Un análisis sociohistórico
desde 2001 hasta 2019

Lucila Belén Rodríguez y Juan Cruz Acebey Marinaro

Las juventudes: problemáticas y sujeto de derecho

En la presente investigación, partimos de la hipótesis que sostiene la escasa participación y representación que han tenido (y siguen teniendo) las juventudes en los ámbitos legislativos de poder, específicamente en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Nuestra situación problemática parte entonces de una crítica hacia la consideración tradicional de la política como un espacio dominado –en su mayoría– por hombres con experiencia, en el que las y los jóvenes son excluidos o pasados por alto como candidatas y candidatos políticos debido a factores como la edad, la limitación de oportunidades institucionales y financieras y falta de experiencia.

Si bien es cierto que la relación entre las juventudes y lo público es un tanto complicada, esta se debe a una falta de confianza y credibilidad en ciertos tipos de actores y organizaciones, que no son capaces de procesar sus necesidades e inquietudes (Ramón Jara, 1999: 4), y también a un andamiaje institucional que no garantiza la llegada de las y los jóvenes a los espacios de poder en una proporción que (al menos) se acerque a su peso electoral, ya que las prácticas políticas dentro de los partidos monopolizan el poder en pos de favorecer a las generaciones de políticos adultos (Aguilar López, 2013).

En Argentina, la población desde los 15 hasta los 29 años de edad representa el 23,12 % de la totalidad del país, mientras que, si aumentamos el rango hasta los 39, el porcentaje sube a 37,42 % para el año 2021, según estimaciones elaboradas a partir del Censo 2010^[1]. Por otro lado, puede observarse que la cantidad de jóvenes hasta los 39 años de edad supera el 30 % en todos los periodos comprendidos desde 2001 hasta el 2040 y que, en valores absolutos, se proyecta una considerable evolución creciente de la población juvenil, representada en el siguiente gráfico.

Gráfico 1. Evolución de la población joven 2001-2040

Fuente: elaboración propia basada en las estimaciones y proyecciones elaboradas con base en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Población estimada al 1 de julio de cada año calendario por sexo y población por sexo según edad en años simples (total del país) y según grupos de edad (provincias). Año 2001. Indec.

Todo esto en un contexto económico nacional e internacional muy inestable en materia presupuestal, de empleo y de incorporación a la vida política, sobre todo para las y los jóvenes (Martínez Vilchis, 2013). Al respecto, la tasa de desocupación significó un 24,9 % para las mujeres del rango de edad 14-29 años, mientras que, para las del rango 30-64, fue de un 8,6 % en el primer trimestre del corriente año. Mientras que, para los varones, dicha tasa fue del 17 % para el primer rango de edad, descendiendo a un 5,7 % para el segundo.

En efecto, puede observarse que la tasa de desocupación en los jóvenes casi triplica a la de la población “más adulta”, configurándose así el desempleo juvenil como un problema destacable en un contexto de pandemia que alteró todos los índices económicos. Cabe mencionar que también las desigualdades de género atraviesan estos indicadores, siendo el porcentaje de las jóvenes desocupadas considerablemente superior al de los jóvenes.

Es por ello por lo que los retos para canalizar la participación de las juventudes en márgenes institucionales son grandes y habría que atender aspectos fundamentales como el empleo, la educación y la pobreza. Parece entonces indiscutible que los procesos objetivos de exclusión social (Kaplan, 2005) del que los jóvenes son uno de los blancos más castigados en las últimas décadas –desempleo, subempleo, inestabilidad laboral, precarización, falta de oportunidades– contribuyen también a una crisis de legitimidad y confianza en las instituciones.

Al respecto, Reguillo (2012) plantea que los testimonios cotidianos que evidencian una irrenunciable búsqueda de una sociedad más inclusiva y democrática se estrellan contra el creciente deterioro económico, la incertidumbre y la fuga de futuro. Ante esto, las y los jóvenes aparecen con un protagonismo notable como agentes políticos y sociales que elaboran estrategias cotidianas para sortear las crisis, doblegar al destino y sugerir posibilidades de futuro, aunque muchas veces no sean estas visibilizadas o canalizadas por las instituciones.

El creciente desafío de nuestra democracia actual será entonces (re)considerar a las juventudes como sujetos legítimos de derecho, y no desde un rol pasivo, asimétrico, de mero receptor de “ayudas” y políticas públicas. El eje de ciudadanía aparece entonces para Kantor (2008) como el enfoque adecuado para situarlos como sujeto de demanda –entre ellas– de una mayor participación en los cargos públicos de poder con el fin de ampliar la agenda pública con sus intereses, inquietudes y problemáticas.

¿Qué es lo que entendemos por juventudes y participación formal en la política? Algunas consideraciones teóricas

Coincidimos con muchos analistas e investigadores en que las divisiones por edad y etapas de la vida son un tanto complejas. Así, para Margulis y Urresti (1996), la edad aparece en todas las sociedades como uno de los ejes ordenadores de la actividad social, siendo las categorías de edad y sexo base de clasificaciones sociales y estructuraciones de sentido. La tendencia del mundo es clasificar y ordenar con términos y a través de estructuras, muchas de las cuales expresan directamente el poder, la posición y la hegemonía de los intereses más poderosos de la sociedad (Clark, Hall y Jefferson, 2008).

Al respecto, Bourdieu (1990) sostiene que la frontera entre juventud y vejez es objeto de lucha en todas las sociedades y que los límites entre ambas categorías han sido manipulados –a lo largo de la historia– por los que detentan el poder. Por lo que las clasificaciones por edad (así como también por sexo o por clase) vienen a ser siempre una forma de imponer límites, de producir un orden en el cual cada uno debe mantenerse y debe ocupar su lugar. De este modo, es en los límites entre las edades donde está en juego la transmisión del poder y de los privilegios entre las generaciones.

Por su parte, las ciencias sociales han confluido en desarrollar cómo “juventud” y “vejez” no constituyen meros descriptivos de una posición etaria, sino que se trata de construcciones sociales e históricas que toman forma en las disputas que tienen lugar en cada uno de los campos sociales (Wolanski, 2016). De esta manera, recupera el análisis de Bourdieu (1990) acerca de las luchas por la sucesión que se manifiestan como tensiones entre “jóvenes” y “viejos” por ocupar cargos y posiciones dentro de estructuras de poder.

Esta observación es clave para nuestra investigación, ya que puede deducirse desde el discurso adultocéntrico que las y los actores políticos con más edad y más experiencia son los más idóneos para ser legisladores/as, en el marco de una lucha por conservar sus posiciones de poder, en detrimento de aquellos que están intentando acceder a las dinámicas relacionales del mundo político.

Para muchos autores referentes de la sociología y de los estudios de las culturas juveniles, la juventud no se define solamente por su carácter biológico o etario. En este sentido, Vommaro (2014) comienza haciendo una crítica importante a la concepción clásica acerca de la juventud –aplazamiento, cesantía, moratoria, un tiempo de espera, intermedio, en donde había cuestiones aún no resueltas que solo se saldarían con el paso a la adultez–. Para él, estos conceptos no son útiles para comprender e interpretar la realidad de las y los jóvenes en la actualidad, sobre todo si nos centramos en sus modalidades de participación.

Es por ello por lo que hay que contemplar las disputas sociales en torno a la conceptualización de la/s juventud/es para poder reconocerla/s como producto de una tensión que pone en juego tanto las formas de autodefinición como las resistencias a las formas en que es/son definida/s por otros grupos sociales (adultos, instituciones sociales, etc.). Teniendo en cuenta entonces las distintas maneras y formas en que se dan estas disputas a través del tiempo, el autor entiende a la juventud como experiencia vital y categoría sociohistórica definida en clave relacional, más que etaria y biológica.

Podríamos agregar que, en sintonía con Reguillo (2000), las y los jóvenes en cuanto categoría social construida no tienen una existencia autónoma (al margen del resto social), sino que se encuentran inmersos en la red de relaciones y de interacciones sociales múltiples y complejas. Para esta autora, las y los jóvenes, en cuanto sujeto social, constituyen un universo social cambiante y discontinuo, cuyas características son resultado de una negociación-tensión entre la categoría sociocultural asignada por la sociedad particular y la actualización subjetiva que sujetos concretos llevan a cabo a partir de la interiorización diferenciada de los esquemas de la cultura vigente.

Conceptualizar a la juventud como socialmente construida nos ha permitido comprender también que las y los jóvenes no son iguales, aunque compartan el mismo rango de edad biológica, ya que distintos son sus intereses, sus percepciones acerca de la realidad, sus formas de participación política y, por supuesto, sus espacios de representación.

Tal como introduce Bourdieu (1990), hablar de las y los jóvenes como de una unidad social, de un grupo constituido, que posee intereses comunes es una clara manipulación. Para Vommaro (2014), pueden identificarse distintas y múltiples formas de ser joven que, a su vez, van cambiando a lo largo de la historia y en función de las también cambiantes coyunturas sociales, políticas, económicas y culturales. Por ello, es importante reconocer cómo van reconfigurándose a lo largo del tiempo.

Asimismo, según Reguillo (2000), los jóvenes en cuanto sujetos empíricos no constituyen un sujeto monopasional, que pueda ser “etiquetable” como un todo homogéneo; estamos ante una heterogeneidad de actores –que se constituyen en el curso de su propia acción– y prácticas que se agrupan y se desagrupan en microdisidencias comunitarias en las que caben distintas formas de respuesta y actitudes frente al poder. Es preciso entonces hablar de juventudes en plural, en cuanto sea una opción teórica que confronta con el singular en la medida en que este remite a la existencia de identidades fijas y homogéneas que terminan suponiendo una normatividad que establece el “deber ser” y sustenta el modo en que se califica y se clasifica a los sujetos (Diker, 2003).

Por otra parte, esta heterogeneidad que distingue a las juventudes en diversas prácticas y sentidos también se observa en sus formas de participación política. Reguillo (2017) afirma que, en la vasta bibliografía sobre el tema, pueden destacarse dos enfoques. Uno entiende la participación de modo institucional, es decir, que coloca en el centro de la acción política de los jóvenes la mediación de alguna institución, asociación u organismo que se esfuerza en “medir” la intervención de los jóvenes en los asuntos públicos. Mientras que el otro ha buscado entender la participación desde los propios territorios de los jóvenes y que trata de situarse en las gramáticas de la vida cotidiana, para aprehender e interpretar las prácticas, los imaginarios, las estrategias que las y los jóvenes despliegan en el espacio público.

Todo esto en un contexto donde es definitivo el papel de los dispositivos electrónicos y de las redes sociales, así como también el hartazgo frente a los discursos legitimados del poder, de las y los políticos y de los partidos mayoritarios frente a situaciones de desigualdad, tal como manifiesta Valenzuela (2015).

No obstante, la constitución de las juventudes como una categoría especialmente relevante en el campo político en los últimos años actuó, en palabras de Wolanski (2016), como un estímulo para la creación o el fortalecimiento de espacios de juventudes en muchas organizaciones y entidades públicas, lo que puede constituir un terreno sólido para instalar la demanda por una mayor escucha de sus intereses y por una mayor representación institucional.

Surge así, en la literatura, el enfoque centrado en la ciudadanía que, para Kantor (2008), resulta adecuado para situarlos como sujeto de demanda –entre ellas– de una mayor participación en los cargos públicos con el fin de ampliar su incidencia en la agenda pública. Pensar en las y los jóvenes como ciudadanos implica considerar así sus derechos, demandas, aportes e inquietudes. De esta manera, la ciudadanía viene a ser el marco que crea las condiciones para que la participación sea posible. Sin embargo, el establecimiento de una ciudadanía activa entre las y los jóvenes es un reto por conseguir dentro de un entorno contradictorio que alienta su desarrollo e invita a su participación, pero que, al mismo tiempo, pone límites a su protagonismo político (Benedicto y Moran, 2002).

Como mencionamos anteriormente, es necesaria la inclusión de las juventudes en todos los ámbitos decisivos de poder, entre ellos los espacios legislativos. Para ello, es fundamental entenderlos como sujetos heterogéneos, con diversos intereses y percepciones acerca de la realidad, que pueden (desde sus espacios de representación también distintos) promover el fortalecimiento de la vida democrática del país. Por su parte, las acciones estatales deberían ir en línea con la mejora de las condiciones de vida a nivel general que permita a las juventudes –como consecuencia– desarrollar sus competencias cívicas, ejercer sus derechos y actuar en la esfera pública de una manera activa (Benedicto, 2016).

Importancia de la participación política de las juventudes para el fortalecimiento de la democracia. Participación legislativa por edad

La justificación que orienta nuestra investigación estriba en la importancia de la participación formal de las juventudes en los espacios de decisión, que, para ser efectiva, tiene que posicionarlos como actores políticos que formen parte de los procesos regulares de toma de decisiones, como votantes y como miembros del parlamento y de los partidos políticos (PNUD, 2013). Se parte entonces de la idea de que las y los jóvenes, por formar una parte importante del electorado, deberían estar representados no solo por los candidatos (del partido político) por los que votan, sino por legisladores que también sean representantes del grupo etario (Aguilar López, 2013).

La incorporación de las y los jóvenes dentro de la vida política implica ver a la juventud como agentes socializadores y no solo como beneficiarios de programas sociales o políticas públicas; más bien son capaces de transformar, desarrollar e integrar sus propuestas e ideales dentro de las instituciones y organizaciones formales de participación política. Siguiendo a García Arriaga (2019), las y los jóvenes, como actores políticos agentes de cambio, tienen la responsabilidad de exponer la falta de participación y representación pública que tienen sus intereses dentro de la vida política.

En la actualidad, las y los jóvenes son protagonistas de múltiples organizaciones que despliegan proyectos y prácticas diversos, constituyéndose en sujetos sociales que construyen propuestas de organización política, social y cultural (Vommaro, 2014). De este modo, se plantea que las juventudes deben hacerse escuchar y ser partícipes de la toma de decisiones públicas en pos de introducir y defender sus derechos e intereses en la arena política, en una lucha de fondo contra formas de discriminación negativa por edad, sexo o clase que apuntaría a quebrantar las estigmatizaciones y avanzar hacia situaciones más igualitarias (Escoffier y Tejerizo, 2013). La vinculación de las y los jóvenes desde el interior de los partidos políticos no solo deriva en un cambio político generacional, sino que también permite que se genere conciencia frente a las realidades que viven como grupo social (Ollin, 2016).

Sin embargo, la realidad demuestra y confirma la subrepresentación de las juventudes en las instituciones del Estado en su conjunto. Conforme al análisis histórico que aquí será descrito, han sido y siguen siendo muy pocos las y los jóvenes con acceso a cargos políticos electorales. En esta investigación analizamos específicamente la (escasa) participación de los jóvenes en la Cámara de Diputados de la Nación desde el periodo 2001-2003 iniciado con las elecciones de 1999, hasta el periodo de 2017-2019 correspondiente a los resultados de las elecciones de 2015 y 2017.

Gráfico 2. Participación por rango de edad según periodo legislativo

Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por la Fundación Directorio Legislativo.

Tal como podemos visibilizar a simple vista en el gráfico 2, hay una clara preponderancia de las y los legisladores del rango de edad 50-59 años en la Cámara de Diputados para casi todos los periodos (salvo el primero), con un promedio de participación legislativa del 35,05 %, siguiéndole como segundo puesto el 30,13 % correspondiente al rango de edad de entre los 40 y 49 años. Mientras que el tercer lugar lo ocupan aquellas y aquellos que tienen 60 años o más, con una media de presencia en la banca del 17 %.

Los últimos espacios los ocupan los sectores más “jóvenes” de la Cámara, tal como habíamos pronosticado. A saber, el promedio de participación de las y los diputados de entre 30 y 39 años es de un 10,61 % y, en último lugar –casi invisible–, las y los de entre 25 y 29 años, con un promedio del 1,64 % de participación desde las elecciones de 1999 hasta las de 2017. Vale aclarar que no se define en este análisis qué rangos etarios constituyen “las juventudes”, sino que se visibilizan todos los rangos etarios, entendiendo que los rangos “más jóvenes” los constituyen las y los diputados de entre 25 y 39 años.

Tabla A. Porcentaje de participación legislativa por rango de edad y periodo

	25-29	30-39	40-49	50-59	60 y más
2001-2003	0,79 %	5,14 %	39,53 %	37,15 %	12,65 %
2003-2005	0,39 %	9,34 %	31,52 %	41,63 %	10,89 %
2005-2007	0,39 %	10,16 %	31,25 %	35,55 %	14,06 %
2007-2009	1,17 %	8,56 %	33,46 %	34,24 %	17,90 %
2009-2011	1,17 %	7,00 %	31,91 %	38,52 %	19,46 %
2011-2013	2,72 %	6,23 %	31,13 %	36,96 %	18,68 %
2013-2015	3,50 %	8,95 %	28,40 %	31,52 %	20,23 %
2015-2017	2,72 %	19,07 %	21,40 %	29,96 %	20,62 %
2017-2019	1,95 %	21,01 %	22,57 %	29,96 %	18,68 %

Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por la Fundación Directorio Legislativo.

Como hemos demostrado, las juventudes están representadas de manera minoritaria en la Cámara Legislativa nacional desde hace ya mucho tiempo. No obstante, es destacable (aunque pequeño) el aumento de participación de las y los diputados de entre 30 y 39 años para los últimos dos periodos, según puede deducirse de los datos de la tabla A.

Resulta muy claro, entonces, que uno de los principales retos para el fortalecimiento de la democracia es el desarrollo de mecanismos para la inclusión de las personas jóvenes que permitan su participación en los asuntos públicos, fomentando las diversas expresiones de asociación y organización colectiva, teniendo voz y voto en los procesos de decisión política y fungiendo como representantes políticos (Álvarez-Torres y Monsiváis-Carrillo, 2015).

Tal como hemos mencionado anteriormente, es cierto que son heterogéneas las formas de participación (política) de las juventudes y que hubo un considerable traslado hacia formas de participación no convencionales o institucionales. Sin embargo, uno de los desafíos para las instituciones estatales es el canalizar la participación de las y los jóvenes en márgenes institucionales y considerarlos como potenciales transformadores sociales y actores involucrados en las áreas comunes de la sociedad, más allá de sus propias problemáticas.

De hecho, una mayor inclusión tendría un impacto positivo en la calidad de la gobernabilidad democrática del país (PNUD, 2013). Coincidiendo con lo que manifiesta Martínez Vilchis (2013), en el discurso político, a las y los jóvenes se les dice que viven en democracia y que deberían estar agradecidos por eso, pero no se les facilitan los mecanismos y las vías de acceso para poder ser parte de los espacios claves de toma de decisión.

Por ende, las líneas de acción o las futuras discusiones de leyes sobre cupo joven en las listas electorales o el establecimiento de unas edades de elegibilidad más bajas podrían ir en el sentido de abrir posibilidades de reconocimiento por parte de los Estados que, al considerarlos como público electoral efectivo o potencial, incorporen en sus agendas los temas más sensibles para ellos y ellas y posibiliten un mayor protagonismo juvenil en cuestiones estatales y públicas (Vommaro, 2015).

Subrepresentación femenina en la Cámara de Diputados de la Nación. Análisis de la brecha de género por edad

Para poder comenzar a analizar la brecha de género en la Cámara de Diputados de la Nación, sobre todo teniendo en cuenta los distintos periodos contextuales analizados, hay que tener en consideración ciertos hitos históricos importantes en el país en relación con la adquisición de derechos por parte del movimiento de mujeres, tomado en este análisis como un ejemplo destacado de organización identitaria que, al abogar por la vía institucional, ha supuesto un avance importantísimo en su conquista por una mayor representación institucional, partidaria y política y, por supuesto, por una consolidación de la agenda feminista en la escena pública.

En primer lugar, el antecedente más importante al hablar de la participación legislativa de las mujeres lo constituyó la Ley de Cupos sancionada en 1991, que obligó a los partidos políticos a garantizarles un porcentaje mínimo de plazas en las listas de candidatos (específicamente el 30 %). Según Bacchi (2006), el establecimiento de cuotas puede ser interpretado como una medida de acción afirmativa, ya que están orientadas a delimitar el histórico poder de los varones y ampliar el espacio para la incorporación femenina en un contexto en donde se manifestaba un notable contraste entre la intensa participación femenina en las bases partidarias y su escaso acceso a las instancias de decisión y representación.

Ante esta situación de subrepresentación del género femenino, fueron ellas mismas las que conformaron un ámbito para el tratamiento de una amplia gama de cuestiones de género a nivel nacional y un espacio importante para el debate entre mujeres políticas de distintos signos partidarios, visibilizado principalmente en los Encuentros Nacionales de Mujeres, en línea con lo que comentan Marx, Borner y Caminotti (2007). Fue en el marco de esos espacios donde las mujeres organizadas no solo acordaron insertarse en todos los organismos políticos, sociales, gremiales, culturales, etc., para discutir con el conjunto su problemática, sino que, al mismo tiempo, pusieron sobre la mesa el debate sobre los grandes problemas de cada sector.

En efecto, el régimen de cuotas supuso un rápido incremento de la presencia femenina en el Congreso gracias a un sistema electoral con elementos favorables para su aplicación, como la proporcionalidad en diputados y la mayoría limitada en el Senado, y el tipo de listas (cerradas y bloqueadas), en concordancia con distintos autores (Alles, 2008; Del Cogliano y Degiustti, 2018; Marx, Borner y Caminotti, 2007). Según su relevamiento estadístico, la presencia legislativa de las mujeres en la Cámara Baja pasó de corresponder en un 4,3 % en 1983 a un 13,6 % en los comicios de 1993, año en el que entró en vigor la Ley 24.012 de Cupo Femenino.

Si bien la incorporación femenina en la banca no se tradujo instantáneamente en un 30 %, Alles (2008) sostiene que estas tuvieron un efecto incremental a medida que transcurrieron las siguientes elecciones. Esto es así desde el periodo 2001-2003, con un 30,04 % de presencia femenina en la Cámara hasta el periodo de 2007-2009, en la cual incrementó su participación a un 40,08 % del total de la banca, tal como puede observarse en la tabla B. Sin embargo, esta fue decreciendo en los periodos posteriores, hasta alcanzar un 35,80 % entre 2013 y 2015, lo que supone dos cosas: la Ley de Cupo constituyó un avance significativo en el número de mujeres diputadas, estableciendo un piso mínimo del 30 % que se ha respetado y superado a la vez con el transcurso de los comicios; pero no fue suficiente para observar lo que con tanto ánimo pronosticaba Alles (2008): que cada elección aportaría al crecimiento un plus próximo al 2,5 %.

Tabla B. Porcentaje de participación según género y periodo legislativo

	Diputadas	Diputados
2001-2003	30,04 %	69,96 %
2003-2005	33,85 %	66,15 %
2005-2007	34,77 %	65,23 %
2007-2009	40,08 %	59,92 %
2009-2011	38,52 %	61,48 %
2011-2013	37,74 %	62,26 %
2013-2015	35,80 %	64,20 %
2015-2017	38,91 %	61,09 %
2017-2019	38,91 %	61,09 %
2019-2021	42,58 %	57,42 %

Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por la Fundación Directorio Legislativo hasta el período 2017-2019. El último periodo (elecciones de 2017 y 2019) fue calculado con base en la nómina 2021-2023 de diputados disponible en la página web oficial de la Cámara de Diputados de Argentina (2021).

Luego de dos períodos consecutivos –desde el 2015 hasta el 2019–, se constató que hubo un aumento considerable de la participación femenina en Diputados, acercándose ya a la cifra de 39 % (específicamente 38,91 %). Asimismo, tal como lo recuperan Caminotti y De Cogliano (2019), durante estos años se empezaron a dar las condiciones para iniciar el tránsito desde el modelo inicial de cuotas mínimas hacia la paridad, la cual establece un criterio de equivalencia numérica de mujeres y hombres en el acceso a las candidaturas a los cargos de elección popular.

La Ley 27.412 de Paridad de Género (2017) exige la incorporación de un 50 % de mujeres en las candidaturas legislativas y en otras instituciones del Estado. Tal como sucedió con la “tardía” aplicación real de la Ley de Cupo Femenino, la correcta aplicación de la Ley de Paridad dependerá de diversos factores. Del Cogliano y Degiustti (2018) ponen el ejemplo del número de bancas que se elige en cada provincia y, sobre todo, quienes encabezan las listas; pudiéndose observar que, en el periodo 2019-2021, hubo un incremento significativo de diputadas, constituyendo el 42,58 % de la totalidad de las bancas, y convirtiéndose en el periodo con más mujeres en la Cámara Legislativa de nuestra historia.

Una vez analizada la subrepresentación de mujeres diputadas a nivel nacional desde una perspectiva histórica, nos resta examinar cómo se fue dando tanto la participación femenina como la masculina desde el periodo de 2001 hasta el de 2019 desagregadas por rangos de edad con el fin de entender mejor tanto la brecha de género como la subrepresentación de jóvenes en la Cámara de Diputados de la Nación.

Tal como podemos advertir en la tabla C, la participación del sector más juvenil (25-29) es significativamente baja, no superando los diez legisladores: pasamos de un 0,79 % (una diputada y un diputado) en el periodo 2001-2003 a un 1,95 % (dos diputadas y tres diputados) en el correspondiente al 2017-2019. La brecha de género en este rango de edad no es una cuestión problemática, siendo en la mayoría de los periodos mayor la presencia femenina. Siguiendo el recorrido, la brecha de género en el rango “juvenil” siguiente (30-39) se deja notar un poco más, aunque aún no es tan manifiesta: comienza en el escenario de 2001-2003 con 13 diputados –siete mujeres y seis varones–. A partir de allí y hasta el periodo 2013-2015, ellos superaron o igualaron (una vez) a la cantidad de mujeres. Empero, la presencia femenina empezó a destacarse –de a poco– en los últimos dos periodos analizados.

Tabla C. Porcentaje de participación según género, rango de edad
y periodo legislativo

Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por la Fundación Directorio Legislativo hasta el período 2017-2019.

Más bien, la desigualdad de la representación femenina en las bancas legislativas es mucho más evidente en los rangos de edad siguientes, que mostraron cómo los diputados lograron superar considerablemente su participación por sobre las mujeres. De hecho, en la mayoría de los casos, el mayor porcentaje de presencia masculina se da entre aquellos diputados que tienen entre 50 y 59 años con un promedio de todos los periodos del 23,74 %, siguiéndole un 18,43 % de participación masculina para el rango 40-49 y un 11,91 % para los de más de 60 años. Mientras que, para el rango de edad 50-59, ellas tienen un promedio de presencia del 11,30 %, aumentando un poco su porcentaje a 11,70 % para el rango de edad 40-49 y descendiendo a 5,10 % entre las diputadas con 60 años o más.

Gráfico 3. Promedio de participación según género y rango de edad

Fuente: elaboración propia a partir de datos suministrados por la Fundación Directorio Legislativo.

A pesar de los esfuerzos que aún persisten para mitigar la subrepresentación femenina –tanto en el Congreso como en otras instituciones del Estado–, el movimiento de mujeres se constituye como un ejemplo destacable para entender lo que puede lograr una organización unida en pos de sus intereses.

En concordancia con Caminotti y Del Cogliano (2019), las leyes de cuota y de paridad aparecen como medidas que promueven la participación política de las mujeres y la democratización de las oportunidades de ejercer cargos de representación, lo que representa un camino exitoso con la intención de lograr una democracia más sustantiva e inclusiva. Con dichas conquistas, no solo las mujeres pueden acceder a una mayor participación en el Congreso –como es el caso–, sino que sus efectos se amplían, permitiéndoles actuar como representantes del pueblo y de sus propios intereses y establecer una agenda parlamentaria incorporando un conjunto de temas antes desatendidos por un Poder Legislativo casi totalmente masculino, tales como los relativos a los derechos de familia, de la adolescencia, de la mujer, de las niñas y los niños, de los ancianos y de otras minorías como nunca antes (Del Cogliano y Degiustti, 2018).

Es así como este movimiento puede ser un antecedente destacable para las y los jóvenes que quieran participar activamente en las instituciones del Estado, cuyos cargos de importancia pocas veces se les han sido ofrecidos. Al ser un sector clave de la población, las juventudes deberían tener mayores oportunidades de participación en lugares de poder y decisión como un incentivo fundamental para el desarrollo de una cultura política más igualitaria, representativa y “renovada” de prácticas tradicionales obsoletas.

Analizando los bloques partidarios: cuánta presencia han tenido las y los jóvenes en cada bloque entre 2001 y 2019

A continuación, abordaremos la presencia de diputadas y diputados del rango etario 25-29 y 30-39 en cada uno de los bloques partidarios que han integrado la Cámara de Diputados dentro de los periodos seleccionados para este trabajo. Centrándonos así en los primeros dos periodos, 2001-2003 y 2003-2005, debemos señalar –en primer lugar– la presencia de diputados/as del rango 25-29 años y 30-39 años en el Bloque Justicialista. Este bloque, tal como se observa en la tabla D, pasó de estar compuesto por un 8,6 % de legisladores menores de 40 años a un 9,4 % de la totalidad de sus miembros. En efecto, en términos absolutos hubo un aumento de diputadas y diputados del rango etario 30-39, pasando de ocho a once, a la vez que se redujo la presencia de legisladores del rango 25-29 años de dos a uno en el segundo periodo.

Por su parte, la UCR solo tuvo un diputado del rango etario 30-39 años en el periodo 2003-2005, un 2,2 % de su bloque. No obstante, descubrimos que otros bloques que integraron la Cámara en estos dos periodos –formados por fuera del radicalismo y el justicialismo (Torre, 2003)– promovieron una mayor participación de diputados jóvenes dentro de sus espacios, siendo en algunos casos fuerzas provinciales y en otros casos bloques identificados con la izquierda y la derecha.

En esta línea, podemos mencionar a Fuerza Republicana, Autodeterminación y Libertad (englobado como Bloques de Izquierda dentro de la tabla D), el Frente Popular Bonaerense (FREPOBO), Afirmación por una República de Iguales (CC-ARI dentro de la tabla), el Movimiento Popular Neuquino (MPN), Encuentro, Convergencia y UCEDÉ. Todos ellos contaban con un bloque compuesto por, al menos, un 25 % de legisladores menores de 40 años. Sin embargo, ninguno de estos bloques contaba con diputados/as del rango etario 25-29. Cabe destacar que estos tenían un número de legisladores considerablemente menor que el radicalismo y el justicialismo, pero destacamos la incorporación de jóvenes entre sus bancas.

Ya para los periodos 2005-2007 y 2007-2009, el Bloque Justicialista pasó a ser liderado por el Frente para la Victoria (FPV) y contó con la primera minoría en ambos periodos. Entre 2005 y 2007, el FPV estaba compuesto por un 9,4 % de legisladores menores de 40 años, manteniendo el mismo porcentaje que tenía el justicialismo en el período anterior. Ahora bien, dicho porcentaje aumentó a un 10,8 % para el segundo periodo mencionado. Específicamente, el FPV tuvo un solo diputado de entre 25 y 29 años en cada periodo, mientras que del rango 30-39 años pasó de tener diez a trece.

Por otro lado, como dejamos ver en la tabla D, a partir de este periodo, se conformó un Bloque Justicialista, el cual nucleaba a diputados/as identificados con el justicialismo, pero opositores al FPV. En ambos periodos, el Bloque Justicialista estaría compuesto por más del 25 % de diputados menores de 40 años, con la particularidad de que entre 2007 y 2009 pasaría a ser un monobloque de un diputado menor de 40 años.

Continuando con el análisis, la UCR incrementó el espacio otorgado a los jóvenes ya que hubo una presencia del 8,3 % para el primer periodo y un 4,1 % para el segundo. Cabe señalar que, en este último periodo, la UCR se dividió, por lo que se conformó así otro bloque de radicales –Concertación– más alineados con el FPV, el cual estuvo conformado por diez diputados, siendo dos de ellos del rango 30-39, representando un 20 % del bloque.

Por su parte, y englobando ambos periodos, el CC-ARI mantuvo un bloque con más del 10 % de legisladores de menos de 40 años, ya que entre 2005 y 2007 contaba con tres diputados/as menores de 40 años que representaban un 23 % del bloque, y entre 2007 y 2009 contaba con un diputado joven, representando el 11,1 % del bloque total. Ya en 2005 se conformó el Bloque Propuesta Republicana (PRO), el cual, como se observa en la tabla D, estaba compuesto por un 18,1% de diputados/as menores de 40 años entre 2005 y 2007, y un 11,1 % del bloque entre 2007-2009.

De manera general, en estos periodos se vuelve a dar la particularidad de que bloques conformados por fuera del peronismo y el radicalismo dieron un mayor espacio a las y los diputados menores de 40 años, particularmente a los del rango etario 30-39. Entre esos bloques podemos mencionar al MPN, Demócrata de Mendoza, Frente Cívico por Santiago, Vida y Compromiso, Nacional Sindicalista. Todos ellos tenían menos de quince legisladores y estaban compuestos por al menos un 25 % de diputadas y diputados menores de 40 años.

Continuando con el periodo 2009-2011, debemos mencionar que el Bloque FPV-PJ se ve afectado por la derrota en las elecciones legislativas, y quedó con un bloque de 87 diputadas y diputados. Dentro de ese bloque, cinco procedían del rango etario 30-39, un 5,7 % del bloque. Otro Bloque englobado dentro del justicialismo, aunque disidente del kirchnerismo, era el Peronismo Federal, el cual contaba con cuatro diputados de entre 30 y 39 años, representando un 13,3 % del bloque de 30. Este se encuentra dentro de la fila Bloque Justicialista en la tabla ubicada al final de este apartado. Además, debe sumarse el Bloque Peronista, con siete diputados, aunque ninguno era menor de 40 años.

Por otro lado, el Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario –que luego se terminaría integrando al FPV– poseía cinco diputados, uno de los cuales pertenecía al rango de edad 30-39 años, un 20 % del bloque. Por otro lado, otro de los espacios con presencia de diputados jóvenes era Libres del Sur: de su bloque de dos diputados, uno pertenecía al rango 25-29 años, y el otro, al rango 30-39 años.

A continuación, el Bloque PRO contaba con once diputados, de los cuales un diputado pertenecía al rango 25-29 años, un 9,1 % del bloque, y cuatro pertenecían al rango 30-39, un 36,3 % del bloque, totalizando un 45,4 % del bloque con diputadas y diputados menores de 40 años. Por su parte, Valores para mi País –conformado como un desprendimiento del PRO– contaba con su única diputada del rango etario 30-39 años. Por último, el bloque de la Coalición Cívica, que contaba con 19 diputados: uno perteneciente al rango etario 25-29 (5,2 %), y dos, al rango 30-39 (10,5 %), totalizando un 15,7 % del bloque.

Es preciso mencionar como dato relevante de estos años que fue el periodo legislativo en el que hubo menor presencia de diputados menores de 40 años (solo eran 21). Por otro lado, se volvió a plasmar la tendencia a una mayor participación de legisladores jóvenes en bloques formados por fuera del justicialismo y el radicalismo.

Siguiendo con el análisis, para el periodo 2011-2013, hubo un aumento visible de la cantidad de diputados/as del rango etario 25-29 años. La mayoría de esos nuevos diputados menores de 30 formaban parte del Bloque FPV-PJ, el cual contaba en este periodo con 115 legisladores, siendo seis del rango 25-29 años, un 5,2 %. Se plasma así un aumento en relación con el periodo anterior, en donde el FPV-PJ no contaba con legisladores de este rango etario. Esto indica que hubo un incremento en la cantidad de diputados/as que componían el bloque (pasando de 87 a 115), y, dentro de ese aumento, hubo un mayor espacio para legisladores/as jóvenes. En el rango etario 30-39, también se adicionó un legislador, por lo que se aumentó a seis, representando un 5,2 %. En total, en este periodo el FPV-PJ contaba con un 10,4 % de legisladores/as menores de 40 años.

A partir de esto, podemos coincidir con lo señalado por Vázquez, Rocca Rivarola y Cozachcow (2016) sobre el aumento de la presencia de espacios juveniles dentro del kirchnerismo. Este periodo legislativo también contó con bloques peronistas nucleados por fuera del FPV, los cuales fueron el Frente Peronista y Unión Peronista. Entre ambos bloques totalizaban 25 legisladores y contaban con uno perteneciente al rango 30-39 años, representando un 4 % del bloque (a estos bloques los hemos ubicado en la fila “Bloque Justicialista” dentro de la tabla D, ya que allí ubicamos a todos los bloques que se conformaron dentro del justicialismo, pero por fuera del Bloque FPV).

Por su parte, la UCR estaba compuesta por un 2,6 % de diputados jóvenes en un bloque de 38 legisladores. Asimismo, este periodo muestra también una cierta inclinación a que los bloques formados por fuera del justicialismo y el radicalismo fueran los espacios con mayor presencia de legisladores/as jóvenes. De esta manera, el PRO estaba compuesto por un 45,4 % de legisladores menores de 40 años, siendo uno del rango 25-29 años, y cuatro, del rango etario 30-39. Asimismo, Nuevo Encuentro seguiría estando compuesto por un 20 % de menores de 40 años, mientras que Libres del Sur se conformaría como un monobloque con su única diputada menor de 40 años. También se conformaron el Bloque Renovador de Salta y Unión por San Juan con presencia absoluta de jóvenes.

¿Qué se puede deducir entonces de este periodo que comprende a las elecciones tanto del 2009 como del 2011? Los datos relevados coinciden con lo señalado por Vázquez, Rocca Rivarola y Cozachcow (2016) en lo que respecta al aumento de la presencia de jóvenes en los distintos espacios políticos.

Además, señalan que, para las y los jóvenes, la llegada al Estado, en este caso a la Cámara de Diputados, supone un reconocimiento a la trayectoria de cada joven militante. En ese sentido, podría pensarse cómo algunas y algunos jóvenes que empezaron a formar parte de la Cámara de Diputados poseían una extensa trayectoria en la militancia. Por mencionar algunos casos, puede señalarse al exministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien había formado parte de la organización de derechos humanos HIJOS (Russo, 2014).

Otro ejemplo es el de Victoria Donda, quien militó de joven en el ámbito universitario y en organizaciones de derechos humanos (también formó parte de HIJOS). En una entrevista del año 2007, al asumir su primer mandato, Donda señalaría la responsabilidad que representaba para ella poder ocupar un lugar en el Congreso (Bianchi, 2007). La llegada de jóvenes vinculados a la lucha por los derechos humanos se relaciona directamente con el fuerte impulso dado a las causas por delitos de lesa humanidad por Néstor Kirchner durante su presidencia entre los años 2003 y 2007 (Wainfeld, 2016).

Pasando al periodo 2013-2015, debemos señalar que hubo un crecimiento en la cantidad de diputados/as menores de 40. En el rango etario 25-29, se pasó de siete a nueve, y, en el rango 30-39, se pasó de 16 a 23. De los nueve diputadas y diputados del rango 25-29, ocho integraban el Bloque FPV-PJ y representaban un 6,7 % de un bloque de 119 legisladores. También, este bloque contaba con once legisladores de entre 30 y 39 años, un 9,2 %. En total, el bloque del FPV estaba integrado por un 15,9 % de legisladores menores de 40 años, lo que visibiliza una tendencia ascendente de la participación de las juventudes debido a que, siguiendo a Vázquez, Rocca Rivarola y Cozachcow (2016), los jóvenes ganaron un espacio importante dentro de los partidos políticos.

Este periodo también contó con la presencia de un diputado del rango etario 30-39 en el Bloque Frente Renovador, el cual surgió como un desprendimiento del FPV y fue liderado por Sergio Massa. El bloque contaba con 18 legisladores, es decir que un 5,5 % formaba parte del rango etario 30-39. Asimismo, Libres del Sur continuó siendo un monobloque integrado por una diputada de entre 30 y 39 años. También debe mencionarse al Bloque Cultura, Educación y Trabajo, constituido como desprendimiento del FPV, y que estaba conformado por dos diputados, uno de los cuales pertenecía al rango etario 30-39.

Por otro lado, fue un periodo en el que también la UCR daría un mayor espacio a las y los jóvenes dentro de su bloque. Eso se ve reflejado a partir de que pasó de tener un legislador a cuatro en un bloque compuesto por 36 diputados/as, es decir, un 11,1 % de legisladores pertenecían al rango etario 30-39. Por su parte, el Bloque PRO continuó teniendo cuatro diputados/as dentro de un bloque de 18 legisladores, representando un 22,2 %, lo que significa una disminución del espacio de los jóvenes dentro del bloque en comparación con los pasados periodos.

Por su parte, los resultados de las elecciones de 2013 permitieron a la izquierda volver a tener representación en la Cámara de Diputados. El Bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) estaba conformado así por tres diputados/as de los cuales dos pertenecían al rango de 30-39 años, un 66,7 % del bloque. Este es un dato de color si tenemos en cuenta el lugar que se les da a las juventudes en otros espacios.

Finalizando con los últimos dos periodos, 2015-2017 y 2017-2019, puede observarse una nueva elevación en la cantidad de diputados/as menores de 40 años, pasando de 32 a 56 y luego a 59, aunque debe señalarse que, de un periodo a otro, hubo un leve descenso en la presencia de diputados de entre 25 y 29 años, que pasaron de ser siete a ser cinco.

Como se visibiliza en la tabla D, el bloque FPV estaría compuesto en ambos periodos por más de un 30 % de jóvenes, lo que grafica que en este espacio se comenzó a dar un mayor espacio a los jóvenes con relación al que el PJ les otorgó entre 2001 y 2003, cuando solo un 8,6 % del bloque era menor de 40 años. Estos datos, reflejados en dicha tabla, coinciden con lo señalado por Vázquez, Rocca Rivarola y Cozachcow (2016) y Vázquez (2015) sobre la incidencia que empezaron a tener los espacios juveniles dentro del kirchnerismo a partir de la segunda década del siglo xxi.

Siguiendo con el análisis de los bloques, continuamos con aquellos conformados tras separarse del FPV: el Peronismo para la Victoria (Télam, 23 de junio de 2016), que contaba con tres de sus seis diputados/as del rango etario 30-39, representando un 50 % del bloque; y el Bloque Justicialista, el cual contaba con 17 diputados/as (Quintans, 3 de febrero de 2016). Dentro del bloque, un diputado/a pertenecía al rango etario 25-29 (representando un 5,8 % del bloque), y dos tenían entre 30 y 39 años (11,7 % del bloque), de manera que un 17,5 % del bloque tenía menos de 40 años. Ambos espacios están englobados dentro de un mismo bloque en la tabla D, contando con seis diputados/as menores de 40 años dentro de un bloque de 23, representando un 13,04 %.

Ya entre 2017-2019, habría una leve disminución en la presencia de jóvenes dentro del Bloque Justicialista, ya que solo un 10 % del bloque era menor de 40 años. Otro de los que también podemos englobar dentro del justicialismo por fuera del FPV fue el Bloque Federal Unidos por una Nueva Argentina, que contaba, entre 2015 y 2017, con 29 diputados/as y tenía cuatro legisladores/as de entre 30 y 39 años, un 13,7 %. Ya para el segundo periodo, tendría un aumento en la presencia de jóvenes, pasó a estar conformado por un 21 % de legisladores/as menores de 40 años. Como se observa también en esta tabla, la izquierda continuó dando un espacio considerable a las juventudes a pesar de que su bloque nunca tuvo más de cinco legisladores/as.

Continuando con el análisis, aparecen los bloques del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, que en este periodo conformaron el Interbloque Cambiemos. La UCR tendría un bloque con 36 diputados/as, y un 16,6 % (seis diputados/as) eran del rango etario 30-39. Por su parte, la Coalición Cívica en este periodo no tendría diputados/as menores de 40 años. Asimismo, el PRO tenía un bloque de 37 diputados/as: uno entre 25 y 29 años –un 2,7 % del bloque–, mientras que diez pertenecían al rango etario 30-39, un 27 % del bloque, totalizando un 29,7 % de presencia legislativa para aquellos/as menores de 40 años. Ya entre 2017 y 2019, Cambiemos se conformaría como la primera minoría, con un bloque de 94 diputados/as, contando con dos de entre 25 y 29 años y veinte del rango etario 30-39, totalizando un 23,4 % del bloque.

Por último, debe mencionarse que en estos periodos hay dos bloques provinciales, como Compromiso con San Juan y Unión por Córdoba, que darían espacio a las juventudes. También, Libres del Sur contó en ambos periodos con presencia de diputados/as menores de 40 años. De esta manera, en el análisis de estos periodos, se refuerza la tendencia de que todos los espacios políticos otorgaron un mayor espacio a las juventudes, reflejado en el aumento del porcentaje de diputados/as menores de 40 años.

¿Qué es lo que se puede decir luego del análisis de todos los periodos legislativos abarcados en este trabajo? En primer lugar, son evidentes los cambios que se han dado en los bloques mayoritarios respecto al espacio otorgado a los/as menores de 40 años. Mientras que el PJ y la UCR en el primer periodo analizado no llegaban al 10 % de bancas de diputados/as del rango etario 25-29 y 30-39, en este último periodo, el Interbloque Cambiemos y el FPV tenían más del 20 % de bancas ocupadas por diputadas y diputados de los rangos más juveniles.

Dicho incremento puede explicarse a través del impacto que tuvo la crisis de representación del año 2001 y la posterior recomposición de los partidos políticos iniciada en 2003. Para el caso del justicialismo, el FPV se constituyó como la facción dominante, siendo uno de sus pilares la juventud (Russo, 2014). A partir de su consolidación como bloque parlamentario, comenzó a observarse un progresivo aumento de la presencia de legisladores menores de 40 años. Además, no debe pasarse por alto que, en la campaña de 2011, uno de los eslóganes de campaña fue “La fuerza de la juventud”, y –a partir de ese momento– se realizaron sucesivos actos en donde se movilizaba a las juventudes kirchneristas (Vázquez y Vommaro, 2012).

En cuanto al Interbloque Cambiemos, la presencia de jóvenes se debe a una serie de razones. Contextualizando, el PRO surgió con posterioridad a la crisis de 2001 como partido, conformándose como un nuevo espacio por fuera del justicialismo y el radicalismo. En ese sentido, puede considerarse que la aparición de un nuevo espacio tiende a favorecer la llegada de jóvenes a los ámbitos del Estado. Sin embargo, como se observa en la tabla D, una vez que esos nuevos espacios se consolidaron, la presencia joven en los bloques parlamentarios registró un descenso.

Lo mismo sucedió con el otro bloque que forma parte de Cambiemos, la CC-ARI, que al surgir llegó a contar con más del 20 % de su bloque conformado por jóvenes, pero doce años después su presencia en el bloque ARI fue nula. En referencia a la UCR –el otro bloque parte de Cambiemos–, podemos señalar que, tras el derrumbe del gobierno de Fernando de la Rúa en 2001, la dirigencia radical debió renovarse e ir dando lugar a una mayor cantidad de jóvenes, y es así que pasaría de no tener menores de 40 años en su bloque en el periodo 2001-2003 a tener 16,6 % del bloque en 2015.

Asimismo, el análisis indica que los bloques de izquierda, siempre que han llegado a formar parte de la Cámara de Diputados, les dan un lugar importante a las juventudes a pesar de que nunca han tenido un bloque con más de cinco legisladores/as. Para explicar esto, podemos remitirnos a la continua reivindicación de las juventudes que se realiza desde este espacio. En efecto –para el escenario del 2001–, el Bloque Autodeterminación y Libertad supo canalizar a las juventudes afectadas por las políticas neoliberales de los años 90. Ya remitiéndonos a los últimos periodos, podemos señalar el crecimiento que han tenido los espacios juveniles de los distintos partidos que integran el FIT, como puede ser la juventud del Partido de los Trabajadores Socialistas o la UJS, el espacio juvenil del Partido Obrero.

Por otro lado, el análisis muestra que bloques de tipo provincial han dado lugar –en ocasiones– a las juventudes, pero no es una tendencia que se mantenga en el tiempo. Otra consideración que se desprende es que muchos bloques de menos de quince legisladores/as conformados a partir de desprendimientos de otros bloques más grandes tendieron a darles un mayor lugar a las juventudes. Tal fue el caso de Libres del Sur, Nuevo Encuentro, Convergencia, Encuentro, y Cultura, Trabajo y Educación. Esto llevaría a pensar que, hasta cierto punto, el espacio para los/as jóvenes en los bloques mayoritarios tiene un límite, y eso lleva a los/as diputados/as jóvenes a buscar conformar nuevos espacios políticos para que sus voces tengan lugar en la HCD. Esto estaría en consonancia con lo señalado por Vázquez (2015) al abordar el cambio de paradigma de jóvenes que militan contra el Estado antes de 2001 y pasando a militar desde, para y por el Estado luego de la recomposición institucional iniciada en 2003.

Tabla D. Bloques con presencia de diputados/as menores de 40 años 2001-2019. Cantidad y porcentaje de diputados/as menores de 40 años dentro de cada bloque

Fuente: elaboración propia con base en datos provistos por la Fundación Directorio Legislativo.

¿Qué sucedió con la subrepresentación de las y los diputados en el periodo 2021-2023?

Por último, si bien nuestra investigación abarcó el periodo 2001-2019, nos pareció pertinente recabar información sobre la composición de la Cámara de Diputadas y Diputados de la Nación en el periodo 2021-2023. En ese sentido, hemos confeccionado una tabla a partir de los datos obtenidos del sitio web de Diputados^[2].

Tabla E. Composición de la HCDN según rango etario, periodo 2021-2023

Rango etario	Cantidad	Porcentaje
25-29	3	1,17 %
30-39	30	11,67 %
40-49	80	31,13 %
50-59	74	28,79 %
60 o más	70	27,24 %

Fuente: elaboración propia.

Como se observa en la tabla E, la limitada composición de diputadas y diputados de los primeros rangos etarios (25-29/30-39) ha vuelto a ser significativa. Para el primero de ellos, hay un porcentaje de 1,17 % de presencia de legisladoras y legisladores (básicamente tres diputadas y diputados). Si consideramos el siguiente rango de edad, el porcentaje casi llega a un 12 %, traducido en 30 jóvenes de 30-39 años que ejercieron su cargo en la Cámara en ese periodo. Este resultado nos parece revelador, ya que en ese periodo el porcentaje de diputadas y diputados incluidos en la Cámara no llegó a un 13 %, cuando dicho porcentaje ha alcanzado –al menos– un 23 % en periodos anteriores.

A lo largo del análisis, se ha demostrado que, desde el periodo 2011-2013 en adelante, hubo un aumento continuo de la participación de diputadas y diputados de menos de 40 años dentro de la HCDN. Sin embargo, esta situación nos marca un nuevo escenario que manifiesta un freno y retroceso de dicha tendencia. Quizás una posible explicación podría ser la falta de un relevo generacional, ya que es posible que aquellas y aquellos diputados que ingresaron siendo de los rangos etarios más “jóvenes” siguieron manteniendo sus cargos mientras fueron cumpliendo mayor edad. Esta hipótesis podría apoyarse en el hecho de que, en el periodo 2021-2023, un 31,13 % de la Cámara estuvo compuesto por legisladores del rango etario 40-49, mientras que en el período 2017-2019 solo el 22,57 % de la Cámara pertenecía a este rango etario. No obstante, dichas inquietudes marcarán las líneas y orientaciones para futuras investigaciones.

Según un informe de la ONU (2022)^[3], las y los jóvenes siguen siendo excluidos de los espacios de toma de decisión, a pesar de que son los potenciales líderes del mañana. En efecto, la edad promedio de los líderes políticos del mundo es de 62 años, mientras que el 40 % de la población es menor de 25. La lucha por una mayor inclusión de las juventudes a la vida política sigue siendo un asunto pendiente en nuestras democracias, a pesar de que ya está más que comprobado que una mayor representación de todos los sectores genera estabilidad y mejores condiciones de gobernabilidad. La participación ciudadana de las juventudes también debería seguir siendo fomentada desde la academia y la política para lograr revertir su condición de subrepresentación.

Consideraciones finales

A lo largo de la presente investigación, hemos observado que, si bien el problema de la subrepresentación de jóvenes en la Cámara de Diputadas y Diputados de la Nación Argentina ha ido mejorando a lo largo de los años, aún quedan muchos esfuerzos por realizar en pos de su (cada vez más creciente) inclusión institucional. Tal como se ha demostrado, en la banca hay una clara preponderancia (aún) de aquellos varones de entre 50 y 59 años, siguiéndoles los del rango 40-49 en el segundo puesto y los de más de 60 años en tercer lugar, quedando como últimos lugares los sectores más jóvenes de la Cámara. En esa línea, poca ha sido la variación de aquellos dos (2) diputados/as de entre 25 y 29 años en 2001 y los cinco (5) que están presentes en 2019. No obstante, el porcentaje de participación de aquellos diputados/as de entre 30 y 39 años incrementó de trece (13) a cincuenta y cuatro (54) para el último periodo analizado, siendo este el valor máximo alcanzado por jóvenes en la banca.

Asimismo, podemos establecer algunas explicaciones sociopolíticas que estarían dando cuenta de esta subrepresentación. En primer lugar, la escasa presencia de diputados/as menores de 40 años en los primeros periodos analizados se debe mayormente al alejamiento de los/as jóvenes del Estado como producto de las políticas neoliberales de la década de 1990, lo que comprueba también que, para lograr una mayor inclusión de jóvenes en espacios institucionales, se deben propiciar mejoras en las condiciones de vida y en los aspectos socioeconómicos generales. Vázquez (2015) agrega que la crisis de representación política en el año 2001 se tradujo en un profundo malestar con los/as políticos/as y la política representativa liberal, lo que significó un apartamiento de los/as jóvenes de la política partidaria y, por lo tanto, institucional. Esto puede observarse claramente en los primeros periodos analizados, donde la presencia de legisladores/as jóvenes no superaba el 10 % del total de la Cámara.

Dicho retiro de los/as jóvenes del Estado tendría un punto de ruptura a partir de los primeros años del kirchnerismo como gobierno nacional, ya que la llegada del FPV al gobierno significó que muchos/as jóvenes pasaran a militar por, para y desde el Estado (Vázquez, 2015). De esta manera, puede argumentarse que el FPV logró captar buena parte de los/as jóvenes que protagonizaron las manifestaciones y asambleas populares de los años 2000 y 2001, y que las propuestas de aquella juventud tendrían lugar dentro del Estado (Russo, 2014). Fue así, a partir de la consolidación del Frente para la Victoria como bloque, como, paulatinamente, la cantidad de jóvenes dentro de la Cámara de Diputados fue aumentando y continuó luego de su derrota electoral.

Este aumento en la presencia de jóvenes dentro de este espacio político en particular coincide con lo expresado desde lo discursivo por Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo en los spots de su campaña presidencial en 2011 (Vázquez y Vommaro, 2012). Lo mismo parecería observarse con el PRO, uno de los partidos surgidos con posterioridad a la crisis del 2001 y que fue consolidándose dentro de la Cámara a través de los años. La inclusión de los/as jóvenes en sus espacios partidarios y electorales también tuvo un considerable porcentaje desde los tiempos de Mauricio Macri como jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por otra parte, coincidimos con Vázquez, Rocca Rivarola y Cozachcow (2016) cuando señalan a las redes sociales como uno de los factores clave a la hora de explicar el aumento de jóvenes militantes dentro de los distintos partidos en la segunda década del siglo xxi, lo que desencadenó en el aumento exponencial de diputados/as menores de 40 años en el periodo legislativo 2015-2017. Tanto el FPV y sobre todo el PRO han sido espacios que han sabido hacer uso de las distintas redes sociales como canales de difusión y convocatoria. Además, ambos espacios supieron captar a las juventudes desencantadas del Estado durante los años 90 y principios del siglo xxi. Tanto el FPV, constituido ya como facción líder del PJ, como el PRO, un partido outsider nacido por fuera de los partidos tradicionales, fueron las fuerzas políticas que “atrajeron” a las juventudes sin espacio en los partidos clásicos de la Argentina.

Por otro lado, es posible aludir dos medidas concretas por parte del Estado nacional que promovieron la participación política juvenil. Por su parte, la Ley de Ciudadanía Argentina (2012), que amplió los derechos políticos a la edad de 16 años, permitió a los/as jóvenes de 16 y 17 años tener la posibilidad de sufragar, lo que implicó una ampliación de los/as ciudadanos/as activos/as dentro de la democracia argentina. Asimismo, la Ley de Centros de Estudiantes (2013) estableció la reglamentación para la conformación de centros de estudiantes en establecimientos educativos. Esto supuso un aumento de espacios de representación de intereses de los/as jóvenes. Ampliar el rango de edad de quienes pueden votar y promover la organización estudiantil son dos elementos que permiten comprender el salto exponencial del porcentaje de diputados/as dentro de la HCD, ya que las leyes mencionadas fomentaron el interés de las juventudes en política, lo que termina ampliando la incidencia de los espacios juveniles dentro de los partidos políticos.

Para finalizar, en este trabajo nos proponemos tomar como modelo y ejemplo al movimiento de mujeres como una organización que ha obtenido importantes conquistas a nivel institucional que favorecieron su (mayor) inclusión en la Cámara de Diputados Nacional, como así también en otros ámbitos estatales. En efecto, las ya mencionadas Leyes de Cupo y de Paridad constituyen un avance clave hacia una mayor representación en las instituciones del Estado, tratando de establecer una cierta justicia a la hora de repartir los cargos electorales, en este caso. Dichas leyes han demostrado tener una efectiva influencia en el aumento de la participación de mujeres y en el establecimiento de sus intereses, visiones y problemáticas en la agenda pública, en una lucha de fondo contra la hegemonía de los hombres adultos (que aún es) desigual.

Por su parte, es preciso señalar la irrupción que han tenido las mujeres jóvenes en la vida pública y política del país –y de la región– en estos últimos años. Estas jóvenes, involucradas masivamente a las filas del feminismo, se han sumado al movimiento de mujeres en pos de promover una transformación cultural en clave de derechos y en repudio al patriarcado, siguiendo a Elizalde (2018). El componente joven en esta lucha significó una revitalización y una mayor difusión de las reivindicaciones feministas en los últimos años en el país como nunca antes se había dado. Y todo esto en sintonía con las mujeres adultas, las cuales –según afirma la autora anteriormente mencionada– proveen estrategia, persistencia y sólida argumentación, generando de esta manera una articulación intergeneracional doblemente enriquecida.

Por otra parte, es clave recordar que, para ser escuchadas, las mujeres de distintos partidos (heterogéneas entre sí) se unieron en pos de sus demandas. Es por todo esto por lo que el movimiento de mujeres significa un modelo importantísimo para otros sectores subrepresentados, como las juventudes en general, a la hora de pensar en una lucha que reivindica sus intereses, demanda una mayor adquisición de los derechos que les corresponden –entre ellos, el de una mayor representación en las instituciones del Estado– y promueve intercambios intergeneracionales e intragénero sólidos que lejos están del modelo tradicional excluyente. Como postulamos al inicio de la investigación, la inclusión y la mayor representación de todos los sectores de la sociedad fortalecen y hacen más sólidas a nuestras democracias y promueven discusiones y adquisiciones que contribuyen al bienestar general.

Bibliografía

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