Consideraciones finales

Estar en el Estado y estar simultáneamente fuera del Estado es una contradicción. Pero en el cabalgar esta contradicción radica la clave de la continuidad y defensa de la experiencia progresista de la democracia como construcción de igualdad.

Álvaro García Linera, entrevista en Conversatorio Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica

En este capítulo retomamos los principales resultados presentados en la tesis y elaboramos una interpretación sobre las relaciones entre organizaciones sociales, Estado y procesos de democratización y desdemocratización.

Para ello comenzamos recapitulando el objetivo, las preocupaciones teóricas, la perspectiva y la red conceptual propuesta en el capítulo 1. Luego, teniendo en cuenta las dimensiones de análisis, retomamos los principales hallazgos de los capítulos 2, 3 y 4 para presentar las continuidades y desplazamientos entre las políticas sociales nacionales y locales, las condiciones de surgimiento y de desarrollo de las dos organizaciones analizadas, Centro de Vecinos Autoconvocados y el Movimiento Barrios de Pie, sus acciones colectivas y su vínculo con el Estado. Asimismo, si bien no fue el objetivo de esta tesis realizar un estudio comparativo entre ambos colectivos, el reconocimiento de algunos encuentros y desencuentros en su historia, permite reconocer ciertas recurrencias y diferencias entre las dos organizaciones y elaborar algunas consideraciones finales.

Hacia el final recuperamos la hipótesis y revisamos las relaciones entre las organizaciones sociales, el Estado y su aporte al desarrollo de procesos más o menos democratizadores. Como parte de las consideraciones finales, se dejan formulados desafíos y nuevos interrogantes.

Recapitulando

El objetivo principal de esta tesis consistió en comprender las acciones colectivas protagonizadas por el Centro de Vecinos Autoconvocados y el Movimiento Barrios de Pie en Córdoba, sus relaciones con el Estado —principalmente a través de las políticas sociales— y su incidencia en procesos de democratización o desdesdemocratización en el período 2001-2007, en un contexto de crisis, redefinición y estabilización del orden social.

En ese camino, reconocimos diferentes estudios sociopolíticos que indagaron sobre estos procesos a fines y comienzos del nuevo milenio. Algunos de ellos ofrecían aportes para comprenderlos desde concepciones relacionales de lo social y lo político.

A partir de esos desarrollos, en el capítulo 1 de las tesis, recuperamos las contribuciones de una perspectiva posfundacional y de un enfoque pragmático de la política y construimos una red conceptual que articuló las nociones de “acción colectiva”, “gramáticas políticas”, “institucionalización” y “democratización”.

El estudio de las acciones colectivas aportó para comprender aquellas que emprendieron las organizaciones sociales en el espacio público con el fin de promover un nuevo orden social o conservar el existente, generar transformaciones parciales, conquistar nuevos derechos o simplemente con el objeto de luchar por la supervivencia como otro de los modos de reproducción social.

El reconocimiento de las gramáticas políticas diferentes desde las que emprendieron esas acciones se propuso como un modo de categorizar y diferenciar las formas de organización interna, las concepciones del cambio y el orden social, de la política, el papel y la forma de construcción del trabajo territorial, los modos de intervención en el espacio público y de interacción con distintos actores incluyendo al Estado.

La articulación de esta noción con la de institucionalización permitió enfocar las particulares pautas de acción que pusieron en movimiento las organizaciones para aportar a la conformación de dispositivos institucionales con la potencialidad de abrir al Estado y al sistema político a una interrogación democrática. En tal sentido, planteamos que lo contencioso de la acción no se oponía a la institución, sino que era la propia acción de los movimientos y el conflicto aquello que podía interpelar —y verse interpelado por— al Estado y a la sociedad en su conjunto, respecto de las posibilidades de democratización. El Estado, por su parte, era comprendido como una relación social y un conjunto de estructuras, como campo de lucha y expresión de la lucha política, con sus particularidades en las distintas jurisdicciones y niveles.

Con respecto a los procesos de democratización o desdemocratización, los concebimos como dinámicos, incompletos, resultado de la contienda política y de la interacción entre reivindicaciones y contra-reivindicaciones. En sus extremos, sostuvimos, tendían a disminuir más o menos la desigualdad, a ser más o menos amplios e inclusivos, a generar más protección o desprotección y a favorecer más o menos la consulta. Los mismos podían ser promovidos desde el gobierno y el Estado y las organizaciones sociales, entre otros actores. Asimismo, pusimos en tensión este concepto con las características de unas políticas asistenciales que, cuando asumieron una perspectiva asistencialista —como en el caso de la mayoría en nuestro país en la década de los 90 y hasta el año 2004— tuvieron escasas posibilidades de aportar en un sentido de mayor democratización.

Continuidades y desplazamientos, encuentros y desencuentros

Desde esta perspectiva y de lo trabajado en los capítulos 2, 3 y 4, podemos advertir algunas continuidades y desplazamientos en las acciones colectivas del Centro de Vecinos Autoconvocados y del Movimiento Barrios de Pie y su vínculo con el Estado, así como ciertos encuentros y desencuentros en la historia de ambos colectivos.

Si bien ambas organizaciones emergieron con adscripciones identitarias y apuestas políticas diferentes a nivel nacional y desarrollaron sus acciones desde gramáticas políticas distintas, en un período determinado, compartieron algunos aspectos de los modos que asumieron la acción colectiva y el vínculo con el Estado. Este proceso tuvo lugar entre los años 2001 y 2003, en un contexto que coincidió en Argentina con la crisis del modelo neoliberal y, en Córdoba en particular, con la reforma del Estado iniciada a fines de la década de los 90. Se trató de un período que delimitamos como una primera etapa en la historia del MBP y una parte del primer ciclo de la historia de CVA.

Con posterioridad a los cambios de gobierno nacional y municipal producidos en el año 2003, en el marco de una redefinición de las políticas promovidas desde el Estado y la convocatoria a la participación de las organizaciones a su integración en el gobierno de la ciudad de Córdoba, estos colectivos siguieron caminos diferentes que los encontraron, sólo escasos meses, en la participación en la gestión municipal de la ciudad hacia el año 2007 y en el desarrollo de experiencias cooperativas.

Como reconocimos en el capítulo 3 de la tesis, en el caso del CVA, su doble referencia identitaria vecinal/ciudadana y “autoconvocada” e independiente de los partidos políticos se articuló centralmente en torno a la problemática del acceso a la vivienda como derecho. Formulada como demanda de “defensa de la vivienda única” como “bien social”, incluyó la exigencia de tarifas sociales, moratorias para el pago de impuestos, servicios o créditos —entre otras— y la suspensión de acciones contra los vecinos deudores de obras públicas. Esas demandas fueron construidas y sostenidas a través de un trabajo en los barrios que incluyó, entre otras, presentaciones jurídicas y/o administrativas y protestas con distintas intensidades de confrontación —hasta la ocupación de edificios públicos para peticionar— en espacios barriales y reparticiones públicas del centro de la ciudad capital.

Como parte de esta primera etapa de la historia de este colectivo, tras intensos debates sobre las políticas asistenciales, el trabajo y los modos de construcción política en torno a ellos, hacia el año 2002 incorporó la demanda de trabajo y planes de empleo y desarrolló experiencias de creación de microemprendimientos y espacios autogestivos en torno al PJyJHD en distintos barrios de la ciudad. En ese proceso, manteniendo su adscripción identitaria vecinal, recuperaba su histórica preocupación por el trabajo y confluía en estas demandas con el Movimiento Barrios de Pie.

A lo largo de todo el período, sus formas de construcción política y de vínculo con el Estado y el gobierno, asumieron algunos aspectos comunes con aquellas gramáticas que inscribimos como parte del “autonomismo”. En ellas, cobraron centralidad los mecanismos deliberativos asamblearios para la toma de decisiones, una organización interna rizomática y una concepción del cambio social entendida como lucha desde la construcción política local y barrial. A partir de una concepción del sistema político como un dispositivo de captura de la autonomía colectiva, lo político quedaba reducido al momento del conflicto y la protesta. Desde ese lugar, sus experiencias de participación en espacios estatales fueron acotadas y la relación de lo social con lo político tuvo que ver con la apuesta a la construcción de un poder popular paralelo entendido como forma de “autogobierno”. El proceso de construcción territorial a lo largo de todo el período fue principalmente con mujeres y hombres adultos y adultos mayores de sectores económicos bajos o medios empobrecidos de distintos barrios de la ciudad.

Con respecto al Movimiento Barrios de Pie, de alcance nacional y vinculado en sus orígenes al partido Corriente Nacional Patria Libre —de izquierda combativa nacional, popular y revolucionaria nacida en Córdoba en 1987— se constituyó como colectivo de trabajadores desocupados a fines del año 2001. Tuvo entre sus antecedentes barriales al colectivo “Córdoba desde Abajo” hasta fines de los años 90 y, desde entonces, a la “CTA de los barrios” —dentro de la Federación de Tierra y Vivienda de la CTA—, como parte de una estrategia de la CNPL de ampliar los sectores con los que articular para enfrentar al neoliberalismo. Hasta el año 2003, sus acciones se centraron en la problemática del hambre y la desocupación y demandaron por trabajo genuino y políticas sociales.

En cuanto a la relación del partido con el Movimiento, la CNPL se autoconstruyó como el sujeto político con capacidad para motorizar un nuevo proyecto de país en alianza con otros actores sociales, politizando “lo social”. Este último, por su parte, si bien fue concebido como central para la construcción de un movimiento del pueblo en su conjunto, se concentró principalmente en el trabajo con personas que vivían en condiciones de pobreza y/o desocupación y que se articulaban en torno al MBP.

Desde mitad de la década de los 90, ciertos rasgos de una gramática que propusimos leer en términos “movimientistas” que se amalgamaron con un modo de construcción de “centralismo democrático”, marcaron las propias prácticas y las formas de organización interna de la CNPL y, con posterioridad, del MBP. El modo de construcción política de la CNPL fue por “frentes” organizados en torno a quienes se consideran, en ese período, sujetos estratégicos. Su perspectiva sobre el cambio social contemplaba una primera etapa de resistencia y otra de ofensiva, de construcción de un movimiento nacional que impulsara un proyecto popular en el que las organizaciones eran concebidas como puentes de relación entre el pueblo y el Estado. Esta definición no se produjo sin discusiones dentro de la organización entre militantes con distintas trayectorias políticas y perspectivas ideológicas, tensiones que continuaron y que marcaron las alianzas que pudo y no pudo construir e incluso los conflictos por la inclusión o no del PJ en la conducción del gobierno nacional. Ello fue acompañado de una estrategia que incluyó la participación en alianzas electorales aunque, hasta el año 2004, con espacios políticos y resultados electorales marginales.

La primera etapa en la historia de la organización incluyó experiencias de articulación con diferentes actores y organizaciones “piqueteras”; de crecimiento principalmente centrado en la construcción de “poder popular”, a través del trabajo territorial en torno a las asistencia alimentaria y espacios recreación y alfabetización que funcionaban en Centros Comunitarios; y la movilización callejera como acción colectiva de protesta.

CVA y el MBP compartieron como forma de construcción política esta centralidad del trabajo territorial en los barrios como motor de las acciones colectivas expresadas en el espacio público. Hasta el año 2003, desarrollaron acciones de resistencia y confrontación contra los organismos de crédito internacional, el Estado y las políticas de ajuste del gobierno nacional y local. Además, coincidieron en la lucha contra el proceso de reforma del Estado que se inició en la provincia de Córdoba a fines de la década del 90. Entre sus opositores, se encontraron los dos partidos políticos por entonces hegemónicos en Córdoba y a nivel nacional, así como la “burocracia sindical”. En esas acciones convergieron con otros actores, entre ellos, sindicales y piqueteros en las demandas vinculadas al trabajo y en la oposición a la privatización de empresas de servicios públicos promovidas por el gobierno provincial, con fue el caso de EPEC. Confluyeron en estos procesos, la concepción del cambio social del MBP que, desde una gramática con rasgos movimientistas, interpretó esta etapa como de resistencia y la de CVA que, desde otra con características predominantemente autonomistas, lo hizo en términos de una reivindicación de la lucha y la auto organización para enfrentar al capitalismo y transformar un sistema social que consideraba injusto, antidemocrático y opresor.

Para acceder a distintas fuentes de financiamiento y desarrollar algunos proyectos, entre mediados de los años 90 y comienzos de nuevo siglo, ambas organizaciones crearon asociaciones civiles —“ACEMOS” por CVA y la “Red de Comedores Solidarios” ligada al MBP— como dispositivos de vinculación con la institución estatal y con otros actores sociales.

Si bien su forma de vincularse con el Estado, en ambos casos, estuvo centrada en la protesta con demandas asociadas al trabajo y a las políticas sociales, habilitó un espacio de participación en la administración de políticas sociales en la conducción del Consejo Consultivo Municipal de Políticas Sociales. En el caso de CVA, su menor experiencia de articulación con otros actores se amplió a partir de su inclusión en este ámbito institucional. Hacia los años 2005 y 2006, estos colectivos definieron renunciar al CCM por motivos similares vinculados con denuncias de prácticas clientelares por parte de las organizaciones que lo componían y su vínculo con el gobierno provincial.

Estas tensiones habían sido parte de los conflictos que atravesó este espacio de modo permanente desde su creación y que se articularon con otros que abordamos en el capítulo 2 de la tesis. Entre ellos, aquellos vinculados con las características masivas aunque no universales y asistencialistas del PJyJHD y su modo de implementación, seguimiento y control; con la pluralidad de las perspectivas político-ideológicas de los actores que lo compusieron; con las relaciones conflictivas entre los gobiernos municipales y el gobierno provincial; la disputa por la distribución de los recursos; entre otros.

Los programas que recibieron en este período ambas organizaciones fueron principalmente nacionales, el mencionado Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados y el FOPAR, el de Emergencia Alimentaria y —en menor cantidad— los PEC, en el caso del MBP. A pesar de las orientaciones similares de estas políticas respecto del resto de las promovidas en los años 90, habilitaron para estos colectivos más recursos, nuevas demandas, la posibilidad de ampliar el trabajo territorial —en el caso del PJyJHD fundamentalmente a partir de su componente comunitario— y desarrollar aprendizajes vinculados con la administración de las políticas sociales; práctica, esta última, que requirió de una serie de conocimientos específicos y se desarrolló con una temporalidad y una lógica muchas veces diferente a la del trabajo en los territorios.

En cuanto a la relación del Movimiento Barrios de Pie y del Centro de Vecinos Autoconvocados con el gobierno provincial, estuvo en sintonía con el vínculo que éste último construyó con otros colectivos de vecinos y desocupados. Como desarrollamos en el capítulo 2 de esta tesis, se trató de un modelo de política principalmente asistencialista, de disciplinamiento y de respuesta selectiva a las demandas que las organizaciones planteaban a partir de la protesta y/o la negociación y que incluyeron la entrega de módulos alimentarios y subsidios. Con el gobierno Municipal durante la intendencia de Kammerath la relación fue en términos generales de enfrentamiento y de conflicto en el marco de la participación de estos colectivos en el CCM y en el espacio que pidió la revocatoria de su mandato.

A partir del año 2004, en el caso del MBP, y del 2005, en el de CVA, inicia lo que delimitamos como otra etapa de su historia que coincide con la redefinición y estabilización de nuevo orden político, económico y social junto con cambios de gobierno presidencial y municipal en Córdoba. Si bien ambos colectivos tuvieron valoraciones positivas de los dos gobiernos, sus vínculos con ellos fueron diferentes, así como también las formas de construcción política y de intervención en el espacio público.

Como en el período anterior, el acceso a políticas sociales por parte de estos colectivos —y principalmente el MBP—, siguió siendo centralmente a partir de políticas asistenciales nacionales que el gobierno municipal implementó y desarrolló con un perfil propio.

Con respecto a CVA, en esta segunda etapa se produce un desplazamiento en términos identitarios. Si bien este colectivo no desaparece, la actividad central comenzó a girar en torno a la institución de la “Cooperativa de Vecinos Autoconvocados”. La creación de este colectivo se inscribió en la historia de los trabajadores “naranjitas” y recuperó la experiencia previa de construcción de espacios autogestivos y de trabajo vecinal-barrial sostenido por CVA años antes. Su gestación se producía en el marco de la institución de una política estatal municipal de estacionamiento medido y controlado en la vía pública —“de arriba hacia abajo” —. La orientación de esta política guardaba sintonía con las redefiniciones nacionales que proponían recuperar la centralidad del Estado —respecto del mercado— en la construcción de lo público y modificar la relación con las organizaciones sociales para incorporar sus problemáticas —en este caso la de falta de fuentes laborales— en la gestión municipal.

La creación de esta organización fue acompañada de un nuevo modo de construcción política vinculada al cooperativismo y sostuvo la negociación y la protesta como modos de relación con el gobierno municipal. Las demandas estuvieron principalmente vinculadas a la mejora de las condiciones de trabajo para quienes integraban estas cooperativas y a la ampliación de fuentes de empleo y fueron planteadas más con el fin de tensionar a las políticas que de destituir al gobierno. En esta segunda etapa, CVA se encontró con límites para generalizar las demandas y ponerlas en diálogo con las de otros actores y sectores sociales.

En articulación con políticas nacionales, el desarrollo de los distintos programas municipales para el fomento de procesos autogestivos, el abordaje de derechos de las mujeres y el fortalecimiento del trabajo de promoción territorial, le habilitó a CVA inscribir otros proyectos de estas características, generar algunas articulaciones y un mayor desarrollo del “Movimiento de mujeres independientes, Tesmoforias” creado por esta misma organización. Con este espacio articularon algunas acciones con el MBP y el Movimiento de Mujeres local y nacional.

Hacia el año 2007, y por solo unos meses, CVA tomó una decisión política por fuera de una gramática de construcción autónoma del Estado y del gobierno y aceptó la propuesta de integrarse en la gestión del Estado Municipal para trabajar en torno de lo que la organización había acumulado experiencia y conocimientos: la resolución de casos de ciudadanos con imposibilidad de pagar deudas impositivas.

Con respecto a la segunda etapa de la historia del Movimiento Barrios de Pie, la misma coincide con su incorporación a la coalición gobernante a nivel nacional. Por entonces, formó parte de lo que se conoció como el “Gabinete Piquetero” y, en su interior, del sector que apelaba a la reconstrucción del movimiento nacional con el liderazgo de Kirchner. En Córdoba, por su parte, participó de la gestión municipal del Partido Nuevo, conducida por Luis Juez, que había adherido al proyecto de “transversalidad”. Constituido como un sujeto legitimado para construir políticamente a nivel nacional y local, su inclusión en los espacios de gobierno implicó transformaciones en diferentes niveles.

En términos de sus modos de construcción política, supuso una ampliación y diversificación de los actores con los que organizaron el trabajo territorial. En Córdoba, los Centros Comunitarios albergaron “Unidades de Trabajo y Participación” y el trabajo desarrollado desde distintas “áreas” que promovían la capacitación, la politización y construcción de “poder popular” entre quienes se agrupaban en torno al Movimiento.

Las problemáticas públicas construidas estuvieron menos centradas en la falta de acceso a fuentes laborales y planes sociales y más en acciones de promoción de derechos, de formación y un incipiente desarrollo de una experiencia de cooperativización. Estos procesos fueron interpretados como continuación de la red de trabajo territorial para la resolución de problemas en los barrios y como mediación entre el Estado y el territorio.

El crecimiento de estas áreas a nivel local y el despliegue del MBP en la gestión municipal estuvieron en estrecha relación con las políticas desarrolladas a nivel nacional en articulación con las generadas a nivel municipal y con las experiencias de trabajo y militancia desarrolladas por el propio colectivo.

Las movilizaciones continuaron siendo un modo de construcción política pero estuvieron más vinculadas con la convocatoria a la participación y al apoyo a las gestiones de gobierno nacional y local —en el caso de Córdoba— que con la protesta. Cuando estas últimas tuvieron lugar, definieron como adversarios a los actores que se oponían al proyecto nacional y popular, desde los oligopolios y representantes del poder internacional hasta referentes de la “vieja” política. En el caso de Córdoba, ello involucró al gobierno provincial.

En su relación con el Estado, logró su inclusión y reconocimiento como sujeto político a partir del desarrollo de acciones centralmente instituyentes, de gestión de dependencias estatales, de programas nacionales y otros promovidos por la nueva conducción municipal. La participación en ambas gestiones fue planteada en términos de disputa: a nivel nacional, sobre todo, con el espacio del PJ —en tanto representante de la “vieja política”— y, a nivel local, con los sectores que no adherían al proyecto de transversalidad.

En ese marco, hacia el año 2006, tras la derrota del Duhaldismo en la Provincia de Buenos Aires, la CNPL y el MBP iniciaron un cambio en la estrategia política de construcción dentro del espacio político nacional. A partir de entonces construyeron con otros actores una nueva referencia identitaria —el Movimiento Libres del Sur— para disputar y traccionar al interior del espacio transversal en vistas a la construcción de un proyecto político nacional, con capacidad de intervenir en diferentes poderes del Estado y en las distintas instancias gubernamentales.

En el marco de su participación en el espacio político de conducción del gobierno nacional y local, para las elecciones del 2007, el MLS ocupó lugares de representación en las listas nacionales y locales, incluyendo a Córdoba.

Potencialidad performativa e impacto político de las acciones de las organizaciones

Hacia inicios del 2003, la pobreza y el desempleo se habían instalado en el país como problemas públicos al mismo tiempo que la crisis de los modos en que la política había abordado las cuestiones del crecimiento económico y el empleo en Argentina. Entre los actores que aportaron a este proceso se encontraban las organizaciones de vecinos y desocupados, incluyendo al MBP y a CVA. Sin embargo, la temporal legitimación pública de los reclamos de las organizaciones de desocupados, los espacios de articulación que habían conformado y su relación con los vecinales comenzaban a mermar y a fragmentarse. Asimismo, la protesta como modo de planteo de los problemas públicos comenzaba a ser crecientemente deslegitimada por el gobierno y los medios masivos de comunicación.

Con respecto a la demanda de trabajo, planes de empleo y subsidios para jefes de hogar desocupados que habían sido sostenido como parte del plan de acción de la primera Asamblea Nacional Piquetera y, luego, la de un seguro único en el marco de la consulta del FRENAPO, tuvieron respuestas parciales.

Como señalamos en el capítulo 2 de la tesis, hasta el año 2004, las políticas asistenciales habían incluido programas descentralizados, comunitarizados y focalizados, en el marco de una baja capacidad estatal a nivel nacional y local para resolver problemas vinculados a la pobreza y al desempleo y de una escasa autonomía respecto de los centros de poder. Entre ellos, puede señalarse a nivel nacional —y con implementación local— el FOPAR, el plan de Emergencia Alimentaria —como Programa “A la mesa” en la provincia de Córdoba— y el Plan Jefes y Jefas de Hogar a partir del año 2002. Desde el año 2004, el programa Familias por la Inclusión Social y el Plan de Seguridad Alimentaria —con el nombre de Programa de Fortalecimiento Alimentario y Desarrollo Comunitario “Vale lo nuestro” —.

Ninguno de estos programas se asemejó a las demandas formuladas en el año 2001 en términos de un seguro o una asignación familiar. Antes bien, con diferencias entre ellos, constituyeron políticas de transferencia de ingresos a cambio de una contraprestación o condicionamiento, de cajas de alimentos o de asignaciones monetarias para su compra, según el caso.

A nivel local, como parte del Consejo Consultivo Municipal, durante el período en el que lo condujeron estas organizaciones, consiguieron planes PJyJHD y aportaron acciones para que se sostuviera y ampliara el pago de este programa a una población mayor. Además, generaron pronunciamientos públicos con demandas a distintas jurisdicciones estatales ante problemáticas sociales vinculadas con el PJyJHD, la falta de políticas habitacionales y la perspectiva punitiva de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno provincial, que fueron publicados en el diario de mayor tirada de Córdoba. Sin embargo, el Consejo no logró una respuesta del Estado por estos temas ni instalarlos en la sociedad como para que trascendieran su propia voz. Asimismo, si bien estos colectivos promovieron discusiones al interior del Consejo sobre el rol que el mismo podía asumir, no logró trascender su papel principalmente administrativo de políticas, en particular en torno al PJyJHD y, luego, el “Manos a la Obra”.

Como resultado de las estrategias y los modos de intervención en el espacio público de diferentes actores —incluyendo a los dos colectivos objeto de estudio— con la iniciativa y el protagonismo del Sindicato de Luz y Fuerza, se logró instalar en parte de la sociedad cordobesa la negativa a la privatización de EPEC, al tiempo que el gobierno provincial detuvo su política y conservó su propiedad estatal.

En cuanto a las demandas que venía sosteniendo CVA vinculadas con la defensa de la vivienda única, buena parte de ellas lograron ser tematizadas en el espacio público y tuvieron respuesta. Por ordenanza Municipal, se consiguió el retiro del “libro del SEVEN” de los vecinos que mantenían deudas por obras públicas y se establecieron acuerdos y planes de pago de deudas con Aguas Cordobesas y EPEC. Además, en febrero de 2002, la sanción de la Ley Nº 8998 suspendió por 180 días los remates judiciales de viviendas únicas para familias pobres y desempleadas que hubieran contraído deudas y autorizó al Ejecutivo a prorrogar por tiempo indeterminado esa medida. Para el año 2003, se estableció una tarifa social para el pago de los servicios de luz para todos los habitantes de Córdoba.

Como señalamos en el apartado anterior, tras las elecciones realizadas ese año en todo el país, las políticas anunciadas por el gobierno nacional fueron en sintonía con la demanda de estas organizaciones, en particular, respecto de la reivindicación de lo nacional, la subordinación de la economía a la política, la recuperación del rol del Estado, la inclusión vía producción/trabajo/empleo, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de los vínculos con otros países latinoamericanos. La construcción de un proyecto de transversalidad que no fuera conducido por el PJ y que incluyera a las organizaciones en la gestión de gobierno, si bien no constituyó una demanda de ninguno de estos colectivos, coincidió con su modo de construcción por fuera de los partidos hegemónicos y, desde ese lugar, fue valorada positivamente por ambos. En este mismo sentido se leyó el discurso de la nueva conducción municipal no obstante éste se asentaba en una retórica de la transparencia y la anticorrupción que —a diferencia del nacional— disolvía el conflicto propio de lo político.

A nivel nacional, la mejora de los indicadores macroeconómicos y de los índices de empleo constituyeron una respuesta paulatina y parcial a la demanda de trabajo de ambas organizaciones que también repercutió a nivel local. También las políticas sociales asistenciales nacionales iniciaron un proceso en ese sentido al proponerse una contrarreforma del modelo anterior, aunque no llegaron a concretarlo y sus principales programas conservaron algunos rasgos asistencialistas. De algunos de estos programas fueron destinatarios, entre otros, integrantes de las dos organizaciones como paliativo al problema de la pobreza.

Asimismo, la incorporación del MBP en la gestión de estas políticas en el Estado nacional y municipal, le permitió ampliar y fortalecer su red de trabajo territorial para la resolución de problemas en los barrios, incluyendo los de Córdoba, construir nuevas redes e iniciativas con otros actores sociales, instalar problemáticas vinculadas a ellas e instituir políticas estatales. En particular, el Programa Promotores Territoriales para el Cambio Social, se construyó con una modalidad afín al modo de trabajo del MBP que le permitió un crecimiento cualitativo. Este fue un programa al que accedió también CVA.

Con otros programas gestionados o implementados a través de diferentes áreas de trabajo, el MBP consiguió avanzar en acciones que modificaban la centralidad que antes había tenido la asistencia alimentaria y en su apuesta a la construcción de “poder popular” a través de la formación y la promoción de derechos a la salud, a la comunicación, la alfabetización, la producción de materiales comunicacionales y una diversidad de acciones y espacios de participación barrial. Asimismo, inició un proceso de creación de una cooperativa de vivienda —la “Che Guevara” — y de solución acotada al problema habitacional a través de la implementación del Programa Federal de Emergencia Habitacional desde la gestión de la municipalidad. No obstante ello, por dificultades propias de la organización y de la conducción de la intendencia de la ciudad, su participación en la gestión municipal expresó límites para generar las políticas que se habían propuesto y para sedimentar cambios que recuperaran algunos aspectos de sus repertorios de deliberación y modos de construcción política desarrollados por el Movimiento.

También CVA participó de la creación de procesos cooperativos con la puesta en marcha de la “Cooperativa de Vecinos Autoconvocados” vinculada a servicios de estacionamiento medido y controlado de la ciudad. Ello tuvo lugar a partir del desarrollo de una política municipal al respecto —el “Plan de Inclusión Social y Economía Solidaria “Sí, nuestra gente vale”— que le permitió una respuesta parcial y, según los integrantes de la cooperativa, precarizada a la demanda de trabajo. El acceso al programa de “Productos y servicios éticos” de la municipalidad habilitó el desarrollo de otros proyectos autogestivos para los integrantes de CVA.

Además, la ocupación de un cargo por parte de una de las fundadoras y referentes históricas de CVA en la Municipalidad por escasos meses, permitió resoluciones parciales de casos de ciudadanos con imposibilidad de pagar deudas impositivas hacia fines del año 2007.

Finalmente, a diferencia de elecciones anteriores en las que la CNPL había conformado frentes y había obtenido resultados electorales marginales, en las del 2007, en el marco de su participación en el espacio político de conducción del gobierno nacional y local y de su reconocimiento como sujeto político partidario, el MLS consiguió dos bancas en la Cámara de Diputados Nacionales. Una de ellas fue por la provincia de Buenos Aires y otra por Córdoba, tras una alianza con el Frente Cívico conducido por Luis Juez. Asimismo, obtuvo representaciones en algunas provincias y municipios, como Córdoba, donde accedió a un cargo en el Consejo Deliberante de la ciudad.

Organizaciones sociales, Estado y procesos de democratización

Como adelantamos en la hipótesis, pudimos corroborar que, en el período considerado, se redefinieron las relaciones entre lo social y lo político y, en particular, las de las organizaciones sociales y el Estado. Ello habilitó procesos de institucionalización en el sentido de la creación de nuevas pautas de acción y de los sujetos legitimados para hacer política. Sin embargo, este proceso a priori de democratización no fue homogéneo ni en las políticas promovidas a nivel nacional ni entre las organizaciones sociales locales. Así mismo, tuvo una expresión paradojal en la política local.

Con respecto a las políticas nacionales desarrolladas a partir del año 2004, si las laborales, educativas y de salud avanzaron en un sentido de “contra-reforma” respecto del modelo anterior que había predominado hasta entonces, las políticas sociales asistenciales iniciaron un proceso en ese sentido pero no llegaron a concretarlo y conservaron algunos rasgos asistencialistas. A pesar de esta limitación que dificultó su aislamiento de las desigualdades en torno a las cuales los ciudadanos organizaban su vida, la creación de una Red Federal de Políticas Sociales, su aspiración a vincularla con la política económica, a potenciar procesos autogestivos, de cooperativización y de desarrollo de la economía social así como a promover otros modos de inclusión social, formaron parte del diseño de estas políticas y se proyectaban a futuro en un sentido contrario al que había predominado en los años 90.

Estas transformaciones en el diseño de las políticas fueron de la mano de una redefinición de las relaciones con algunos centros de poder que habían tenido injerencia en la definición de las políticas estatales con anterioridad. En particular, a partir de la declaración de default y la renegociación de la deuda externa con el FMI, de la consolidación de grupos económicos locales como impulsores del crecimiento económico industrial, de la incorporación de la participación de los trabajadores en el ingreso, de las organizaciones sociales, sindicales y de otros espacios políticos a la fuerza política dominante y a la gestión del Estado, en un sentido de expansión de lo público. Asimismo, entre otras, la política desarrollada en materia de DDHH y la definición de no represión de la protesta aportaron en la dirección de proteger a los ciudadanos de la arbitrariedad del Estado.

A nivel provincial, la orientación neoliberal de la reforma del Estado y el vínculo que entabló el gobierno de Córdoba con estas organizaciones en particular, fueron en dirección de procesos de desdemocratización. A diferencia de ellos, a nivel municipal, el desplazamiento de la centralidad del mercado por sobre el Estado y el reconocimiento y convocatoria a distintas organizaciones y espacios a la participación en el Estado estuvieron más en sintonía con los procesos nacionales. No obstante ello, la municipal, constituyó una tentativa democratizadora que —salvo algunos casos— no consiguió profundizar ni instituir políticas estatales tendientes a ampliar derechos y disminuir las desigualdades.

En lo que concierne a las organizaciones sociales, ambas se constituyeron en sujetos políticos principalmente a partir de la protesta y el trabajo territorial hasta el año 2003. Desde entonces, sus posibilidades de ser reconocidos como tales variaron y ello tuvo que ver —entre otros aspectos— con sus distintas gramáticas políticas y con las orientaciones del gobierno y el Estado.

En el marco de un gobierno con una perspectiva nacional y popular que abrió el Estado a la participación, aquellos aspectos de una gramática movimientista que asumió el Movimiento Barrios de Pie, en articulación con otros actores y proyectos, le permitieron ampliar sus marcos de alianzas, generalizar e inscribir sus demandas en el espacio público al tiempo que ser reconocido e incorporado como un sujeto político en los espacios de gestión y representación, incluso en la contienda electoral. A través de esos espacios, además, se habilitó su posibilidad de participar de la institucionalización de políticas en el Estado y en el territorio a nivel nacional y local.

CVA siguió un camino diferente. Su inscripción en una gramática política con rasgos predominantemente autonomistas, impregnó un modo de construcción política asentado en lo local desde el que consiguió, en un primer período, desarrollar procesos de lucha e instalar demandas en torno a cuestiones más generales que particulares. Sin embargo, también limitó su posibilidad de reconocimiento como sujeto político más allá de la protesta y su capacidad de generalizar sus demandas en articulación con otros actores y sectores sociales y de constituirse en sujeto de transformaciones sociales más generales. Hacia el segundo período, salvo las acciones desarrolladas en torno a la problemática de género, su construcción central se enfocó en procesos vecinales y cooperativos y en la disputa por las fuentes y condiciones de trabajo en ese espacio asociativo. En ese proceso que, como señalamos, fue promovido desde la gestión municipal, aportó a la institución de una política pública en la ciudad. Ello supuso un cambio en las demandas y un achicamiento de su alcance al tiempo que una transformación en sus formas de construcción política y en los modos de intervención en el espacio público.

A modo de síntesis y formulación más general, atendiendo a la trayectoria de las acciones colectivas de estas organizaciones, su articulación con otros actores incluyendo al Estado y las propias políticas desarrolladas por éste, es posible reconocer que, hacia los años 2004 y 2005, la redefinición en las relaciones entre lo social y lo político avanzó en un sentido de mayor democratización a nivel nacional, en una tentativa de ampliación democrática a nivel municipal y en un proceso en sentido contrario en el ámbito de la provincia de Córdoba.

Una vuelta sobre las recapitulaciones. Reflexiones y desafíos

Antes de avanzar en este último apartado nos interesa explicitar una constatación a la que no hicimos lugar en otras páginas. Desde el inicio del nuevo siglo, en Córdoba y en Argentina, prácticamente no hay organización social, partido político, sindicato o gobierno que no se postule como democrático o con el propósito de aportar a procesos democratizadores. Ello fue evidente también en los discursos de los distintos gobiernos nacionales y locales que incluimos en este período de estudio y en los de las propias organizaciones que sostuvieron orientaciones políticas diferentes. De modo que, como afirmamos en la introducción y desarrollamos en el capítulo 1, la democracia no puede funcionar como un supuesto sino más bien como un proceso en disputa que es necesario desentramar y contextualizar para comprender su sentido y orientación.

En esta tesis, su indagación a partir de las acciones colectivas de las organizaciones de vecinos y desocupados y las vinculaciones que establecieron con el Estado —y en particular con las políticas sociales— en Córdoba en el período 2001-2007, fue una “puerta de entrada” para comprender algunos aspectos que asumieron estas relaciones y procesos en ese contexto particular.

Al concluir esta tesis, nos surgen algunas reflexiones más generales y desafíos que compartimos a continuación con el objetivo de aportar a los debates sobre la relación entre las organizaciones sociales, el Estado y los procesos de democratización o desdemocratización; discusiones que recuperan la pregunta por la relación entre lo social y lo político y que en la actualidad continúan vigentes en los ámbitos académicos, en los espacios de las organizaciones sociales y también a nivel partidario y del Estado.

Organizaciones sociales, acción colectiva y procesos transformación social

Los procesos políticos que apuestan a la igualdad, la inclusión y la garantía y ampliación de derechos van de la mano de distintos modos de construcción política y de intervención en el espacio público de diferentes actores, incluyendo a las organizaciones y a los movimientos sociales que, en determinadas condiciones, interactúan con otros a partir de particulares gramáticas políticas. En esas interacciones, estas gramáticas muchas veces son puestas en tensión y pueden transformarse.

En los capítulos 3 y 4 de esta tesis pudimos reconocer que la movilización y la protesta —aunque con intensidades y características distintas— se sostuvieron a lo largo de todo el período de estudio como modos de construcción política y de intervención en el espacio público de dos organizaciones sociales con gramáticas distintas, junto con otras acciones colectivas para la construcción de “poder popular” y procesos instituyentes dentro y fuera del Estado. Asimismo, advertimos, sobre todo en el período previo al año 2003, que la movilización y la protesta no bastaron para construir gobierno ni disputar el Estado. Por entonces, fueron partidos políticos a nivel nacional y local junto con organizaciones y otros actores sociales los que promovieron proyectos y políticas desde estos espacios de conducción.

La potencialidad política de la creación de instancias de articulación con otros actores para la construcción de proyectos societales más amplios y/o para la resistencia a determinadas políticas, al tiempo que las dificultades para sostenerlos a largo plazo, emerge también del análisis de la trayectoria de las dos organizaciones estudiadas. Al respecto consideramos que sigue constituyendo un desafío avanzar en articulaciones a partir de lo que De Sousa Santos (2006) propone como un procedimiento de traducción intercultural e intersocial; un procedimiento que permita hacer inteligible la diversidad y hacer dialogar y construir sentidos entre distintos actores sociales en pos de reinventar la emancipación social.

En cuanto a los aportes de la movilización cuando las organizaciones forman parte de la conducción de gobierno y se organizan para apoyar a un gobierno o para visibilizar derechos impugnados por otros actores sociales, no hay tanta controversia académica. Sin embargo, sí es más discutida aquella que se promueve para tensionar o disputar políticas adentro —y afuera— de un espacio de conducción que se comparte. Al respecto, el debate no está saldado y no puede darse en términos abstractos pero constituye un desafío de todo proyecto que se proponga como democratizador, valorar la potencialidad de la movilización para la ampliación de derechos y construir una respuesta política sin juzgamientos previos.

Al mismo tiempo, reconocer esta potencialidad no propone reducir los aportes de las organizaciones y los movimientos sociales a su capacidad de protesta y/o movilización. Estos serían, sin dudas, aspectos limitados para comprender la diversidad de acciones colectivas que éstos promueven y sus modos de construcción política y disputa que, en algunos casos, incluyen la participación en procesos electorales y en la conducción del Estado.

En cuanto a la protesta en demanda de garantía de derechos, y en particular respecto de aquella formulada en términos de “trabajo” entre los años 2001 y 2003, la observación que hacían Calderón y Dos Santos a fines de la década de los 80 sobre el “desencuentro entre una lógica de dominación abstracta difusa e internacional y el sistema de oposiciones a ella por parte de los movimientos sociales, centrado en una protesta y resistencia concreta y localizada” (1987, p. 631-632), sigue teniendo vigencia para el período objeto de estudio y en el contexto actual. En nuestras sociedades capitalistas en las que el pleno empleo no es posible, invita a seguir reflexionando sobre los modos y los actores en torno a los cuales las organizaciones sociales construyen adversidades y el papel del Estado en la generación de políticas de protección vinculadas con la problemática de la falta de empleo y en el reconocimiento y fortalecimiento de otras economías —como el caso de la economía social o popular en la actualidad—.

Organizaciones, Estado, políticas sociales y procesos democratizadores

Con respecto a la relación entre organizaciones sociales y Estado a lo largo del período pudimos advertir cambios que fueron desarrollados en esta tesis y sintetizados en apartados más arriba.

En cuanto a la discusión planteada en términos de autonomía-heteronomía de las organizaciones respecto de las políticas estatales, reconocimos que éstas condicionaron sus prácticas, sus modos de organización y demandas más allá de la participación o no de las organizaciones sociales en la gestión del Estado y de las orientaciones de las conducciones de gobierno. Tales fueron los casos de las políticas sociales asistencialistas como así también de las políticas que, desde otras perspectivas, se propusieron desarrollar y fortalecer procesos asociativos y cooperativos. Estos condicionamientos, no obstante, no fueron totales y los colectivos tuvieron capacidad de reapropiarse de espacios y de políticas sociales. Las organizaciones también pudieron instalar temas en el espacio público que en algunos casos —según la receptividad de los distintos gobiernos, sus orientaciones y los contextos en los que ejercieron sus mandatos— se convirtieron en agenda del Estado.

Asimismo, en el sentido del epígrafe con el que iniciamos este capítulo, pudimos advertir que el proceso de crecimiento político de las organizaciones sociales no estuvo única o directamente ligado al periodo de resistencia, oposición a los distintos gobiernos y protesta contra el Estado. En el caso del MBP, su participación en la gestión del mismo a nivel local y nacional, le permitió instituir políticas en torno a las problemáticas que trabajaba en los territorios y participar en la disputa de la construcción de lo público. En el de CVA, recuperar demandas y experiencias de abordaje para construir soluciones parciales.

En ambos procesos, la participación de estos colectivos en el Estado no derivó en relaciones de subordinación. Al respecto, señalaba García Linera como uno de los desafíos para las fuerzas del espectro progresista en la región que “su transformación en poder de Estado no debe significar la disolución, ni la burocratización ni el debilitamiento de las formas de organización social sino una transformación, adecuada a las nuevas circunstancias, para ser poder social y a la vez poder estatal. Es en esta dualidad, que a la vez es una tensión política, donde radica la clave de la defensa y la expansión de las experiencias progresistas” (2020, en línea)

Sostener ese desafío no supone desconocer los conflictos y las disputas propias de lo político que se producen cuando nuevos actores participan de la gestión estatal. Tampoco implica desatender a las limitaciones y condicionantes que a veces presenta el propio Estado para el desarrollo de aquellos proyectos que las conducciones se proponen impulsar. Entre ellas, algunas vinculadas con la propia orientación de las políticas y/o con las lógicas, tiempos y modos de funcionamiento del propio Estado.

Con respecto a ello, tanto a nivel municipal como nacional, entre los años 2003 y 2007, los procesos estatales no siempre estuvieron acompasados con los tiempos, modalidades y formas de construcción de las organizaciones sociales e, incluso, con el tipo de gestión que demandaban las propias políticas que los distintos gobiernos se propusieron implementar. Estas limitaciones no fueron iguales en las distintas jurisdicciones ni áreas del Estado y las políticas que se desarrollaron desde las diferentes dependencias también variaron.

En ese sentido, uno de los desafíos para las gestiones de gobierno, es transformar al Estado para que funcione de modo más acorde a los procesos sociales y organizativos; unos procesos cuyos tiempos, en contextos de pobreza y desempleo, pivotean entre el corto plazo de la supervivencia y el largo plazo de la organización social.

Con respecto a las políticas sociales, y en particular, aquellas que hacia el final del período de estudio se propusieron generar y fortalecer procesos asociativos y cooperativos, combinando economías de mercado con otras como la social, un desafío pendiente es el diseño de intervenciones que no reproduzcan formas de discriminación por las cuales existan unas comunidades con economías para quienes tienen recursos económicos para garantizar la subsistencia y otras para aquellos que viven en condiciones de pobreza.

Para finalizar, y solo porque las tesis en algún momento se cierran o pausan —y como los procesos de la vida vuelven a transformarse—, retomamos de los hallazgos generados por esta tesis y como apuesta general para proyectos societales que aspiren a una mayor democratización, el desafío de la ampliación de lo público y la centralidad en ese proceso de la intervención del Estado junto con la participación activa de las organizaciones sociales.