César Caamaño

Este libro representa no solo un anhelo y un proyecto de un grupo de investigadores de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, sino también un gran esfuerzo y dedicación. En épocas en que los trabajos académicos y de investigación son cuestionados por razones meramente políticas, y a los efectos de conseguir más o menos votos y simpatías –medios de comunicación y redes virtuales mediante–, poder mostrar públicamente el trabajo llevado a cabo por jóvenes investigadores y todo el esfuerzo que significó, y significa, poder sacar adelante un proyecto de esta naturaleza resulta por demás gratificante y estimulante.

Si bien la intención de hacer públicas las diferentes investigaciones en las que veníamos trabajando con los diversos GICP (Grupos de Investigación en Ciencia Política) desde mediados de la década pasada fue una constante, recién con los grupos iniciados en 2020 se pudo materializar dicho propósito^[1]. La constitución de dos grupos, uno que continuara o, mejor dicho, que mantuviera el mismo objeto de estudio que en los años previos y otro que sumara un nuevo tema de interés, fue pensada a tales fines. Así es como se mantuvo el proyecto de analizar las juventudes, a lo que se sumó la problemática de la pobreza, cruzando transversalmente ambos proyectos la perspectiva de género. De esta manera, se conformaron los siguientes GICP: “Participación ciudadana de las juventudes: Las y los jóvenes y su preocupación e injerencia en las problemáticas sociales (y políticas) en AMBA” y “Pobreza y políticas frente a ella: La pobreza en Argentina en el siglo xxi, su medición y la actuación del Estado para su erradicación o disminución”.

El objetivo central del primer GICP consistió en llevar a cabo un diagnóstico de la situación de las y los jóvenes tanto de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), como del GBA (Gran Buenos Aires) en relación con su interés y participación política y social, analizando el grado de compromiso, y conocimiento, de la realidad argentina. Además de visibilizar las principales problemáticas que las y los afectan directa e indirectamente. Mientras que, por su parte, el objetivo del otro grupo se centró en efectuar un diagnóstico del mapa de la pobreza en Argentina, principalmente, en CABA y GBA, haciendo hincapié en la medición de la pobreza como instrumento válido, o no, a los efectos de llevar adelante políticas públicas que contribuyan a disminuir la vulnerabilidad de los sectores más carenciados de la población, teniendo en cuenta una perspectiva de género, y poniendo especial énfasis en políticas alimentarias y destinadas a la infancia.

Estas iniciativas, pensadas hacia finales de 2019 y comienzos de 2020, pudieron comenzar a concretarse recién en abril de 2020 con la inscripción de las y los interesadas e interesados en las temáticas propuestas, comenzada ya la pandemia y el aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO), realizándose la primera reunión, virtual, a comienzos del mes de junio de dicho año. Como podrá apreciarse, ya habíamos superado tres meses de aislamiento, con todo lo que ello implicaba en nuestra vida cotidiana, tanto en lo personal y social, como en lo profesional y laboral. Y con esta nueva realidad virtual, se fueron conformando los distintos grupos de trabajo, a partir de la selección de problemáticas a desarrollar y debatir, siendo conscientes de que las investigaciones encaradas, al no ser temáticas de índole teórica, llevarían más tiempo de lo estipulado, ya que el trabajo de campo –las observaciones, el recorrido etnográfico, las entrevistas y encuestas, etcétera– resultaría esencial para alcanzar los objetivos propuestos. Y esto era lo complejo y dificultoso de la tarea que comenzaría a mediados de 2020 en medio de la pandemia del covid-19. El compromiso e interés estaban, la voluntad y el esfuerzo también; sin embargo, los tiempos personales, académicos, laborales y profesionales constituyeron verdaderos obstáculos, los cuales parte de las y los integrantes de ambos grupos pudieron sortear, pero que resultó insalvable para el resto. Por tal motivo, en esta presentación queremos mencionar a todas aquellas personas que, de una u otra manera, en mayor o menor medida, han participado en estos casi cuatro arduos años de trabajo, hayan o no podido cumplir con el objetivo propuesto al comienzo: terminar total o parcialmente la investigación encarada. En este sentido, no solo mencionaremos a todas y todos, sino que explicaremos brevemente todos los proyectos de investigación, más allá de la presentación de los proyectos que sí han podido materializarse en informes.

Haciendo un poco de historia

El sábado 6 de junio de 2020, se llevó a cabo la primera reunión virtual con las y los inscriptos a ambos GICP. En las dos horas que estuvimos conectados, pudimos establecer los primeros pasos a seguir y, luego de organizar una cadena de e–mail y un grupo de WhatsApp, quedamos en que cada integrante enviara sus temas de interés a los efectos de armar grupos de trabajo específicos, además del grupo general para el debate –definiciones de conceptos básicos y comunes a todas las temáticas– y el intercambio de experiencias e información.

De esta forma, quedaron constituidos cuatro equipos, el primero correspondiente al GICP de juventudes y los otros tres al GICP de pobreza. Por lo tanto, el equipo uno se dedicaría a estudiar la participación de las juventudes, mientras que el equipo dos se centraría en nutrición y primera infancia, el equipo tres en brecha de género y el cuatro en medición de la pobreza. Esta división del GICP de pobreza en tres equipos radicó, esencialmente, por la gran cantidad de interesadas e interesados que hubo en participar en el estudio de esta problemática. Paradójicamente, lo que terminaría siendo perjudicial para el normal desarrollo de un trabajo de estas características constituyó un aliciente para la inscripción y el interés en la investigación en ciencia política: el aislamiento, el “encierro” y la “virtualidad” (traducidos en “educación a distancia” y home office o “teletrabajo” por “obligación”) conllevaron mayor tiempo disponible para realizar otras tareas que se sumarían a las que uno ya estaba desempeñando. El paso de los meses demostraría lo contrario, como así también “volver a la normalidad prepandemia” significaría otro obstáculo difícil de sortear para varios de las y los investigadores, ya sea en la no finalización del estudio encarado o en la imposibilidad de organizar todo lo trabajado y transcribirlo en un informe.

Al constituirse los equipos, el siguiente paso consistió en resolver cuáles serían las temáticas o los ejes sobre los que trabajarían. Luego de esa primera reunión de comienzos de junio, y a través del intercambio de e-mails y debates por WhatsApp, de “videollamadas” o de pequeñas reuniones virtuales, se terminaron constituyendo las temáticas específicas de cada equipo y se decidió quiénes se encargarían de ellas, esto es, qué investigadores trabajarían las diferentes temáticas seleccionadas. Sintéticamente, los equipos, con sus respectivos ejes temáticos e integrantes, se constituyeron de la siguiente manera hacia julio de 2020:

• Equipo 1: “Participación ciudadana de las juventudes”; coordinadora, Patricia Suárez. Eje A. “Colectivo LGBTTTIQ+ y enseñanza de la ESI (educación sexual integral)”^[2], en el cual se observaría la participación política de las juventudes del colectivo LGBTTTIQ+ que cursaron sus estudios secundarios entre los años 2006 y 2020, en escuelas públicas del AMBA y la influencia, o no, de la ESI sobre dicha participación; siendo sus primeros integrantes en 2020 Daniela Chávez y Agustín González, ocupando su lugar a partir de 2021 Ailén Yasmín Lescano y Andrea Itatí Gómez, a los efectos de continuar y concluir la investigación iniciada. Eje B. “Relación de los sectores juveniles vulnerables con el consumo y el narcotráfico (comunas del sur de CABA)”, integrado por Javier Valente y Fernando Higuera. Eje C. “Participación de las juventudes en el ámbito legislativo” (única investigación que se basó en datos y estadísticas a nivel nacional); tarea desarrollada por Lucila Rodríguez desde el comienzo, a la que se sumó en 2021 Juan Cruz Acebey.
• Equipo 2: “Pobreza y políticas: primera infancia y nutrición”; coordinadora, Patricia Suárez. Eje único, que se abocó a analizar los cambios y las continuidades en torno a la vulnerabilidad nutricional en la primera infancia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituido por Ana Marasas, Lennin Arias y Noelia Iluminatti, y se sumaron en 2021 Martina Petrini y Fernando Ramos Escobar.
• Equipo 3: “Pobreza y políticas: brecha de género”; coordinadora: María Sol Larrañaga. Eje A. “Pobreza y género: participación de las mujeres dentro de los espacios comunitarios existentes en los barrios populares del AMBA (producción social de hábitat y subsistencia de las familias)”, siendo sus integrantes Laura Márquez Neira, Laura Camino, Maricel Crespi y Claudia Munarriz. Eje B. “Políticas públicas contra la pobreza: papel del Estado frente a la realidad interseccional que constituyen la pobreza y el género (análisis del programa Ellas Hacen)”, integrando este eje Constanza Cetraro, Mailén Hiriart Paillalef, Federico García y Macarena Sáenz. Eje C. “Trabajo no remunerado y los usos del tiempo en AMBA”, problemática que se sumó en 2021 con el ingreso de nuevas y nuevos investigadores: Rodrigo Moyano, Florencia Sorgi, Juliana Paolucci y Marina Belén Espeche, quien se retiró en 2022.
• Equipo 4: “Pobreza y políticas: medición de la pobreza”; coordinadora: María Sol Larrañaga. Eje A. “Vivienda, hábitat y pobreza”, en el que se abordó el análisis sobre los modos en que una política pública de integración sociourbana ha atravesado (y atraviesa) las “experiencias urbanas” de sus destinatarios en comunidades dentro de un contexto de marginalidad urbana avanzada en el conurbano bonaerense en pleno siglo xxi; eje que tuvo en 2020 como integrantes a Laura Brandán y Joaquín Vivares, quienes no pudieron continuar en 2021, sucedidos por Stéfano Pavesa, Francisco Deluca y Florencia Kordon, aunque sin demasiada consistencia debido a diversos obstáculos, el proyecto fue dejado vacante. Eje B. “Medición de la pobreza”, un análisis de los indicadores medidos en nuestro país con el fin de combinarlos y, como objetivo propuesto, crear un mapa de la pobreza en el AMBA (en un principio, tema central y convocante del GICP de pobreza); su único integrante fue Ignacio González, con una breve colaboración de Coca Álvarez y Francisco Deluca. Eje C. “Influencia de la educación en la pobreza: la educación en tiempos de pandemia”, siendo sus integrantes en 2020 Nicolás Florio y en 2021 Fernando Ingegniere, Julieta Fernández, Micaela Labur y Camila Valenzuela.

Todas estas problemáticas pudieron ser tratadas al mismo tiempo que se resolvían los conceptos básicos comunes a todos los equipos y ejes temáticos. Por consiguiente, el trabajo en ese “extraño” 2020 dominado por el ASPO y la virtualidad se bifurcó en dos y hasta en tres caminos, por decirlo de algún modo. Por un lado, el trabajo grupal general en el cual se intercambiaban definiciones, opiniones, puntos de vista propios y de especialistas, por ejemplo, a los efectos de establecer esos conceptos básicos. Por otro lado, cada equipo se reunía por separado a los efectos de trazar estrategias comunes y acordar cuáles de los conceptos generales, y de qué manera, iban a ser utilizados como base del trabajo. Por último, y a excepción del equipo 2, que contaba con un eje solo, cada eje de cada equipo se reunía para establecer el trabajo específico de dicha problemática por tratar. Cabe destacar que recién hacia marzo de 2021 pudimos comenzar a reunirnos presencialmente y, en cierto modo, y tomando los recaudos del caso a partir de un rebrote del covid-19, a empezar lenta y pausadamente con el trabajo de campo previsto.

A pesar de las dificultades planteadas, podemos asegurar que la experiencia del año 2020, por su peculiaridad y porque ninguno de las y los integrantes de ambos GICP habíamos tenido vivencias concretas de trabajos o estudios online –salvo alguna que otra videollamada, pero en forma esporádica–, fue por demás fructífera en todo sentido. Y esto quedó demostrado en las Jornadas Virtuales de Ciencia Política llevadas a cabo por la carrera en el mes de septiembre de dicho año, en las cuales ambos GICP presentaron sus mesas respectivas, con bastante “concurrencia” de público, a fin de mostrar los primeros avances de sus trabajos. Avances, todos ellos, realizados de manera virtual y que, a partir de estas presentaciones, mostraron la responsabilidad, el compromiso y el interés de cada investigador e investigadora. Al término de esas jornadas, hicimos una reunión en la cual la emoción y felicidad de todas y todos fue la constante, como así también el impulso para continuar con el trabajo iniciado, aguardando expectantes la hora de poder salir “al campo”.

Como puede apreciarse, los equipos, y sus respectivas temáticas, terminaron constituyéndose en función del interés y la preocupación de las y los participantes, más allá de la idea original de la convocatoria de ambos GICP. La mayoría eran estudiantes avanzados y egresadas y egresados recientes de la Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, a excepción de una estudiante de Sociología y de un abogado venezolano que estaba cursando un posgrado en Políticas Públicas en nuestro país; posteriormente, también ingresó una reciente egresada de Ciencia Política de la Universidad de Tucumán. Ambas coordinadoras, tanto Sol Larrañaga como Patricia Suárez, eran docentes del seminario “La política social en la Argentina actual” y egresadas de la Carrera de Ciencia Política. Lamentablemente, por sus variadas ocupaciones, Patricia tuvo que alejarse tanto del seminario como del trabajo de investigación a comienzos de 2022, pero es dable destacar su alto grado de responsabilidad, compromiso y participación en el período en que estuvo, siendo por demás fundamental su tarea como coordinadora de los equipos uno y dos y sus aportes en las definiciones conceptuales, metodológicas y estratégicas.

Concluyendo esta suerte de “presentación histórica” del proyecto, no podemos omitir mencionar la excelente experiencia que tuvimos en la ciudad de Rosario en noviembre de 2021, y la gran repercusión de nuestro trabajo cuando se llevó a cabo en forma simultánea el Congreso Nacional de Democracia (pospuesto del año anterior) de la UNR (Universidad Nacional de Rosario) y el Congreso Nacional –e internacional– de Ciencia Política organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), ambos congresos ya considerados “clásicos” del debate académico y político sobre la ciencia política nacional e internacional, siendo de los más importantes y convocantes de América Latina.

En dichas jornadas pudimos presentar tres mesas especiales, una por el grupo de juventudes y dos por el grupo de pobreza. El panel 1 formó parte del área Teoría y Filosofía Política: Ciudadanía, Participación e Identidad y se denominó “Participación ciudadana de las juventudes”, presentándose los tres ejes que se venían trabajando, esto es, la situación del colectivo LGTBIQ+ y los alcances de la enseñanza de la ESI, el vínculo entre juventudes, narcotráfico, consumo, sociedad y Estado, y, por último, la incidencia de las juventudes en los cuerpos legislativos. El panel 2, correspondiente al área Estado, Administración y Políticas Públicas: Políticas de Lucha contra la Pobreza, se denominó “Pobreza: medición y políticas frente a ella”, abarcando los cuatro ejes que veníamos trabajando con los equipos 2 y 4: vivienda, primera infancia y nutrición, educación y pobreza y medición de la pobreza. Finalmente, el panel 3, dentro del área temática Género y Política: Género, Estado y Políticas Públicas, se denominó “Pobreza y género”, presentando las tres temáticas trabajadas por el equipo 3, o sea, trabajo comunitario y participación de la mujer en la producción social de hábitat en los barrios populares, la realidad interseccional pobreza-género a partir de la implementación del programa Ellas Hacen y el trabajo no remunerado en relación con las tareas de cuidado.

Estructura y organización del libro

Luego de haber presentado a los grupos y sus ejes temáticos, como así también haber rememorado muy brevemente la historia y evolución del camino encarado, comentaremos a grandes rasgos cómo se organiza el libro. En primer lugar, y complementando esta introducción, definimos ciertos conceptos clave que abarcan toda la investigación, como así también los principales aspectos metodológicos comunes a todo el proyecto. Por qué decidimos utilizar el término “juventudes” en plural y no “juventud” en singular, qué entendemos por “vulnerabilidad” y por “pobreza”, a qué hacemos referencia con “participación” y cuál es el tipo de participación que consideramos más relevante, por qué decidimos no utilizar el llamado “lenguaje inclusivo” –a pesar de no estar en contra de su uso–, como así también la decisión de emplear diversas estrategias metodológicas en función de los marcos teóricos construidos por cada eje temático y sus objetivos específicos, constituyen elementos centrales en toda la investigación.

La primera sección del libro corresponde al GICP de juventudes, pudiendo mostrar los tres ejes trabajados. Así es como en el capítulo II, “Subrepresentación de jóvenes y mujeres en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Un análisis sociohistórico desde el 2001 hasta el 2019”, Lucila Rodríguez y Juan Cruz Acebey nos entregan un análisis bastante exhaustivo sobre la participación de las juventudes en la composición de la Cámara de Diputados de la Nación durante el siglo XXI, desde el denominado “voto-bronca” de 2001 hasta el triunfo del Frente de Todos en 2019. Centrándose en la decisión de hablar de “juventudes” y no de “juventud”, y no tomando como parámetro la franja etaria de entre 18 y 30 años como suele asociarse a la noción de “juventud”, principalmente en las organizaciones políticas tradicionales, sino ampliando el universo de jóvenes desde los 25 años (edad mínima para ser diputado o diputada nacional) hasta los 40 años aproximadamente, teniendo en cuenta también la participación de las mujeres y el cruce “juventudes-mujeres” en la constitución de la Cámara, período por período. A tales fines, los autores parten de la hipótesis de la escasa participación y representación tenida por las juventudes en los diferentes ámbitos legislativos, haciendo especial crítica hacia la

consideración tradicional de la política como un espacio dominado –en su mayoría– por hombres con experiencia, en el que las y los jóvenes son excluidos o pasados por alto como candidatas y candidatos políticos debido a factores como la edad, la limitación de oportunidades institucionales como financieras y por su falta de experiencia.

También se analiza la brecha de género, teniendo en cuenta ciertos “hitos” que marcaron la lucha por superar esta cuestión: como la Ley de Cupos de 1991 y la Ley de Paridad de Género de 2017. Los autores consideran que la lucha llevada a cabo por los movimientos de mujeres y feministas significan un modelo a tener en cuenta por otros sectores subrepresentados, como es el caso de las juventudes, y concluyen que “la inclusión y la mayor representación de todos los sectores de la sociedad fortalecen y hacen más sólidas a nuestras democracias”.

El capítulo III, “Pensarlo también”, en tanto, gira en torno al vínculo existente entre juventudes, narcotráfico, consumo, sociedad y Estado. Sus autores, Javier Valente y Fernando Higuera, abordan el consumo problemático de drogas en las y los jóvenes en “el marco de un complejo proceso de vulneración y en el contexto de interacciones sociales, desde la perspectiva de la prevención integral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, tomando como población objeto la comprendida en las Comunas 8 y 9, ubicadas en la zona sur de la ciudad. El interrogante guía de la investigación reside en el grado de incidencia que tiene la participación comunitaria de las y los jóvenes en el consumo problemático de sustancias psicoactivas, esto es, si dicha participación ayuda, o no, a la disminución del consumo. Higuera y Valente entienden que las prácticas de consumo problemático están íntimamente relacionadas con los procesos de vulnerabilidad social, “derivadas de determinadas interacciones entre el entramado social, cultural y económico en el que se encuentran los sujetos y sobre las cuales se conforman sus condiciones materiales, subjetivas y contextuales”. A partir de este presupuesto, indagan sobre el rol ocupado por los espacios y las organizaciones comunitarios, teniendo en cuenta la propia voz de las y los participantes, tanto referentes y funcionarios como las y los jóvenes que se acercan a estos espacios. Precisamente, las voces de estos últimos rescatan, y destacan, la constitución de redes y cierto tipo de vínculos que llevan a un sentido de “pertenencia”, de “ser parte de” la comunidad, aunque son reconocidos ciertos obstáculos que terminan limitando el accionar de estos; reconocimiento destacado también, y principalmente, por los “referentes territoriales” que pudieron ser entrevistados. Un obstáculo central es que, como bien señalan los autores, “cada uno de estos dispositivos y todos ellos juntos compiten sostenida y cotidianamente con el complejo entramado del mercado ilegal de drogas por las y los jóvenes”. Por tal motivo, consideran fundamental que el Estado fomente y profundice las formas de participación de las y los jóvenes, difundiendo y promocionando este tipo de dispositivos y espacios comunitarios, consolidando el sentido de comunidad, y su pertenencia a ella, en el marco de “políticas interagenciales e integrales con las que puedan articularse su intervención”.

Terminando con la presentación de los informes del grupo de juventudes, en el capítulo IV, “Educación sexual integral y participación de las juventudes”, César Caamaño repasa lo trabajado sobre el rol de la escuela como promotora de la participación política, social y comunitaria de las y los adolescentes, partiendo de políticas inclusivas a través del aprendizaje y la enseñanza, como lo plantea la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, incentivando la construcción de autonomía e identidad en las nuevas generaciones de ciudadanas y ciudadanos. Continuando con lo iniciado en 2020 por Daniela Chávez y Agustín González, las nóveles licenciadas Ailén Yasmín Lescano y Andrea Itatí Gómez desarrollaron la relación entre dicha ley y la participación política de las y los jóvenes, bajo el convencimiento de “que las juventudes deben asumir un rol activo en el proceso de toma de decisiones, constituyéndose la ESI en una herramienta indispensable para conservar y consolidar derechos adquiridos, además de ser una fuente propulsora de nuevas reivindicaciones”. El informe de este trabajo fue escrito por el director del proyecto a los efectos de complementar y, en cierta medida, concluir con lo desarrollado por el GICP de juventudes, tratando de recalcar la importancia de la ESI, ya que esta “plantea la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas, brindándoles herramientas a las y los adolescentes y jóvenes para que puedan reconocerse como seres sociales y colectivos”. Lo anterior refuerza la importancia de hacer hincapié en los valores que inculca la ESI relacionados con la participación política, desde la inclusión y la no discriminación, hasta la resolución pacífica de conflictos. Se tomó a la institución escuela como partícipe necesario para la formación de la autopercepción y subjetividad, así como elemento clave para el fomento, o no, de la participación juvenil en cualquier tipo de ámbito social, cultural y político; resulta esencial, por consiguiente, analizar la incidencia de la ESI, y su implementación, en dicho proceso de participación juvenil.

En la segunda sección, presentamos lo llevado a cabo por el equipo de pobreza y género del GICP de pobreza. En el capítulo V, “Rol y participación de las mujeres en los espacios comunitarios de los barrios populares. Estudio de caso del merendero Emmanuel en el barrio La Esperanza”, las investigadoras Laura Camino, Maricel Crespi, Laura Márquez Neira y Claudia Munarriz Arce reflexionan sobre la participación de las mujeres en los espacios comunitarios de los barrios populares, a partir del estudio del caso del Espacio Comunitario del Merendero Emmanuel, ubicado en el barrio La Esperanza, Escobar, en el límite norte del AMBA. Se problematiza la naturaleza de la participación comunitaria de las mujeres en dos grandes dimensiones: la participación como tal y el rol desempeñado en el espacio público. Participación en cuanto actores sociales influyentes, ya sea proponiendo, formulando o liderando los procesos de mejoramiento del hábitat; roles con relación al lugar que ocupan en el espacio público y en el privado, pensando en el barrio como “un escenario de organización”. A partir de interrogantes iniciales tales como de qué manera participan las mujeres en los barrios populares, cuál es su rol dentro de ellos, en qué espacios participan y en qué tiempo lo hacen, la investigación fue tomando su forma, resultando crucial para todo el proyecto el trabajo territorial, tanto con el recorrido etnográfico como en el encuentro directo y personal con las propias mujeres, especialmente, con las referentes barriales y “animadoras” del Merendero. Tomando la definición de “barrio popular” llevada a cabo por el ReNaBap (Registro Nacional de Barrios Populares)^[3], y dada su experiencia territorial previa, las autoras escogieron este merendero ubicado en Garín, Escobar, por ser un claro exponente de lo que es la participación femenina en este tipo de comunidades; como bien lo señalan en su informe, dos motivos llevaron a la elección del merendero Emmanuel: ser un espacio construido de forma comunitaria, liderado y sostenido mayoritariamente por mujeres, y por ser también un punto de encuentro y articulación con diferentes organizaciones a los efectos de mejorar la calidad de vida de la comunidad. Como algo para destacar del informe, queremos hacer énfasis en una de las reflexiones finales del capítulo, resaltada por las autoras: “la no identificación con el feminismo” por parte de las referentes del merendero, como así también la importancia de difundir el rol fundamental de las mujeres en el mejoramiento del hábitat en los barrios populares, a efectos de promover y proyectar políticas públicas en beneficio de ellas y sus comunidades.

Por su parte, Constanza Cetraro, Federico García y Mailén Hiriart Paillalef, en el capítulo VI, “Pobreza y género: Ellas Hacen (2013-2016). Análisis de una política pública con perspectiva de género”, se preguntan sobre la posición y el rol adoptado por el Estado argentino frente a “la feminización de la pobreza”. Por tal motivo, analizan el programa Ellas Hacen, enmarcado dentro del Programa de Ingreso Social con Trabajo Argentina Trabaja. Los autores remarcan que, con la intención manifiesta de “profundizar la investigación”, analizaron “las subjetividades que se delinearon mediante el transcurso y aplicación” del programa, centrándose en sus modificaciones y en las continuidades y rupturas con el Hacemos Futuro y el Potenciar Trabajo, continuadores, en parte, de esta política. La noción de “interseccionalidad” atraviesa todo el trabajo, ya que “contribuye a poner de manifiesto el posicionamiento múltiple de cada sujeto, que resulta constitutivo de la vida diaria y las relaciones de poder que se dan en una sociedad determinada”, además de ayudar a “entender la reciprocidad e interconexión que se establece entre las diferentes relaciones asimétricas”. Por otra parte, toman la feminización de la pobreza como un concepto cualitativo que resalta la matriz desigual y excluyente de género en la realidad cotidiana de los sectores sociales más vulnerables. El estudio se enmarca en la línea de investigación cualitativa, enfocándose “en la forma en que el mundo es comprendido y experimentado por los propios sujetos”, siendo la persona, en este caso la mujer beneficiaria del Ellas Hacen, el núcleo vital de la investigación encarada. En consecuencia, se procura comprender los alcances de dicho programa desde la propia experiencia de sus titulares, conociéndolas a ellas y su realidad cotidiana, como las percepciones que tienen acerca de esta. La investigación recalca la disparidad de resultados obtenidos, esto es, reconoce que el programa permitió a las beneficiarias alcanzar la terminalidad educativa, la inserción de parte de ellas al mercado laboral o la mejora en sus expectativas y en la calidad de vida propia y de su entorno, pero “la repentina finalización de este no permitió profundizar estos cambios ni ampliarlos al resto de la población, es más, la unificación con otros programas mostró resultados negativos para las beneficiarias”. Los autores concluyen que la decisión de estudiar el Ellas Hacen desde la propia “voz” de sus participantes es el fruto de compartir una misma voluntad con las beneficiarias: insistir con la ejecución de programas integrales que permitan la apertura de caminos hacia horizontes distintos y mejores.

En el capítulo VII, “Reflexiones y desafíos. Usos del tiempo en tareas de cuidado en Villa Fiorito”, Florencia Sorgi, Juliana Paolucci y Rodrigo Moyano se abocan al estudio del llamado “trabajo no remunerado”. En la investigación, colaboró en una primera instancia, en plena pandemia, Malena Espeche, y ocupó posteriormente su lugar, aunque por muy poco tiempo, María Paula Horacio. En este estudio, la propuesta giró alrededor de observar la dinámica del uso del tiempo en tareas de trabajo no remunerado en mujeres pertenecientes a sectores vulnerables, viéndolas desde una perspectiva interseccional, teniendo presente que, de acuerdo con el INDEC, en 2021 el 89 % de las actividades domésticas eran llevadas a cabo por mujeres, sin diferencia de clase, estatus o condición social. Tomando como población objeto a un grupo de mujeres de la localidad de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, zona sur del primer cordón industrial del conurbano bonaerense, mayores de 18 años y a cargo de tareas de cuidado (principalmente, cuidado de niños y niñas y de adultos y adultas mayores, aunque sin dejar de tener en cuenta las tareas del hogar o el apoyo escolar, por ejemplo). Los autores entienden como “trabajo no remunerado” a las tareas domésticas del hogar y el trabajo de cuidados de niños y niñas, personas con discapacidades y adultos mayores, que requieren de la atención de terceros para satisfacer sus necesidades básicas. El estudio tuvo en cuenta, asimismo, la influencia e incidencia del aislamiento obligatorio producto de la pandemia por covid-19 sobre las tareas de cuidado y el desarrollo de las tareas domésticas. Como reflexiones finales, Sorgi, Paolucci y Moyano consideran que, para aspirar a lograr sociedades más igualitarias, resulta relevante incorporar en las agendas de discusión de política pública la cuestión de la organización del cuidado de personas. Resulta fundamental “ampliar el abanico de posibilidades de las personas para que puedan elegir, de manera igualitaria, la forma de organizar el cuidado”, como así también “transformar los estereotipos de género promoviendo la desnaturalización de la feminización de las tareas de cuidado”.

Por último, en la tercera sección titulada “Trabajo y Sociedad”, se muestran sendos informes de los docentes del seminario “La política social en la Argentina actual”. En el capítulo VIII, “Clases medias y mercado de trabajo en el conurbano bonaerense”, César Caamaño recorre a grandes rasgos la situación de las y los jóvenes pertenecientes a los sectores medios urbanos en relación con el mercado de trabajo, tomando como rango etario central al comprendido entre los 18 y 24 años, coincidente con gran parte de la población estudiantil universitaria. El informe parte de la salida de la convertibilidad, haciendo un recorrido con lo sucedido con el mercado de trabajo en los gobiernos de Cristina Fernández y Mauricio Macri, para centrarse en el gobierno de Alberto Fernández y las consecuencias del ASPO. Tanto el primer ingreso al mercado de trabajo, como la permanencia y estabilidad laboral o la posibilidad de cambiar de empleo son tratados en este capítulo, tomando como interrogantes “base” del estudio si la crisis internacional de 2008, el cambio de orientación política de 2015 o la pandemia del covid-19 tuvieron un efecto concreto sobre la situación de las y los jóvenes de clase media y su vínculo con el mercado de trabajo, o si, por el contrario, ninguna de estas cuestiones incidió efectivamente en esa relación. Teniendo en cuenta las transformaciones del mercado de trabajo en nuestro país en los años noventa y las fragmentaciones sufridas por los sectores medios urbanos, el autor trata de observar si efectivamente la situación de las y los jóvenes de dichos sectores se ha modificado, positiva o negativamente, en las primeras décadas del presente siglo.

Finalmente, en el capítulo IX, “Trayectorias de la seguridad social en la Argentina”, María Sol Larrañaga^[4] describe, analiza y problematiza no solo el concepto de “seguridad social”, sino también “la implementación e institucionalización por parte del Estado argentino de los componentes que constituyen su entramado de protección social”. Este trabajo es un avance de su tesis de maestría, y, como tal, el artículo fue actualizado hasta abril de 2024. Es conveniente aclarar esto debido a la especialización de la autora sobre la temática que trata y al período analizado, ya que incluye los primeros meses del gobierno de Milei. La autora destaca la “seguridad social como dispositivo fundamental de la política social de nuestro país”, centrándose en el análisis de los cinco componentes del sistema de seguridad social en Argentina: seguro de salud, régimen de asignaciones familiares, seguro de desempleo, seguro de riesgo de trabajo y cobertura previsional de jubilaciones y pensiones, estando la mayor parte de estos regidos por su carácter contributivo, es decir, por la realización de aportes y contribuciones (tanto por los trabajadores como por los empleadores), aunque ello no implique que algún componente sea financiado en parte por el Estado. Sintetizando, y como concluye su artículo Larrañaga, en este capítulo se describen “las cinco instancias en donde se despliegan las políticas sociales que constituyen el entramado de la seguridad social de nuestro país, exhibiendo sus componentes y problematizando sus desafíos al contrapesar sus fortalezas y las deudas pendientes” que quedan por resolver, más allá del ciclo de transformaciones sufrido por el sistema a lo largo de la última década.

Sobre conceptos y metodologías

En este apartado, nos centramos en la definición de los principales conceptos que atraviesan transversalmente a todas las investigaciones encaradas y que fueron debatidos entre los años 2020 y 2021 por las y los integrantes de ambos GICP. Además, desarrollamos brevemente las características de las diferentes estrategias metodológicas empleadas.

Las nociones de “pobreza”, “vulnerabilidad”, “participación” y “juventudes” que trabajamos a lo largo de estos casi cuatro años han sido elaboradas a partir de nuestras propias conclusiones o adoptando, o readaptando, definiciones ya establecidas y consideradas como apropiadas para nuestro/s objeto/s de estudio. Asimismo, definimos básicamente algunos conceptos utilizados explícita o implícitamente en todo el trabajo, constituyendo verdaderas “guías” para nuestro accionar, como pueden serlo los casos de “ciudadanía”, “justicia social”, “igualdad”, “igualdad de oportunidades” y “de posiciones”, “política social”, “política pública” y su análisis, “capital humano” (a lo que le podemos sumar “capital social” y “capital cultural”) y “estructura de oportunidades”, principalmente. Del mismo modo, consideramos conveniente aclarar que, en los diferentes capítulos presentados en este tomo, se verán reiteradas muchas de las definiciones o concepciones, ya que, recalcamos, los conceptos base de la investigación general son producto del trabajo grupal, más allá de apreciaciones particulares o definiciones de conceptos propios de cada equipo.

Pobreza

Para definir la pobreza o, mejor dicho, para decidir cómo definimos a la pobreza y en función de qué, partimos de la integración de diversos enfoques y conceptos que responden a factores sociales, políticos, territoriales, étnico-religiosos y culturales, además de los económicos. Así, acordamos la multidimensionalidad del término “pobreza”, teniendo en cuenta la manifestación de sus patrones característicos tanto en las personas como en los hogares y en los colectivos sociales en diferentes esferas de la vida.

Si bien, a partir de la llamada “nueva cuestión social”, producto de la crisis del Estado de bienestar hacia mediados y fines de los años setenta del siglo pasado, comenzó a reconceptualizarse el término “pobreza”, fue en la primera década del presente siglo cuando los distintos organismos internacionales y multilaterales, como la CEPAL y la ONU, y en particular el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), nos presentaron una serie de elementos dinámicos, multifactoriales y multidimensionales centrados en la vulneración de los derechos de las personas –siendo parte de un proceso histórico– como factor constitutivo de la pobreza. Por consiguiente, consideramos atinado, como grupo de investigación, identificar la pobreza como un estado histórico y socialmente situado, basándonos en la definición dada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2003, la cual resalta la privación de activos y oportunidades de las personas y hogares como resultado de diversas causas y procesos que sobrepasan lo exclusivamente material. En tal sentido, vinculamos la pobreza con el concepto de “vulnerabilidad”, coincidiendo con la ONU (2012) cuando hace referencia a la cantidad de “obstáculos” con los que se enfrentan las personas “que viven en la pobreza” para poder ejercer sus derechos. La situación de vulnerabilidad se hace efectivamente más visible, y presente, en aquellos sectores sumidos en una situación de extrema pobreza, ya que, como bien señala este organismo, “discriminación, exclusión y privación material” forman parte de una suerte de círculo vicioso del cual se torna por demás difícil salir.

A partir de lo indagado, y de nuestra propia experiencia y nuestros conocimientos, podemos afirmar que en el siglo xxi se han incorporado una serie de variables que contemplan la integralidad de la vida humana, tanto individual como familiar y social, más allá de la persistencia de las metodologías utilizadas oficialmente para establecer un “mapa” de la pobreza a partir de la medición de variables materiales como el “ingreso” y el “consumo” de las personas y los hogares. Esto nos llevó, con el objeto de encauzar el debate sobre la pobreza, a acordar el establecimiento de ciertas pautas que tener en cuenta: la pobreza como situación de privación, las cuestiones o los aspectos sobre los cuales planteamos la privación, respecto a qué parámetros lo hacemos y el alcance o grado que adopta esa privación.

Tomando la primera pauta, podemos notar la multidimensionalidad de la pobreza, al considerarla como “privación de”, ya que estamos hablando no solo de la falta de recursos económicos o materiales, sino también de privación, falta o cercenamiento de derechos y capacidades, por ejemplo. Esto nos remite a la segunda cuestión por considerar, la cual nos hace referencia a las diversas formas de manifestarse que tiene la pobreza o, dicho de otra manera, las distintas dimensiones de esta, como ser la insuficiencia de recursos económicos (o ingresos con los que cuenta una persona o un hogar), la falta de participación tanto política como social o comunitaria, la discapacidad o debilidad psicomotriz, la indefensión en diferentes sentidos (de hecho, jurídica, laboral, etcétera), la vulnerabilidad laboral y social, la privación de derechos o recursos materiales dentro de su propio entorno u hogar, y la discriminación (por grupo étnico, religión o credo, elección sexual, género, identidad). Lo anterior nos permite hablar de tres grandes “universos” de pobreza (tercera pauta), comúnmente vinculados a las privaciones materiales o de recursos económicos, pero que también deben ser asociados a los otros tipos de privaciones: pobreza subjetiva (en relación con lo que una persona o un colectivo social aspira a obtener), pobreza relativa (tomando como base de “no privación” lo que posee un grupo o estándar de referencia) y pobreza absoluta (teniendo en cuenta lo que se requiere para alcanzar un nivel mínimo “adecuado” a los efectos de lograr lo que podemos considerar como una “vida digna”). Y, por último, observar el alcance o grado de privación de una persona o un hogar, por ejemplo, si no llega a alcanzar el mínimo necesario para poder “sobrevivir”, si no llega al mínimo adecuado para lograr lo que se define como “desarrollo humano”^[5] y si no se consigue el mínimo “establecido” como para participar en “el estilo de vida prevaleciente”.

En nuestra línea de investigación, y a los fines de poder consensuar una definición “propia” de “pobreza” –algo, por cierto, muy relativo, subjetivo, parcial y limitado–, partimos de una serie de definiciones extraídas de un Glosario internacional sobre la pobreza (Spicker et al., 2009: 292-304). Estas definiciones se basan en ciertos ejes interpretativos y están agrupadas conforme a ellos. Así tenemos un primer grupo de definiciones que parte del eje de la necesidad; otro grupo plantea la idea de “patrones de privaciones”, ya que no toda necesidad puede ser atribuida a una situación de pobreza; una tercera agrupación de definiciones se centra en la limitación de los recursos (la que consideramos utilizada con mayor frecuencia); relacionadas con estas, se encuentran las definiciones que priorizan el “nivel de vida”; también podemos encontrar las definiciones basadas en las desigualdades y en la posición económica, como aquellas que se relacionan con la dependencia del Estado o de algún sistema asistencialista, con la falta de “titularidades”, la carencia de seguridad básica y las situaciones de exclusión social. Esta diversidad y amplitud de definiciones acerca de la pobreza da cuenta de su complejidad y, por consiguiente, de su difícil tratamiento y combate.

Todas estas perspectivas sobre la pobreza nos permiten constatar la multidimensionalidad del concepto. Si bien, como ya lo señalamos, existe un enfoque “estandarizado” a los efectos de medir la pobreza y establecer criterios políticos y gubernamentales a nivel internacional, el enfoque multidimensional nos parece más acertado a la hora de estudiar la pobreza y de poder generar políticas tendientes a su ataque. Por tal motivo, y acordando con lo que sostiene Spicker, desde los círculos académicos, gubernamentales y político-sociales, consideramos trascendente alcanzar “un entendimiento multidimensional de la pobreza asociado a métodos participativos y a respuestas participativas a la pobreza”, siendo esto aplicable al “empoderamiento de los pobres” (Spicker et al., 2009: 304).

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo define la pobreza como “la incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable, esto es, de lograr el bienestar” (PNUD, 2000), centrándose en la idea de capacidades brindada por Amartya Sen, aunque este economista, puede decirse, amplía el concepto de “pobreza” con el enfoque de capacidades y realizaciones (Sen, 1998), partiendo de la crítica a las definiciones basadas solamente en los ingresos. El ingreso se asume como un medio y no un fin en sí mismo, que permite la realización de ciertas capacidades, ya que la pobreza se estima a partir de las posibilidades que tienen las personas para generar y desarrollar sus capacidades. En ese sentido, la pobreza es definida como una carencia de capacidades, que incluye la falta de oportunidades para desarrollar una vida y satisfacer las necesidades básicas que requiere. Dichas capacidades, y los medios con los que cuentan las personas para obtenerlas, permiten que estas puedan desarrollar sus condiciones de vida mediante estrategias de reproducción (Bourdieu, 2011) que buscan, de manera consciente e inconsciente, la obtención de recursos (económicos, sociales, culturales) mediante los cuales las personas pueden modificar su estructura de oportunidades reales y sus capacidades. Otro elemento que se integra al enfoque de pobreza a partir de la privación de capacidades es el de acumulación de desventajas (Saraví, 2006; 2015), entendido como un conjunto de factores que derivan en un proceso de exclusión social que coloca a amplios segmentos de la sociedad por fuera de los circuitos activos de intercambio social (Castel, 2004).

En consecuencia, considerando las categorías de capacidades y desventajas, introducidas por Sen y Saraví, se puede abordar la pobreza desde un carácter multidimensional y heterogéneo que trasciende los aspectos materiales que toman en cuenta los enfoques tradicionales que se basan únicamente en el ingreso. En este sentido, ambas nociones desde una dimensión objetivo-estructural refieren a un patrón de privaciones socioeconómicas que se prolongan y reproducen en el tiempo, influyendo directamente sobre el bienestar de individuos y grupos sociales. Así como también a una configuración de “experiencias biográficas y estilos de vida, sentidos y percepciones fragmentadas, con espacios urbanos, escolares y de consumo fragmentados, y con ámbitos de sociabilidad e interacción igualmente fragmentados” (Saraví, 2015: 27), que atraviesan y moldean a las estrategias mencionadas previamente. De esta forma, la fragmentación y la exclusión social pueden constituir subjetividades, generando nuevos discursos (Dallorso, 2014) mediante distintos actores como el Estado y los medios de comunicación, que, por una parte, tienden a estigmatizar y a acentuar la fragmentación de estos sectores a partir de su asociación con el “problema de la inseguridad”, a la vez que legitiman intervenciones y prácticas violentas sobre ellos.

Sintetizando, la pobreza tiene un carácter multifactorial y multidimensional, causada y relacionada con diversos factores y comprendiendo tanto aspectos individuales de la vida como colectivos. Y este estado presenta diferentes clases de obstáculos para lograr su superación, como ser privaciones económicas o materiales, problemas de acceso al trabajo protegido y remunerado y a la seguridad social, estigmatización social y moral, discriminación, exclusión, faltas de espacio de ocio y esparcimiento; a lo que le podemos sumar en el ámbito político distintas formas de conflicto o dificultades en la relación con el Estado y sus instituciones, lo que conlleva la dificultad de alcanzar una ciudadanía plena.

Teniendo en cuenta lo anterior, readaptamos la definición dada por el PNUD, sustituyendo la concepción de “incapacidad” por “situación de carencia o privación”, ya que la idea de incapacidad, tal como está formulada, centra la responsabilidad en las personas y los hogares y no en la estructura de oportunidades y estrategias de reproducción de una sociedad. Por lo cual consideramos como pobreza a aquella situación de carencia o privación de las personas y los hogares de vivir una vida tolerable, lo que modifica radicalmente la perspectiva o visión sobre la pobreza, otorgándole ese carácter multidimensional y multifactorial. Entendemos por vida tolerable llevar una vida larga y saludable, tener educación y disfrutar de un nivel de vida decente, además de contar con libertad política, seguridad personal, acceso al trabajo productivo y bien remunerado, participación en la vida comunitaria y respeto por los derechos humanos.

Vulnerabilidad

La pobreza, comprendida en sus múltiples dimensiones, es una de las tantas expresiones de vulnerabilidad que segmentos enteros de la población atraviesan frente al incumplimiento estatal. Así, muchos de los elementos considerados como parte del concepto de “pobreza” son elementos centrales en la conceptualización de vulnerabilidad y difícilmente puedan pensarse la una sin la otra. Teniendo en cuenta este presupuesto, decidimos también definir o, dicho de otra manera, ver qué sentido le otorgamos a este concepto y para qué y por qué.

La vulnerabilidad es un concepto que aparece a partir de las transformaciones socioeconómicas por las que América Latina atravesó en las últimas décadas del siglo xx y principios del xxi, caracterizada por una percepción de indefensión e incertidumbre en gran parte de la población. Las condiciones de vida de las personas se vieron alteradas de manera sustancial ante los altos niveles de exposición de los países a los impactos que generó la coyuntura económica internacional y la volatilidad de los mercados, que se tradujo en aumento de la informalidad, precariedad laboral, pérdida del salario y mercantilización de los servicios básicos, lo cual trajo como consecuencia altos niveles de pobreza en la región (CEPAL, 2002).

En las reuniones grupales, hemos caracterizado la vulnerabilidad por la percepción de indefensión e incertidumbre en gran parte de la población. La vulnerabilidad aborda la pobreza desde su causalidad, diferenciándose de este concepto por su dinamismo, siendo un concepto mucho más fluctuante en el tiempo. Examina las condiciones de los grupos sociales e individuos a partir de los factores de riesgo por los que estos atraviesan, y que en un momento determinado pueden sufrir un impacto que los conduzca a la condición de pobreza. En este sentido, se refiere a la capacidad de respuesta individual o grupal, ante un determinado riesgo o contingencia que pueda generar un impacto alterando las condiciones de bienestar. Estas condiciones adversas que tienen las personas ante una potencial situación de riesgo la vulnerabilidad las define integrando tres componentes principales: los activos, las estrategias de uso de los activos y el conjunto de oportunidades que ofrecen el Estado, la sociedad civil y el mercado (Busso, 2005).

Por lo tanto, podemos entender como vulnerabilidad aquel estado o zona de riesgo en que se encuentra un individuo, un hogar o un colectivo frente a determinada situación o problemática, esto es, a cierta dificultad u obstáculo que tiene en poder controlar las fuerzas que hacen a su propia vida o existencia. Kaztman (1999) sostiene que la vulnerabilidad no es otra cosa que un desajuste de la relación entre la estructura de oportunidades brindadas por el medio y las capacidades o condiciones de los hogares para poder acceder a aquellas.

De esta forma, el concepto de “vulnerabilidad” ofrece un enfoque que se orienta a las posibilidades de entender por qué diferentes grupos y sectores de la sociedad están atravesados por variables dinámicas y heterogéneas que los conducen a procesos que atentan contra su subsistencia y sus capacidades. Es por esto por lo que se busca entender y describir cuáles son las posibilidades de acceso a las fuentes y los derechos básicos de bienestar y, a su vez, con qué recursos cuentan las personas para la reproducción de su bienestar (Foschiatti, 2004). Asimismo, la existencia de distintos tipos de riesgos, partiendo de dimensiones territoriales y temporales, y de las características de los sujetos, permite construir tipologías de vulnerabilidad, que pueden tomar en cuenta la naturaleza del riesgo y el impacto externo (económico, político, ambiental), o las condiciones de un cierto grupo social (niños, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres) (Busso, 2005).

Y, atendiendo a esos distintos tipos de riesgos, resulta más conveniente hablar de vulnerabilidades que de vulnerabilidad, ya que esto nos permite contemplar no solo la falta o escasez de recursos o condiciones materiales, habitacionales-económicas, sino también acercarnos a estas realidades desde una perspectiva de derechos, y contemplar así aquellas minorías que por alguna condición están más expuestas a verse privadas de ciertos derechos, tales como el acceso a la salud, a la educación, a vivir una vida digna, sin violencia ni discriminación; a su vez, el uso del plural nos permite enfatizar la responsabilidad que el Estado tiene de resguardar o resarcir los derechos vulnerados.

Desde esta perspectiva, pobreza y vulnerabilidad están estrechamente relacionadas, del mismo modo como el concepto de “vulnerabilidad” estaría vinculado con distintos actores y sectores sociales, como pueden serlo las juventudes. Por tal motivo, el concepto de “vulnerabilidad” resulta central en las líneas de investigación que abordamos con ambos GICP, tanto cuando analizamos la pobreza, y sobre todo desde una perspectiva de género, como cuando estudiamos a las juventudes –y las niñeces–. Disolución de los lazos colectivos y comunitarios, un creciente proceso de pauperización de amplios sectores de la población, violencia social e institucional, marginalidad son cuestiones que están visiblemente expuestas cuando se analiza a las juventudes y a la pobreza. Como se refleja en los trabajos expuestos en este libro, precisamente las y los jóvenes como los sectores pobres son los más expuestos a situaciones y contextos de fuertes y profundas vulnerabilidades (“joven, mujer y pobre” constituye, quizás, la “peor” de las “combinaciones” posibles en este aspecto, solo superada, desde nuestra óptica, por la variante “joven, disidencia sexo-genérica y pobre”).

Participación

Según la RAE, “participación” no es otra cosa que la acción de involucrarse en cualquier tipo de actividad en forma consciente o instintivamente. En nuestro estudio analizamos la primera forma, aunque la segunda de ellas está muy presente en todos los segmentos poblacionales que hemos abordado. Lo emotivo o emocional, lo impulsivo, lo que “hay que hacer ya, porque otra no queda”, resultó una constante en todos nuestros recorridos territoriales; sin embargo, nuestra concepción preliminar de “participación” giró, y gira, en torno a lo racional, a lo consciente, al resultado de un proceso previo. Por tal motivo, ya se trate de juventudes o de sectores pobres, nos centramos en la participación racional en “espacios públicos”, esto es, en la participación política, comunitaria y social.

Si bien en los estudios sobre participación en espacios públicos suele diferenciarse la participación ciudadana de la participación política, comprendiendo la primera todos los derechos políticos (elegir y poder ser elegido, ocupar cargos públicos, etcétera) y demás derechos y obligaciones otorgados por la Constitución nacional, y la segunda, la participación en fuerzas políticas principalmente, como grupo de investigación acordamos definirla en un mismo conjunto como participación política, destacando la participación en un partido o una fuerza política como participación político-partidaria. Este enfoque de “ciudadanía” otorgado a la participación política nos permite observar los distintos grados de compromiso y responsabilidad de los colectivos estudiados (juventudes y mujeres pobres principalmente) y su importancia para la identificación y el dimensionamiento de las problemáticas que los afectan. En el GICP de juventudes, trabajamos especialmente la cuestión de la participación política, tanto en el capítulo dedicado a la composición de la Cámara de Diputados de la Nación, como en el que analizamos la influencia de la enseñanza de la ESI. Es así como nos encontramos, por ejemplo, con desplazamientos de las políticas para y por las juventudes hacia otras con y desde las juventudes, en las cuales se destacan la participación juvenil en procesos de reflexión, toma de decisiones y ejecución de las políticas públicas, la realización de acciones impulsadas autónomamente por colectivos y organizaciones de la sociedad civil y el ejercicio de una ciudadanía juvenil.

A su vez, la participación político-partidaria la tomamos como el conjunto de aquellas actividades dirigidas a intervenir en la designación de las y los gobernantes o influir en ellos con respecto a una política estatal. Suelen orientarse a través del propósito de tomar parte en el proceso de formulación, decisión e implementación de políticas públicas. También, tal como lo muestra esta investigación, en este tipo de participación hay un objetivo o una meta que es formar parte de los espacios de poder. No solamente la posibilidad de “colaborar”, de “hacer número” o de elegir y participar en el proceso electoral, sino de ser elegidos, formando parte activa de una organización político-partidaria.

Tanto en el capítulo relacionado con las juventudes y las sustancias de uso problemático, como en los tres capítulos dedicados a la relación pobreza y género, nos centramos en la participación comunitaria primordialmente, acompañada con la participación social; la participación política ocupó un lugar por demás secundario, efecto mismo de los propios resultados obtenidos y de lo constatado en el trabajo de campo. De lo anterior, consideramos que la participación comunitaria puede ser entendida como una forma de intervención en la que se ponen en juego y se negocian percepciones, autorrepresentaciones, sentidos e identidades colectivos, desde los cuales se problematiza la realidad y se elabora agenda pública. Esto puede verse palpablemente en el caso del merendero Emmanuel, como en el caso de las beneficiarias del plan Ellas Hacen o de las mujeres entrevistadas en Villa Fiorito, tratados en los capítulos V-VII. Asimismo, puede apreciarse con los referentes barriales en las Comunas 8 y 9 de la zona sur de CABA al analizar la relación comunidad-Estado-juventudes en torno a la cuestión del consumo de sustancias problemáticas. Como sostienen Valente e Higuera en el capítulo V,

con este sentido de pertenencia colectiva –en torno a los espacios comunitarios y la cotidianidad– sobre los cuales se problematizan experiencias y se elaboran percepciones, la acción colectiva se impone como una herramienta de disputa y resolución a las demandas que en ella se elaboran.

Siguiendo a Briceño-León (1998), el involucramiento en los asuntos de la comunidad de pertenencia, aun estimulado por el propio Estado promoviendo “desde “arriba” formas de movilización de los actores comunitarios, desde la creación de centros polideportivos, por ejemplo, resulta esencial a la hora de combatir y enfrentar ciertas problemáticas que afectan a todo el tejido social. Y eso se puede observar también en las movilizaciones autónomas y autogestivas, viniendo desde “abajo hacia arriba” e incidiendo en el accionar del Estado al respecto. Como sostiene Briceño-León, y recalcado por Valente e Higuera,

en cualquiera de los casos, puede pensarse como un reforzamiento de la democracia mediante la organización de la sociedad civil, bien como un recurso contestatario y crítico frente a la desatención del Estado o como una rearticulación del vínculo Estado-sociedad.

La participación social, por su parte, abarca cualquier tipo de actividad relacionada con lo esencialmente social, estrechamente vinculada con la noción weberiana de “acción social”, ya que este tipo de acciones “tiende a mejorar, transformar o revertir determinada situación social de manera consciente”. Este tipo de participación suele confundirse con la comunitaria, por eso muchas veces se habla de participación sociocomunitaria al referirse a este tipo de involucramiento personal o colectivo. La principal función o finalidad de la participación social es la defensa y movilización de intereses sociales y colectivos y la concientización social al respecto. En el capítulo de la composición de la Cámara de Diputados, al hablar del colectivo femenino, o en el de la ESI, al referirnos al colectivo LGBTTTIQ+, puede apreciarse claramente este tipo de participación (si bien hay muchas y diversas formas de participación social, los casos emblemáticos de las marchas y movilizaciones del Ni Una Menos y la “marea verde” que condujo a una fuerte concientización social sobre el aborto y la posterior sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo –IVE– constituyen muestras cabales del grado de influencia en la toma de decisiones de este tipo de participación).

Juventudes

El cuarto concepto central para nuestro trabajo de investigación es el de “juventudes”, al cual le sumamos también el de “niñeces”. ¿Por qué en plural y no en singular? Porque consideramos necesario remarcar que el ser niña o niño, adolescente y joven es una construcción social y, como tal, abarca una multiplicidad de aspectos, mediados por la cultura, el contexto, el género, la etnia, etcétera, que influyen en la forma de transitar esta etapa, que de ninguna manera puede homogeneizarse en una única forma de ser niña, niño, adolescente y joven. Y, si bien para la niñez o adolescencia podemos trazar ciertos parámetros relacionados con el crecimiento físico-psíquico, para la juventud esto ya se torna complejo.

Desde la biología o la psicología, se pueden trazar características que definan la categoría “joven” a partir de ciertos atributos universales y naturales, como ser la edad o el desarrollo psicofísico; en cambio, desde las ciencias sociales, definirla con parámetros universales, únicos e inmutables se ha tornado prácticamente imposible. Por tal razón, en los últimos años, ya entrado el presente siglo, existe cierto consenso en el campo académico de utilizar el término “juventud” en plural.

La construcción de la categoría “joven” es producto del acuerdo social y, como tal, está sujeta al contexto sociocultural y político y a las diversas luchas y reivindicaciones de diferentes y múltiples actores. En este sentido, construir dicha categoría a partir de determinado grupo etario desconocería las marcadas diferencias existentes entre las distintas sociedades y en su interior: aunque la edad sea una referencia por considerar, no resulta determinante para definir a la categoría “joven” y mucho menos para hablar de “juventud”. Como sostiene Rossi (2009), el rango etario carece de extensión explicativa universal al no considerar ni el entorno, ni las relaciones sociales ni las particularidades concretas.

Reguillo (2013) reafirma la heterogeneidad y complejidad de la categoría “joven”, debido a que las y los jóvenes no comparten los mismos modos de inserción en la estructura social, configurando sus esquemas representativos campos de acción diferenciados y desiguales. En este aspecto, señala que pueden reconocerse dos tipos de actores juveniles con relación a la vinculación con el sistema social: los “incorporados” y los “alternativos” o “disidentes”; de todos modos, ello no implica que tanto unos como otros se comporten como actores diferentes y heterogéneos a su interior.

Tanto Vázquez (2015) como Vommaro (2016) y Feixa y Oliart (2016) enfatizan el uso plural del término, ya que la configuración de las juventudes solo es posible teniendo en cuenta cuestiones como la clase, la etnia, el género, el elemento generacional, el contexto, etcétera, y no solamente la edad y su evolución físico-psíquica. Como fuera anticipado por Braslavsky en 1986, definirse como “joven” implica relacionarse con una gran variedad de actores, grupos y personas con características heterogéneas, lo que lleva a “pensar” a la juventud en “plural”. Citando a Vázquez (2015), podemos coincidir en que la “producción social de las juventudes es heterogénea”, ya que “son múltiples los contextos, los actores y las maneras en que son producidas”.

Este reconocimiento a la pluralidad de la categoría “joven” resulta fundamental tanto para la proyección e implementación de políticas públicas relacionadas o dirigidas a estos sectores, como para su tratamiento y estudio por parte de los distintos organismos nacionales e internacionales, universidades y demás instituciones y organizaciones interesadas en la problemática de las y los jóvenes.

En definitiva, el uso del plural para trabajar la categoría “joven”, esto es, hablar de “juventudes”, implica la existencia de múltiples y variadas producciones de dicha categoría, como también muchas maneras de ser joven, como sostiene Vázquez. Por lo cual debemos tener presentes en nuestros estudios y proyectos políticos (tanto de acción como de gestión) esta pluralidad y esta heterogeneidad que caracterizan a las juventudes en pleno siglo xxi.

Diversas organizaciones internacionales han tratado de delimitar a la juventud a un determinado rango etario (generalmente de entre 15 y 24 años) con el fin de elaborar una guía práctica sobre políticas públicas pertinentes a ellas que van desde políticas de inclusión y terminalidad educativa, hasta la generación de iniciativas que fomentan la formación ciudadana y la participación política. Como ya dijimos, y siguiendo a Melina Vázquez (2015), la producción social de las juventudes es heterogénea porque son múltiples los contextos, los actores y las maneras en que son producidas. Vommaro (2016) sostiene que no existe un sujeto joven homogéneo, sino una multiplicidad de posibilidades de constitución, aparición y presentación de ese sujeto en el mundo social. Se entiende entonces la noción de “juventud” de una forma plural, tratando de dar cuenta de la diversidad de juventudes que pueden coexistir en un contexto determinado. Es por ello por lo que hay que tener presente el carácter situado y relacional del término en cuanto que la noción de “juventudes” debería tomarse en calidad de sujetos construidos social e históricamente, encontrándose distintas formas de ser joven, configuradas por lo que se espera de ellos en determinada sociedad y momento específico.

Criterios y estrategias de la investigación

Luego de haber debatido, y consensuado en gran parte, los conceptos centrales sobre los que iban a girar las investigaciones de ambos GICP y haber acordado llevar a cabo una perspectiva de género y de construcción de ciudadanía, como así también lo que comprendemos como política social y como análisis de las políticas públicas, comenzamos a establecer los criterios y estrategias a seguir, tanto a nivel general como a nivel particular de cada equipo y eje de trabajo.

Cabe destacar que cada equipo se ha centrado en un aspecto, en una dimensión de esa cuestión socialmente problematizada, tanto sobre las juventudes como sobre la pobreza. Asimismo, cada eje tuvo su propia estrategia metodológica en función de los marcos teóricos construidos y de los diversos objetivos formulados en sus respectivos diseños de investigación. De todos modos, podemos trazar, en líneas generales, un marco “común” para todos los equipos y ejes en que se dividieron ambos GICP: la realización de un “estado del arte” sobre las problemáticas escogidas; la búsqueda de información estadística y recopilación de datos existentes, tanto del sistema nacional de estadísticas, como de estudios privados, sobre las problemáticas planteadas o relacionadas con ellas, centrándose en una franja etaria comprendida entre los 16 y 30 años principalmente, pero sin descuidar datos generales y de otras franjas etarias a los efectos de realizar comparaciones (teniendo en cuenta también los desagregados existentes en virtud del género, la ocupación, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, la región, etcétera); preparación y puesta en marcha de un trabajo de campo consistente en un recorrido etnográfico del territorio específico escogido, dentro del AMBA, en encuestas –tanto en el “campo” como online–, y la realización de focus groups sobre la base de aspectos o problemáticas específicos en cada área trabajada.

La investigación tomó como limitación territorial el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a excepción de la participación parlamentaria de las juventudes, y como población objeto de estudio a la franja etaria de entre 16 y 30 años para el GICP de juventudes (más allá de la aclaración que hacemos en la conceptualización del término cuando enfatizamos su pluralidad) y a las niñeces, juventudes, mujeres y disidencias sexo-genéricas para el GICP de pobreza.

El objetivo general de ambos grupos consistió en el análisis de distintas problemáticas desde nuestra perspectiva y la de los propios actores y sujetos intervinientes directa o indirectamente, a los efectos de establecer ciertas herramientas para la generación de iniciativas que permitan una real inclusión de los sectores más vulnerables de la población. Como período de tiempo de análisis, tomamos desde la crisis de diciembre de 2001 hasta un poco más de la mitad del gobierno del Frente de Todos, lo que no implica que no se haga mención –o se haya analizado– a la década menemista y al breve gobierno de la Alianza.

En relación con el GICP de juventudes, como dijimos, la población objeto de estudio es la comprendida entre las y los jóvenes de entre 16 y 30 años, teniendo en cuenta las franjas etarias “oficiales” en términos estadísticos, aunque se reconoce un universo ampliado debido a nuestra posición respecto a la “pluralidad” del término “joven”, reconociendo a las “juventudes” en plural y no a la “juventud” en singular. De todos modos, y con la excepción de la composición de la Cámara de Diputados y de la participación político-partidaria, en nuestro estudio hicimos hincapié en la franja comprendida entre los 18 y 24 años, principalmente por ser la franja etaria mayoritaria de las y los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Si bien la idea original del GICP era analizar la posición y actuación de las y los jóvenes estudiantes universitarios o graduados recientes y, de este modo, extraer conclusiones y propuestas para dichos sectores, se trató finalmente de centralizar la propuesta en todos los sectores sociales, principalmente en aquellos sectores considerados más vulnerables.

Respecto al GICP de pobreza, el objetivo primario consistió en trazar un mapa propio de la pobreza en el AMBA, esto es, establecer una localización de los barrios populares en el Área Metropolitana de Buenos Aires a los efectos de comparar la información con los resultados arrojados por el RENABAP, a lo que se sumaron propuestas de análisis de problemáticas específicas en torno a la situación de pobreza. En este caso, se optó por centrarse en una perspectiva de género y en la problemática del hábitat, la participación comunitaria y la situación de la llamada “primera infancia” tanto en su cuidado como en el aspecto nutricional.

El abordaje metodológico se pensó, en una primera instancia, como un enfoque de carácter “mixto”, esto es, un enfoque cualicuantitativo. Sin embargo, la propia dinámica de cada equipo y eje temático llevó a adecuar esta idea originaria, manteniendo algunas premisas en lo que respecta al análisis cualitativo, como ser la percepción de la población implicada y referentes territoriales en cada caso y la opinión de especialistas y agentes gubernamentales. Con la excepción de la participación legislativa de las juventudes, en la cual primó el análisis cuantitativo, en el resto de los estudios el análisis cualitativo fue preponderante en el trabajo de campo, aunque no por ello se dejaron de lado las estadísticas oficiales o de organizaciones no gubernamentales, principalmente educativas. Como se puede apreciar en la mayoría de los informes presentados, al enfocarnos principalmente en la “tradición cualitativa”, pudimos captar la forma en que el mundo es comprendido y experimentado por los propios individuos, los sujetos “situacionales”, como sostiene Vasilachis (2006), debido a que se vuelve relevante el contexto mismo en donde ellos construyen sus sentidos y significados, elaborando sus propias perspectivas.

La estrategia metodológica, en definitiva, previó la obtención y el análisis de datos primarios y secundarios. Los datos primarios fueron esencialmente de carácter cualitativo, como ya lo indicamos, y fueron el producto de entrevistas en profundidad a mujeres y jóvenes de distintas localidades del AMBA, tanto de algunas comunas de CABA, como de localidades del Gran Buenos Aires del primer cordón industrial y de la zona de Escobar. Por su parte, los datos secundarios fueron obtenidos de fuentes estadísticas y documentales de organismos públicos (nacionales, provinciales y municipales) y de organizaciones de la sociedad civil y de instituciones académicas y científicas.

Por último, y haciendo mención del acuerdo sobre el lenguaje por utilizar, debemos aclarar que esta cuestión entró en discusión una vez concluidos los trabajos de campo y en el momento de comenzar la etapa final de cada investigación, esto es, la confección del informe escrito. Si bien la mayoría de las y los investigadores de ambos GICP concordamos con el lenguaje inclusivo, no hubo consenso en la forma de llevarlo a la práctica, ya que cada uno tenía su propia manera de expresarlo por escrito, ya sea con @, X o E, por ejemplo, por lo cual se resolvió no utilizar este lenguaje para poder uniformar la escritura, aunque sí hacer hincapié en el uso de “las y los” y de “todas y todos”.

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