El crecimiento no azaroso de la industria lúdica

Cuando conocí a Sandra, ella vivía del juego desde hacía ya muchos años, incluso antes de que manejara una agencia. Su relación con el rubro estaba mediada por la trayectoria familiar de su exmarido, Roberto, quien había continuado con la actividad de su padre y de su abuelo. Este último, llegado de España sin más instrucción que un oficio de peluquero, pudo abrir su propia barbería en el barrio de Villa Crespo, en la Ciudad de Buenos Aires. Todavía no existían las agencias dedicadas exclusivamente a la venta de billetes de lotería, y estos eran comercializados en locales de diversos ramos. Aquel inmigrante se inició así, como una actividad secundaria a su métier, en la venta de un juego que únicamente sorteaba una vez por semana y en las festividades de fin de año. El hecho fue que, habiéndole quedado en una oportunidad un remanente de billetes de Navidad sin vender, y ante la normativa que impedía devolverlos a la Lotería de Beneficencia (algo que aún sucede para ciertos juegos), debió comprar él mismo los sobrantes… Uno de ellos lo convirtió en el gran ganador. La historia familiar quedó de esta manera –hasta Roberto y, por su intermedio, Sandra– ligada a la propia trayectoria del juego en nuestro país. Trayectoria que, en buena medida, deja entrever su transformación si comparamos aquella barbería de barrio con la concurrida agencia que luego atenderían su nieto y Sandra.

Sin embargo, cuando Sandra ingresó en la actividad, “no sabía casi nada” acerca de ella. Fueron diversas circunstancias económicas y personales las que la llevaron a iniciarse como “permisionaria”^[1] del IPLC. El ingreso no le fue sencillo, y debió concurrir muchas veces a la ciudad de La Plata, donde se encuentran las oficinas del IPLC, hasta lograr los permisos correspondientes. En uno de nuestros primeros encuentros, me comentó cómo, mientras esperaba ser atendida una de las innumerables veces, ya agotada y entre sollozos ante las constantes demoras y trabas, alguien le había dicho al pasar: “A ver si te avivás, nena”. Más cautelosa, ante el grabador ya no mencionaría la cantidad de dólares que debió pagar “por izquierda” para abrir aquella primera agencia, y me explicaría con eufemismos: “Todo depende, puede ser por licitación, puede ser por conocimiento, puede ser poniendo plata de más, puede ser contactándote con gente que te ayude a conseguirla más rápido, porque por vía normal tarda mucho tiempo”.

Luego de haber sostenido una primera agencia en Campana, Provincia de Buenos Aires, logró trasladarse a una segunda, algo más cercana a la Capital. Fue así que, desde el año 1998 y hasta el 2011, Sandra mantuvo junto a su exmarido una agencia (La Quince) ubicada en Belén de Escobar, en la Provincia de Buenos Aires, sobre una de las avenidas principales en el centro comercial de dicho municipio. Paralelamente, al poco tiempo, logró abrir una ella sola, sin sociedad con su exmarido, a unas pocas cuadras de La Quince, en una zona de menor tránsito y con menores niveles de apuesta. En el 2011, por último, poco antes de que vendieran La Quince, Sandra adquirió una tercera agencia ubicada en la localidad de Martínez (El Veintidós), partido de San Isidro, también en la Provincia de Buenos Aires.

De entre los juegos que se ofrecen en agencias, que, para la Provincia de Buenos Aires, rondan los 19^[2], la quiniela es el más comercializado y prácticamente era el que representaba la mayor cantidad de ingresos en todos los locales de Sandra. En nuestro primer encuentro, mientras nos dirigíamos hacia La Quince, me relató:

La quiniela es lo que más ganancia nos deja a nosotros como agencieros. […]. Y te aclaro algo: cuanto más lejos te vas de la Capital, más jugador, más la gente juega a la quiniela. Acá en Escobar lo vas a ver vos ahora, tenés chiquitos de diez años que te vienen a comprar raspadita^[3]. Y que le dicen al padre, que vienen a jugar a la quiniela con ellos, y le dicen… le tiran números, “Jugame al 28, jugame al 82”.

Como se observa en el gráfico 1.1, el crecimiento de lo apostado a la quiniela en La Quince, en comparación con otros juegos, devela la mayor presencia que tiene aquella en la vida cotidiana de sus jugadores, en contraposición a los que solo realizan sorteos una o dos veces por semana.

Gráfico 1.1. Total de apuestas por año en quiniela y en resto de juegos (2004-2010) – Agencia La Quince

Fuente: elaboración propia con base en datos oficiales de la agencia La Quince.

Si bien La Quince y El Veintidós mostraban particularidades en su público, dado que se ubicaban en zonas sociodemográficas diferentes, la mayor parte provenía especialmente de los sectores medios y bajos, y, en el caso de El Veintidós, se evidenciaba una mayor composición de jubilados. Empleados y empleadas municipales y de comercio, gendarmes, albañiles, barrenderos, empleadas domésticas, cuentapropistas, taxistas, pequeños y pequeñas comerciantes, amas de casa, jubilados y jubiladas, obreros industriales, y trabajadores y trabajadoras informales eran algunas de las personas que diariamente concurrían a La Quince para realizar una o varias apuestas. De entre todos los negocios de la zona, el de Sandra era uno de los primeros en abrir sus puertas por la mañana (a las 8:00 horas) y uno de los últimos en cerrar (a las 21:00 horas). El IPLC no obliga a tener un horario específico, pero Sandra sabía que a primera hora muchas personas que se dirigían al trabajo, a llevar a sus hijos a la escuela o a realizar alguna compra podían aprovechar para hacer la primera jugada en su local. Incluso antes de la apertura, no pocas veces se formaba una fila de 4, 5 o 6 personas. Si bien no era el único local de juego en la zona, su ubicación resultaba privilegiada para recibir antiguos y nuevos clientes.

Pablo: ¿Hay muchas agencias en Escobar?

Sandra: Mirá, éramos tres cuando yo vine en el 98. Hoy creo que son más de 20.

P: ¿Y más o menos todas cercanas?

S: Sí, 300, 400 metros, 500 metros una de otra. Yo desde el 98 a la fecha, a mí me aumentó el número de jugadores. Si vamos a tomar como base desde que yo abrí, a mí me aumentó. Ahora con esta… el año pasado y este con la situación del país, es como que se planchó. Pero sí, a mí me aumentó. Todos los días tenés caras nuevas de gente… y más en el lugar donde estoy yo. Yo tengo dos agencias: la que está en el barrio, digamos, tenés siempre más o menos la misma gente. La que está en el centro [La Quince], todos los días caras nuevas. Y gente que es el cliente de todos los días, y el cliente que… que te viene a jugar… y hay clientes que apuestan mucha plata.

Este crecimiento de la competencia, que podría haber sido sobreestimado por la posición explícitamente interesada que ocupaba Sandra en cuanto agenciera, era, no obstante, matizado por el reconocimiento del incremento en sus niveles de actividad: “El que me caminaba diez cuadras para venir a jugar ahora camina cinco y tiene una antes. Es así. Pero… mientras todo, todos laburamos”. Este dato (“A mí me aumentó”, “Todos laburamos”), objetivamente acertado –los montos jugados se incrementaron un 139 % entre el 2004 y el 2010 en La Quince, contra un 81 % de inflación acumulada en dicho período–, marca ya una tendencia que, como expondré luego, supera ampliamente a Belén de Escobar. La apertura de nuevas agencias, los mayores niveles de apuestas, la multiplicación de la oferta de juegos van señalando la presencia cada vez más extendida de dicha actividad, tanto por su diversificación, como por los montos manejados y la extensión territorial que ha venido alcanzado durante las últimas décadas. Pero, como ya he mencionado con Sandra, el ingreso y las condiciones de operación están regulados por un organismo estatal, autárquico y descentralizado, dedicado a la explotación de juegos, lo que implica dar cuenta del proceso político por el cual el juego ha sido cada vez más ofertado.

Teniendo en cuenta lo anterior, debo ubicar mi mirada sobre un contexto mayor del cual La Quince y el resto de las agencias son emergentes, focalizándome en el lugar expansivo que viene ocupando el juego en las sociedades occidentales y, particularmente, en nuestro país. Esto me permitirá relocalizar la historia de Sandra en un universo que no es ya el del juego folclorizado de la quiniela, el de las letras de tango y las aguafuertes de Arlt, sino el de una industria global.

El crecimiento de la apuesta

El juego siempre ha sido objeto de atención por parte de los poderes públicos y religiosos, aunque esto no se tradujo en un idéntico tratamiento, y la percepción y definición del fenómeno fue variando de acuerdo al contexto sociohistórico y cultural de cada sociedad (Abt, 1996; McMillen, 1996; Reith, 2007).

Durante la mayor parte del siglo pasado, las apuestas legales en las sociedades occidentales fueron contenidas a juegos específicos (como la lotería o las carreras de caballos) y en los límites de áreas geográficas determinadas, y su crecimiento estuvo vinculado principalmente a necesidades fiscales (Cosgrave y Klassen, 2001). La condena moral que recaía sobre el juego, centrada en valores como el trabajo y el ahorro y en creencias religiosas (sobre todo en los países con fuerte presencia protestante), hacía que la industria mantuviera una autonomía muy acotada y fuera tolerada para fines específicos. En este sentido, los Estados permitían el juego por excepción (Abt, 1996), es decir, no establecían para sus ciudadanos el derecho de apostar al juego que quisiesen, sino que habilitaban solo algunos de ellos para ser jugados en condiciones particulares, regulando así una delgada línea que mediaba entre la condena ética y una diversión anodina (Reith, 2004). Para decirlo con Caillois (1995), se trataba de una geografía social de lo puro y de lo impuro en la que el juego se hallaba reducido, en su forma legal, a determinados contextos y bajo ciertas reglamentaciones que intentaban circunscribir su expansión, asociándoselo generalmente con actividades ilícitas o dañinas para la sociedad y en una clara contraposición al trabajo^[4].

Aun cuando los gobiernos tolerasen determinados niveles de apuestas ilegales, su intervención estaba dirigida a contener el juego permitido dentro de ciertos espacios heterotópicos, es decir, espacios reales y localizables (por contraposición a las utopías), pero que se presentan como contraespacios, separados y delimitados, que subvierten las reglas de la vida cotidiana (Foucault, 2001). Piénsese, por ejemplo, en el paradigmático caso del estado de Nevada en Estados Unidos (allí se encuentra, rodeada por el desierto, la ciudad de Las Vegas, conocida al mismo tiempo como “la ciudad del pecado” y “la ciudad de las segundas oportunidades”), el cual fue durante 46 años el único estado en el que se permitían casinos comerciales.^[5] Sucede que los juegos de azar han sido doblemente profanos en nuestras sociedades (Varenne y Bianu, 1990): en ellos interviene el azar, lo que no tiene causa, y por esto mismo se enfrentan a la ley del trabajo, que es la de la causalidad. Y, al mismo tiempo, niegan el mérito y el esfuerzo que se han esgrimido como las principales virtudes morales del desarrollo económico y social.

Pero, aunque las diferencias nacionales en términos de regulación deben verse a la luz de los valores dominantes en cada sociedad, también es cierto que los años de creación de Loterías coinciden en buena medida con períodos de necesidades fiscales, ya sea para el sostenimiento de determinadas políticas o incluso para la propia expansión de los Estados^[6]. Frente a las evaluaciones morales negativas, la apertura de juegos fue en general justificada a partir de la referencia a “propósitos superiores” (Eadington, 1996) hacia los que se dirigirían parte de los ingresos. Dichos propósitos, incluso hoy, se han referido al sostenimiento de actividades sociales y de caridad, al desarrollo económico regional (especialmente para el caso de los casinos) y a la generación de empleo. Así, por ejemplo, de un total de 53 Loterías –me refiero en este caso a las instituciones reguladoras y no a los juegos– de países de la Unión Europea (UE) que contabiliza The European Lotteries and Toto Association, 13 (24,5 %) se crearon durante 1945 y 1949, de las cuales 10 se ubicaban en la Alemania occidental de posguerra; en tanto que, con la caída del muro de Berlín, volvió a sucederse una ola de legalización durante la década de 1990, en la que se crearon 14 nuevas Loterías (26,4 %). Si se toman en cuenta otros 17 países que participan de la asociación, pero que están por fuera de la UE, entre 1990 y 2010 fueron 14 las nuevas Loterías (56 %), sobre un total de 25^[7]. Sin embargo, no parece posible pensar que las percepciones morales en torno al juego decayeran simplemente por una necesidad económica. En realidad, es necesario estudiar en cada caso cómo interactúan los valores culturales, los intereses económicos y las necesidades fiscales.

Durante lo que se conoce como el período de los “treinta gloriosos” en Europa luego de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, el juego se mantuvo estabilizado en torno a un número relativamente limitado de Loterías y casinos, sin presentar una tendencia hacia la expansión. Según Garvía (2009), el crecimiento económico de los países europeos fue acompañado por cierto desinterés en el juego, a excepción de España, donde su atractivo aumentó a un ritmo mayor al de su expansión económica de la segunda mitad del siglo xx. Sin embargo, de manera general, fue durante el último cuarto del siglo xx y el inicio del siglo xxi cuando se desarrolló una ola de legalización de las apuestas, la cual estuvo acompañada por una proliferación de las casas de juego en diversos países y distritos.

Desde la década de 1970 en particular, se ha observado un proceso de liberalización y desregulación a escala global de la industria del juego (McMillen, 1996; Reith, 1999, 2004; Cosgrave y Klassen, 2001), iniciado en un contexto de crisis de los Estados de bienestar y de progresiva liberalización de los mercados (Abt, 1996). En este sentido, los Estados pasaron a ser promotores activos de la expansión de la industria a través de los cambios en las legislaciones vigentes y de las licencias otorgadas a ciertos operadores, contribuyendo en muchos casos a la conformación monopólica de esta (Abt, 1996).

Entre los años 1989 y 2000, la cantidad de países en los que se permitían casinos pasó de 77 a 109. En Estados Unidos, por ejemplo, el número de estados en los que existían dichas casas de juego se incrementó de 2 a 38 (Sallaz, 2006)^[8], y ya son 48 en los que se halla legalizado algún tipo de juego de apuestas –sobre un total de 50 estados– (Bernhard y Frey, 2006). Representativo de este proceso es el análisis que realizó, en su informe final de 1999, la National Gambling Impact Study Commission de los Estados Unidos, al señalar que, en 1998, la gente perdió en el país “50 mil millones de dólares en apuestas legales, una cifra que ha aumentado cada año por más de dos décadas, y a menudo a tasas de dos dígitos”, y más adelante añade que,

en los últimos 25 años, Estados Unidos pasó de ser una nación en la cual el juego de apuestas legal estaba limitado y era un fenómeno relativamente raro, a una en la cual esta actividad es cada vez más frecuente (National Gambling Impact Study Commission, 1999: capítulo 1, página 1).

Esta tendencia se ha mantenido en aumento durante las siguientes dos décadas, impulsada a su vez por la cada vez mayor utilización de nuevas tecnologías y, especialmente, por la proliferación de opciones de juego por Internet.

Cuadro 1.1. Cantidad de casinos por país. Importancia absoluta y relativa según cantidad de habitantes. 2019

País	Cantidad de casinos	Población (1)	Cantidad de casas de juego por habitante (2)
EE. UU.	2.167	313,9	6,90
Uruguay	17	3,4	5,00
Paraguay	18	6,7	2,69
Argentina	107	40,1	2,67
México	212	120,8	1,75
Chile	30	17,4	1,72
Perú	42	30	1,40
Brasil	1	198,7	0,01

Fuente: elaboración propia con base en el Worldwide Casino Directories.
(1): expresado en millones.
(2): expresa cantidad de casas de juego por cada millón de habitantes.

El Worldwide Casino Directories contabilizaba un total de 6.031 casas de juego entre casinos, slots e hipódromos a lo largo del mundo en el 2019, incluidos unos 153 casinos operados en cruceros^[9]. Si bien estas cifras resultan demasiado parciales, se evidencia una notable concentración de casas de juego en América del Norte y Europa. En la primera región (que incluye a Canadá, México y Estados Unidos), existían en aquel año 2.591 establecimientos, de los cuales 2.163 eran de Estados Unidos, mientras que en Europa se relevaban unos 1.979. Por su parte, en América del Sur se contabilizaban 298 locales, de los cuales 107 se ubicaban en Argentina, la mayor cantidad dentro de nuestra región: Brasil mostraba solamente 1 (mantiene una histórica prohibición de los casinos, pero también un gran mercado ilegal y de apuestas online), Chile 30, Paraguay 18, Perú 42 y Uruguay 17.

Sin embargo, estos datos solo representan una porción del mercado del juego. Dichas cifras no contabilizan los puntos de ventas de diversos juegos de lotería y de resultados inmediatos que se extienden por amplias zonas geográficas y que garantizan, a la vez que incentivan, una presencia más cotidiana del juego. Solo durante el 2011, la venta total de billetes de lotería en el mundo fue estimada en 262 billones de dólares, mientras que para el 2020 la cifra había aumentado a 311 dólares^[10]. Además de las ganancias que generan, estos juegos no requieren de un uso especial del tiempo, permitiendo una mayor cotidianidad y visibilidad en las apuestas.

Pero más espectacular quizás sea la proliferación de juegos online (iGaming) que se ha dado desde las primeras décadas del siglo xxi y que parece ser el inicio de un mercado colosal. En este caso se trataría ya de la extensión indefinida del juego a todos los ámbitos y momentos (recreativos, familiares, laborales), posibilitado principalmente por el desarrollo tecnológico y más específicamente por Internet y los teléfonos celulares, que permiten una desterritorialización de la captura de apuestas. Si bien este proceso se ha visto acelerado a nivel mundial por las restricciones sanitarias efectuadas a raíz de la pandemia de covid-19, desatada en 2020, hacía desde al menos una década que se había puesto en movimiento. En nuestro país, son al menos 15 los territorios en los que se ha regulado el juego online^[11], con ofertas que van desde apuestas móviles a la quiniela y a juegos poceados como el Quini6, hasta ruletas digitales y mesas de póker.

Ante este panorama, crecientemente se está optando por una legalización que permita regular y controlar –lo cual también implica gravar– este tipo de juegos a nivel mundial. En Europa solo una pequeña cantidad de países aún prohíbe el juego online, en tanto que en América Latina Argentina y Chile son, hasta el momento, los que han tomado la iniciativa en su autorización. Como expondré luego, se trata del mismo proceso que sucedió con diversos asuntos en materia de políticas públicas. La inactividad del Estado no solo puede dejar librada la suerte de los jugadores a las iniciativas de empresas virtuales, sino que además significaría relegar una cantidad ingente de dinero que se terminaría fugando (o al menos quedaría en manos privadas) y que podría constituir fuertes aportes al fisco. Se trata, como en otros tantos casos (prostitución, drogas, donación de órganos, alquiler de vientres, etc.), de un delicado cruce entre una constelación de intereses –públicos y privados–, moral y dinero. El argumento, como expondré en el capítulo 5, siempre gira en torno al marco de “racionalidad” que otorgaría el Estado por contraposición a las pasiones y a los intereses privados. Sin embargo, la oposición teórica encantada entre un Estado garante del bien público y actores privados que buscan beneficios independientemente de las consecuencias sociales no deja ver las vinculaciones que se establecen entre ambos: dado que cada vez más el juego es ofrecido por intermedio de empresas privadas dedicadas especialmente al desarrollo tecnológico de la oferta, los vínculos, las interdependencias y los intereses comunes que se entretejen tienden a ser mayores, lo que vuelve aún más difusa dicha oposición.

En materia de apuestas, como en muchas otras, el Estado muestra un carácter bifronte que, al manifestar el interés público de la regulación del juego (y, en este sentido, desinteresado), oculta la expansión interesada de la que ha sido partícipe ya sea directa o indirectamente (McMillen, 1996). Si, en contraposición a la idea de un mero agregado de oferentes y demandantes individuales, ya se ha señalado la dimensión política de la construcción de los mercados y el papel central de los Estados en ellos (Dobbin, 1992; Fligstein, 1996; Bourdieu, 2005), puede considerarse que el caso de la industria de las apuestas es uno de los que más se halla condicionado en sus características económicas por las decisiones políticas (Eadington, 2003). Los Estados, al intervenir activamente en dicha industria (ya sea por la regulación que ejerce sobre la actividad o por la explotación directa), tienen la capacidad necesaria para incrementar la demanda de juego aprovechando la creciente extensión del uso tecnológico; pero, además, para revalorizar la actividad mediante la legitimidad de las prácticas estatales, la cual se sustenta en la apropiación simbólica de lo “universal” (es decir, del bien común) a través del destino moral de una porción del dinero en juego. Como sostiene Abt para el caso de las loterías,

si [estas] son fundadas en la práctica para extraer ingresos a una tasa demasiado lenta, la amplia dispersión geográfica y la gran escala de las operaciones, junto con la moderna tecnología de las apuestas y la autoridad de los Estados, pueden rápida y fácilmente alterar las características de los juegos para estimular las apuestas y producir grandes pérdidas y, por lo tanto, grandes ingresos para las loterías. […]. El Estado ha alentado las pérdidas del jugador en vez de tratar de minimizar y controlar las apuestas (Abt, 1996: 179-180)^[12].

De esta forma, aunque no todos los juegos son igualmente populares ni todas las ofertas son igualmente consumidas, las pequeñas variaciones que tienden a incrementar la oferta son uno de los tantos mecanismos que se hallan orientados a incitar determinadas prácticas de consumo. De manera que la oferta nunca es una satisfacción a una demanda totalmente ya presente y constituida, sino que, en la misma construcción de la oferta, de sus productos, de sus cualidades y de sus temporalidades, se abre el espacio para la génesis de nuevas demandas. El juego, producto especialmente sensible dadas las esperanzas y creencias que moviliza, es presentado como un aspecto universal del hombre que debe ser satisfecho dentro de los márgenes de la legalidad y orientado hacia los propósitos de solidaridad que el Estado canalizaría, forma de racionalización de un gasto que había sido condenado por el propio Estado y por toda la economía política clásica.

Pero las apuestas online, aunque crecientes, continúan siendo solo una parte del mercado total, las cuales se insertan en una estrategia global de expansión, desdibujando las fronteras que antaño definían al juego como un tiempo separado de la vida “útil” (Huizinga, 1972; Caillois, 1967). Según el informe anual elaborado por The European Lotteries and Toto Association (2021), la cifra de ventas en el 2019 fue, sobre el reporte de un total de 71 de sus miembros adherentes, de 96,5 billones de euros. Esto significó un incremento del 18,1 % con relación al 2015. Para el caso de juegos online, sobre el reporte de 53 miembros, se contabilizaron para ese mismo año 2,9 billones de euros en margen neto de juego (apuestas menos premios y bonos), lo que representó un crecimiento del 145 % en relación con los 1.192 billones obtenidos en 2015.

Por su parte, del otro lado del Atlántico, Estados Unidos es el primer mercado nacional del juego en el mundo. Solo en 2019 las Loterías estatales de dicho país realizaron ventas por 85.500 millones de dólares^[13]. En tanto, los ingresos registrados por la industria de los casinos solo en el estado de Nevada (el más vinculado al juego) pasaron de 575 millones de dólares en 1970 a 2.382 millones en 1980 y a 5.238 millones en 1990 (Sallaz, 2006). En el año 2019, dicha cifra superó los 12 mil millones^[14]. Para el total de los casinos comerciales (sin incluir los explotados por las reservas de pueblos originarios, que merecería un capítulo aparte^[15]), los ingresos brutos ascendieron de 7.100 millones de dólares en 1988 a los 28.000 millones en el 2002, y a 43.600 millones en el 2019^[16].

En América Latina la tendencia no es distinta. Actualmente, los principales mercados regionales generan ingresos combinados por más de 33 mil millones de dólares al año^[17]. En Chile, la industria de los casinos pasó de contar con un solo establecimiento en el 2007 a 26 en el 2019, año en el que los ingresos brutos de la actividad alcanzaron los 671,4 millones de dólares^[18]. En cuanto a las Loterías, la Polla Chilena registró durante el 2019 ingresos provenientes de sus juegos por 170,8 millones de pesos chilenos, contra 105,4 millones del 2007^[19]. En Uruguay, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas informó que las apuestas se elevaron desde 10.848 millones de pesos uruguayos en el 2009 a 15.046 millones en el 2018, a valores constantes de este último año^[20]. En Brasil, los juegos de lotería administrados por el banco público Caixa tuvieron un crecimiento ininterrumpido durante los últimos años, al pasar de los 5.100 millones de reales en el 2007 a 9.700 millones en el 2011, y a los 16,7 millones para el 2019^[21].

Breve cronología del juego legal en Argentina

En nuestro país, la industria de las apuestas no fue ajena a la ampliación que se produjo a escala mundial durante las últimas décadas, y ha sido uno de los sectores más pujantes en los últimos años. Si bien lamentablemente no existen cifras nacionales que condensen las cantidades totales de dinero involucrado, dado que cada provincia tiene la potestad sobre la legalización y explotación de este dentro de su territorio y que no se realiza una centralización de la información^[22], existen indicadores parciales que pueden servirnos para dar cuenta de la magnitud del fenómeno. A partir de la década del 90, se han ido incrementando los establecimientos dedicados a las apuestas, así como los nuevos tipos de juego, aunque el inicio de la expansión se ubica en décadas anteriores.

Durante 51 años, desde la fundación de la Lotería Nacional en 1893, el único juego que se hallaba bajo el control estatal era la tradicional lotería de billetes. En 1944 el gobierno de la nación declaró caducas (decreto n.º 31.090) todas las concesiones de casinos otorgadas hasta la fecha por los gobiernos provinciales a favor de empresas privadas^[23] (Pedetta, 2007). La nación tomó así bajo su cargo, a través de la Lotería Nacional, los casinos privados de Mar del Plata (Casino Central, Anexo i y ii), Necochea y Miramar, ubicados en los principales centros veraniegos de la costa atlántica bonaerense. Entre los considerandos se exponían razones de orden moral y social que justificaban la necesidad de que el gobierno nacional ejerciera el poder de policía sobre la actividad, pero también se esgrimían consideraciones económicas sobre el destino del dinero. Posteriormente, en 1953, se nacionalizaron (ley n.º 14.188) los hipódromos de Palermo y San Isidro, agencias de sport y apuestas mutuas, hasta entonces pertenecientes al Jockey Club (disuelto por la misma ley). Por un lado, se argumentaba que los juegos de azar manejados por entidades privadas solo tenían como objetivo la búsqueda de lucro, lo que implicaba un peligro para la sociedad al no tener miramientos sobre los alcances sociales de sus efectos. Al mismo tiempo, se consideraba que “las sumas de dinero comprometidas anualmente en esos juegos alcanzaban cifras de extraordinaria magnitud, superior al monto total de los presupuestos de todas las provincias argentinas” (Elía, 1975: 121), de las cuales los Estados apenas obtenían una pequeña participación. Se abrió así el primer impulso para que el Estado nacional se posicionara como el agente legítimo para la administración de la actividad durante las siguientes décadas y que, a través de su actuación, se democratizaran espacios que habían estado reservados para las clases altas (Cecchi, 2012).

En el año 1953, la cantidad de casinos administrados por Lotería Nacional era de 5, en tanto que para 1974 el número se había elevado a 18^[24]. Sin embargo, estos lugares no dejaban de ser centros localizados, destinados a un tiempo de esparcimiento más o menos acotado y planificado, concentrándose particularmente en centros turísticos. En este sentido, la ley n.º 4.588 de 1937 indicaba que las salas debían situarse en ciudades balnearias “y a distancia no menor de 350 kilómetros de la Capital Federal”, manteniendo una topología acorde a la separación entre la actividad y el trabajo.

En 1962 se privatizaron los hipódromos de Palermo y San Isidro, devolviéndole la administración al Jockey Club, aunque esto no implicó una derogación de la antigua ley de nacionalización de la actividad. El decreto n.º 2.242 del 12 de marzo, firmado por el presidente Frondizi, establecía una transferencia a dicha asociación a título precario, es decir, revocable en cualquier momento y sin derecho a ninguna indemnización. En tanto, lo producido por dichas explotaciones debía destinarse a satisfacer los gastos inherentes a ellas o al fomento de la actividad hípica, y una parte a retribuir el uso de terreno y bienes propiedad de la nación.

De esta manera, hasta la década de 1970, el accionar del Estado en esta materia se centraba en las carreras de caballos en hipódromos, los sorteos de lotería y los casinos. El juego era una política focalizada en el ocio y, en este sentido, se trataba de una regulación de los vínculos y las separaciones que mantenía con el tiempo y los lugares de trabajo. Ciudades como Buenos Aires y Rosario mantenían prohibida la radicación de casinos en su jurisdicción, por lo que dichos establecimientos quedaban asociados, para los habitantes de estas ciudades, a los lugares de veraneo o bien al juego ilegal.

En 1971 se dio un importante paso en la masificación de los juegos al crearse, mediante la ley n.º 19.336, el concurso de Pronósticos Deportivos (PRODE), a través del cual podían realizarse apuestas sobre los resultados del deporte más popular en la Argentina: el fútbol. La implementación estuvo a cargo del ministro de Bienestar Social, Francisco Manrique, nombrado ese año por el gobierno de facto del general Lanusse. Sin embargo, la idea había sido del subsecretario general del Ministerio, David Graver, para financiar el sistema previsional de los jubilados y pensionados de la nación (Seoane, 1998), creado ese mismo año^[25]. Este juego haría furor en todo el territorio nacional y sería el primer juego masivo de nuestro país^[26]. Solo en 1972, su primer año de comercialización, se jugaron 125.352.968 de tarjetas, mientras que en 1973 la cifra ascendió un 36 %, hasta las 170.832.991 (Elía, 1975).

Esta demostración fue suficiente para que se tomara conciencia de los grandes recursos que podrían obtenerse del juego. En 1973 LN legalizó el juego de La Quiniela, con una larga trayectoria en la clandestinidad y una masividad que se iría incrementando hasta nuestros días. Pero, a diferencia de la organización clandestina, fragmentada en organizaciones más o menos acotadas de capitalistas del juego, la infraestructura y la red de venta que implica el control estatal haría de este juego un canal cada vez más prolífico para un incremento de su explotación, a la vez que implicaría un avance en su redefinición como entretenimiento. Si bien la quiniela ya había sido legalizada en la provincia de Tucumán (1959) y en la de Formosa (1966), fue a partir de los años 70 cuando empezó la oleada de legalización en todo el territorio del país.

Cuadro 1.2. Legalización del juego de la Quiniela

Jurisdicción	Fecha de oficialización	Jurisdicción	Fecha de oficialización
Tucumán	sep. de 1959	Corrientes	dic. de 1973
Formosa	jul. de 1966	La Rioja	jul. de 1974
Mendoza	dic. de 1970	Catamarca	mar. de 1975
Sgo. del Estero	jun. de 1971	Buenos Aires	jul. de 1975
Nuequén	ene. de 1972	Río Negro	nov. de 1978
Misiones	ago. de 1972	San Juan	sep. de 1979
San Luis	ago. de 1972	Chubut	ene. de 1981
Jujuy	sep. de 1972	Santa Fe	ago. de 1982
Córdoba	ene. de 1973	Santa Cruz	jul. de 1983
Chaco	jul. de 1973	La Pampa	nov. de 1984
Lot. Nacional	sep. de 1973	Tierra del Fuego	may. de 1986
Entre Ríos	sep. de 1973	Salta	s/d

Fuente: elaboración propia.

En agosto de 1988, la Lotería de Santa Fe lanzó el Quini 6, un juego poceado que se comercializa en todo el país y que continúa siendo uno de los más vendidos en la actualidad en el rubro de los juegos de agencia. Con estas nuevas incorporaciones, la apertura de agencias oficiales para la captación de apuestas se multiplicó, aunque, desde una perspectiva histórica, aún resultaban ser una oferta acotada.

Fue a partir de 1990 cuando se comenzó a observar la mayor expansión del juego en nuestro país. Según fuentes periodísticas, se estima que entre 1989 y 1999, durante la presidencia de Carlos Menem, la industria del juego creció en un 500 %^[27]. A fines de la década de los 80, se habían concesionado dos casinos en la provincia de Mendoza (en Las Leñas y en la capital provincial), siendo los primeros establecimientos privados en más de 40 años. Esta tendencia se extendería durante la década siguiente: en consonancia con las políticas de desregulación económica, privatización, desindustrialización y expansión del sector de servicios, tanto a nivel provincial cuanto nacional se privatizaron algunos de los casinos e hipódromos ya existentes y empezaron a abrirse otros nuevos, y, a fines del primer decenio del siglo xxi, se contaba con más de 70 casinos en el territorio, en su gran mayoría privados (Thompson, 2010), y 150 bingos (Mora Dubuc e Ibarzábal, 2011).

Esta expansión requirió de nuevos marcos legales y de la creación o reorganización de entidades dotadas de una mayor autonomía administrativa, destinados a regular la explotación y a enmarcar las concesiones privadas de nuevos juegos y casas de apuestas. De esta manera, mientras que el Estado expandía un nuevo mercado del entretenimiento y del ocio a través de agentes privados, mantenía la depuración moral del juego mediante el uso de una porción de las ganancias que debían ir dirigidas hacia los entes o las empresas estatales encargados de regularlo, ocultando así las modalidades y las distribuciones porcentuales de las utilidades para con los privados. En un contexto de crecimiento de la pobreza y de la necesidad de amortiguar el impacto social de las políticas de desregulación económica, ese dinero ofrecía un pequeño aliciente para provincias y municipios –además del impacto turístico, dependiendo de la ubicación y del tipo de juego–, pero ocultando las ganancias totales que producía y las fuentes de estas.

En abril de 1990, por decreto n.º 598/90 y a contramano de lo que empezaba a ser el programa de privatización de las empresas estatales, LN se transformó en sociedad del Estado, buscando la “modernización administrativa y operativa”. Hasta dicho momento, la institución era un organismo centralizado dependiente del entonces Ministerio de Salud y Acción Social, el cual lo representaba legalmente. El pasaje implicó que, por la ley n.° 20.705, que regula las empresas estatales, todo su capital debiera estar en manos del Estado y que ya no se le aplicarían las leyes de contabilidad, de obras públicas y de procedimientos administrativos. Esta nueva figura jurídica le posibilitó un desenvolvimiento más autónomo para el crecimiento que experimentaría en los años siguientes, con el lanzamiento de nuevos productos. De hecho, apenas un mes después, se creó el Loto, un juego poceado de similares características al Quini 6, ambos destacados por los cuantiosos porcentajes que se destinan a los premios y por los valores relativamente bajos de su costo.

En la Provincia de Buenos Aires, en diciembre de 1990, y mediante la ley n.º 11.018, se autorizó la instalación de bingos en hasta 32 de los 134 partidos bonaerenses^[28], bajo la consideración de la crisis fiscal que se encontraba atravesando el Estado provincial^[29]. Dicho juego, que hasta entonces era una forma de recaudación para actividades caritativas o de bien público por parte de pequeños grupos parroquiales, sociedades de fomento y centro de jubilados (y capitalistas ilegales también), pasó a concentrarse en grandes locales comerciales que reciben jugadores los 365 días del año. Si bien la ley estipula que el organismo de aplicación puede concesionarlo a entidades de bien público, estas, a su vez, pueden tercerizarlo a privados por medio de convenios, lo cual sucede desde la apertura de los bingos. Actualmente, en la Provincia de Buenos Aires, existen 45 salas de bingo habilitadas, distribuidas en 32 de sus partidos, de las cuales 25 se emplazan en el conurbano bonaerense.

En noviembre de 1991, LN adicionó las Loterías de Resolución Inmediata, o “raspaditas”, que prometían premios instantáneos a los jugadores a cambio de precios muy bajos. En la Provincia de Buenos Aires, donde la actividad había estado bajo una dependencia del Ministerio de Economía (la Dirección de Lotería), se creó el 7 de mayo de 1992 el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, un ente autárquico destinado a la administración y regulación del juego y del dinero proveniente de él. Según los fundamentos del decreto que le dio origen (n.º 1.170/92), se trataba de “desburocratizar el funcionamiento de la Administración Provincial, a los fines de la racionalización y de un mejor aprovechamiento de los recursos”, a la vez que sostenía que esto permitiría determinar el destino de los fondos recaudados sin que estos se dispersasen en Rentas Generales^[30]. De manera más general, la creación del IPLC se dio en un contexto en el que la Provincia sostenía su derecho a reasumir la explotación de los casinos ubicados en su territorio, por entonces bajo la órbita de LN, lo cual se resolvió en 1993 a través del decreto n.º 327.

También en 1992, se organizó conjuntamente con el recién creado IPLC la Quiniela Conjunta, mediante la cual pasaron a realizarse en las mismas fechas y horarios los sorteos de La Quiniela Nacional y la Bonaerense. En mayo del año siguiente, se añadieron dos sorteos al juego de La Quiniela sobre la base de una misma apuesta: uno de Letras y otro de No Ganadoras, alimentando las expectativas de obtener algún premio.

En julio de 1992, se aprobó la apertura de cinco salas de bingo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y en septiembre fue concesionado el hipódromo de Palermo. En 1993, se lanzó la variante La Quiniela Poceada y se establecieron convenios con otras jurisdicciones (Córdoba, Salta, Santiago del Estero, Mendoza y Santa Fe) y con Uruguay para comercializar sus juegos, tratando de evitar así las apuestas clandestinas, lo cual además posibilitó el aumento de sorteos (y de apuestas) por día. Ese mismo año, los casinos ubicados en el territorio de la Provincia de Buenos Aires pasaron a ser administrados por el IPLC, en tanto que se autorizó la apertura de cinco bingos dentro de la Ciudad de Buenos Aires, ubicados en el microcentro y en los barrios de Belgrano, Congreso, Caballito y Flores, los cuales funcionaron hasta mayo de 2016.

Paralelamente a estos nuevos juegos, y más allá de las cifras que puedan recabarse, los sorteos hicieron irrupción en la cotidianidad de la población al incorporarse a través de programas de radio y televisión, diarios y promociones comerciales como estrategias de captación de audiencia y de consumidores (Paszkowski, 1992). Tapas de gaseosas, sorteos televisados y llamados telefónicos prometían electrodomésticos, autos, viajes y hasta departamentos, haciendo del juego una estrategia de marketing que contribuía a instalar al azar como una fuente legítima de diversión y de dinero. Es por este motivo por el que en 1998 se dictó un decreto (n.º 588/98) que establece la regulación de la explotación de los juegos de azar en los medios de comunicación. Incluso entidades públicas recurrieron a este tipo de estrategias. Por ejemplo, los concursos por dinero organizados por el Instituto Nacional de Cinematografía difundidos en las entradas de cine, o Loteriva^[31], implementada por la por entonces Dirección General Impositiva (DGI) para recaudar en término las obligaciones tributarias de los ciudadanos (Paszkowski, 1992).

Las nuevas tecnologías incorporadas en la década de 1990 posibilitaron que la oferta pudiera incrementarse a partir de una aceleración de los procesos de captación de apuestas y de procesamiento de estas. Pero además permitieron atraer a un público más masivo y más joven, e incorporar a la mujer a los espacios públicos de apuestas, especialmente a través de los bingos. En abril de 1994, se implementó un sistema en línea, por el cual las terminales ubicadas en las agencias envían en tiempo real los datos de las jugadas a computadoras centrales. Si antes se requería todo un proceso manual para efectuar y registrar las apuestas de loterías y quinielas, la introducción de sistemas de registro online sentó las bases técnicas que permitieron incrementar los sorteos hasta varias veces por día. De esta forma, el agenciero evita el proceso manual que requería previamente, a la vez que las Loterías pueden agilizar la captación de apuestas y los pagos mediante la digitalización de los datos, los cuales son procesados y almacenados por empresas tercerizadas.

Otro caso paradigmático de las nuevas tecnologías lo constituyen las máquinas tragamonedas, o slots, que se han convertido en la mayor atracción dentro de casinos y bingos en las jurisdicciones en que se hallan permitidos. Estas combinan los videojuegos con la apuesta mecánica y la repetición y, dado que no es necesario elegir números ni tener ningún conocimiento previo, se vuelven particularmente atrayentes para públicos nuevos. En diciembre de 1998, ante una caída en el volumen de juego, una resolución del IPLC permitió instalar tragamonedas en los bingos, reconociéndolas como una “modalidad complementaria”^[32]. Sin embargo, se establecía un canon fijo por máquina que debía ingresar a las arcas del Estado, lo que derivó en una situación muy desigual frente a las crecientes ganancias obtenidas por los concesionarios. A fines del 2001, en medio de la grave crisis que vivía el país, la legislatura provincial sancionó la ley n.° 12.792, por la que se suspendían en el territorio todas las máquinas electrónicas de juegos de azar, lo que generó conflictos judiciales con los operadores y trabajadores de los bingos. Esta situación se mantendría hasta el año siguiente, en el que volverían a autorizarse los slots bajo una nueva legislación.

En marzo de 1999, inspirada en la experiencia de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)^[33], empezó a comercializarse el juego de lotería La Solidaria, cuya creación había sido estipulada por el decreto n.º 230 del mismo año y encomendada a la LN, estableciéndose que la red de venta la conformarían personas con discapacidad como una forma de insertarse en actividades laborales. Dicho juego se mantuvo durante 20 años y tuvo la particularidad de que la mayoría de sus vendedores eran ambulantes, lo que contribuyó a visibilizar la oferta de juego (aunque presentada institucionalmente bajo una forma de ayuda directa). En este sentido, pese a que muchas de estas transacciones puedan catalogarse como de “intercambio filantrópico”^[34] antes que como una apuesta, contribuyeron a la visibilidad pública del juego como una actividad cotidiana.

También en 1999 fue inaugurado un casino flotante administrado por LN, amarrado en el Puerto de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la justificación de atraer a los sectores medios y altos que elegían destinos de juego en el exterior, como Punta del Este, Uruguay. Dado que la Ciudad de Buenos Aires contaba con una vieja ordenanza que prohibía la instalación de casinos en su jurisdicción y que el artículo 50 de su Constitución establece la potestad de la Ciudad sobre los juegos de azar en su territorio, LN (cuya única jurisdicción en el país era en ese momento la de la Ciudad, que no contaba con una ley de juegos^[35]) ideó esa forma de instalar un casino en la metrópoli. Sin embargo, el hecho generó una disputa entre LN y el gobierno porteño por la atribución de las aguas del río^[36]. El gobierno de la Ciudad, en ese momento precedido por Fernando de la Rúa, sostenía un discurso con un fuerte contenido moral sobre las implicancias del juego^[37].

En el 2002, en medio de la polémica, se creó en el ámbito de la Ciudad el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IJACBA) –que, mediante la ley n.° 5.785 de 2016, devendría en la actual Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.–, el que tendría a su cargo “la organización, administración, reglamentación, explotación, recaudación y control de todos los juegos de apuestas y de azar” (ley n.° 916, art. 1). Se sumaba así una estructura organizativa que entraba en competencia con las funciones que venía cumpliendo LN en la Ciudad. Tras varios años de batallas judiciales, en el 2003, la disputa se estabilizó cuando el presidente Néstor Kirchner y el jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra firmaron un acuerdo por el que la Ciudad recibiría la mitad de lo que LN le entregara al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, equivalente al 4 % de las ganancias^[38]. Hasta la disolución de LN en el 2017, el IJACBA solo recibía el canon correspondiente de LN sin organizar ningún tipo de juego, por lo que en la práctica se trataba más de una institución recaudadora con autonomía técnica y administrativa, y autarquía financiera, dependiente políticamente del Poder Ejecutivo de la Ciudad, que de un ente regulador. En el 2004 se inauguró un segundo barco que había sido habilitado en plena crisis, en el año 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde por la resolución 84/02 de LN.

Paralelamente, durante el 2001 y el 2003, se volvieron a implementar juegos que habían visto su ocaso por contar con escaso público, como el PRODE y el Loto 5. También se autorizó al concesionario del hipódromo de Palermo a comercializar juegos de resolución inmediata a través de máquinas tragamonedas, a la vez que se empezó a captar apuestas hípicas en agencias oficiales habilitadas para tal efecto. En el 2004 se lanzó la Quiniela Plus, una lotería diaria que consta de la elección de ocho números de dos dígitos cada uno, y que ofrece un pozo máximo del 50 % de lo recaudado en apuestas. Durante los años siguientes, se han ido incorporando algunos juegos de agencia y dejando de lado otros, pero quedando intactos los que mantienen una mayor recaudación, como el Quini 6, el Loto y, fundamentalmente, la quiniela.

En el año 2002, el decreto n.º 1.372 de la Provincia de Buenos Aires autorizó nuevamente el funcionamiento de máquinas electrónicas de juegos de azar en las salas de bingo de la Provincia, lo que se ratificó luego por la ley n.º 13.063 del año siguiente. Esta vez, las utilidades brutas (la diferencia entre el monto total ingresado y las devoluciones en premios) se repartirían porcentualmente: 34 % para el Estado provincial y el 66 % para las salas de bingos. Con dicho porcentaje, la entidad de bien público titular de la sala debe convenir con el tercero contratante, no pudiendo percibir un monto inferior al 1 % del beneficio económico (art. 3). Esta reintroducción de los slots a la oferta cambió el panorama de los bingos y el caudal de ingresos correspondientes al juego al “provocar una demanda inmediata” (Taccone, 2013). La cantidad de slots en la Provincia de Buenos Aires aumentó entre el 2003 y el 2012 un 257 %, al pasar de los 4.793 a los 17.101.

En cuanto a los casinos, solo entre el 2004 y el 2009, se abrieron 22 nuevas casas en Argentina (Mora Dubuc e Ibarzábal, 2011). La creciente legalización de juegos y de habilitaciones para operarlos estableció el marco institucional para el crecimiento de empresas dedicadas tanto a la explotación cuanto a la prestación de servicios. Compañías trasnacionales como Boldt y Casino Magic, las españolas Cirsa y Codere, las proveedoras IGT, Electro Chance, Bally, Atronic, WMS, Sielcon y Gravac, y los grupos Casino Club, Roggio, Ivisa, Regency Casinos y Tecno Acción, entre otros, hicieron su ingreso de la mano de las nuevas tecnologías y de la apertura de nuevas casas de juego, operando por cuenta de las diversas Loterías estatales. Aunque no es mi objetivo aquí discutir la legitimidad o conveniencia de los cánones que pagan los operadores privados de juego, la distribución de los ingresos se presenta cada vez más como un punto de discusión entre diversos sectores políticos, ante la magnitud del dinero involucrado y las necesidades fiscales de los Estados.

Red de agencias

Según datos de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), en el 2018 existían en el país unos 24.993 puntos de venta de loterías, de los cuales el 53 % correspondía a agencias, el 35 %, a subagencias, y el 12 %, a vendedores ambulantes^[39]. Para el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la red de agencias oficiales ascendía a un total de 1.270 locales para el 2018^[40], con un promedio de cobertura de 1,29 agencias por cada 100 metros. Tomando una muestra de 80 puntos de la Ciudad^[41], la distribución, si bien bastante homogénea, tiende a concentrarse en los puntos de mayor circulación, especialmente en los centros de confluencia de varios medios de transporte (trenes, subterráneos, colectivos). En la Provincia de Buenos Aires, aunque no he tenido acceso a las direcciones de las agencias habilitadas, durante el trabajo de campo realizado se afirmaba oficialmente que el total de estas era de 3.070. En la actualidad, en el transcurso de menos de 10 años, dicha cifra se incrementó en un 35 %, hasta las 4.156 agencias^[42].

Cada agencia tiene obligatoriamente un conjunto de símbolos que la identifica en cuanto tal, con el logo de la institución, el color, la disposición de los letreros, etc. En la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se halla prohibido tapar los carteles y logos de la vidriera que identifican al local como agencia oficial. Esto implica que, al hablar de determinada cantidad de agencias, estamos cuantificando la presencia material y simbólica (a través de locales que no le son propios) de una Lotería sobre un territorio. Esta presencia destaca a su vez el lugar que ocupa el juego dentro de la economía estatal, en cuanto actividad que, siendo tercerizada en su comercialización, y, por lo tanto, no recayendo sobre las entidades estatales los costos de la inversión, produce por sí misma ingresos a partir de los cánones y gravámenes realizados.

Si, por un lado, el juego supone un gasto que podríamos considerar dispendioso, por el otro, se halla extendido cada vez más como una actividad cotidiana, más allá de que uno juegue o no. Esto se ha visto potenciado por la creciente virtualización de las apuestas a través de las capturas online que ofrecen las distintas Loterías en nuestro país y en el mundo. El juego, entonces, hace mucho tiempo que ha dejado de ser un fenómeno de bares, tugurios y levantadores clandestinos (a pesar de que también subsistan) para ser un fenómeno mucho más abierto, generalizado y organizado en su explotación y comercialización.

Volviendo a Escobar

Si volvemos ahora a la historia familiar de Roberto y la trayectoria de Sandra, se comprende mejor en qué contexto el juego pasó de ser vendido en locales de diversos rubros a tener una agencia dedicada exclusivamente a él, con una oferta diaria y durante una gran franja horaria. Claro que esto no es enteramente representativo de los agencieros y las agencieras (no todos sus abuelos ganaron la lotería) y, en este sentido, no es posible decir que ser permisionario de una lotería implique necesariamente crecientes ganancias o el manejo de varias agencias. El caso de Sandra sirve más bien para ilustrar en su singularidad el desarrollo de la industria del juego antes que para ser representativo del conjunto de agencieros. Sin duda, estos son el eslabón más débil dentro de dicha industria, al depender en gran medida de la institución reguladora, no solo para el ingreso y la permanencia, sino también en cuanto a los precios, cánones, porcentajes de venta y toda una serie de medidas (la realización o no de sorteos en días feriados, la posibilidad o no de devolver a la Lotería determinados juegos remanentes, el establecimiento de montos mínimos promedio que deben venderse por mes, la incorporación obligatoria de nuevas actividades como la recarga de la tarjeta SUBE, la devolución de premios prescriptos, etc.) que son tomadas por la respectiva institución y que ellos simplemente deben acatar (a excepción de los horarios de atención). De lo apostado, el 20 % corresponde a la agencia, porcentaje sobre el cual se debe descontar el 8 % por el impuesto a los ingresos brutos. “Nosotros somos empleados de la Lotería” o “ellos ganan siempre” son frases que reflejan cómo era percibida esta posición por parte de Sandra. Las variaciones en sus rendimientos no se ajustaban automáticamente al estado global de la actividad y dependían, en buena medida, del trato personalizado con los jugadores, la extensión de los horarios de atención, el pago inmediato de premios y toda una serie de estrategias tendientes a ganar la confianza y la fidelización de su clientela. Es decir, dependía de que Sandra pudiera recaudar más, lo que a su vez contribuía a un incremento en el crecimiento global del juego. El entonces presidente de la Cámara de Agencias Oficiales de Lotería Nacional, Osvaldo Patti, me lo relató de la siguiente forma:

Lo que nos pasa últimamente, que creo que lo que nos pasa a nosotros les pasa a la mayoría de las agencias de todo el país, es que, si bien las recaudaciones van subiendo, no van subiendo en la misma escala que nos suben los gastos. […]. Nosotros tenemos una comisión fija para determinados juegos. De la única forma que ganamos más es recaudando más. Se recuda más, pero vuelvo a reiterar: es tan ínfimo lo poco más que vamos recaudando que mes a mes nos van superando los gastos. […]. Por eso lo que estamos tratando [de hacer] es activar un poquito los juegos de otra forma, tratar de atraer un poquito más al público. Sobre todo como agenciero. Sin llegar a una ludopatía de parte del apostador, ¿no? Pero estamos tratando de que sea un poco más atractivo, en variación de juegos o juegos nuevos. La intención es levantar la recaudación (entrevista realizada por el autor el 25/04/2012).

De esta manera, esta posición de relativa subordinación dentro del campo de la industria lúdica impulsa continuamente a los agencieros a desplegar todas las estrategias que (en las agencias y en los despachos) les permitan acrecentar sus ingresos y que, en su conjunto, conllevan un crecimiento de la industria misma. En cualquier caso, el incremento de los niveles de venta de Sandra debe ser visto a la luz de la historia de ese proceso más global, sin la cual sin dudas no se comprendería. En este sentido, si su caso particular no intenta ser representativo en todos sus aspectos del universo de los agencieros, sí ilustra el derrotero por el cual ha trascurrido el juego en las últimas décadas en nuestro país.

Altamente regulado y orientado en sus desarrollos, se trata del crecimiento de una industria que no puede ser estudiada solo por un aumento de la demanda o de variaciones en los comportamientos individuales (McMillen, 1996; Abt, 1996), sino que debe ir hasta la relación íntima que se establece entre Estado y la construcción de una oferta (la cual regula directamente), pero también de una demanda (Bourdieu, 2005). En este sentido, la actuación pública parece haber contribuido más a la expansión de la demanda que a una regulación proclive a minimizar las pérdidas de los jugadores, al transformar una actividad esporádica en una de alta frecuencia y con un alto grado de cobertura territorial, haciendo de ella tanto una fuente impositiva cuanto un nicho sumamente lucrativo para los grandes operadores privados y para los proveedores de servicios, y en la que el riesgo de pérdida para las instituciones reguladoras es nulo (Abt, 1996).

Este proceso, en nuestro país, fue fundamentalmente impulsado por los propios Estados (nacional y provinciales) a través de una serie de legislaciones específicas, tendientes en su conjunto a incrementar las recaudaciones provenientes de los juegos mediante la concesión a privados. En este sentido, la especificidad de este crecimiento en relación con épocas anteriores es la privatización de la actividad, en consonancia con el retroceso del papel del Estado como agente legítimo de intervención económica. Sin embargo, resaltar las reglamentaciones y las cantidades involucradas en la industria del juego es analizar en una primera capa, sin duda importante, el aumento de la actividad. El Estado regula y tiene la capacidad para incrementar la demanda de juego sin una coacción evidente, mientras que el jugador juega “porque quiere”, pero también porque existen juegos para ser jugados. No se trata de la legalidad o ilegalidad de los juegos (cuestión, por otra parte, que no sería más que una lectura jurídica y dicotómica de la vida social), sino del proceso por el cual, durante los últimos 50 años –y especialmente desde 1990–, el juego pasó a ser cada vez más una actividad accesible, de alta frecuencia y con creciente visibilidad en la vida social. Pero mirar a los jugadores es lo que me permitirá hacer una sociología que contemple por “arriba” y por “abajo” las lógicas de esta expansión, que nunca son unidireccionales. Por esto, en los próximos capítulos, me centraré en esos anónimos que diariamente ingresan a la agencia.

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