Llegué en un momento de agitación.

Claro que luego descubrí que este suele ser un estado bastante generalizado en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un organismo no gubernamental que trabaja desde el año 1979 en la “promoción y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático en Argentina”.^[1]

Pero esta vez la agitación respondía también a la reciente aparición de un caso singular. La segunda semana de marzo de 2006 –días antes de mi incorporación– el CELS había recibido información de que la Armada realizaba actividades de inteligencia interior, prohibidas por ley, en la Base Almirante Zar. El 15 de marzo se radicó la denuncia ante la justicia federal de Rawson y ese mismo día el juez a cargo realizó el allanamiento de la Oficina de Inteligencia de la Fuerza Aeronaval N° 3, con asiento en la Base de la ciudad de Trelew. La denuncia había causado gran conmoción, y fue utilizada como plataforma para revisar y repensar algunas cuestiones relacionadas con la política militar y de defensa. No se trataba del primer caso que llegaba a la justicia; tampoco el primero en que por orden de un juez se efectuaba un allanamiento de una unidad militar; sin embargo, fue el primero que resultó ser exitoso porque trascendió, de alguna manera, las penas de la justicia impactando en las decisiones y las políticas del Ministerio de Defensa.

Se sabía, indudablemente, que las Fuerzas Armadas en su conjunto habían logrado preservar tras la reinstauración democrática ciertos ámbitos de gran influencia y autonomía, que corrían paralelamente a la desacreditación pública –especialmente en Buenos Aires y otros grandes centros urbanos–, un presupuesto escueto que se reducía casi únicamente al pago de salarios cada vez más bajos, y una gran carencia de cuadros civiles que conocieran en profundidad sobre el tema, más allá de las cuestiones atinentes a las políticas relacionadas con los derechos humanos. Efectivamente, la academia argentina había sido bastante reacia a interesarse por estos temas, y después del fin de la dictadura militar las cuestiones relacionadas con la política militar y de defensa habían devenido “impuras”. Mary Douglas (1973) define la impureza como aquello que se encuentra en el lugar equivocado y se transforma en contaminante al traspasar un umbral que no debe transgredirse. En la antropología en particular, la cercanía que la investigación etnográfica supone con el grupo de estudio pareció entrañar una amenaza para quienes nos aventuramos ya casi cerrado el siglo XX a indagar en estos “exóticos” campos. Pese a ello, los escasos especialistas en temas relacionados con las Fuerzas Armadas, la política militar y la de defensa –que no formaban parte del mainstream académico y estaban relegados a algunas cátedras y centros de investigación– en el año 2006 se encontraban en cargos de gestión o asesoría ministeriales.^[2]

En este contexto, la denuncia que ocupó las primeras planas de los diarios durante al menos quince días, socavó la idea ampliamente difundida de que los militares argentinos eran el ejemplo de la subordinación militar al poder político se puso nuevamente en el tapete. Así, junto con la causa judicial, otro proceso de debate se instalaba en el escenario político, sumándose a los debates por la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar y echando un manto de duda sobre las diferencias que distinguirían a las “viejas” de las “nuevas-democráticas” generaciones de militares. La “cuestión militar” aparecía nuevamente en el escenario político.

En el intertanto, los abogados del CELS, que habían sido aceptados como querellantes, pretendían dar una base más sólida a su denuncia, que originalmente reproducía solo seis documentos. Fue en este momento que yo comencé a colaborar en el armado de la causa. Me encomendaron una primera tarea –urgente– que me fascinó. Se trataba de ayudar a reconstruir el recorrido institucional de una serie de memos e informes que procedían del archivo de esta Oficina de Inteligencia. Las preguntas eran claras y concretas: ¿dónde, en qué instancia institucional, había sido generado cada uno de los documentos? ¿Dónde había sido enviado cada uno de ellos, a qué oficina? ¿Podía distinguirse algún circuito? ¿Cuáles eran las jerarquías de las diferentes instancias en el recorrido de estos documentos?

Claro que la tarea no resultó tan sencilla. El CELS en un organismo cuya dinámica transcurre acelerada y agitadamente como norma habitual, debido a una combinación entre las exigencias y demandas de los tiempos judiciales y su estrecha relación con la llamada “coyuntura” de la agenda periodística nacional, explosiva combinación que exige a sus integrantes un permanente estado de alerta. Acicateada por la premura del tiempo judicial debí ayudar a esclarecer una extensa lista de siglas, acrónimos y abreviaturas, dilucidar el circuito de la documentación, entender por qué algunos documentos “constituían prueba” y otros no y, simultáneamente, comprender la idea de proceso y estrategia judicial.

El objetivo era pues revisar una serie de 100 documentos digitalizados, que venían a incrementar aquellos que habían formado parte de la denuncia original. Los documentos no tenían un formato estándar, y aunque en algunos casos se trataba de “tipos documentales”^[3] diferentes, es decir, producidos por y para diferentes instancias administrativas de la Armada, tampoco parecía que aquellas que podrían ser consideradas del mismo “tipo documental” conservaran un formato estándar.

Ahora bien, el problema era que tampoco se conocía gran parte de las siglas o acrónimos; algunos habían sido ya descifrados en las notas del suboficial que había hecho la denuncia, y aunque en definitiva buena parte se trataba de abreviaturas, el punto era saber abreviaturas de qué eran, de qué organismo de la Armada, dónde estaban ubicados y cuáles eran sus roles en esta cadena de acontecimientos.

Paradójicamente, algunas claridades provinieron de la defensa de los acusados. Marinos ellos, al señalar los supuestos errores en la querella, permitían tener alguna idea más clara de las agencias involucradas.

Y si bien la apuesta fue acudir al ministerio de Defensa –que aprovechando el impulso del escándalo reglamentó la Ley de Defensa Nacional y la de Inteligencia Militar–, fuimos testigos de una de las más sutiles maneras de demostrar que el “saber es poder”. No había en todo el Ministerio ninguna copia de los documentos solicitados: léase normativa y reglamentación correspondiente al Servicio de la Armada. Pasaron algunos meses hasta que, tras el pedido formal de la ministra de Defensa a la fuerza, llegaron hasta nuestras manos.

Mientras tanto, el juez había dictado la “falta de mérito” a tres de las jerarquías más altas de la Base Naval. Lo cual daba por tierra con la estrategia del CELS que pretendía mostrar precisamente que, tal como sucede en el mundo militar, las acciones realizadas habían sido concordantes con órdenes superiores. Quitando de la causa a quienes podrían haber dictado o transmitido tales órdenes, el hilo se cortaba por lo más delgado y los únicos que permanecían como imputados eran las jerarquías más bajas de la oficina en cuestión. De tal manera que se preparó una nueva presentación, donde se ampliaron detalles, hasta que el argumento del CELS fue aceptado y entonces toda otra nueva oleada de debates se reinició.

Así, a lo largo de todo un año, las presentaciones judiciales se sucedieron, y mi colaboración estuvo signada por esta dinámica, relacionada con hurgar en la prueba, a fin de reconstruir los circuitos institucionales por los cuales circulaba la información, la cronología de las comandancias, legislación, normativa, reglamentación referente a la Armada en general y a la inteligencia en particular. El objetivo era demostrar, dentro del marco de la “verdad jurídica”, que las actividades de espionaje no constituían un hecho aislado, una intrigante ocurrencia de los integrantes de una oficina de inteligencia en la –vista desde Buenos Aires– “aislada y remota” Patagonia, sino que era parte de un sistema de producción y circulación de información de inteligencia. Que la información había sido requerida y enviada, y se difundía por un circuito que iba más allá de los estrechos límites de Trelew.

Ahora bien, sobre el desarrollo de la causa, no tenía yo más que puestas al día por parte de alguno de los abogados que la llevaban adelante y, durante un período aun más largo, no estuve particularmente interesada en ella porque –la verdad sea dicha– me encontraba demasiado atónita ante la increíble oportunidad de tener acceso a un archivo a partir del cual era posible indagar sobre las prácticas de búsqueda, selección y clasificación de información que realizaba esta Oficina de Inteligencia naval.

Pero, comprometida a hacer un seguimiento de la causa, indudablemente en algún momento debía realizar este “salto” al análisis del proceso judicial mismo. Comencé, porque sin ayuda no habría podido seguir ese laberinto de procesos que encierra un expediente judicial, haciendo entrevistas a los abogados que habían estado involucrados en diferentes momentos del proceso. Ya fuera quien había recibido la denuncia, establecido el contacto con el suboficial, delineado la estrategia de la presentación judicial, o continuado a cargo del caso; todos ellos fueron enriqueciendo mi perspectiva. Lentamente fui comprendiendo algunas de las idas y vueltas del proceso judicial, pero por sobre todo comencé a atisbar toda una serie de relaciones que en definitiva lograban configurar un campo de investigación tan rico como extenso y que ahora incluían no solamente los estrechos límites del “mundo militar” y su lógica del secreto. También la estrategia que debió diseñarse a fin de que la presentación de la denuncia fuera acogida con éxito, las relaciones entre los diferentes actores involucrados en los seguimientos de esta red de espionaje, el impacto del caso en la sociedad trelewense y en política nacional, y los sutiles pero inevitables lazos con el pasado.

Luego viajé hasta Trelew, en el año 2009, en un momento en el cual la causa estaba “parada”. Allí las conversaciones que mantuve con distintas personas me permitieron tender otra serie de puentes. Ya para entonces, el CELS había dado un paso más. Había presentado una nueva querella, acusando a las más altas jerarquías de su relación con este circuito de información ilegal. Y fue así como la causa pasó a ser objeto de pugnas en las cuales se involucraron cada vez más actores e instancias de apelación. En resumidas cuentas, el jefe de la Armada logró que la causa se “separara” en dos, de tal manera que su acusación fuera revisada en Buenos Aires, y no en Trelew. Tal situación había enojado bastante al Fiscal Federal de Trelew, que trinaba contra este “descabezamiento” de la causa.

Fue ese mismo Fiscal quien me dio las pistas concretas a partir de las cuales “relacionar” la Masacre de Trelew –el fusilamiento de presos políticos que tuvo lugar en la misma base naval, en el año 1972– con el “espionaje en Trelew”, y así imprimir un giro interesante a la relación entre ambos eventos. La conversación me permitió ver no tanto la “masacre” condensada en el momento de la matanza, sino concebirla como el epítome de un proceso en el cual la Base Naval Almirante Zar cobra protagonismo; proceso que podía ser desandado en función del rol de las actividades de inteligencia, que la implican y superan tanto geográfica como temporalmente.

A partir de esta sugerencia fui hasta el Archivo Provincial de la Memoria de Chubut, que tiene bajo sus custodia documentos elaborados por el SICh (Servicio de Inteligencia del Chubut), cuya particularidad es que da cuenta de una metodología basada en el relevamiento, elaboración, sistematización y cruce de información entre los distintos Servicios de Inteligencia, a lo largo del período 1960-1980.

Este periplo está representado en esta Primera parte, donde siguiendo el hilo de mi propio “recorrido etnográfico” se presenta el campo en su aspecto más “micro” (Geertz, 1973), en su detalle, en el registro de los movimientos y las prácticas a partir de los cuales es posible profundizar sobre los “grandes conceptos”. Este recorrido se realiza en buena medida tomando el expediente judicial, que se convierte aquí en un “mapa” (Tiscornia, 2008) que permite entrever y rastrear la conexión entre actores, sucesos, instituciones y argumentos. En este sentido, el primer capítulo se desarrolla a partir del recorrido del expediente, que deviene aquí una guía, dando cuenta al mismo tiempo del rol que los registros escritos juegan en el seno del aparato estatal y cómo, cotidianamente, estos le dan forma (Goody, 1990; Stoler, 2012). Para ello, se explicitan también los términos y mecanismos que forman parte de la lógica y del sentido común en el ámbito de la justicia. De tal manera que conceptos y términos jurídicos se desarrollan en consonancia con los objetivos de este libro, sin pretender desarrollar un diccionario de términos jurídicos, sentando las bases para la posibilidad de “ver más allá” del ámbito de la Justicia a partir del expediente judicial. Así, irán apareciendo personajes, tanto como “estrategias” judiciales someramente delineadas, y algunas particularidades sobre el desarrollo de la instrucción judicial; todos ellos devendrán pistas que serán retomadas en profundidad en la segunda parte de este libro. Vale aclarar que los nombres han sido reemplazados, en su totalidad, por la referencia al cargo institucional que ocupan, sea en el ámbito de la Justicia como en el de la Armada, ya que, retomando la propuesta de Sofía Tiscornia, en este tipo de análisis carece de interés identificar a las personas, “porque importan sus acciones en relación al lugar estructural que ocupan en una determinada red de relaciones institucionales, configurando un campo de acción social específico” (2008: 12).

El segundo capítulo, “Archivo propio”, aborda la “prueba” de la causa judicial: el archivo de la Oficina de Inteligencia allanada. Tal como el expediente que más arriba hemos convertido en “mapa” de actores y relaciones, el archivo en tanto registro burocrático se convierte aquí en una útil vía de indagación a partir de sus prácticas clasificatorias. Se trata de un archivo secuestrado por la justicia, por ende desarmado y convertido en prueba judicial, lo cual entorpece el objetivo de dar cuenta del sistema clasificatorio a partir del cual dicho archivo se ha conformado. Para ello, hemos intentado reconstruir su lógica y ordenamiento recurriendo a declaraciones testimoniales, entrevistas y algunos registros visuales. Atendiendo al principio por el cual un archivo es el “sedimento de las actividades” de una institución en el desarrollo de sus funciones (Heredia, 1989), el análisis de los modos de clasificar se pone en diálogo con otros archivos de inteligencia, particularmente el de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) y del Servicio de Inteligencia del Chubut (SICh).

El tercer capítulo, “22AGO”, retoma el rótulo de una de las carpetas que conforman este archivo de inteligencia. Allí, el Trelew de la masacre de 1972 deviene objeto de clasificación para la propia Armada Argentina. Este capítulo analiza el impacto del activismo de derechos humanos en el discurso de la Armada tomando como punto de partida esta carpeta, que recopila información sobre el accionar de los organismos de derechos humanos en general y de los familiares de las víctimas de la masacre en particular, especialmente a partir del año 2000, cuando una decena de resoluciones del Poder Judicial afirmaron la inconstitucionalidad de las leyes de la impunidad y permitieron el avance en el juzgamiento de los máximos responsables (Barbuto, 2007). El impulso, fuertemente respaldado a partir del año 2003 por la presidencia de Néstor Kirchner, extendió sus efectos en amplios sectores de las políticas de Estado. Pero ese será, ya, tema de la segunda parte.

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