“22AGO” es el rótulo que lleva una de las carpetas colgantes (numerada como carpeta 12), probablemente ubicada en el primer cajón del archivador marrón. Es, de alguna manera, una de las pruebas de la “obsesión” de la Base, según palabras del Fiscal, con todo lo relacionado con el 22 de agosto de 1972. La carpeta reúne la información referente a las conmemoraciones que familiares, militantes políticos, organismos de derechos humanos o funcionarios estatales hacían en torno a la Masacre de Trelew y, muy especialmente a partir del año 2005, a las gestiones que culminan al año siguiente con la apertura de la causa judicial para encontrar y juzgar a los responsables de las muertes.

Es una carpeta en un archivador cuya “lógica clasificatoria”, como hemos desarrollado en el capítulo anterior, sistematiza sucesos y actores en función de parámetros persistentes. Sin embargo, tal persistencia de la nomenclatura debe tener en cuenta, por un lado, las mutaciones y resignificaciones, la dinámica de las categorías culturales (Sahlins, 1988) y, por otro lado, la lógica por la cual nuevas categorías son incluidas.

En este sentido, 22AGO puede ser vista como parte de aquella construcción que, en función de probables conflictos, amenazas y peligros, se erige en divisiones del archivo. Pero también es un espacio donde la Base Aeronaval recopila fragmentos sobre parte de su historia a través de relatos de la boca de “otros”: medios de comunicación, organizaciones o referentes sociales, personalidades del mundo de la política, etc. Recogidos in situ o a partir de transcripciones periodísticas, la carpeta se nutre de lo que esos “otros” hacen y dicen en referencia a la Base Aeronaval Almirante Zar.

El 22 de agosto es una “obsesión” pero también un referente institucional. Es el referente que permite entender que esa fecha se ha transformado en un hito en el calendario de la Armada porque una de las máximas institucionales es la del cuidado de las “relaciones con la comunidad”. Relaciones que, para que se preserven en buenos términos, deben ser atentamente seguidas por la inteligencia bajo la lógica de que determinadas perspectivas, relatos y expresiones pueden resultar en influencias negativas o perjudiciales para la Armada, por lo cual deben ser supervisados y anticipados a través de medidas que los contrarresten.

El 22AGO es “la Masacre”, un hecho sangriento que la versión oficial de la Armada siempre presentó como un intento de fuga reprimido. Es también una sistemática estructura de encubrimiento donde la institución prestó ayuda material a los responsables para que pudieran escapar de la condena de la justicia, así como del escarnio social. Es la evidencia de la realización de actividades de inteligencia cuya lógica no está dada por la secuencia entre gobiernos legítimos e ilegítimos, dictadura y democracia, sino por una dinámica interna, a la cual nos hemos referido inicialmente en el capítulo anterior.

Pero, como si se tratara de un destello de ironía, fue precisamente esta actividad la que derivó en la denuncia original. El seguimiento a las actividades e integrantes de los organismos de derechos humanos en torno a la conmemoración de esta fecha formó parte de la denuncia presentada el 17 de marzo, y a partir de su aceptación, fue posible indagar sobre las actividades de esta Oficina de Inteligencia.

Las fechas conmemorativas suelen convertirse en objeto de disputas y conflictos y, en este sentido, son puntos de entrada privilegiados que reiteran continuidades, cambios, transformaciones y fracturas en las prácticas y los significados de la conmemoración (Jelin, 2002, Lorenz, 2002).

22AGO es el punto de partida de este capítulo, que indaga en torno a los efectos que el activismo en derechos humanos, sus reclamos y reivindicaciones han tenido en el discurso y las prácticas de las Fuerzas Armadas. Este proceso es fundamental a la hora de pensar la relevancia que han adquirido en los últimos años los fusilamientos de Trelew. En particular porque, tal como ha sido ya mencionado, el acrecentamiento de la importancia de las conmemoraciones sobre la Masacre, ahora ligadas a una “memoria de la represión”, fue una señal de alerta para el aparato de inteligencia de la Armada. El seguimiento a las actividades realizadas por los familiares tiene una larga y –probablemente– ininterrumpida historia desde 1972;^[1] sin embargo, la Masacre no devino parte de esta “cuestión socialmente problematizada”^[2] de los derechos humanos que se constituyó en “política oficial” (Barros, 2012) sino hasta el año 2005. En el transcurso del año 2012, con la elevación a juicio oral de once causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante las últimas dictaduras militares (del período 1966 hasta 1983) la Masacre de Trelew se instaló ya definitivamente como un “ensayo general del terrorismo de Estado” y un despliegue premonitorio de “una pedagogía del terror”.^[3]

Y en la reacción contra esta avanzada hay ciertos mecanismos que se despliegan y que responden a otro tipo de “memorias”, profundamente enquistadas en las Fuerzas Armadas: entre ellas, las prácticas ligadas a la inteligencia. El archivo es parte de estas prácticas y se reúnen allí las voces y las acciones de “otros”, en vistas de que sus dichos y hechos pueden representar potenciales conflictos. De tal manera que el 22AGO no es allí narrativizado, no se encuentra entre los documentos la versión que la Armada ofreció en 1972 y reiteró a lo largo de todo este período. Se encuentra, sin embargo, un modo de hacer, un modo de mirar y buscar información, una manera de abordar y entender cuáles son los problemas que pueden afectar, en este caso, a la institución y sus relaciones con la comunidad.

El capítulo se divide en dos partes. Esboza, en primer lugar, en el acápite “Antecedentes” los sentidos atribuidos a la muerte de los integrantes de organizaciones revolucionarias, en torno a lo que se constituyó como dos versiones contrapuestas, entendiendo por tales significaciones dadas a la lógica de los acontecimientos que se conforman como marcos de interpretación: la versión fuga y la versión masacre; ambas se encuentran representadas en la carpeta 22AGO. En el segundo acápite me propongo entender, ya en función de la lógica del archivo, el “contrapunto” que se genera con otras carpetas para, a partir de allí, develar el sentido de tales prácticas de inteligencia. De alguna manera, como muestra el “Epílogo”, este capítulo narra un punto de inflexión desde donde es posible observar la interacción entre viejas lógicas y nuevos procesos. Nuevos procesos, interacciones y discursos que serán analizados en los capítulos siguientes.

Fotografía incluida en el expediente judicial “CELS s/denuncia”. Fs. 450.

a. “Antecedentes”

La Masacre fue una tragedia que marcó a Trelew de tal manera que pasó de ser una ciudad caracterizada como un asentamiento inmigratorio “ideal” dentro de los parámetros sarmientinos^[4] –con sus famosos tés con tortas–, a formar parte de los hitos en los anales represivos. El 22 de agosto de 1972 fueron fusilados en la Base Naval Almirante Zar, en el pasillo de las celdas donde se hallaban detenidos, 19 militantes de diferentes agrupaciones que habían sido trasladados desde el aeropuerto de Trelew, donde habían perdido un avión que los iba a llevar al Chile de Salvador Allende. Los 19 detenidos se habían fugado, junto a otros presos de distintas organizaciones armadas, de la cárcel de Rawson, en un operativo que, más allá de su trágico final, representó un fuerte golpe a la imagen del gobierno de Agustín Lanusse.

La ciudad se conmovió, en parte porque los acontecimientos pusieron a Trelew en las portadas de todo el país, en parte porque sus habitantes se enfrentaron a una represión tan desmedida como inédita en los meses siguientes, y también porque Trelew quedó asociada de manera imborrable a este luctuoso acontecimiento, que con el tiempo se convertiría en el símbolo del inicio de una nueva escalada represiva que se implementaría sistemáticamente a partir del golpe militar de 1976.

Durante más de treinta años dos versiones pugnaron por convertirse en “memoria oficial” de este trágico suceso. Una, la versión oficial de la Armada –que en realidad suma un total de “cinco explicaciones” entregadas por la institución entre el 22 de agosto y el 3 de noviembre, tal como recoge Tomás Eloy Martínez (1973)– difundida a través de comunicados y agencias de noticias, que podríamos llamar la versión-fuga; y otra, la versión-masacre, que se conformó a partir de las declaraciones de los abogados de los presos, las declaraciones de los sobrevivientes en septiembre de 1972 y, ya con un formato más extenso, de la entrevista realizada por Francisco Urondo a los sobrevivientes de la Masacre en mayo de 1973, cuando tanto él como Ricardo Haidar, Alberto Camps y María Antonia Berger eran presos políticos en la cárcel de Devoto.

Así, ambas fueron ubicándose como marcos de interpretación en las cuales encuadrar memorias singulares (Trouillot, 2001); aun cuando la propia Armada nunca incluyó el evento en sus páginas gloriosas.

Dice Eloy Martínez que “nadie creyó” las diferentes versiones que fue entregando la Armada, y que lo que aparecía en los diarios solo se leía “para conocer hasta dónde el Poder Militar podía llevar su desvergüenza” (1973: 104). Pero en esos días de 1972, el contrapunto era arduo, y a las declaraciones de los sobrevivientes se les contrapuso el discurso que el 5 de septiembre el comandante de la Aviación Naval, capitán de Navío Horacio Mayorga, diera ante la tropa de la Base, a pocos metros de donde los militantes fueran asesinados. Allí, enfáticamente aseguraba que “la Armada no asesina. No lo hizo jamás, ni lo hará nunca” y que, fuera de ser una masacre intencional, lo que sí era cierto era que los presos muertos valían menos “en el orden humano, que el guardiacárcel Valenzuela, que los humildes agentes del orden público muertos en servicio”.^[5]

Los sucesos de Trelew tuvieron también un fuerte impacto a nivel nacional y, ante los reclamos por las contradicciones que se evidenciaban en los informes de la Armada, el Poder Ejecutivo emitió un decreto en el que impuso penas a quienes difundieran versiones distintas a la oficial. Con “formaciones especiales” se disolvieron los cortejos fúnebres de los asesinados, mientras comenzaban en universidades de todo el país actos y manifestaciones de repudio y condena a la acción de las Fuerzas Armadas. La CGT de Córdoba fue intervenida por emitir un comunicado y convocar a un paro de repudio.

En momentos previos a la matanza, la cárcel de Rawson se había convertido en “sede” de los presos políticos^[6] y esto había introducido nuevas dinámicas en ambas ciudades. Ya se habían conformado comités de solidaridad y, al mismo tiempo, los abogados, familiares y amigos de los presos que iban a la cárcel se alojaban en las casas de los habitantes, de tal manera que también se establecieron fuertes relaciones personales. Esto no pasó desapercibido, y a la fuga de la cárcel de Rawson le sucedió la instalación de un plan de seguridad especial, con el despliegue de más de 400 efectivos provenientes del Regimiento 8 de Infantería de Comodoro Rivadavia, más un número indeterminado que se trasladó desde Bahía Blanca conjuntamente con el comandante y la plana mayor del V Cuerpo de Ejército. A ello se le sumaban los que ya se encontraban en la zona: las tropas de la Base Almirante Zar, del Distrito Militar Chubut, de Gendarmería Nacional, de Prefectura, del Servicio Penitenciario Nacional y de las Policías Federal y Provincial, quienes participaron en la implementación de las “severas medidas de seguridad” a fin de detener los apoyos externos que hubiesen podido actuar en la fuga (Fernández Piccolo et al., 1991: 24).

Tras la Masacre, el 11 de octubre de 1972 se implementó el “Operativo Vigilante”, en manos del Vº Cuerpo de Ejército, efectivos de la Armada, de la Policía Provincial y Policía Federal (Fernández Piccolo et al., 1991: 25), en el marco del cual se arrestó a más de veinte habitantes y trasladó a 16 al penal de Devoto, en Buenos Aires.^[7] El reclamo por la medida represiva fue conocido como el “Trelewazo”, nombre que se da a los sucesos desarrollados en el período del 11 de octubre al 18 de noviembre de 1972 y durante el cual la población, a través de la “Asamblea del Pueblo”, implementó diversas medidas de fuerza con el fin de exigir la vuelta de los detenidos.^[8]

La Base Almirante Zar, por su parte, nunca pudo desentenderse del impacto que la Masacre tuvo sobre sí misma, considerando la importancia de lo que se denomina “relación con la comunidad”. Así, el interés se enfoca simultáneamente en la convocatoria que tienen las actividades conmemorativas en la comunidad de Trelew y en cómo los medios de comunicación difunden estas noticias.

Las páginas iniciales de la carpeta 22AGO recogen los “Antecedentes” de la versión masacre. Los primeros documentos son impresiones de artículos bajados de internet (todos ellos sin fecha ni otras referencias) que incluyen una reproducción de la carta abierta de Alicia Leichuck de Bonet,^[9] esposa de uno de los fusilados en la Base Aeronaval, que en 1997 reclama por los 25 años de impunidad y por la falta de acciones en torno a este caso.

Algunas páginas después se encuentran artículos de diarios, ordenados de manera descendente, es decir, con los artículos más recientes sobre los más antiguos. La información de más antigua data contenida en la carpeta es del año 2001, cuando se inicia el rodaje de la película Trelew de Mariana Arruti (diario La Jornada y El Chubut, 16/10/2001. Carpeta 12, fs. 83), y la última es la reproducción de una noticia de un diario digital, que se titula “Masacre de Trelew: la Justicia busca a los culpables”, con fecha 14 de febrero de 2006. Entre ambas, se encuentran sucesivamente recortes y reproducciones de noticias en versión digital y, periódicamente, informes enviados a la Dirección de Inteligencia.

Dos noticias sobre la filmación de la película Trelew componen el año 2001 y una reproducción de una página web del Partido Obrero referente a la Masacre el año 2002. En el año 2004 los reportes se incrementan. En mayo de ese año se estrena el documental de Mariana Arruti en la ciudad de Trelew y, junto con las diversas sinopsis, fechas y lugares de estreno, se incluyen los reportajes que la directora da a los medios locales. Otras notas periodísticas recogen información relacionada con el “Aeropuerto Viejo”^[10] y la propuesta de que sea declarado Sitio Histórico Nacional.

Otra gran cantidad de recortes hacen referencia a la apertura de los “archivos de la represión” de Chubut, hallados durante la remodelación de la casa de gobierno de la provincia, que dan cuenta de las actividades del Servicio de Inteligencia provincial en el período 1960-1980. En marzo de ese año, una media de 12 notas periodísticas es recopilada y remitida semanalmente.

En los meses siguientes, en la carpeta 22AGO se incluyen notas sobre la realización de una “Memoria gráfica de las Abuelas” (Jornada, 29/06/04), sobre la realización de reuniones para la organización de las conmemoraciones por el 22 de agosto (diario El Chubut, 2/07/2004) y sobre el premio otorgado en Los Ángeles a la directora Mariana Arruti, por su film Trelew (Jornada, 27/07/2004).

En el mes de agosto de ese año, el reporte incluye un extenso informe especial del diario Jornada, con reflexiones respecto a las muy diversas facetas a partir de las cuales abordar las consecuencias de la Masacre (Suplemento Especial de diario Jornada, 22/08/2004). Un pequeño artículo, del diario Clarín de Buenos Aires, menciona que a raíz del estreno del documental de Arruti diversas personas habrían solicitado la apertura de los “archivos secretos” de la Marina.

En septiembre de 2004, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia hace llegar una solicitud para filmar el frente de la Base Aeronaval Almirante Zar con el fin de incluir las imágenes en la base de datos del Archivo de la Memoria. Las respectivas cartas de solicitud y respuesta, entregadas en octubre, se reproducen en esta carpeta. La jefatura de la Base argumenta lacónicamente que ha debido enviarse el requerimiento a la superioridad, ya que se trata de instalaciones regidas por la legislación relativa a la defensa nacional.

En 2005, la tendencia creciente continúa y será así hasta que las actividades de la oficina se interrumpan con el allanamiento judicial. Para entonces, el tema ha trascendido las conmemoraciones locales y su carácter de tragedia aislada: finalmente ha sido oficialmente incluida en una secuencia histórica que la liga a la represión estatal que durante mucho tiempo estuvo delimitada al período 1976-1983.

La secuencia se encuentra específicamente trazada a través de los artículos que componen la carpeta 22AGO. Cada uno de ellos, a su vez, tiene frases, nombres, citas subrayadas. Hay algunos reportes que dan cuenta de fuentes propias que han asistido a distintas reuniones de los organismos de derechos humanos o de comités para la organización de la conmemoración.

La carpeta incluye así un registro en relación con la noticia de la inminente llegada de Estela Carlotto a Trelew (recortes del diario Jornada, 08/03/2005 y 10/03/2005 y del diario El Chubut, 10/03/2005). Pero la variedad –en relación con las voces que aparecen rememorando, reflexionando, exigiendo– también es una novedad. Antes circunscritas a los familiares y a los organismos de derechos humanos, aparecen otras voces que son convocadas para dar su mirada sobre este proceso creciente de conmemoración, como el escrito del poeta Jorge Spindola –que aparece reproducido en otra sección del diario– sobre el significado del Aeropuerto Viejo y la necesidad de una construcción colectiva sobre esos hechos (Tela de Rayon, 05/05/05); o los detalles sobre el ciclo de charlas del historiador Pablo Pozzi, con algunos de sus títulos subrayados: “La oposición obrera a la dictadura (1976-1982)”; “Los setentistas. Izquierda y clase obrera (1969-1976)”; “Por las sendas argentinas… PRT-ERP. La guerrilla marxista”.

La secuencia archivada denota el intento por parte de diferentes actores sociales –de los familiares, pero también del periodismo, los políticos y las organizaciones sociales– de contar Trelew en un marco histórico más amplio, uniéndolo con la lógica represiva de la última dictadura militar a lo que contribuye notoriamente la apertura pública del “archivo de la represión” del Servicio de Inteligencia del Chubut. En julio de 2005, el diario Jornada desarrolla la importancia de estos “documentos de la tortura”. Carlos Lafforge, secretario ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria y otrora preso político en Rawson a la temprana edad de 16 años, presenta la noticia. Trae consigo los archivos ya digitalizados de la denominada “causa 500”,^[11] continúa el periódico, que se encuentra abierta para la investigación de denuncias sobre hechos de torturas y malos tratos del servicio penitenciario en la cárcel de Rawson, donde estaban alojados en 1972 los presos políticos (La Jornada, 02/07/2005). En su presentación, afirma que “Como esta gente será juzgada, vamos a necesitar pruebas y las pruebas están en esta documentación. Este es el valor que tiene este archivo”. Sus palabras, citadas textualmente en el artículo periodístico, se encuentran también subrayadas.

El 4 de agosto se oficializan las actividades conmemorativas del 22 de agosto programadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, en forma conjunta con la Comisión por la Memoria, y se extienden a lo largo de una semana. La nota periodística se encuentra también en la carpeta y tiene algunos subrayados a mano:

“el objetivo de las actividades es […] mantener viva la memoria de nuestro pueblo y el recuerdo de nuestro pasado como condición indispensable para la construcción del futuro en democracia y defendiendo la plena vigencia de los derechos humanos” (La Jornada, 04/08/2005, subrayado en el original).

Asimismo se destacan los lugares en los cuales se realizarán homenajes a otros muertos por la represión, entre ellos una escuela que inaugura un mural por la identidad, la inauguración del Ateneo “Angel Bel” o la proyección del documental de Raymundo Gleyzer “Ni olvido ni perdón. La Masacre de Trelew”.^[12]

El 9 de agosto llega un parte informativo desde el Área Naval Austral, con sede en Ushuaia, advirtiendo que

“un grupo no determinado de personas dependientes de la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno nacional estarían arribando a la ciudad de Trelew el próximo lunes 22 del corriente [con motivo de levantar un monumento conmemorativo de la] denominada MASACRE DE TRELEW” (fs. 47).

La semana conmemorativa comienza y sus actividades son registradas (fs. 36-43). Allí se destacan tres documentos. El primero de ellos es la impresión de la agenda de eventos, al final de la cual se encuentran algunas anotaciones manuscritas (fs. 37 a 38 bis) sobre los recaudos a tomar y la organización del personal civil y militar durante esos días: “todo el personal civil y militar en sus puestos de trabajo”; “designar lugar donde orientar los manifestantes para ser recibidos por K”,^[13] y la necesidad de establecer “solo un interlocutor” por parte de la Armada.

El segundo, un “Informativo para la Sección Inteligencia de la FAE3” (fs. 39 y 40) sobre la charla realizada el 19 de agosto. Alguien de la Oficina de Inteligencia ha asistido a la reunión y reproduce en este parte sus impresiones. El informe detalla algunos aspectos de los relatos de los presentes, familiares de los “fallecidos” que, allí se afirma, no aportaron “grandes detalles” sobre los “acontecimientos suscitados en esa fecha”, siendo el objetivo de la mesa precisamente dar cuenta de sus experiencias individuales. Los asistentes, continúa, se refirieron a la reactivación de las causas judiciales en Chubut y a la posibilidad de que estas generen otras. Finalmente, se incluye una breve descripción del auditorio asistente, advirtiendo que este fue reducido y “limitado” a abogados, integrantes de las Secretarías de Derechos Humanos, solo tres estudiantes y ningún referente de “agrupaciones sociales (piqueteros-estudiantes)”.

Finalmente, el tercer documento reproduce los antecedentes de la nueva Subsecretaría de Derechos Humanos de Chubut, Elisa Martínez, extraídos de un diario provincial. Al final de la página, se encuentran algunas anotaciones con impresiones de la visita de los familiares a la Base Aeronaval Almirante Zar. Porque si bien esta actividad no se encontraba formalmente anunciada en la agenda de actividades antes incluida, lo cierto es que en el año 2005 este recorrido se concretó gracias a la gestión realizada por dicha subsecretaría. Las notas reproducen algunas de las preguntas que los familiares hicieron a los marinos y caracterizaciones en relación con los asistentes:

“quiso saber sobre la disposición de los calabozos”;
“¿desde dónde se efectuaron los disparos?”;
“desde aquí (BAAZ) ¿dónde queda el penal de RW?”;
“fue la que más activa se mostró”;
“de carácter fuerte”;
“detenida de la época” (Carpeta 12, fojas 36 bis).

Los siguientes documentos contenidos en la carpeta hacen referencia a un hecho que marcará un hito en cuanto a los reclamos de justicia por las muertes de los militantes. El 2 de septiembre de 2005, tras recibir a los familiares de los muertos en Trelew, el presidente Néstor Kirchner se compromete a cumplir con el petitorio presentado, cuyo primer punto contempla la inmediata reapertura de la causa penal por la Masacre de Trelew y de las causas conexas. Los siguientes puntos solicitan: el pedido de un informe integral y exhaustivo a la Armada sobre los hechos y la actuación de los responsables, con informaciones precisas sobre su posterior y actual situación de revista; apoyo concreto a las gestiones del gobierno de la provincia de Chubut para convertir las instalaciones del Viejo Aeropuerto de Trelew en un “Espacio para la memoria” y, por último, la construcción de un monolito en el predio de la Base Almirante Zar de Trelew en memoria de las víctimas de la Masacre y de los tres sobrevivientes que luego fueron secuestrados por la dictadura de 1976.

De allí en adelante será la apertura de la causa judicial lo que centre la atención de la Oficina de Inteligencia. El 15 de febrero se envía a la Dirección de Inteligencia Naval y a la Central de Inteligencia el último parte antes de que la Justicia primero, y el Ministerio de Defensa después, dictaminen el cierre de esta oficina.

Se trata de un “Parte de información” que reproduce de manera textual partes de la noticia del diario La Jornada: “La Masacre de Trelew. La Justicia busca a los culpables”. Se destacan también algunos subrayados en el mismo: el nombre del juez interviniente, la situación de previa declaración de incompetencia de un juzgado en Buenos Aires, el nombre del abogado trelewense que asumirá la representación de los familiares de las víctimas y, finalmente, una frase atribuida al juez:

“Para que se produzca el juicio, deben conjugarse diferentes cuestiones. La primera es que se compruebe la existencia del hecho, y luego que se determine que es un delito” (subrayado en el original, carpeta 12, fs. 26).

A continuación se presentan, en un punteo ordenado, los “antecedentes”. El primero de los puntos afirma que no es sino hasta septiembre de 2004 que las conmemoraciones por las muertes de la Base Aeronaval toman una nueva dimensión. Hasta entonces, dice, se trataba de actos recordatorios realizados con “tibieza”, aunque se mantenía el tema en las primeras planas de los “diarios regionales de mayor penetración social”. Sin embargo, continúa el relato, en septiembre de 2004 la Subsecretaría de Derechos Humanos da a conocer la “elaboración del ‘Archivo de la Memoria’” a partir de los documentos “encontrados en archivos de organismos de la gobernación provincial”. Desde entonces se han sucedido múltiples eventos, tales como la construcción en el predio del Aeropuerto Viejo de un “monumento a la memoria” y la conmemoración multitudinaria de agosto de 2005 que había contado con la “activa participación” de uno de los actores de los sucesos, el secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde.

El tema “22 de agosto”, sostiene finalmente el informe, es “mantenido vivo en la opinión pública” a través del diario La Jornada. Renglón seguido, se detallan algunas de sus características, tales como su orientación partidaria, área de influencia y tipo de notas que aparecen en él.

Finalmente, la “Apreciación” concluye destacando la activa participación del subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en la reapertura de la causa y, al mismo tiempo, algunas consideraciones referentes a la no-existencia de antecedentes sobre causas penales en la justicia provincial “de lo ocurrido dentro de la BAAZ”, aunque sí derivados de la fuga de los presos desde Rawson.

Y aunque este es el último informe, en los días siguientes siguen incorporándose notas periodísticas sobre el estado de la futura causa. El artículo del 20 de febrero del diario La Jornada tiene subrayados y anotaciones, como la frase del “abogado trelewense” representante de los familiares, quien afirma que deben relevarse muchos testimonios de gente que directa o indirectamente está relacionada con los sucesos, “por caso los médicos que son personas de edad avanzada”. A un costado, en letra manuscrita, se detalla:

1. Médicos.
Atilio Oscar Viglione
91 años de edad
Fue quien certificó el estado de salud de todos los presos políticos que estaban en el aeropuerto. Labró un acta que firmaron los presos políticos, el juez GODOY y el abogado Abel AMAYA.
2. PARA QUE SE PRODUZCA EL JUICIO
-que se compruebe la existencia del hecho.
-que se determine que es un delito (Carpeta 12, fs. 24, subrayado en el original)

Al pie, también en letra manuscrita, se encuentra detallado el nombre del abogado “trelewense”, es decir EH, y su número de teléfono.

Esta noticia, junto a algunas otras notas que denotan el incremento de las actividades y la multiplicación de actores en torno a la conmemoración e investigación de los sucesos de la Masacre, son las últimas que recopila la carpeta 22AGO.

b. Contrapunto

Conmemoraciones hubo muchas, reiteradas y renovadas a lo largo de los 40 años desde que tuvieron lugar los fusilamientos. Sin embargo, estas conmemoraciones fueron conformando y articulándose con diferentes procesos en los cuales los reclamos de “memoria y justicia” tuvieron diferentes niveles de impacto, consenso y efectividad.

Evidentemente, la información recopilada en las carpetas citadas más arriba da cuenta de un escenario cada vez más complejo y activo en lo que se refiere a la conmemoración de la Masacre. Conmemoraciones que se vuelven más potentes, que empiezan a sumar nuevos actores, demandas y escenarios. A la apertura de la causa judicial por la Masacre se suma el petitorio por declarar el Aeropuerto Viejo como lugar de memoria –que ya ha sido mencionado– y el levantamiento del monolito recordatorio en la Base Aeronaval. Una serie de acciones que, junto con otras tales como la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del poder político provincial, la aparición de los “archivos de la represión” de la policía provincial y la subsecuente creación del Archivo Provincial de la Memoria sumada a la recuperación de la emblemática “Causa 500” de los sótanos judiciales, dan cuenta de un contexto marcado por la fuerte legitimación y respaldo que le da el Poder Ejecutivo Nacional a las demandas de los organismos de derechos humanos y a los históricos reclamos de los familiares de las víctimas de la Masacre.

En este sentido, la cronología del “Parte de información” (fs. 22 y 23) da cuenta de este nuevo y complejo escenario, en el cual el olvido y la impunidad ya no son posibles. Al mismo tiempo, permite avizorar cómo se construye la Armada, institucionalmente, vis a vis la creciente magnitud y consenso social en torno a la memoria de la represión dictatorial.

Este nuevo escenario surge tras décadas de lucha por parte de los organismos de derechos humanos, que debieron sortear las trabas de las llamadas “leyes de impunidad”^[14] que impedían que se llevaran adelante juicios por las violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen dictatorial y la creciente percepción de que existía un conflicto entre el desarrollo de los procesos judiciales y la convivencia democrática (Barbuto, 2007; Barros, 2012). Ante dicho panorama, los organismos de derechos humanos debieron “replantear su agenda”, y propusieron

algunas acciones creativas que se enmarcaron en una estrategia de resistencia a la impunidad. Por ejemplo, se lograron abrir vías alternativas de justicia como el reconocimiento del derecho a la verdad y al duelo. […] Frente a la limitación de perseguir penalmente a los responsables los juicios por derecho a la verdad buscan encontrar una respuesta al destino final de cada uno de los desaparecidos. Para los ODH^[15] se trataba del cumplimiento de un derecho que estaba reconocido en el ámbito nacional e internacional, pero implicaba también la posibilidad de continuar trabajando en el ámbito del Poder Judicial aún luego de las amnistías (Barbuto, 2007: 75).

El reclamo al Estado llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en el año 1999, firma un acuerdo de solución amistosa donde el Estado argentino se compromete a llevar adelante estos juicios. Pero también los organismos de derechos humanos demandaron que el “Estado debía ser partícipe de la construcción de la memoria como un intento de producir cambios institucionales” (Barbuto, 2007: 76).

En el año 2000, varias resoluciones del Poder Judicial decretan la inconstitucionalidad de las leyes de la impunidad y permiten el avance en el juzgamiento de los máximos responsables. Sin embargo, el impulso encuentra un fuerte respaldo cuando, en el año 2003, asume la presidencia Néstor Kirchner y hace de los derechos humanos una bandera que se tradujo en una “política oficial” (Barros, 2012). En este sentido, su gobierno primero y luego el de Cristina Fernández confrontaron explícitamente los discursos de reconciliación, amnistía y clausura del juzgamiento sostenidos por los gobiernos democráticos anteriores, apoyando el nuevo proceso a partir del cual la Justicia reasumió la facultad de juzgar, responsabilizar y penar a los individuos involucrados en tales delitos. Al apoyo otorgado a la reapertura de las acciones judiciales, Néstor Kirchner sumó otros gestos, que en un principio algunos juzgaron como “meramente” simbólicos (especialmente la orden de descolgar el cuadro de Videla de la galería de jefes del Ejército), mientras que las Fuerzas Armadas –o al menos buena parte de sus integrantes– consideraron abiertamente confrontativos, pero que fueron conformando esta “política oficial de derechos humanos”.

Mercedes Barros (2012) caracteriza la relación establecida entre el proyecto político kirchnerista y la causa de los derechos humanos haciendo, en primer lugar, una crítica a los análisis que encuentran aquí un mero interés demagógico por parte de Kirchner. Tales análisis, afirma, esencializan la causa de los derechos humanos, es decir, anclan la lucha a una forma particular de articulación que se remonta a principios de los años ochenta y la fijan así a ciertos predicados que no son más que contingentes y arbitrarios. De acuerdo con la autora, el discurso de Kirchner pone en cuestión viejos conceptos y lenguajes, trayendo así consigo nuevos usos y sentidos que, si bien estaban disponibles, se ponen en juego en un contexto discursivo en el cual devienen novedosos y cuestionan definitivamente la idea de la imparcialidad democrática frente a la violencia política de los “dos demonios”. Al posicionarse el propio Kirchner como parte de la generación diezmada por la dictadura, provoca la inclusión en el campo de lo legítimo de los sectores comprometidos con la lucha revolucionaria. Como resultado de esta operación de inclusión y exclusión que funciona como telón de fondo, la lucha contra la impunidad se traduce en una lucha contra la desigualdad y contra la exclusión social.

En definitiva, frente a la profusión de “memorias” que en el campo de lo social pugnan por un lugar legítimo y/o por ser recuperadas, aquellas perspectivas que incluyen en el campo de lo legítimo a las organizaciones revolucionarias se articulan y legitiman ahora en el discurso de los derechos humanos que otrora los había expulsado. Al mismo tiempo, los “derechos humanos” pierden, de alguna manera, su condición de imparcialidad. Los “derechos humanos” y la “memoria” se vuelven conceptos articuladores de discursos a los cuales los distintos sectores apelan en esta pugna por la hegemonía del relato histórico.

En este proceso, las Fuerzas Armadas han intentado construir su propio discurso sobre el período de la represión, apelando al concepto de la “memoria”, lo que ha sido recogido en diferentes trabajos (Hershberg y Agüero, 2005; Marchessi, 2005; Muzzopappa, 2005; Badaró, 2007; Salvi, 2011). A lo largo de los últimos 25 años las declaraciones y algunos episodios protagonizados por las Fuerzas Armadas de la Argentina y de otros países del Cono Sur revelan claramente esfuerzos deliberados por mantener o recomponer una idea sobre dichas instituciones ante las nuevas generaciones de soldados y oficiales, así como por influir en la visión de la sociedad sobre las Fuerzas Armadas (Hershberg y Agüero, 2005: 10). Estas “memorias militares” latinoamericanas (Salvi, 2011), también claramente dinámicas, han transitado por algunos procesos comunes, de tal manera que aquellos autores que han abordado su estudio coinciden en plantear la existencia de un período inicial en el cual las respuestas a los informes “Nunca Más” consistieron en esgrimir argumentos construidos en el período anterior a la salida de las Fuerzas Armadas del gobierno ( Hershberg y Agüero, 2005; Marchessi, 2005; Muzzopappa, 2005; Salvi, 2011).

Particularmente en el caso argentino, el punto de partida fue el Documento Final sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo de la Junta Militar Argentina, relato oficial sobre la represión que se convirtió en la referencia obligada de aquellos sectores que levantaban la voz en defensa de lo actuado durante el período de la dictadura militar. Los principales argumentos contenidos en este Documento Final son retomados y reforzados en estos planteos defensivos (Marchesi, 2005) y responden a una estrategia de búsqueda de cohesión interna en el campo militar.

Esto se mantuvo hasta que el discurso de los derechos humanos termina impactando de lleno en el discurso de las Fuerzas Armadas. El punto de quiebre es la aparición de un marino, Adolfo Scilingo, que en 1995 confiesa y ratifica públicamente la existencia de los llamados “vuelos de la muerte”, abriéndose así un nuevo ciclo de confesiones y tibios reconocimientos institucionales. El Ejército argentino es el primero que reconoce los horrores de la represión “desatados” en la espiral de violencia de la época a través de su jefe el general Martín Balza, quien sin embargo sigue cargando las tintas en el terrorismo setentista. Poco tiempo después, el jefe de la Armada, almirante Molina Pico, reprueba el quiebre del orden institucional y el desmantelamiento del aparato jurídico, pero insiste en el clima de terror instalado y en la necesidad de entablar la lucha contra la guerrilla.^[16]

Sin embargo, en el contexto de impunidad que las Leyes de Amnistía y Punto Final creaban, tales impulsos quedaron solo en meras declaraciones que, por otro lado, podían ser leídas como un acuerdo en el cual frente al silencio de las Fuerzas Armadas en el escenario público, el poder político les otorgaba una buena cuota de autonomía para su desempeño. De tal manera que no sería sino hasta el año 2003 que las Fuerzas Armadas se vieron nuevamente envueltas y directamente interpeladas por el discurso de los derechos humanos.

El nuevo escenario se alimentó también de iniciativas de fuerte contenido simbólico como el anuncio, en marzo de 2004, de la creación de un Museo de la Memoria en las instalaciones de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), anuncio que fue acompañado momentos antes por el descuelgue de los cuadros de miembros de la Junta Militar que decoraban las paredes del Colegio Militar. Unas semanas antes el jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, admitía en un discurso público que el recinto de la ESMA había sido utilizado para la ejecución de hechos aberrantes y había acabado convirtiéndose en un símbolo de barbarie e irracionalidad.

En este sentido, no está de más agregar que las “luchas por la memoria” (Jelin, 2002) sobre el pasado reciente volvieron a ocupar la escena, ahora con miradas cruzadas no solo por las versiones a favor y en contra de lo actuado por las Fuerzas Armadas;^[17] sino también por el inicio de una particular lucha por la “titularidad” de la memoria (Barbuto, 2009) en muy diversos ámbitos. En términos partidarios se puede registrar una puja entre el radicalismo y el incipiente kirchnerismo, que avanzó desde las instituciones del Estado “oficializando” la memoria inclusiva de las organizaciones armadas, estrechándola con el discurso de los derechos humanos.

A nivel local, en Trelew buena parte de la población tenía de primera mano su propia interpretación sobre cómo fueron sucediéndose los acontecimientos a partir del año 1972. Sin embargo, el proceso de ubicar la Masacre en el marco de interpretación de la “represión” y la “memoria” fue arduo. En esta dirección, en un estudio sobre la memoria en la ciudad de Trelew, Gatica y Debattista (2009) hacen dos sugerentes afirmaciones. La primera es el paso de la conmemoración a la ubicación de los eventos en el discurso y el plano de la “memoria”:

Ya desde Agosto de 1988, encontramos en la prensa local, actos de conmemoración de la masacre, y en Octubre de la Asamblea, pero aún no hay alusiones específicas a la fuga, ni reivindicación de la acción conjunta de las organizaciones armadas. […] Desde el año 1998, miembros de diversos grupos sociales (sindicatos, organizaciones de desocupados, el PC local, algunos docentes y alumnos de la universidad, y protagonistas de aquellos acontecimientos) se autoconvocaron para conformar la Comisión por la Memoria del Pueblo. Su objetivo no se limitaba a la realización de actos conmemorativos, sino que además propugnaban la recuperación del viejo aeropuerto de Trelew como lugar de memoria (Gatica y Debattista, 2009: 12. El destacado me pertenece).

La segunda es la inclusión de la Masacre “en la esfera pública oficial”. Al respecto, dicen Gatica y Debattista, fue la aparición de los archivos del SICh lo que habría actuado como disparador para que se reactivaran las luchas por el sentido del pasado.^[18] Así, el 24 de marzo de 2004, el gobernador Mario Das Neves recibe de la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial los archivos sobre la persecución ideológica en la región y manifiesta:

“Humildemente desde nuestra provincia queremos aportar a la consolidación del Archivo Nacional de la Memoria. Seguimos la guía que nos señala el presidente Kirchner” (en Gatica y Debattista, 2009: 17).

Pocos años después, en 2007, el ex aeropuerto de Trelew es declarado Centro Cultural de la Memoria.

Volviendo entonces al archivo de inteligencia, no se trata aquí meramente de confrontar cronologías ni memorias, en tanto relatos o narrativas, sino de leer en el archivo, por un lado, los índices que convocan a los integrantes de la Oficina de Inteligencia de Trelew y a las autoridades de la Armada a encender las alarmas ante el avance del discurso de los derechos humanos, que la interpelan de manera directa. Y, por el otro, las medidas institucionalmente activadas a partir de estas interpelaciones.

Con lo cual el contrapunto vuelve a instalarse en el archivo. Se encuentra en el “cruce” entre carpetas, cajones y archivadores. 22AGO debe entonces ser leída en conjunto con las carpetas Marzo 2004 (carpeta 18) y AGO (carpeta 26) y todas ellas de manera cruzada con las carpetas Mayo 2004 (carpeta 11) y Gacetillas (carpeta 10).

En principio, Marzo2004, Mayo2004 y AGO responden a un formato similar, tal como hemos adelantado en el capítulo anterior. Se trata de recopilaciones que realiza la sección de “Prensa y Difusión” del Comando de la Fuerza Aeronaval Nº 3, que envía semanalmente a la Dirección de Inteligencia, al Comando de la Aviación Naval, al Comando de Operaciones Navales y a la Secretaría General Naval material al cual se le adjunta la carátula que advierte:

Por considerarlo de interés adjunto recortes periodísticos…

Las noticias incluidas en dichas carpetas exceden lo meramente relacionado con la memoria o el discurso de los derechos humanos. Así, en Marzo2004 las noticias incluyen el hundimiento e instalación de una placa por el buque Miralles y la actuación del Servicio de Salvamento y Protección del Medio Ambiente de la Armada Argentina en el proceso; la desaparición y búsqueda de un marino, la presencia de un avión de la Base Zar en una exposición internacional, novedades referentes a la ampliación del aeropuerto de Trelew; debates sobre la jurisdicción marítima provincial y anuncios del gobernador sobre inversiones en la ciudad de Trelew. La carpeta AGO también recoge información sobre el aeropuerto de Trelew, el aniversario de la ciudad de Gaiman, capacitaciones de la Escuela Nacional de Pesca y estudios en el puerto de Rawson. Por su parte, la carpeta Mayo2004 empieza con información sobre la misa por los tripulantes fallecidos en el Crucero General Belgrano en la guerra de Malvinas; pero mayormente sobre el “desfile cívico-militar” del 25 de mayo en la ciudad de Trelew. También en todas las carpetas se encuentra información –en ocasiones subrayada– sobre las conmemoraciones en torno al aniversario del golpe militar de 1973 y referentes a la Masacre de Trelew.

Con lo cual puede inferirse que no es necesariamente el contenido de las mismas lo que hace a la diferencia entre unas y otras, sino las fechas significativas que representan. Mientras que Marzo y AGO son meses en los cuales se condensan eventos y discursos que apuntan directamente a las Fuerzas Armadas como responsables de la violación de derechos humanos, las carpetas Mayo y Gacetillas son la punta de lanza para construir y difundir los aspectos positivos de la Armada.

La primera de ellas, Mayo, recoge principalmente la información difundida por los medios de comunicación sobre la presencia de la Armada en los festejos del 25 de mayo. Mayo es también el mes aniversario de la creación de la Aviación Naval: precisamente el 4 de mayo se conmemora su “bautismo de fuego” durante la guerra de Malvinas, fecha del hundimiento del destructor inglés que causa “al mismo tiempo la modificación de la táctica y la doctrina de la guerra aeronaval moderna” (Carpeta Gacetillas 2004-2005, fs. 44; nº 19/2005). Es asimismo el mes en el que se conmemora el día de la Armada (el 17 de mayo) y que convoca a las celebraciones a las cuales asisten autoridades del gobierno provincial y en las que se rememora en discursos y ritos la gesta de la Armada. Tal información se difunde al público a través de los medios de comunicación social. Las invitaciones, e inclusive buena parte de los discursos a ser presentados, son enviados en forma de “gacetilla” a los distintos medios de comunicación de la ciudad de Trelew. Las carpetas, por ende, contienen esta información más la copia del informe entregado por el aparato de fax.

La segunda, Gacetillas, constituye el medio por excelencia para transmitir a los medios de comunicación toda aquella información sobre las actividades de la institución que, eventualmente, se difundirá en radios y periódicos. Las Gacetillas contienen información variada: ya sea un informe sobre la visita de veteranos de guerra a escuelas; la invitación a una muestra fotográfica sobre la Armada; la presentación de actividades con motivo de fechas navales; la participación en el programa de las Jornadas para compartir reflexiones sobre los valores y principios de la profesión militar, en las cuales se ha invitado a exponer al secretario de Relaciones Exteriores, Dr. Taiana; el entonces ministro de Educación, Dr. Filmus; al subsecretario de Política Criminal de la Nación, Dr. Slokar, entre otros.

De alguna manera, la confrontación entre versiones continúa siendo la misma que la relevada treinta años atrás, cuando la versión fuga se contraponía a la versión masacre. Pero la “oficialización” del discurso de los derechos humanos legitima el pedido de esclarecer los sucesos de 1972 y llevar a juicio a los culpables, con lo cual las otrora “tibias conmemoraciones”, al decir del parte de inteligencia citado, se convierten en un movimiento que es un problema para la Base Almirante Zar en particular y para la Armada en general. Especialmente porque, a lo largo de estos cuarenta años, la institución no solo se había negado a cambiar su versión sobre los hechos, sino que además continuaba ocultando pruebas sobre el paradero de los marinos involucrados en los crímenes. De tal manera que la confrontación no se realiza a través de declaraciones, sino de diferentes prácticas. Particularmente, una pugna discursiva que se entabla indirectamente y donde la Armada, a su responsabilidad en los sucesos de la Masacre, pretende contraponer su historia y presente de contribución nacional.

En este sentido, podemos afirmar que la “lectura preferencial” que otorga esta sección del archivo es, conjuntamente con la persistencia de la perspectiva del “control social” a la que hemos hecho referencia en el capítulo anterior, la de la preocupación de la Armada frente al avance de un movimiento ante el cual ve definitivamente disminuidos sus recursos. Por ende, las tareas de inteligencia tal como se leen en este archivo permiten inferir que buena parte de los esfuerzos, al menos a partir del año 2004, estaban puestos en generar eventuales operaciones a fin de anticiparse a los movimientos en torno a los “derechos humanos” y a generar mecanismos tendientes a opacar la negativa imagen que este discurso devuelve sobre la Armada.

c. Epílogo

El juicio por la Masacre llegó con fuerza. Y entre los muchos grandes logros que significó poder llevar a los estrados este caso nunca abierto, el primero de ellos fue la declaración de los fusilamientos como “delito de lesa humanidad”. Tanto la fiscalía como los querellantes apuntaron a señalar los contextos previo y posterior a los asesinatos. Para ello se apoyaron en un manual del Ejército de 1968 –“Operaciones contra fuerzas irregulares”– firmado por el entonces jefe del Ejército, Agustín Lanusse, en el que se describen las acciones a implementar: mecanismos psicológicos, operaciones antisubversivas, exterminio del elemento subversivo, operaciones contra la guerrilla urbana. Por su parte, también relevaron el “Instructivo para las luchas contra la subversión” de 1972, donde se establecía que la lucha era “permanente, integral, universal y multiforme”. Ambos documentos sirvieron como prueba para probar la sistematicidad de la práctica que llevó a la detención de más de 1500 presos políticos.

Al mismo tiempo, se destacó la responsabilidad de las Fuerzas Armadas entonces en el poder en lo referente a las condiciones de entrega de los presos en el viejo aeropuerto de la ciudad de Trelew: aunque los militantes exigían a las autoridades judiciales regresar al penal de Rawson, cuando depusieron las armas el entonces jefe de la Base Aeronaval, Pacagnini, le dijo al capitán Sosa que por orden presidencial no podían ser regresados al penal. Esta decisión fue transmitida al juez, quien finalmente se lo comunicó a los presos. Dicha cadena de mando daba cuenta de la comisión de un delito deliberado y por orden de un gobierno de facto.

Sin embargo, la declaración de “delito de lesa humanidad” debió esperar hasta el dictado de la sentencia en el juicio oral, debido a los recursos interpuestos por la defensa de los acusados, con lo cual se demoró hasta el 15 de octubre de 2012.

En el fallo, los jueces declararon que la matanza de presos políticos del 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar fue un crimen de lesa humanidad, se impuso la máxima pena para los capitanes retirados de la Armada Emilio Del Real y Luis Emilio Sosa, y para el ex cabo Carlos Marandino, quienes fueron encontrados culpables como coautores responsables del homicidio con alevosía de los 16 presos políticos que se encontraban detenidos en las celdas de la Base y de los tres casos de tentativa de homicidio, en relación con los sobrevivientes de la Masacre.

Ese mismo día la base Aeronaval Almirante Zar fue señalada como sitio de memoria en un acto organizado por la Red Federal de Sitios de la Memoria.

Este capítulo es, de alguna manera, un punto de inflexión. La confluencia a partir de la cual es posible ver de qué manera viejas lógicas entran en nuevos procesos y cómo nuevos procesos tratan de ser absorbidos por viejas lógicas. Entonces, si el discurso de los derechos humanos no debe ser esencializado (Barros, 2012), la misma advertencia rige para el discurso del archivo. La carpeta 22AGO se inserta en un sistema clasificatorio que, aun teniendo como origen la doctrina de las fronteras ideológicas, ya no está en el contexto del mundo bipolar. La pregunta es entonces cómo y por qué tales categorías clasificatorias persistieron a lo largo del tiempo.

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