Río Cuarto, 1989-1991

Celia Basconzuelo

Resumen

Este primer capítulo que encabeza la obra analiza desde una perspectiva socio histórica el ciclo de protestas acontecido en esos años 1989 a 1991, con especial atención de su dinámica. En concordancia con dicho enfoque se caracterizará, por un lado, la trayectoria de la protesta situada, es decir, su devenir durante el período temporal escogido, valiéndonos para ello de las nociones de ciclo, ola y frecuencia. Luego, se relacionará el derrotero contencioso local con el entorno contextual que lo enmarcaba y finalmente se analizará la acción contenciosa en sí misma con sus actores, demandas, repertorios y formas organizativas.

Se demostrará que entre 1989 y 1991 hubo en Río Cuarto un ciclo histórico álgido de protestas, con una sistemática e intensa movilización de colectivos sociales en conexión con una coyuntura crítica que se desenvolvía en todo el territorio nacional. Así, destacarán trabajadoras y trabajadores públicos (docentes y empleados estatales), de transportes y servicios, en lugar de los sectores obreros industriales. Junto con las y los trabajadores municipales expresarían en y desde lo local algunas notas peculiares de esa conflictividad. Mediante esta hipótesis se espera contribuir a la historia social de las protestas en la Argentina reciente, particularmente en un momento de implementación del modelo neoliberal y, a la vez, reflexionar acerca de los matices que presentó la escala local de estudio respecto del conjunto nacional.

Introducción

El estudio de la protesta social en Argentina se ha ido consolidando como un campo de análisis específico en las últimas décadas en sintonía con renovadas tesis que comenzaron a discutir el supuesto de una ciudadanía apática tras el fervor participativo que fue tan notable en la sociedad argentina al recuperarse la vida democrática. Entre algunos momentos destacables de la historia reciente que simbolizan precisamente la manifestación de estallidos sociales puede mencionarse el año 1989, cuando miles de ciudadanos afectados por la pérdida de poder adquisitivo, desabastecimiento de alimentos junto con el rebrote hiperinflacionario, expresaron su malestar en el espacio público. Cabe acotar, que la actividad huelguística había sido intensa también en los años precedentes^[1]

En ese momento ejercía la presidencia de la Nación Raúl Alfonsín, líder de la Unión Cívica Radical y primer mandatario de la democracia recuperada, quien no consiguió sortear las presiones de los poderosos grupos económicos y tampoco contó con fuertes bases de apoyo en el arco político partidario opositor. Su renuncia el 12 de junio de 1989 y la entrega anticipada del mando a Carlos Saúl Menem, candidato del Frente Justicialista de Unidad Popular (FREJUPO)^[2], reiteraba así algunas dificultades formales del régimen democrático argentino, a la par de los persistentes problemas económicos que, en este contexto, asestaban un duro golpe al Plan Primavera de 1988, del mismo modo que ocurrió con su antecesor más cercano, el Plan Austral de 1985^[3]. Así, la devaluación de la moneda, el alza descomunal de los precios y la apreciación incontenible del dólar arrastró consigo tres ministros de economía en un breve lapso de tiempo (de febrero a mayo), contextualizó la elección presidencial y finalmente marcó un ambiente sumamente complejo para el traspaso del poder. En términos de Capoccia y Kelemen (2007) era una “coyuntura crítica”^[4].

Allí comenzaron a desplegarse decisiones políticas. Entre finales del año 1989 y el año 1990 se sancionaron dos reformas: la Ley de Emergencia Económica (Nº 23.696) y la de Reforma del Estado Nº 23.697^[5]. Con posterioridad, el 27 de marzo de 1991, se acordó la ley de Convertibilidad N° 23.928, según la cual las reservas de libre disponibilidad del Banco Central en oro y divisas extranjeras serían equivalentes al ciento por ciento de la base monetaria. La administración pública en su conjunto era así foco de una histórica reforma estructural por medio de leyes y decretos (Blutman, 1994), señalizando el final de un ciclo político y económico (Svampa, 2005) y del modelo de Estado de Bienestar (Barbeito y Lo Vuolo, 1995).

Esa coyuntura crítica y la mística reformista contextualizaron la conflictividad social, siendo las protestas una de sus expresiones. Hacia este plano de análisis se orienta el presente capítulo cuyo objetivo es abordar desde una perspectiva socio histórica el ciclo de protestas acontecido en esos años 1989 a 1991, con especial atención de su dinámica. Esta dimensión que se desprende del propósito historicista adoptado y en concordancia con él se caracterizará, por un lado, la trayectoria de la protesta situada, es decir, su devenir durante el período temporal escogido, valiéndonos para ello de las nociones de ciclo, ola y frecuencia. Luego, se relacionará el derrotero contencioso local con el entorno contextual que lo enmarcaba y finalmente se analizará la acción contenciosa en sí misma con sus actores, demandas, repertorios y formas organizativas.

Resulta oportuno precisar por qué se escogió la ciudad de Río Cuarto. La importancia de esta ciudad en el conjunto provincial se sustenta en varios aspectos. A la vez que representa el segundo conglomerado poblacional luego de la capital provincial, se ha constituido a lo largo de su historia en un polo de desarrollo en el marco regional y nudo comunicacional y de transporte en las conexiones entre la capital del país hacia Cuyo, así como desde el norte hacia el sur. Es sede de la universidad nacional desde 1971 y se distingue, además de esta actividad académica y científica, por el comercio y los servicios, mientras la producción agropecuaria se localiza en la región correspondiente a la Pampa húmeda. Por esos años ochenta y noventa, la industria se asentaba en el rubro alimentos y bebidas y productos metálicos. Otra explicación resulta igualmente plausible. Es nuestra intención subrayar que lo acontecido en Río Cuarto plantea nuevas aproximaciones para comprender la importancia de las escalas locales, en tanto partícipes de los espacios subnacionales, cuando sus colectivos sociales expresan el malestar reinante, de modo que la protesta se convierte en una dimensión analítica para comprender qué sucedió en distintos espacios y temporalidades específicas.

La mirada sobre ese ciclo histórico de protestas se halla presente en una sugerente literatura sociológica e histórica. Una vertiente de estudios se interesó por interpretar la tipología de los eventos, aunque distanciándose en su clasificación. Así, mientras Carrera y Cotarelo (2001) consideraron que los acontecimientos de mayo–julio de 1989 y febrero–marzo de 1990, deberían interpretarse como “revueltas”, ya que supuso un choque entre particulares” (p. 2), Schuster (2006) planteó unos años después la conveniencia de emplear la noción de “protesta social”, siendo su objeto de estudio entre 1989 y 1998, con base en fuentes periodísticas nacionales.

Un segundo grupo de trabajos subrayó la problemática de la conflictividad y los repertorios predominantes. En esta línea pueden reconocerse aportes que sentaron una periodización con alcance territorial nacional, identificando los años 1989 y 1990 como los momentos más críticos (Gómez, 1997) y advirtiendo acerca de la innovación que significaban algunas acciones como los saqueos y ollas populares, pero reflejando esas protestas en las ciudades metropolitanas (Neufeld y Cravino, 2007; Lobato, 2012). Otros autores señalaron que los años ochenta fueron de intensa actividad huelguística y, sin embargo, no se tradujeron en una mayor confrontación antagonista en el sistema social (Santella y Scodeller, 2012). Por el contrario, otros estudios, focalizados en la clase obrera industrial sostuvieron que la tendencia fue la disminución de la cantidad de conflictos protagonizados por los trabajadores asalariados, mientras la fase ascendente se habría iniciado en 1992 (Piva, 2006, p. 29).

Finalmente, pretendemos recuperar las investigaciones llevadas a cabo en los espacios subnacionales y las tesis que interpelaban los resultados precedentes o bien añadían matices a partir de los nuevos estudios de caso. Así, Norma Giarraca (2001, 2003) notó un proceso de desterritorialización por cuanto los centros urbanos no industrializados se sumaron a los escenarios del conflicto. Otros autores, profundizaron en los emblemáticos estallidos de 1993 como el Santiagazo (Gamallo, 2020; Retamozo y Trujillo, 2018); o los episodios de rebelión de 1991 que se desataron en el noreste chubutense (Pérez Álvarez, 2008), o los que se registraron en Neuquén (Aiziczon, 2005). En Córdoba, otro de los escenarios, la conflictividad habría sido muy intensa en los años 1990 y 1991, destacándose las protestas de sectores sindicales estatales, no estatales y comunitarios (Gordillo, 2012).

En vistas de dichos antecedentes resulta pertinente preguntarse si las tendencias protestatarias observadas en otras escalas se replicaron de modo similar en una ciudad intermedia como es Río Cuarto, configurando así un mapa relativamente homogéneo de la confrontación o bien, si es posible detectar sensibles o significativas diferencias, por cuanto se trata sobre todo de un espacio donde el sector industrial y trabajadores y trabajadoras afines no predominaban en la composición socio económica, y sí, en cambio, los insertos en actividades terciarias y de servicios.

En línea con esta problemática, este capítulo mostrará que entre 1989 y 1991 hubo en Río Cuarto un ciclo histórico álgido de protestas, a la vez que una sistemática e intensa movilización de colectivos sociales articulando sus protestas con otras sucedidas en el territorio nacional, mientras expresaban en y desde lo local algunas notas peculiares de la conflictividad. Esta hipótesis torna relevante el abordaje del tema por cuanto contribuye a la historia social de las protestas en la Argentina reciente y a la vez reflexiona acerca de los matices que imprimen las escalas locales en el conjunto nacional.

Respecto del criterio metodológico, la investigación plantea un diseño de tipo flexible, se basa en un estudio de caso, de base empírica y alcance descriptivo explicativo. Para ello se escogen criterios de análisis cualitativos que resultan válidos para el tratamiento de las dimensiones de la protesta, así como también cuantitativos que aplican para estudiar las tendencias acerca de la temporalidad de las protestas, los actores movilizados, los tipos de demandas y repertorios, así como las formas organizativas. La principal fuente ha sido el diario Puntal, localizado en el Archivo Histórico Municipal, según ya se indicó en el capítulo precedente. Se relevaron todas las protestas publicadas entre 1989 y 1991, de acuerdo con una ficha hemerográfica. La información obtenida fue sistematizada a través de una tabla Excel y graficada mediante un histograma confeccionado para cada dimensión, como podrá observarse en las figuras que acompañan el texto.

En consideración con los propósitos señalados, el capítulo se organizó en tres partes. El primer apartado trabaja la trayectoria de la protesta riocuartense y, como tal, se analiza su temporalidad teniendo en cuenta como subdimensiones constitutivas, el ciclo, la ola y la frecuencia de los múltiples eventos. El segundo acápite hace particular hincapié en el entorno situado que enmarcan las protestas, examinando para ello las condiciones económicas y sociales imperantes en el plano nacional, provincial y local, para dar paso luego a la última sección que se ocupa de la acción contenciosa, respecto de la cual se considerarán: a) los colectivos movilizados; b) sus demandas; c) los repertorios y d) las formas organizativas. Finalmente, en las conclusiones, se retoman las principales ideas expuestas a lo largo del trabajo.

Trayectoria de una protesta situada

Entiendo por tal concepto el curso o devenir de una acción contenciosa a lo largo del tiempo, pudiendo describir en su desplazamiento fases ascendentes o descendentes, intensas variaciones, retracciones y/o amesetamientos^[6]. Si se considera el ciclo de protesta comprendido entre 1989 y los años noventa puede notarse claramente cómo se describe una trayectoria con flujos y reflujos. Sin embargo, según se observa en el histograma siguiente (Ver Gráfico 1), los dos años más intensos fueron 1989 y 1990, con una intensificación en 1995, no obstante, el proceso se conformó con un registro menor de protestas^[7].

Gráfico 1. Evolución histórica del ciclo de protestas situadas. 1989–2003 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos relevados en diario Puntal. 

Esas fluctuaciones que describen las protestas también pueden ser conceptualizadas. Se denominan olas de protesta (Koopmans, 1993), las cuales se tornan visibles cuando su comienzo está indicado por un incremento significativo en la actividad de protesta, luego seguido por un repliegue que puede continuarse con un nuevo ascenso o bien con un estancamiento. Un ciclo puede así presentar varias olas de protesta (Inclán Oseguera, 2017). A su vez, al interior de un ciclo pueden contabilizarse los eventos que transcurren a lo largo de un año y en cada uno de los meses que lo componen. Es la frecuencia de la protesta (Quiroga y Biaggini, 2020, p. 70).

Estos conceptos aplicados al ciclo 1989–1991 posibilitaron estudiar en sus magnitudes esenciales la cantidad de protestas y su comportamiento. Una vez consultado el periódico, se relevaron 241 protestas, y si se tiene en cuenta el total del período hasta 2003, puede concluirse que los correspondientes al ciclo particularmente elegido, representaron el 38,3% del total. Los tres años seleccionados describen una intensa ola interanual de protestas, cuya frecuencia no volvería a registrarse durante los años siguientes, ni siquiera durante el crítico año 2001.

¿Qué características presentó la trayectoria del ciclo? Si se observa el Gráfico 2 puede inferirse una imagen general, de acuerdo con la cual hubo fluctuaciones permanentes sin que desapareciera totalmente el accionar contencioso, y por otro, una en particular que se desprende de las frecuencias mensuales y anuales. El año 1989 inició con una ola de protestas en mayo para luego decrecer en junio y julio y mantener oscilaciones, siendo críticos los meses de agosto y noviembre, para descender hacia el final. Las acciones de protestas volvieron a mostrarse entre febrero y marzo de 1990, siendo menos intensas en el segundo trimestre para recuperar un fuerte ritmo entre junio y setiembre, decayendo en el último trimestre del año. 1991 fue un año en que las movilizaciones se debilitaron, aunque no desaparecieron. En general, se mantuvo un número promedio de 15 protestas por mes.

Gráfico 2. Frecuencia de una ola de protestas situadas 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos relevados en diario Puntal. 

La propensión que muestra esta trayectoria local es similar a la observada por M. Gómez (1997) y F. Schuster (2006) para todo el país. Ya en el espacio subnacional cordobés se constituye en un aporte relevante que complementa el estudio y los datos recolectados por Mónica Gordillo (2012) puesto que la autora y su equipo no se detienen en el año 1989 como así tampoco en la escala riocuartense. En otro orden, la frecuencia local de 1990 muestra semejanza con el conjunto provincial cordobés y la correspondiente a 1991 se distingue pues la ola de protestas no solo remitió al mes de junio (tal como se vio en Córdoba capital) sino prácticamente en gran parte de todo el año^[8].

Precisamente, esa trayectoria sostenida, aunque fluctuante de la protesta situada riocuartense, fue seguida desde las páginas del diario capitalino La Voz del Interior^[9]. Del mismo modo, es llamativa en relación a otra ciudad de similar rango urbano como es Villa María^[10]. Ahora bien, ¿cómo explicar el inicio de esa ola de protestas y la frecuencia intensa entre los años 1989 y 1990 para luego perder potencia e iniciar un amesetamiento más claro hacia 1991? En torno de esta pregunta se desarrolla el acápite siguiente.

El entorno de las protestas

Al considerar esta dimensión de análisis que nos sitúa frente al contexto en el cual tienen lugar las protestas, ubicándonos inclusive en el clásico debate acerca de las interacciones entre agencia y estructura, cabe una digresión. Coincidimos con Schuster (2005) cuando el autor señala que la acción colectiva no es un mero reflejo de las condiciones estructurales, es producto de la acción humana, por lo cual confluyen aspectos intencionales y no intencionales; de manera entonces que toda protesta se constituye en una muestra de la contingencia, es decir, de la posibilidad de una acción colectiva sin fundamento. “La protesta puede irrumpir de la nada” (p. 46). El criterio es cálido por cierto al tratarse de la consideración teórica de “una protesta”. Sin embargo, la sucesión de este tipo de eventos y su reiteración, como se vio, invita a replantear en parte aquel supuesto y evaluar la incidencia del contexto (y sus respectivas escalas) como una dimensión explicativa de la trayectoria de las protestas.

Para la descripción y el análisis del contexto que vivió el país, la provincia y la ciudad de Río Cuarto durante el ciclo histórico de protesta 1989–1991 nos apoyaremos en los trabajos que, desde las ciencias sociales, han estudiado ese momento, con un énfasis principalmente en la agenda de políticas públicas implementadas en torno de la cual se produjo y reprodujo el deterioro de las condiciones que afectaron a trabajadores y trabajadoras del sur cordobés.

La escala nacional y provincial

Desde inicios del año 1989 la economía argentina se vio abrumada por las turbulencias financieras^[11], a lo cual se añadía el endeble consenso político sobre el cual se sustentaba el gabinete alfonsinista^[12], siendo que se avecinaban las elecciones presidenciales para el mes de mayo. Precisamente, en este contexto la situación se agravó y fue un mes intenso de protestas. Parecía muy difícil controlar el mercado de divisas, fijar un único tipo de cambio, como tampoco sentar pauta alguna en relación con el precio de alimentos y combustibles. Las fotos incluidas en las portadas del diario Puntal ilustraban el humor de los inversionistas y su perplejidad frente a las pizarras de las casas de cambio, donde se anunciaba que la moneda estadounidense había trepado en su valor desde marzo (17,70 australes por dólar) a 170 en mayo, mientras las tasas de interés eran llevadas al 127% y la inflación subía de manera incontenible al 78,5%. Los diarios nacionales, de los cuales se hacía eco la prensa local, hablaban de “una crisis sin precedentes”, al tiempo que los bancos asistían al retiro masivo de depósitos. Los grandes grupos económicos eran blanco de las acusaciones por parte del oficialismo, que aludía a un “terrorismo económico” (Puntal. 2/5/1989, p. 7)^[13].

Aun así, hubo elecciones. El 14 de mayo participó un total de 17.091.620 votantes sobre una población por entonces de 32.263.559. El partido denominado FREJUPO con la postulación de Carlos Menem en la presidencia y Eduardo Duhalde como vice, se aseguró una mayoría absoluta, pues obtuvo el 47,36% de los votos, reuniendo 310 electores, en tanto Angeloz conseguía el 37,7% lo que significaba 211. Cabe recordar que todavía se mantenía el sistema indirecto para elección del ejecutivo nacional. El triunfo peronista también se logró en Córdoba, inclusive en la ciudad de Río Cuarto^[14].

Mientras tanto, la fragilidad de la economía argentina se acentuaba día a día. El plan de emergencia que prometía castigar a los especuladores resultó ineficaz y tampoco se consiguieron grandes resultados a pesar de la suba de retenciones a las exportaciones agropecuarias (en un 30%), a las industriales (en un 20%), y el control de precios. Muy por el contrario, comenzó a reconocerse la escasez de productos, mientras las remarcaciones de precios se transformaban en práctica cotidiana. El diario local tituló en su portada del 28 de mayo “Caos social en el país” (Puntal. 28/5/1989), mientras estallaba un proceso hiperinflacionario sin precedentes (Krikorian, 2010) y, simultáneamente, se sucedían saqueos a supermercados y comercios en los grandes conglomerados urbanos: Rosario, Gran Buenos Aires, Mendoza, Tucumán y Salta. Ante ello, el estado de sitio se decretó en todo el país y comenzó a circular la versión de una entrega anticipada del poder (Puntal. 21/5/1989, p. 6; 22/5/1989, p. 3), hecho que se concretó en la noche del 12 de junio cuando Alfonsín anunció su renuncia, efectivizándose el día 30, es decir, cinco meses antes de que concluyera su mandato.

En el mes de agosto, nuevamente los trabajadores y trabajadoras riocuartenses ocuparon el espacio público. ¿Cómo explicar este movimiento ascendente? Ya había iniciado la presidencia de Menem (8 de julio de 1989)^[15] y rápidamente avanzaron las primeras leyes de reforma estatal^[16], siendo acompañadas con medidas de ajuste económico y un plan de privatización de empresas públicas que comenzaría con la empresa de telecomunicaciones ENTel (Puntal. 28/7/1989; 17/8/1989; 13/9/1989). Setiembre también repitió el ritmo fuerte protestatario, en ocasión de sancionarse la Ley de Emergencia Económica, Nº 23.696 (Puntal. 1/9/1989, p. 3) y acordarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI) (Puntal. 21/9/1989).

Noviembre despuntó nuevamente con protestas, aun luego de que el gobierno nacional otorgase un incremento salarial para la administración pública y para los privados, mientras se anunciaba que el FMI y el Banco Mundial (BM) desembolsarían un préstamo por 400 millones de dólares (Puntal. 1/11/1989). Ya en diciembre se decidió aplicar el denominado “Plan Año Nuevo”, el cual consistía en un ajuste de tarifas públicas, libre convertibilidad de australes en dólares, paridad cambiaria, paritarias sin techo y un piso de salario mínimo vital y móvil, junto con una baja en los aranceles de importación y la ratificación de la libertad de precios. Para entonces, se hallaba muy avanzado el proceso de reestructuración de empresas públicas, un área donde los trabajadores y trabajadoras riocuartenses resultarían afectados (Puntal. 30/12/1989). Paradójicamente, muy atrás habían quedado los contenidos fuertes del discurso menemista de campaña que agitaba como banderas el salariazo y la revolución productiva, mientras el ministerio de economía en manos de Erman González confirmaba una alianza entre el gobierno y el grupo Bunge y Born (Puntal. 16/12/1989).

En Córdoba, la provincia gobernada desde 1983 por el radicalismo con su ejecutivo en manos Eduardo Angeloz^[17], avanzaban reformas, aunque bajo un tono gradualista y “manteniendo elementos de la matriz del Estado benefactor” (Gordillo, Arriaga, 2012, p. 16). El 24 de octubre de 1989 se sancionó la Ley de Emergencia Económica y a inicios de noviembre se aprobó la Reforma del Estado provincial (Puntal. 4/11/1989; 24/11/1989) que redefinía sus funciones e inclusive promovía en algunas áreas del desarrollo provincial la incorporación de capitales privados, pero sin que ello implicara abrirse a los capitales internacionales, marcando así una pauta diferencial con las políticas públicas nacionales (Gordillo, Arriaga, 2012, pp. 32 y 35).

Otra nueva ola de protestas se tornó visible entre febrero y marzo de 1990, en paralelo a las fuertes decisiones que emanaban del ministerio de economía. La racionalización de organismos estatales implicaba privatizar empresas, y ENTel se contó entre las primeras afectadas (Puntal. 6/1/1990)^[18], al tiempo que se avanzó sobre las entidades bancarias, interviniendo el BANADE, cerrando el Banco Hipotecario Nacional y la Caja de Ahorro (Puntal. 5/3/1990). Simultáneamente, se decidió un nuevo ajuste tarifario aplicable a los transportes y combustibles (Puntal. 6/2/1990; 18/2/1990).

Quedaba claro entonces la decisión del elenco gubernamental nacional de trazar una política económica conforme lo sugerido por el Consenso de Washington, es decir, disciplina fiscal, reducción del gasto público, liberalización comercial, privatización, desregulación y seguridad jurídica a la propiedad. El peronismo se volvía “contra el Estado” (Sidicaro, 2002, p. 143) y se construía “una nueva hegemonía” (Bonnet, 2007). El discurso político oficial, por su parte, acompañaba esas tendencias instalando una imagen de ineficiencia del Estado frente a las bondades del mercado (Barros, 2002). No es de extrañar entonces que esa primera mitad del año 1990 estuviese marcada por reiteradas alusiones al FMI, precisamente cuando en abril aprobó la carta de intención con el propósito de destrabar un crédito inicialmente pactado de 1.400 millones de dólares (Puntal. 7/4/1990; 26/5/1990) y en agosto haciendo lo propio el BM mediante un crédito por 150 millones de dólares (Puntal. 10/8/1990).

Entre junio y setiembre los trabajadores y trabajadoras riocuartenses volvieron a ganar la calle. Justamente, en esos meses ENTel dejó de pertenecer al Estado nacional (Puntal. 28/6/1990), Aerolíneas Argentinas fue adquirida por el consorcio Iberia (Puntal. 13/7/1990) y se firmaron los decretos para la licitación de Obras Sanitarias, ENCOTEL, Gas del Estado, YPF, SEGBA y la administración general de puertos. La medida comprendió también la red ferroviaria y los servicios de la Casa de La Moneda, además de concesiones de las rutas nacionales. Paralelamente incidía un proceso que alcanzaba a los espacios municipales, como era la descentralización del Estado (Puntal. 11/7/1990).

Llama la atención, sin embargo, que octubre no haya sido aquí un mes álgido de protestas cuando en otros puntos del territorio nacional en cambio sí resultaban crecientes. Tal el caso del “Chubutazo” (Puntal. 18/10/1990) y las manifestaciones respectivas en Jujuy, Santa Fe y Tucumán (23/10/1990; 31/10/1990; 6/11/1990), lo que prueba que las redes de la protesta a veces seguían un comportamiento sincrónico y en otros diacrónico; pauta que requeriría de un estudio en particular.

Claramente el repliegue de los eventos contenciosos llegó en 1991 cuando el Plan de Convertibilidad diseñado por el economista Domingo Cavallo y su equipo de tecnócratas de la Fundación Mediterránea comenzó a arrojar resultados en apariencia muy alentadores, como el incremento del PBI y el control de la inflación junto con una paridad cambiaria según la cual un peso era equivalente a un dólar. Esa ecuación, en términos de política económica, recibió el respaldo tanto del arco partidario propio y opositor como por parte de la ciudadanía. Sin embargo, encerraba enormes costos sociales que los años siguientes pondrían de relieve, particularmente al promediar la década en coincidencia con la reelección de Menem.

La escala local

De acuerdo con el censo nacional de 1980, el departamento Río Cuarto contabilizaba 191.006 habitantes, mientras la provincia de Córdoba registraba una población de 2.407.754^[19]; residiendo en nuestra ciudad 113.190 habitantes. Para 1991, los riocuartenses eran 134.355 y 217.876 los habitantes en todo el departamento. La población femenina superaba en seis puntos a la masculina en ambos momentos censales. Además, es de destacar que la ciudad había crecido poblacionalmente “a un ritmo más acelerado del que lo hizo el departamento en su conjunto en el período 1970–1990” (Baronio, 2005, p. 43).

¿Cuál es el marco socio económico de la ciudad de Río Cuarto en el cual se inscribe la dinámica contenciosa situada? El diario local se ocupó de reflejar en sus portadas del mes de mayo de 1989 con cuánta intensidad la aguda crisis económico financiera que azotaba al país se dejaba sentir también aquí. Así, el índice de precios llegó al 54% entre abril y mayo (Puntal. 6/5/1989, p. 5; 30/5/1989, p. 7). Inclusive se propagó a la región donde comenzó a notarse el cierre de los comercios, como en Huinca Renancó, Berrotarán, Laboulaye, General Cabrera, La Carlota y Villa Valeria (Puntal. 31/5/1989, p. 12). En octubre, otro mes álgido de protestas como ya se dijo, el costo de vida en Río Cuarto había aumentado el 9,4% respecto del mes anterior (Puntal. 7/10/1989).

Algunos indicadores socio económicos despertaron una atención más sistemática por parte de los periodistas y así se dio a conocer en la portada de Puntal del 9 de julio de 1989 que el número de desocupados en este conglomerado sureño cordobés ascendía a 2.000 personas, en tanto, se estimaba la cifra de 10.000 familias carenciadas. Una situación que merecía (en palabras de sus editores) ser descripta como “un cuadro desolador que no reconoce anales de la crónica ciudadana local” (Puntal. 9/6/1989, p. 8). Por otro lado, y si bien se notaba una preocupación por reflejar el cuadro de la pobreza, el subempleo y el aumento de la marginalidad, las cifras correspondían al panorama nacional y no local (Puntal. 6/3/1990; 28/11/1990; 3/12/1990), por lo que esta fuente si bien es indicativa de tales problemáticas resulta insuficiente para un análisis al respecto y abre, por lo tanto, la inquietud por un estudio más en profundidad.

En esta línea iniciamos una valoración de tales indicadores a partir de los censos de población y vivienda, así como la encuesta permanente de hogares que elaboró el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), correspondientes a los años de nuestro estudio (INDEC, 2001). En otro trabajo (Basconzuelo, 2022) hemos demostrado que durante el lapso 1980–1991 los porcentajes de tres indicadores del bienestar de la población (necesidades básicas insatisfechas^[20], viviendas con características deficitarias y precariedad habitacional), mejoraron en el marco del departamento Río Cuarto^[21]. Sin embargo, la tasa de empleo que en 1991 se hallaba dentro del promedio de la provincia (86.455 trabajadores y trabajadoras), disminuyó siete puntos cuatro años después, según se observa en la Tabla 1; en tanto la desocupación se quintuplicó durante igual período, alcanzando a 12.774 personas, mientras tanto aparecía como dato novedoso los subocupados. Es de destacar que el porcentaje de desocupados se hallaba muy por encima en comparación de los restantes departamentos del sur cordobés.

Tabla 1. Indicadores laborales. Departamento Río Cuarto, 1991–1995 

Años censales	Tasa de empleo[22]	Tasa de desocupación[23]	Tasa de subocupación[24]
1991	53.9	4.9	s/d
1995	40.8	20.1	14.2

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos relevados de INDEC, 2001, pp. 96, 97, 102 y 104. 

Por otro lado, consideramos la evolución de las dos actividades más dinámicas que caracterizaban a la ciudad por esos años ochenta y noventa. La industria se asentaba en el rubro alimentos y bebidas y productos metálicos, por lo que la clase obrera totalizaba (según el primer censo industrial de 1997) unas 4.865 personas ocupadas en relación con 587 empresas^[25]. Por su parte, el comercio se hallaba representado en todo el departamento Río Cuarto con 6007 establecimientos que ocupaban a 16.981 personas. Es de notar, sin embargo, que se había producido una involución en el sector entre los años 1974 a 1994, de acuerdo con los datos de los censos nacionales económicos ya que, si en la primera fecha había 5.655 negocios con 14.013 personas empleadas, en 1985 esa cifra ascendió a 7.008 con 18.727 trabajadores y trabajadoras, pero en 1994 el número de comercio descendió a 6.007 y el personal también lo hizo en 16.981. Como se aprecia la dinámica comercial revestía mayor fortaleza que la industria, y del mismo modo su sector trabajador, viéndose fuertemente afectados en el transcurso de los años de nuestro estudio. Así, pues, el comercio se resintió y de igual modo el mercado laboral.

Sin embargo, estos datos dejan abierto un interrogante pertinente pues no fueron precisamente esos sectores mercantiles los que encabezaron las protestas. Veremos seguidamente que los mayores colectivos movilizados se reclutaron en relación con el área de servicios y del Estado. Entendemos entonces que el análisis de los marcos contextuales en sus respectivas escalas constituye una variable explicativa, de modo suficiente, aunque no exhaustivamente en orden a interpretar por qué la gente protesta en el espacio público o en su lugar de trabajo.

La acción contenciosa^[26]

Esta dimensión condensa un cuerpo de conceptos ya trabajados en el capítulo 1, por lo que las subsecciones siguientes les confieren un tratamiento específico a partir del análisis empírico local.

Los actores

La fuente periodística consultada permitió computar para la ciudad de Río Cuarto un total de 241 protestas entre 1989 y 1991. Un importante colectivo social, los trabajadores y trabajadoras de la educación en sus tres niveles, protagonizaron 129 eventos (53,9%). En efecto, las fuentes periodísticas mostraban muy activos a los y las docentes agrupados en UEPC y CTERA con 81 protestas, en tanto, el personal de escuelas técnicas aportó 5 protestas y los docentes de institutos terciarios de la provincia, 3. Por su parte, los y las docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) organizaron 26 eventos mientras el personal no docente, 14.

Luego, un 18,2% aglutinó a trabajadores y trabajadoras de servicios quienes emprendieron 44 protestas. Aquí, los bancarios^[27] se movilizaron en 16 oportunidades^[28], los empleados y empleadas del correo totalizaron 6 protestas, los de obras sanitarias de la nación 6, los telefónicos un total de 6 eventos y los ferroviarios 3 huelgas; los empleados de la empresa provincial de energía (EPEC) con 4 protestas y trabajadores del servicio penitenciario de la provincia con 3. En orden siguiente y completando 31 protestas (12,8%) se encontraban los empleados y empleadas de la administración pública provincial quienes emprendieron 24 eventos^[29]. Por su parte, los trabajadores y trabajadoras del municipio protagonizaron 7 protestas. Los empleados y empleadas en el área de salud también participaron. Eran los médicos y personal de enfermería de los hospitales públicos mayormente quienes emprendieron 29 protestas (12,0%). Finalmente, un total de 8 protestas (3,3%) podría subdividirse entre los obreros de empresas industriales (metalúrgicos) quienes estuvieron presentes en 3 protestas; los vecinos y vecinas de los barrios llevaron a cabo 2 protestas, del mismo modo que los empresarios del agro (2), mientras los jubilados y jubiladas se movilizaron en 1 oportunidad.

Gráfico 3. Los colectivos sociales movilizados y cantidad de protestas, 1989–1991 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos relevados en diario Puntal.

Ahora bien, de todo ese complejo y abigarrado colectivo social y si se consideran los grupos mayormente movilizados (educación, servicios y administración pública) se advierte que del total general 233 acciones contenciosas, equivalente al 96,6,7% fue protagonizada por los trabajadores y trabajadoras estatales, es decir, pertenecientes a los tres niveles del Estado: nacional, provincial y también municipal.

Cabe aclarar que no se han contabilizado los 2 eventos de saqueos que se produjeron en los últimos días del mes de mayo, pues en razón de sus características propias no correspondería clasificarlos como protestas sociales^[30].

A la luz de estos hallazgos cabe establecer una relación con los sectores más dinámicos de la ciudad, pues como ya se dijo en 1991 el número de empleados y empleadas era 86.455, pero de ese total el 15.1% pertenecía al sector público mientras el 33.4% al privado y un 26.5% eran trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. Es decir, que si la movilización se realizó mayormente dentro del sector público y éste representaba un tercio del total de los asalariados y asalariadas es importante resaltar la participación de este colectivo, pequeño por su composición dentro del total, aunque fuertemente gravitante en las luchas sociales.

Entonces, si bien la ciudad giraba en torno principalmente de las actividades comerciales y de servicios, fueron los trabajadores y trabajadoras afectados a la amplia cadena de servicios quienes llevaron a cabo las protestas en esta ciudad del sur cordobés y aquí se hace necesario conectar la acción colectiva con el contexto reinante para entrever cómo la privatización de los servicios pertenecientes a la órbita nacional, la descentralización, la transferencia de los establecimientos nacionales a la órbita provincial, los recortes presupuestarios en la educación conformaban un cuadro de situación crítica para los actores involucrados. De manera muy semejante se presenta la composición de los sectores movilizados en otras ciudades del país, pudiendo inferirse así la prevalencia de un modelo de terciarización de la dinámica contenciosa (Gómez, 1997). Pero, si bien ello resulta correcto, el caso riocuartense se perfila todavía bajo una fina peculiaridad: las dirigencias sindicales nucleadas en UEPC, AGD (Asociación Gremial Docente de la UNRC) y FATUN (Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales) no solo articularon sus luchas con las entidades representativas sino también participaron de sus respectivos cuadros directivos^[31].

Las demandas sociales

Según los datos recolectados en la fuente periodística, el requerimiento salarial fue predominante, luchando por la recomposición, lo cual significaba actualizar los montos, o bien solicitar aumentos. Según muestra el Gráfico 4, de las 241 protestas contabilizadas, 188 se hicieron tras este reclamo (78%). Se trata de un indicador clave en materia de ingresos familiares que resultaba fuertemente afectado a causa de la hiperinflación y estuvo presente en la mayoría de las protestas nacionales.

En orden siguiente, la gente se movilizó cuando el proceso privatizador avanzó en la ciudad como una réplica de lo que sucedía en la Nación y en la provincia. Entonces 24 protestas (9,95%) expresaron el malestar contra el rumbo de las políticas públicas cuando en Córdoba el gobierno angelocista intentó desmembrar la EPOS, (empresa provincial de obras sanitarias), privatizar los servicios y transferirlos a los municipios. También se encuadraron en dichas reivindicaciones los empleados/as públicos de la provincia, de luz y fuerza, bancarios/as y ferroviarios. Este grupo de colectivos sociales es muy importante destacarlos ya que, gracias a la intensa y sostenida ola de protestas particularmente la bancaria, así como la de luz y fuerza y de agua, se consiguió evitar por esos años el desmantelamiento de las empresas involucradas en el territorio provincial.

Luego, los actores de la educación sumaron 15 reclamos fuertes (6,2 %) a favor de mayores recursos, mejoramiento de las condiciones edilicias de las escuelas, incremento del presupuesto para los establecimientos y para la Universidad pública. Significaba también la “defensa irrestricta” de la escuela nacional y popular. Luego, entre fines de 1990 y principios del año siguiente, las demandas integraron el cuestionamiento a la aplicación de la Ley Federal de Educación, la cual entre otros efectos provocaría la desaparición de las escuelas técnicas.

Asimismo, la lucha por mejorar las condiciones laborales, concertar con el Estado o bien con los empresarios para evitar despidos y cesantías estuvo presente en 7 jornadas de lucha (2,90%) siendo sus portavoces los empleados y empleadas públicos, bancarios, bancarias y obreros metalúrgicos. A ellas se sumaron 2 eventos que reclamaron por mantener el trabajo.

Las demandas por política social (2) fueron planteadas cuando se movilizaron actores comunitarios (vecinos y vecinas de los barrios), en este caso por la asistencia más regular en los centros de salud municipal y provisión de alimentos cuando sucedió el pico hiperinflacionario, con el propósito de que se implementasen ferias francas controladas por las comisiones vecinales. Por su parte, los empresarios agrarios sentaron 3 demandas exigiendo la rebaja de retenciones.

Gráfico 4. Composición de las demandas en el total de las protestas   

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos relevados en diario Puntal. 

Es importante aclarar que en repetidas ocasiones las demandas se combinaron. Por ejemplo, los educadores y educadoras al mismo tiempo que luchaban por mejoras salariales se expresaban contra la orientación de la política educativa, por mejoras en las condiciones de trabajo no solo en referencia a las escuelas urbanas sino también rurales, por su obra social y aportes previsionales. En sentido similar, los empleados y empleadas del sector público se pronunciaron contra los despidos y simultáneamente en rechazo a la reforma administrativa del Estado.

Este análisis empírico sobre los reclamos amerita un contraste con algunos estudios previos. En este sentido, Schuster (2006) observó que no existe siempre “una relación directa entre crisis económica y cantidad de protestas”. Sin embargo, la escala riocuartense mostraría que sí hubo una correspondencia entre proceso hiperinflacionario y las protestas, sino en la totalidad de ellas al menos en buena parte. En este sentido, varios autores han relevado una serie de indicadores socio económicos y laborales para mostrar cómo desde mediados de la década del setenta fueron configurando un panorama sumamente inestable y de progresivo deterioro en términos generales que afectó a la capa de trabajadores y trabajadoras argentinos (Kessler y Di Virgilio, 2008; Del Cueto y Luzzi, 2013; Pereyra, 2016; Retamozo y Trujillo, 2018). Por eso, coincidimos por una parte con Norma Giarracca (2003), cuando afirma que se trató de protestas de defensa ya que “las demandas estuvieron fuertemente orientadas a preservar derechos sociales adquiridos durante el siglo XX”, entre ellos, las condiciones de trabajo, salarios dignos, educación pública, etc. (p. 260). No obstante, es importante recalcar, algunas demandas (en el caso de los y las docentes y empleadas y empleados bancarios y de EPEC) que sentaban su crítica al modelo económico.

Cabe agregar, finalmente, que tanto en unas como en otras acciones gran parte de los trabajadores y trabajadoras que hicieron visible su descontento en el espacio público urbano pertenecían a la clase media, cuyo proceso de empobrecimiento (analizado por varios especialistas ya) se acentuó durante esos años; constituyéndose en otra problemática que sería importante profundizar.

Las formas de la lucha social y el Estado en el foco de la interpelación

En Río Cuarto, y tal como puede deducirse del Gráfico 5 hubo en buena parte de las protestas una persistencia de los repertorios clásicos, ya que los colectivos movilizados emplearon como medio de acción predominante la huelga (197 eventos), manteniendo su modalidad convocante y caracterizando a casi todas las organizaciones sindicales. No obstante, solía combinarse con otras estrategias y así es como hubo movilizaciones (17), asambleas (14) y petitorios (4). Por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras de la educación, así como las personas que pertenecían al área de salud y los bancarios decidían ir a la huelga, con previa discusión en asambleas; de manera similar actuaron los empleados y empleadas de la administración pública, quienes solían añadir a esas medidas, las movilizaciones.

A su vez, hubo colectivos que mostraron innovaciones en las formas de reclamar, tal como ocurrió con los trabajadores y trabajadoras municipales que organizaron 2 ollas populares, además de solicitadas (3). Asimismo, se relevaron 2 tomas, concretadas por el personal de la salud pública provincial y municipal. Finalmente, los empresarios rurales quienes fueron responsables de 2 acciones calificadas como “paro agrario”, de acuerdo con la expresión de Puntal.

Gráfico 5. Los repertorios predominantes 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos relevados en diario Puntal. 

Respecto del principal actor institucional y político que resultaba depositario de gran parte de las demandas, identificamos al Estado en sus tres niveles. Así, quien había obrado durante los cuarenta años precedentes como referente articulador de los derechos sociales, era el foco central de las demandas, en razón precisamente de la amplia refuncionalización que era objeto, mientras un fino discurso oficial subraya su ineficiencia y el final de un ciclo. De la lectura atenta de la crónica periodística también se pudo inferir que, frente al repertorio confrontativo por parte de la sociedad civil, el Estado opuso (tal como ocurrió en 1989) un repertorio de contención del conflicto que incluyó desde la represión a la mediación, constituyéndose en estrategias que ameritan estudios de mayor profundidad.

Las estrategias organizativas

Resulta insoslayable resaltar la vitalidad que mantenían varias organizaciones sindicales tradicionales durante esos años, cuyo alcance nacional les permitía conservar una importante representatividad en los respectivos gremios. En este caso, mientras algunas se mostraron muy combativas^[32], otras actuaron desde un modesto segundo plano^[33].

En cuanto a los gremios con presencia en el espacio subnacional cordobés podrían destacarse tres con gran fortaleza organizativa y movilizadora: la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), la Empresa Provincial de Obras Sanitarias (EPOS) y los Empleados Públicos de la Provincia (SEP).

Por otro lado, desde la Universidad cobraron fuerte protagonismo tanto la entidad que nucleaba al personal docente (AGD) como no docente (ATURC), destacándose en ambos casos la articulación que promovieron sus respectivas dirigencias con las entidades que actuaban en la escala nacional, es decir, con CTERA y CONADU, por un lado, y FATUN, por el otro.

De acuerdo con el Gráfico 6 fueron las organizaciones institucionalizadas las que mayormente movilizaron a los colectivos sociales. De ellas los sindicatos ocuparon un rol clave, pues impulsaron el 98% de las protestas, en tanto las entidades empresariales agrarias y las asociaciones territoriales (vecinales) desarrollaron el 2% restante, respectivamente. Una modalidad autoconvocada es la que reunió a los jubilados y jubiladas perfilándose como una novedosa estrategia de descontento ciudadano.

Los resultados de esas sistemáticas movilizaciones fueron disímiles y así mientras quedó claro que los representantes de trabajadores y trabajadoras vinculados a empresas nacionales que se privatizaron (ferroviarios y telefónicos) protagonizaron fuertes derrotas, los bancarios y bancarias consiguieron presentar y triunfar momentáneamente con un frente de resistencia. En tanto, el gremialismo docente (en sus distintos niveles) exhibió capacidad movilizadora y relieve dirigencial; configurándose este patrón en dos aspectos significativos que merecen una indagación más profunda por sugerir, entonces, que no solo las dimensiones contextuales podrían explicar la dinámica protestataria sino además las tradiciones organizativas sindicales, todavía muy activas y ciertamente portadoras de estrategias clásicas y novedosas de resistencia, algunas^[34], que supieron confrontar con el embate neoliberal de esos años.

Gráfico 6. Las organizaciones movilizadas 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos relevados en diario Puntal. 

A modo de conclusión

A lo largo de estas páginas, se expuso una mirada analítica sobre la protesta social situada, aquella que aconteció en Río Cuarto, en medio del contexto hiperinflacionario que vivió todo el país en 1989 y avanzó, luego de la llegada al poder de Carlos Menem, hacia una profunda reforma cuyos contornos bien nítidos se advirtieron entre 1990 y 1991.

El objetivo central fue examinar la dinámica de esas protestas. Para ello, se tuvo en consideración primeramente la trayectoria que describieron, es decir, su devenir durante el período temporal escogido para abordar luego el contexto en que esos eventos se desarrollaron, haciendo referencia a las condiciones que regían en la escala nacional, provincial y local, para recalar finalmente en algunos componentes de la acción contenciosa situada.

Esas tres dimensiones de análisis mostraron cómo se expresaron los ciudadanos en esta escala del sur cordobés. Sus protestas describen una vigorosa ola interanual de eventos (1989 y 1990), cuya frecuencia decreció en los años siguientes de la Convertibilidad hasta 1994–1995. Y si bien no volverían a registrarse con tanta fuerza, ni siquiera en el crítico año 2001, el horizonte de la confrontación no desapareció. Ello nos llevó a pensar en la agenda de políticas públicas que se implementaron en la escala nacional y, sobre todo, subnacional, así como la incidencia de indicadores estructurales que se acentuaron ante la coyuntura crítica de esos años iniciales de neoliberalismo en la Nación, mientras algunas bases del Estado bienestarista cordobés aún se conservaban. Actores, repertorios y formas organizativas mostraron cómo se hallaba permeada esa escala local por un proceso desenvuelto en el espacio nacional y subnacional que lleva a suponer conexiones sincrónicas con otros colectivos que apelaban a estrategias de resistencia, resignificaciones y reconfiguraciones cuyo estudio en profundidad merecería emprenderse.

Por su parte, el conjunto de protestas situadas presenta algunas notas compartidas con otras escalas, como ser la reconfiguración de la frecuencia de las protestas, por cuanto oscilan para disminuir significativamente hacia 1994, así como es de destacar la fragmentación de los colectivos movilizados con prevalencia de los trabajadores y trabajadoras estatales. Algo similar ocurre con la fuerte demanda salarial y el predominio excluyente de las organizaciones sindicales con su repertorio huelguístico. Otros aspectos, en cambio, resultan distintivos de la escala local, como ser las protestas de los trabajadores/as municipales que introdujeron como nuevo repertorio de lucha las ollas populares y mostraban los desafíos de la profunda reforma administrativa del Estado y en paralelo su descentralización. Así también puede destacarse las intensas movilizaciones que encabezaron los trabajadores y trabajadoras docentes en los tres niveles de la educación pública, con dirigencias muy vigorosas, como el caso de la UEPC y de quienes representaban tanto a los docentes como no docentes de la universidad nacional. También en este sentido, el trabajo abre nuevas y promisorias aristas de indagación para esta escala del sur cordobés.

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