Una mirada comunicacional a las dinámicas de la protesta social en Río Cuarto

Claudia Kenbel y María Eugenia Isidro

Resumen

Los resabios de la década del 90 continúan en este ciclo de protestas que va desde 1998 hasta el año 2000. El período se destaca por la presencia de distintos signos políticos a nivel nacional, provincial y local, lo que traerá cambios en políticas públicas, sobre todo de tipo económicas, con repercusión en servicios a cargo del Estado como la educación, la salud y el trabajo en dependencias públicas. Como respuestas a estas políticas, el sector trabajador organizado en sindicatos sale a la calle, realiza paros y movilizaciones, aunque a medida que nos acercamos al 2000, toma preeminencia un actor que será protagonista en el estallido del 2001 a nivel nacional: el colectivo de trabajadores desocupados. Las demandas de las protestas ya no ponen el foco solo en mejoras laborales, sino en el acceso al trabajo con originales repertorios de acción que incluyen a ciudadanos y ciudadanas con demandas básicas insatisfechas como el alimento.

Desde una perspectiva comunicacional, buscamos dar cuenta de los datos más significativos de este período, destacando los actores, qué demandan, cómo lo hacen y de qué modo se organizan, así como el contexto en que ocurren.

Introducción

Aportes para pensar las protestas sociales desde la comunicación

La protesta social es quizás, en los últimos tiempos, la acción directa más popular y eficaz con la que cuentan los ciudadanos y ciudadanas para hacer visibles sus demandas y reclamos, hacer escuchar su voz y ejercer la ciudadanía. En consecuencia, también se ha convertido en un fenómeno ampliamente abordado por las Ciencias Sociales desde diversas disciplinas, principalmente, la Ciencia Política y la Sociología, y desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas. En este capítulo continuamos con el mapeo socio histórico de la protesta social en la ciudad de Río Cuarto que nos propusimos realizar en el marco de esta investigación, específicamente nos centramos en el ciclo comprendido entre 1998 y 2000, es decir, la antesala del estallido social del 2001. Sin embargo, antes de comenzar nos resulta oportuno señalar dos perspectivas de abordaje desde las Ciencias de la Comunicación, ámbito disciplinar de las autoras, que entendemos, pueden aportar al estudio de las protestas sociales.

Por un lado, el reconocimiento de la comunicación como “ámbito de debate socio político cultural, también económico y tecnológico donde los sujetos organizan sus vincularidades en función de objetivos y propósitos” (Uranga y Thompson, 2016, p. 39) está estrechamente vinculada a la noción de ciudadanía en tanto “modo específico de aparición de los individuos en el espacio público, caracterizado por su capacidad de constituirse como sujetos de demanda y proposición en diversos ámbitos vinculados con su experiencia” (Mata, 2002, p. 67). Se asocia al “reconocimiento recíproco”, es decir, “al derecho a hablar y ser escuchado, imprescindible para poder participar en las decisiones que conciernen a la colectividad” (Martín–Barbero, 2010, p. 47). En este sentido, la comunicación posibilita poner en circulación sentidos y generar espacios de confrontación de ideas, tan necesarios para el ejercicio ciudadano y la vida en democracia.

Y de manera complementaria, la comunicación, vía los medios masivos, “dota de existencia pública a los individuos visibilizándonos ante los demás y permitiendo verse representarse a sí mismos” (Martín–Barbero, 2010, p. 68). Los medios cobran una gran relevancia en torno a las protestas sociales en tanto permiten ampliar la visibilidad de los reclamos, condición existencial para que las acciones colectivas no sólo sean visibles por aquellos que ocasionalmente pasan por el lugar, sino también por los demandados y la sociedad en general, sin embargo, “las voces de quienes protestan van a pasar necesariamente por el filtro que les imponen los medios, por lo tanto el mensaje ya no será el de quienes protestan sino el que los medios dicen que los que protestan dicen” (Berti y Cantú, 2020, p. 46). Es decir, el tratamiento que los medios hacen está condicionado por la manera en que enfocan la información, por aquello que visibilizan y lo que ocultan. Se enfatiza así la “necesidad de distinguir entre la protesta como hecho y su construcción como acontecimiento mediático y la importancia que revisten los procesos de significación como otro aspecto a tener en cuenta en el estudio de las acciones colectivas” (Berti y Cantú, 2020, p. 37). Pues “la lucha no se libra tan solo en el campo social (a través de prácticas específicas) sino que tiene lugar también en (o se da a través de) las no menos importantes disputas por las significaciones que encuentran en los medios un lugar privilegiado” (p. 38). Si aceptamos esta aserción, prosiguen las autoras, estudiar la protesta supone atender el cruce entre los abordajes de índole más sociológica y política con aquellos que los estudios sobre medios nos pueden ofrecer.

En definitiva, desde el campo comunicacional hay, al menos, dos cuestiones que nos resultan relevantes en el marco de este capítulo. Por un lado, entender que las construcciones discursivas que hacen los medios de comunicación suponen perspectivas parciales sobre las protestas que visibilizan que no necesariamente son todas las que acontecieron^[1]. Por otro lado, y de manera complementaria, el aspecto vincular de la comunicación en la construcción de colectivos y movimientos sociales, así como de disputa de sentidos en el espacio público y en el marco de la ampliación de derechos ciudadanos, cuestión susceptible de ser abordada en estudios posteriores a la presente investigación.

Ahora sí, hecha esta primera aproximación al abordaje que proponemos, nos adentramos en las protestas del ciclo 1998–2000. Protagonizadas principalmente por trabajadores y trabajadoras organizados en instituciones sindicales que reclaman en contra de las políticas económicas de recorte presupuestario y las reformas estatales tendientes a la privatización tanto a nivel nacional como provincial. En este periodo se contabilizaron 115 protestas que tuvieron lugar en la ciudad de Río Cuarto según el registro del diario Puntal^[2]. Al interior del ciclo, así como se identifica un crecimiento progresivo de la cantidad de protestas a lo largo de los años (34 fueron relevadas en 1998, 37 en 1999 y 44 aparecen retratadas en el 2000), también observamos el aumento progresivo de aquellas cuyos actores centrales son los ciudadanos y ciudadanas desocupados que reclaman el acceso a un trabajo, muestra del correlato local de la creciente conflictividad social que se vivió por entonces a nivel nacional en la antesala de la crisis económica, social y político institucional que estalla en Argentina en el 2001^[3]. Los invitamos a recorrer más en profundidad las protestas de fin de siglo.

Dimensión situada. El neoliberalismo en el corazón del país

El ciclo 1998–2000 se explica en buena medida por los impactos del modelo neoliberal que se instaura desde inicios de la década del ‘90 en el país y la región. En este apartado reconstruimos las principales coordenadas de ese proceso para situar las acciones de protesta identificadas. Retomamos materiales secundarios provenientes de investigaciones que se han interesado especialmente por lo que sucedió durante el ciclo analizado en la provincia de Córdoba y la ciudad de Río Cuarto, escenario de la investigación. Veamos.

Las secuelas del proceso iniciado en 1976 con la última dictadura cívico militar se ponen de manifiesto en los años siguientes a la recuperación de la democracia. A partir de la segunda mitad del gobierno de Alfonsín (1983–1989) se produce un deterioro de la situación económica y social, agravándose la calidad de vida de los sectores medios y bajos, escenario que se profundiza más aún con el programa económico neoliberal implementado por Carlos Menem, quien gobernó Argentina durante una década (1989–1999).

De acuerdo a Retamozo (2011),

en el marco del Consenso de Washington^[4], las recomendaciones de liberalización comercial, privatizaciones, apertura y desregulación del mercado y ajuste estructural fueron en gran parte seguidas por la administración de Carlos Menem por lo que el país se convirtió en un ejemplo de las políticas impulsadas por los organismos internacionales. (p. 4) 

Esto trajo como consecuencia la precarización del empleo, la flexibilidad laboral y una alta concentración económica que contribuyó al aumento de las desigualdades sociales y a una desocupación sin precedentes.

La provincia de Córdoba no estuvo al margen de estas políticas acogidas a nivel nacional. Según reconstruye Carlos Reynoso (2017), Eduardo Angeloz, entonces gobernador de la provincia de Córdoba, por la fuerza política Unión Cívica Radical (en adelante UCR) y opositor al modelo del Ejecutivo Nacional, proyectó a la provincia “como una alternativa (posible)” (p. 54), buscando colocarla como un “modelo a seguir”, distinto de lo que pasaba a nivel central. La preeminencia del partido político radical (primero con Angeloz y luego con su sucesor Ramón Mestre) desde la vuelta a la democracia, se vio interrumpida por el triunfo del peronismo cordobés de José Manuel de la Sota en 1999, cuya fuerza política gobierna hasta la actualidad (2022)^[5]. Lo mismo sucederá a nivel nacional, a los 10 años del gobierno peronista de Carlos Menem (1989–1999), le siguió el triunfo del gobierno de la Alianza (UCR FREPASO) con la presidencia de Fernando de la Rúa y Carlos Álvarez.

En síntesis, en relación a las coordenadas políticas del ciclo que analizamos (1998–2000), a nivel nacional sucedieron dos gobiernos de distinto signo político, Carlos Menem hasta 1999 y luego Fernando de la Rúa. A nivel provincial, ocurrió un proceso similar, de Mestre (UCR, 1995–1999) a José Manuel de la Sota (PJ) que retomó el poder en 1999 y gobernó la provincia en tres oportunidades no consecutivas (1999–2007 y 2011–2015).

De acuerdo a Arriaga, Franco, Medina y Natalucci (2012), la perspectiva provincial con la que se encontró Ramón Mestre en 1995 no era “prometedora”, ya que “la provincia se encontraba sin financiamiento y con una grave crisis social y política” (p. 39). Los autores señalan que ese período “se constituyó como un gobierno de transición: de desarticulación del Estado de bienestar y de su reorganización bajo postulados neoliberales y también de transformación de los modos de participación y construcción política precedentes” (Arriaga, et al., 2012, p. 48).

Como sostiene Reynoso (2017), la gestión de Mestre se caracterizó por “una búsqueda de reordenamiento administrativo y financiero” (p. 57) y lo hizo a partir de leyes nodulares que marcarían su impronta de gobernabilidad. A decir de Arriaga (2012), estas normas se expresaron en la reducción de personal y de salarios. A su vez, se estableció un límite al derecho a huelga de los trabajadores estatales, “por el cual una vez llamada la conciliación obligatoria ni aquellos ni las entidades gremiales podían disponer de una medida de fuerza que afectara la prestación del servicio público, bajo la advertencia de aplicar descuentos en sus remuneraciones” (p. 43).

Según Reynoso (2017), la reducción del personal del Estado fue uno de los datos más significativos durante el gobierno de Mestre. El cambio de paradigma de la administración pública, la racionalización del gasto público y la falta de articulación con sectores sociales y políticos tuvo como correlato la movilización de diferentes sectores estatales y no estatales. En síntesis, la gestión de Mestre significó un desmantelamiento del Estado interventor en áreas sociales y coincidentes con los principios del gobierno nacional, modificó no sólo las estructuras burocráticas y administrativas del Estado, sino que transformó los niveles de participación y de consenso que caracterizaban al gobierno de Angeloz (p. 58).

A nivel local, durante el ciclo de protesta analizado, se sucedieron las intendencias de Antonio Rins por la Unión Cívica Radical (1991–1999) y de Alberto Cantero (1999–2004) por el Partido Justicialista. Nótese que se presenta la misma situación que a nivel nacional y provincial de signos políticos opuestos que se suceden en los años analizados.

En términos socio económicos, la cifra de desempleo en Río Cuarto, que por entonces contaba con unos 156.800 habitantes, promedió el 12%^[6] en los años analizados, dado que la crisis que atravesaba el país y que fuera reseñada anteriormente, afectó sus actividades económicas centrales^[7] puesto que la ciudad actúa como centro de comercio y servicios en una región con predominio de la actividad agropecuaria.

Según un informe especial publicado por el diario Puntal^[8], hacia 1998 el 52% de la actividad económica local estaba concentrada en lo comercial y de servicios; el 34% al sector agropecuario y el 14% a la actividad industrial. En este sentido, Río Cuarto puede ser caracterizada como una agrociudad (Carniglia, 2015) en tanto en la ciudad funcionan comercios proveedores de insumos, casas matrices de empresas agropecuarias nacionales y regionales, bancos que ofrecen servicios financieros para el ámbito agropecuario, instituciones públicas y privadas vinculadas a la actividad, industrias transformadoras de productos agropecuarios, entre otros. Al mismo tiempo, dada esta dinámica económica, la ciudad brinda otros servicios que completan las necesidades comerciales de las empresas, tales como: numerosas plazas hoteleras, servicios de gastronomía, salones de reuniones y eventos, entre otros (Maldonado y Finola, 2017).

Con este breve racconto de coordenadas, empezamos a desandar los datos más significativos del ciclo 1998–2000 agrupados en tres aristas de análisis: los actores, las demandas y los repertorios de acción de las protestas sociales.

Los trabajadores y trabajadoras, históricos protagonistas de las protestas sociales

El actor colectivo^[9] más movilizado en el ciclo 1998/2000 de acuerdo a las notas periodísticas del diario Puntal fue el de los trabajadores y trabajadoras, de los que se destaca su pertenencia a los siguientes sectores: educación (26)^[10], servicios (13), administración pública (11), en general (11) y salud (8). Estos números se integran a la lectura general del período analizado (1989/2003) y muestran el amplio protagonismo de este actor colectivo como movilizador de acciones de protesta a nivel local.

Los actores que siguen de acuerdo a las notas periodísticas son los ciudadanos y ciudadanas (11), los estudiantes (9), los desocupados y desocupadas (8) y los familiares y amigos (7).

Gráfico 1. Actores de las protestas sociales ciclo 1998–2000 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos recolectados en diario Puntal. 

Dentro del grupo trabajadores y trabajadoras, las diferencias más notorias se vinculan a los rubros de pertenencia. Mientras los vinculados a la educación aparecen como constantes en los tres años relevados, los relacionados a servicios se destacan en el año 2000. Más adelante en este capítulo analizamos el vínculo de los actores con las demandas que los agrupan y motivan la visibilidad de las protestas.

Otro dato que interesa relevar se refiere a la forma organizativa con la cual los actores se manifiestan públicamente. En el gráfico 2 se muestran los resultados.

Gráfico 2. Formas organizativas de los protagonistas de las protestas sociales en el ciclo 1998–2000 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos recolectados en diario Puntal. 

Al igual que en el período total analizado (1989/2003), puede apreciarse una tendencia que privilegia ampliamente los formatos de carácter institucionalizado (principalmente la acción sindical gremial) en los tres años que constituyen el ciclo de protesta (1998/2000) con un total de 61 notas sobre 115 relevadas; luego siguen las iniciativas de tipo autoconvocadas (20), y las protagonizadas por multisectoriales (11). Completan el gráfico las formas organizativas de tipo institucionalizada territorial (7), estudiantil (3), otras (2)^[11] y empresarial (1).

Si realizamos una lectura integrada acerca de los actores de las protestas sociales, podemos observar la relación directa entre las formas organizativas institucionalizadas, por caso, en sindicatos y gremios, con quienes se han movilizado. De esta forma, los trabajadores y trabajadoras de la educación agrupados principalmente en gremios (UEPC, SADOP, AGD), así como en organizaciones de segundo grado, caso confederaciones (CTERA, CONADU), encabezan las movilizaciones en el período 1998/2000. Por ejemplo, en abril de 1999 UEPC y SADOP congregados en la CTERA llamaron a la realización de un paro sin asistencia a los lugares de trabajo para demandar al gobierno nacional el cobro del incentivo docente en el marco de un pedido generalizado por mejoras salariales y laborales. En septiembre del año 2000, días previos a la conmemoración del Día del Maestro, se realizaron lecturas de cartas en los actos de los colegios con fuertes críticas al gobierno nacional y a los intentos de “tercerizar” la educación, lo que al entender de los gremios ponía en peligro la calidad educativa y generaba precarización laboral^[12]. Lo que variará luego en los acontecimientos retratados por el diario es cómo ha resultado la convocatoria a nivel local dependiendo, por ejemplo, si a los y las docentes les descuentan o no la ausencia.

Ejemplos de protestas protagonizadas por trabajadores y trabajadoras vinculados a la administración pública son las que han realizado los bancarios en 1998 ante la inminente “fusión de bancos (social y provincia de Córdoba)” y la “posible privatización del Banco Nación a nivel nacional”, lo cual representa un caso con seguimiento por parte de la prensa por varios meses por las consecuencias del hecho y la centralidad de las organizaciones en cuestión^[13].

En torno a trabajadores relacionados a servicios, se pueden mencionar las movilizaciones protagonizadas por taxistas y remiseros para pedir mayor seguridad en el trabajo o mejoras en las tarifas de sus prestaciones. En todos los casos prevalecen las formas organizativas institucionalizadas tipo gremios/sindicatos y la formación de multisectoriales con aliados en general institucionalizados.

Por su parte, las modalidades organizativas autoconvocadas han sido mayoritariamente protagonizadas por actores colectivos agrupados en las categorías vecinos y vecinas, ciudadanos y ciudadanas, estudiantes, familiares y amigos y desocupados y desocupadas. Ejemplos que podemos mencionar los constituyen protestas vinculadas a hechos de violencia o accidentes de tránsito que motivan la movilización de familiares y amigos para pedir justicia y celeridad en las causas. Estudiantes del Colegio Normal que en noviembre del año 2000 hicieron una sentada frente al edificio para pedir mejoras edilicias ante la presencia de murciélagos. Un grupo de vecinos y vecinas pidió la reincorporación de un médico contratado por el Municipio en un dispensario y que fuera despedido por “irregularidades administrativas”^[14]. Protestas frente a hipermercados de la ciudad por parte de familias de desocupados y desocupadas para pedir alimentos^[15], así como también medidas de fuerza protagonizadas por “comercios ligados al sector agropecuario” y un “grupo de empresarios de la zona sur de la ciudad” en apoyo a un paro convocado por entidades agropecuarias durante una semana en abril de 1999.

Finalmente, en torno a las formas organizativas multisectoriales, mencionamos algunos ejemplos: en 1998, una convocada por el CECIS y contribuyentes individuales para manifestar su desacuerdo ante un impuesto inmobiliario urbano que se implementó sin previos avisos, medida que contó con aliados institucionalizados tales como el Defensor del Pueblo, dirigentes vecinalistas, el CECIS y legisladores opositores al gobierno provincial. En el 2000, una multisectorial formada por “los universitarios” se manifestó en contra del recorte presupuestario anunciado para la educación superior, con focos en Salta, La Plata y en un contexto de “pobreza” y “falta de alimentos”. Hicieron parte del paro sin asistencia a los lugares de trabajo y de la realización de una marcha, las federaciones que agrupan a la comunidad universitaria y sus distintos estamentos: CONADU por el personal docente, FATUN por los no docentes y la FURC por los estudiantes.

Dimensión de la movilización. Demandas y repertorios en el espacio público

Como ya se ha reseñado en capítulos anteriores, la movilización refiere a la acción contenciosa en sí misma, es decir, la dinámica concreta de la protesta a través de la irrupción en un tiempo determinado y explicitando una demanda que se manifiesta por un/os canal/es específico/s. Para su abordaje interesan el estudio de las demandas (el para qué de la protesta), los repertorios de acción (las formas en que se visibilizan las protestas), los recursos organizativos a los cuales recurren los actores colectivos para concretar las demandas y la cronología de las protestas (surgimiento y duración).

Mientras que referirnos a los actores explora quiénes protestan y de qué forma se organizan, la movilización hace referencia al por qué o para qué, al cómo, con qué y cuándo esos actores se hacen visibles. Toda acción colectiva tiene que cumplir con la condición necesaria de la visibilidad, es decir ser visibles no sólo por aquellos que ocasionalmente pasan por el lugar de la protesta sino también por los demandados y la sociedad en general (Schuster y Pereyra, 2001). Se trata de una condición existencial que deben cumplir las acciones colectivas para ser escuchadas y lograr instalarse en la agenda mediática y pública. En este sentido, el espacio público es fundamental para hacer valer la ciudadanía pues es allí donde “los ciudadanos pueden expresarse, peticionar, deliberar, exigir el cumplimiento de sus derechos y garantías básicas”, en definitiva, “alcanzar el reconocimiento como sujetos de una construcción social” (Schuster, 2005, p. 74). Espacio público y ciudadanía son, para el autor, dos conceptos que se necesitan mutuamente por sus implicancias en términos de derechos. Actualmente, según sostiene Schuster (2005) esa articulación se da en forma

problemática y conflictiva, en tanto los derechos no son necesariamente garantizados de modo universal por todos los estados a todos los ciudadanos y, por otra parte, las necesidades y demandas se extienden y transforman al punto de que el espacio público es el lugar de redefinición de derechos y garantías. (p. 72) 

En este escenario y, siguiendo a Carlosena (2017), la comunicación puede ser entendida como

un derecho ciudadano, como proceso de interacción que favorece los intercambios de experiencias y proyectos, como constructora de vínculos y propulsora de acciones colectivas transformadoras, facilitadora de los diálogos para conocer lo que pasa en la sociedad, visibilizadora de las demandas, de los sueños y propuestas. (p. 80) 

Asumida de este modo, es la puerta para la asunción de otros derechos civiles, políticos, sociales y económicos. Permite además argumentar y dotar de sentido a la movilización colectiva ya no solo en términos de demandas y reclamos, sino de propuestas surgidas de las experiencias y las utopías de los movimientos sociales. Veamos entonces qué demandas y recursos fueron puestos en el espacio público por los actores de las protestas sociales en el ciclo 1998–2000.

Demandas

Las protestas se articularon fundamentalmente en torno a demandas vinculadas a la política económica (35) y a cuestiones laborales (16), sumando entre ambas el 44% sobre el total de las acciones registradas. Otras demandas que se destacan en este periodo son las salariales (11), las vinculadas a los derechos humanos (9), la educación (9), el trabajo (7), la seguridad (7) y la justicia (7). En un número más bajo se encuentran protestas que tuvieron como foco de reclamo a la salud (5), la política social (5), el gobierno (3) y la seguridad social (1). En el gráfico 3, podemos observar más detalladamente la distribución porcentual de las demandas.

Gráfico 3. Porcentaje de demandas sobre el total de protestas del ciclo 1998–2000 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos recolectados en diario Puntal. 

En relación a las demandas vinculadas a la política económica, en 1998, 9 protestas la tuvieron como protagonista compartiendo la cima con la demanda laboral; en 1999 el número asciende a 15 y en el 2000, si bien baja a 11, sigue ocupando el primer lugar por delante de las demás. Estos números evidencian el nivel de descontento social hacia las decisiones gubernamentales, tanto a escala nacional como provincial, en lo que respecta a lo económico con afectaciones a nivel presupuestario y que repercutieron directamente en la calidad de los servicios públicos y de áreas prioritarias como la salud y la educación.

La demanda laboral desciende considerablemente de 1998 a 1999 registrándose nueve protestas en el primer año y solo una en el segundo. En el 2000 ocupa el tercer lugar con 6 casos, apenas por debajo de la demanda por educación que tiene su pico más alto durante este año (9).

El reclamo salarial disminuye progresivamente (pasa de 5 en 1998, a 4 en 1999 hasta llegar a 2 en 2000) mientras la demanda por trabajo aumenta de 2 en 1998 a 4 en el año 2000. Para entender por qué sucedió esto es importante tener en cuenta quiénes son los actores de estas protestas. En el año 2000, de las cuatro protestas que tuvieron como foco de demanda al trabajo, tres fueron protagonizadas por desocupados y desocupadas, es decir, el reclamo ya no era sólo por tener mejores condiciones laborales o salarios más altos sino, principalmente, por acceder a puestos de trabajo^[16].

Gráfico 4. Demandas del ciclo 1998–2000 por año 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos recolectados en diario Puntal. 

Como podemos observar en el gráfico 4, con el correr de los años se diversifican las demandas y se amplía el espectro de las mismas. En 1998, las protestas se centraron en ocho demandas diferentes (laboral, política económica, derechos humanos, seguridad, trabajo, salud, salarial y educación) y luego se agregan dos por año (en 1999, justicia y política social y en el 2000, seguridad social y gobierno). La demanda por los derechos humanos se mantiene relativamente constante en los dos primeros años (entre 4 y 5) y en el 2000 no se contabiliza ninguna protesta de acuerdo a los registros revisados.

Repertorios

Con respecto a los repertorios, los tres más recurrentes son: huelga en 45 ocasiones, movilización en 29 y la asamblea en 15 oportunidades lo que significa el 77% de las protestas visibilizadas por Puntal en el ciclo 1998–2000. Por otro lado, el corte de ruta fue implementado en 6 protestas mientras que la entrega de petitorios, en 5. En el gráfico 4 podemos observar la categoría otros que en este caso incluye todos aquellos repertorios que se implementaron menos de cinco veces durante el ciclo, por ejemplo, los escraches, tomas, caravanas, apagones, cortes de ruta, radios abiertas, entre otros tantos.

Gráfico 5. Porcentajes de cada repertorio sobre el total de protesta del ciclo 1998– 2000 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos recolectados en diario Puntal. 

El alto número de protestas en las que se utiliza las huelgas y asambleas como repertorios podemos comprenderlo a la luz de los actores, pues son los trabajadores y trabajadoras quienes adquieren mayor protagonismo durante este ciclo. Estas dos metodologías implementadas les permiten hacer visibles sus reclamos, no asistiendo a sus lugares de trabajos o bien manteniendo reuniones asamblearias, cualquiera sea el caso, ponen un alto a su jornada laboral y llaman la atención de sus demandados. Así como estos repertorios son una herramienta para trabajadores y trabajadoras, la movilización se convierte en un repertorio al que la ciudadanía en general o grupos específicos como empresarios, familiares y amigos o estudiantes acude para hacer visibles sus reclamos.

Veamos ahora qué sucede al interior del ciclo con los repertorios más implementados. La huelga se mantiene en el primer lugar durante los tres años: en 1998, 13 protestas usaron este repertorio; mientras que en 1999 y 2000, se implementó en 16 oportunidades cada año. Por ejemplo, en el año 1998 varias de las acciones de protesta protagonizadas por el personal bancario en reclamo por la unificación de entidades en el Banco Social y el planteo de la desafectación de trabajadores y trabajadoras y su traslado a otras dependencias públicas provinciales sin reconocimiento de la antigüedad, motivó huelgas y asambleas en los lugares de trabajo y en zonas céntricas como la Plaza Roca para visibilizar la demanda.

En abril de 1999 y durante tres días se produjo un paro convocado por entidades gremiales del sector agropecuario (Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina, Confederación Rural Argentina y Coninagro) que produjo la “no comercialización de productos ni actividades comerciales y bancarias”. El hecho que desencadena la protesta es la “insuficiencia de las respuestas dadas por el gobierno nacional a los requerimientos del sector”, en un contexto en que el secretario de Agricultura, Pesca y Alimentación era el sucesor del riocuartense Gumersindo Alonso. La medida fue acompañada por “entidades del comercio y la industria, transportistas, acopiadores y consignatarios”^[17].

Otro ejemplo del año 2000 es con los empleados y empleadas vinculados al Poder Judicial de la provincia que mediante asamblea decidieron ceses de actividades para reclamar la inclusión de partidas relacionadas a ascensos y movilidad de la planta laboral en el presupuesto 2001 y poner en la agenda pública “el estado de emergencia en que se encuentra la justicia”^[18].

La movilización, por su parte, pasó de ser utilizada en 5 ocasiones al inicio del ciclo a un pico de 14 en 1999, hasta llegar a 10 en el 2000. A este repertorio acuden fundamentalmente aquellos actores cuyas formas organizativas son autoconvocadas como los casos de desocupados y desocupadas, ciudadanos y ciudadanas que reclaman justicia ante hechos de violencia o accidentes, organizaciones de derechos humanos, entre otras. Por ejemplo, el 30 de noviembre de 1999, familiares y amigos de dos jóvenes que protagonizaron un accidente en la vía pública, se movilizaron ante la liberación de uno de los imputados tras el pago de la fianza. En la ocasión se exhibieron “carteles con los rostros de los demandados y el pedido de justicia”^[19].

Este tipo de repertorios también es utilizado por las multisectoriales para mostrar la correlación de fuerzas, tal el caso del sector educativo universitario que en noviembre de 2000 marcha por las calles de la ciudad en reclamo de la deuda que el gobierno nacional mantiene con las universidades y en contra de los anuncios a posibles recortes presupuestarios^[20], (Nota Puntal, 7 de noviembre de 2000).

El repertorio asambleario tuvo su pico más alto en 1998 cuando se efectuaron 7 protestas con este formato, luego descendió a 2 y hacia finales de ciclo volvió a tomar fuerza ya que en el año 2000 se usó en 6 oportunidades. Se trata de una metodología de protesta que prevalece entre las trabajadoras y los trabajadores de los más diversos sectores (educación, salud, etc.) pues de las 15 asambleas realizadas en el ciclo, 12 fueron efectuadas por estos actores, lo que equivale al 80% de las mismas, un porcentaje considerablemente alto. En dos ocasiones fueron empleadas por estudiantes y en un solo caso, por ciudadanos y ciudadanas.

Un hecho que amerita que nos detengamos es el incremento del número de cortes de ruta o calles de la ciudad hacia el año 2000. Mientras que en 1998 y 1999 sólo se contabiliza una protesta por año con este formato, hacia inicios del nuevo siglo, fueron 4 en las que se implanta esta modalidad para hacer visibles los reclamos. Esto podría interpretarse en correlato con lo que sucede a nivel nacional donde también se observa el crecimiento de este tipo de formato en las protestas de este periodo debido a que son trabajadores y trabajadoras desocupados quienes empiezan a ganar las calles haciendo visibles sus reclamos. Sin embargo, esto no sucede en la ciudad de Río Cuarto. De los 6 cortes de la vía pública que se registran en este ciclo, solo uno es protagonizado por estos actores (específicamente, en 1998) mientras que los cinco restantes fueron realizados en cada caso por un actor diferente (estudiantes, trabajadores, empresarios del agro, etc.). Esto significa que, a partir de los datos relevados, no podemos encontrar una relación directa entre el aumento del uso de este repertorio y el incremento de notoriedad que van ganando los desocupados y las desocupadas en la esfera pública local. Aunque resulta interesante la creatividad de los formatos empleados por estos actores que van desde tomas de espacios públicos como la catedral hasta mateadas con los funcionarios.

Cómo se comunica el conflicto en la prensa gráfica. Una lectura integrada

Antes de pasar a las Consideraciones Finales de este capítulo, queremos destacar en este apartado algunas reflexiones a modo de integración de las distintas dimensiones de análisis que se tuvieron en cuenta para identificar las protestas sociales, particularmente en el ciclo 1998–2000.

En relación a los actores protagonistas de las acciones de protestas del ciclo 1998–2000, decíamos que son los trabajadores y trabajadoras quienes “ganan” el espacio público con repertorios diversos, combinando la asistencia a los lugares de trabajo, con la realización de asambleas, con paros de actividades en períodos variables y con movilizaciones para visibilizar y darle más legitimidad a los reclamos. Varias de las protestas analizadas se movilizan no solo para pedir mejoras en las condiciones laborales de los protagonistas, sino que las demandas son más amplias: más presupuesto, mejor educación, sistema de salud, o justicia, reducción de la pobreza, y trabajo. Puede decirse que los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia, así como aquellos desocupados y desocupadas que demandan en el espacio público por comida y trabajo, amplían el espectro de las protestas, poniendo de relieve las tramas políticas, económicas y sociales de acontecimientos protagonizados por actores institucionales en distintos niveles y con afectación en áreas sensibles para la población.

Las formas organizativas institucionalizadas mediante sindicatos, gremios y multisectoriales fueron a su vez las predominantes en el ciclo analizado. Los actores agrupados fueron parte de las voces protagonistas, realizando acciones de protestas a través de varios repertorios de acción y convocando a su vez a aliados institucionales de relevancia como concejales, cúpulas policiales, legisladores provinciales, intendentes, secretarios o rectores.

Si consideramos los factores de valor noticioso, aquellas protestas que se realizaron en la ciudad de Río Cuarto, ganan el protagonismo en la cobertura que el medio Puntal realiza. Sea a través de fotografías, de la aparición de los anticipos en tapa, de los testimonios relevados, o a través de los seguimientos informativos por varios días, y de las repercusiones de las acciones en distintos ámbitos de la cotidianeidad citadina. Este protagonismo en ocasiones coincide con acciones de protesta que suceden a nivel provincial y/o nacional, y que son mencionadas en las notas periodísticas para situar lo que acontece a nivel local.

En relación al despliegue del contenido, la mayoría de las notas identificadas forman parte de la sección que el medio menciona como de “Información general”. Es decir, más allá de que las demandas sean por cuestiones laborales, en defensa de la educación o de la salud, en reclamo al Estado por mejores condiciones para la prestación de servicios, las notas se ubican mayoritariamente en la sección mencionada. Una diferencia en tal sentido puede encontrarse con aquellas notas de demandas de justicia ante hechos delictivos o accidentes, que se ubican en la sección de Policiales.

Lo anterior, de algún modo, abona a la idea de que es tan importante estudiar la protesta en sí, sus componentes y repercusiones, como el modo en que se la tematiza y encuadra a través de la prensa gráfica en la investigación que realizamos, aspecto que no fue parte de los objetivos de conocimiento, y que requeriría otras entradas y análisis en trabajos posteriores.

Consideraciones finales

Este ejercicio de análisis del ciclo 1998–2000 nos ha permitido arribar a algunas reflexiones en torno a la producción de sentidos acerca de las acciones colectivas, objeto de interés. Cuestión que quizás no aparece con tanta fuerza en el planteo inicial del proyecto y en el enfoque propuesto, centrado directamente en las protestas sociales del período 1989–2003, dando por sentada esa construcción que realiza el medio de comunicación. Siguiendo los planteos de Berti y Cantú mencionados con anterioridad podríamos decir que el proyecto está enfocado en la protesta y su articulación con los movimientos sociales y no en el circuito comunicacional que construye ese hecho en acontecimiento noticioso. Creemos que una mirada transversal que permita encontrar elementos de análisis en tal sentido enriquecería el enfoque sobre las acciones colectivas. Por caso, nos gustaría compartir a modo de notas finales, algunos de tales indicios sobre los cuales sería interesante indagar.

Si nos focalizamos en la dimensión situada, es decir en el encuadre de las acciones de protesta, el ejercicio de análisis podría ir en la línea de cotejar cuáles han sido los acontecimientos que a mayores escalas se han registrado, si se encuentran en secciones cercanas (en el caso de la prensa) o no a las que contienen a las protestas. Es decir, si le permiten al lector o a la lectora un ejercicio de relacionamiento o de contextualización de las acciones colectivas.

Si nos enfocamos en la dimensión de los actores, nos puede interesar, como de hecho ocurre en el relevamiento del que participamos, cuál es la denominación con que aparecen en los medios, cómo se visibilizan las alianzas que se van tejiendo, si los elementos gráficos (tales como las fotografías) retratan otorgándole rostros a quienes participan de las protestas. Así mismo resultaría interesante analizar el modo en que aparece asociado el concepto de “protesta” en las notas periodísticas, si a los actores que participan, las demandas o los repertorios empleados. Esto último se podría traducir en la pregunta: ¿a qué dimensión de los estudios sobre protestas sociales se le otorga mayor valor noticioso o se valora a los fines de convertir a la protesta en hecho noticioso?

Finalmente, si vamos por el lado de la movilización, es decir de las acciones en sí mismas, de los repertorios empleados aquí también nos puede interesar cómo se construyen tales elementos relacionados a la movilización en términos del hecho periodístico, si aparecen elementos gráficos que acompañan, qué se destaca de esta dimensión^[21].

Es decir, consideramos que una problematización sobre las construcciones de sentidos para los estudios acerca de las protestas sociales a partir de hechos noticiosos podría resultar un aporte significativo para enriquecer y problematizar la mirada pública sobre las acciones colectivas.

Referencias

Arriaga, A. et al. (2012). Un estado en transición: Córdoba ante el embate neoliberal. En M. Gordillo, A. Arriaga, M. Franco, L. Medina, A. Natalucci y A. Solis. (Comps.), La protesta frente a las reformas neoliberales en la Córdoba de fin de siglo (pp. 25–63). Córdoba, Argentina: Ferreyra Editor.

Artese, M. (2012). Violencia política y protesta social en la Argentina de fin de siglo. Un estudio aplicado a los cortes de ruta. Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad, XIX(52), 171 – 193. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/pdf/espiral/v19n54/v19n54a6.pdf.

Berti, S. y Cantú, A. (2020). Entre la calle y la pantalla. Reflexiones sobre la mediatización de la protesta. Revista de Investigación Cronía, 16, 37–49. Recuperado de http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/cronia

Carlosena, M. (2017). Organizaciones sociales, comunicación y aportes al desarrollo local. Un recorrido histórico. Revista Perspectivas, I (VII), 67–84.

Carniglia, E. (2015). Rurbanity and mediatization. A case study of TV consumption on an Argentine agro–town”. Journal of Latin America Communication Research, 5(2). Traducción del autor.

Duarte, M. (2002). El Consenso de Washington y su correlato en la Reforma del Estado en la Argentina: los efectos de la privatización. En M. Schorr. (Comp.), Más allá del pensamiento único: hacia una renovación de las ideas económicas en América Latina y el Caribe. Buenos Aires, Argentina: CLACSO.

Gordillo, M. (Comp.) (2019). 1969. A 50 años. Repensando el ciclo de protestas. Buenos Aires, Argentina: CLACSO/Córdoba. Editorial de la UNC.

Maldonado, G. y Finola, A. (2017). Ciudad y modernización agropecuaria. Río Cuarto como plataforma para la territorialización de las transformaciones agropecuarias. Boletín de Estudios Geográficos, 107.

Martín–Barbero, J. (2010). Comunicación, espacio público y ciudadanía. Revista Folios, 23B Edición especial, 37–51.

Mata, M. (2002). Comunicación, ciudadanía y poder. Pistas para pensar su articulación. Revista Diálogos, 64, 64–76.

Retamozo, M. (2011). Movimientos sociales, política y hegemonía en Argentina. Revista Polis, 10 (28). 243–279.

Reynoso, C. (2017). “Movimiento” autoconvocados en la ciudad de Río Cuarto 1989–2002. Un estudio exploratorio de su génesis y dinámica (Tesis de maestría). Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Argentina.

Schuster, F. y Pereyra, S. (2001). La Protesta Social en la Argentina democrática: Balance y perspectivas de una forma de acción política. En N. Giarracca. (Comp.), La Protesta Social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior. Buenos Aires, Argentina: Alianza.

Schuster, F. (2005). Las protestas sociales y el estudio de la acción colectiva. En F. Schuster, F. Naishtat, G. Nardacchione y S. Pereyra. (Comps.), Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea (pp. 43–83). Buenos Aires, Argentina: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Uranga, W. y Thompson, H. (2016). La incidencia como camino para la construcción de ciudadanía. Buenos Aires, Argentina: Editorial Patria Grande.

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