Lía Mabel Norverto

Resumen

En este capítulo reflexionamos sobre las condiciones de trabajo de las mujeres, a la luz de debates y aportes conceptuales que los estudios de género y la economía feminista nos brindan para su comprensión. La búsqueda se concentra en las perspectivas que ayudan a iluminar las experiencias de trabajadoras que recurren a la gestión colectiva en las primeras décadas del siglo XXI para desarrollar proyectos productivos.

El capítulo recupera las tensiones entre trabajo remunerado y trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, como uno de los nudos persistentes que producen desigualdades e inequidades de género, que requieren atención en el diseño de políticas públicas efectivas.

Una mirada procesual nos muestra la vigencia de discusiones de larga data, en las que la historia de las mujeres fue precursora.

Mujeres trabajadoras: el hilo sin fin

La categoría de género es una de las contribuciones teóricas más significativas del feminismo contemporáneo, que posibilitó enriquecer el análisis social, el cual había focalizado su atención en las desigualdades de clase hasta el último tercio del siglo XX. Su incorporación como herramienta analítica permite agudizar el examen de los procesos sociales, culturales, económicos y políticos de las sociedades. Las relaciones de género al interior de los grupos humanos y sus diversas formas de interacción, denotan relaciones de poder, y por ello, la mirada de género es una mirada política (Norverto, 2019).

En los últimos años se está manejando el concepto de género separado del feminismo, tanto en ámbitos académicos como políticos, a pesar de ser una categoría acuñada en el seno del feminismo en los años setenta. En relación con ello, la investigadora y feminista española Rosa Cobo Bedía plantea:

En el caso del feminismo, como en el de todas las teorías críticas y el feminismo es sobre todo un pensamiento crítico, los conceptos no sólo iluminan y explican la realidad social, también politizan y transforman esa realidad. Como señala Celia Amorós, en feminismo conceptualizar es politizar. La eficacia de los conceptos se origina en su capacidad de dar cuenta de la realidad que nombra. Por ello, para comprender adecuadamente el concepto de género es preciso subrayar que tras esta categoría hay un referente social: el de las mujeres como colectivo. La mitad de la humanidad conforma un colectivo con problemas crónicos de exclusión, explotación económica y subordinación social. Por tanto, mientras esta realidad subsista, y parece que se está acrecentando en una gran parte del planeta, la noción de género seguirá siendo rentable para las mujeres. (Cobo Bedía, 2005, p. 250).

En el marco de profundas transformaciones socio-económicas y los procesos de reestructuración global, junto a la consolidación del movimiento feminista y su presencia en la arena pública; se reeditan los clásicos tópicos que alentaron las discusiones propuestas por las feministas en las décadas del ´60 y del ´70 en torno a las condiciones de producción/reproducción, espacios privados y públicos, y las interrelaciones entre trabajo extra-doméstico y la emancipación de las mujeres.

El concepto de trabajo presenta debilidades al asociarse exclusivamente al trabajo remunerado. La Modernidad estableció una separación entre el espacio de la producción –fuera del hogar, y remunerado– y el de la reproducción –al interior del hogar, sin remuneración–. Esto colaboró con una división sexual del trabajo que segrega y discrimina a las mujeres en tareas de menor valorización social y económica. Es decir que en el mundo del trabajo se produce una doble división: una división social, generada y reproducida por el modo de producción capitalista, y una división sexual, engendrada y sostenida por relaciones patriarcales de poder. Ambas operan en forma conjunta y repercuten en las mujeres produciendo desigualdades de clase y de género.

La división sexual del trabajo ha asignado a los varones en forma prioritaria a la esfera productiva y a las mujeres a la reproductiva. Esta división, sostiene Kergoat (2002) es modulada socio-históricamente y se basó en dos principios organizadores: el de separación (trabajos de varones y trabajos de mujeres) y el principio jerárquico (un trabajo de varón tiene más valor que el de mujer). Al mismo tiempo, las funciones con valor social añadido (religiosas, militares, políticas, científicas) fueron captadas por los varones. Las modalidades que adquieren estos principios varían en el tiempo y el espacio, y por ello, el estudio de las experiencias laborales de mujeres requiere ser problematizado en términos de división sexual del trabajo.

En este sentido, es necesario avanzar en una concepción más amplia del trabajo, que lo conciba como el conjunto de actividades que producen bienes y servicios destinados al consumo o el intercambio con vistas a satisfacer necesidades humanas. Estas implican tiempo, desgaste de energía y generan valor. El trabajo doméstico y de cuidado, que se realiza al interior de los hogares y en forma mayoritaria por mujeres, cumple todas estas características: consume tiempo, energías y crea valor, al cuidar de la vida. Este trabajo también contribuye en la producción de nueva mano de obra, en cuanto se ocupa de la higiene, alimentación, atención de vestimenta y abrigo, educación, traslados, recreación de distintos integrantes del grupo familiar; por lo cual la división sexual es funcional a la reproducción del sistema capitalista.

El reconocimiento y la consideración de la tarea de cuidar como un trabajo es una deuda que perdura durante siglos con la población femenina, ya que fue invisibilizada su labor junto al aporte productivo y económico de la gran mayoría de las mujeres.

Cuidar implica la atención y satisfacción de aquellas necesidades físicas, biológicas, afectivas y emocionales que tienen las personas. Si bien todas las personas necesitan de cuidados, aquellas que son dependientes, ya sea por encontrarse en los extremos de la vida (niñez, ancianidad) o por otras razones (enfermedades, discapacidad) requieren de una mayor cantidad de cuidados y/o de cuidados especiales. (Gherardi, Pautassi y Zibecchi, 2013, p. 9)

La división sexual jerarquizada favoreció el ocultamiento de las vinculaciones entre ambos tipos de trabajo, y produjo la inequidad en la distribución del trabajo doméstico, entre los hogares y el Estado –por un lado– y entre varones y mujeres, por el otro. Es por ello que ubicamos al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en el centro de la reproducción social. Las modalidades que asumen estos trabajos, su falta de valoración económica y su distribución desigual, se encuentran en las raíces de las desigualdades e inequidades de género y de la pobreza.

Los estudios que asocian género y pobreza se han profundizado desde las últimas décadas del siglo XX, dando el lugar al concepto de “feminización de la pobreza”. En hogares con jefatura femenina, se explica por el menor número de aportantes económicos como por los menores ingresos que reciben en promedio las mujeres.

Así como planteamos la necesidad de ampliación del concepto de trabajo, también es necesario complejizar la noción de pobreza para comprender su impacto en la vida de las mujeres. La condición de pobreza no se reduce al nivel de ingresos ni a la satisfacción de necesidades básicas –formas estandarizadas de su medición cuantitativa– sino que contempla aspectos tangibles y no tangibles. Anderson (1998) señala que las mujeres sufren distintos tipos de pobreza, los cuales se interrelacionan y potencian entre sí. Entre ellos se destaca la pobreza de tiempo, ya que el cuidado de la familia restringe lapsos de recreación, descanso y tareas productivas que podrían mejorar sus ingresos económicos. Estas actividades no tienen duración delimitada y nunca se completan, por ello reducen demasiado el tiempo de quienes las asumen.

Otro tipo de pobreza que afecta a la población femenina de sectores populares es la pobreza de trabajo, signada por trabajos de baja productividad y en condiciones de precariedad. En muchas ocasiones deben priorizar actividades de ingreso y egreso fácil de acuerdo con las posibilidades de conciliación familiar, y la pobreza del tiempo limita las opciones laborales. Esto produce un círculo de difícil salida, que se cierra en forma cíclica. En consecuencia, también las mujeres se ven afectadas por la pobreza de sus vínculos sociales. Al estar constreñidas en la esfera de actividades domésticas y de cuidado, se restringe su acceso a contratos formales de trabajo, a la propiedad de bienes, a la obtención de credenciales educativas, y a la participación en espacios de interacción social que puedan capitalizar. Podemos afirmar que la pobreza de tiempo impacta en todas las demás, y obtura el desarrollo de estrategias superadoras para mejorar la posición de las mujeres.

Otra consecuencia que produjo la invisibilización del trabajo no remunerado realizado por las mujeres en sus hogares es la falsa distinción entre las mujeres que “trabajan” y que perciben una remuneración por sus tareas, y mujeres que “no trabajan”, cuya ocupación se identifica como “amas de casa”, quienes no reciben retribución económica por sus labores cotidianas. Esto repercute e impacta negativamente en las propias mujeres, que no reconocen sus actividades diarias como “trabajo”, sino como obligaciones por su condición de género, basadas en el amor y cuidado a su familia.

La inexistencia de políticas que garanticen de manera universal el derecho a cuidar a personas dependientes explica una de las razones por las cuales se reproducen los “círculos viciosos de la pobreza” (Zibecchi, 2010). Esto implica la necesidad de una organización social del cuidado que articule los hogares, el Estado, el mercado y la comunidad y no quede circunscripta a las posibilidades económicas de cada grupo familiar. En hogares que sus integrantes pueden afrontar el costo de contratar servicios de cuidado privados, tienen mayores posibilidades de elegir la combinación de trabajos y responsabilidades entre sus miembros. Los hogares de bajos ingresos no pueden contratar esos servicios en el mercado, y aumenta la probabilidad de inserciones precarias, intermitentes o nulas de las mujeres en el mercado de trabajo. Además, son este tipo de hogares los que cuentan con número más elevado de personas dependientes (mayor cantidad de hijos e hijas, personas adultas mayores sin ingresos propios).

Las crisis económico-sociales agudizan esta situación, son las mujeres quienes están expuestas a situaciones de mayor precariedad e informalidad laboral, aumento de la jornada laboral y reducción de horas de descanso, autocuidado, formación, participación en actividades sociales o políticas, y recreación.

Cuando se torna necesaria la reducción de gastos en los hogares, uno de los aspectos que primero sufre recortes es el trabajo doméstico y de cuidado remunerado, como estrategia de ajuste para enfrentar el aumento del costo de vida. Esto genera un doble impacto en el colectivo femenino. En primer lugar, afecta a quienes se dedican a vender esos servicios y las priva de su fuente de ingresos. En segundo lugar, son mujeres quienes absorben esas tareas en sus propios hogares y multiplican su carga laboral.

La participación de mujeres en los espacios de gestión colectiva: oportunidades y desafíos

A continuación, se mencionan dificultades para la participación femenina en la vida pública en general, para luego señalar el impacto de las experiencias de gestión colectiva en los grupos de mujeres con los que trabajamos. Estas se convirtieron en escenarios de participación, de aprendizaje y desarrollo de su autonomía.

En trabajos previos^[1] hemos presentado el análisis de testimonios y vivencias de usuarias de microcréditos productivos de la Fundación Grameen La Pampa y de cooperativas de trabajo gestionadas por mujeres. Los relatos y experiencias abren dimensiones que requieren distintas categorías y perspectivas para su interpretación: experiencias femeninas, economía del trabajo, trabajo como acción colectiva, empoderamiento de mujeres, organización comunitaria, economía feminista, procesos de movilización y resistencias, autogestión, autonomía, entre otras. Algunas de estas categorías toman cuerpo en las mujeres trabajadoras y nos interpelan desde sus tensiones, a construir nuevas formas de mirar y de hacer.

Debido a su carácter público, la participación resulta muy dificultosa y muchas veces inaccesible para las mujeres, en especial para quienes cuentan con menores recursos económicos y capital cultural. Según Aluminé Moreno (2007) refiere a actividades que se desarrollan en el ámbito público y “tienen como fin la incidencia en las condiciones de vida de un colectivo. Requiere del encuentro con otros/as, la identificación de necesidades comunes, intercambio de saberes, reconocimiento de objetivos compartidos y acuerdo acerca de medidas para lograr esos objetivos” (Moreno, 2007, p. 248).

El proceso de ampliación participativa femenina es reflejado por numerosos estudios que muestran nuevas formas de acción y de ruptura con la tradicional demarcación entre lo público y lo privado. Tanto las actividades comunitarias vinculadas a la sobrevivencia, como la defensa de derechos humanos y de la justicia, engloban experiencias que acumulan aprendizajes del ejercicio ciudadano para las mujeres (Di Liscia, 2014). Estas formas de participación son interpretadas de distintas maneras. Por un lado, existen visiones que las enmarcan en la reproducción de roles tradicionales de género y aceptación de la división sexual del trabajo (de madres, esposas, cuidadoras). Por otro lado, se entienden las luchas de las mujeres ante la crisis social y política como oportunidades para participar de procesos autogestionarios y reivindicativos relacionados con el consumo, la reproducción familiar y la justicia, que colaboran en el desarrollo de su autonomía. En estas miradas, “hay una valoración positiva de estas luchas, ya que promueven la solidaridad, la cooperación horizontal, las prácticas democráticas y los derechos humanos” (Di Liscia, 2014, p. 50).

Las actividades laborales generadoras de ingresos gestadas a principios de siglo y motorizadas por mujeres –microcréditos productivos y cooperativas de trabajo– surgidas como necesidad para la subsistencia económica y defensa de fuentes laborales, también operaron como escenarios de participación social y política.

Consideramos necesario revisar los aspectos estructurales que condicionan desde un marco capitalista las relaciones de trabajo surgidas desde prácticas autogestivas, a la luz de las experiencias femeninas; y sus potencialidades transformadoras, mediante la construcción de lazos más democráticos tanto en los espacios colectivos como en la distribución de tareas domésticas y de cuidado no remuneradas. Acordamos con Caracciolo y Sanchís (2011) en que las perspectivas económicas que valorizan las unidades domésticas, y que no se limitan al lucro y a los intercambios comerciales como principal objetivo, deberían resaltar la importancia de la equidad de género en los distintos ámbitos ligados al trabajo: los hogares, los emprendimientos y la comunidad.

En este sentido, resulta clave pensar la configuración de los mercados laborales en el marco de las múltiples desigualdades modeladas en las intersecciones de la clase, el género, la generación, la sexualidad, la región, y las pertenencias étnico-nacionales.

En el cambio de siglo, ante el crecimiento de la desocupación, subocupación y diversas formas de precarización laboral, asistimos a procesos de reorganización de la fuerza de trabajo a escala nacional. Los movimientos de fábricas recuperadas, las cooperativas de trabajo, emprendimientos asociativos, organizaciones de microcréditos para proyectos productivos, organizaciones de la economía popular, dan cuenta de formatos que cuestionan la tradicional articulación entre capital y trabajo.

Estas experiencias de emprendimientos individuales, familiares y asociativos que se expanden en Argentina a fines de los ‘90 y en forma más explosiva posterior a la crisis de 2001/02, funcionan con una lógica diferente de acumulación de capital, orientadas a satisfacer las necesidades de sus integrantes, mediante una lógica de la reproducción ampliada de la vida. Estas formas alternativas de organización de la producción, pueden comprenderse como consecuencia de la “crisis de reproducción de la vida” generada por el sistema capitalista, la cual contribuye a poner a las mujeres en el centro de la escena (Caracciolo, Foti y Sanchís, 2011).

Las mujeres se transformaron en protagonistas de espacios de participación popular que buscan mejorar sus condiciones de vida. Estos procesos las habilitaron para la esfera pública, descubrieron en algunos casos rasgos de liderazgo, y se tornaron en referentes de sus comunidades o contextos mayores (Barrancos, 2007). De esta manera “se politizan en el accionar” desde la participación comunitaria, o desde su intervención en la defensa de sus fuentes de trabajo (Cross y Partenio 2005; Fernández Álvarez y Partenio 2013; Dicapua, Mascheroni y Perbellini, 2013).

La toma de la palabra en voces de mujeres en espacios microsociales –en el trabajo, en el barrio, en una organización comunitaria– las encuentra con sus posibilidades, habilita el intercambio, entrena para el debate, las reflexiones compartidas y la toma de decisiones. Se configuran así “campos de acción social y política”, como espacios que no pueden clasificarse dentro de lo privado-doméstico o lo público-institucional (Tarrés, cit. en Di Liscia, 2014). Y desde estos espacios de participación, se crea poder y nuevas formas de construir la vida social y política.

En este sentido, el desafío de articular una agenda de la economía feminista con las prácticas de autogestión y de gestión colectiva, permitirá repensar las alternativas a un modelo de acumulación que ha mostrado serios límites (Partenio y Norverto, 2018).

En nuestro trabajo de campo –descripto en el capítulo metodológico– pudimos observar cómo las mujeres diseñaron propuestas innovadoras para generar ingresos en contextos muy adversos.

La participación en espacios de gestión colectiva del trabajo ha significado una bisagra en sus vidas, señalado como un hito emblemático en sus biografías. Aunque no siempre tuvieron su base fundante en la solidaridad entre pares ni en la resistencia al orden económico-social, tejen redes que hilvanan sueños personales y grupales. En la mayoría de los casos se constituyen como estrategias ante la crisis de empleo, que descubren la fuerza de lo colectivo en el hacer, y sin haber sido su propósito, configuran ejemplos de resistencia al orden económico-social y al orden genérico, mediante el desafío de mandatos y estereotipos de género en una provincia con patrones muy conservadores al respecto. Por eso construyen territorios de “experimentación colectiva”, y abren la posibilidad de innovación, invención y creación, lo que amerita su indagación en cada caso particular (Norverto, 2019).

La irrupción de las mujeres en los espacios asociativos y la generación de proyectos productivos propios enriqueció sus vidas en relación con aspectos educativos, formativos, culturales, políticos, económicos; colaboró con la diversificación de sus interacciones sociales; y provocó modificaciones sustanciales en la vida cotidiana de cada una de ellas, de sus familias y de las organizaciones que integran.

Sus experiencias laborales previas –en la mayoría de los casos– eran el empleo doméstico, y cuidado de personas a través de vínculos inestables e informales. Un número reducido fueron operarias industriales en una fábrica de indumentaria y conocían los beneficios legales del trabajo asalariado.

Las mujeres que se inscriben como “trabajadoras”, soportan las exigencias de la economía de mercado, y muy probablemente sean uno de los primeros grupos poblacionales afectados por la exclusión laboral en momentos más críticos, pero al mismo tiempo, se encuentran en una posición de negociación mejor en sus hogares (Pérez Rubio, 2003). Podemos afirmar que la generación de ingresos es fundamental para construir otros tipos de autonomía, de pensamiento, de toma de decisiones, de posicionamiento en sus vínculos interpersonales. La mejora de sus condiciones materiales y económicas es un paso necesario para transformar sus posiciones sociales y culturales.

La mayor capacidad de negociación presiona lentamente en la modificación de las relaciones de género al interior de los hogares, al mismo tiempo que cuestiona las estructuras tradicionales y sexistas en las dinámicas de las organizaciones laborales. Esto nos lleva a resignificar los conceptos de trabajo, producción y uso del tiempo orientándolos hacia la perspectiva que nos propone la economista feminista Cristina Carrasco (2014), cuando plantea focalizar y priorizar el análisis en torno a la importancia de la sostenibilidad de la vida.

Pensar el trabajo como gestión de la propia vida, y los emprendimientos de gestión colectiva desde una perspectiva de sostenibilidad, implica apostar a realizar cambios en la vida cotidiana, propiciar la generación de nuevas estructuras de consumo y producción, y enfrentar cambios de valores, junto a la remoción de las estructuras patriarcales.

Requiere algo fundamental, que invita a problematizar el conflicto no solo entre Capital y Trabajo –donde hizo foco la economía social y solidaria– sino entre Capital y Vida. Esto exige pensar “Otra economía”, otras formas de construcción social y política, que pongan a la vida, tanto humana como no humana, en el centro.

Algunos logros en el camino: la incorporación del trabajo no remunerado en la agenda pública

En este apartado se recuperan las tensiones entre trabajo remunerado y no remunerado, y su reciente incorporación en normativas previsionales y estadísticas.

La participación de las mujeres en el mercado laboral –como en otros espacios de la vida pública– fue producto de luchas y militancia de varias generaciones, y considerado un indicador de “progreso” y de emancipación. Sin embargo, tomar esta presencia como indicador de paridad de género, esconde brechas estructurales que persisten a lo largo del tiempo. El hecho de encontrar muchas mujeres trabajando en el espacio público no indica paridad. Sin indagar en las condiciones y experiencias en las que desarrollan su trabajo las mujeres, carece de validez como indicador de mejoría en la situación del colectivo femenino. Para ello es necesario combinar los datos de actividades laborales remuneradas con mediciones sobre uso del tiempo, con oportunidades concretas en los espacios de trabajo, lugares ocupados y remuneraciones, entre otras. Uno de los efectos que genera es la multitarea, mediante la asunción de mayor carga de trabajo, con la consecuente restricción de tiempo de descanso y ocio, y que origina lo que conocemos como doble y triple jornada laboral.

También el trabajo comunitario, tanto en organizaciones como de apoyo a otros hogares, que se realiza en forma voluntaria, es ejercido mayoritariamente por mujeres, lo que se ha denominado triple jornada laboral.

El repaso de algunos números del tiempo dedicado al trabajo no remunerado entre varones y mujeres mayores de 18 años es ilustrativo^[2].

En La Pampa, la tasa de participación de varones y mujeres en actividades que componen el TNR (Trabajo No Remunerado) de las mujeres es del 90,8 % y de los varones 59,4 %.

Según la situación conyugal, es destacable que los varones que están unidos o casados tienen una tasa de participación de 60,5% y sube a 84,4 % en divorciados o separados. Mientras que los solteros, bajan al 52 %. Las mujeres no modifican sustantivamente su tasa, indistintamente de la situación conyugal (84,5% solteras, hasta 93/94% unidas o separadas).

También resulta muy llamativo que la participación masculina decrece a medida que aumentan las personas dependientes en el hogar, tanto menores de 6 años, como mayores de 64 años. En hogares sin menores de 6 años, registran una participación de 60,3 %, y con dos menores o más 44,9 %. Las mujeres 89,6 % y 85,2 % respectivamente. La misma variación se observa en hogares con presencia de personas adultas mayores.

Por su parte, la condición de ocupación no modifica ni altera la participación de los varones, quienes no suman más de 3 horas diarias, y las mujeres las duplican. Solo bajan a 4,6 horas aquellas mujeres que tienen un trabajo remunerado que supera las 45 horas semanales con lo cual se estima que contratan servicios en el mercado.

En relación con el trabajo voluntario, en el país, se registró un 7,4 % de varones en relación a un 12 % de mujeres.

Si miramos la correlación con el nivel educativo, hay un aumento de participación masculina a medida que aumenta su nivel educativo, lo que ratifica la condición desfavorable de mujeres en hogares con integrantes de menores niveles educativos, y peores condiciones socioeconómicas.

Como pudo comprobarse, el uso del tiempo se distribuye en forma inequitativa entre las personas de acuerdo a su género, y las mujeres padecen en mayor proporción la pobreza de tiempo, lo cual obtura sus posibilidades de desarrollo personal.

Con el objeto de cuantificar la distribución del tiempo dedicado por las personas en la resolución de sus necesidades, a fines del 2019 se promulgó la Ley 27.532, referida a la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo que establece:

Inclúyase en el Sistema Estadístico Nacional como módulo de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) a la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo que tiene por objeto recolectar y cuantificar con perspectiva de género información sobre la participación y el tiempo destinado por las personas humanas a sus diferentes actividades de la vida diaria, desagregado por género y edad (Ley 27.532, 2019, Artículo 1)

En el artículo posterior la normativa recupera parte de los aportes y debates que abrazaron y sostuvieron los estudios de género y los movimientos feministas. Estos aspectos pudieron penetrar –producto de su militancia en múltiples y diversos espacios– en forma muy lenta en intersticios sociales y espacios gubernamentales responsables del diseño y aplicación de políticas públicas. De esta manera se considera el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado:

aquel que lleva a cabo toda persona humana que se encarga de planificar, organizar y/o ejecutar aquellas tareas que son necesarias para el funcionamiento cotidiano de su hogar, y los cuidados a otras personas del hogar (personas mayores, niños y niñas, personas con discapacidad y otros adultos dependientes) sin percibir remuneración alguna por su labor (Ley 27.532, 2019, Artículo 2 inciso a)

En el mismo artículo se define el autocuidado como “aquel espacio para el ocio y recreación, actividades de formación y académicas y acceso a servicios de salud” (art. 2, inciso c).

Los objetivos explicitados en la norma remiten a la cuantificación de la distribución del tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado al interior de los hogares, realizado para otros hogares, para la comunidad y trabajo voluntario, desagregados por género y edad; así como relevar información sobre el tiempo que le dedican las personas humanas al autocuidado, también desagregado por género y edad.

Esta pesquisa es muy valiosa para identificar factores de utilización diferencial del tiempo, que evidencian y profundizan la desigualdad económica, social y política entre mujeres y varones.

Otro aporte sustantivo que podemos identificar en la normativa es la conformación de una cuenta satélite específica donde deberá registrarse la información de un sector económico o social –en este caso del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado– en el sistema de cuentas nacionales, lo cual permitirá cuantificar la magnitud del aporte económico de estos trabajos fuera del mercado.

La economía, a diferencia de otras áreas de las ciencias sociales, ha sido más resistente a la revisión epistemológica que implica su valorización económica (Todaro y Rodríguez 2001, Carrasco 2006, Durán 2006). Por esta razón se han vuelto vitales los recientes aportes de la economía feminista como corriente heterodoxa dentro de la economía. En estudios previos planteamos que:

Al excluir del análisis las actividades no mercantiles, han dejado por fuera del campo económico el trabajo doméstico y de cuidado, su articulación con la reproducción de la fuerza de trabajo y sus aportes al funcionamiento del sistema social. El desafío de cuantificar la provisión de cuidados realizada en los hogares, de incluirla en los cálculos económicos, y de conceptualizarla como “trabajo” fundamental para la sostenibilidad de la vida humana, es una lucha que batalla en los terrenos científicos, laborales, gubernamentales y en la materialidad concreta de los cuerpos de las mujeres, en el transcurrir de sus vidas cotidianas (Norverto, 2019, p. 52)

La inclusión del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, del autocuidado, y del trabajo voluntario en las cuentas nacionales permitirá visibilizar el aporte económico que realiza una gran parte de la población, mayoritariamente femenina, y multiplicará las filas de mujeres trabajadoras. También este sondeo posibilitará el desarrollo de políticas públicas que promuevan una distribución equitativa entre las actividades remuneradas y no remuneradas entre mujeres y varones.

Entre las acciones de difusión y comunicación de la información recolectada, la ley prevé “realizar anualmente campañas de concientización sobre el valor económico del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado” (Ley 27.532, 2019, Artículo 5, inciso c) y

publicar el informe final de la encuesta en sitios de acceso público y difundirlo entre organizaciones especializadas en el desarrollo de políticas públicas, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa y promoción de los derechos de las amas de casa, y de los demás sujetos comprendidos en la encuesta (Ley 27.532, 2019, Artículo 5, inciso e)

En su articulado también establece la periodicidad bianual como lapso para realizar la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo. En el corriente año según la sede provincial de Estadísticas y Censos, se procederá a efectuar la medición correspondiente, que será la primera desde la promulgación de la Ley 27.532, y se espera cumplir con la actualización de esta información cada dos años.

Otra medida de acción positiva en el mismo sentido, es el reciente Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Aporte por Tareas de Cuidado, lanzado en julio de 2021 por ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social). Esta medida, según consta en la página oficial, trata de “visibilizar y reparar una desigualdad histórica y estructural en la distribución de las tareas de cuidado, reconociendo y valorando el tiempo que las mujeres destinaron y destinan a la crianza de sus hijas e hijos” (ANSES, 2021).

Está dirigida a mujeres que tengan edad jubilatoria, sean madres, y no cuenten con los años de aportes previsionales necesarios. En ese sentido, se computará 1 año de aportes por hija o hijo y 2 años de aportes en caso que la maternidad sea por adopción. Asimismo, reconocerá de forma adicional 1 año por hijas o hijos con discapacidad y 2 años en caso de mujeres que hayan sido beneficiarias de la Asignación Universal por Hija/o por al menos 12 meses.

Este Programa, junto a la Ley 27.532, da cuenta de avances legislativos que avizoran un incipiente reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en nuestro país.

Reflexiones finales

En primer lugar, hemos rescatado la utilidad de los estudios de género para problematizar el concepto de trabajo. La categoría de género es una herramienta analítica ineludible que permite agudizar el examen de la vida social, cultural y política en general, y el mundo del trabajo en particular. Las relaciones de género al interior de los grupos humanos y sus diversas formas de interacción, denotan relaciones de poder, y por ello, la mirada de género es una mirada política.

La participación de las mujeres en la vida pública ha estado llena de obstáculos y escollos, debido a una división sexual del trabajo que las circunscribió en el ámbito hogareño, realizando tareas domésticas y de cuidado no remuneradas. Por ello, la generación de emprendimientos laborales de gestión colectiva se transformó no solo en un medio generador de ingresos económicos, sino en espacios de participación social y política. Las experiencias de gestión colectiva significan un clivaje en la vida de las mujeres, que ha mejorado sus condiciones y posiciones, tanto a nivel personal, como familiar y comunitario.

Pensar el trabajo como gestión de la propia vida, y los emprendimientos de gestión colectiva desde una perspectiva de sostenibilidad, implica apostar a realizar cambios en la vida cotidiana, propiciar la generación de nuevas estructuras de consumo y producción, y enfrentar cambios de valores, junto a la remoción de las estructuras patriarcales. En este sentido, invitamos a nutrirnos de la economía feminista y a colocar el conflicto no solo entre capital y trabajo –donde hizo foco la economía social y solidaria– sino entre capital y vida. Esto exige pensar “Otra economía”, otras formas de construcción social y política, que pongan a la vida humana y no humana en el centro, sin discriminaciones.

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Fuentes documentales

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