abiertas al posible surgimiento de nuevas claves explicativas/interpretativas, con versatilidad en las tácticas de entrevista empleadas– en sesiones únicas tanto a sujetos claves –referentes sociales, políticos, agentes de gestión, religiosos y comunitarios anclados territorialmente–, como a jóvenes del territorio en cuestión. Ambos fueron seleccionados en función de equilibrar los criterios de “accesibilidad”, “portación de información”, “disposición” y “capacidad comunicativa” (Valles, 2002). A lo anterior sumamos el análisis de entrevistas realizadas a diferentes actores claves del territorio por parte de diferentes medios de comunicación, en el marco de artículos de investigación periodísticos.

Abordaje de campo

Contrariamente a lo que se planificó al inicio de este trabajo, las entrevistas a las y los jóvenes se fueron concretando en el marco del desarrollo de las observaciones de campo. Esto fue así en cuanto que, al recorrer los barrios y sus espacios públicos –ferias, plazas, parques, clubes, etc.–, se nos fueron abriendo distintas puertas de accesibilidad a las y los jóvenes que transitaban o desarrollaban alguna actividad allí.

Resulta interesante que para ellas y ellos –en gran medida– el carácter problemático del consumo de sustancias psicoactivas se relacionaba de forma taxativa con el “no poder desarrollar cierta actividad a causa del consumo”, “tener problemas en su familia por lo que el consumo les hacía”, “ver disueltos sus lazos afectivos con parejas, familias o amigos a causa del estado en que las drogas los dejaban”, y no así por el tipo o la intensidad con que consumían, ni por su vínculo con la legalidad o los efectos en la salud. Por tanto, el carácter problemático estaba asentado en sus propias experiencias de vida. En este sentido, cada vez que en el diálogo nos acercábamos al momento de “superación”, era reconocible que dialogaran en consonancia con el destacar de los logros, las actividades y los vínculos que este “después de” posibilitara.

Así, podemos encontrar un grupo de jóvenes –sobre todo, varones– que relacionan su rescate a la construcción de una familia propia: “Mi novia quedó embarazada y me tuve que rescatar; ya no era yo solo”, nos decía un joven.

Otro grupo de jóvenes colocaron en un rol preponderante la práctica de deportes en clubes de barrio. Esto es de resaltar porque varios de ellos participaban de distintas instancias deportivas o recreativas de clubes de barrio e igualmente se iniciaron con el “consumo problemático”.

Sin embargo, de lo conversado con las y los entrevistados, podemos destacar que operaron dos mecánicas de contención frente a esta situación. Por un lado, los propios jóvenes del club se transformaron en un factor de presión y acompañamiento para que el joven desistiera de dicho comportamiento; por el otro, los mismos establecimientos disponían de políticas de admisión que explícitamente negaban el ingreso a toda persona en estado de ebriedad o bajo efectos de “drogas”. En conjunto, estos mecanismos informales operaron como un factor de exclusión-contención que permitió en los casos mencionados revalorar comportamientos y reconocer el problema sobre el cual trabajar.

“A mí, volver a entrenar futsal me ayudó. Tenés la cabeza ocupada y no podés estar loco para entrenar”, nos decía un joven que, luego de superar un corto periodo de consumo, volvió a jugar, entrenar y ahora da clases de fútbol a otros/as jóvenes del barrio.

Los clubes de barrio tienen un conjunto de actividades de cara a la comunidad –y articulado con ella– que hacen al sentido de pertenencia colectiva. Desde los mismos clubes, en muchos casos, se impulsan actividades de acondicionamiento de calles o lumínica en la vía pública, participando sus miembros en dichas tareas.

En la Comuna 9, en las cercanías de la cancha del club deportivo Nueva Chicago, hay dos barrios populares de singular relevancia: el barrio Los Perales –un complejo habitacional inaugurado en el marco de las políticas habitacionales de Perón en 1949– y la Villa 15, más conocida como Ciudad Oculta. El barrio Los Perales, dada su estructura arquitectónica, su génesis constitutiva y su propia historia, tiene formado un profundo sentido de comunidad. Según contó el encargado de la biblioteca del complejo en una entrevista hecha por RT en Español, “los lazos que se tejen entre los vecinos son muy fuertes”^[14]. Por su parte, Ciudad Oculta es un barrio de emergencia con altos índices de afectación por el tráfico, narcomenudeo y consumo de pasta base^[15]. Allí se levantó la Red de Madres en Lucha contra el Consumo de “Paco” de Ciudad Oculta, que da contención, alimento y acompañamiento a las y los jóvenes adictos al paco e impulsa actividades de “escrache” contra las bocas de dispendio –o bunkers– del barrio y denuncias colectivas contra los narcotraficantes. A su vez, hay una fuerte presencia –por su importancia, no por los recursos con los que cuentan– de los llamados “curas villeros” a través de su programa Hogar de Cristo Gran Familia.

Entre la cancha del club Nueva Chicago y la entrada a estos dos barrios, se encuentra el club social y deportivo Cárdenas, del cual pudimos entrevistar a uno de los miembros de la comisión directiva –que entendemos, a partir de las notas de campo y el vínculo establecido con quienes se acercaban durante la entrevista, es un referente del barrio–. Él nos explicó la importancia de los clubes de barrio no solo desde el plano de la contención, sino también desde el plano de la articulación con políticas del Estado nacional o de la ciudad.

Los clubes –dada su territorialidad y cercanía con la comunidad– muchas veces se transforman en la correa de transmisión mediante el cual el Estado implementa sus políticas sociales. Por ejemplo, nos mencionaba un club cercano –ubicado en el límite extremo entre la Comuna 9 y la Comuna 8– llamado Club Cildañez donde funcionan con cierta regularidad oficinas de ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), del ReNaPer (Registro Nacional de las Personas) y del SEDRONAR (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina). Sin embargo, en su percepción, no se pierde de vista que “esta es una intervención fragmentada y aislada y hace falta una política integral del Estado”. Los clubes, la iglesia, las murgas y demás expresiones organizadas de la comunidad no pueden, según su opinión, hacer frente solos al gran desafío de este problema.

… las iglesias, las murgas, los clubes de barrio son lugares que claramente le dan contención a los jóvenes que tienen problemática de todo tipo. Un lugar donde pueden sentirse contenidos, pero es algo mínimo. Lo que se necesita es un abordaje integral sobre el consumo problemático de parte del Estado. [En el] Hospital Santojanni tendríamos que tener un área de Guardia Psiquiátrica, un lugar con profesionales que sepan de la temática y que los pibes tengan un tratamiento desde la salud pública. Estamos muy lejos de tenerlo, las Guardias que existen no tienen que ver con [los problemas de] la Comuna. La política está ausente y los Clubes del barrio, junto a la Iglesia, las Murgas y Centros Culturales, funcionan como contención para los pibes y pibas que están sufriendo esta problemática (miembro de comisión directiva del club Cárdenas).

En el otro extremo de la Comuna 9, unas jóvenes que se encontraban en una plaza de Liniers nos decían que ellas no consideraban tener un consumo problemático de drogas, pero que conocían amigas del barrio que estaban pasando por situaciones complejas. Cuando nos adentramos en la conversación, lograron identificar un factor de peso en por qué ellas –a diferencia de aquellas amigas del barrio– no desarrollaban un consumo problemático: su activa participación en una serie de espacios culturales.

Las murgas y los centros culturales –donde se desarrollan múltiples actividades de enseñanza y práctica artística/cultural– son otro elemento recurrente –así como los clubes– en las devoluciones de las y los jóvenes del barrio. Según la propia percepción de una de las jóvenes recién mencionadas, las murgas ayudan a formar grupos humanos solidarios que se acompañan.

Un joven que participa desde niño en una murga de Villa Riachuelo sostuvo que, colectivamente, se establecen reglas de convivencia entre las cuales está “cero alcohol” y “cero drogas” en el espacio de la murga. “Lo colectivo”, por consiguiente, asume una función reguladora de los comportamientos problemáticos a nivel individual.

Pudimos observar en el trabajo de campo que las murgas tienen la peculiaridad de estructurar redes etariamente transversales, en las que participan, en algunos casos, hasta varias generaciones de una misma familia. Esto es interesante porque “la murga” como dispositivo social se transforma en el imaginario colectivo de muchos de sus integrantes en “una familia” que representa culturalmente “al barrio”, y se conducen con ella acorde a este sentido.

En los centros culturales, por su parte, se desenvuelven un conjunto de actividades sociales que logran hacer converger a vecinas y vecinos con intereses muy variados en un mismo espacio, dando forma a un “colectivo” que interpela y dialoga con el resto de la comunidad a través de sus propuestas. Sus talleres –desde talleres de oficio hasta de rima y arte callejero–, sus actividades ligadas al acompañamiento escolar de las chicas y los chicos del barrio y los comedores, que en muchos casos funcionan dentro de estos centros, entre otras actividades, transforman estos espacios en verdaderos gestores de demandas y necesidades de la comunidad. Nos comentaba un referente barrial:

Quizás no todos participan de uno [un taller], pero seguramente tienen un primo que va para que lo ayuden a transitar una materia en la que tiene dificultades en la escuela, o un amigo que participa de un taller de trap, o una tía que ayuda en el comedor y así.

Del diálogo con las y los jóvenes que participan en estos espacios, surge que son espacios claves en la dinámica de la comunidad y muchas veces permiten articular demandas que individualmente son difíciles de llevar adelante. Este sentido de actividad militante hace de los centros culturales una construcción colectiva con fuertes lazos internos y, en mayor o menor medida, con capacidad de estructurar un sentido de pertenencia.

Algo similar sucede con las y los jóvenes que entrevistamos y participan de alguna organización territorial^[16], percibiéndolas como un espacio de construcción colectiva dentro del territorio, pero, además, como un gestor de demandas y necesidades. La organización política o social territorialmente inscripta construye desde “lo colectivo” e intenta al mismo tiempo colocarse como regulador del conflicto y las necesidades para con los miembros con los cuales pretende construir legitimidad y consenso.

Lo interesante de estos casos es que dichas organizaciones encuentran múltiples formas de intervención sobre el territorio –centros culturales, comedores, talleres de formación, etc.– y, de alguna manera, logran replicar el sentido construido de lo colectivo en la comunidad con el cual asumen cierto grado de compromiso –por lo menos entre quienes pretenden construir legitimidad y consenso–.

Una joven de Lugano –que dijo haber atravesado hacía unos años una etapa problemática con sustancias psicoactivas con quien fuera su pareja– sostenía:

Les jóvenes nos tenemos que organizar en cada espacio de trabajo, en cada escuela y cada barrio, para dar la lucha por imponer nuestras consignas, nuestras necesidades. El Estado solo está persiguiendo y pegando a les pibes; los criminaliza y persigue.

Y agregó que

por ejemplo, con el tema este de la droga, en vez de ir y reventar los bunkers de los tranzas –que todos sabemos dónde están–, van y le pegan al guacho^[17] que está fumando un faso^[18] o reventado por el paco en la esquina.

La familia, la iglesia –o instituciones religiosas–, por su parte, también encontraron un lugar en los diálogos de las y los jóvenes. El acompañamiento familiar fue parte central del sentido elaborado por algunos de los jóvenes cuando nos dialogaron sobre el espacio en el cual encontraron “refugio” frente a las drogas. Uno de los entrevistados daba a entender que en el barrio solo se puede contar y confiar en la propia familia, y en este punto lo contrastaba con la falta de ayuda que percibía por parte del Estado. “Con el Estado no podés contar; si no es la familia, nadie te ayuda”, nos decía este joven de Mataderos.

Sin embargo, estas familias son las mismas que en muchas ocasiones se ven desbordadas por situaciones de violencia relacionadas con la vinculación económico-compulsiva que se establece entre el consumidor –problemático–, que busca recursos para poder seguir adquiriendo las sustancias que consumirá.

Auyero (2013) logra dar cuenta en su trabajo etnográfico en el barrio de emergencia Arquitecto Tucci^[19] de cómo “las drogas” ingresan en las casas y en la cotidianidad familiar como un disruptor violento a manos de aquel familiar consumidor que les roba y que provoca que el “transa” del barrio los amenace por deudas, por ejemplo. Pero esta violencia vuelve en muchos casos como un acto de control y disciplinamiento que la familia aplica sobre el/la joven en busca de contener la situación y rescatarlo/a.

En relación con lo anterior, distinguimos ciertas referencias de jóvenes entrevistados/as. Uno de ellos –de Villa Riachuelo– nos decía: “Una vez estuve casi dos meses sin ir a la escuela porque quedaba en la esquina con los pibes, ‘re fisura’. Mi vieja se enteró y me buscó con mi hermano”. Añadió que nunca los había visto de esa manera:

Me golpearon delante de mis amigos y me llevaron a rastras a casa mientras me amenazaban con internarme o mandarme preso. Me tuvieron encerrado un tiempo hasta que me llevaron a la iglesia y ahí quedé en rehabilitación. Me re acuerdo que los golpes me dolían, pero me rescataron.

En este extracto, se observa claramente lo que Auyero (2021) define como “violencia preventiva”.

Respecto a “la iglesia”, como mencionamos antes, es de destacar la intervención territorial de un grupo de curas católicos, coloquialmente denominados “curas villeros”. El diseño y la implementación de programas –como “El Hogar de Cristo” desde 2008– dirigidos al acompañamiento y la contención de personas ligadas al consumo problemático de sustancias están sostenidos en una evaluación del problema que se vincula directamente con la percepción sociocomunitaria. A diferencia de otros grupos católicos o evangélicos, que dan a sus intervenciones una impronta terapéutica –asumiendo que el consumidor es un enfermo y circunscribiéndolo a la dimensión psicobiológica–. Y, como bien señala Ana Laura Azparren (2019), los curas villeros conceptualizan la problemática en el marco y como expresión de la exclusión, la desigualdad y la marginalidad social.

De esta forma, podemos afirmar que su intervención opera mediante múltiples dispositivos, centros barriales –apoyados en la territorialidad construida por la Iglesia católica en las villas de la ciudad– y referentes vinculados con el barrio, sobre el presupuesto de que el consumo problemático de drogas y la vulnerabilidad social y territorial son caras de una misma moneda, frente a lo cual desarrollan intervenciones integrales con un manto de familiaridad.

En este sentido, son espacios y dispositivos comunitariamente arraigados, que ejercen –no sin cierta resistencia– estrategias de control informal sobre situaciones problemáticas que afectan a dichas comunidades. El acercamiento a estos dispositivos implica algo más que solo la búsqueda de “ayuda” o “contención”, ya que se transforman en un espacio “familiar” y “amistoso”, donde algunas/os jóvenes encuentran canales para el desarrollo personal integrados a un sentido de comunidad.

Un joven del barrio de Villa Soldati nos decía:

Yo recorro el barrio junto con mis amigos y compañeros de la iglesia para hablar con quienes vemos tienen problemas con las adicciones. No voy a dejar de hacerlo porque estoy muy agradecido por la segunda oportunidad que me dieron. […]. Mi vieja me trajo acá un día que estaba quebrado. Doy gracias por eso porque había perdido el laburo y muchos amigos, ahora laburo en la cooperativa de la iglesia, tengo amigos y un lugar en el que siento puedo ayudar a otros a superarlo también.

Conclusiones

De los relatos recogidos de las y los jóvenes de los barrios sobre los cuales trabajamos, podemos extraer una serie de conclusiones tentativas. En primer lugar, en todas las entrevistas, aparecen –a veces de forma explícita y otras de manera “solapada”– elementos de control informal de la comunidad. Tanto en los casos de quienes no consumen y perciben, en su situación, algún grado de incidencia respecto a su participación en un espacio de intervención comunitario, como en aquellos que, habiendo desarrollado algún grado de vinculación problemática con drogas o sustancias psicoactivas, establecen una relación fuerte y directa con el límite puesto al consumo con la intervención del control informal de la comunidad.

Es cierto que, en este segundo caso, podemos encontrar dos variantes, ya que no es la misma situación la que nos transmiten las y los jóvenes que desarrollaron un vínculo problemático con las drogas por un periodo muy prolongado en el tiempo o con sustancias con altos índices de adicción potencial que aquellas y aquellos que tuvieron un breve paso por dicha experiencia o con sustancias menos adictivas. En el caso de aquellas/os jóvenes que se vieron envueltos con el consumo de sustancias altamente adictivas –el paco, por ejemplo– o por periodos prolongados de tiempo, en general encuentran muchas dificultades para motorizar un proceso de desvinculación con la sustancia o la adicción en cuestión.

En algunos casos –mínimos, según las entrevistas que obtuvimos–, la intervención de algún tercero –sea la familia, la iglesia, una ONG, el Estado a través del sistema de salud o alguna otra organización– puede incentivar el deseo de resolución. Se puede observar que de los relatos surge el hecho de que, en estos casos, como parte del proceso mismo de desvinculación con la adicción, la o el joven asume cierto grado de compromiso con las actividades y propuestas impulsadas por dicho espacio comunitario. De lo anterior, podemos suponer que la participación que surge de este proceso prefigura una red de contención sobre la cual se cimenta la percepción de lo “familiar”. En este sentido, la participación de la o el joven surge con posterioridad a la intervención de la comunidad –mediante sus dispositivos, recursos y espacios– y se establece como un mecanismo de vinculación con la malla de contención y el entorno. Por su parte, quienes desarrollaron un grado de vinculación inferior –menos tiempo o con sustancias menos problemáticas– pudieron dar cuenta de tener mayores recursos personales para tomar la decisión de desvincularse del consumo.

Recordemos que en el mundo de sentidos que quedaba contenido en el conjunto de entrevistas, las y los jóvenes suelen relacionar el carácter problemático del consumo con sus experiencias inmediatas y, en particular, con las pérdidas ocasionadas por esa práctica -expulsión de su club, abandono de la escuela, pérdida de trabajo, problemas familiares, separaciones, etc.-. En esta línea, ellas y ellos identifican en el relato un punto de quiebre en el cual toman la decisión.

Muchas de estas experiencias de pérdida tienen que ver con no poder participar de espacios en los cuales intervenían en la comunidad –murgas, clubes, escuelas, etc.–, y la desvinculación con el consumo problemático estaría, de alguna forma, directamente relacionada con la revinculación con estos espacios sobre los que sienten la pérdida.

La “iglesia” que interviene en el territorio y que sostiene un vínculo con la comunidad y la interpela desde “la familiaridad” y la contención; las organizaciones culturales, políticas y sociales que intervienen en el territorio estrechando vínculos con la comunidad configurando sentidos de pertenencia, militancia y construcción de demandas; los clubes del barrio que no solo abren sus puertas a la participación de las y los jóvenes, sino que asimismo salen al barrio a intervenir sobre problemas concretos como la falta de iluminación; las murgas que establecen no solo vínculos intergeneracionales, sino también con la comunidad de la cual son parte. Como vimos a lo largo del trabajo de campo, hay una multiplicidad de espacios en la comunidad que moldean sentidos de pertenencia, establecen mecanismos más o menos efectivos de control informal y revinculan a las y los jóvenes con la comunidad, ya sea desde la cultura, la religiosidad, las demandas, el deporte o todas ellas en conjunto.

En esta línea, los distintos espacios y organizaciones comunitarias que analizamos desde la propia perspectiva de las y los jóvenes que participan allí nos muestran formas efectivas en el tejido de vínculos y redes y la conformación del sentido de pertenencia, de comunidad. Sin embargo, la efectividad colectiva de estos dispositivos comunitarios –expresado en cada intervención de las y los jóvenes entrevistados– encuentra ciertos límites.

Es clave comprender que cada uno de estos dispositivos y todos ellos juntos compiten sostenida y cotidianamente con el complejo entramado del mercado ilegal de drogas por las y los jóvenes (Rodríguez Alzueta, 2014), en un contexto marcado por procesos de profunda violencia –incluida la ejercida por el propio Estado– y vulnerabilidad (Auyero, 2013). Por tanto, consideramos clave que el Estado fortalezca estas formas de participación de las y los jóvenes, en cuanto constituyen espacios claves y protagónicos en la formación del sentido de comunidad –respetando sus desarrollos autónomos–, pero en el marco de políticas interagenciales e integrales con las que puedan articularse su intervención.

Bibliografía

ARÉVALO, Decsi Astrid (2004): “Participación Comunitaria y Control Social en el Sistema de Salud”, en Rev. Salud Pública (online), 6(2), pp. 107-139.

ARRIETA, Ezequiel M. (comp.) (2017): Un libro sobre DROGAS; El Gato y la Caja, Buenos Aires.

AUYERO, Javier (2013): La violencia en los márgenes; Ed. Katz, Buenos Aires.

AUYERO, Javier (2021): Entre narcos y policías; Siglo xxi, Buenos Aires.

AZPARREN, Ana Laura (2020): “La dimensión territorial y religiosa en el abordaje de los consumos de drogas. El programa Hogar de Cristo en villas de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina”, en Cultura y Droga, 25(29), pp. 63-88. DOI: 10.17151/culdr.2020.25.29.4.

BERGMAN, Marcelo (2016): Drogas, narcotráfico y poder en América Latina; FCE, Buenos Aires.

BRICEÑO-LEÓN, Roberto (1998): “El contexto político de la participación comunitaria en América Latina”, en Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 14(Sup. 2), pp. 141-147.

CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (2017): Derechos Humanos en la Argentina: Informe 2017; Siglo xxi, Buenos Aires.

CHIODA, Laura (2016): Fin a la violencia en América Latina. Una mirada a la prevención desde la infancia a la edad adulta; Foro sobre Desarrollo de América Latina; Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial.

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En www.estadisticaciudad.gob.ar.

FREDERIC, Sabina (2020): La Gendarmería desde adentro; Siglo xxi, Buenos Aires.

GOLDSTEIN, Paul J. (1985): “The drugs/violence nexus: A tripartite conceptual framework”, en Journal of Drug Issues, 15(4), 493-506.

GONZÁLEZ, Pablo (2017): “¿Cómo medimos los daños causados por las drogas?”, en Un libro sobre DROGAS; El Gato y la Caja, pp. 264-275.

HAMMERSLEY, Martyn & ATKINSON, Paul (1994): Etnografía. Métodos de investigación; Ed. Paidós Ibérica, 2.º edición, Buenos Aires.

INDEC (s/d): Informes de prensa.

INNAMORATTO, María (2015): Vulnerabilidad social, adicciones y prácticas delictivas. Estudio exploratorio, descriptivo e interpretativo; Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 1.º edición, Buenos Aires.

KORNBLIT, Ana Lía et al. (2016): Una propuesta para sistematizar experiencias en el abordaje comunitario de los consumos problemáticos de drogas; Ed. Teseo, Buenos Aires.

NEIMAN, Guillermo y QUARANTA, Germán (2006): “Los estudios de caso en la investigación sociológica”, en Irene Vasilachis de Gialdino (Coord.), Estrategias de investigación cualitativa; Ed. Gedisa, Barcelona.

OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD (2015): Informe juventudes; Dirección General de Políticas de Juventud. En www.buenosaires.gob.ar/bajoven.

ONG “POBLACIONES”: Plataforma abierta de datos espaciales de la Argentina. En mapa.poblaciones.org.

PAUTASSI, Ricardo (2017): “Bases neurofisiológicas de la adicción”, en Un libro sobre DROGAS; El Gato y la Caja, pp. 43-53.

RAMOS RENDÓN, V. Adrián (2019): Modelo Ecológico de la violencia basado en el modelo Ecológico de Bronfenbrenner; Federación Internacional de Criminología y Criminalística.

RODRÍGUEZ ALZUETA, Esteban (2014): “La violenta regulación del territorio en el capitalismo criminal”, en AA. VV., Tiempos violentos. Barbarie y decadencia civilizatoria, Ed. Herramienta, Buenos Aires, pp. 17-44.

SAMPSON, Robert (2008): “Vecindario y comunidad: eficacia colectiva y seguridad ciudadana”, en Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno y Juli Ponce Solé (coords.), Convivencia ciudadana, seguridad pública y urbanismo: diez textos fundamentales del panorama internacional, pp. 235-248; Ed. Fundación Democracia y Gobierno Local, España.

SAMPSON, Robert y WILSON, William (1995): “Toward a Theory of Race, Crime, and Urban Inequality”, en Crime and Inequality; Stanford University Press, pp. 37-54.

TOKATLIAN, Juan Gabriel (2017): Qué hacer con las drogas: Una mirada progresista sobre un tema habitualmente abordado desde el oportunismo político y los intereses creados; Siglo xxi, Buenos Aires.

VALLES, Miguel S. (2002): “Entrevistas cualitativas”, en Cuadernos Metodológicos; Ed. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid.

VASILACHIS DE GIALDINO, Irene (coord.) (2006): Estrategias de investigación cualitativa; Ed. Gedisa, Barcelona.

---