El caso de la triple frontera
de Argentina, Brasil y Paraguay

Gustavo Visceglie

Introducción

La situación relativa de seguridad existente en Latinoamérica en términos westfalianos contrasta con la existencia diversa de amenazas no convencionales, de carácter transnacional y con presencia de actores no estatales. Estas amenazas se caracterizan por aprovechar el debilitamiento de los Estados y, en particular, su incapacidad en el control efectivo de su territorio. La insurgencia criminal en Sudamérica es un fenómeno en crecimiento en toda la región. La soberanía de los Estados peligra frente a enemigos como redes terroristas y el crimen organizado trasnacional.

En este contexto del conflicto, estas amenazas híbridas se inscriben dentro del concepto de la teoría y ciencia del caos, adecuando sus tácticas y procedimientos a esta. La respuesta a la espiral de violencia así planteada deberá colocar en valor la importancia que reviste el desarrollo de la capacidad innovadora de las organizaciones vinculadas a la seguridad y defensa nacional.

El propósito de este trabajo es establecer algunos conceptos y lineamientos respecto a las

similitudes y diferencias que presentan la amenaza híbrida del terrorismo y el crimen organizado trasnacional en las fronteras latinoamericanas y particularmente en la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay desde de un enfoque geopolítico.

Para caracterizar las triples fronteras, es necesario conceptualizar el término. Morales (2013) considera que la frontera es un espacio de intercambios sociales, económicos, culturales y demográficos enmarcados en las relaciones de poder en las que se muestran fuerzas sociales y económicas que imponen sus lógicas.

Los conflictos en la actualidad están caracterizados por la escasez de recursos, el daño ambiental, la explosión demográfica, ambiental y social, la anarquía criminal, las migraciones de refugiados, la erosión creciente de los Estados nación y las fronteras internacionales, el poder creciente de los ejércitos privados y los carteles internacionales de drogas, el choque cultural y racial, el determinismo geográfico, y la mutación de la guerra.

Distintos autores, como Van Creveld (1991), Huntington (2006), Kaplan (2008) y Kaldor (2001), consideran que los conflictos futuros serán los de la supervivencia comunal, agravados o causados por las características antes mencionadas, de carácter intestino, lo que significa que será difícil para los Estados y gobiernos locales proteger a sus ciudadanos físicamente. Estos Estados tenderán a su disolución, y la globalización actuará como fuerza centrífuga, exaltándose cada vez más las diferencias por sobre las similitudes.

La guerra del futuro, según Van Creveld (1991), estará signada por nuevas reglas, y caracterizada por una guerra de insurgencia, una guerra asimétrica donde no existen límites en el uso de la violencia, a lo que Kaplan (2008) llamó “el retorno a la antigüedad”. Relativo a la asimetría, Kaldor (2001) hace hincapié en la disimilitud entre las partes enfrentadas en relación con el nivel tecnológico del armamento y material empleado y la capacidad logística y de acceso a recursos, por lo que ello conduce a que se recurra a estrategias muy diferentes, lo cual es la causa de la extensión del terrorismo como estrategia de combate para contrarrestar tal inferioridad. Como expresa Sepúlveda Muñoz (2007), los distintos sistemas de defensa deberán readaptarse a fin de hacer frente a las amenazas globales y poder contar con garantías de éxito, para lo que es necesario analizar sistemáticamente las amenazas y los desafíos a los que se debe combatir, evaluando de forma realista los medios con los que se cuenta para enfrentar esas amenazas y la sinergia que deberá surgir de la interrelación entre las distintas agencias del Estado.

Para ello resulta necesario analizar los factores contingentes que definen estas amenazas, a las que se debe conjurar en el plano nacional, regional e internacional, y al mismo tiempo definir y evaluar los medios requeridos para hacerles frente. En un concepto amplio de la defensa nacional, los distintos factores de poder que componen al Estado deberán coordinarse e integrarse para una mejor respuesta, e inclusive en lugares fronterizos será necesario interactuar con organizaciones y agencias no solo nacionales, sino también interestatales. El propósito de este trabajo es establecer algunos conceptos y lineamientos respecto a las similitudes y diferencias que presentan la amenaza híbrida del terrorismo y el crimen organizado trasnacional en las triples fronteras latinoamericanas desde un enfoque geopolítico. Esta mutación de la amenaza trae aparejados, entre otras cosas, la reformulación del concepto de “soberanía”, la legitimidad del uso de la fuerza, el carácter multidimensional de la respuesta de defensa, y la puesta en marcha de reformas de las Fuerzas Armadas y de las distintas agencias del Estado.

El marco teórico referencial se basa en la teoría realista de las relaciones internacionales, en la teoría de referencia del funcionamiento de organizaciones sistémicas y complejas que operan al borde del caos (teoría del caos, teoría de la complejidad y teoría de sistemas) y en las teorías de la guerra.

Estas teorías constituirán el marco adecuado para explicar determinados aspectos de la investigación. Se observa que, en las últimas décadas, hubo un “aumento de problemáticas de seguridad transnacional”, caracterizada esta amenaza por ser de naturaleza híbrida y con la existencia de actores no estatales en condiciones de disputarles a los Estados el monopolio de la fuerza. Estos conflictos ocurren crecientemente por debajo del umbral de la violencia militar directa y en los márgenes del derecho internacional (López Muñoz, 2016). El procedimiento y el accionar del terrorismo internacional, como así del crimen organizado, se comportan como amenazas que trascienden los confines territoriales de los Estados nación. La soberanía de los Estados peligra frente a enemigos como redes terroristas y el crimen organizado trasnacional. En este contexto del conflicto, estas amenazas híbridas se inscriben dentro del concepto de la teoría y ciencia del caos, adecuando sus tácticas y procedimientos a ella.

Hacia una contextualización de la naturaleza del conflicto: tipificación y clasificación de las amenazas

Los conflictos que prevalecen en la región se circunscriben principalmente a los conocidos y derivados de las nuevas amenazas. Algunos teóricos e instituciones han llevado adelante una nueva clasificación de la guerra; como expresa Bartolomé (2017), existe una corriente que clasifica los conflictos en función de la intensidad de violencia existente en ellos, es el caso de la Universidad de Upsala, que confeccionó una gran base de datos en la cual se detalla la cantidad de víctimas fatales por periodo en cada uno de los conflictos. Esta clasificación cuantitativa hace la siguiente distinción:

• Conflictos armados menores: aquellos que en su transcurso generan menos de mil decesos.
• Conflictos armados medios: aquellos en los que el total de víctimas fatales supera el millar a lo largo de su transcurso, pero sin acumularse esa cantidad en el término de un año.
• Guerra: conflictos en lo que se supera el millar en cada uno de los años que comprende el conflicto.

Otros autores entienden, en otra perspectiva, que la diferencia sigue siendo por aspectos cualitativos y no cuantitativos, y lo que pueden variar son las variables y los fenómenos que los definen. Estas mismas variables que hoy en día lo configuran como guerra en el pasado no aplicaban. Uno de estos autores es Mary Kaldor (2001).

Las características principales que señala Bartolomé son la asimetría de violencia de estos conflictos, los actores no estatales, y los clivajes de tipo cultural, étnico y religioso vinculados con el crimen organizado. Es importante destacar el trabajo de investigación realizado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) en función de los escenarios futuros, vinculados con los llamados “potenciadores de riesgo”, entendiendo como tales, entre otros, la globalización de la tecnología, la pobreza, la desigualdad socioeconómica extrema, el cambio climático, las brechas tecnológicas, las ideologías radicales, el crecimiento poblacional, la urbanización masiva, la escasez de recursos naturales, etc. (Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2011).

Volviendo sobre el tema de las nuevas amenazas y su clasificación, tendremos en cuenta solo las más relevantes y de acuerdo a las observaciones realizadas por Bartolomé (2018), por cuanto consideramos que son pertinentes a este trabajo. Ellas son las siguientes:

1. Terrorismo.
2. El crimen organizado trasnacional.
3. La proliferación de armas de destrucción masiva.
4. Ciberamenazas o ciberguerra.

Se entiende por “terrorismo” a la forma violenta de lucha política mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido y la creación de un clima de terror, mientras que el crimen organizado tiene un objetivo económico, busca obtener una ganancia económica. Si bien el concepto de “terrorismo” es antiguo, hoy está particularmente puesto en valor porque ha evolucionado sensiblemente en cuanto a su capacidad de proliferación, de proyección mundial y de obtención de armas de destrucción masiva.

En la Resolución 1.269 del 19 de octubre de 1999 del Consejo de Seguridad, se define “acto terrorista” de esta manera:

Cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

Las primeras tres amenazas mencionadas anteriormente, de carácter trasnacional, tienen capacidad de mutar según las circunstancias, explotando la debilidad de los Estados, en particular en las zonas fronterizas.

Las organizaciones terroristas que responden al Estado Islámico tienen proyección mundial, están vinculadas entre sí, poseen autonomía y tienen la capacidad de articular entre ellas. Son estructuras complejas que operan al borde del caos, aprovechando la incertidumbre en beneficio propio.

En relación con la criminalidad organizada, en la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional (Palermo, 2000), Naciones Unidas definió “crimen organizado” como un grupo estructurado de tres o más personas que, con una continuidad en el tiempo y actuando de acuerdo, tienen el objetivo de cometer uno o más delitos para obtener, de manera directa o indirecta, un beneficio económico o cualquier otro de orden material.

Por otra parte, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia identifica cuatro características vinculadas al crimen organizado:

1. El aumento cuantitativo, tanto por el tráfico internacional como por el control de los mercados domésticos por parte de los grupos delictivos.
2. El crecimiento de la violencia, que alcanza a todos los sectores de la sociedad.
3. La proliferación de vínculos con la esfera política y la infiltración en las instituciones democráticas.
4. La creciente corrupción de los funcionarios públicos, con especial énfasis en miembros de los organismos de seguridad y policiales.

Tanto el crimen organizado como el terrorismo comparten ciertas características operativas y de estructura organizativa; a saber, operan subrepticiamente, sumamente innovadoras y adaptativas al entorno, en red, en unidades autónomas, con asimetría en el empleo de la violencia, y explotan la debilidad de los Estados en aquellas regiones y localidades donde este se ve incapacitado de ejercer el monopolio de la violencia.

Como expresa Merlos García (2006), el ciberespacio se ha convertido en el marco de operaciones ideal para las organizaciones terroristas que han sabido poner al servicio de sus intereses tácticos y estratégicos las innumerables ventajas que ofrece el entorno: facilidad de acceso y mantenimiento, escasa regulación y control gubernamental, anonimato, rapidez en el intercambio de información, acceso a la opinión pública internacional y, en definitiva, comodidad para la planificación y coordinación de operaciones, que resultan rentables, tanto en términos de recursos empleados como

de impacto global, gracias a la fuerza multiplicadora de la red.

La gran diferencia entre estas organizaciones sigue siendo sus metas y objetivos que definen su accionar y la virulencia en que son llevadas a cabo, el terrorismo o insurgencia siguiendo un objetivo político y la criminalidad uno de orden económico, el primero busca difundir su accionar sembrando el terror y el segundo por el contrario se mantiene en la clandestinidad.

La convergencia de ambas amenazas radica en el lucro derivado de las actividades criminales: para el crimen organizado como finalidad, y para el terrorismo o insurgencia armada como medio para la consecución de su fin político.

Ejemplo de organizaciones terroristas o insurgencia armada

Ejemplo de organizaciones terroristas vinculadas en operaciones de narcotráfico son los talibanes de Afganistán y las FARC colombianas, respectivamente.

En cuanto a las formas delictivas empleadas por las organizaciones criminales y terroristas, se destacan principalmente el narcotráfico, el tráfico de armas y el de seres humanos, que se ha incrementado en los últimos años, de acuerdo a los últimos informes de Unicef.

Como se ha mencionado reiteradamente, el crimen organizado y el terrorismo trasnacional operan sobre las debilidades de los Estados, y el descontrol en la proliferación y el uso de armas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares es una de ellas. La posibilidad de que este tipo de armamento descontrolado caiga en manos terroristas y esto se constituya en la causa del empleo potencial sobre cualquier Estado y en particular sobre su población es la mayor amenaza a la seguridad de la humanidad.

A diferencia del terrorismo, las organizaciones criminales transnacionales aplican la violencia no como un fin en sí mismo, sino como un medio para un propósito. Estas controlan el uso de la violencia de una manera predecible y racional. Los carteles utilizan la violencia como una opción entre muchas otras. La violencia relacionada con el narcotráfico también puede tener un fin intimidatorio, o bien ejecutar crímenes con el objetivo de causar temor o terror en la sociedad; en este caso estamos hablando de narcoterrorismo. Haupt (2009) distingue dos diferentes formas de narcoterrorismo: el cometido por narcotraficantes con diversos fines, o bien el que involucra organizaciones terroristas en el narcotráfico para financiar su causa y operaciones contra el gobierno. Las organizaciones criminales clasificadas como protoinsurgencia en México, como ser los Zetas o los Caballeros Templarios, son denominadas también como “organizaciones híbridas”, porque simultáneamente y adaptándose al entorno utilizan armas convencionales, tácticas irregulares, terrorismo y comportamiento criminal (Hoffman, 2012).

Como refiere Bartolomé (2017), los ejemplos de la vinculación entre terrorismo y crimen organizado son bastos. Normalmente, es el primero el que incursiona en actividades criminales, y no a la inversa. Justamente, el terrorismo que persigue una finalidad política para autofinanciarse y adquirir equipamiento recurre principalmente a involucrarse en el narcotráfico.

Crimen organizado transnacional

La complejización y expansión del crimen organizado transnacional durante la última década ha resignificado el concepto de “insurgencia”, a punto tal que en el 2010 la exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton declaró ante el Council on Foreign Relations que las organizaciones criminales en México y Centroamérica estaban “mostrando cada vez más indicios de insurgencia”, y afirmó que México se veía “cada vez más como Colombia hace 20 años, donde los narcotraficantes controlaban ciertas partes del país” (Sandoval, 2015).

Como se mencionó, el crimen organizado carece de objetivos políticos y, por lo tanto, es incapaz de comprometerse en una insurgencia con fines político-ideológicos, sino que su finalidad es el lucro. Asimismo, las instituciones y los agentes estatales no son el destinatario principal de la violencia de los grupos criminales (Bunker, 2013).

Según Sullivan (2011), la insurgencia criminal persigue e intenta ganar autonomía y control sobre el territorio, creando enclaves criminales solo con el objetivo de asegurar la libertad de maniobra para llevar a cabo sus ilícitos; de esta forma, se convierte en una amenaza directa a la integridad del Estado.

Pese a la ausencia de factores ideológicos, la insurgencia criminal en el caso mexicano tiene características que la pueden enmarcar en un fenómeno político y paramilitar. Político en cuanto a su decisión de enfrentar abiertamente a los agentes estales para preservar sus negocios, y paramilitar porque, para la consecución de sus objetivos, estas organizaciones criminales emplean verdaderos ejércitos privados altamente especializados y adecuadamente equipados. Es el caso de las organizaciones criminales más desarrolladas, como los Zetas y los Caballeros Templarios (Bunker, 2013). Estas, en la búsqueda de control de territorio y constituyéndose como una clara competencia del monopolio de la fuerza del Estado, buscan disminuir la legitimidad y credibilidad de este; en su accionar desacreditan a la Policía, el Poder Judicial y a la clase política, erosionando su institucionalidad a través de actos de corrupción.

La ausencia del Estado en estas regiones es cubierta por estas organizaciones, que, en muchos casos, proveen oportunidades económicas y servicios públicos como salud, educación, seguridad e incluso justicia. Estas actividades generan vínculos entre las comunidades y las organizaciones delictivas, y convierten a las primeras no solo en partidarias de las segundas, sino en parte de la organización.

A diferencia de la situación en Colombia, la situación mexicana se encuentra lejos de ser considerada como de insurgencia, aunque algunas organizaciones criminales, como los Zetas, el cartel de Sinaloa y los Caballeros Templarios, puedan ser así tipificadas por contar con recursos tecnológicos y económicos, arraigo territorial y disponibilidad de recursos (Sullivan, 2010).

Ninguna de esas organizaciones criminales ha modificado su objetivo de lucro por un proyecto político, ni tiene los medios o la intención de hacerlo. El control territorial lo logran exclusivamente a escala local.

En este sentido, Makarenko (2008) postula que el crimen organizado y la insurgencia son fenómenos distintos, pero que, sin embargo, existe un nexo crimen rebelión que no es estático, sino que evoluciona, adoptando la forma de un continuum, con el crimen situado en el extremo izquierdo y la insurgencia ubicada en el lado derecho, como fenómenos distintos, separados y lejanos conforme al entorno en el que operan, pudiendo ocurrir entre ambos una amplia gama de interacciones.

Fuente: Makarenko (2008).

Algunas reflexiones de la convergencia entre crimen organizado y terrorismo internacional

La convergencia y colaboración admite diferentes niveles.

1. La alianza con insurgentes se da
   1. cuando una organización criminal apoya a una insurgente por razones de afinidad ideológica o religiosa,
   2. o cuando hay vínculos a través de una transacción económica, como compra de armas, explosivos, documentos falsos a los grupos criminales dedicados a esta actividad ilícita.
2. Uso operacional de la violencia: mantienen preponderantemente independencia sobre las prioridades y estrategias, por desconfianza mutua. Las organizaciones desarrollan su propia capacidad, ejemplo de ello son las organizaciones criminales, que operativamente se valen de tácticas insurgentes, y las organizaciones terroristas, que se valen operativamente de actividades criminales.
3. Convergencia motivacional: es la asociación de dos elementos autónomos. Encontramos organizaciones criminales motivadas políticamente y organizaciones insurgentes interesadas en obtener beneficios económicos, pero que nunca abandonan el discurso de los objetivos políticos; algunas de estas organizaciones con el tiempo mutan totalmente en favor del lucro manteniendo los objetivos políticos como fachada. En el caso de las organizaciones criminales motivadas políticamente, estas se involucran en las actividades gubernamentales buscando participar del control político.
4. Participación instrumental: convergencia mediante apropiación de métodos. Se da particularmente cuando las organizaciones insurgentes adoptan la modalidad criminal por una necesidad específica, ya sea de orden financiero o logístico. Es el caso de la incursión en el narcotráfico y en la comercialización de armas ilegales.
5. Alianza/imposición: las razones por las que se dan pueden ser variadas, desde la necesidad de conocimiento experto (lavado de dinero, fabricación de bombas, etc.), apoyo operativo (acceso a rutas de contrabando) y maximización de beneficios en la consecución de sus objetivos.

Un claro ejemplo, señala Villalobos (2011), de cómo una organización insurgente con una clara finalidad política puede mutar en una organización criminal, producto de la descomposición social, moral y política de sus integrantes, es el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que mutó en una narco-guerrilla que emplea el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

Uno de los casos de alianza que podemos mencionar es el del yihadismo y los carteles latinoamericanos; los carteles narcotraficantes pagan a las redes africanas para que transporten los cargamentos por vía terrestre, atravesando zonas del Sahel que están bajo control de los grupos yihadistas, que cobran una tasa de tránsito para garantizar su protección.

Al hablar del Sahel, se hace referencia a una amplia región semidesértica en la que los lazos familiares y tribales trascienden las fronteras, en la que los Estados carecen del monopolio de la fuerza y en la que se ha creado una relación social sobre la base del comercio y los tráficos ilícitos. Esta actividad a los yihadistas les permite obtener los medios logísticos y financieros con los que los grupos terroristas planean ejecutar acciones que tienen una repercusión global. No podría entenderse el auge de las organizaciones yihadistas en la zona sin asociarlas con las actividades criminales, que son las que les proporcionan poder político, influencia social, acceso a recursos, conexiones sociales y, también, publicidad (Fuente Cobo, 2014).

¿Amenazas híbridas en Latinoamérica? ¿Insurgencia criminal? ¿Están vinculados y convergen el crimen organizado trasnacional y el terrorismo internacional en la Triple Frontera (TF)? La zona de la Triple Frontera es el área donde confluyen los límites de las ciudades de Puerto Iguazú (Argentina), Foz do Iguazú (Brasil), y Ciudad del Este (Paraguay). La TF es un espacio de carácter regional en el cual se llevan a cabo intercambios de tipo social, económico y cultural, y que está sometido a las relaciones de poder entre fuerzas y organizaciones, gubernamentales o no, legales o ilegales, capaces de establecer un orden e imponer sus intenciones. Es una zona donde convergen economías y jurisdicciones de diferentes Estados, con políticas dispares y culturas propias. La Triple Frontera es considerada el mayor foco de amenaza de insurgencia criminal latente de la zona del Cono Sur, en la cual está asentado el yihadismo, constituyendo un polo de atracción de actividades ilícitas. A su vez, se caracteriza por ser una región donde se llevan a cabo numerosas y variadas actividades criminales por parte del crimen organizado, liderado por las mafias de las diferentes etnias que conviven en este espacio geográfico, como la árabe y la china.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, que fueron cometidos por grupos yihadistas islámicos, representaron un antes y un después sobre el tratamiento y la ponderación de la amenaza terrorista. Antecedentes de ello fueron los atentados perpetrados en Buenos Aires en 1992 y 1994 contra la Asociación Mutua Israelita Argentina (AMIA) y la Embajada de Israel. El primero de ellos fue ejecutado por la organización chiita libanesa Hezbolá.

La zona de la Triple Frontera podría ser considerada una región propicia para el sostenimiento económico de la organización yihadista y para el desarrollo y la planificación de nuevos operativos a fin de alcanzar sus fines políticos trasnacionales. Si bien se considera que la probabilidad de ocurrencia de atentados en la región por parte del accionar del terrorismo internacional es baja, existe una principal preocupación por la situación del crimen organizado trasnacional en la Triple Frontera como fuente de financiamiento del terrorismo islámico y también como lugar de tránsito y entrenamiento de terroristas (Cuervo Ceballos, 2018).

La relevancia y peligrosidad de la Triple Frontera se ha incrementado en los últimos 15 años. Es una región donde se llevan a cabo actividades criminales que en su mayor parte corresponden al contrabando, la falsificación y el narcotráfico. Uno de los problemas más serios que atraviesan los países de la zona y que está directamente vinculado con el surgimiento de estas amenazas es la fragilidad gubernamental de los Estados, ligada con la capacidad del control del territorio y con el ejercicio efectivo del monopolio de la fuerza. Según Ottolenghi (2018), “el ambiente permisivo de la TF anima a los carteles criminales y al terrorismo para cooperar en beneficio mutuo y con ello poder financiar sus actividades ilícitas”.

La actividad económica se concentra en Ciudad del Este y Foz de Iguazú, estimándose que la primera se ubica en el tercer puesto de las mayores zonas de libre comercio del mundo, después de Miami y Hong Kong; además, posee una infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y bancaria que facilita el intercambio comercial con Puerto Iguazú y Foz de Iguazú. A lo anterior, se suma su generosa legislación fiscal y aduanera.

Esta falta de capacidad de ejercicio efectivo del monopolio de la fuerza permite el surgimiento de actores no estatales que disputan el espacio de poder. Es el caso del terrorismo trasnacional y el crimen organizado, cuyo surgimiento se ve favorecido en aquellas regiones donde el Estado no puede ejercer su presencia soberana. En muchos casos, el incumplimiento de las responsabilidades del Estado es cubierto por estas organizaciones delictivas.

Como expresa Bello (2013), la falta de cumplimiento de la legislación y la ausencia de autoridad estatal con un marco regulatorio atraen constantemente a comerciantes extranjeros que operan al margen de la ley y a grupos criminales organizados trasnacionales, que, motivados por la alta rentabilidad de los negocios en la zona y por la permisividad institucional, hacen de la zona un centro de operaciones y un punto neurálgico de las actividades ilícitas. Esto favorece la creación de una asociación criminal entre grupos terroristas yihadistas y grupos criminales organizados que tiene como finalidad la obtención de utilidades mutuas e intereses comunes, lo que facilita los medios logísticos y financieros necesarios para las operaciones terroristas.

Dentro de las actividades ilegales llevadas a cabo por el crimen organizado a nivel mundial, podemos incluir las siguientes: las redes de inmigración, en especial las mafias chinas, latinoamericanas y de los países del este; el narcotráfico y el blanqueo de dinero; el tráfico de seres humanos para la explotación sexual y laboral; y el tráfico de armamento de destrucción masiva. Esto evidencia que una de las consecuencias negativas de la globalización ha sido la transformación de la delincuencia organizada.

Según Fuente (2014), las actividades criminales otorgan influencia política y social, la cual es ejercida sobre las poblaciones y la sociedad local, que recíprocamente encuentra protección en la red criminal en las zonas grises donde no hay presencia estatal. “Los grupos yihadistas se aprovechan de una manera simbiótica del tejido social diluyéndose en el mismo y creando una dinámica social, política y económica que facilita la ejecución de actividades criminales” (Fuente, 2014).

La porosidad de las fronteras, producto de la flexibilidad y la falta de coordinación en las políticas migratorias; la ausencia de armonización en la definición de los delitos y en los códigos penales de los países; la falta de coordinación en la ejecución de las medidas de prevención y lucha contra el delito y la descentralización informativa en materia de seguridad son algunas causas que determinan la interconexión de los delitos (Anguita y Campos Zabala, 2008).

Sumado a las dificultades de gobernabilidad de los Estados, aparecen erosiones producto de la corrupción de algunos de sus funcionarios, que favorecen el desarrollo de la actividad delictiva. Si la corrupción se generaliza, será aprovechada por el crimen organizado para ganar espacios de poder y aumentar su influencia sobre el poder político. Este factor determinante podría otorgar a los grupos yihadistas la posibilidad de influir en las decisiones del gobierno, y al mismo tiempo obtener la protección de los funcionarios corrompidos tanto del gobierno como de instituciones de seguridad.

Como expresa Anguita (2008), los Estados en forma individual no tienen capacidad para hacer frente a la amenaza trasnacional, sino que se necesitan medidas conjuntas y combinadas entre los diferentes Estados para combatirla.

El yihadismo incluye, entre otras de sus actividades, la rotación de sus combatientes, empleando lugares de descanso que presenten las características de anomalía que tiene la Triple Frontera. En estos lugares, llevan adelante actividades relacionadas a la capacitación operativa, se vinculan con células de insurgencia criminal, reclutan soldados para su causa y su posterior adoctrinamiento y entrenamiento en campos de instrucción, recaudan fondos y arman células de apoyo logístico, entre otras actividades preparatorias.

Según Bartolomé (2002), uno de los principales obstáculos para construir respuestas multilaterales y multisectoriales a los problemas de seguridad de la Triple Frontera ha sido la diversidad de intereses de los tres países de la región. Los intereses comerciales y económicos de Paraguay se contraponen con los intereses de seguridad de Argentina, y esto genera niveles de voluntad y decisión política diferentes.

Existen también claras divergencias en el campo de las percepciones de amenazas a la seguridad y en la intensidad con la que estos países visualizan los riesgos. Desde la perspectiva brasileña y la paraguaya, el terrorismo es una amenaza potencial con baja probabilidad de ocurrencia. En el caso argentino, su historia reciente no ha dejado margen de duda, y se teme “un tercer atentado terrorista”.

¿Se puede aplicar una estrategia contrainsurgente para contrarrestar y combatir a las organizaciones insurgentes?

Al respecto, Anguita y Campos Zabala (2008) concluyen que sería fundamental la definición de políticas, estrategias y medidas conjuntas que prevengan las acciones de la delincuencia organizada, a saber, la armonización de las legislaciones, la cooperación transnacional y la intensificación de la cooperación judicial y policial. Pero, como es sabido, las leyes y su aplicación y las formas de prevención, control y mitigación son diferentes de un país a otro, y tal es el caso de los países fronterizos en la Triple Frontera. Esta diferencia de las legislaciones afecta la posibilidad real de cooperar y actuar eficazmente; justamente es por ello por lo que estas organizaciones delictivas se asientan en las zonas grises. El elemento clave para la lucha contra este flagelo es la posibilidad cierta de contar con información. Por ello, es necesario coordinar actuaciones y recursos contra el crimen organizado.

Un cambio de legislación en la definición del empleo militar, empleándolo como recurso para combatir a las mafias criminales, encierra no solo beneficios, sino también riesgos. El riesgo que se corre al ampliar la definición de “insurgencia” para incluir el campo del crimen organizado transnacional es la generación de mayor confusión respecto del entorno a la naturaleza de los desafíos a los que se enfrentan. Una formulación inapropiada puede traer aparejadas soluciones igualmente inapropiadas por parte de los gobiernos.

Fuente: Sandoval (2015) sobre los estudios de Bunker Robert. “Introduction: The Mexican cartels- organized crime vs. criminal insurgency” (2013).

Teniendo en cuenta el cuadro precedente, Bunker (2013) explica que conceptualizar las organizaciones criminales como insurgencia criminal, estableciendo que representan una amenaza directa a la integridad del Estado, implica que su combate y tratamiento adquieran rasgos propios de un conflicto de baja intensidad, y, por ende, la respuesta estatal incluye un enfoque militarizado que busca desmantelar las principales organizaciones criminales y restablecer la legitimidad del Estado en áreas disputadas.

El espacio generado por la eliminación de alguno de los carteles en México, en vez de causar una reducción de la violencia, tuvo el efecto contrario, al producirse una competencia entre estas organizaciones delictivas por ocupar los espacios de poder resultantes. En el caso de Centroamérica, los despliegues militares tampoco obtuvieron el control de la violencia; por el contrario, la cifra total de víctimas vinculadas al crimen organizado continúa en ascenso, en particular por cuestiones que se relacionan con el enfrentamiento y la competencia entre las distintas bandas criminales (Bunker, 2013).

El otro efecto derivado del accionar militar sobre las organizaciones criminales en las fronteras produce un desencadenante no esperado: un mayor control fronterizo reduce sensiblemente las rutas para el tráfico de drogas, lo que provoca la consecuente espiral de violencia entre los diferentes carteles para controlar el acceso de sus productos. No hay que olvidar, por otra parte, que, en aquellas regiones alejadas del control estatal, estas organizaciones criminales suplen las responsabilidades del Estado en muchos aspectos sociales. La respuesta represiva debe estar acompañada por políticas económicas y sociales, que involucran a otras agencias del gobierno. De no ocurrir ello, estas poblaciones mantendrán su lealtad a las organizaciones criminales (Sandoval, 2015).

Otro de los efectos derivados es el desplazamiento de las organizaciones criminales hacia territorios dentro de la región donde la presencia y la autoridad estatal sean más débiles, con el objeto de instalarse nuevamente. Ejemplo de ello es la migración de los Zetas mexicanos a Guatemala y de algunas Maras hacia Costa Rica.

La intervención militar es aún más difícil de implementar en los países en los cuales, producto de la desintegración institucional, Naciones Unidas interviene militarmente. Es el caso de Haití, donde uno de cuyos objetivos era desarmar a grupos paramilitares y organizaciones criminales. Al no contar con una información adecuada, por no disponer de elementos propios para tal fin, dependiendo de una inteligencia muy rudimentaria y en muchos casos originada por la policía local, netamente corrupta y poco confiable como fuente, se hacía muy difícil poder enfrentar a estar organizaciones, altamente dinámicas, adaptativas y conocedoras del ambiente geográfico.

Reflexiones finales

Los conflictos sociales en la actualidad son de naturaleza compleja, son de carácter multidimensional, lo político está entramado con lo económico, lo cultural, lo social; una respuesta sesgada reforzará la problemática y la profundizará. Como vimos, los entornos hostiles son altamente dinámicos e impredecibles. Estos requieren de reacciones rápidas de la organización.

Cuanto más dinámico es el entorno, más orgánica, descentralizada y flexible será la estructura, y más sofisticado será el conocimiento necesario.

La falta de alternativas viables en zonas de difícil control por parte de los Estados facilita que actividades ilícitas sean la solución como una alternativa de inclusión social e inserción económica.

Las características que las organizaciones multiagenciales deberán reunir al operar en entornos complejos, dinámicos y hostiles son las siguientes: estructura orgánica, alta preparación de sus miembros y agrupamientos organizados con base en la función según los especialistas, la conformación de equipos multidisciplinarios en función de la interdependencia de las tareas, coordinándolas mediante la adaptación mutua del equipo.

Dentro de los equipos multidisciplinarios que se deberían conformar, revisten especial importancia los especialistas que puedan neutralizar el empleo de los medios de comunicación social por parte de la insurgencia criminal y las organizaciones delictivas.

Los parámetros mencionados deberían tenerse en cuenta para el logro de la flexibilidad, la toma de decisión descentralizada, el profesionalismo de sus miembros, la conformación multidisciplinaria y la interrelación cultural con el resto de las organizaciones de los otros países involucrados.

El accionar y el empleo de elemento militar podrán generar a su vez efectos no queridos: un mayor control fronterizo reduce sensiblemente las rutas para el tráfico de drogas, de forma que se genera una espiral de violencia entre los diferentes carteles para controlar el acceso de sus productos.

La respuesta represiva que se adopte deberá estar acompañada por políticas económicas y sociales, que involucran a diferentes agencias del gobierno. De no ocurrir ello, estas poblaciones mantendrán su lealtad a las organizaciones criminales.

Otro de los efectos derivados a los que se deberá prestar atención es al desplazamiento de las organizaciones criminales hacia territorios donde la presencia y la autoridad estatal sean más débiles, con el objeto de instalarse nuevamente.

Bibliografía

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