El dominio del agua
desde la controversia sociotécnica

David Alarcón Delgado^[1]

Introducción

En este capítulo se analiza la desigualdad socioambiental en la provincia de Ica (Perú) desde una perspectiva histórica durante el periodo 1990-2019, poniendo especial atención a la controversia social y técnica relacionada con el agua, desarrollada a partir de la expansión territorial para la agricultura de exportación. La exportación de productos agrícolas, como la uva y los espárragos, que requieren cantidades significativas de agua para su cultivo, ha generado debates y conflictos sobre la gestión y uso del agua en la agricultura. Las empresas agroexportadoras, respaldadas por normativas estatales, abogan por un enfoque técnico en el riego, en contraste con el método tradicional de los pequeños y medianos productores, criticado por su supuesto derroche y uso excesivo del agua. La situación se complica aún más cuando estas empresas, gracias a su influencia económica e incidencia en el Estado, intentan restringir el debate público sobre este tema, enfocándolo exclusivamente en aspectos técnicos.

En Ica (figura 1), caracterizado por ser un territorio hidrosocial^[2] y donde se desarrolla una agricultura de oasis^[3], se han introducido políticas de apertura comercial, reducción de impuestos y acuerdos internacionales que han dirigido la producción hacia el mercado de exportación durante los años 90 (French, 2016). En este marco, la privatización del agua y su desregulación por parte del Estado llevó a un conflicto entre los productores tradicionales de los territorios y la presencia de nuevos actores, tales como empresas (nacionales y extranjeras) agroexportadoras.

     Figura 1. Ubicación geográfica de Ica dentro de América del Sur

Fuente: elaboración propia.

El recorte temporal (1990-2019) responde a la implementación progresiva e intensiva de políticas neoliberales en el Perú (Vos e Hinojosa, 2016), que promovieron la financiarización de la agricultura, pero que también son coincidentes con procesos similares en toda América Latina. En los 90 se llevaron adelante reformas que impulsaron la privatización de los principales recursos naturales, como la tierra y el agua. Esto facilitó la entrada de grandes empresas dedicadas a la producción de espárragos y vid para el mercado exportador que comenzaron a desarrollar una agricultura intensiva orientada a la exportación. Estas empresas requerían de grandes cantidades de agua para la producción de dichos bienes, lo que comenzó a generar serias dificultades de acceso al agua para los antiguos pobladores de la región, tanto para la producción como para el consumo humano.

En ese sentido, la crisis en el territorio de Ica se atribuye a la entrada de empresas transnacionales que, con el fin de cultivar productos destinados a la exportación, han optado por utilizar el agua subterránea en un entorno desértico donde el recurso hídrico ya es escaso. Este proceso implica costos de extracción significativamente elevados, generalmente accesibles únicamente para grandes empresas privadas. El problema se complejiza más cuando al desconcentrarse^[4] la administración y gestión del agua se crean instancias burocráticas, teóricamente denominadas burocracias hídricas o hidrocracias (Oré y Rap, 2009; French, 2016), que son dominadas o acaparadas estratégicamente por agentes económicos privados. Además, esta burocracia hídrica se alimenta por la tendencia a la tecnificación o modernización ecológica (Harvey, 2018), según la cual tanto desde el Estado como desde las empresas se utilizan ciertos discursos técnicos para desprestigiar o estigmatizar prácticas tradicionales, sobreponiendo la idea de que las actividades capitalistas de extracción pueden realizarse reduciendo su impacto ambiental. Todas estas transformaciones condujeron a una exclusión de los pequeños y medianos productores del control de la gestión del agua.

Considerando esto, como punto de partida para el análisis de la desigualdad socioambiental, se reconoce que el conflicto en estos territorios se desenvuelve en torno a una controversia sociotécnica (Callon, Lascoumes y Barthe, 2001), donde la principal característica es que lo técnico se impone sobre la dimensión social. Como hipótesis, esta investigación sostiene que, desde los años 90 hasta hoy, el territorio de Ica ha intensificado las desigualdades socioambientales y cambios territoriales, impulsados por reformas neoliberales que privatizaron sus recursos naturales, particularmente el agua. Estas reformas se han hecho en el marco de políticas económicas orientadas a la exportación y propuestas de tecnificación que no tienen en cuenta la realidad sociopolítica, económica y cultural de este territorio. Tanto el Estado como los grupos agroexportadores han promovido discursos técnicos para defender esta visión de agricultura de exportación, que han modificado el territorio y las formas de vida de los actores locales (Lynch, 2014; Damonte, 2015; Damonte, Pacheco y Grados, 2014; Hendriks y Boelens, 2016).

En este marco, la presente investigación se centra en el caso del ingeniero Fernando Cillóniz, quien pasó de ser empresario a finales de los años 90 a ser gobernador regional de Ica durante el periodo 2015-2018, y en la actualidad es reconocido como una figura destacada en temas relacionados con el agua y la agricultura de exportación. En el análisis, presentado en la tercera sección de este capítulo, veremos cómo su accionar, especialmente discursivo, dentro del campo privado y público, en el marco de la controversia sociotécnica, agudiza la brecha de la desigualdad, dado que limita las posibilidades hacia una democratización del uso de los recursos.

En síntesis, la investigación estudiará el caso de las políticas sobre el agua como una variable que explica el incremento de la desigualdad socioambiental en Ica. Este análisis se realiza desde la perspectiva de la controversia sociotécnica durante el período 1990-2019. Considerando esto, el estudio es exploratorio y tiene un enfoque metodológico cualitativo. Esta problemática se aborda a partir de un estudio etnográfico con entrevistas a actores clave^[5] y con la revisión bibliográfica y documentaria^[6], así como la revisión de la normativa sobre la administración y gestión del agua del país. En ese sentido, los hallazgos se presentan en 4 secciones. En la primera se describe el impacto que han tenido y vienen teniendo las políticas neoliberales en la manera de gestionar los recursos naturales, específicamente el agua; esto permitirá, en la segunda sección, exponer la situación de la gestión del agua en el caso de Ica. Luego, en la tercera parte se lleva a cabo un análisis de la desigualdad desde la perspectiva de la controversia sociotécnica. Por último, se presentan las conclusiones.

El derrotero del neoliberalismo: la transformación territorial y la escasez hídrica

En América Latina, de acuerdo con el análisis de Hendriks y Boelens (2016), la escasez hídrica se presenta como un desafío de gobernanza, afectado por el incremento de la competencia, el cambio climático y las reformas neoliberales. Estos factores han generado conflictos entre diversos actores debido a la distribución desigual del recurso, lo que ha perjudicado a las familias rurales y los territorios comunales. Al hablar del neoliberalismo, “nos referimos a un discurso que configura campos de acción donde prevalece la lógica de la mercantilización y una visión de la sociedad civil marcada por la individualización” (Natalucci, 2018: 2). En otras palabras, las políticas neoliberales buscan la mercantilización de los recursos y la individualización social. En el ámbito agrícola, esto se traduce en su incorporación al mercado a través de la agroexportación, lo que sitúa la gestión y el acceso al agua (y la tierra) como uno de los principales desafíos para la sostenibilidad de esta actividad. Además, aunque se suele asociar una mayor agroexportación con un mayor crecimiento económico de los países, el trabajo de Liverman y Vilas (2006) ha demostrado que esta no es una regla general, especialmente para aquellos países que no tienen un nivel de desarrollo significativo. En ese sentido, en lugar de optar por un enfoque simplista, resulta crucial realizar una evaluación crítica de los contextos específicos, considerando no solo la expansión de la agroexportación como variable, sino también la diversificación económica, la inversión en infraestructura y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

Según Swyngedown (2009), el neoliberalismo, como conjunto de políticas y discursos, promueve dos tipos de transformaciones. Por un lado, se observa una transformación físico-territorial, que se manifiesta, por ejemplo, en la alteración del ciclo hidrológico del agua o la contaminación de las aguas subterráneas o superficiales debido a la producción de monocultivos. Por otro lado, se evidencia una transformación en las relaciones de poder. El neoliberalismo implica la apertura de los países al libre comercio, pero también conlleva una reducción del papel del Estado en asuntos económicos, como la privatización de los servicios públicos, la fijación y desregulación de precios de servicios ambientales y recursos de propiedad común o la transferencia de la gestión ambiental a instituciones no gubernamentales.

Por lo tanto, bajo la lógica neoliberal, se presupone que la administración de los recursos es más eficiente si es llevada a cabo por el sector privado (Liverman y Vilas, 2006). Según lo planteado por Vos e Hinojosa (2016), en varios países agroexportadores, como Chile, Perú y México, se ha autorizado a las empresas a establecer estándares privados para la gestión del agua subterránea. Esta medida ha restringido el acceso de los pequeños productores y ha otorgado ventajas a las grandes empresas transnacionales.

En el caso específico de Perú (gráfico 1), y más concretamente en la provincia de Ica (tabla 1), el recurso hídrico, especialmente el proveniente de las aguas subterráneas, ha sido utilizado para satisfacer las necesidades de las actividades agrícolas destinadas a la exportación y, en particular, la producción de vid y espárragos (Manuel, Navas y Milla, 2014).

Gráfico 1. Diez principales productos peruanos agroexportados
a nivel nacional, 2015-2019

Fuente: SISCEX, SISAP, SISAGRI.

Tabla 1. Reporte del Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias (SIEA) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) sobre las agroexportaciones de Ica durante el año 2019

Es importante subrayar que este aumento en el uso del agua para actividades agroexportadoras ha ocurrido a expensas del suministro para consumo humano^[7] (gráfico 2). Esta reasignación de recursos hídricos ha provocado tensiones en la población (Oré, 2005; Gómez y Flores, 2015), y ha exacerbado las desigualdades socioambientales en la región. Por otro lado, el “boom agroexportador” (Damonte, Pacheco y Grados, 2014) ha invisibilizado estos conflictos en parte justificado en los resultados económicos de crecimiento de la actividad agroindustrial desarrollada por las grandes empresas.

Gráfico 2. Otorgamiento de derechos de agua en Ica
(en millones de m³ al año)

Fuente: Zegarra, 2018.

Sin embargo, el problema no solo se denota en el nivel de la escasez del agua, la “transformación de los paisajes hídricos” (Lynch, 2014:28) o los cambios en los territorios (Damonte, 2015), sino también en la “fragmentación de actores, usos y maneras de gestionar el agua y el territorio” (Zegarra, 2018: 8), en la individualización y los cambios de modo de vida y organización (Damonte, Pacheco y Grados, 2014; Hendriks y Boelens, 2016) y los “conflictos birregionales por el agua y la intervención estatal-privada” (Urteaga, 2014: 239), con regiones altas como Huancavelica, desde donde se trasvasa el agua hacia Ica. Todo ello ha sido consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales que se fueron instaurando a inicios de 1990 (Damonte, 2015; Hendriks y Boelens, 2016).

Estas políticas se materializaron a partir de la promulgación de leyes que tienen como objetivo la liberalización económica, la privatización de servicios y la firma de tratados internacionales de naturaleza comercial, lo que facilitó la incursión de nuevos actores del sector privado, incluidas las empresas transnacionales, en el ámbito nacional y modificó las dinámicas de poder (Muñoz, 2015; French, 2016). En otras palabras, el aumento de las exportaciones de productos y el consiguiente uso intensivo del agua están vinculados a la disminución del poder político local sobre la gestión del agua, según afirman Vos e Hinojosa (2016). Esto implica un cambio en las tradiciones locales hacia nuevas definiciones de una buena gestión del agua, centradas en la tecnificación o modernización ecológica (Hajer, 2000; Harvey, 2018). En este contexto, las relaciones de poder en entornos neoliberales se caracterizan por su asimetría, donde las políticas económicas, que debilitan las regulaciones ambientales, se entrelazan con acuerdos globales de gobernanza, como los tratados de libre comercio (TLC), que fomentan la privatización de los recursos estatales o comunitarios (Vos e Hinojosa, 2016).

Por otra parte, desde la perspectiva de los estudios hidrosociales, las transformaciones territoriales generadas por el neoliberalismo son inherentemente conflictivas (Swyngedown, 2009). Según Swyngedown (2009), el control del agua está intrínsecamente ligado a las condiciones geográficas del recurso, las opciones técnicas para su gestión y los acuerdos político-legales. A partir de estas condiciones, las políticas neoliberales han logrado establecer el agua como una mercancía. Por lo tanto, se puede hablar de la mercantilización o financiarización del agua, e incluso a nivel sectorial, de la financiarización de la agricultura (Vos e Hinojosa, 2016). La financiarización del agua transforma los territorios, dado que otorga nuevos significados a las regiones hidrosociales y despojan culturalmente a la población local de su papel en la gestión del recurso.

En definitiva, abordar la problemática derivada de las políticas neoliberales en el uso y la gestión de los recursos requiere una revisión profunda de la gobernanza que tome en cuenta las tradiciones y demandas locales, y fomente una economía sostenible. Según diversos autores (Allan, Menet y Lant, 2003; Swyngedown, 2009; Liverman y Vilas, 2006), este cambio debe emerger de procesos políticos que propongan nuevas normativas de gobernanza, las cuales deben transparentar la eficiencia en el uso de los recursos, como el agua, así como los beneficios del comercio internacional y las soluciones que la tecnología pueda ofrecer (Vos e Hinojosa, 2016).

El derrotero del agua: entre el Estado y los privados

En las investigaciones sobre la escasez hídrica en la región de Ica, los autores coinciden en que el impulso de las políticas neoliberales ha transformado la forma en que el Estado administra el agua. Sin embargo, como señala Lynch (2014):

las explicaciones de la crisis hídrica de Ica varían según los paradigmas o enfoques intelectuales a través de los cuales se aborda el tema del agua, así como también según las opiniones arraigadas sobre la sabiduría y el valor de los usos del agua y las prácticas de gestión de las comunidades andinas (p. 27).

Esto ha llevado a una división en la producción académica, con dos enfoques predominantes, especialmente en cuanto a quién tiene el liderazgo en las relaciones de poder en la gestión del agua. Un grupo de investigadores se centra en el papel del Estado, mientras que otro grupo se enfoca en las acciones de las empresas agroexportadoras, tanto nacionales como transnacionales. En este contexto, estos enfoques resaltan la falta de atención al papel de la sociedad civil, incluyendo a los pequeños productores y a la ciudadanía, quienes son los más afectados en áreas donde la escasez de agua es más crítica (Lynch, 2014).

En lo que respecta a las investigaciones sobre el papel del Estado, se destaca su cultura burocrática y técnica, especialmente de enfoque ingenieril (Oré y Rap, 2009; Frech, 2016). El Estado peruano ha adoptado el enfoque de la Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) promovido por la Asociación Mundial del Agua, y aprobó la Ley de Recursos Hídricos en el año 2009. Esto le ha permitido establecer nuevas políticas hídricas que otorgan derechos formales sobre el uso del agua, asignan un valor económico al recurso y promueven el enfoque de su uso eficiente, claramente desde una perspectiva de gestión tecnocrática (French, 2016).

Desde una perspectiva histórica, en el contexto del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, se desarrolló la Reforma Agraria el año 1969, junto a la promulgación de la Ley General de Aguas, que centralizaron la gestión del recurso en manos del Estado y desafiaron el control de los hacendados sobre su uso. Luego, con la restauración de la democracia en 1980 y la profundización de una crisis económica durante esta década, en 1993 el gobierno de Alberto Fujimori aprobó una nueva Constitución e implementó un conjunto de medidas económicas destinadas a llevar a cabo una reforma estructural, en línea con las ideas neoliberales predominantes en ese momento. Esto incluyó, por supuesto, la privatización del agua y la tierra (Zegarra, 2018).

En ese sentido, durante los 90 se implementaron decretos para privatizar los recursos, por ejemplo: el Decreto Legislativo 653-1991 de Promoción de Inversiones en Sector Agrario, que vendía tierras eriazas a bajos precios para uso en agricultura por parte del sector privado; el Decreto Supremo 027-1993, que transfería responsabilidades de administración de infraestructura de riego a la sociedad civil y sectores privados, dominados por empresas privadas y que, según French (2016), impulsó el mercado de aguas. Luego, en 1997 con la Ley 26845 se estableció el concepto de “abandono de tierras” por comunidades campesinas, las cuales podrían ser “recuperadas” para la inversión privada (Marshall, 2014). Además, a finales de los 90 se promulgó la Ley 27360, que flexibilizaba el régimen laboral agrario, reduciendo los derechos de los trabajadores y exonerando a las empresas del 50 % del impuesto a la renta (Zegarra, 2018). De esta manera, las normas y leyes apuntaban a fortalecer un proceso que ponía en oferta el agua, la tierra y el trabajo.

Posteriormente, en 2004, se creó la Comisión Técnica Multisectorial con el propósito de elaborar la Estrategia Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, lo que representó el punto de partida para promover una nueva legislación y autoridad sobre el agua, con el objetivo de derogar la ley vigente desde 1969 (Zegarra, 2018). Esta estrategia propuso que el agua sea tratada como una mercancía y que su gestión se rija por criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad, con la participación activa del sector privado (Lynch, 2014). Esto evidenciaría claramente el papel fundamental que desempeñó el Estado en las políticas relacionadas con el agua durante la transición hacia la GIRH (French, 2016).

Las reformas que supuso la Estrategia Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos se concretaron entre los años 2007 y 2009, cuando el Estado peruano recibió los primeros préstamos de organismos internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial) para financiar el Programa de Políticas de Recursos Hídricos (Lynch, 2014). Asimismo, en 2009, el Poder Ejecutivo y el Legislativo apoyaron la promulgación de la Ley de Recursos Hídricos 29338 (LRH).

Uno de los aspectos más destacados de la LRH fue la creación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), institución que ejerce la rectoría técnica y normativa sobre la gestión del agua en el país. Además, se establecieron las Autoridades Administrativas del Agua (AAA) y las Autoridades Locales del Agua (ALA) con el objetivo de administrar el agua desde territorios específicos, pero estas instancias no tienen el poder para tomar decisiones (Damonte, González y Lahud, 2016). Dicho de otra manera, el proceso emprendido por el Estado en los últimos 30 años ha tendido hacia la desconcentración, el aumento de la burocracia hídrica y la privatización, con el supuesto objetivo de mejorar la eficiencia en la utilización del recurso (French, 2016). Aunque el Estado adquirió el poder, no se produjo una mejora en la redistribución del recurso, sino que, por el contrario, el conflicto y la emergencia hídrica se agudizaron con el tiempo.

En otro orden de ideas, para Damonte, Gonzáles y Lahud (2016), el grupo agroexportador es el actor que ha consolidado su control y liderazgo en la gestión del agua, ejerciendo influencia sobre el Estado y legitimando su comportamiento, especialmente en Ica. Aunque este grupo es diverso, comparte intereses centrados en mantener su integración con el mercado y garantizar el acceso a recursos, particularmente al agua subterránea (Damonte, 2015). A pesar de las medidas tomadas, como la imposición de una veda en 2005 por parte del gobierno regional de Ica que prohibía la perforación de nuevos pozos subterráneos, y la declaración de emergencia hídrica en 2010, el Estado no ha logrado hacer cumplir estas regulaciones (Damonte, Pacheco y Grados, 2014). Esto es especialmente preocupante dada la escasez o estrés hídrico que enfrenta Ica (Muñoz, Navas y Milla, 2014; Robles et al., 2022).

Para Damonte, Pacheco y Grados (2014), el poder de los grupos agroexportadores se puede clasificar en tres capacidades: a) la capacidad económica, que les permite acumular y concentrar recursos gracias al capital financiero del que disponen; b) la capacidad de conocimiento técnico, que les permite legitimar el valor económico del agua mediante un discurso centrado en la eficiencia y la racionalidad, a menudo ignorando otros usos y valoraciones del recurso; y c) la capacidad de coerción, que les permite influir en el comportamiento de otros, ya sea mediante el uso de la fuerza (coerción objetiva) o promoviendo la pérdida de la reputación personal a través de mandatos sociales hegemónicos (coerción subjetiva).

A partir de la segunda mitad de la década del 2000, los agroexportadores se asociaron con las juntas de usuarios, lo que les permitió incidir en estas organizaciones para promover proyectos de recarga del acuífero bajo la inversión de la Asociación Público-Privada (APP). Para Damonte, Gonzáles y Lahud (2016), el Estado y el grupo agroexportador al asumir los costos de infraestructura desempeñan un acto moral frente a la degradación que vienen generando sobre los acuíferos. Sin embargo, al darle mayor participación y control al sector privado, cabe la posibilidad de que los que tengan acceso a los servicios de esta nueva infraestructura sean solo los que la puedan pagar, pues el valor económico del recurso hídrico está en la lógica de estas construcciones (Damonte, Gonzáles y Lahud 2016).

Zegarra (2018) afirma que el poder del grupo agroexportador se ve fortalecido porque existe poca resistencia de los pequeños y medianos productores, ya que muchos de ellos se ven beneficiados por la diversificación laboral que ha traído el sector privado en la región (trabajo temporal, venta o arriendo de tierras), a tal punto de generar una migración relacionada con la creciente demanda de mano de obra. Además, para algunos grupos de usuarios locales, las relaciones con los privados son de mutuo beneficio. Un grupo de la población siente que los agroexportadores son buenos usuarios porque cumplen con una cuota económica por el uso del agua. En algunos casos se han desarrollado proyectos de cooperación entre las empresas privadas y los pequeños y medianos productores para trasvasar agua hacia la cuenca y llenar los acuíferos, pero el conflicto nuevamente aparece cuando “las juntas de riego superficial plantean que los agroexportadores son los responsables de la sobreexplotación y deben asumir los costos de su solución, los agroexportadores a través de la JUASVI^[8] plantean que se sobredimensiona el problema” (Zegarra 2018: 19). En la siguiente sección, mediante entrevistas a pequeños y medianos productores, se evidenciará cómo el problema del agua se convierte en una preocupación genuina y prácticamente constante para ellos. Esto contrasta con el uso más extensivo del agua que los agricultores locales pueden observar en su territorio por parte de las empresas agroexportadoras.

Por último, Damonte, Gonzáles y Lahud (2016) afirman que este grupo se identifica como el principal motor o actor del desarrollo regional en Ica (Damonte, 2015), por su iniciativa autónoma de inversión y su conocimiento técnico y moderno, basado en el discurso sobre el uso eficiente y racional del agua (Lynch, 2014; Muñoz, Navas y Milla, 2014; Hendriks y Boelens, 2016). Estos discursos en torno a la eficiencia y uso racional del agua se contraponen a la lógica de los pequeños productores, quienes no solo consideran el agua como un recurso en términos económicos, sino también como un derecho cuyo acceso debe ser asegurado para todos (Damonte, Gonzáles y Lahud 2016). Asimismo, desde una perspectiva cultural, el agua no solo es vital para sus medios de vida y actividad productiva, sino que también tiene un profundo significado simbólico y cultural arraigado en sus comunidades. Durante las entrevistas con los productores locales, al indagar sobre el acceso al agua para sus cultivos, mencionaron el canal de La Achirana, y algunos de ellos incluso compartieron la leyenda asociada a este canal, la cual relata su origen en tiempos del Tahuantinsuyo^[9].

La controversia: la desigualdad en términos de lo técnico y lo social en Ica

Como se ha descrito, lo que ocurre en el valle de Ica en relación con la agricultura de exportación es un proceso marcado por la desigualdad. En este proceso, los grupos empresariales usan el agua para aumentar la producción, mientras que el Estado, que ha promovido esta producción mediante normativas, considera esta forma de agricultura eficiente y rentable económicamente. Sin embargo, esto no se refleja en una mejora de la calidad de vida de los habitantes. En los últimos años, los pequeños productores han experimentado limitaciones en el acceso al agua y han sido estigmatizados por sus prácticas en cuanto al uso de este recurso. Por ejemplo, antes de 2006, la asignación de derechos de agua subterránea (expresada en millones de metros cúbicos por año, Mm³) era de 77 Mm³ para los pequeños agricultores y 62 Mm³ para empresas exportadoras. Sin embargo, entre 2006 y 2011, estos derechos aumentaron a 85 Mm3 para los pequeños agricultores y 124 Mm³ para las agroexportadoras. Posteriormente, durante el período 2012-2017, los derechos asignados a los pequeños agricultores solo aumentaron en 14 Mm³, mientras que para las exportadoras fueron 20 Mm³ (Zegarra, 2018). En resumen, las grandes empresas agroexportadoras han sido las más beneficiadas en este proceso.

Además de los recursos económicos que posee el grupo agroexportador para su actividad agrícola, hasta 2020 ya se registraban más de 300 agroexportadoras en Ica (30 % del país) (La Lupa, 2020), utiliza el agua para posicionarse moralmente por encima de los demás, especialmente de los pequeños y medianos productores. Estos grupos emplean el discurso técnico-científico como un mecanismo para respaldar aspectos de una modernización ecológica, donde las actividades capitalistas y sus beneficios económicos pueden llevarse a cabo con un enfoque de sostenibilidad ambiental. Muchas veces, estos argumentos son repetidos por funcionarios del gobierno, lo que fortalece aún más esta visión. Así, la promoción de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos por parte del Estado, como el uso del riego tecnificado impulsado por las empresas, son ejemplos de esta modernización ecológica:

Mientras estos grandes fundos son asociados a un sistema de riego altamente tecnificado y, consecuentemente, eficiente, los pequeños productores (quienes emplean un método de riego tradicional) se ven inmersos fuera del ámbito de la eficiencia, y, por lo tanto, tácitamente son calificados como los causantes del estrés hídrico en la región de Ica (Grupo Estudiantil de Medioambiente y Recursos del Agua de la Pontificia Universidad Católica del Perú 2022).

En esta misma línea, el estudio del Grupo Estudiantil de Medioambiente y Recursos del Agua de la Pontificia Universidad Católica del Perú (GEMRA) (2022) sostiene que la actividad agroindustrial de exportación en Ica no solo está teniendo un impacto en el ámbito ambiental, sino también en el social, a través de la construcción de imaginarios y narrativas. Observan que el discurso técnico prevalece sobre la realidad social: la escasez hídrica. Además, esta situación se complica aún más si no se están creando espacios de debate y colaboración para abordar el tema, donde todos los actores estén adecuadamente representados.

Aunque en 2018 se puso en marcha una estrategia para suministrar agua a Ica mediante la construcción de reservorios en la región de Huancavelica (sierra alta), conocida como el proyecto “Agua Grande”, actualmente se encuentra paralizada. Durante el desarrollo de esta investigación, al preguntarles a los productores locales si estaban familiarizados con el proyecto, la mayoría mencionó que habían escuchado su nombre, pero que no habían visto ningún beneficio concreto. Uno de ellos incluso comentó que los políticos siempre prometen llevar más agua a Ica, pero que estas promesas nunca se materializan.

De hecho, el proyecto “Agua Grande” fue impulsado por Fernando Cillóniz, exgobernador de Ica, quien actualmente lo destaca como un caso de éxito en sus entrevistas radiales y televisivas y sigue abogando por su reactivación. No obstante, su interés en reactivar este proyecto va más allá, ya que, antes de ingresar a la política, Cillóniz formaba parte y sigue siendo parte activa del grupo de agroexportadores a través de su empresa exportadora de uva de mesa, Agritac.

Cillóniz se destaca como un defensor de la modernización tecnológica en el país, ha respaldado tanto la Ley de Recursos Hídricos como la Ley 27360 de Promoción Agraria. Actualmente, se presenta como un experto y representante internacional en temas hídricos, y tiene aspiraciones de ser presidente del Perú. Su caso resulta interesante debido a que su actuación profesional se divide entre lo público y lo privado.

En ese sentido, el análisis se basará en la propuesta de Hajer (2000), quien argumenta que se ha erigido una barrera discursiva en torno a los temas ambientales, donde parece que solo los científicos (un grupo limitado) están autorizados para definir los problemas y proponer soluciones al respecto. En este contexto, muchos actores tienden a emplear este discurso técnico para respaldar sus posturas. Este es precisamente el caso de Cillóniz, quien, a pesar de no ser un científico (sino un ingeniero económico con una maestría en administración de empresas), recurre al discurso tecnocientífico en sus intervenciones para justificar sus propuestas sobre el agua.

Por otro lado, como señala Hajer (2000), ya no se trata simplemente de si existe una crisis ambiental, sino de cómo se interpreta dicha crisis. Cada grupo o individuo trae consigo sus propias experiencias y agendas, lo que influye en su percepción del problema ambiental. Esto a su vez está moldeado por los intereses y objetivos que cada actor persigue. Cuando un actor articula un discurso ambiental y busca estrategias para generar impacto, este discurso inevitablemente lleva consigo un sesgo político (Hajer, 2000). En este contexto, resulta crucial analizar tanto el discurso como las acciones de Cillóniz en relación con la problemática del agua en Ica.

Entonces, para explorar la controversia entre lo social y lo político, proponemos analizar algunos de los discursos de Fernando Cillóniz y contrastarlos con las experiencias compartidas por algunos productores locales durante las entrevistas.

En 2012, antes de asumir el cargo de gobernador de Ica, Fernando Cillóniz reconocía en una entrevista la fractura en la comunicación entre técnicos y políticos, señalando la dificultad de establecer un diálogo con la clase política debido a la predominancia de lo político sobre la lógica o el aspecto técnico. En ningún momento mencionó a la población, lo que daba la impresión de que el problema estaba limitado únicamente al ámbito de los técnicos y los políticos. Sin embargo, resulta curioso que, al preguntarles a los productores sobre las limitaciones o problemas en el ámbito de su actividad, todos mencionaron que el agua siempre ha sido una preocupación. Uno de ellos señaló que el agua de lluvia o avenida solo perdura durante dos o tres meses, y después deben turnarse para acceder al agua del canal de la Achirana, justo cuando sus cultivos de uva requieren un riego óptimo.

Asimismo, Cillóniz es especialmente crítico al comparar las prácticas agrícolas tradicionales con las modernas, poniendo justamente énfasis en el agua. A través la plataforma virtual Agraria.pe, en un artículo de opinión comenta:

Ahora bien, quienes estamos involucrados en el quehacer agrícola, también sabemos que las plantas producen más –y mejor– cuando tienen agua todo el año, no solo cuando llueve. Para ello, algunos hemos construido reservorios donde guardamos aguas sobrantes de la temporada de lluvias. Otros han perforado pozos para extraer agua del subsuelo. Así –con reservorios y/o pozos– los agricultores modernos y eficientes tenemos agua todo el año. […] la principal diferencia entre la agricultura altamente productiva y la agricultura precaria: el agua. Y si el agua se maneja a través de sistemas de riego tecnificado, mejor aún. Entonces, la disyuntiva es: ¿agua todo el año, o agua solamente cuando llueve? Esa es la diferencia entre la agricultura empresarial, que emplea formalmente a un millón de trabajadores (Cillóniz, 2021).

En el mismo artículo, también responsabiliza a los políticos por la situación precaria en lo que respecta al acceso al agua de los pequeños agricultores:

Pregunta del millón: ¿tan difícil es entender la problemática del agua para la agricultura? ¿Acaso, tener o no tener agua todo el año –más el riego tecnificado– no hace la diferencia entre una agricultura próspera y una agricultura pobre? ¿Por qué no priorizar la construcción de reservorios –y pozos– en todo el país, para que los pequeños agricultores produzcan más, y dejen de ser pobres? Pues bien, eso que es tan sencillo de explicar, y de sentido común, aparentemente no lo es para nuestras autoridades políticas. Sobre todo, para las del Ministerio de Agricultura. Porque si así fuera, la conclusión sería aún peor: a nuestros políticos les importa un bledo que los pequeños agricultores se mueran de hambre (Cillóniz, 2021).

Resulta interesante observar cómo la postura de Cillóniz, a pesar de haber sido representante político de Ica, continúa responsabilizando a los políticos de la desigualdad en el acceso al agua para la actividad agrícola, a pesar de que, como se ha explicado, son las empresas agroexportadoras las que han tenido la mayor cantidad de derechos sobre el agua subterránea. Es más, en 2022 afirmaba que la gestión del agua debería despolitizarse. Sin embargo, desde la perspectiva planteada por Hajer (2000), esto presenta una contradicción evidente, ya que la posición de Cillóniz en sí misma constituye un posicionamiento político, que parece buscar silenciar las voces disidentes, no solo de los políticos, sino también de los pequeños productores. Esta postura se ve reforzada por las críticas que hace a la reforma agraria de 1969. En una entrevista^[10] de 2012, admitió:

A mí me sigue molestado que se diga que la agricultura antes de la reforma agraria era una agricultura de explotadores, abusivos y que el país era un hervidero. Yo el recuerdo que tengo es de una agricultura super competitiva, muy productiva y un ambiente muy fraterno, muy cordial entre los trabajadores del campo y los empleadores […] Yo creo que era una cosa política y ahora, de alguna manera, se está repitiendo esta cosa política, el tema de los límites, el tema de los transgénicos, el tema de derogar el régimen laboral agrario, son iniciativas de tipo político que pretenden trabar un proceso que en términos generales está marchando muy bien.

En resumen, Cillóniz niega la existencia de un problema de desigualdad agraria en el país, tanto en el pasado como en el presente. Desde su perspectiva como empresario, considera que el sistema funciona porque le resulta beneficioso. Cuando se implementan reformas o cambios políticos que no le favorecen, suele argumentar que el problema radica en la política, eximiendo así al sistema económico del cual él se beneficia.

Además, otro tema relevante que se desprende de la crítica de Cillóniz a la agricultura tradicional es el tipo de riego. Durante su mandato como gobernador regional de Ica entre 2015 y 2018, Fernando Cillóniz criticaba el desperdicio de agua ocasionado por el uso generalizado del riego por gravedad, una técnica tradicional en la región. Él solía^[11] contrastar la agricultura tradicional con la moderna, describiendo la primera como precaria. Además, cuando se refiere a la agricultura moderna, esta estaba claramente asociada al riego tecnificado, que utiliza sistemas como el riego por goteo y el uso de pozos.

Sobre este tema, uno de los pequeños productores entrevistados comentó que el riego tecnificado implica una inversión considerable: “he trabajado en esas industrias y un pozo tubular para perforar y equiparlo supera los 90 mil dólares, lo cual está fuera de nuestro presupuesto”, argumentó. Por otro lado, otro productor señaló que existen asociaciones de usuarios reguladas por el Ministerio de Agricultura, las cuales controlan el agua del canal, que proviene de la laguna Choclococha y por la cual ellos pagan según el uso en metros cúbicos, “a diferencia de las empresas que se benefician con los pozos, ellos tienen mayor acceso al agua; algunas de ellas tienen alrededor de 50 pozos”, concluyó.

Por otra parte, cuando se le preguntaba al ingeniero Cillóniz sobre la participación ciudadana en los asuntos públicos, solía limitar su participación a campañas de salud o servicios. En relación con el proyecto “Agua Grande”, como otras veces, parece que las decisiones se tomaron a nivel gerencial entre los gobernadores de Ica y Huancavelica. Sin embargo, en ninguna de sus intervenciones públicas mencionó un proceso participativo a nivel de la ciudadanía, sino que más bien enfatizó un enfoque técnico y decisiones político-gerenciales. Estas acciones podrían explicar por qué el proyecto no está activo en la actualidad.

Tras su mandato como gobernador, Fernando Cillóniz ha manifestado su intención de postularse como presidente del país. En 2018, se especulaba que podría ser designado como ministro de agricultura en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció a la presidencia ese mismo año debido a escándalos de corrupción. En la actualidad, Cillóniz continúa promoviendo la creación y conservación de reservorios de agua en la parte alta de Ica, a pesar de negar reiteradamente la existencia de escasez hídrica en la región. Esta postura resulta contradictoria, ya que aboga por la reserva de agua mientras niega la escasez.

Además, en sus últimas declaraciones^[12] ha sido muy crítico con el Estado, al considerarlo un mal administrador de los recursos. Alegó que entidades como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no logran gestionar eficientemente el agua por la designación de autoridades basada en afinidades políticas, sugiriendo contratar profesionales especializados en temas hídricos para un mejor desempeño. No obstante, al examinar el historial académico y profesional de las últimas autoridades del agua, se constata que todas poseen posgrados en estas áreas. Por ende, el problema trasciende el cuestionamiento sobre la especialización y el conocimiento, pues implica temas estructurales como la corrupción y, claramente, la desigualdad.

En definitiva, la controversia sobre la gestión del agua parece inclinarse hacia consideraciones técnicas en lugar de sociales, con el sector privado liderando el diálogo. Esto ha llevado a que los productores locales sean marginados tanto en la esfera pública como en la gestión del recurso hídrico. En última instancia, el sector privado, que tiene incidencia en el Estado, ha priorizado consideraciones técnicas descuidando la perspectiva social, lo que ha exacerbado significativamente la desigualdad en la región.

Además, de acuerdo con lo expuesto, el conflicto socioambiental puede considerarse principalmente como un conflicto discursivo. Considerando que el discurso ambiental (tecnocientífico) es una herramienta y una faceta del conflicto, se reconoce que una parte significativa del aumento de la desigualdad socioambiental en Ica está vinculada a discursos que consolidan un poder hegemónico, que beneficia solo a unos pocos. Parece que solo ciertos actores tienen voz, lo que sugiere la falta de un espacio horizontal donde pueda darse un debate de ideas y experiencias de manera equitativa.

En relación con lo mencionado, Callon, Lascoumes y Barthe (2001), en su artículo “Foros Híbridos”, señalan que, en un contexto de conflicto donde la población se enfrenta hacia una propuesta técnica, es fundamental reconocer la dimensión política del problema. Esto facilita establecer un proceso vinculante entre las partes involucradas como una vía para encontrar soluciones al conflicto.

Esto nos lleva a considerar la posibilidad de establecer mecanismos que conviertan la controversia en un proceso sociotécnico, donde se equilibren las consideraciones sociales y técnicas, y a reflexionar sobre las estrategias que podrían implementarse en este sentido. Es crucial tener en cuenta que algunos actores que buscan representar a la población en contextos hidrosociales no solo persiguen el poder económico para proteger sus intereses, sino también el control estatal, siendo el dominio del agua, en el caso de Ica, uno de los aspectos clave en esta dinámica.

Conclusiones

Durante los últimos 30 años, el Estado ha respaldado la inversión del sector empresarial en la actividad agroexportadora de la región de Ica, partiendo de la premisa de que un mayor crecimiento económico resulta en desarrollo, y facilitando el acceso y uso preferencial de los recursos naturales clave, como el agua y la tierra. En esa línea, esta investigación ha descrito cómo esta producción agrícola está vinculada a un proceso modernizador, respaldado por el Estado, que ha permitido que ciertos grupos (empresas agroexportadoras) se apropien del agua subterránea en una región donde este recurso es escaso, lo que fomentó una reproducción o profundización de la desigualdad socioambiental en la región.

La aplicación de políticas neoliberales en la gestión del agua ha provocado dos cambios sustanciales: por un lado, ha restringido el acceso al recurso agua, limitando su disponibilidad a aquellos grupos que pueden pagar por él o que puedan extraerlo del subsuelo directamente. Esto ha generado una división clara entre los grupos agroexportadores –con abundantes capitales económicos, técnicos y políticos– y los pequeños productores,  con menos capital y que por tanto han comenzado a ser marginados de los beneficios del crecimiento económico de Ica. Por otro lado, la promoción de la agricultura de exportación en un valle de características desérticas como Ica ha exacerbado la escasez de agua, lo que ha afectado no solo la actividad agrícola, sino también el suministro doméstico.

Así, a partir de estos cambios sociales (relaciones de poder) y ambientales (transformaciones físicas del territorio), impulsados por políticas neoliberales, se hace evidente un conflicto en la gestión del recurso hídrico en Ica. El Estado, mediante estas reformas, ha otorgado poder a las empresas, acompañado de la deslegitimación y alteración de las prácticas culturales agrícolas locales. Además, el poder empresarial se refleja no solo en lo económico y legal, sino también en el ámbito técnico y científico de la gestión del agua, lo que afecta la participación y el debate sobre las demandas relacionadas con el recurso.

En este contexto, el análisis de las controversias sociotécnicas ha permitido comprender cómo los mecanismos de poder se manifiestan no solo en términos económicos y de conocimientos, sino también en el discurso, donde lo técnico puede entrar en conflicto con lo social. El discurso de Fernando Cillóniz ejemplifica esta confrontación entre el enfoque técnico para respaldar ciertas prácticas económicas y ambientales, y una realidad social compleja y adversa, que evidencia la presencia de desigualdad.

En ese sentido, esta investigación concluye que, para abordar de manera integral la desigualdad socioambiental en Ica, es esencial conceder igual importancia tanto a los aspectos técnicos como a los sociales. La separación de estos elementos dificulta la comprensión completa del problema. Adoptar un enfoque de controversia sociotécnica permite considerar los aspectos aparentemente disociados y complejos de abordar. En el caso de Ica, donde el sector privado ha tenido un papel predominante en el discurso y las acciones, lo que también ha influido en el Estado, comprender la desigualdad en todas sus dimensiones resulta fundamental. Las soluciones no deben limitarse a evaluar su beneficio, sino que deben abordar todas las facetas del debate para alcanzar una solución equitativa para todas las partes involucradas.

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