Las reformas estructurales
desde los espacios subnacionales

Marcela Susana Brizzio

Resumen

Los inicios de la década de 1990 para Argentina significaron una época de cambios. En la búsqueda de soluciones a la crisis económica se irán implementando políticas de reforma estructural de corte neoliberal. Dichas políticas (y posteriormente su fracaso) tuvieron fuertes y regresivos impactos sociales que llevaron al aumento de la conflictividad social, tomando diversos ribetes tanto a escala nacional como local.

Este capítulo pretende retratar la conflictividad ciudadana riocuartense entre los años 1994–1996, tomando en consideración algunas dimensiones implicadas en la categoría “protesta social”: actores, demandas, repertorios, formas de organización. Al estudio cuantitativo se suman consideraciones analíticas respecto de las particularidades que asume la conflictividad social en espacios subnacionales. Asimismo, el capítulo avanza en la reconstrucción de la coyuntura histórica, tanto local como provincial y nacional, para aportar elementos explicativos con la pretensión de demostrar que ya al promediar la década de 1990 se comenzaban a notar los efectos regresivos de las “reformas estructurales” llevadas a cabo por el Ejecutivo Nacional, que dichas reformas impactaron primeramente en los ámbitos subnacionales, y activaron tempranamente la protesta social ciudadana.

Introducción

Desde el año 1983, Argentina inicia un proceso de recuperación de la democracia y del Estado de Derecho. Las esperanzas estaban puestas en la reorganización del sistema político y de la economía. Si bien, desde entonces, el Estado de derecho no ha conocido profundas alteraciones (ello en la medida que la crisis del 2001 pudo ser resuelta institucionalmente), no podemos decir lo mismo del desempeño económico. La recuperación de la economía estuvo condicionada por la crisis de endeudamiento externo y la inflación incontrolable. En la búsqueda de soluciones a estos problemas se dio paso progresivamente a la configuración de una economía neoliberal (Arriaga et al. 2012). La implementación de políticas de cambio estructural (y posteriormente su fracaso) tuvieron fuertes y regresivos impactos sociales, que llevaron al aumento de la conflictividad social, tomando diversos ribetes tanto a escala nacional como local.

Este capítulo analiza un ciclo de protesta en la ciudad de Río Cuarto que corresponde a los años 1994–1996. En las páginas que siguen trataremos de dar cuenta de las diferentes acciones colectivas de protesta, los actores y sus repertorios, sus principales demandas, teniendo como base documental el periódico riocuartense Puntal^[1]. Cabe aclarar que en esta instancia el periódico se constituyó como fuente principal para identificar las protestas sociales. Hemos tomado en consideración que su utilización implica algunas limitaciones, en tanto la realidad es mediada por la construcción discursiva y el posicionamiento ideológico que subyace al periódico^[2]. A pesar de esta limitación entendimos que es un inicio importante para acercarnos a un mapeo y sistematización de la protesta social en la ciudad de Río Cuarto, que fue el objetivo general de la investigación.

En sus aspectos cuantitativos la indagación periodística arrojó una serie estadística que mostró un incremento notable de protestas durante el año 1995, llegando a 103, a diferencia del año 1994 que contabilizó 45, o de 1996 que lo hizo con 24. Más específicamente el primer semestre de ese año registró el 48% de las acciones de todo el período relevado. Asimismo, se visibilizaron como actores principales las trabajadoras y los trabajadores llegando en el año 1995 a realizar el 85% de las acciones contenciosas; muchos de ellos eran empleados públicos provinciales (de la educación, de la salud, de la administración), quienes se presentaban con un alto nivel de organización gremial y que hacían oír sus reclamos (principal pero no solamente salariales) a partir de una combinación de repertorios más tradicionales, como la huelga, con otros más novedosos como ollas populares o manifestaciones. Ello nos motivó a preguntarnos el porqué de ese momento crítico en 1995, conociendo de antemano que el entonces presidente Carlos Menem había sido reelecto con un alto porcentaje de aprobación, especialmente por sus visibles logros macroeconómicos. ¿Qué relación podrían tener el incremento de la conflictividad en la ciudad de Río Cuarto con el modelo político económico implementado a nivel nacional? ¿Cuál era la situación cordobesa que hizo a sus trabajadores y trabajadoras del sector público activar el descontento social? ¿Qué particularidades nos presenta el ámbito riocuartense respecto de la “protesta social” a escala nacional? ¿Qué cambios o continuidades hay en los actores, repertorios, demandas entre el conflictivo año 1995 y los años 1994 y 1996?

Para dar respuesta a estos interrogantes y a partir de los postulados teóricos sostenidos por el equipo de investigación^[3], se inició una búsqueda que nos permitió avanzar en una reconstrucción de la coyuntura histórica en que sucedía la protesta. A partir tanto de fuentes primarias (en este caso una de ellas es el periódico Puntal) como secundarias, bibliográficas, pudimos establecer aspectos clave de la situación política y socio económica nacional, provincial y local. Este capítulo se inicia entonces, cumpliendo ese primer objetivo: en la primera parte nos abocamos a hacer una breve descripción de la política, la economía y la situación social en las escalas local, provincial y nacional durante el período. Seguidamente, presentaremos los datos relevados del accionar contencioso en la ciudad de Río Cuarto. Allí, junto a la descripción y cuantificación de algunas de las dimensiones implicadas en la categoría “protesta social”, bosquejaremos un retrato de la conflictividad ciudadana riocuartense, las similitudes o diferencias que presenta respecto de otras escalas y algunos elementos que nos permitan entender sus particularidades. Para concluir, el capítulo se cierra con algunas consideraciones que aportan elementos explicativos para demostrar que ya al promediar la década de 1990 se comenzaban a notar los efectos regresivos de las “reformas estructurales” llevadas a cabo por el Ejecutivo Nacional a cargo del presidente Carlos Menem (1989–1998) que, impactando primeramente en los ámbitos subnacionales, activaron la protesta social ciudadana.

Política y economía entre los años 1994 y 1996

El ciclo de protesta se enmarca dentro de los últimos años de la primera presidencia de Carlos Saúl Menem y los inicios del segundo mandato producto de la reforma de la Constitución Nacional del año 1994. La implementación del programa de reformas estructurales de cuño neoliberal (privatizaciones, liberalización de los mercados productivos, comerciales y financieros, desregulación económica, descentralizaciones y reducción del aparato del Estado, entre otras) y del plan de convertibilidad, como programa de estabilización, fueron los hitos de estos años de gestión.

La provincia de Córdoba estaba gobernada por el Partido Radical bajo el liderazgo del gobernador Eduardo César Angeloz. Era su tercer período desde que comenzó en 1983 y planteó a Córdoba como la “Isla de Bienestar” (Gordillo, 2012, p. 15). Inclusive había participado de la batalla electoral por la presidencia en 1989, con un discurso a favor de las reformas estructurales, y si bien fue coherente con él, la reforma provincial se fue implementando de manera gradual y adoptando características propias del “modelo cordobés” (Gordillo, 2012, p. 16 y Arriaga, et. al, 2012, p. 26).

Una de ellas es el carácter particular que introdujo el gobierno provincial incorporando instancias de negociación y participación de los grupos de intereses sociales y de la burocracia estatal con el fin de que los problemas planteados no excedieran el radio de acción de los recursos disponibles (Arriaga, et al., 2012, p. 28). Dicho formato se vehiculizó en espacios institucionalizados y jerarquizados de concertación^[4] con grupos de poder y en donde el Estado se reservaba la última palabra^[5]. El supuesto programático del gobierno radical era de una democracia política con contenido social, de sesgo social demócrata, con una fiscalidad progresista, cobertura en salud y educación amplia y de tendencia universalista, altos salarios, jubilaciones también altas (La Serna,1997, pp. 104–105).

Respecto de los cambios operados en el Estado cordobés, el marco regulatorio fue la Ley N° 7850 de Reforma Administrativa del Estado Provincial del año 1989. La norma preveía la reestructuración administrativa, privatizaciones parciales, descentralización, desregulación y desmonopolización de algunas actividades, entre otras. No todas las iniciativas en relación a dichos temas fueron sostenidas en el tiempo; además, fueron muy graduales. Dada la política de negociación encarada por Angeloz antes citada, diversos sectores se movilizaron ofensivamente para sostener sus demandas (Arriaga, et al, 2012, p. 35).

Su gobierno culminó en julio de 1995 cuando Ramón Bautista Mestre asumió anticipadamente. En sus primeros meses de gestión se obtuvieron créditos y financiamiento, se emitió el CECOR (un bono de cancelación de deuda) que actuó como cuasi moneda y permitió al Estado provincial pagar salarios y gastos corrientes adeudados, superando así la crisis financiera y recuperando cierta calma social. En el mediano plazo se comenzaron a implementar reformas de racionalización administrativa, al tiempo que también se producía un cambio en el tipo de intervención y un modo de construcción política distinta a la gestión anterior, centralizando las decisiones y dejando de lado la participación de actores interesados^[6].

A nivel general, en materia económica cuatro eran los sectores típicos que componían (y componen actualmente) la mayor parte de la actividad en la provincia: agricultura, industria, comercio y actividades inmobiliarias. El norte y oeste son las regiones más pobres de Córdoba y tienen una economía con poca actividad productora de bienes y escasa diversificación. En el centro y este provincial la estructura es más amplia; en varios departamentos hay preponderancia de actividad industrial y un reparto más balanceado en el resto de los rubros. Capital es el departamento con mayor diversificación productiva, junto con Río Cuarto y San Justo, además de tener el peso más elevado en la economía provincial. En tanto, el sur y el sudeste también tienen una estructura poco diversificada, pero son predominantemente agropecuarios y con los mayores niveles de riqueza de la provincia (Valdemarca, et al. 2017).

Desde mediados del siglo XX, en pleno auge de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), Córdoba capital ocupaba un papel importante como productora de bienes industriales destacándose en las ramas metalmecánica y automotriz. Los efectos del nuevo régimen social de acumulación dan cuenta de una notoria reducción en las industrias manufactureras y un pronunciado deterioro de las condiciones de empleo de los trabajadores y trabajadoras. En términos generales, en el período 1983–2001, con las políticas de apertura económica y la eliminación de barreras arancelarias a las importaciones, la industria sufrió un fuerte reacomodo: se produjo un cierre masivo de pequeños y medianos establecimientos fabriles y, consecuentemente, el desempleo de un considerable número de trabajadores (Arriaga, et al. 2012, pp. 455–458).

En las zonas agropecuarias desde mediados de la década de 1990 se hizo evidente un nuevo patrón socio productivo, el agronegocio. En líneas generales, supuso una penetración masiva del capital financiero en la actividad agropecuaria y el despliegue de una lógica de tipo empresarial donde el conocimiento de las nuevas tecnologías y saberes ocupó un lugar central. Una de las aristas más visibles de las transformaciones que trajo aparejadas el modelo del agronegocio fue la asombrosa expansión del cultivo de soja, lo que sirvió para caracterizar al proceso bajo la denominación de sojización (Arriaga, et al. 2012, p. 458).

La ciudad de Río Cuarto está situada en la zona sur de la provincia, rodeada por un cinturón rural de producción agropecuaria. Siempre se caracterizó por ser un centro comercial, financiero y de servicios; además de un polo educativo en tanto contaba desde los años setenta con una Universidad Nacional (actualmente además hay Universidades privadas). La mayor cantidad de empresas y empleo se concentran entonces en dichas ramas.

Era intendente el contador Benigno Antonio Rins, del mismo partido político que el gobernador Angeloz (Unión Cívica Radical), acercándose ideológicamente a la línea Córdoba (más liberal), pero a su vez contó con el apoyo del Movimiento de Renovación y Cambio (de tinte alfonsinista). Ganó la intendencia en el año 1991, siendo reelegido en 1995. Desde el inicio de su gestión avanzó en una racionalización y modernización del aparato estatal municipal, llevando adelante un nuevo formato de gestión financiera, sobre todo en la realización de obras públicas. A tono con los tiempos y con su propuesta de gestión, favoreció la descentralización de servicios municipales (riego, desmalezado, prestación de atención primaria de salud, salas maternales) en las vecinales^[7]; la conformación de un ente descentralizado para la provisión de agua potable y cloacas (EMOS), de un ente de control municipal (EDITSA, hoy EDECOM), asimismo optó por la licitación y concesión privada de algunos servicios (la recolección de residuos pasó a manos de la Empresa Aseo y el alumbrado público a la empresa Siemmens). Durante su mandato se impulsó la convocatoria a una Convención Constituyente para la sanción de la Carta Orgánica Municipal (habilitada por la reforma constitucional de 1994, la carta orgánica se sancionará en el año 1995)^[8]. La presencia del municipio en la prestación de servicios de salud y asistencia social aparecen como otros aspectos relevantes en la gestión, sobre todo en los años 1995 y 1996, que como se verá más adelante, demandaron la presencia activa del Estado municipal frente a la crisis socioeconómica reinante.

La situación económico-social y el ciclo de protesta

En los años considerados, y tras los hechos de protesta de diciembre de 1993 ocurridos en La Rioja y Santiago del Estero, se van a desarrollar una serie de protestas^[9] en contra de la aplicación de políticas de ajuste en distintas provincias del país.

Casi todos los Estados provinciales parecieron colapsar en medio de millonarios déficits presupuestarios (agravados en el caso de Córdoba en 1995 por los efectos de la crisis del Tequila mexicano) que llevaron a atrasos en el pago a sus proveedores y a los asalariados estatales, al pago de salarios con bonos provinciales, a reducciones salariales y pago en cuotas, a rescindir contratos de los trabajadores, a la modificación del régimen de licencias, así como al traspaso de las cajas jubilatorias provinciales a la Nación, privatizaciones de empresas públicas de electricidad y agua, bancos provinciales (Cotarelo, 2016, p. 197).

Un hecho destacable en el mes de julio de 1994 fue la denominada Marcha Federal, convocada por gremios, partidos políticos, organizaciones sociales y empresarias, contra el plan económico del gobierno. Las columnas partieron desde el interior del país, confluyendo en la Capital Federal, en Plaza de Mayo, el día 6 de julio y reunió a más de 45.000 manifestantes.

Los inicios del año 1995 estuvieron marcados por la campaña electoral para la renovación de autoridades tanto nacionales, como provinciales y municipales. El tema económico saliente fueron los efectos de la “crisis Tequila”^[10]. En los primeros meses del año 1995 se produjo una reducción de las inversiones, crisis en los mercados, bajas en la Bolsa de Comercio de un 35%, acentuando los problemas de liquidez financiera del Estado nacional y sobre todo de los Estados provinciales. Desde el gobierno nacional se implementó un paquete de medidas de ajuste, especialmente una reducción del gasto público y un aumento en la recaudación, en el mes de marzo el IVA (Impuesto al Valor Agregado) se elevó al 21%. No es de extrañar entonces que el 72 % de los hechos de protesta a nivel nacional en el año 1995 fueron llevados a cabo por trabajadores y trabajadoras estatales (Cotarelo, 2016, p. 201), aunque en algunos momentos el apoyo de la ciudadanía por los reclamos y la participación activa en las acciones propuestas llegó a desbordar los límites sindicales y transformarse en estallidos sociales.

La reducción del presupuesto universitario, conjuntamente con el tratamiento y la aprobación en la cámara de diputados el 8 de junio y en senadores el 21 de julio, de la Ley de Educación Superior favoreció las protestas estudiantiles y docentes universitarias a nivel nacional.

Durante el año 1996, si bien la crisis económica había sido controlada y se habían recuperado algunos índices macroeconómicos, una serie de disputas y escándalos, llevan a la salida en julio del ministro de economía Domingo Cavallo y su reemplazo por Roque Fernández, quien avanzó en un paquete de medidas de ajuste, entre las que se contó una “Segunda Reforma del Estado”^[11]. Aunque el tema saliente era la propuesta de profundización de la Flexibilización Laboral^[12], buena parte de los conflictos (tres huelgas generales) provenían del debate en torno a ella. Debemos aclarar que, desde años anteriores, la Confederación General del Trabajo (CGT) había sufrido escisiones. Por un lado, una CGT oficialista propensa a negociar con el presidente de la Nación algunas cuotas de poder; por otro, el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), liderado por sindicatos importantes como el de transporte; y, finalmente, el Congreso de Trabajadores Argentinos (CTA) abiertamente crítico tanto de la política socio–económica del gobierno como del modelo sindical vigente.

Por último, recordemos que en junio de 1996 se produjo el primer corte de ruta en Neuquén en las localidades de Cutral Có y Plaza Huincul, que dará inicio a la movilización de trabajadores y trabajadoras desocupados, movimiento que tendrá preeminencia en la conflictividad social en años posteriores.

Respecto de la situación social en los primeros meses del año 1994 a nivel nacional se produjo el aumento de los índices de pobreza y de desocupación (Puntal, 10/2/1994; 3/4/1994). Mientras que en enero de 1995 la desocupación ascendía al 12%; y se esperaba que para el mes de junio de ese mismo año aumentara al 14%, el ministerio de trabajo en el Boletín de Estadísticas Laborales registró oficialmente una tasa de desempleo abierto del 17,5% para ese año^[13]. Un año más tarde la desocupación a nivel nacional se mantenía en esos guarismos. Muchos de los desocupados y desocupadas eran jóvenes^[14].

En lo atinente a los índices de pobreza, en 1995 por ejemplo, el 19,5% de la población del país era pobre según un informe de un relevamiento realizado por el Centro de Estudios para la Nueva Mayoría (Puntal, 7/7/1995). Varios autores consultados coinciden en que los índices de pobreza se habían reducido en los tres primeros años de la década del noventa, rondando cerca del 16%, y que va a ser a partir de 1995 cuando los índices crezcan, llegando en el año 2002 a cifras que rondaban el 45%.

Respecto de la situación socio económica cordobesa si bien en febrero del año 1994 Córdoba era una de las provincias con menor índice de pobreza del país (alrededor del 10,4%), según cifras dadas a conocer por el gobierno nacional; la situación empeoró y a finales de ese mismo año, la ciudad capital cordobesa era la cuarta con mayor índice de pobreza del país según la Encuesta Permanente de Hogares (Puntal, 19/11/1994). Para el año 1995 y a partir de un relevamiento privado realizado a nivel nacional, la población con necesidades básicas insatisfechas en Córdoba ascendía al 12,4% de la población (Puntal, 7/7/1995). En el período histórico analizado, la desocupación crecía, paulatina, pero sostenidamente, tanto en la capital cordobesa como en el resto de la provincia^[15]. La problemática se transparentó en numerosas ediciones del diario Puntal, en las cuales se informó de despidos en numerosas empresas privadas tanto industriales como de servicios, en la capital cordobesa (Puntal, 3/2/1995, 24/3/1995, 2/8/1995,6/8/1995, 4/1/1996). Por último, cabe mencionar que la Encuesta Permanente de Hogares (onda mayo de 1996) estableció la desocupación en el Gran Córdoba en un 17,2%.

Dentro de la coyuntura local el periódico advirtió que el desempleo era un problema central. Hacia finales de 1994 se informó que “10.000 riocuartenses tienen problemas de trabajo (esto es 1 de cada 4 y medio riocuartense), que 5000 están desocupados y 5000 sub ocupados”; en el mismo editorial se planteó que los desocupados provenían tanto de la estructura estatal, de industrias que cerraron sus puertas, como de comercios locales que cerraron por la baja de las ventas por la crisis del sector agrícola ganadero (Puntal, 27/11/1994). En los primeros meses del año 1995 recrudeció la crisis social. Un indicador de la situación la brindó el diario al advertir que cada vez más gente concurría a los dispensarios municipales en búsqueda de prestaciones de salud (Puntal, 19/4/1995), mientras que los círculos vecinales se transformaban en vectores de la ayuda para la solución de necesidades básicas. En el mes de julio de 1995 se detectó casos de desnutrición (Puntal 19/7/1995). Tanto la iglesia católica en voz de su obispo diocesano como la CGT Regional manifestaron su preocupación por un posible desborde social lo cual puso de manifiesto el grado de incidencia de la crisis (Puntal, 23/4/1995). En diciembre de 1995 se dieron a conocer los datos de la Primera Encuesta Permanente de Hogares realizada en la ciudad y a octubre de ese año la desocupación en Río Cuarto era del 20,2%, ocupando el tercer puesto entre las ciudades con mayor índice de desocupación, mientras que la subocupación rondaba el 14%. Una medida que reflejó la complejidad de la situación social fue que en el mes de noviembre la Municipalidad otorgó 23.000 “carnets de carecientes”, como forma de organizar la prestación de servicios asistenciales. La situación social se agravó durante el año 1996, si bien la desocupación y la subocupación descendieron al 18% la primera y al 13% la segunda, para octubre de 1996 el periódico informó que la pobreza “golpea al 37% de los hogares riocuartenses” (Puntal, 6/10/1996), siendo el 22% de ellos nuevos pobres. Mientras que los carnets de carecientes alcanzan al 28% de la población, en número absoluto, esto es 39.000 carnets (Puntal, 6/10/1996).

El período comprendido entre los años 1994 y 1996 puede ser caracterizado entonces como una etapa en la cual comenzaron a notarse los regresivos efectos económicos y sociales de las políticas neoliberales encaradas por el ejecutivo nacional. Ellos se hicieron sentir duramente en los espacios subnacionales, alimentaron las protestas de diversos actores sociales quienes se movilizaron a lo largo y ancho del país. En ese marco, la provincia de Córdoba y la ciudad de Río Cuarto en particular, como caso bajo estudio, no serán excepciones, aunque las acciones colectivas, sus modalidades, demandas y formas cobraron peculiaridad en función de su propia trayectoria socio histórica.

Retratando la protesta social en la ciudad de Río Cuarto

Los datos obtenidos durante la investigación permiten esbozar el entramado de la situación riocuartense y de la conflictividad. Este apartado pretende bosquejar tanto los aspectos cuantitativos como algunos cualitativos del accionar contencioso de la ciudadanía; sus demandas (muchas de ellas surgidas de situaciones puntuales que trataremos de explicar) sus repertorios y formatos de organización, y las particularidades que presenta el espacio local en relación a las dimensiones de análisis.

El relevamiento realizado a partir de la fuente periodística muestra que en el año 1994 en la ciudad de Río Cuarto se registraron un total de 45 protestas, mientras que en 1995 el total fue de 103 acciones y en 1996 fueron 24. Estos datos permiten afirmar que dentro del ciclo podemos apreciar un incremento notable de las protestas en el año 1995.

Gráfico 1. El ciclo de protestas 1994–1996 

Fuente: elaboración propia a partir del registro hemerográfico. 

En el año 1994 hubo dos ciclos de protesta: uno corresponde a los meses de abril y mayo (con 17 acciones) y el otro a agosto y septiembre (con 12). Respecto del año 1995, que caracterizamos como un año de fuerte conflictividad social, el número de protestas se duplicó sobradamente respecto del año anterior. Un total de 83 protestas, es decir el 80,58% se dieron entre marzo y julio de ese año y coincide con la crisis financiera del Estado provincial.

Para el año 1996 podemos apreciar que, del total de 24 protestas, los meses de agosto (con 6) y noviembre diciembre (con 9) registraron la mayor cantidad de acciones de protesta. Estos últimos meses acumularon el 37,5% del total de las mismas.

Es preciso hacer una breve digresión e introducir aquí algunas explicaciones sobre la crisis de 1995 y por qué el “modelo cordobés” concluyó a mediados de la década. La crisis financiera internacional de ese año “puso fin al tipo de financiamiento sobre el que se sustentaba la gestión angelocista (créditos internacionales negociados por la banca provincial)” (Arriaga, et al, 2012, p. 38). La demora o abiertamente la negativa, por un lado, de la Banca internacional en el otorgamiento de créditos^[16] y por el otro, del gobierno nacional a salir en socorro de la provincia (en tanto se consideraba que no hacía los ajustes que el PEN solicitaba) llevó a la crisis financiera del Estado cordobés. La escasez de recursos hizo que la administración no pagara a sus proveedores y definiera casi diariamente el cronograma de pagos a jubiladas y jubilados y empleadas y empleados estatales (Puntal, 7/2/1995). A mediados de año, el Estado provincial adeudaba salarios, en algunos casos de hasta 3 meses. En la capital cordobesa desde marzo se sucedieron casi diariamente marchas y movilizaciones por las calles céntricas. En junio de 1995, la provincia impulsó un duro paquete de medidas económicas que se debatió en la legislatura provincial y dio como resultado la Ley de Emergencia Económica, Financiera y Previsional del sector público provincial (N° 8472), sancionada el 22 de junio. Un día después se produjo en la capital un estallido social que incluyó la quema de la Casa Radical (Puntal, 24/6/1995). La ola de protestas que se había iniciado en marzo recrudeció. La situación política en el ejecutivo provincial era compleja, ya que en esos meses se estaba produciendo la transición para la entrega del poder y la asunción del gobernador electo Ramón Bautista Mestre (también de la UCR). Las intensas protestas que se dieron sobre todo en la capital profundizaron la crisis que llevó a la renuncia anticipada de Eduardo Angeloz el 6 de julio de 1995 y a la asunción de Ramón Mestre la semana siguiente.

Esta breve explicación nos permite entender los datos relevados respecto de la dimensión de los actores, es decir, los colectivos sociales que llevan adelante las protestas. El 82% fueron protagonizadas por trabajadoras y trabajadores (de todas las subcategorías desglosadas)^[17]. De ese total, el 66% correspondió a las empleadas y los empleados públicos de los diferentes niveles del Estado y de las diversas áreas, salud, administración, aunque prima los conflictos laborales con docentes. Por los resultados obtenidos advertimos que quienes más llevaron adelante acciones de protesta fueron las trabajadoras y los trabajadores en relación de dependencia y dentro de ellos, los estatales, que como se expuso más arriba y a raíz de la crisis financiera provincial se vieron impedidos de cobrar sus salarios en tiempo y forma. Aunque hay que aclarar que también tomaron protagonismo en 1995 otros actores vinculados con la problemática salarial como fueron jubiladas y jubilados provinciales. Y en el caso de jubiladas y jubilados nacionales el reclamo se centró en la crisis de la Obra Social PAMI, que los afectó en el año 1996.^[18]

Las y los estudiantes también aumentan su participación. Mientras en 1994 las acciones estudiantiles fueron 2, y en 1996 fueron 3, en el año 1995 se incrementaron a 7, tanto efectuadas por estudiantes secundarios como universitarios.

Gráfico 2. Protestas de 1994 y 1995 por actor social 

Fuente: elaboración propia a partir del registro hemerográfico. 

Gráfico 3. Protestas de 1996 por actor social 

Fuente: elaboración propia a partir del registro hemerográfico. 

En relación a las demandas, el 61% de las protestas reclamaban por la cuestión salarial. Ello se explica en razón de la demora en el pago de salarios y jubilaciones del Estado provincial, que como fue dicho, en algunos casos llegó a 3 meses.

Asimismo, se visibilizaron reivindicaciones por educación y salud; y políticas económicas generales y sectoriales. Se llevaron a cabo tres marchas en reclamo de justicia y seguridad, una de ellas respondiendo a la convocatoria nacional de repudio por el Atentado a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) ocurrido en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994.

En el caso de estudiantes secundarios, la principal demanda tuvo que ver con la incertidumbre por el dictado de clases durante el primer semestre de 1995 y la aplicación de la Reforma Educativa Provincial en 1996 que estimulará el descontento tanto en la población educativa (docentes, alumnos, padres) como en la población en general. La sanción de la Ley de Educación Superior ampliamente rechazada por las y los estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto fue la principal demanda de dicho colectivo.

La preocupación por la política económica desarrollada por el ejecutivo nacional a cargo del presidente Carlos Menem, irá cobrando protagonismo. Proporcionalmente, mientras que en el año 1994 las acciones que tenían como principal demanda la “política económica” representaron el 6.6 % del total de protestas y en el año 1995 el índice asciende al 11,6%, en el año 1996 dicho porcentaje se incrementó hasta alcanzar un 25% del total de las mismas.

Una acción de la ciudadanía en general que tuvo como principal demanda esta última cuestión fue el apagón general de 5 minutos impulsado por 40 organizaciones riocuartenses y a nivel nacional por el FREPASO (Frente País Solidario) que se llevó a cabo el día 12 de septiembre de 1996, cabe acotar que el periódico registró un elevado acatamiento de la ciudadanía a la medida (Diario Puntal, 1/9/1996).

Gráfico 4. Protestas de 1994 por demanda 

Fuente: elaboración propia a partir del registro hemerográfico. 

Gráfico 5. Protestas de 1995 por demanda 

Fuente: elaboración propia a partir del registro hemerográfico. 

Gráfico 6. Protestas de 1996 por demanda 

Fuente: elaboración propia a partir del registro hemerográfico. 

Dentro de los repertorios, la huelga fue primordial con casi el 53% aunque hubo modalidades novedosas. Un ejemplo fueron las acciones de las trabajadoras y los trabajadores del poder judicial en 1995 quienes optaron por la modalidad de “trabajo a desgano”, transformándose luego, y por dos meses en “abandono de tareas”, esto es, el personal completaba la ficha de asistencia y luego se retiraba del lugar de trabajo. En el caso de docentes provinciales, combinaron el paro sin asistencia a los lugares de trabajo con la modalidad “retención de tareas”. La visibilización en el espacio público de la problemática salarial, educativa y de salud, fue una constante durante el ciclo de protesta. Por ello, es dable apreciar la combinación de repertorios con asambleas, petitorios y movilizaciones. La Marcha de la Tristeza realizada el 3 de abril de 1995, por docentes de la DEMES, culminó en el obispado de Río Cuarto, oportunidad en la cual su titular leyó un telegrama que elevó al gobierno provincial reclamando por el no pago de los haberes del mes de febrero.

La asamblea en los lugares de trabajo fue un repertorio muy utilizado por docentes de nivel primario y secundario, ello implicaba la suspensión de clases en dos horas del turno. Las marchas y movilizaciones por las calles céntricas como repertorio principal se emplearon en el 22% de las protestas. En 1994 se registró un paro patronal agrario, de alcance nacional (cese de comercialización tranqueras afuera, que tuvo impacto en diversos sectores de la ciudad de Río Cuarto) y un repertorio bastante novedoso como fue el apagón de vidrieras de los comerciantes, repertorio que se repetirá en años posteriores^[19]. En el primer caso, el adversario fue el Estado nacional y el principal reclamo eran las políticas agropecuarias. En el segundo caso, también el adversario fue el Estado nacional y la principal demanda fue de carácter impositivo, esta acción contó con el apoyo de Fedecámaras (Federación de Cámaras y Centros Comerciales de la República Argentina), a nivel provincial y la Sociedad Rural de Río Cuarto a nivel local.

La realización de ollas populares fue un repertorio utilizado por el personal de salud del Hospital Central en una calle de alta circulación como es la Avenida Sabattini. Cabe aclarar que en ese momento el Hospital Central se encontraba en la zona sur de la ciudad y a cinco cuadras de la avenida en la que se registró la protesta, por lo tanto, trasladar la olla popular de mate cocido de las puertas del nosocomio a una arteria más transitada le otorgó visibilidad pública al reclamo. Otro repertorio novedoso fue la toma de instalaciones. En la mayoría de los casos correspondieron a edificios públicos. Se producen 5 tomas en total, como repertorio principal. Son tres las acciones estudiantiles: dos llevadas a cabo por estudiantes en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el marco del plan de lucha contra la sanción de la Ley de Educación Superior, y una por el Centro de Estudiantes del IPET N°33.

Respecto de los espacios privados: una toma se realizó en el Instituto de Servicios Sociales Bancarios por parte de sus trabajadores en repudio a la liquidación del mismo, y otra la llevaron adelante trabajadores de la SATCRC (Sociedad Anónima de Transporte de la Ciudad de Río Cuarto), quienes además efectuaron un paro por 24 horas en demanda de la reincorporación de trabajadores despedidos, así como el pago de indemnización correspondiente a aquellos que fueran cesanteados. Asimismo, cabe resaltar la toma de la Zona Sanitaria N° 7 que fue desarrollada por los trabajadores y trabajadoras de la salud en el marco de un plan de lucha que llevaron adelante durante cinco días en el mes de junio de 1995.

Gráfico 7. Protestas de 1994 por repertorio 

Fuente: elaboración propia a partir del registro hemerográfico. 

Gráfico 8. Protestas de 1995 por repertorio 

Fuente: elaboración propia a partir del registro hemerográfico. 

Gráfico 9. Protestas de 1996 por repertorio 

Fuente: elaboración propia a partir del registro hemerográfico. 

Respecto de las formas organizativas, las distintas protestas fueron llevadas a cabo mayoritariamente desde las agrupaciones sindicales. La articulación entre organizaciones gremiales y otros actores sociales (referentes religiosos como el obispo diocesano y políticos como el intendente municipal y concejales, padres de alumnos, vecinalistas) pone de relevancia las redes construidas en un año particularmente conflictivo como fue 1995^[20]. En relación a los aliados y mediadores, la fuente resalta la figura del obispo diocesano, monseñor Ramón Artemio Staffolani y del intendente municipal, Benigno Antonio Rins.

Consideramos oportuno introducir la idea que, en ciudades intermedias como Río Cuarto, las demandas que tenían como principal adversario a instancias estatales nacionales o provinciales, solían ser canalizadas por instituciones relevantes del espacio local, ya sea la iglesia católica o el poder político comunal. La cercanía territorial permitió este tipo de articulaciones. La repercusión de acciones de protesta a nivel nacional fue fluctuante en la ciudad. En el año 1995 se realizaron dos paros nacionales generales (21 de abril y 6 de septiembre) convocados por los gremios opositores (CTA MTA); en ambos el acatamiento fue dispar en la ciudad de Río Cuarto (según lo rescata la fuente consultada). La fragmentación de las centrales sindicales quedó puesta de relieve en el hecho que el mismo 21 de abril la CGT Regional Río Cuarto convoca a un paro y movilización contra el plan económico nacional, pero la fuente se encargó de aclarar que se realizó al margen del convocado por las centrales sindicales nacionales. Sí tuvo mayor adhesión el paro provincial decretado el día 10 de agosto de 1995 por gremios del sector público provincial y de la actividad privada, contando con numerosos adherentes sindicales como CGT Regional, gremios nacionales como UTA, Metalúrgicos, Gremio de la Carne; y partidos políticos como el Frente Grande.

Es importante destacar que el periódico registró para el año 1996 tres paros generales decretados por la CGT a los que se sumaron la CTA y el MTA (Puntal del 8/8/ 1996, 27/9/1996 y 26/12/1996); desarrollándose el 8 de agosto, el 26 de septiembre (de 36 horas) y el 26 de diciembre. En todos ellos dos fueron los temas salientes: la política socio económica del gobierno y la flexibilización laboral. Recordemos que en el mes de julio de 1996 asumió como nuevo ministro de economía, Roque Fernández impulsando una segunda reforma del Estado y modificaciones en las relaciones laborales y gremiales. El ataque frontal a los convenios colectivos y a los formatos de negociación, que implicaban también una arremetida contra el poder sindical, fueron respondidos por los líderes gremiales con medidas de fuerza contundentes. En dos de ellos se registró una “masiva adhesión” como así también articulaciones entre la CGT Regional, partidos políticos, agrupaciones de desocupados, autoridades municipales y religiosas. El paro general de 36 horas que incluyó movilización y misa en la Catedral local fue caracterizado por el periódico como “mayor protesta nacional contra el gobierno menemista” (Puntal, 27/9/1996).

El devenir de la sociedad local durante el ciclo de protesta

Esta breve descripción de los datos obtenidos del período bajo estudio, que consideramos fue un mapeo general, nos permitió delinear a grandes trazos el devenir de la sociedad riocuartense en una de sus aristas, a saber, las acciones y reacciones de la ciudadanía frente a la situación socio política y económica por la que atravesaba ante el cambio de paradigma de acumulación social y el modelo estatal consecuente. La misma muestra un momento álgido a inicios del año 1995.

La duplicación de acciones en el año 1995 respecto del año 1994 (en el año 1994 se registraron un total de 45 protestas, mientras que en 1995 el total fue de 103 protestas y en 1996 fueron 24), tuvo directa relación con la crisis financiera provincial y el retraso en el pago de salarios por parte del Estado cordobés. Como sucedió a nivel nacional, en Río Cuarto, el mayor número de hechos contenciosos en el ciclo aquí expuesto, fueron llevadas a cabo por las trabajadoras y los trabajadores; y en un porcentaje importante por empleadas y empleados públicos provinciales tanto de la Educación y la Salud como de la administración en general, respondiendo según cada año a una coyuntura particular. Si bien, podemos apreciar que el principal reclamo fue salarial, los datos muestran una ampliación de las demandas, avanzando hacia otras relativas a políticas sectoriales y de financiamiento de todo el sistema de salud y educación (tanto provincial como nacional), servicios que eran considerados nodales por la comunidad toda; a políticas económicas aplicadas desde los Estados nacional y provincial y sus consecuencias, tanto en lo relativo al ámbito del trabajo (desempleo, flexibilización laboral) como empresarial (desregulación, carga impositiva). Asimismo, de una lucha en principio sectorial, donde las asociaciones gremiales (estudiantiles, empresariales, de trabajadores) tuvieron fuerte protagonismo en las convocatorias, se pasó a un reclamo que involucró a la sociedad en su conjunto. Esta aseveración se comprueba tanto en la articulación entre diversos actores (por ejemplo, docentes, padres, estudiantes, directivos de escuelas privadas), como en las alianzas estratégicas forjadas al calor de los sucesos (obispo diocesano y concejales).

El incremento de la conflictividad en el espacio local puede tener como primera explicación el impacto de la transferencia de responsabilidades jurisdiccionales (y sus modalidades) desde el Estado nacional a espacios subnacionales, otorgando mayor protagonismo a los niveles provinciales y locales (en servicios como Salud y Educación) que incrementó el peso del empleo público provincial (Oszlak, 2003, p. 3). Si bien la descentralización se había iniciado en el último gobierno de facto, la gestión menemista en los años 90, a través de la Ley de Reforma del Estado, va a completar ese proceso.

En segundo lugar, se puede argumentar la vulnerabilidad de la economía y las finanzas (tanto nacionales como provinciales) frente a los vaivenes económicos internacionales (por ejemplo, el efecto tequila). Mientras que la vulnerabilidad externa (tanto por ingresos de capitales productivos o especulativos externos como por deudas contraídas por el Estado o los particulares) es una cuestión recurrente en la historia económica argentina, va a ser también en esos años que tiende a incrementar su peso por las políticas de liberalización de la década (Bellini y Korol, 2012, p. 255). En este aspecto y para el caso de Córdoba habría que añadirle el formato de financiamiento por el que había optado la administración Angeloz de solicitar préstamos a corto plazo negociados en el mercado financiero internacional por la banca pública provincial (Bancos Social y de la Provincia de Córdoba), lo cual tornaba más vulnerable las finanzas provinciales. Más allá del éxito del plan de convertibilidad en controlar la inflación, el ajuste estructural, en sus sucesivas aplicaciones y la recesión posterior a la crisis del tequila tendrá impactos negativos sobre la producción y el empleo a escala nacional. La búsqueda de una solución en la flexibilidad laboral que hiciera más atractivas las inversiones va a estimular como vimos algunas acciones durante el año 1996. Respecto de Córdoba, la gestión mestrista con su dosis de cambios estructurales también está en la base explicativa de las reacciones ciudadanas.

Una tercera explicación que podemos presentar y que complementa a la ya expuesta, es la tesis que presenta Mónica Gordillo (2012, p. 16), respecto del formato político que habría desarrollado la administración del entonces gobernador Angeloz (de negociación en espacios institucionalizados y jerarquizados, características de la matriz estado céntrica) y que habría dado lugar al empoderamiento de las trabajadoras y los trabajadores públicos (entre otros actores) incrementando su accionar ofensivo derivado del mantenimiento de estructuras, prácticas y discursos propios de dicha matriz. Ese accionar ofensivo registra una modalidad privilegiada como es la huelga y una primacía de la forma sindical institucionalizada en los formatos de organización. Los datos ofrecidos para el año 1995 en la ciudad de Río Cuarto así lo corroboran. Si bien ello tuvo un cambio durante la gestión Mestre, el poder gremial siguió siendo importante en todo el período analizado.

A modo de conclusión

Las acciones contenciosas de la ciudadanía riocuartense entre 1994 y 1996 fueron nuestro objeto de estudio. Avanzamos en la presentación de algunos datos relevados a partir de la prensa local. Tomamos especialmente en cuenta, dentro de las dimensiones establecidas, los actores implicados, sus demandas, formas organizativas y repertorios de acción, así como la situación histórica nacional, provincial y local.

Aún quedan muchas cuestiones por responder. Sólo para dar un esbozo de otras problemáticas nos preguntamos: ¿Qué identidad portaban esos actores? ¿Cómo fue el proceso de su construcción? ¿Se articularon alianzas? ¿Se construyeron redes? ¿Se conformó un espacio político y de acción política conjunta? Si fue así, ¿cuáles persistieron a lo largo del tiempo y qué impacto tuvieron en las identidades particulares de los actores? Para dar respuesta a algunas de ellas la investigación deberá avanzar hacia otras fuentes de información. Las voces de los participantes deberían ser un instrumento privilegiado. Poner en primera persona la dinámica social, sacar el filtro que los medios de comunicación suponen, quizás nos permita ir coloreando el retrato del conflicto social en la ciudad de Río Cuarto.

Referencias

Arriaga, A., Franco, M. J., Medina, L. y Natalucci, A. (2012). Un Estado en transición: Córdoba ante el embate neoliberal. En M. Gordillo, A. Arriaga, M. J. Franco, L. Medina, A. Natalucci y A. C. Solís. (Comps.), La protesta social frente a las reformas neoliberales en la Córdoba de fin de siglo (pp. 25–64). Córdoba, Argentina: Ferreyra Editor.

Auyero, J. (2002). La Protesta. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina Democrática. Buenos Aires, Argentina: Libros del Rojas.

Basconzuelo, C., Quiroga, V. et. al. (2022). ¿Cómo estudiar las protestas sociales en clave local? En C. Basconzuelo, V. Díaz Esteves y A. Aravena Carrasco. (Eds.), “¡A desalambrar!”. Resistencias, desigualdades e itinerarios posibles en sociedades latinoamericanas (pp. 221–242). Santiago de Chile, Chile: Ariadna Ediciones.

Battistini, O. y Montes Cató, J. (2000). Flexibilización laboral en Argentina. Un camino hacia la precarización y la desocupación. Revista Venezolana de Gerencia, 5(10), 63–89. Maracaibo, Venezuela: Universidad del Zulia.

Basualdo, E. (2018). Endeudar y fugar. Un análisis de la historia económica argentina, de Martínez de Hoz a Macri. Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno Editores.

Bellini, C. y Korol, J.C. (2012). Historia económica de la Argentina en el siglo XX. Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno Editores.

Carrizo, C. (1997). Intervención estatal y organizaciones sociales. El Consejo Económico y Social de la provincia de Córdoba. 1985.1993. Administración Pública y Sociedad, 10, 122–147. Córdoba, Argentina: IIFAP.

Ceballos, A., Navarro, C. y Philp, M. (2018). Itinerarios. Recorridos por la historia de Córdoba. Córdoba, Argentina: Editorial de la UNC–Escuela de Historia FFyH–UNC y Ministerio de Educación.

Cotarelo, M. C. (2016). Argentina (1993–2010). El proceso de formación de una fuerza social. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Imago Mundi.

Gordillo, M. (2012). Introducción. En M. Gordillo, A. Arriaga, M. J. Franco, L. Medina, A. Natalucci y A. C. Solís. (Comps.), La protesta social frente a las reformas neoliberales en la Córdoba de fin de siglo (pp. 9–24). Córdoba, Argentina: Ferreyra Editor.

La Serna, C. (1997). Actores y procesos en la crisis del Estado de Bienestar. Administración Pública y Sociedad, 10, 101–121. Córdoba, Argentina: IIFAP.

La Serna, C. (2001). Reforma y Democracia: el caso del Estado de la provincia de Córdoba en el periodo 1995–1997. Administración pública y sociedad, 14, 87–107. Córdoba, Argentina: IIFAP.

Novaro, M. (2010). Historia de la Argentina,1955–2010. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI editores.

Oszlak, O. (2003). El mito del estado mínimo. Una década de reforma estatal en Argentina. Desarrollo Económico, 42(168), 519–543. Recuperado de https://www.jstor.org/stable/3455903

Schuster, F, et. al. (2006). Transformaciones de la protesta social en Argentina 1989–2003. Documento de trabajo N° 48. Buenos Aires, Argentina: Instituto de Investigaciones Gino Germani. UBA.

Sidicaro, R. (2003). Los tres peronismos. Estado y poder económico, 1946–55/1973–76/1989–99. Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno editores.

Suriano, J. (2005). Nueva Historia Argentina. Tomo X. Dictadura y democracia (1976–2001). Buenos Aires, Argentina: Editorial Sudamericana.

Svampa, M. (2009). Protesta, Movimientos Sociales y dimensiones de la acción colectiva en América Latina.

Torre, J.C. y De Riz, L. (2000). Argentina, 1946–1990. En L. Bethell. (Comp.), Historia de América Latina. Tomo 15, (pp. 60–155). Barcelona, España: Crítica.

Valdemarca, L., Angelini, B. y Gutiérrez, G. (2017). Transición y consolidación de la democracia. Desde el Estado benefactor hacia el estado gestionador. Recuperado de https://ansenuza.ffyh.unc.edu.ar/handle/11086.1/1179

---